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LA LEY DE LEYES. Presupuestos para 2015 Lo tiene todo: pensiones, tasas, sueldo de funcionarios.

Disposición adicional 58 y MODIFICA la disposición adicional 7.1 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio Con efectos desde 1 de enero de 2016, los arts. 6, 36, 37 y 38 y MODIFICA, con efectos desde 1 de enero de 2016, el art. 33 de la Ley 19/1991, de 6 de junio Disposición transitoria 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre Art. 1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre Disposiciones adicionales 9 y 66 y PRORROGA el plazo de la adicional 5 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre Disposición adicional 51.2 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre Art. 4.2 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio Disposición adicional 57.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio Arts. 197.1, 199, 240.1 y 241.b) y c) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre Art. único.2 del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre Disposición final 12, SUSPENDE la aplicación de las disposiciones adicionales 28 y 30 y PRORROGA lo indicado de la disposición transitoria única de la Ley 27/2011, de 1 de agosto Art. 44.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre Art. 9.1 de la Ley 11/2010, de 28 de junio Disposición adicional 4 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo Disposición final 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre Art. 111.1.grupo IX de la Ley 29/2006, de 26 de julio Disposición transitoria 12 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo Arts. 2.1.h), 34.3 y 5, 54.3, 57.5, 111, 135, 142.2, 146, 150.3, 161, 166, disposiciones adicionales 2 y 9 y AÑADE la disposición adicional 22 a la Ley 47/2003, de 26 de noviembr Arts. 77 y 78.1 de la Ley 21/2003, de 7 de julio Arts. 1.2, 3.1.g), 4.5 y disposición adicional 4 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo Apartados 5, 6 y 7 del art. 22 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre el art. 9.4 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre los arts. 43 y 45.I.B) 20.4 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre Arts. 9, 38.4 y 43.2 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril Disposición adicional 8 a la Ley 13/1994, de 1 de junio Para el año 2015, la aplicación de los arts. 7.2, 8.2.a), 10, 32.3 párrafo 1, y de la disposición transitoria 1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre La aplicación del art. 2.1.a), b), c) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre Para el año 2015, la aplicación de la disposición adicional 5 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre Para el ejercicio de 2015, la aplicación del art. 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo Para el año 2015, la aplicación del art. 2.ter.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero En la forma indicada el art. 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto Lo indicado de la disposición final 3 de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre el plazo de la disposición transitoria 5 de la Ley 16/1985, de 25 de junio el art. 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo , con efectos desde el 1 de enero de 2020, la disposición adicional 47 y SE MODIFICA, con efectos desde el 1 de enero de 2021, la adicional 11, por Ley 11/2020, de 30 de diciembre la disposición adicional 48, por Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre las disposiciones adicionales 11, 55.2 y 57.2, por Ley 6/2018, de 3 de julio la disposición adicional 53.2 y, con efectos desde el 1 de enero de 2017, las disposiciones adicionales 11, 58.2, 59.2 y 95, por Ley 3/2017, de 27 de junio la disposición adicional 11 y SE PRORROGA el plazo de la adicional 94, por Ley 48/2015, de 29 de octubre disposición adicional 15, por Ley 25/2015, de 28 de julio la disposición adicional 18, por Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo , con variación de preceptos modificadores, en BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2015 con el art. 21 y aprueba la oferta de empleo público para el año 2015: Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo el art. 103, sobre normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional: Orden ESS/86/2015, de 30 de enero con el art. 48, disponiendo la creación de deuda pública para 2015 y enero de 2016: Orden ECC/4/2015, de 13 de enero el título IV, sobre revalorización de las pensiones: Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre , sobre pensiones de clases pasivas y determinadas indemnizaciones sociales para el año 2015: Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre en el Recurso 681/2015, la pérdida de objeto respecto a la asignación indicada, por Sentencia 19/2018, de 22 de febrero FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que se añada un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de la política económica del Gobierno. Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la misma preceptos de carácter plurianual o indefinido. De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea. Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está constitucionalmente acotado —a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo contenido resulta, en principio, ilimitado— dentro del ámbito competencial del Estado y con las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica. Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 regula únicamente, junto a su contenido necesario, aquellas disposiciones que respetan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual. Estos Presupuestos Generales del Estado para 2015, elaborados en el marco de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, persisten en el objetivo de conseguir una mayor racionalización del proceso presupuestario a través de la confluencia de las mejoras introducidas a nivel de sistematización, en tanto que se procede a la ordenación económica y financiera del sector público estatal, así como a definir sus normas de contabilidad y control, y a nivel de eficacia y eficiencia. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y a dar cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea. Dentro de ese marco normativo, en los presentes Presupuestos Generales del Estado se persigue continuar con el mismo objetivo que en ejercicios anteriores de garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos permite consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo. En esta línea, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 persiguen el objetivo prioritario de reducir el déficit público y el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2015-2017, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014, se aprobaron por el Pleno del Congreso el 8 de julio de 2014 y por el Pleno del Senado el 9 de julio siguiente. Este acuerdo establece el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 4,2 por ciento del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 2,9 por ciento; la Seguridad Social del 0,6 por ciento; las Comunidades Autónomas del 0,7 por ciento; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo año con déficit cero. El objetivo de deuda pública queda fijado para la Administración Central en un 76,3 por ciento del PIB en 2015. El límite de gasto no financiero se fija en 129.060 millones de euros, lo que supone una disminución del 3,2 por ciento respecto del Presupuesto de 2014. Además, en el presente ejercicio, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las previsiones sobre las que se sustentan estos Presupuestos Generales del Estado cuentan por primera vez con el aval de dicho organismo. Dado el contexto actual de la economía, en el presente ejercicio se busca además efectuar una más eficiente asignación de los recursos públicos de suerte que, sin descuidar el objetivo prioritario de reducción del déficit público, se logre consolidar la senda de crecimiento económico y creación de empleo iniciada en el anterior ejercicio. Destacan en este sentido iniciativas que permiten multiplicar los esfuerzos financieros realizados por nuestro país, en colaboración con las diversas instituciones europeas y dirigidos a paliar aquellos desequilibrios que han sido diagnosticados en nuestra economía, como la Iniciativa PYME promovida por el Gobierno en colaboración con la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, que permitirá movilizar un volumen de préstamos superior a los 3.200.000 miles de euros canalizados a través de dicha institución, o la instrumentación del Programa Operativo de Empleo Juvenil, enmarcado dentro de la Iniciativa de Empleo Juvenil propuesta por el Consejo Europeo y dirigida especialmente al sector de población comprendido entre los 15 y los 25 años. II La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, «De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones», por cuanto que en su Capítulo I, bajo la rúbrica «Créditos iniciales y financiación de los mismos» se aprueban la totalidad de los estados de ingresos y gastos del sector público estatal y se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado. En este Capítulo I se define el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado teniendo en cuenta la clasificación que de los Organismos Públicos realiza la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, clasificación que se hace presente en el resto de la Ley. Igualmente se tiene presente la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los Servicios Públicos. La distribución de los fondos atiende, en cambio, a la finalidad perseguida con la realización del gasto, distribuyéndose por funciones. El ámbito de los Presupuestos Generales del Estado se completa con el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que, de acuerdo con su legislación específica, no se consolida con los restantes presupuestos del sector público estatal, así como con los presupuestos de los consorcios a que se refiere la Disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que se unen a estos Presupuestos Generales del Estado a los efectos previstos en dicha Disposición. El Capítulo II contiene las normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios, las limitaciones presupuestarias y los créditos vinculantes que han de operar durante el ejercicio 2015, así como las ampliaciones e incorporaciones de crédito que se relacionan en los Anexos de la Ley. El Capítulo III, «De la Seguridad Social», regula la financiación de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y de las aportaciones del Estado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales y al Instituto Social de la Marina, así como aquellas que se destinen a la Seguridad Social, para atender la financiación de los complementos para mínimos de pensiones. Finalmente, el Capítulo IV reglamenta la información a las Cortes Generales en materia de inversión y gasto público, que se efectúa a través de su Oficina Presupuestaria. III El Título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la «Gestión Presupuestaria», se estructura en tres capítulos. El Capítulo I regula la gestión de los presupuestos docentes. En él se fija el módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados y el importe de la autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En el Capítulo II relativo a la «Gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios Sociales», se recogen competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se incluyen normas sobre la aplicación de remanentes de tesorería en el presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. El Capítulo III recoge «Otras normas de gestión presupuestaria» y en él se establece el porcentaje de participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la recaudación bruta obtenida en 2015 derivada de su actividad propia, fijándose dicho porcentaje en un 5 por ciento. IV El Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se rubrica como «De los gastos de personal», y se estructura en tres capítulos. Como así ha sido en anteriores ejercicios, la repercusión que el mandato constitucional de estabilidad presupuestaria y la actual situación de nuestra economía tienen sobre el personal al servicio del sector público se refleja en el Capítulo I, relativo a los «Gastos del personal al servicio del sector público», que tras definir lo que constituye «sector público» a estos efectos, establece, con carácter general, que no habrá incremento de las retribuciones de este personal en 2015 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2014. Por lo tanto, en 2015 los empleados públicos tendrán dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y de diciembre. Tampoco podrán realizarse aportaciones a planes de empleo ni contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con las excepciones que se prevén. Asimismo se incluye en este Capítulo la regulación de la Oferta de Empleo Público. La presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la anterior, mantiene su regulación en un único artículo, y establece que a lo largo de 2015 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Excepcionalmente en este ejercicio se aumenta hasta el 50 por ciento la tasa de reposición permitida a ciertos sectores y administraciones considerados prioritarios. Además se asegura la cobertura de las plazas de militares profesionales de tropa y marinería cuya plantilla máxima se establece a través de una Disposición adicional en la propia Ley. Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables. En el Capítulo II, bajo la rúbrica «De los regímenes retributivos», se establece que en el año 2015 las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos Consultivos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014; dicha limitación afectará a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la Nación y de la Administración General del Estado, las correspondientes a los altos cargos del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social, así como a los miembros del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y a los altos cargos de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Guardia Civil, así como a determinados cargos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. La necesidad de inclusión de estas previsiones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado deriva de que la aprobación de los Presupuestos de estos Órganos y, por ende, de las referidas retribuciones, ha de hacerse por las Cortes Generales. Los principios de unidad y universalidad del presupuesto exigen que esa aprobación se realice en un documento único, comprensivo de todos los gastos del Estado, como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este Capítulo se completa con las normas relativas a las retribuciones de los funcionarios del Estado, personal de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, y del personal estatutario y del no estatutario de la Seguridad Social, así como las del personal laboral del sector público estatal. Junto a las normas reguladoras del personal al servicio de la Administración de Justicia, mención específica merecen las relativas a la regulación de las retribuciones de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. El Capítulo III de este Título contiene una norma de cierre, aplicable al personal cuyo sistema retributivo no tenga adecuado encaje en las normas contenidas en el Capítulo II. Junto a ella, recoge, como en Leyes de Presupuestos anteriores, otras disposiciones comunes en materia de régimen de personal activo, así como las relativas a la prohibición de ingresos atípicos y a la congelación de las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación. Asimismo, se establecen los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario que exigirán del informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. V El Título IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, bajo la rúbrica «De las pensiones públicas», se divide en seis capítulos. El Capítulo I establece que las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, se revalorizarán en 2015, con carácter general, un 0,25 por ciento. El Capítulo II está dedicado a regular la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y especiales de guerra. El Capítulo III contiene las limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas, instrumentando un sistema de doble limitación al fijar un máximo a la cuantía íntegra mensual y un máximo a la cuantía íntegra anual. El Capítulo IV regula la «Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas», estableciendo que las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas se revalorizarán en el año 2015 un 0,25 por ciento. Asimismo se determinan las pensiones que no se revalorizan y la limitación del importe de la revalorización de las pensiones públicas. El Capítulo V recoge el sistema de complementos para mínimos, que regula en dos artículos, relativos, respectivamente, a pensiones de Clases Pasivas y pensiones del sistema de la Seguridad Social. El Capítulo VI contiene, de una parte, la determinación inicial y revalorización de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y, de otra, la fijación de la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. VI El Título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura en tres capítulos, relativos, respectivamente, a deuda pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial. El objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual el Estado y los Organismos Públicos puedan realizar operaciones de endeudamiento, materia que se regula en el Capítulo I, bajo la rúbrica «Deuda Pública». Estas autorizaciones genéricas se completan con la determinación de la información que han de suministrar los Organismos Públicos y el propio Gobierno sobre evolución de la deuda pública y las cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España y otras entidades financieras. En materia de deuda del Estado, la autorización viene referida a la cuantía del incremento del saldo vivo de la deuda del Estado a 31 de diciembre. Así, para el ejercicio del año 2015 se autoriza al Ministro de Economía y Competitividad para que incremente la misma, con la limitación de que el saldo vivo de dicha Deuda a 31 de diciembre del año 2015 no supere el correspondiente a 1 de enero de 2015 en más de 49.503.001,95 miles de euros, permitiendo que dicho límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio previa autorización del Ministerio de Economía y Competitividad y estableciendo los supuestos en que quedará automáticamente revisado. Respecto de la deuda de los Organismos Públicos, se determina el importe autorizado a cada uno de ellos para el ejercicio en el Anexo III de la Ley. Conviene destacar igualmente el establecimiento del límite de la cuantía de los recursos ajenos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en este ejercicio a 17.891.000 miles de euros. En el Capítulo II, relativo a los «Avales Públicos y Otras Garantías», se fija el límite total de los avales a prestar por el Estado y los Organismos Públicos, que no podrá exceder de 3.500.000 miles de euros. Asimismo, merece especial mención la autorización de avales públicos para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulización de Activos, orientados a mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial, para lo cual se establece una cuantía máxima durante el ejercicio 2015 de 3.000.000 miles de euros, señalando además la cuantía máxima del importe vivo acumulado a 31 de diciembre de 2015, que no podrá exceder de 7.600.000 miles de euros. En relación con los avales a prestar por las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, la autorización se circunscribe a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que podrá otorgarlos a las sociedades mercantiles en cuyo capital participe hasta un límite máximo de 1.210.000 miles de euros. Las relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial están recogidas en el Capítulo III, que aborda, en primer lugar, la dotación del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), dotación que en 2015 ascenderá a 235.230 miles de euros. Con independencia de esta dotación anual, se fija también el volumen de las operaciones que el Consejo de Ministros puede autorizar durante el ejercicio con cargo a dicho Fondo, que en el presente ejercicio queda establecido en 375.000 miles de euros; además, solo podrán autorizarse con cargo al FONPRODE operaciones de carácter reembolsable, salvo las excepciones establecidas en la propia Ley. También se establece la dotación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que ascenderá en el año 2015 a 15.000 miles de euros, y se fija en 238.087,60 miles de euros la dotación para el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Finalmente, se regulan los reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial y se establece para 2015 la prohibición de realizar operaciones de adquisición de acciones y participaciones de Organismos Financieros Multilaterales o de aportaciones a fondos constituidos en los mismos con impacto en el déficit público. VII En el ámbito tributario la Ley de Presupuestos incorpora diversas medidas. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se regula la compensación por la pérdida de beneficios fiscales que afecta a algunos contribuyentes con la vigente Ley reguladora del Impuesto, cuales son los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2014 respecto a los establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente hasta 31 de diciembre de 2006. En el Impuesto sobre el Patrimonio se procede a prorrogar durante 2015 la exigencia de su gravamen, lo que contribuirá a mantener la senda de consolidación de las finanzas públicas. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios al 1 por ciento. Además, para los fondos de capital riesgo se establece la exención de todas las operaciones sujetas a gravamen en la modalidad de operaciones societarias, para equiparar su tratamiento al de los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de titulización de activos financieros. Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carácter general, al 1 por ciento los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas en el año 2014. Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro. Se mantienen la cuantía de la tasa de regularización catastral y los tipos y cuantías fijas establecidas para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los importes exigibles durante 2014. Se mantiene con carácter general la cuantificación de los parámetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. De igual modo, se mantienen las cuantías de la tasa de aproximación y de las prestaciones patrimoniales de carácter público aeroportuarias, en los importes exigibles en 2014. Se establecen las bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, así como los coeficientes correctores de aplicación a las mencionadas tasas del buque, del pasaje y de la mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Por otra parte, se mantienen para 2015 las cuantías básicas de las tasas portuarias en los importes exigibles en 2014. En materia catastral, la actualización de los valores, al alza o a la baja, para su adecuación con el mercado inmobiliario está directamente vinculada, a nivel municipal, con la fecha de aprobación de la correspondiente ponencia de valores. Con esta finalidad y a la vista de los estudios realizados al efecto, se establecen diferentes coeficientes en función del año de entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de un procedimiento de valoración colectiva, que serán aplicados a aquellos municipios que han acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y que están incluidos en la Orden Ministerial prevista en dicho precepto. VIII El Título VII se estructura en dos capítulos, dedicados, respectivamente, a Entidades Locales y Comunidades Autónomas. Dentro del Capítulo I se contienen normas relativas a la financiación de las Entidades Locales, englobando en el mismo a los municipios, provincias, cabildos y consejos insulares, así como Comunidades Autónomas uniprovinciales. El núcleo fundamental está constituido por la articulación de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, tanto en la determinación de su cuantía, como en la forma de hacerla efectiva. Cabe destacar como instrumento la participación, mediante cesión, en la recaudación de determinados impuestos como el IRPF, IVA y los impuestos especiales sobre fabricación de alcoholes, sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco; la participación a través del Fondo Complementario de Financiación con atención específica a las compensaciones a las entidades locales por pérdidas de recaudación en el Impuesto sobre Actividades Económicas, que incluye tanto la inicialmente establecida por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, como la compensación adicional instrumentada a través de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, así como a la participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas insulares no provinciales, y Consejos y Cabildos insulares. Asimismo, se recoge la regulación de los regímenes especiales de participación de Ceuta y Melilla, de las entidades locales de las Islas Canarias, así como al relativo a las entidades locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra. No obstante, esta regulación se completa con otras transferencias, constituidas por subvenciones por servicios de transporte colectivo urbano, compensación a los ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Igualmente, se regulan las obligaciones de información a suministrar por las Entidades Locales, las normas de gestión presupuestaria, el otorgamiento de anticipos a los ayuntamientos para cubrir los desfases que puedan ocasionarse en la gestión recaudatoria de los tributos locales y la articulación del procedimiento para dar cumplimiento a las compensaciones de deudas firmes contraídas con el Estado por las Entidades Locales, incluyendo las que, en su caso, se deban aplicar como consecuencia de incumplimientos reiterados de los plazos de pago establecidos en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad, en aplicación del artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Capítulo II regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. El sistema de financiación vigente en el año 2015 fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de 15 de julio de 2009 e incorporado al ordenamiento jurídico mediante la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las CC.AA. y la aprobación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Los recursos financieros que el sistema asigna para la cobertura de las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma están constituidos por el Fondo de Suficiencia Global, la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y la Capacidad Tributaria. El Presupuesto de gastos del Estado recoge el Fondo de Suficiencia Global y la Aportación del Estado al Fondo de Garantía. La recaudación de los tributos que el Estado les ha cedido total o parcialmente, sin embargo, por su naturaleza, no tienen reflejo en los Presupuestos Generales del Estado. Además, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autónomas y el desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 regula dos Fondos de Convergencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Por otra parte, en el año 2015 se practicará la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2013, regulándose en el indicado Capítulo los aspectos necesarios para su cuantificación. Se regula en el citado capítulo el régimen de transferencia en el año 2015 correspondiente al coste efectivo de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, así como el contenido mínimo de los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias. Por último, se recoge la regulación de los Fondos de Compensación Interterritorial, distinguiendo entre Fondo de Compensación y Fondo Complementario. Ambos Fondos tienen como destino la financiación de gastos de inversión por las Comunidades Autónomas. No obstante, el Fondo Complementario puede destinarse a la financiación de gastos de puesta en marcha o funcionamiento de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado. IX La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en el Título VIII, bajo la rúbrica «Cotizaciones Sociales», la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a su actualización. El Título consta de dos artículos relativos, respectivamente, a «Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2015» y «Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2015». X El contenido de la Ley de Presupuestos se completa con diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, en las que se recogen preceptos de índole muy variada. No obstante, para una mejor sistematización, se han agrupado por materias y por referencia a los Títulos de la Ley correspondientes. Así, como normas complementarias en relación con la gestión presupuestaria, se mantiene la previsión de que la suscripción de convenios por parte del sector público estatal con Comunidades Autónomas que hubieran incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto para los ejercicios 2013, 2014 o 2015, exigirán informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre que supongan transferencia de recursos estatales o conlleven un compromiso de realización de gasto. Se incluyen disposiciones en materia de gestión presupuestaria relativas a los préstamos y anticipos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento. Se autoriza la incorporación de remanentes de tesorería del organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública hasta un límite máximo de 301,53 miles de euros, destinados a la ejecución de los Planes de formación para el Empleo asignados a dicho organismo. Se regula además la financiación de las actuaciones a desarrollar por las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a través del oportuno convenio de colaboración para el control y seguimiento de la incapacidad temporal. Y se amplía el plazo para la cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social. Como es habitual, se establece también la subvención estatal anual para gastos de funcionamiento y seguridad de partidos políticos para 2015, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos. Además se incluyen normas de ejecución presupuestaria del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, así como los préstamos y anticipos con cargo a créditos de la política de investigación, desarrollo e innovación. Asimismo se establece como régimen excepcional para los ejercicios 2015 y 2016 las normas para disponer de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social destinados al pago de las obligaciones relativas a las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión. Por lo que se refiere al ámbito de los gastos de personal, se introduce una disposición que permitirá al personal al servicio del sector público recuperar parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, que fue suprimida por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. Por otra parte, se fijan en las adicionales de la ley el límite máximo para la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal, establecido en 100 plazas, así como las plantillas máximas de militares profesionales de tropa y marinería a alcanzar a 31 de diciembre del año 2015, que no podrán superar los 79.000 efectivos. Con el firme objetivo de profundizar en el proceso de consolidación fiscal, y siguiendo el criterio establecido en años anteriores, se prevé que en el año 2015 las sociedades mercantiles públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público definido en el artículo 22, apartado Uno, de la Ley de Presupuestos no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en los cuales podrán llevar a cabo contrataciones temporales. No obstante, se establece, como ya se hizo en el pasado ejercicio, que dicha prohibición no será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público o consorcios participados mayoritariamente por el sector público cuando se trate de contratación de personal funcionario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que se integre la sociedad, fundación o consorcio de que se trate; además, en este ejercicio se permite una tasa de reposición del 50 por ciento en aquellas sociedades que hayan obtenido beneficios en los últimos tres ejercicios, así como en el caso de consorcios y fundaciones que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Se regulan, por otro lado, las modalidades de contratación temporal docente que podrán efectuar los Centros Universitarios de la Defensa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Asimismo, se suspende durante este ejercicio lo dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, relativas al personal destinado en el extranjero. También se establecen las limitaciones a las retribuciones a los cargos directivos y demás personal de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y centros mancomunados, así como los módulos para la compensación económica por la actuación de Jueces de Paz y Secretarios de Juzgados de Paz. Finalmente, por lo que se refiere a esta materia, se prevén una serie de normas dirigidas a lograr un mayor control en la gestión de los gastos de personal, en relación con los incentivos al rendimiento de las Agencias Estatales y las modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del Estado. Por otro lado, se establece como norma de cierre que cualquier actuación que propongan los departamentos ministeriales durante el ejercicio no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración. En relación con las pensiones públicas y prestaciones asistenciales, se introduce una disposición adicional dirigida a extender al Régimen de Clases Pasivas la regulación establecida en el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, homogeneizando las normas aplicables a ambos regímenes en relación con el cálculo de la pensión de jubilación en los supuestos de prolongación del servicio activo. Se establecen a continuación las cuantías de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, de los subsidios económicos contemplados en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre y las pensiones asistenciales y se fija la actualización de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a las personas de origen español desplazadas al extranjero durante la guerra civil. Se aplaza la aplicación de la Disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Asimismo se introducen normas relativas al incremento de las prestaciones por gran invalidez del Régimen especial de las Fuerzas Armadas y se fija la cuantía para el año 2015 de las ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Las normas de índole económica se refieren, en primer lugar, al interés legal del dinero, que queda establecido para el año 2015 en un 3,5 por ciento, y al interés de demora, que se fija en un 4,375 por ciento. Se fija asimismo el interés de demora al que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que será el 4,375 por ciento. En relación con el Seguro de Crédito a la Exportación, se establece el límite máximo de cobertura para nueva contratación que puede asegurar y distribuir CESCE en el ejercicio 2015 en 9.000.000 miles de euros, excluidas las Pólizas Abiertas de Corto Plazo, salvo las de Créditos Documentarios. De otra parte, tiene su oportuno reflejo en las disposiciones adicionales de la Ley el apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, con una doble manifestación; de una parte, se establece el importe máximo de la línea de financiación destinada al apoyo a la capitalización de empresas de alto contenido tecnológico, creado por el apartado primero de la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, con una cuantía de 18.579,76 miles de euros y de otra, se fija el importe máximo de la línea de apoyo a proyectos empresariales de empresas de base tecnológica creada por el apartado 2 de la Disposición adicional segunda de la misma Ley, que se fija en 20.446,76 miles de euros. Se reglamenta el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas con una dotación de 57.425,48 miles de euros a la línea de financiación prevista en la Disposición adicional vigésimo quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2005. Por otro lado, la línea de financiación destinada a favorecer la puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por emprendedores y empresas TIC-Agenda digital, creada por la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2013 se dota para este año con 15.000 miles de euros. Además, se regula también el apoyo a los jóvenes emprendedores, donde se prevé una aportación de 20.446,16 miles de euros a la línea de financiación creada en la Disposición adicional vigésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Por otro lado, se mantiene el apoyo financiero a los préstamos universitarios firmados de conformidad con la Orden EDU/3248/2010, de 17 de diciembre y acogidos al Convenio de colaboración suscrito el 27 de diciembre de 2010 entre el Ministerio de Educación y el Instituto de Crédito Oficial para la instrumentación de la ampliación del periodo de carencia y amortización de préstamos suscritos en el marco de la Línea «ICO-Préstamos Universidad 2010/2011». Por lo que se refiere al fomento de la inversión exterior, se establece una dotación para el Fondo para Inversiones en el Exterior de 40.000 miles de euros y una dotación al Fondo para Inversiones en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa, de 10.000 miles de euros. El importe total máximo de las operaciones que pueden aprobar los respectivos Comités Ejecutivos, se fija en 300.000 miles de euros para el primero y en 35.000 miles de euros para el segundo. Asimismo, se prevé la dotación del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que en este ejercicio asciende a 5.000 miles de euros. Se recogen a continuación los preceptos relativos a la Garantía del Estado para obras de interés cultural cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos adscritos. Además, se establecen normas para la autorización del endeudamiento de la entidad ADIF-Alta Velocidad por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y se concede una moratoria a la sociedad estatal Navantia S.A. para el reintegro de la financiación comprometida conforme al vigente Convenio de colaboración entre dicha sociedad y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el desarrollo tecnológico del programa de submarinos S-80. En el ámbito tributario, se fija el porcentaje sobre el rendimiento de la tasa de reserva de dominio público radioeléctrico a percibir por la Corporación RTVE, y se establece la afectación de la recaudación de las tasas de expedición del Documento Nacional de Identidad y Pasaportes a las actividades desarrolladas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en relación con la expedición de tales documentos. Asimismo, se recogen las disposiciones relativas a la asignación de cantidades a fines de interés social y a la financiación de la Iglesia Católica. En cuanto a los Entes Territoriales, se mantiene la previsión ya incluida en ejercicios anteriores de que el importe de los gastos por la asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas, así como los relativos a la asistencia sanitaria cubierta por el Fondo de Garantía Asistencial se satisfaga mediante compensación de los saldos positivos o negativos, resultantes de su liquidación, correspondientes a cada Comunidad Autónoma. Se introduce mediante una Disposición adicional el límite de los gastos de gestión en los que puede incurrir el Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.4 de la Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores, que queda fijado para 2015 en 22.414 miles de euros. Asimismo, se autorizan los pagos a cuenta por los servicios de cercanías y regionales traspasados a la Generalitat de Cataluña. Por otro lado, se suspende durante el ejercicio 2015 la aplicación de lo previsto en el artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como la aplicación de determinados preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y la aplicación de la Disposición adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, relativa al Plan Integral de Empleo de Canarias. Se regula igualmente la concesión de subvenciones nominativas destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Por lo que se refiere a la financiación de los Entes Territoriales, quedan fijados los criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado a que se refiere el Capítulo I del Título VII de esta Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se regula, por otra parte, la refinanciación de operaciones de crédito y el régimen de endeudamiento aplicable a entidades dependientes o vinculadas a entidades locales, así como la concertación de operaciones de créditos en los supuestos de disolución de mancomunidades y consorcios. En este ejercicio se ha incluido una disposición adicional destinada a instrumentar el pago de las compensaciones establecidas en favor de algunas Comunidades Autónomas, en virtud del artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, como consecuencia de la regulación estatal del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, así como el pago de la recaudación de este impuesto a dichas Comunidades. También en este ejercicio se introduce por primera vez una disposición adicional que establece los criterios para la práctica de deducciones o retenciones de los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía efectuadas de conformidad con la normativa vigente. Se determina el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2015, que se mantiene en los mismo términos del pasado ejercicio. Por otro lado, se mantiene, en los mismos términos previstos en ejercicios anteriores, la reducción del 50 por ciento en la cotización empresarial en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional. Por lo que respecta al Servicio Público de Empleo Estatal, se contemplan las reglas relativas a la gestión por parte de éste de las acciones, medidas y programas previstos en la letra h) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. De otra parte, se prevé la aplicación de los fondos provenientes de la cuota de formación profesional a la financiación de la formación profesional para el desempleo, con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, en términos similares a los recogidos para el ejercicio 2014 y se aplaza la aplicación de la Disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social. Se establece, por otra parte, la integración de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, habilitando al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo reglamentario, dando así cumplimiento al mandato dispuesto en la Disposición adicional trigésima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Finalmente, con el objeto de facilitar la integración de determinados Organismos Autónomos dependientes del Ministerio de Defensa, se regula el régimen presupuestario para este ejercicio aplicable al proceso de integración en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá». Además, se establece que durante 2015 no se crearán Agencias Estatales, a excepción de la Agencia Estatal para la Investigación, previéndose en todo caso que la creación de esta Agencia no podrá suponer aumento de gasto público. Por otro lado, se prorroga en un año el plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia y se recoge una norma especial en cuanto a funcionamiento de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Se contienen diversas disposiciones transitorias, relativas, por un lado a la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal y a los complementos personales y transitorios y otras retribuciones análogas. Por otro lado, en materia tributaria, se establece una compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos de capital mobiliario con periodo de generación superior a dos años en 2014 y el plazo de solicitud de aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales, así como el de aprobación del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las ponencias de valores. En cuanto a las disposiciones derogatorias se recoge una única Disposición de derogación de la Disposición adicional quincuagésima octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. La Ley se cierra con un conjunto de disposiciones finales, en las que se recogen las modificaciones realizadas a varias normas legales. En particular la Ley acomete la modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, de la Ley 29/2003, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, del Real Decreto-Ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de la Ley 22/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. La Ley finaliza con la tradicional disposición relativa a la gestión de créditos presupuestarios en materia de Clases Pasivas y habilitación al Gobierno para llevar a cabo el desarrollo reglamentario que requiera. TÍTULO I De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones CAPÍTULO I Créditos iniciales y financiación de los mismos Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado. En los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio del año 2015 se integran: a) El presupuesto del Estado. b) Los presupuestos de los organismos autónomos de la Administración General del Estado. c) El presupuesto de la Seguridad Social. d) Los presupuestos de las agencias estatales. e) Los presupuestos de los organismos públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. f) Los presupuestos de las restantes entidades del sector público administrativo estatal. g) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. h) Los presupuestos de las sociedades mercantiles estatales. i) Los presupuestos de las fundaciones del sector público estatal. j) Los presupuestos de las entidades públicas empresariales y restantes organismos públicos de esta naturaleza. Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a e) del artículo 1 de la presente Ley. Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de los Entes mencionados en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo anterior, se aprueban créditos en los Capítulos económicos I a VIII por importe de 347.843.340,85 miles de euros, según la distribución por programas detallada en el Anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los créditos de estos programas es la siguiente:   Miles de euros Justicia 1.508.154,45 Defensa 5.711.687,42 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 7.843.129,34 Política exterior 1.422.426,13 Pensiones 131.658.531,37 Otras prestaciones económicas 10.943.652,91 Servicios sociales y promoción social 1.944.287,35 Fomento del empleo 4.746.361,41 Desempleo 25.300.040,46 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 587.109,09 Gestión y administración de la Seguridad Social 5.344.138,14 Sanidad 3.863.831,98 Educación 2.272.862,88 Cultura 749.057,51 Agricultura, pesca y alimentación 8.579.917,72 Industria y energía 6.027.761,96 Comercio, turismo y PYMES 963.301,86 Subvenciones al transporte 1.340.469,26 Infraestructuras 6.150.015,23 Investigación, desarrollo e innovación 6.395.150,74 Otras actuaciones de carácter económico 927.489,59 Alta dirección 612.823,51 Servicios de carácter general 28.417.446,84 Administración financiera y tributaria 1.877.804,10 Transferencias a otras Administraciones Públicas 47.165.889,60 Deuda Pública 35.490.000,00 Dos. En los estados de ingresos de los Entes a que se refiere el apartado anterior, se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, expresado en miles de euros, se recoge a continuación: Entes Capítulos económicos Capítulos I a VII Ingresos no financieros Capítulo VIII Activos financieros Total Ingresos Estado 133.049.327,24 7.704.500,32 140.753.827,56 Organismos autónomos 33.043.605,07 647.921,74 33.691.526,81 Seguridad Social 113.133.775,31 9.835.383,19 122.969.158,50 Agencias estatales 326.705,96 349.236,59 675.942,55 Organismos del artículo 1.e) de la presente Ley 188.729,70 40.065,51 228.795,21 Total 279.742.143,28 18.577.107,35 298.319.250,63 Tres. Para las transferencias internas entre los Entes a que se refiere el apartado Uno de este artículo, se aprueban créditos por importe de 36.924.401,73 miles de euros con el siguiente desglose por Entes: Miles de euros Transferencias según origen Transferencias según destino Estado Organismos Autónomos Seguridad Social Agencias Estatales Organismos del Artículo 1.e) de la presente Ley Total Estado — 12.717.517,31 13.073.146,24 712.962,99 5.526.853,30 32.030.479,84 Organismos autónomos 241.702,11 62.770,24 72.562,92 1.793,38 — 378.828,65 Agencias estatales 260.366,00 1.167,14 — — — 261.533,14 Seguridad Social 160.271,15 1.590,80 4.091.698,15 — — 4.253.560,10 Organismos del art. 1.e) de la presente Ley — — — — — — Total 662.339,26 12.783.045,49 17.237.407,31 714.756,37 5.526.853,30 36.924.401,73 Cuatro. Los créditos incluidos en los programas y transferencias entre subsectores de los estados de gastos aprobados en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente, expresados en miles de euros, según se indica a continuación: Entes Capítulos económicos Capítulos I a VII Gastos no Financieros Capítulo VIII Activos financieros Total Gastos Estado 161.992.252,38 28.926.914,39 190.919.166,77 Organismos autónomos 46.486.439,11 12.230,16 46.498.669,27 Seguridad Social 136.815.574,18 3.391.984,93 140.207.559,11 Agencias estatales 1.386.121,01 577,91 1.386.698,92 Organismos del artículo 1.e) de la presente Ley 5.754.252,35 1.396,16 5.755.648,51 Total 352.434.639,03 32.333.103,55 384.767.742,58 Cinco. Para la amortización de pasivos financieros, se aprueban créditos en el Capítulo IX de los estados de gastos de los Entes a que se refiere el apartado Uno, por importe de 92.233.134,67 miles de euros cuya distribución por programas se detalla en el Anexo I de esta Ley. Artículo 3. De los beneficios fiscales. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 40.719.120 miles de euros. Su ordenación sistemática se incorpora como Anexo al estado de ingresos del Estado. Artículo 4. De la financiación de los créditos aprobados en el artículo 2 de la presente Ley. Los créditos aprobados en el apartado Uno del artículo 2 de esta Ley, que ascienden a 347.843.340,85 miles de euros se financiarán: a) Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y que se estiman en 298.319.250,63 miles de euros; y b) Con el endeudamiento neto resultante de las operaciones que se regulan en el Capítulo I del Título V de esta Ley. Artículo 5. De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 1 de esta Ley. Uno. Se aprueban los presupuestos de las restantes entidades del sector público administrativo estatal que se relacionan en el Anexo VIII, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a las mismas y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran, contener las disposiciones que les resulten de aplicación. Dos. Se aprueban los presupuestos de las entidades públicas empresariales y de los organismos públicos que se especifican en el Anexo IX, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los mismos y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación. Tres. Se aprueban los presupuestos de las sociedades mercantiles estatales con mayoría de capital público, que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, presentado de forma individualizada o consolidados con el grupo de empresas al que pertenecen, relacionándose en este último caso las sociedades objeto de presentación consolidada. Sin perjuicio de lo anterior, se incluyen, en cualquier caso, de forma separada los de las sociedades mercantiles estatales que reciben subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Cuatro. Se aprueban los presupuestos de las fundaciones del sector público estatal que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos que se relacionan en el Anexo X. Cinco. Se aprueban los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que se relacionan en el Anexo XI, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los mismos y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación. Artículo 6. Presupuesto del Banco de España. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, se aprueba el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que se une a esta Ley. Artículo 7. Presupuesto de los Consorcios de la Disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. De conformidad con la Disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se unen a esta Ley los presupuestos de explotación y capital de los Consorcios en los que el porcentaje de participación del Sector Público Estatal es igual o superior al de cada una de las restantes Administraciones Públicas consorciadas. CAPÍTULO II Normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios Artículo 8. Principios generales. Con vigencia exclusiva para el año 2015, las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán a las siguientes reglas: Primera. Las modificaciones de créditos presupuestarios se ajustaran a lo dispuesto en esta Ley, y a lo que al efecto se dispone en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los extremos que no resulten modificados por aquella. Segunda. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en los artículos 43 y 44 de la Ley General Presupuestaria, todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u Órgano público a que se refiera así como el programa, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma. Tercera. Las transferencias de crédito y los libramientos que se realicen entre o con cargo a los artículos 40 a 43 y 70 a 73 de la clasificación económica del gasto deberán de efectuarse a través el programa presupuestario 000X «Transferencias internas». Artículo 9. Créditos vinculantes. Uno. Con vigencia exclusiva durante el año 2015, se considerarán vinculantes en el presupuesto del Estado, Organismos Autónomos, Agencias Estatales y otros Organismo Públicos los siguientes créditos: 1. Los créditos consignados para atender obligaciones de ejercicios anteriores, con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 2. Los créditos 162.00 «Formación y perfeccionamiento del personal» y 162.04 «Acción Social». Dos. Con vigencia exclusiva durante el año 2015, se considerarán vinculantes en el presupuesto del Estado, Organismos Autónomos y otros Organismos Públicos el crédito 221.09 «Labores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre». Tres. Con vigencia exclusiva durante el año 2015, se considerarán vinculantes los siguientes créditos: 1. El crédito 16.03.132A.221.10 «A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes». 2. En el Presupuesto de la Sección 20 «Ministerio de Industria, Energía y Turismo» vincularán a nivel de Capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas, y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el Capítulo 7 «Transferencias de capital», para el Servicio 12 «Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información», programa 467 G «Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información» y 467 I «Innovación tecnológica de las telecomunicaciones». Los libramientos que proceda efectuar en el marco de las convocatorias públicas realizada al amparo de los niveles de vinculación establecidos en este artículo, cuando los destinatarios sean los organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos del artículo 1.e) de esta Ley, habrán de realizarse desde el programa 000X «Transferencia internas», tramitándose, si fuera necesario, las correspondientes transferencias de créditos. 3. El crédito 26.18.231A.227.11 «Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo. 4. En el presupuesto de la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad» vincularán a nivel de Capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el Capítulo 7 «Transferencias de capital», para los siguientes servicios y programas: Servicio 13 «Dirección General de Investigación Científica y Técnica», programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica», Servicio 14 «Dirección General de Innovación y Competitividad», programa 467C «Investigación y desarrollo tecnológico-industrial». En el presupuesto del organismo 27.104 «Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria» vinculará a nivel de Capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el Capítulo 7 «Transferencias de capital» para el programa 467D «Investigación y experimentación agraria». En el presupuesto del organismo 27.107 «Instituto de Salud Carlos III» vinculará a nivel de capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 «Transferencias de capital» para el programa 465 A «Investigación Sanitaria». Los libramientos que proceda efectuar en el marco de las convocatorias públicas realizada al amparo de los niveles de vinculación establecidos en este artículo, cuando los destinatarios sean los organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos del artículo 1.e) de esta Ley, habrán de realizarse desde el programa 000X «Transferencias internas», tramitándose, si fuera necesario, las correspondientes transferencias de créditos al amparo de lo previsto en el artículo 10.Cinco de esta Ley. Artículo 10. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias. Uno. Con vigencia exclusiva para el año 2015, corresponden al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias: 1. Autorizar las transferencias que afecten a los créditos contemplados en el artículo 9.Dos de la presente Ley. 2. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al crédito 26.18.231A.227.11 «Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo», cuando se destinen a otros Departamentos ministeriales. 3. Autorizar las generaciones de crédito que impliquen la creación de conceptos nuevos en los capítulos 4 «Transferencias corrientes» y 7 «Transferencias de capital» o para el resto de capítulos cuando no se encuentren previamente contemplados en los códigos que definen la clasificación económica. 4. Autorizar las transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para la distribución de los créditos del Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica y del Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas. 5. Autorizar transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para hacer efectiva la redistribución, reasignación o movilidad de los efectivos de personal o de los puestos de trabajo, en los casos previstos en el Capítulo IV del Título III del Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como para hacer efectiva la movilidad forzosa del personal laboral de la Administración General del Estado de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. 6. Autorizar las modificaciones de crédito a realizar en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal que afecten a los créditos que se especifican en los apartados b), c), d), e), f), g), h) e i) del Anexo II. Segundo. Ocho. 7. Autorizar en el presupuesto de los organismos autónomos las generaciones de crédito por ingresos del Estado legalmente afectados a financiar actuaciones del organismo autónomo de que se trate. Dos. Con vigencia exclusiva para el año 2015, corresponden al Ministro de Defensa autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, motivadas por ingresos procedentes de ventas de productos farmacéuticos o de prestación de servicios hospitalarios, así como por ingresos procedentes de suministros de víveres, combustibles o prestaciones alimentarias debidamente autorizadas, y prestaciones de servicios a ejércitos de países integrados en la OTAN y los procedentes de las prestaciones de servicios y ventas efectuadas por el servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas. Tres. Con vigencia exclusiva para el año 2015, corresponden a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, como consecuencia de los ingresos a que se refiere la Disposición adicional vigésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Al objeto de reflejar las repercusiones que en el Presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria hubieran de tener las transferencias del Estado a la Seguridad Social, por la generación de crédito que se hubiera producido como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá autorizar las ampliaciones de crédito que fueran necesarias en el Presupuesto de gastos de dicha Entidad. En todo caso, una vez autorizadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere el párrafo anterior, se remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General de Presupuestos, para su conocimiento. Cuatro. Con vigencia exclusiva para el año 2015 corresponden al Ministro de Economía y Competitividad las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias: Autorizar en el presupuesto de su departamento las transferencias de crédito que afecten a las transferencias corrientes y de capital internas, cuando estas sean consecuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias públicas y se financien desde los programas de investigación 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica» y 467C «Investigación y desarrollo tecnológico-industrial». Cinco. Con vigencia exclusiva para el año 2015 corresponde al Director del Instituto de Salud Carlos III autorizar en el presupuesto del citado organismo las transferencias de crédito que afecten a las transferencias corrientes y de capital internas, cuanto estas sean consecuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias públicas y se financien desde el programa 465A «Investigación Sanitaria». Seis. Con vigencia exclusiva para el año 2015, en el caso de modificaciones de crédito en el presupuesto de los organismos públicos de la letra e) del artículo 1 de la presente Ley cuya financiación se realice con cargo al presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado. Siete. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información trimestral de todas las transferencias a que se refiere este artículo, identificando las partidas afectadas, su importe y finalidad de las mismas. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones Parlamentarias. Artículo 11. De las limitaciones presupuestarias. Uno. La limitación para realizar transferencias de crédito desde operaciones de capital a corrientes, a que se refiere el artículo 52.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no será de aplicación para las siguientes transferencias: a) Las que sean necesarias para atender obligaciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia declaradas por normas con rango de Ley. b) Las que sean necesarias para distribuir los créditos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica y del Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas. c) Las que resulten procedentes en el presupuesto del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para posibilitar el ingreso en el Estado de fondos destinados a atender necesidades operativas y de inversión de las Fuerzas Armadas. Dos. Las limitaciones contenidas en el artículo 52.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no serán de aplicación cuando las transferencias se efectúen en uso de la autorización contenida en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 10.Uno de la presente Ley. Tres. Con vigencia exclusiva para el año 2015, las generaciones de crédito que supongan incrementos de los créditos para incentivos al rendimiento y cuya autorización no sea competencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, requerirán informe favorable previo de dicho Departamento. Cuatro. Con vigencia exclusiva para el año 2015, no serán de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de la financiación de las ampliaciones de crédito que se realicen en la aplicación presupuestaria 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores» y en la aplicación presupuestaria 27.04.923O.355 «Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro», cuando sean consecuencia de las medidas financieras contenidas en el Real Decreto-Ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, la Disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, en el artículo único del Real Decreto-ley 9/2010, de 28 de mayo, por el que se autoriza a la Administración General del Estado al otorgamiento de avales a determinadas operaciones de financiación en el marco del mecanismo europeo de estabilización financiera, en el apartado Dos.b) del artículo 49 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en el apartado Dos.e) del artículo 52 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, y en el apartado Dos.b) del artículo 54 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Cinco. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, las operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado, realizadas en dicho período de tiempo, a los efectos de informar del cumplimiento de lo previsto en este artículo. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. Artículo 12. De las ampliaciones e incorporaciones de crédito. Uno. A efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tendrán la condición de ampliables los créditos que se relacionan en el Anexo II de esta Ley. Dos. A efectos de lo dispuesto en el artículo 58.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, podrán incorporarse a los créditos del ejercicio 2015 los remanentes que se recogen en el Anexo VII de esta Ley. CAPÍTULO III De la Seguridad Social Artículo 13. De la Seguridad Social. Uno. La financiación de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, se efectuará con dos aportaciones finalistas del Estado, una para operaciones corrientes, por un importe de 214.987,51 miles de euros, y otra para operaciones de capital, por un importe de 11.191,18 miles de euros, y con cualquier otro ingreso afectado a aquella Entidad, por importe estimado de 1.097,46 miles de euros. Dos. El Estado aporta al sistema de la Seguridad Social 7.563.020,00 miles de euros para atender a la financiación de los complementos para mínimos de las pensiones de dicho sistema. El ritmo de ejecución de este crédito para financiar los complementos para mínimos de las pensiones se adecuará a las necesidades financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social y a las necesidades derivadas de la ejecución del Presupuesto del Estado, para lo cual será preceptivo el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para cada libramiento. Tres. El presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se financiará en el ejercicio del año 2015 con aportaciones del Estado para operaciones corrientes por un importe de 3.723.490,05 miles de euros y para operaciones de capital por un importe de 6.125,00 miles de euros, así como por cualquier otro ingreso afectado a los servicios prestados por la entidad, por un importe estimado de 56.860,19 miles de euros. Cuatro. La asistencia sanitaria no contributiva del Instituto Social de la Marina se financiará con dos aportaciones del Estado, una para operaciones corrientes por un importe de 2.855,00 miles de euros, y otra para operaciones de capital por un importe de 20,00 miles de euros. Asimismo, se financiarán por aportación del Estado los servicios sociales de dicho Instituto, a través de una transferencia corriente por un importe de 13.455,01 miles de euros y de una transferencia para operaciones de capital por importe de 1.200,00 miles de euros. CAPÍTULO IV Información a las Cortes Generales Artículo 14. Información a las Cortes Generales en materia de inversión y gasto público. Sin perjuicio de la facultad de las Cortes Generales de solicitar del Gobierno la información que estimen oportuna, la Intervención General de la Administración del Estado, con periodicidad mensual, pondrá a disposición de las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información sobre la ejecución de los Presupuestos. Con la misma periodicidad, procedimiento y destinatario, la Intervención General de la Seguridad Social remitirá información sobre la ejecución de los Presupuestos de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. Asimismo, la Intervención General de la Administración del Estado, con periodicidad semestral, pondrá a disposición de las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información regionalizada sobre el grado de ejecución de la inversión real del Sector Público Estatal. TÍTULO II De la gestión presupuestaria CAPÍTULO I De la gestión de los presupuestos docentes Artículo 15. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados. Uno. De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 117 y de la Disposición adicional vigesimoséptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2015 es el fijado en el Anexo IV de esta Ley. A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 116.1 en relación con el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las unidades que se concierten en las enseñanzas de Educación Infantil, se financiarán conforme a los módulos económicos establecidos en el Anexo IV. Los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior se financiarán con arreglo a los módulos económicos establecidos en el Anexo IV. En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formación profesional que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado. La financiación de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) correspondiente a los ciclos formativos de grado medio y superior, en lo relativo a la participación de las empresas en el desarrollo de las prácticas de los alumnos, se realizará en términos análogos a los establecidos para los centros públicos. Los Ciclos de Formación Profesional Básica se financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo IV. Los conciertos de los Ciclos de Formación Profesional Básica, tendrán carácter general, conforme establece el artículo 116.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificado por el apartado Setenta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. El primer curso de los Ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2014/2015, curso en el que quedará suprimida la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, de acuerdo con la Disposición final quinta, punto 4, de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Con carácter excepcional podrán concertarse enseñanzas correspondientes a Programas de Cualificación Profesional Inicial, siempre y cuando dichas enseñanzas se correspondan con el segundo curso de un programa de dos cursos académicos iniciados en el curso académico 2013/2014 e incluyan, además de los módulos voluntarios, módulos específicos asociados a una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachillerato, se financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo IV. Las Comunidades Autónomas podrán adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo a las exigencias derivadas del currículo establecido por cada una de las enseñanzas, siempre que ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos en ninguna de las cantidades en que se diferencian, fijadas en la presente Ley. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2015, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos Convenios colectivos de empresas de Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados. La Administración podrá aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados Convenios Colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2015. El componente del módulo destinado a «Otros Gastos» surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2015. Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los «Gastos Variables» se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos. La cuantía correspondiente a «Otros gastos» se abonará mensualmente; los centros podrán justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro. En los ciclos formativos de grado medio y superior cuya duración sea de 1.300 o 1.400 horas, las Administraciones educativas podrán establecer el abono de la partida de otros gastos del segundo curso, fijada en el módulo contemplado en el Anexo IV, de forma conjunta con la correspondiente al primer curso; sin que ello suponga en ningún caso un incremento de la cuantía global resultante. Dos. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria que tengan concertadas. En el ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, las Administraciones educativas podrán incrementar la financiación de los servicios de orientación educativa. Tres. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales. La Administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo IV. Asimismo, la Administración no asumirá los incrementos retributivos, fijados en Convenio colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido para el profesorado de la enseñanza pública en los distintos niveles de enseñanza salvo que, en aras a la consecución de la equiparación gradual a que hace referencia el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se produzca su reconocimiento expreso por la Administración y la consiguiente consignación presupuestaria. Cuatro. Las Administraciones educativas podrán, en el ámbito de sus competencias, incrementar las relaciones profesor/unidad de los centros concertados, en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayan venido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momento incluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equipos docentes. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en los centros concertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos. Cinco. A los centros concertados se les dotará de las compensaciones económicas y profesionales para el ejercicio de la función directiva a que hace referencia el artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Seis. Las cantidades máximas a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación: a) Ciclos formativos de grado superior: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. b) Bachillerato: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros gastos». Los centros que en el año 2014 estuvieran autorizados para percibir cuotas superiores a las señaladas podrán mantenerlas para el ejercicio 2015. La cantidad abonada por la Administración, no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente al componente de «Otros gastos» de los módulos económicos establecidos en el Anexo IV, pudiendo las Administraciones educativas competentes establecer la regulación necesaria al respecto. Siete. Financiación de la enseñanza concertada en las Ciudades de Ceuta y Melilla: al objeto de dotar a los centros de los equipos directivos en los términos establecidos en el artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de proceder al aumento de la dotación de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la misma Ley, sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 16 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria, el importe del módulo económico por unidad escolar para el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla será el que se establece en el Anexo V. Ocho. Lo establecido en este artículo será plenamente aplicable a la financiación de todos los centros concertados, incluidos los de educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo, y ello con independencia del modelo de agrupamiento de alumnos que realicen los centros docentes en el ejercicio de sus competencias. Artículo 16. Autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Al amparo de lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y con sujeción a lo establecido en el Título III de esta Ley, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado) y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral fijo) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el año 2015 y por los importes consignados en el Anexo VI de esta Ley. CAPÍTULO II De la gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios Sociales Artículo 17. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas autorizar respecto de los presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales las siguientes modificaciones presupuestarias: 1. Las transferencias de crédito que afecten a gastos de personal o a los demás créditos presupuestarios que enumera el apartado Dos del artículo 44 de la Ley General Presupuestaria. 2. Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58 de la Ley General Presupuestaria. Artículo 18. Aplicación de remanentes de Tesorería en el Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Los remanentes de tesorería, a favor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, existentes en la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de cada año se podrán destinar a financiar el presupuesto de gasto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Así mismo, podrán ser utilizados para financiar posibles modificaciones en el ejercicio siguiente al que se produzcan. No obstante, en 2015 el remanente de tesorería que se pudiera generar como consecuencia de los excedentes de financiación por parte del Estado de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación del año 2014, que se certifiquen por la Intervención General de la Seguridad Social, únicamente podrá ser aplicado a la financiación de insuficiencias que pudieran producirse en los créditos para atender pensiones no contributivas por invalidez y jubilación. CAPÍTULO III Otras normas de gestión presupuestaria Artículo 19. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Uno. El porcentaje de participación en la recaudación bruta obtenida en el 2015 derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria será del cinco por 100. Dos. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del punto Cinco.b) del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, la variación de recursos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria derivada de la indicada participación, se instrumentará a través de una generación de crédito que será autorizada por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya cuantía será la resultante de aplicar el porcentaje señalado en el punto anterior. Tres. La recaudación derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aplicada al Presupuesto de Ingresos del Estado en el mes de diciembre de 2014 podrá generar crédito en el mismo concepto, o equivalente, del Presupuesto del Estado para 2015, en el porcentaje establecido en el apartado Uno de este artículo, según el procedimiento previsto en la Orden de 4 de marzo de 1993, que desarrolla el artículo 97 de la Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1993. TÍTULO III De los gastos de personal CAPÍTULO I De los gastos del personal al servicio del sector público Artículo 20. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su competencia. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las Universidades de su competencia. c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la Constitución. f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico y local. h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público. i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Dos. En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Tres. Durante el ejercicio 2015, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo, o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011. Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2015, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo. Se exceptúan, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2015, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación: Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo euros Trienios euros A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 6.581,64 161,64 2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2015, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación: Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo euros Trienios euros A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 548,47 13,47 Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007. Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007. Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007. Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007. Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público. Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 21. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá, en el Sector Público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional décima cuarta. La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento: A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud. C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, y en el ámbito de la Administración Local a las correspondientes al personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas. En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas. En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Autónoma, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate, de Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y deuda pública establecidos de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior, como en el presupuesto vigente. D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar. E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos. F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos. G) En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de sus plazas, se computará el número máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas presupuestariamente, y que hayan estado ocupadas por funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose Oferta de Empleo Público en aquellos Cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 15 % del total y en un número máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 20 % de las vacantes. H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios. En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas. I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de Investigación, para la contratación de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos Organismos, previa acreditación de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente se autoriza a los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. J) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la contratación, como personal laboral fijo, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. De las restantes plazas que oferte, cada Universidad podrá destinar una parte de las mismas para el ingreso como profesor contratado doctor, en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. K) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen. L) A las plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo, y a las plazas de personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina. M) A la Administración Penitenciaria. N) Al Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares. 3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2014, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna. Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Tres. La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado Uno.2 de este artículo que corresponda a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal. Durante 2015 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas. Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías de Estado podrán autorizar a los organismos autónomos y agencias estatales, a las entidades públicas empresariales y entes públicos, a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo Público de procedencia. Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado Dos de este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cinco. La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo estará condicionada a que las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos definida en el apartado Uno.3, se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización del año 2015. La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe, mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores prioritarios definidos en el artículo 21.Uno, podrá acumularse en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Siete. Los apartados Uno, Dos, Cinco y Seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. CAPÍTULO II De los regímenes retributivos Artículo 22. Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración General del Estado y otro personal directivo. Uno. En el año 2015 las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos Consultivos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, quedando, por lo tanto, establecidas en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias, y sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente:   Euros Presidente del Gobierno 78.185,04 Vicepresidente del Gobierno 73.486,32 Ministro del Gobierno 68.981,88 Presidente del Consejo de Estado 77.808,96 Presidente del Consejo Económico y Social 85.004,28 Dos. En el año 2015 las retribuciones de los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, quedando, por lo tanto, establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino, referidas a doce mensualidades, y complemento específico anual que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.Dos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008.   Secretario de Estado y asimilados (Euros) Subsecretario y asimilados (Euros) Director General y asimilados (Euros) Sueldo 12.990,72 13.054,68 13.117,44 Complemento de destino 21.115,92 17.080,44 13.814,76 Complemento específico 32.948,67 29.316,27 23.900,13 Las pagas extraordinarias de los meses de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que se recoge en el cuadro siguiente:   Secretario de Estado y asimilados (Euros) Subsecretario y asimilados (Euros) Director General y asimilados (Euros) Sueldo 655,84 703,38 751,45 Dichos Altos Cargos percibirán el complemento de productividad que, en su caso, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno.E) de la presente Ley, les asigne el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía destinada a los Altos Cargos no experimentará incremento, en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos, en relación con la asignada a 31 de diciembre de 2014, y sin perjuicio de que las cantidades individuales que se abonen puedan ser diferentes de acuerdo con la normativa reguladora de este complemento. Tres. En 2015 no experimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014 las retribuciones de los siguientes cargos: los Presidentes de las Agencias estatales; los Presidentes y Vicepresidentes de las entidades públicas empresariales y demás entes públicos o, en su caso, los Directores Generales y Directores de los citados organismos, cuando les corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la fijación de dichas retribuciones, sin que puedan superarse los límites máximos previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades y en las órdenes dictadas en aplicación del mismo. Las retribuciones de los máximos responsables de las fundaciones del sector público estatal y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus Organismos se fijarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y en las órdenes dictadas en aplicación del mismo, sin que puedan experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014. Cuatro. Lo dispuesto en los apartados Dos y Tres de este artículo no afectará a la percepción, en catorce mensualidades, de la retribución por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa vigente. Cinco. 1. En el año 2015 las retribuciones de los Consejeros Permanentes y del Secretario General del Consejo de Estado no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, quedando establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino referidas a doce mensualidades y de complemento específico anual que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.Cuatro.1 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre.   Euros Sueldo 13.054,68 Complemento de Destino 22.817,28 Complemento Específico 35.521,60 Las pagas extraordinarias de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro anterior, la cuantía en concepto de sueldo que se recoge a continuación:   Euros Sueldo 703,38 2. El Presidente del Consejo de Estado podrá asignar complemento de productividad a los Consejeros Permanentes y Secretario General del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno.E) de la presente Ley. La cuantía destinada a los citados cargos no experimentará incremento, en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos en relación con la asignada a 31 de diciembre de 2014. 3. Además, dichos Altos Cargos percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio Órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos. Artículo 23. Retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Uno. En el año 2015 las retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. A tales efectos en el siguiente cuadro se reflejan, en términos anuales, las citadas cuantías: 1. Consejo General del Poder Judicial. 1.1 Aquellos que desempeñen su cargo con carácter exclusivo: 1.1.1 Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.448,38 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 103.704,24 € Total 130.152,62 € 1.1.2 Vocal del Consejo General del Poder Judicial: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 28.004,20 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 84.245,40 € Total 112.249,60 € 1.1.3 Secretario General del Consejo General del Poder Judicial: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.825,40 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 82.836,60 € Total 109.662,00 € 1.2 Aquellos vocales que no desempeñan su cargo con carácter exclusivo percibirán las dietas por asistencia al Pleno o a las Comisiones sin tener derecho a ninguna otra clase de remuneración por el cargo de Vocal, salvo las indemnizaciones que por razón del servicio les puedan corresponder. La cuantía global máxima por ese concepto será de 310.000 euros. 2. Tribunal Constitucional. 2.1 Presidente del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.428,10 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 87.843,36 € Total 129.271,46 € 2.2 Vicepresidente del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.428,10 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 80.437,68 € Total 121.865,78 € 2.3 Presidente de Sección del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.428,10 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 74.764,80 € Total 116.192,90 € 2.4 Magistrado del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.428,10 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 69.091,92 € Total 110.520,02 € 2.5 Secretario General del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 34.620,04 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 62.023,56 € Total 96.643,60 € 3. Tribunal de Cuentas. 3.1 Presidente del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 112.578,34 €. 3.2 Presidente de Sección del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 112.578,34 €. 3.3 Consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 112.578,34 €. 3.4 Secretario General del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 96.921,72 €. Dos. Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en el apartado anterior dichos cargos, excepto los incluidos en el punto 1.2 del mismo, percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio Órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos. Artículo 24. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la Disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Uno. En el año 2015 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes: A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías reflejadas en el artículo 20.Cinco.1 de esta Ley. B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 20.Cinco.2 de esta Ley y del complemento de destino mensual que se perciba. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: Nivel Importe – Euros 30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28 9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00 En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada en la escala anterior podrá ser modificada, en los casos en que así proceda de acuerdo con la normativa vigente, sin que ello implique variación del nivel de complemento de destino asignado al puesto de trabajo. D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual no experimentará incremento respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20.Siete de la presente Ley. El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente. Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y, en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984 y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicación del artículo 33.Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. E) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo. Cada Departamento ministerial determinará, dentro del crédito total disponible, que no experimentará ningún incremento, en términos anuales, respecto al establecido a 31 de diciembre de 2014, las cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas: 1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa. 2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal fin que no experimentarán aumento respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2014. Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. G) Se mantienen a título personal las retribuciones, en los importes vigentes a 31 de diciembre de 2014, del personal del grupo E/agrupaciones profesionales de la Ley 7/2007, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno.B).b) de la Ley 26/2009. Dos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las cuantías individuales de dichos incentivos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, especificando los criterios de concesión aplicados. Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el caso de los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado Uno de este artículo. Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado Uno de este artículo. Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos, al personal estatutario temporal y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera. Seis. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos y/o subgrupos de titulación inferior a aquél en que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivo, éstos seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos. Siete. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas en euros que corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extranjero, sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la normativa vigente. Artículo 25. Personal laboral del sector público estatal. Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarial del personal laboral del sector público estatal será la definida en su artículo 20.Cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para cada ejercicio presupuestario. Dos. Con efectos de 1 de enero de 2015 la masa salarial del personal laboral del sector público estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.Dos de la presente Ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Departamento ministerial, Organismo público, resto de entes públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional, previo el informe señalado en el apartado anterior. Tampoco experimentarán incremento alguno las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público. Tres. Durante 2015 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizará la masa salarial de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como la de las fundaciones del sector público estatal y la de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral afectado. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2015. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, para las sociedades mercantiles estatales, para las fundaciones del sector público estatal y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, la determinación de la forma, el alcance y los efectos del procedimiento de autorización regulado en este apartado. Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, las retribuciones anualizadas, satisfechas y devengadas durante 2014. Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa específica, no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2014. Seis. Los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como las fundaciones del sector público estatal y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, remitirán a la Dirección General de la Función Pública, para su autorización previa, el reconocimiento de créditos horarios y otros derechos sindicales que puedan establecerse en relación con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Los acuerdos que hubieran sido adoptados con anterioridad requerirán de dicha aprobación para su aplicación durante el año 2015. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización regulado en este apartado. Artículo 26. Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. Uno. En el año 2015 las retribuciones y otras remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado y de sus organismos públicos, no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de dedicación especial o de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada al personal citado no experimentará incremento respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2014 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. Dos. En el año 2015 las retribuciones a percibir por los militares profesionales contemplados en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, no incluidos en el apartado anterior, serán las siguientes: A) El sueldo y los trienios, excluidos éstos en los casos en que la normativa así lo prevea, que correspondan al grupo o subgrupo de equivalencia en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 20.Cinco.1. B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 20.Cinco.2 de esta Ley, en función del grupo o subgrupo en el que esté clasificado el empleo correspondiente, y el complemento de empleo mensual que se perciba. La valoración y devengo de los trienios, en su caso, y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa específica aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. C) El complemento de empleo, el complemento específico y restantes retribuciones que pudieran corresponder, que no experimentarán ningún incremento respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20.Siete de esta Ley. D) El complemento de dedicación especial, incluido el concepto de atención continuada, y la gratificación por servicios extraordinarios, cuyas cuantías serán determinadas por el Ministro de Defensa dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades; estos créditos no experimentarán incremento respecto a los establecidos a 31 de diciembre de 2014 en términos anuales. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá modificar la cuantía de los créditos destinados a atender la dedicación especial y la gratificación por servicios extraordinarios, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de dedicación especial o por gratificación por servicios extraordinarios originarán derechos individuales respecto de valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. E) El incentivo por años de servicio, cuyas cuantías y requisitos, para su percepción, serán fijadas por el Ministro de Defensa, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Tres. Cuando el Ministerio de Defensa haya suscrito conciertos con las Universidades para la utilización de las Instituciones sanitarias del Departamento según las bases establecidas para el régimen de los mismos en el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, el personal militar médico y sanitario que ocupe puestos de trabajo, en dichos centros, con la condición de plazas vinculadas percibirá, en el año 2015, las retribuciones básicas que le corresponda y, en concepto de retribuciones complementarias, los complementos de destino, específico y de productividad en las cuantías establecidas en aplicación de la base decimotercera.ocho, 4, 5 y 6.a) y b) del citado Real Decreto. Dicho personal podrá percibir, asimismo, la ayuda para vestuario, y el complemento de dedicación especial en concepto de atención continuada, según lo establecido en el apartado D) del número anterior, así como las pensiones por recompensas y las prestaciones familiares que pudieran corresponderles. Cuatro. Los miembros de las Fuerzas Armadas que ocupen puestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de trabajo del Ministerio o sus Organismos autónomos, percibirán en el año 2015 las retribuciones básicas correspondientes a su empleo militar y las complementarias asignadas al puesto que desempeñen, de acuerdo con las cuantías establecidas en la presente Ley para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de continuar percibiendo las pensiones y gratificaciones que sean consecuencia de recompensas militares así como la ayuda para vestuario en la misma cuantía y condiciones que el resto del personal de las Fuerzas Armadas. Lo dispuesto en el presente artículo debe entenderse sin perjuicio de la regulación específica que para determinados conceptos y personal de las Fuerzas Armadas se establece en la normativa vigente. Artículo 27. Retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Uno. En el año 2015 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para este fin. La cuantía de tales créditos destinada al personal citado no experimentará incremento respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2014 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. Dos. En el año 2015 las retribuciones a percibir por el personal del Cuerpo de la Guardia Civil no incluido en el apartado anterior serán las siguientes: A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 20.Cinco.1 de esta Ley. B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 20.Cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que corresponda al empleo que se ostente y el complemento de destino mensual que se perciba. La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 20.Siete de esta Ley. D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 24 de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos no experimentarán incremento respecto del asignado a 31 de diciembre de 2014, en términos anuales. Artículo 28. Retribuciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía. Uno. En el año 2015 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado y de sus organismos públicos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada a este personal no experimentará incremento respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2014 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. Dos. En el año 2015 las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía no incluidos en el apartado anterior serán las siguientes: A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia en que se halle clasificada, a efectos económicos, la categoría correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 20.Cinco.1 de esta Ley. B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 20.Cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que corresponda a la categoría que se ostente, y el complemento de destino mensual que se perciba. La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20.Siete de esta Ley. D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el artículo 24 de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos no experimentarán incremento respecto de los asignados a 31 de diciembre de 2014, en términos anuales. Artículo 29. Retribuciones de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, de los del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Uno. En el año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.Dos de esta Ley, las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal, que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, serán las siguientes: 1. El sueldo, a que se refieren los Anexos I y IV, respectivamente, de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, queda establecido para el año 2015, en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:   Euros Carrera Judicial Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 23.937,24 Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 22.676,88 Presidente del Tribunal Superior Justicia 23.108,76 Magistrado 20.541,84 Juez 17.973,60 Carrera Fiscal Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma 23.108,76 Fiscal 20.541,84 Abogado Fiscal 17.973,60 2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, corresponda. 3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía que se señala en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 4. Las retribuciones complementarias y las variables y especiales de los miembros de las carreras judicial y fiscal que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. El crédito total destinado a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de las carreras judicial y fiscal señaladas en el Capítulo III del Título I y en el Título II de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, no podrá exceder del 5 por ciento de la cuantía global de las retribuciones fijas de los miembros de las carreras judicial y fiscal, respectivamente. 5. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.2 de la precitada Ley 15/2003. Dos. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sean nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área creada donde exista una sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia, percibirán el complemento de destino por el criterio de grupo de población correspondiente a los Fiscales destinados en la Sede de la Fiscalía Provincial y el complemento de destino en concepto de representación, el complemento específico y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden a un destino de Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. Los restantes Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área percibirán el complemento específico correspondiente a un destino de Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. Los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial percibirán las retribuciones complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que hubieran correspondido a los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Audiencia Provincial, respectivamente. El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado percibirá las retribuciones complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden al Teniente Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado. Los Fiscales adscritos a Fiscales de Sala de la Fiscalía General del Estado y los Fiscales de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado percibirán en concepto de complemento específico el correspondiente a los Fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Los Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial percibirán, en concepto de complemento específico, el correspondiente a los Fiscales Coordinadores. Los Fiscales Decanos de secciones especializadas percibirán las retribuciones complementarias y paga extraordinaria correspondientes a los Fiscales Decanos de secciones territoriales. Los Fiscales de la categoría segunda, no coordinadores, de las Fiscalías de Comunidad Autónoma, incluidos los de las secciones territoriales de dichas fiscalías, percibirán el complemento de destino y la cuantía a incluir en la paga extraordinaria correspondientes a los Tenientes Fiscales de Fiscalía de Comunidad Autónoma, salvo en aquellas Comunidades Autónomas en que la Fiscalía no esté disgregada orgánicamente en Fiscalía de la Comunidad Autónoma y Fiscalía Provincial de la provincia donde tenga su sede. Tres. En el año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.Dos de esta Ley, las retribuciones de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, serán las siguientes: 1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, les corresponda. a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales queda establecido para el año 2015 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:   Euros Secretarios Judiciales de primera categoría 17.973,60 Secretarios Judiciales de segunda categoría 17.083,44 Secretarios Judiciales de tercera categoría 15.872,16 b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia queda establecido para el año 2015 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:   Euros Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 15.406,20 Gestión Procesal y Administrativa 13.303,32 Tramitación Procesal y Administrativa 10.934,16 Auxilio Judicial 9.917,88 Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 13.303,32 Ayudantes Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 10.934,16 c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, en los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos para el año 2015, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:   Euros Cuerpo de Oficiales 532,56 Cuerpo de Auxiliares 410,52 Cuerpo de Agentes Judiciales 354,48 Cuerpo de Técnicos Especialistas 532,56 Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio 410,52 Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir 354,48 Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios con más de 7.000 habitantes a extinguir 599,16 Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 1995 por el personal encuadrado en los Cuerpos de Médicos Forenses y Técnicos Facultativos, quedan establecidos para el año 2015 en 642,12 euros anuales, referidos a doce mensualidades. 2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía complementaria que se señala en el Anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 3.a) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales, cuando les resulte de aplicación el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, queda establecido para el año 2015 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:   Euros Puestos de tipo I 16.107,48 Puestos de tipo II 13.758,36 Puestos de tipo III 13.136,16 Puestos de tipo IV 13.036,92 Puestos de tipo V 9.427,20 Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios del párrafo anterior, no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 20.Siete de esta Ley. Los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales que ocupen puestos distintos de los señalados en el primer párrafo de este número 3.a) percibirán las retribuciones complementarias, variables y especiales establecidas en el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, que no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. 3.b) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a que se refiere el apartado Tres.1.b) de este mismo artículo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, queda establecido para el año 2015 en las cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades:   Tipo Subtipo Euros Gestión Procesal y Administrativa y Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses I A 3.982,92 I B 4.757,76 II A 3.667,20 II B 4.442,04 III A 3.509,40 III B 4.284,24 IV C 3.351,60 IV D 3.509,76 Tramitación Procesal y Administrativa y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses I A 3.456,96 I B 4.231,92 II A 3.141,48 II B 3.916,32 III A 2.983,56 III B 3.758,40 IV C 2.825,88 Auxilio judicial I A 2.715,48 I B 3.490,44 II A 2.399,76 II B 3.174,72 III A 2.241,96 III B 3.016,92 IV C 2.084,16 Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses I 18.808,32 II 18.565,68 III 18.322,92 Escala a extinguir de Gestión Procesal y Administrativa, procedentes del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Municipios de más de 7.000 habitantes 5.085,96 Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20.Siete de esta Ley. 4. En las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los números 3.a) y 3.b) anteriores, se entenderán incluidas las cantidades que, en cada caso, se reconocen, en concepto de paga adicional complementaria en el apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. Cuatro. En el año 2015 las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a los funcionarios a que se refiere el artículo 145.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, no experimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20.Siete de esta Ley. Cinco. En el año 2015 las retribuciones de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refieren los números siguientes, no experimentarán variación respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. Se percibirán según las cuantías que se reflejan a continuación para cada uno de ellos: 1. Las del Vicepresidente del Tribunal Supremo en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 29.801,36 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 86.659,86 € Total 116.461,22 € Las de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y del Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo) en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 27.518,12 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 82.261,44 € Total 109.779,56 € Las de los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo), en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.069,96 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 80.853,00 € Total 106.922,96 € 2. Las del Fiscal General del Estado, en la cuantía de 113.838,96 euros a percibir en doce mensualidades sin derecho a pagas extraordinarias. Las del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 27.518,12 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 82.261,44 € Total 109.779,56 € Las del Fiscal Jefe Inspector, del Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y del Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.069,96 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 82.261,44 € Total 108.331,40 € Las de los Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la criminalidad organizada y las de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.069,96 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 80.853,00 € Total 106.922,96 € 3. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refieren los números anteriores de este apartado, a excepción del Fiscal General del Estado que se regula en el párrafo siguiente, percibirán 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que les corresponda. Asimismo, percibirán dos pagas al año por la cuantía que se detalla, para cada uno de los cargos, en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de este apartado, 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que le corresponda y las derivadas de la aplicación del artículo 32.Cuatro, número 3, párrafo segundo, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, en las cuantías previstas en el número 3, segundo párrafo, del artículo 32.Cinco.B), de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. 4. El sueldo y las retribuciones complementarias de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a los que se refieren los puntos 1 y 2 del presente apartado, serán las establecidas en los mismos y en el punto 3 del mismo apartado, quedando excluidos, a estos efectos, del ámbito de aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sin perjuicio del derecho al devengo de las retribuciones especiales que les correspondan en las cuantías previstas en el número 4 del artículo 32.Cinco.B), de la citada Ley 26/2009. Seis. Cuando el personal comprendido en este artículo tenga reconocidos trienios en Cuerpos o Escalas a los que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20, apartado Cinco de esta Ley, con objeto de posibilitar, si procede, la percepción de las pagas extraordinarias de trienios o antigüedad en la cuantía de una mensualidad ordinaria de dichos conceptos, se podrá distribuir en catorce pagos de igual cuantía el importe anual total por los trienios (y/o antigüedad) reconocidos en los citados Cuerpos o Escalas, constituido por los trienios (y/o antigüedad) referidos a doce mensualidades más las pagas extraordinarias por trienios (y/o antigüedad). En este caso, las cuantías anuales referidas a doce mensualidades ordinarias más dos extraordinarias se recogen a continuación: Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Trienios Euros A1 564,48 A2 468,02 B 419,02 C1 361,20 C2 250,32 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 188,58 Artículo 30. Retribuciones del personal estatutario y del personal de la Seguridad Social no estatutario. Uno. En el año 2015 las retribuciones del personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social, ya homologado con el resto del personal de la Administración General del Estado, serán las establecidas en el artículo 24 de esta Ley. Dos. En el año 2015 el personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino, en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 24.Uno.A), B) y C) de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria segunda, Dos, de dicho Real Decreto-ley y de que la cuantía anual del complemento de destino, fijado en la letra C) del citado artículo 24.Uno se satisfaga en catorce mensualidades. A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo 24.Uno.B) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 24.Uno.C). El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de atención continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal, no experimentará ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20.Siete de esta Ley. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y Disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Tres. En el año 2015 las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario del ámbito de aplicación de este artículo no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. CAPÍTULO III Otras disposiciones en materia de régimen del personal activo Artículo 31. Prohibición de ingresos atípicos. Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción de aquéllos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado. Artículo 32. Recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación. Uno. En el año 2015 las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación, no experimentarán incremento respecto de las reconocidas a 31 de diciembre de 2014. Dos. La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar individual se regirán por su legislación especial. Tres. La Cruz a la Constancia y las diferentes categorías de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Artículo 33. Otras normas comunes. Uno. El personal contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos de Sanitarios Locales, así como el personal cuyas retribuciones en 2014 no correspondieran a las establecidas con carácter general en el Título III de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, y no les fueran de aplicación las establecidas expresamente en el mismo Título de la presente Ley, continuarán percibiendo, durante el año 2015, las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2014. Dos. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, en los casos de adscripción durante el año 2015 de un funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho funcionario percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna asimilación de las retribuciones básicas que se autorice por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de los Departamentos ministeriales interesados. A los solos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo anterior, se podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen retributivo de origen del funcionario. Tres. Las indemnizaciones por razón del servicio seguirán percibiéndose en las cuantías vigentes en 2014. Artículo 34. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario. Uno. Durante el año 2015 será preciso informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de: a) La Administración General del Estado y sus Organismos autónomos. b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. c) Las Agencias estatales, de conformidad con su normativa específica. d) Las restantes entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes públicos, en las condiciones y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la Comisión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquéllas. Dos. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones: a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado Uno anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos. c) Aplicación del Convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado y de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos. d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante convenio colectivo, con excepción del personal temporal sujeto a la relación laboral de carácter especial regulada en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, se deberá facilitar información de las retribuciones de este último personal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se exceptúa, igualmente, la fijación de las retribuciones del personal al que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, que se atendrá a lo dispuesto en dicha norma. e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos. f) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior. Tres. El informe citado en el apartado Uno de este artículo afectará a todos los Organismos, Entidades y Agencias señalados en las letras a), b), c) y, para los del apartado d) en los términos en que se determine por la Comisión Interministerial de Retribuciones, y será emitido por el procedimiento y con el alcance previsto en los puntos siguientes: 1. Los organismos afectados remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el correspondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de los convenios colectivos o contratos individuales, acompañando la valoración de todos sus aspectos económicos. 2. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares, será evacuado en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2015 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley. Cuatro. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará y, en su caso, actualizará las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país. Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2015 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo. Seis. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en el caso de las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se encuentran adscritos al sector público estatal, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, y otras entidades estatales de derecho público, será preceptivo informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, presidida por la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, de conformidad con lo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra del informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas. Igualmente, el Banco de España informará a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, con carácter previo, tanto del inicio de la negociación de un convenio o acuerdo colectivo, como de cualquier propuesta de acuerdo que vaya a ser remitida a la representación de los trabajadores, así como de los convenios o acuerdos alcanzados. Artículo 35. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones. Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales, Entidades Gestoras de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social podrán formalizar durante el año 2015, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones. b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado. c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal. Dos. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en esta propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Tres. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Abogacía del Estado en el Departamento, organismo o entidad, o en su caso por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral. Cuatro. Los contratos regulados en el presente artículo serán objeto de fiscalización previa en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 a 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A estos efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados para la contratación de personal eventual si no existe crédito suficiente para ello en el concepto presupuestario destinado específicamente a dicha finalidad. En los Organismos públicos del Estado que no estén sujetos a la función interventora, esta contratación requerirá informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no disponibilidad de crédito en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. En caso de disconformidad con el informe emitido, el Organismo autónomo o la Entidad pública empresarial podrán elevar el expediente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su resolución. Artículo 36. Competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de costes del personal al servicio del sector público. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, adoptados en el ámbito de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias Estatales, Entidades públicas empresariales, y demás entes públicos del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones. TÍTULO IV De las pensiones públicas CAPÍTULO I Revalorización de pensiones Artículo 37. Índice de revalorización de pensiones. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2015 con carácter general un incremento del 0,25 por ciento, en los términos que se indican en los artículos correspondientes de esta Ley. CAPÍTULO II Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las especiales de guerra Artículo 38. Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Uno. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las pensiones ordinarias y extraordinarias que, en propio favor o en el de sus familiares, cause el personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se relaciona a continuación agrupado de acuerdo con su legislación reguladora: 1. Personal al que se aplica el Título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril: a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con posterioridad a 31 de diciembre de 1984, se encuentre en cualquier situación administrativa y no haya sido declarado jubilado o retirado antes de dicha fecha. b) El personal que, a partir de 1 de enero de 1986, se encontrara como funcionario en prácticas y el que, a partir de 1 de enero 1985, fuera alumno de alguna Escuela o Academia Militar y hubiera sido promovido a Caballero Alférez Cadete, Alférez-alumno, Sargento-alumno o Guardiamarina. c) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con posterioridad a 31 de diciembre de 1985. 2. Personal al que se aplica la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones que se recogen en el Título II del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado: a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con anterioridad a 1 de enero de 1985, haya fallecido o haya sido declarado jubilado o retirado. b) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con anterioridad al 1 de enero de 1986. Dos. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado Uno.1 de este artículo, se tendrán en cuenta para 2015 los haberes reguladores que se indican a continuación: a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985: Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Haber regulador Euros/año A1 40.258,62 A2 31.684,55 B 27.744,96 C1 24.334,27 C2 19.252,45 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 16.414,24 b) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985: ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO Índice de proporcionalidad Haber regulador Euros/año 10 40.258,62 8 31.684,55 6 24.334,27 4 19.252,45 3 16.414,24 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Índice multiplicador Haber regulador Euros/año 4,75 40.258,62 4,50 40.258,62 4,00 40.258,62 3,50 40.258,62 3,25 40.258,62 3,00 40.258,62 2,50 40.258,62 2,25 31.684,55 2,00 27.744,97 1,50 19.252,45 1,25 16.414,24 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cuerpo Haber regulador Euros/año Secretario General 40.258,62 De Letrados 40.258,62 Gerente 40.258,62 CORTES GENERALES Cuerpo Haber regulador Euros/año De Letrados 40.258,62 De Archiveros-Bibliotecarios 40.258,62 De Asesores Facultativos 40.258,62 De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas 40.258,62 Técnico-Administrativo 40.258,62 Administrativo 24.334,27 De Ujieres 19.252,45 Tres. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado Uno.2 de este artículo, que surtan efectos económicos a partir de 1 de enero de 2015, se tendrán en cuenta las bases reguladoras que resulten de aplicar las siguientes reglas: a) Se tomará el importe que corresponda al causante por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, en función del cuerpo o de los índices multiplicador o de proporcionalidad y grado de carrera administrativa que tuviera asignado a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría al que perteneciese aquél, y que se recogen a continuación: ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO Índice de proporcionalidad Grado Grado especial Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo anual – Euros 10 (5,5) 8   26.988,38 10 (5,5) 7   26.246,64 10 (5,5) 6   25.504,95 10 (5,5) 3   23.279,76 10 5   22.901,03 10 4   22.159,34 10 3   21.417,64 10 2   20.675,86 10 1   19.934,14 8 6   19.257,98 8 5   18.664,73 8 4   18.071,44 8 3   17.478,15 8 2   16.884,89 8 1   16.291,59 6 5   14.671,05 6 4   14.226,23 6 3   13.781,47 6 2   13.336,61 6 1 (12 por 100) 14.385,43 6 1   12.891,77 4 3   10.855,86 4 2 (24 por 100) 12.953,73 4 2   10.559,25 4 1 (12 por 100) 11.460,94 4 1   10.262,60 3 3   9.373,30 3 2   9.150,85 3 1   8.928,45 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Índice multiplicador Importe por concepto de sueldo en cómputo anual – Euros 4,75 44.072,79 4,50 41.753,16 4,00 37.113,90 3,50 32.474,66 3,25 30.155,06 3,00 27.835,43 2,50 23.196,19 2,25 20.876,57 2,00 18.556,97 1,50 13.917,72 1,25 11.598,10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cuerpo Importe por concepto de sueldo en cómputo anual – Euros Secretario General 41.753,16 De Letrados 37.113,90 Gerente 37.113,90 CORTES GENERALES Cuerpo Importe por concepto de sueldo en cómputo anual – Euros De Letrados 24.288,78 De Archiveros-Bibliotecarios 24.288,78 De Asesores Facultativos 24.288,78 De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas 22.304,71 Técnico-Administrativo 22.304,71 Administrativo 13.432,69 De Ujieres 10.625,41 b) A la cantidad resultante de lo establecido en la letra anterior, se sumará la cuantía que se obtenga de multiplicar el número de trienios acreditados por el valor unitario de cada trienio en función del cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría en los que hubiera prestado servicios el causante, atendiendo, en su caso, a los índices de proporcionalidad o multiplicadores asignados a los mismos en los cuadros siguientes: ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO Índice de proporcionalidad Valor unitario del trienio en cómputo anual – Euros 10 871,85 8 697,50 6 523,08 4 348,77 3 261,56 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Índice multiplicador Valor unitario del trienio en cómputo anual – Euros 3,50 1.623,72 3,25 1.507,76 3,00 1.391,77 2,50 1.159,79 2,25 1.045,26 2,00 927,86 1,50 695,89 1,25 579,92 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cuerpo Valor unitario del trienio en cómputo anual – Euros Secretario General 1.623,72 De Letrados 1.623,72 Gerente 1.623,72 CORTES GENERALES Cuerpo Valor unitario del trienio en cómputo anual – Euros De Letrados 993,12 De Archiveros-Bibliotecarios 993,12 De Asesores Facultativos 993,12 De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas 993,12 Técnico-Administrativo 993,12 Administrativo 595,89 De Ujieres 397,23 Cuatro. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este artículo se obtendrá dividiendo por 14 la cuantía anual calculada según lo dispuesto en las reglas contenidas en los apartados precedentes y de acuerdo con la legislación que resulte aplicable. Artículo 39. Determinación inicial de las pensiones especiales de guerra. Uno. El importe de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, no podrá ser inferior, para 2015, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, excepto para las pensiones causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados, cuya cuantía será de 1.828,93 euros anuales. Dos. 1. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra excombatientes de la zona republicana, cuyos causantes no tuvieran la condición de militar profesional de las Fuerzas e Institutos Armados, se fijan para 2015 en las siguientes cuantías: a) La pensión de mutilación será la que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cantidad de 4.974,71 euros anuales. b) La suma de la remuneración básica, la remuneración sustitutoria de trienios y las remuneraciones suplementarias en compensación por retribuciones no percibidas será de 13.416,68 euros anuales. c) Las pensiones en favor de familiares serán iguales a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, excepto para las pensiones en favor de huérfanos no incapacitados, cuya cuantía será de 1.828,93 euros anuales. 2. El importe de las pensiones en favor de familiares de excombatientes que tuvieran la condición de militar profesional, reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, no podrá ser inferior, para 2015, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. Tres. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre retribución básica a mutilados civiles de guerra, se fijan, para 2015, en las siguientes cuantías: a) La retribución básica para quienes tengan reconocida una incapacidad de segundo, tercero o cuarto grado, en 9.391,67 euros anuales. b) Las pensiones en favor de familiares, en la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. Cuatro. Las pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976, de 5 de marzo, en favor de mutilados de guerra que no pudieron integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria, se establecerán, para 2015, en el importe que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cuantía de 5.960,33 euros anuales. Cinco. La cuantía para 2015 de las pensiones causadas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, se fijará aplicando el importe por los conceptos de sueldo y grado que proceda de entre los contenidos en el precedente artículo 38.Tres.a). Las cuantías de estas pensiones no podrán ser inferiores a las siguientes: a) En las pensiones en favor de causantes, a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. b) En las pensiones de viudedad, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. Seis. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este artículo se obtendrá dividiendo por 12 la cuantía anual establecida según lo dispuesto en los apartados precedentes y de acuerdo con la legislación que resulte aplicable. Junto a las doce mensualidades ordinarias se abonarán dos mensualidades extraordinarias del mismo importe, excepto en las pensiones de mutilación reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio. No obstante lo establecido en el último inciso del párrafo anterior, cuando el mutilado fuera clasificado como útil conforme a lo dispuesto en la citada Ley, tendrá derecho a las referidas mensualidades extraordinarias. CAPÍTULO III Limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas Artículo 40. Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas. Uno. El importe a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de las pensiones públicas enumeradas en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, no podrá superar, durante el año 2015, la cuantía íntegra de 2.560,88 euros mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular, cuya cuantía también estará afectada por el citado límite. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el pensionista tuviera derecho a percibir menos o más de 14 pagas al año, incluidas las extraordinarias, dicho límite mensual deberá ser adecuado, a efectos de que se alcance o no supere la cuantía íntegra anual de 35.852,32 euros. Dos. Cuando un mismo titular cause simultáneamente derecho a dos o más pensiones públicas, el importe conjunto a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de todas ellas estará sujeto a los mismos límites que se establecen en el apartado anterior. A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro de cada una de las pensiones públicas de que se trate y, si la suma de todas ellas excediera de 2.560,88 euros mensuales, se reducirán proporcionalmente hasta absorber dicho exceso. No obstante, si alguna de las pensiones que se causen estuviera a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en el artículo 42.1.c) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, la minoración o supresión se efectuará preferentemente sobre el importe íntegro de esta pensión y, de ser posible, en el momento de su reconocimiento, procediéndose con posterioridad, si fuera necesario, a reducir proporcionalmente las restantes pensiones para que la suma de todas ellas no supere el indicado límite máximo. Tres. Cuando se efectúe el señalamiento inicial de una pensión pública en favor de quien ya estuviera percibiendo otra u otras pensiones públicas, si la suma conjunta del importe íntegro de todas ellas superase los límites establecidos en el apartado Uno de este artículo, se minorará o suprimirá del importe íntegro de la nueva pensión la cuantía que exceda del referido límite. No obstante, si la nueva pensión, en el presente o en anteriores ejercicios económicos, tuviera la consideración de renta exenta de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a solicitud de su titular, se minorará o suprimirá la pensión o pensiones públicas que el interesado hubiera causado anteriormente. En tales supuestos, los efectos de la regularización se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se solicite o a la fecha inicial de abono de la nueva pensión, si ésta fuese posterior. Cuatro. Si en el momento del señalamiento inicial a que se refieren los apartados anteriores, los organismos o entidades competentes no pudieran conocer la cuantía y naturaleza de las otras pensiones que correspondan al beneficiario, dicho señalamiento inicial se realizará con carácter provisional hasta que se practiquen las oportunas comprobaciones. La regularización definitiva de los señalamientos provisionales supondrá, en su caso, la exigencia del reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión. Cinco. Si con posterioridad a la minoración o supresión del importe del señalamiento inicial a que se refieren los apartados Dos y Tres de este artículo, se modificase, por cualquier circunstancia, la cuantía o composición de las otras pensiones públicas percibidas por el titular, se revisarán de oficio o a instancia de parte las limitaciones que se hubieran efectuado, con efectos del primer día del mes siguiente al de la variación. En todo caso, los señalamientos iniciales realizados en supuestos de concurrencia de pensiones públicas estarán sujetos a revisión periódica. Seis. La minoración o supresión del importe de los señalamientos iniciales de pensiones públicas que pudieran efectuarse por aplicación de las normas limitativas no significará merma o perjuicio de otros derechos anejos al reconocimiento de la pensión. Siete. El límite máximo de percepción establecido en este artículo no se aplicará a las siguientes pensiones públicas que se causen durante el año 2015: a) Pensiones extraordinarias del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado originadas por actos terroristas. b) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la Disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. c) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio. Ocho. Cuando en el momento del señalamiento inicial de las pensiones públicas concurran en un mismo titular alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el apartado anterior, o de las reconocidas por actos terroristas en favor de quienes no tengan derecho a pensión en cualquier régimen público de Seguridad Social al amparo del Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, con otra u otras pensiones públicas, las normas limitativas de este artículo sólo se aplicarán respecto de las no procedentes de actos terroristas. CAPÍTULO IV Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas Artículo 41. Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas. Uno. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en el año 2015 un incremento del 0,25 por ciento, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de esta Ley, sin perjuicio de las excepciones contenidas en los artículos siguientes de este capítulo y de los importes de garantía que figuran en el precedente artículo 39, respecto de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de la guerra civil. La cuantía inicial de las pensiones de jubilación o retiro y de viudedad de Clases Pasivas del Estado causadas durante 2015 al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, calculada de acuerdo con las bases reguladoras establecidas para esta clase de pensiones en el presente ejercicio económico, se corregirá mediante la aplicación del porcentaje del 1 y 2 por ciento según corresponda, establecido para los años 2004, 2006, 2007 y 2008 en el apartado Cuatro de las Disposiciones adicionales quinta y sexta, así como en la Disposición adicional décima de las Leyes 61/2003, de 30 de diciembre; 30/2005, de 29 de diciembre; 42/2006, de 28 de diciembre; y 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para los años 2004, 2006, 2007 y 2008, respectivamente. Dos. De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional sexta, punto Uno, del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2009, experimentarán el 1 de enero del año 2015 una reducción, respecto de los importes percibidos a 31 de diciembre de 2014, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978 —o de 1977, si se tratase del Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical— y la de 31 de diciembre de 1973. Tres. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, y no indicadas en los apartados anteriores de este artículo, experimentarán en el año 2015 el incremento que en su caso proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2014, salvo las excepciones contenidas en los siguientes artículos de este capítulo. Artículo 42. Pensiones no revalorizables. Uno. En el año 2015 no se revalorizarán las pensiones públicas siguientes: a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de 2.560,88 euros íntegros en cómputo mensual, entendiéndose esta cantidad en los términos expuestos en el precedente artículo 40. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y del sistema de la Seguridad Social originadas por actos terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la Disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. b) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas antes del 1 de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal caminero. c) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2014, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973. Dos. En el caso de Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social de cualquier tipo que integren a personal de empresas o sociedades con participación mayoritaria del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales u Organismos autónomos y se financien con fondos procedentes de dichos órganos o entidades públicas, o en el caso de que éstos estén abonando directamente al personal incluido en la acción protectora de aquellas pensiones complementarias por cualquier concepto sobre las que les correspondería abonar a los regímenes generales que sean de aplicación, las revalorizaciones a que se refiere el artículo 41 serán consideradas como límite máximo, pudiendo aplicarse coeficientes menores e, incluso, inferiores a la unidad, a dichas pensiones complementarias, de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pactos que se produzcan. Artículo 43. Limitación del importe de la revalorización de las pensiones públicas. Uno. Para el año 2015 el importe de la revalorización de las pensiones públicas no podrá suponer un valor íntegro anual superior a 35.852,32 euros. Dos. Cuando un mismo titular perciba dos o más pensiones públicas, la suma del importe anual íntegro de todas ellas, una vez revalorizadas las que procedan, no podrá superar el límite máximo señalado. Si lo superase, se minorará proporcionalmente la cuantía de la revalorización hasta absorber el exceso sobre dicho límite. A tal efecto, cada entidad u organismo competente para revalorizar las pensiones determinará el límite máximo de percepción anual para las pensiones a su cargo. Este límite consistirá en una cifra que guarde con la cuantía íntegra de 35.852,32 euros anuales la misma proporción que mantenga la pensión o pensiones con la suma de todas las pensiones públicas percibidas por el titular. El referido límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: L = P × 35.852,32 euros anuales T siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2014 por la pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad competente, y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro anual de las restantes pensiones concurrentes del mismo titular en la misma fecha. No obstante lo anterior, si alguna de las pensiones públicas que percibiese el interesado estuviera a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en el artículo 42.1.c) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, o se tratase de las pensiones no revalorizables a cargo de alguna de las Entidades a que se refiere el artículo 42.Dos de esta Ley, la aplicación de las reglas recogidas en los párrafos anteriores se adaptará reglamentariamente para alcanzar el límite máximo de percepción. Tres. Lo dispuesto en los apartados Cuatro a Ocho, ambos inclusive, del precedente artículo 40 será aplicable cuando así proceda a los supuestos de revalorización de pensiones concurrentes. CAPÍTULO V Complementos para mínimos Artículo 44. Reconocimiento de complementos para mínimos en las pensiones de Clases Pasivas. Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos económicos necesarios para alcanzar la cuantía mínima los pensionistas de Clases Pasivas del Estado que no perciban, durante 2015, ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no excedan de 7.098,43 euros al año. A tal efecto, se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales. Para acreditar los ingresos de trabajo o de capital, se podrá exigir al pensionista una declaración de los mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. No obstante, los pensionistas de Clases Pasivas del Estado que perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo primero de este apartado, tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalorizada resulte inferior a la suma de 7.098,43 euros más el importe, en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales. Se presumirá que concurren los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando el interesado hubiera percibido durante 2014 ingresos por cuantía igual o inferior a 7.080,73 euros anuales. Esta presunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas obtenidas por la Administración. A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social. Cuando, de conformidad con las previsiones legales, se tenga reconocida una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos se aplicará, en su caso, en la misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión. Los efectos económicos del reconocimiento de los complementos se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se soliciten o a la fecha de inicio de la pensión, si ésta fuese posterior al 1 de enero. No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el derecho al cobro de una pensión cuyo hecho causante se produjo en el ejercicio anterior, los efectos económicos podrán ser los de la fecha de inicio de la misma, con una retroactividad máxima de un año desde la solicitud. Dos. Los reconocimientos de complementos económicos que se efectúen en 2015 por declaraciones del interesado tendrán carácter provisional hasta que se compruebe la realidad o efectividad de lo declarado. La Administración podrá revisar periódicamente, de oficio o a instancia del interesado, las resoluciones de reconocimiento de complementos económicos, pudiendo suponer, en su caso, la exigencia del reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión. Tres. Con respecto a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2015, para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, será necesario residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía de 5.136,60 euros anuales, fijada para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva en el artículo 46.Uno de esta Ley. Cuatro. Durante 2015 las cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas quedan fijadas, en cómputo anual, en los importes siguientes: Clase de pensión Importe Con cónyuge a cargo Euros/año Sin cónyuge: unidad económica unipersonal Euros/año Con cónyuge no a cargo Euros/año Pensión de jubilación o retiro. 10.960,60 8.883,00 8.426,60 Pensión de viudedad. 8.883,00 Pensión familiar distinta de la de viudedad, siendo N el número de beneficiarios de la pensión o pensiones. 8.657,60 N Cinco. Los complementos económicos regulados en los apartados precedentes de este artículo no se aplicarán a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial derivada de la guerra civil, cuyas cuantías se fijan en el artículo 39 de esta Ley, excepto a las pensiones de orfandad reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, así como a las reconocidas a favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio. Artículo 45. Reconocimiento de los complementos para mínimos en las pensiones de la Seguridad Social. Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones los pensionistas del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no perciban durante 2015 rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y computados conforme al artículo 50 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o que, percibiéndolos, no excedan de 7.098,43 euros al año. Para acreditar las rentas e ingresos, la Entidad Gestora podrá exigir al pensionista una declaración de los mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. No obstante, los pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, que perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo primero de este apartado, tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalorizada resulte inferior a la suma de 7.098,43 euros más el importe, en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales. A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social. Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter compensatorio, a los pensionistas españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el Reino Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán a ningún efecto para el reconocimiento de los complementos para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones. Dos. Se entenderá que concurren los requisitos indicados en el apartado anterior cuando el interesado manifieste que va a percibir durante 2015 rendimientos computados en la forma señalada en el apartado Uno, por cuantía igual o inferior a 7.098,43 euros. Los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que a lo largo del ejercicio 2015 perciban rentas acumuladas superiores al límite a que se refiere el párrafo anterior, están obligados a comunicar tal circunstancia a las entidades gestoras en el plazo de un mes desde que se produzca. Para acreditar las rentas e ingresos las entidades gestoras de la Seguridad Social podrán en todo momento requerir a los perceptores de complementos por mínimos una declaración de éstos, así como de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. Tres. A efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe cónyuge a cargo del titular de una pensión cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente de él. Se entenderá que existe dependencia económica cuando concurran las circunstancias siguientes: a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto las pensiones reconocidas por otro Estado así como los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, ambos previstos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y del Ahorro. b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge, computados en la forma señalada en el apartado Uno de este artículo, resulten inferiores a 8.280,40 euros anuales. Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el párrafo anterior y del importe, también en cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar resulte inferior a la suma de 8.280,40 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades que corresponda. Cuatro. Con respecto a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, será necesario residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía a que se refiere el apartado 2 del artículo 50 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Cinco. Durante el año 2015 las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, quedan fijadas, en cómputo anual, clase de pensión y requisitos concurrentes en el titular, en los importes siguientes: Clase de pensión Titulares Con cónyuge a cargo Euros/año Sin cónyuge: unidad económica unipersonal Euros/año Con cónyuge no a cargo Euros/año Jubilación Titular con sesenta y cinco años 10.960,60 8.883,00 8.426,60 Titular menor de sesenta y cinco años 10.273,20 8.309,00 7.851,20 Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez 16.441,60 13.325,20 12.640,60 Incapacidad Permanente Gran invalidez 16.441,60 13.325,20 12.640,60 Absoluta 10.960,60 8.883,00 8.426,60 Total: Titular con sesenta y cinco años 10.960,60 8.883,00 8.426,60 Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años 10.273,20 8.309,00 7.851,20 Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años 5.524,40 5.524,40 55 % Base mínima de cotización del Régimen General Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años 10.960,60 8.883,00 8.426,60 Viudedad Titular con cargas familiares   10.273,20   Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100   8.883,00   Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años   8.309,00   Titular con menos de sesenta años   6.724,20   Clase de pensión Euros/año Orfandad Por beneficiario 2.713,20 En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.724,20 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.   Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 5.339,60 En favor de familiares Por beneficiario 2.713,20 Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:   – Un solo beneficiario con sesenta y cinco años 6.559,00 – Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años 6.178,20 Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.011,00 euros/año entre el número de beneficiarios.   CAPÍTULO VI Otras disposiciones en materia de pensiones públicas Artículo 46. Determinación inicial y revalorización de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Uno. Para el año 2015, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fijará en 5.136,60 euros íntegros anuales. Dos. Para el año 2015, se establece un complemento de pensión, fijado en 525,00 euros anuales, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. En el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos. Las normas para el reconocimiento de este complemento serán las establecidas en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, entendiéndose que las referencias hechas al año 2012, deben considerarse realizadas al año 2015. Artículo 47. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Uno. A partir del 1 de enero del año 2015, la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no concurrentes con otras pensiones públicas, queda fijada en cómputo anual en 5.682,60 euros. A dichos efectos no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo. Dos. El importe de las pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez será, en cómputo anual, de 5.518,80 euros cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de todas ellas, del límite establecido en la Disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo que los interesados tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad a 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso se aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre que, por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado límite. Tres. Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no experimentarán revalorización en 2015 cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas diferentes a las mencionadas en el precedente apartado. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma en cómputo anual de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, y las del referido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez sea inferior a la cuantía fijada para la pensión de tal Seguro en el apartado Dos de este artículo, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante entre ambas cantidades. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorización o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico. Cuatro. Cuando, para el reconocimiento de una pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, se hayan totalizado períodos de seguro o de residencia cumplidos en otros países vinculados a España por norma internacional de Seguridad Social que prevea dicha totalización, el importe de la pensión prorrateada a cargo de España no podrá ser inferior al 50 por ciento de la cuantía de la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que en cada momento corresponda. Esta misma garantía se aplicará en relación con los titulares de otras pensiones distintas de las del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que opten por alguna de estas pensiones, siempre que en la fecha del hecho causante de la pensión que se venga percibiendo hubieran reunido todos los requisitos exigidos por dicho Seguro. TÍTULO V De las operaciones financieras CAPÍTULO I Deuda Pública Artículo 48. Deuda Pública. Uno. Se autoriza al Ministro de Economía y Competitividad para que incremente la Deuda del Estado, con la limitación de que el saldo vivo de la misma en términos efectivos a 31 de diciembre de 2015 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2015 en más de 49.502.999,95 miles de euros. Dos. Este límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo, y quedará automáticamente revisado: a) Por el importe de las modificaciones netas de créditos presupuestarios correspondientes a los Capítulos I a VIII. b) Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos contenidas en la presente Ley y la evolución real de los mismos. c) Por la diferencia entre los créditos presupuestarios totales de los Capítulos I a VIII y el importe global de las obligaciones reconocidas de los citados capítulos en el ejercicio. d) Por los anticipos de tesorería y la variación neta de las operaciones no presupuestarias previstas legalmente. e) Por la variación neta en los derechos y las obligaciones del Estado reconocidos y pendientes de ingreso y pago. Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en el apartado anterior según supongan un aumento o una disminución, respectivamente, de la necesidad de financiación del Estado. Artículo 49. Operaciones de crédito autorizadas a organismos y entidades del Sector Público estatal. Uno. Se autoriza a los Organismos públicos que figuran en el Anexo III de esta Ley a concertar operaciones de crédito durante el año 2015 por los importes que, para cada uno, figuran en el Anexo citado. Asimismo, se autoriza a las entidades públicas empresariales que figuran en ese mismo Anexo III a concertar operaciones de crédito durante el año 2015 por los importes que, para cada una, figuran en dicho anexo. La autorización se refiere, en este caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111.4 de la Ley General Presupuestaria, a las operaciones de crédito que no se concierten y cancelen dentro del año. Dos. Los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Economía y Competitividad (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Instituto Geológico y Minero de España; Instituto de Salud Carlos III; Instituto de Astrofísica de Canarias; Instituto Español de Oceanografía; y Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, dependiente del Ministerio de Defensa, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, podrán concertar operaciones de crédito como consecuencia de los anticipos reembolsables que se les conceden con cargo al capítulo 8 del presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad. Esta autorización será aplicable únicamente a los anticipos que se concedan con el fin de facilitar la disponibilidad de fondos para el pago de la parte de los gastos que, una vez justificados, se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tres. Los organismos dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que figuran en el citado Anexo III, con carácter previo a la concertación de las operaciones correspondientes y a fin de verificar el destino del endeudamiento, deberán solicitar autorización de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, aportando un plan económico financiero justificativo de la operación, incluidos los supuestos en que el endeudamiento se solicite para cubrir déficits de tesorería que se produzcan por desfase entre los pagos que realice el organismo en actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos y los retornos comunitarios correspondientes a dichos pagos. Artículo 50. Información de la evolución de la Deuda del Estado al Ministerio de Economía y Competitividad y al Congreso de los Diputados y al Senado; y de las cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras al Congreso de los Diputados y al Senado. Los Organismos públicos que tienen a su cargo la gestión de Deuda del Estado o asumida por éste, aun cuando lo asumido sea únicamente la carga financiera, remitirán a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad la siguiente información: trimestralmente, sobre los pagos efectuados y sobre la situación de la Deuda el día último del trimestre, y al comienzo de cada año, sobre la previsión de gastos financieros y amortizaciones para el ejercicio. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, el saldo detallado de las operaciones financieras concertadas por el estado y los Organismos Autónomos y el número de cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras, así como los importes y la evolución de los saldos. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones Parlamentarias. Artículo 51. Recursos ajenos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, durante el ejercicio presupuestario de 2015 los recursos ajenos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria no superarán el importe de 22.000.000 miles de euros. CAPÍTULO II Avales Públicos y Otras Garantías Artículo 52. Importe de los Avales del Estado. Uno. El importe máximo de los avales a otorgar por la Administración General del Estado durante el ejercicio del año 2015 no podrá exceder de 3.500.000 miles de euros. Dos. Dentro del total señalado en el apartado anterior, se reservan los siguientes importes: a) 3.000.000 miles de euros para los avales destinados a garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos que se regulan en el artículo siguiente. b) Dentro del importe de 500.000 miles de euros no reservados en los apartados anteriores, se establece un límite máximo de 40.000 miles de euros para garantizar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas por empresas navieras domiciliadas en España destinadas a la renovación y modernización de la flota mercante española mediante la adquisición por compra, por arrendamiento con opción a compra o por arrendamiento financiero con opción a compra, de buques mercantes nuevos, en construcción o usados cuya antigüedad máxima sea de cinco años. Las solicitudes de aval que se presenten transcurridos seis meses desde la fecha de formalización de la adquisición del buque no podrán ser tenidas en cuenta. La efectividad del aval que sea otorgado con anterioridad a la formalización de la adquisición del buque quedará condicionada a que dicha formalización se produzca dentro de los seis meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento del aval. El importe avalado no podrá superar el 35 por ciento del precio total del buque financiado. Las condiciones de los préstamos asegurables bajo este sistema serán, como máximo, las establecidas en el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval o disposiciones posteriores que lo modifiquen. En todo caso, la autorización de avales se basará en una evaluación de la viabilidad económico-financiera de la operación y del riesgo. Las solicitudes, otorgamiento y condiciones de estos avales se regirán conforme a lo establecido en la presente Ley y en la Orden PRE/2986/2008, de 14 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establece el procedimiento para la concesión de avales del Estado para la financiación de operaciones de crédito destinadas a la renovación y modernización de la flota mercante española, o en las disposiciones posteriores que la modifiquen. Tres. Se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que, en la ejecución de los avales del Estado a los que se refieren el apartado Dos.b) del artículo 49 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, el apartado Dos.e) del artículo 52 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, el apartado Dos.b) del artículo 54 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y el artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, pueda efectuar los pagos correspondientes a las obligaciones garantizadas mediante operaciones de tesorería con cargo al concepto específico establecido a tal fin. Con posterioridad a su realización, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados en el mes de diciembre de cada año, que se aplicarán al presupuesto en el año siguiente. Artículo 53. Avales para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulización de activos. Uno. El Estado podrá otorgar avales hasta una cuantía máxima, durante el ejercicio de 2015, de 3.000.000 miles de euros, con el objeto de garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos constituidos al amparo de los convenios que suscriban la Administración General del Estado y las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el fin de mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial. Se podrá avalar hasta un 80 por ciento del valor nominal de los bonos de cada serie o clase de valores de renta fija que se emita por los fondos de titulización de activos con calificación crediticia efectuada sin tomar en consideración la concesión del aval que, como mínimo, sea de A1, A+ o asimilados. Los activos cedidos al fondo de titulización serán préstamos o créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España. No obstante, el activo cedido correspondiente a un mismo sector, de acuerdo con el nivel de división de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, no podrá superar el 25 por ciento del total del activo cedido al fondo de titulización. A estos efectos se considerarán también préstamos o créditos los activos derivados de operaciones de leasing. Los fondos de titulización de activos se podrán constituir con carácter abierto, en el sentido del artículo 4 del Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regula los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización, por un período máximo de dos años desde su constitución, siempre y cuando los activos cedidos al fondo de titulización sean préstamos o créditos concedidos a partir del 1 de enero de 2008. Para la constitución de un fondo de titulización, las entidades de crédito interesadas deberán ceder préstamos y créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España. Al menos, el 50 por ciento de los préstamos y créditos cedidos deberán haberse concedido a pequeñas y medianas empresas y, al menos, el 25 por ciento del saldo vivo de los préstamos y créditos deberán tener un plazo de amortización inicial no inferior a un año. La entidad que ceda los préstamos y créditos deberá reinvertir la liquidez obtenida como consecuencia del proceso de titulización en préstamos o créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España, de las que, al menos, el 80 por ciento sean pequeñas y medianas empresas. La reinversión deberá realizarse, al menos, el 50 por ciento, en el plazo de un año a contar desde la efectiva disposición de la liquidez, y el resto en el plazo de dos años. A estos efectos, se entenderá por liquidez obtenida, el importe de los activos que la entidad cede al fondo de titulización en el momento de su constitución así como, en su caso, en las posteriores cesiones que se realicen como consecuencia del carácter abierto del fondo, durante el período anteriormente indicado de dos años. Dos. El importe vivo acumulado de todos los avales otorgados por el Estado a valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de activos señalados en el apartado anterior no podrá exceder de 7.600.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2015. Tres. El otorgamiento de los avales señalados en el apartado 1 de este artículo deberá ser acordado por el Ministerio de Economía y Competitividad, con ocasión de la constitución del fondo y previa tramitación del preceptivo expediente. Cuatro. Las Sociedades Gestoras de fondos de titulización de activos deberán remitir a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la información necesaria para el control del riesgo asumido por parte del Estado en virtud de los avales, en particular la referente al volumen total del principal pendiente de amortización de los valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de activos y a la tasa de activos impagados o fallidos de la cartera titulizada. Cinco. La constitución de los fondos de titulización de activos a que se refieren los apartados anteriores estará exenta de todo arancel notarial y, en su caso, registral. Seis. Se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que, en la ejecución de los avales del Estado a los que se refiere el presente artículo y los otorgados en ejercicios anteriores, pueda efectuar los pagos correspondientes a las obligaciones garantizadas mediante operaciones no presupuestarias con cargo al concepto específico que cree a tal fin. Con posterioridad a su realización, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados al final del ejercicio, que se aplicarán al presupuesto en el año siguiente. Siete. Se faculta al titular del Ministerio de Economía y Competitividad para que establezca las normas y requisitos a los que se ajustarán los convenios a que hace mención el apartado Uno de este artículo. Ocho. Se autoriza al titular de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa para que, previo acuerdo con la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se reabra el plazo de solicitudes en el caso de que en los procesos anteriores no se hubiera agotado la dotación presupuestaria prevista en el apartado Uno de este artículo. Artículo 54. Avales de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales. Se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a prestar avales en el ejercicio del año 2015, en relación con las operaciones de crédito que concierten y con las obligaciones derivadas de concursos de adjudicación en que participen durante el citado ejercicio las sociedades mercantiles en cuyo capital participe directa o indirectamente, hasta un límite máximo de 1.210.000 miles de euros. Artículo 55. Información sobre avales públicos otorgados. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, el importe y características principales de los avales públicos otorgados. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. CAPÍTULO III Relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial Artículo 56. Fondo de Cooperación para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Uno. La dotación al Fondo para la Promoción del Desarrollo ascenderá en el año 2015 a 235.230 miles de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.143A.874 «Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) que se destinarán a los fines previstos en el artículo 2 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo. Dos. El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al FONPRODE por un importe de hasta 375.000 miles de euros a lo largo del año 2015. Tres. Durante el año 2015 sólo se podrán autorizar con cargo al FONPRODE operaciones de carácter reembolsable, así como aquellas operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo o de otros gastos asociados a las operaciones formalizadas por el Fondo. Podrán autorizarse igualmente las operaciones de refinanciación de créditos concedidos con anterioridad con cargo al Fondo que se lleven a cabo en cumplimiento de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales de renegociación de la deuda exterior de los países prestatarios, en los que España sea parte. Cuatro. Serán recursos adicionales a la dotación prevista para el FONPRODE todos los retornos procedentes de sus activos y que tengan su origen en operaciones aprobadas a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Serán igualmente recursos del Fondo, los importes depositados en las cuentas corrientes del FONPRODE, así como aquellos importes fiscalizados y depositados en Tesoro a nombre de FONPRODE con cargo a dotaciones presupuestarias de anteriores ejercicios, con independencia de su origen. Estos recursos podrán ser utilizados para atender cualquier compromiso, cuya aprobación con cargo al FONPRODE haya sido realizada de acuerdo con los procedimientos previstos en la normativa aplicable al Fondo. Cinco. La compensación anual al ICO establecida en el artículo 14 de la Ley 13/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, será efectuada con cargo a los recursos del propio FONPRODE, previa autorización por acuerdo del Consejo de Ministros, por los gastos en los que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomienda. Artículo 57. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). La dotación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a que se refiere la Disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, ascenderá, en el año 2015 a 15.000 miles de euros y se destinará a los fines previstos en el apartado Tres de dicha Disposición adicional. El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al Fondo por un importe de hasta 28.000 miles de euros a lo largo del año 2015. Sólo se podrán autorizar operaciones de carácter no reembolsable con los fondos provenientes de reintegros, y en la medida en que dichos importes sean retornados por las contrapartes del Fondo. En el resto de los casos, sólo se podrán autorizar operaciones de carácter reembolsable, así como aquellas operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del Fondo, o de otros gastos asociados a las operaciones formalizadas por el Fondo. Serán recursos adicionales a la dotación prevista para el FCAS los retornos procedentes de sus activos y que tengan su origen en operaciones aprobadas a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Serán igualmente recursos del FCAS, los importes depositados en las cuentas corrientes del Fondo. Estos recursos podrán ser utilizados para atender cualquier compromiso, cuya aprobación con cargo al FCAS haya sido realizada de acuerdo con los procedimientos previstos en la normativa aplicable al Fondo. El Gobierno informará a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, durante el primer semestre del año, de las operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros con cargo a este Fondo del año anterior. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. Artículo 58. Fondo para la Internacionalización de la empresa (FIEM). Uno. La dotación al Fondo para la Internacionalización de la Empresa ascenderá en el año 2015 a 238.087,60 miles de euros con cargo a la aplicación presupuestaria 27.09.431A.871 «Al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)», que se destinarán a los fines previstos en el artículo 4 de la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española. Dos. Se podrán autorizar operaciones con cargo al FIEM por un importe de hasta 500.000 miles de euros a lo largo del año 2015. Quedan expresamente excluidas de esta limitación las operaciones de refinanciación de créditos concedidos con anterioridad con cargo al Fondo que se lleven a cabo en cumplimiento de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales de renegociación de la deuda exterior de los países prestatarios, en los que España sea parte. El Consejo de Ministros podrá autorizar proyectos individuales de especial relevancia para la internacionalización atendiendo a su importe, acordando en su caso la imputación de parte del proyecto dentro del límite previsto en el párrafo primero, quedando los sucesivos importes del proyecto para imputación en ejercicios posteriores, dentro de los límites previstos en las correspondientes leyes de presupuestos anuales. Durante el año 2015 no se podrán autorizar con cargo al FIEM operaciones de carácter no reembolsable, quedando excluidas de esta limitación las operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del Fondo, que en cualquier caso ajustará su actividad de forma que no presente necesidad de financiación medida según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. Tres. Serán recursos adicionales a la dotación prevista para el FIEM, los retornos que tengan lugar durante el ejercicio económico 2015 y que tengan su origen en operaciones del FIEM o en operaciones aprobadas con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, a iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad. Cuatro. La compensación anual al ICO establecida en el artículo 11.4 de la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española, será efectuada con cargo a los recursos del propio FIEM, previa autorización por acuerdo del Consejo de Ministros, por los gastos en los que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomienda. Cinco. El Gobierno informará anualmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, y al Consejo Económico y Social, de las operaciones, proyectos y actividades autorizadas con cargo al FIEM, de sus objetivos y beneficiarios de la financiación, condiciones financieras y evaluaciones, así como sobre el desarrollo de las operaciones en curso a lo largo del período contemplado. La Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. Artículo 59. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial. Uno. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial como consecuencia de la gestión de sistema CARI. El Estado reembolsará durante el año 2015 al Instituto de Crédito Oficial tanto las cantidades que éste hubiera satisfecho a las instituciones financieras en pago de las operaciones de ajuste de intereses previstas en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, como los costes de gestión de dichas operaciones en que aquél haya incurrido. Para este propósito, la dotación para el año 2015 al sistema CARI (Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses), será la que figure en la aplicación presupuestaria 27.09.431A.444. En el caso de que existan saldos positivos del sistema a favor del Instituto de Crédito Oficial a 31 de diciembre del año 2015, una vez deducidos los costes de gestión en los que haya incurrido el ICO, éstos se ingresarán en Tesoro. Dentro del conjunto de operaciones de ajuste de intereses aprobadas a lo largo del ejercicio 2015, el importe de los créditos a la exportación a que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo, que podrán ser aprobados durante el año 2015, asciende a 480.000 miles de euros. Con la finalidad de optimizar la gestión financiera de las operaciones de ajuste recíproco de intereses, el Instituto de Crédito Oficial podrá, con cargo a los mismos ingresos y dotaciones señaladas en el párrafo anterior y conforme a sus Estatutos y normas de actuación, concertar por sí o a través de agentes financieros de intermediación, operaciones de intercambio financiero que tengan por objeto cubrir el riesgo que para el Tesoro pueda suponer la evolución de los tipos de interés, previo informe favorable de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y autorización de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad. Dos. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial como consecuencia de otras actividades: En los supuestos de intereses subvencionados por el Estado, en operaciones financieras instrumentadas a través del Instituto de Crédito Oficial, los acuerdos del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos incluirán información acerca de la reserva de créditos o de la forma de financiar el gasto que de ellos se derive. Artículo 60. Adquisición de acciones y participaciones de Organismos Financieros Multilaterales. Uno. Durante el año 2015 no se podrán realizar operaciones de adquisición de acciones y participaciones de Organismos Financieros Multilaterales o de aportaciones a fondos constituidos en los mismos con impacto en déficit público y financiadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 27.04.923O.895 y 27.06.923P.895 «De Organismos Financieros Multilaterales». Dos. A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional acompañarán a las propuestas de financiación con cargo a dichas aplicaciones presupuestarias un informe sobre su impacto en el déficit público, que será elaborado previa la correspondiente solicitud por la Intervención General de la Administración del Estado. TÍTULO VI Normas Tributarias CAPÍTULO I Impuestos Directos Sección 1.ª Impuesto sobre el Patrimonio Artículo 61. Impuesto sobre el Patrimonio durante 2015. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, que queda redactado de la siguiente forma: «Segundo. Con efectos desde 1 de enero de 2016, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio: Uno. Se modifica el artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 33. Bonificación general de la cuota íntegra. Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100 por ciento a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir.» Dos. Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38.» Sección 2.ª Impuestos locales Artículo 62. Coeficientes de actualización de valores catastrales del artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Uno. Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, quedan fijados para 2015 con arreglo al siguiente cuadro: Año de entrada en vigor ponencia valores Coeficiente de actualización 1984, 1985, 1986 y 1987 1,13 1988 1,12 1989 1,11 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 1,10 2003 1,06 2006 0,83 2007 0,78 2008 0,71 2009 0,78 Dos. Los coeficientes previstos en el apartado anterior se aplicarán en los siguientes términos: a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2014. b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2014, obtenidos de la aplicación de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se aplicará sobre dichos valores. c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus características conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones hubieran tenido efectividad, el coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido de base para la fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio. CAPÍTULO II Impuestos Indirectos Sección única. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados Artículo 63. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios. Con efectos de 1 de enero de 2015, la escala a que hace referencia el párrafo primero del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, será la siguiente: Escala Transmisiones directas – Euros Transmisiones transversales – Euros Rehabilitaciones y reconocimiento de títulos extranjeros – Euros 1.º Por cada título con grandeza 2.699 6.766 16.222 2.º Por cada grandeza sin título 1.930 4.837 11.581 3.º Por cada título sin grandeza 769 1.930 4.643 Artículo 64. Exención para los fondos de capital riesgo. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, el apartado 20.4 de la letra B del apartado I del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, queda redactado de la siguiente forma: «4. Los fondos de titulización hipotecaria, los fondos de titulización de activos financieros, y los fondos de capital riesgo estarán exentos de todas las operaciones sujetas a la modalidad de operaciones societarias.» CAPÍTULO III Otros Tributos Artículo 65. Tasas. Uno. Se elevan, a partir del 1 de enero de 2015, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año 2014, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas que hubieran sido creadas u objeto de actualización específica por normas dictadas en el año 2014. Igualmente, se exceptúa de lo previsto en el primer párrafo la cuantía de la tasa de regularización catastral prevista en la Disposición adicional tercera, apartado Ocho, letra d) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro. Dos. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinen por un porcentaje de la base o cuya base no se valore en unidades monetarias. Tres. Se mantienen para el año 2015 los tipos y cuantías fijas establecidos en el apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, en el importe exigible durante el año 2014, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.Cuatro de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Artículo 66. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en el apartado 3 del Anexo I de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (en adelante Ley General de Telecomunicaciones), ha de calcularse mediante la expresión: T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B (kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386 en donde: T =importe de la tasa anual en euros. N =número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) calculado como el producto de S x B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por ancho de banda reservado expresado en kHz. V =valor de la URR, determinado en función de los cinco coeficientes C, establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de conformidad con dicha Ley, será establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. F (C1, C2, C3, C4, C5) = esta función es el producto de los cinco coeficientes indicados anteriormente. En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectando a todo el territorio nacional, el valor de la superficie S a considerar para el cálculo de la tasa, es el de 505.990 kilómetros cuadrados. En los servicios de radiocomunicaciones que proceda, la superficie S a considerar podrá incluir, en su caso, la correspondiente al mar territorial español o espacio aéreo bajo jurisdicción española. El importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio público radioeléctrico se mantiene en 100 euros. Para fijar el valor de los coeficientes C1 a C5 en cada servicio de radiocomunicaciones, se ha tenido en cuenta el significado que les atribuye la Ley General de Telecomunicaciones y las normas reglamentarias que la desarrollan, a saber: 1.º Coeficiente C1: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas. Se valoran los siguientes conceptos: Número de frecuencias por concesión o autorización. Zona urbana o rural. Zona de servicio. 2.º Coeficiente C2: Tipo de servicio para el que se pretende utilizar y, en particular, si éste lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas en el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones. Se valoran los siguientes conceptos: Soporte a otras redes (infraestructura). Prestación a terceros. Autoprestación. Servicios de telefonía con derechos exclusivos. Servicios de radiodifusión. 3.º Coeficiente C3: Banda o subbanda del espectro. Se valoran los siguientes conceptos: Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la banda para el servicio solicitado). Previsiones de uso de la banda. Uso exclusivo o compartido de la subbanda. 4.º Coeficiente C4: Equipos y tecnología que se emplean. Se valoran los siguientes conceptos: Redes convencionales. Redes de asignación aleatoria. Modulación en radioenlaces. Diagrama de radiación. 5.º Coeficiente C5: Valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público reservado. Se valoran los siguientes conceptos: Experiencias no comerciales. Rentabilidad económica del servicio. Interés social de la banda. Usos derivados de la demanda de mercado. Densidad de población. Considerando los distintos factores que afectan a la determinación de la tasa, se han establecido diversas modalidades para cada servicio a cada una de las cuales se le asigna un código identificativo. A continuación se indican cuáles son los factores de ponderación de los distintos coeficientes, así como su posible margen de valoración respecto al valor de referencia. El valor de referencia se toma por defecto, y se aplica en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio o de la reserva efectuada, el coeficiente correspondiente no es de aplicación. Coeficiente C1: Mediante este coeficiente se tiene en cuenta el grado de ocupación de las distintas bandas de frecuencia para un determinado servicio. A estos efectos se ha hecho una tabulación en márgenes de frecuencia cuyos extremos inferiores y superior comprenden las bandas típicamente utilizadas en los respectivos servicios. También contempla este coeficiente la zona geográfica de utilización, distinguiendo generalmente entre zonas de elevado interés y alta utilización, las cuales se asimilan a los grandes municipios y zonas de bajo interés y escasa utilización como puedan ser los pequeños municipios y los entornos rurales. Se parte de un valor unitario o de referencia para las bandas menos congestionadas y en las zonas geográficas de escasa utilización, subiendo el coste relativo hasta un máximo de dos por estos conceptos para las bandas de frecuencia más demandadas y en zonas de alto interés o utilización. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores. 1 a 2 — Zona alta/baja utilización. + 25 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Demanda de la banda. Hasta + 20 % Concesiones y usuarios. Hasta + 30 % Coeficiente C2: Mediante este coeficiente se hace una distinción entre las redes de autoprestación y las que tienen por finalidad la prestación a terceros de un servicio de radiocomunicaciones con contraprestación económica. Dentro de estos últimos se ha tenido en cuenta, en su caso, la consideración de servicio público, tomándose en consideración en el valor de este coeficiente la bonificación por servicio público que se establece en el Anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones, que queda incluida en el valor que se establece para este parámetro. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores. 1 a 2 — Prestación a terceros/ autoprestación. Hasta + 10 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Coeficiente C3: Con el coeficiente C3 se consideran las posibles modalidades de otorgamiento de la reserva de dominio público radioeléctrico de una determinada frecuencia o subbanda de frecuencias, con carácter exclusivo o compartido con otros usuarios en una determinada zona geográfica. Estas posibilidades son de aplicación en el caso del servicio móvil. Para otros servicios la reserva de dominio público radioeléctrico ha de ser con carácter exclusivo por la naturaleza del mismo. Aquellas reservas solicitadas en bandas no adecuadas al servicio, en función de las tendencias de utilización y previsiones del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), se penalizan con una tasa más elevada, con el fin de favorecer la tendencia hacia la armonización de las utilizaciones radioeléctricas, lo cual se refleja en la valoración de este coeficiente. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores. 1 a 2 — Frecuencia exclusiva/compartida. Hasta + 75 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Idoneidad de la banda de frecuencia. Hasta + 60 % Coeficiente C4: Con este coeficiente es posible ponderar de una manera distinta las diferentes tecnologías o sistemas empleados, favoreciendo aquellas que hacen un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Así, por ejemplo, en redes móviles, se favorece la utilización de sistemas de asignación aleatoria de canal frente a los tradicionales de asignación fija. En el caso de radioenlaces, el tipo de modulación utilizado es un factor determinante a la hora de valorar la capacidad de transmisión de información por unidad de anchura de banda y esto se ha tenido en cuenta de manera general, considerando las tecnologías disponibles según la banda de frecuencias. En radiodifusión se han contemplado los nuevos sistemas de radiodifusión sonora, además de los clásicos analógicos. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia. 2 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores. 1 a 2 — Tecnología utilizada / tecnología de referencia. Hasta + 50 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Coeficiente C5: Este coeficiente considera los aspectos de relevancia social de un determinado servicio frente a otros servicios de similar naturaleza desde el punto de vista radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad del servicio prestado, gravando más por unidad de anchura de banda aquellos servicios de alto interés y rentabilidad frente a otros que, aun siendo similares desde el punto de vista radioeléctrico, ofrezcan una rentabilidad muy distinta y tengan diferente consideración desde el punto de vista de relevancia social. En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio, se ha considerado un factor determinante para fijar la tasa de una determinada reserva de dominio público radioeléctrico, la densidad de población dentro de la zona de servicio de la emisora considerada. Cuando la reserva de frecuencias se destine a la realización de emisiones de carácter experimental y sin contraprestación económica para el titular de la misma, ni otra finalidad que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías durante un período de tiempo limitado y definido, el valor del coeficiente C5 en estos casos será el 15 % del valor general. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores. > 0 — Rentabilidad económica. Hasta + 30 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Interés social servicio. Hasta −20 % Población. Hasta + 100 % Experiencias no comerciales. − 85 % Cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones: 1. Servicios móviles. 1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados. 1.2 Servicio móvil terrestre con cobertura nacional. 1.3 Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros). 1.4 Servicio móvil marítimo. 1.5 Servicio móvil aeronáutico. 1.6 Servicio móvil por satélite. 1.7 Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha. 1.8 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R). 2. Servicio fijo. 2.1 Servicio fijo punto a punto. 2.2 Servicio fijo punto a multipunto. 2.3 Servicio fijo por satélite. 3. Servicio de radiodifusión. 3.1 Radiodifusión sonora. 3.2 Televisión. 3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión. 4. Otros servicios. 4.1 Radionavegación. 4.2 Radiodeterminación. 4.3 Radiolocalización. 4.4 Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones espaciales y otros. 4.5 Servicios no contemplados en apartados anteriores. Teniendo en cuenta estos grupos de servicios radioeléctricos, las posibles bandas de frecuencias para la prestación del servicio y los cinco coeficientes con sus correspondientes conceptos o factores a considerar para calcular la tasa de diferentes reservas de dominio público radioeléctrico de un servicio dado, se obtienen las modalidades que se indican a continuación. 1. Servicios móviles. 1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados. Se incluyen en esta clasificación las reservas de dominio público radioeléctrico para redes del servicio móvil terrestre y otras modalidades como operaciones portuarias y de movimiento de barcos y los enlaces monocanales de banda estrecha. Los cinco coeficientes establecidos en el apartado 3.1 del Anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones obligan a distinguir en redes del servicio móvil terrestre, diversas modalidades, y evaluar diferenciadamente los criterios para fijar la tasa de una determinada reserva. En cada modalidad se han tabulado los márgenes de frecuencia que es preciso distinguir a efectos de calcular la tasa para tener en cuenta la ocupación relativa de las distintas bandas de frecuencia y otros aspectos contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones, como por ejemplo la idoneidad o no de una determinada banda de frecuencias para el servicio considerado. Dentro de estos márgenes de frecuencia, únicamente se otorgarán reservas de dominio público radioeléctrico en las bandas de frecuencias reservadas en el CNAF al servicio considerado. Con carácter general, para redes del servicio móvil se aplica, a efectos de calcular la tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización, siempre que la cobertura de la red comprenda, total o parcialmente, municipios con más de 50.000 habitantes. Para redes con frecuencias en diferentes bandas el concepto de zona geográfica se aplicará de forma independiente para cada una de ellas. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.1.9, para las modalidades incluidas en este epígrafe, el ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas. 1.1.1 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de baja utilización/autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,2 1,25 1 1,3 0,4707 1111 100-200 MHz 1,7 1,25 1 1,3 0,5395 1112 200-400 MHz 1,6 1,25 1,1 1,3 0,4937 1113 400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,2 1,3 0,5049 1114 1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,1 1,3 0,4590 1115 > 3.000 MHz 1 1,25 1,2 1,3 0,4590 1116 1.1.2 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de alta utilización/autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,25 1 1,3 0,4707 1121 100-200 MHz 2 1,25 1 1,3 0,5395 1122 200-400 MHz 1,8 1,25 1,1 1,3 0,4937 1123 400-1.000 MHz 1,7 1,25 1,2 1,3 0,5049 1124 1.000-3.000 MHz 1,25 1,25 1,1 1,3 0,4590 1125 > 3.000 MHz 1,15 1,25 1,2 1,3 0,4590 1126 1.1.3 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,2 1,25 1,5 1,3 0,4707 1131 100-200 MHz 1,7 1,25 1,5 1,3 0,5395 1132 200-400 MHz 1,6 1,25 1,65 1,3 0,4937 1133 400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,8 1,3 0,5049 1134 1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,65 1,3 0,4590 1135 > 3.000 MHz 1 1,25 1,8 1,3 0,4590 1136 1.1.4 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,25 1,5 1,3 0,4707 1141 100-200 MHz 2 1,25 1,5 1,3 0,5395 1142 200-400 MHz 1,8 1,25 1,65 1,3 0,4937 1143 400-1.000 MHz 1,7 1,25 1,8 1,3 0,5049 1144 1.000-3.000 MHz 1,25 1,25 1,65 1,3 0,4590 1145 > 3.000 MHz 1,15 1,25 1,8 1,3 0,4590 1146 1.1.5 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros. La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,375 1,5 1,3 0,4707 1151 100-200 MHz 2 1,375 1,5 1,3 0,5395 1152 200-400 MHz 1,8 1,375 1,65 1,3 0,4937 1153 400-1.000 MHz 1,7 1,375 1,8 1,3 0,5049 1154 1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 1,65 1,3 0,4590 1155 > 3.000 MHz 1,15 1,375 1,8 1,3 0,4590 1156 1.1.6 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,1 1,25 2 1 0,1491 1161 100-200 MHz 1,6 1,25 2 1 0,21468 1162 200-400 MHz 1,7 1,25 2 1 0,1491 1163 400-1.000 MHz 1,4 1,25 2 1 0,1640 1164 1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 2 1 0,1491 1165 > 3.000 MHz 1 1,25 2 1 0,1491 1166 1.1.7 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1171 100-200 MHz 1,6 1,375 2 1 0,1491 1172 200-400 MHz 1,7 1,375 2 1 0,1097 1173 400-1.000 MHz 1,4 1,375 2 1 0,1491 1174 1.000-3.000 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1175 > 3.000 MHz 1 1,375 2 1 0,1491 1176 1.1.8 Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros). La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 50 MHz 1 2 1 2 19,5147 1181 50 - 174 MHz 1 2 1 1,5 0,3444 1182 > 174 MHz 1 2 1,3 1 0,3444 1183 1.1.9 Dispositivos de corto alcance: Telemandos, alarmas, datos, etc./cualquier zona. Se incluyen en este apartado los sistemas de corto alcance siempre que el radio de servicio de la red no sea mayor que 3 kilómetros. La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio. Para redes de mayor cobertura se aplicará la modalidad correspondiente entre el resto de servicios móviles o servicio fijo en función de la naturaleza del servicio y características propias de la red. El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización en los casos que sea de aplicación por el número de frecuencias utilizadas. Si en virtud de las características técnicas de la emisión no es aplicable ninguna canalización entre las indicadas se tomará el ancho de banda de la denominación de la emisión o, en su defecto, se aplicará la totalidad de la correspondiente banda de frecuencias destinada en el CNAF para estas aplicaciones. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 50 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1191 50-174 MHz 2 1,25 1,5 1 19,5147 1192 406-470 MHz 2 1,25 1,5 1 19,5147 1193 862-870 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1194 > 1.000 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1195 1.2 Servicio móvil terrestre de cobertura nacional. El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas. 1.2.1 Servicio móvil asignación fija/redes de cobertura nacional. La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,375 2 1,25 14,09 10 -3 1211 100-200 MHz 1,6 1,375 2 1,25 14,09 10 -3 1212 200-400 MHz 1,44 1,375 2 1,25 14,09 10 -3 1213 400-1.000 MHz 1,36 1,375 2 1,25 14,09 10 -3 1214 1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 2 1,25 14,09 10 -3 1215 > 3.000 MHz 1,15 1,375 2 1,25 14,09 10 -3 1216 1.2.2 Servicio móvil asignación aleatoria/redes de cobertura nacional. La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,1 1,375 2 1 0,164010 1221 100-200 MHz 1,6 1,375 2 1 0,236148 1222 200-400 MHz 1,7 1,375 2 1 0,164010 1223 400-1.000 MHz 1,4 1,375 2 1 0,164010 1224 1.000-3.000 MHz 1,1 1,375 2 1 0,164010 1225 > 3.000 MHz 1 1,375 2 1 0,164010 1226 1.3 Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros). 1.3.1 Sistemas terrestres de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros). La superficie S y el ancho de banda B a considerar serán los que figuren en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Bandas 790 a 821 MHz, 832 a 862 MHz, 880 a 915 MHz y 925 a 960 MHz 2 2 1 1,8 3,543 10 -2 1321 Bandas 1710 a 1785 MHz y1805 a 1880 MHz 2 2 1 1,6 3,190 10 -2 1331 Bandas 1900 a 1980, 2010 a 2025 y 2110 a 2170 MHz 2 2 1 1,5 4,251 10 -2 1351 Banda de 2500 a 2690 MHz 2 2 1 1,5 9,182 10 -3 K 1381 En la banda de 2500 a 2690 MHz, para las concesiones de ámbito autonómico otorgadas por un procedimiento de licitación, en aquellas Comunidades Autónomas con bajos niveles de población, el coeficiente C5 se pondera con un factor K función de la población. Los valores puntuales del coeficiente K y las Comunidades Autónomas afectadas son las siguientes: Castilla-La Mancha, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Castilla y León, K=0,293; Aragón, K=0,304; Navarra, K=0,66 y La Rioja, K=0,688. 1.3.2 Servicios de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves (prestación a terceros). La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 aeronaves o fracción. El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la tecnología utilizada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1,4 2 1 1 1,20 1371 1.3.3 Servicios de comunicaciones móviles a bordo de buques (prestación a terceros). La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 buques o fracción. El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la tecnología utilizada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1,4 2 1 1 1,40 1391 1.4 Servicio móvil marítimo. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 30 MHz 1 1,25 1,25 1 0,1318 1411 f ≥ 30 MHz 1,3 1,25 1,25 1 0,9730 1412 1.5 Servicio móvil aeronáutico. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. El ancho de banda a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 30 MHz 1 1,25 1,25 1 0,1146 1511 f ≥ 30 MHz 1,3 1,25 1,25 1 0,1146 1512 1.6 Servicio móvil por satélite. La superficie S a considerar será la correspondiente al área de la zona de servicio autorizada del sistema o de la estación de que se trate, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados. El ancho de banda B a tener en cuenta será la suma de la anchura de banda reservada al sistema para cada frecuencia, computándose tanto el enlace ascendente como el descendente. 1.6.1 Servicio móvil terrestre por satélite. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1,25 1 1 1,950 10 -3 1611 1.6.2 Servicio móvil aeronáutico por satélite. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Banda 10-15 GHz 1 1 1 1 0,865 10 -5 1621 Banda 1500-1700 MHz 1 1 1 1 7,852 10 -5 1622 1.6.3 Servicio móvil marítimo por satélite. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Banda 1500-1700 MHz 1 1 1 1 2,453 10 -4 1631 1.6.4 Sistemas de comunicaciones electrónicas por satélite incluyendo, en su caso, componente terrenal subordinada (prestación a terceros). Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas integrados de móvil por satélite incluyendo, en su caso, una red terrenal subordinada que utiliza las mismas frecuencias acordes con la Decisión 2008/626/CE. La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional. El ancho de banda B a considerar será el que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Bandas 1980 a 2010 MHz y 2170 a 2200 MHz 1 1,25 1 1 0,65 10 -3 1641 1.7 Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas terrenales de comunicaciones móviles, que funcionen en bandas de frecuencia distintas de las especificadas en el epígrafe 1.3.1 y que utilicen canales radioeléctricos con anchos de banda de transmisión superiores a 1 MHz y radios de la zona de servicio superiores a 3 kilómetros. La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 100 kilómetros cuadrados. El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,375 1,5 1 9,6 1711 100-200 MHz 2 1,375 1,5 1 11 1712 200-400 MHz 1,8 1,375 1,6 1 11 1713 400-1.000 MHz 1,7 1,375 1,8 1 9,2 1714 1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 1,6 1 9 1715 > 3.000 MHz 1,15 1,375 1,6 1 9 1716 1.8 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R). La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de todos los trayectos viarios para los que se efectúa la reserva de las frecuencias, expresados en kilómetros, por una anchura de diez kilómetros. El ancho de banda B a tener en cuenta será el ancho de banda total que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 CNAF UN 40 2 2 1 1,8 0,02812 1361 2. Servicio fijo. Se incluyen en este apartado, además de las reservas puntuales de frecuencias para las diferentes modalidades del servicio, las denominadas reservas de banda en las que la reserva alcanza a porciones de espectro que permiten la utilización de diversos canales radioeléctricos de forma simultánea por el operador en una misma zona geográfica. Las reservas de banda están justificadas, exclusivamente, en casos de despliegues masivos de infraestructuras radioeléctricas por un operador, para redes de comunicaciones electrónicas de prestación de servicios a terceros o, transportes de señal de servicios audiovisuales, en aquellas zonas geográficas en las que por necesidades de concentración de tráfico se precise disponer de grupos de canales radioeléctricamente compatibles entre sí. 2.1 Servicio fijo punto a punto. Con carácter general, se aplicará la modalidad de zona geográfica de alta utilización en aquellos vanos, individuales o que forman parte de una red radioeléctrica extensa, en los que alguna de las estaciones extremo del vano se encuentra ubicada en algún municipio de más de 250.000 habitantes o el haz principal del radioenlace del vano atraviese la vertical de dicha zona. Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y si este valor nominal coincide con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que resulte una menor cuantía de la tasa. 2.1.1 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación. El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las características de dicho vano. La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud en kilómetros por una anchura de un kilómetro. El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa individual. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 0,29938 2111 1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,45 1,2 0,23429 2112 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,21971 2113 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,19770 2114 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,19770 2115 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,04483 2116 2.1.2 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación. El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las características de dicho vano. La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud en kilómetros por una anchura de un kilómetro. El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa individual. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,6 1 1,3 1,25 0,24731 2121 1.000-3.000 MHz 1,55 1 1,45 1,2 0,24731 2122 3.000-10.000 MHz 1,55 1 1,15 1,15 0,23192 2123 10-24 GHz 1,5 1 1,1 1,15 0,20868 2124 24-39,5 GHz 1,3 1 1,05 1,1 0,20868 2125 > 39,5 GHz 1,2 1 1 1 0,04732 2126 2.1.3 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/prestación a terceros. El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las características de dicho vano. La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud en kilómetros por una anchura de un kilómetro. El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa individual. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1,03 1,3 1,25 0,21222 2151 1.000-3.000 MHz 1,25 1,03 1,7 1,2 0,21222 2152 3.000-10.000 MHz 1,25 1,03 1,15 1,15 0,19908 2153 10-24 GHz 1,2 1,03 1,1 1,15 0,17912 2154 24-39,5 GHz 1,1 1,03 1,05 1,1 0,17912 2155 > 39,5 GHz 1 1,03 1 1 0,04076 2156 2.1.4 Servicio fijo punto a punto/reservas de banda en todo el territorio nacional. A efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de banda reservado, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 2,430 10 -3 2161 1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,2 1,2 2,430 10 -3 2162 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 2,430 10 -3 2163 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 2,430 10 -3 2164 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 2,430 10 -3 2165 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,595 10 -3 2166 2.1.5 Servicio fijo punto a punto/reservas de banda de ámbito provincial o multiprovincial. Este apartado es de aplicación a las reservas de banda para una o más provincias con un límite máximo de zona de cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados. A efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de banda reservado, sobre la superficie de la zona de servicio, independientemente de la reutilización efectuada de toda o parte de las frecuencias asignadas. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 F < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 4,627 10 -3 2181 1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,2 1,2 4,627 10 -3 2182 3-10 GHz 1,25 1 1,15 1,15 4,627 10 -3 2183 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 4,627 10 -3 2184 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 4,627 10 -3 2185 > 39,5 GHz 1 1 1 1 1,157 10 -3 2186 2.2 Servicio fijo punto a multipunto. Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y, si este valor nominal coincidiera con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que resulte una menor cuantía de la tasa. 2.2.1 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación. La superficie S a considerar será la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,5 1 1,3 1,25 0,07971 2211 1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,05540 2212 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,03264 2213 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,04896 2214 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,04896 2215 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,00799 2216 2.2.2 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros. La superficie S a considerar es la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, con la excepción de las reservas código de modalidad 2235 para las que se establece una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 80 kilómetros cuadrados. El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,5 1 1,3 1,25 0,0505 2231 1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,0428 2232 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,0253 2233 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,0377 2234 24-39,5 GHz 1,38 1 1,05 1,1 0,0377 2235 > 39,5-105 GHz 1 1 1 1 0,0062 2236 2.2.3 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional. El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico sobre la superficie S correspondiente a todo el territorio nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 2,649 10 -3 2241 1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 2,649 10 -3 2242 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 2,649 10 -3 2243 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 2,649 10 -3 2244 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 2,649 10 -3 2245 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,649 10 -3 2246 2.2.4 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda de ámbito provincial o multiprovincial. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para una o más provincias con un límite máximo de zona de servicio de 250.000 kilómetros cuadrados. El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico sobre la superficie cubierta, independientemente de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 0,27243 2251 1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,27243 2252 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,27243 2253 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,27243 2254 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 0,27243 2255 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,06809 2256 2.3 Servicio fijo por satélite. La superficie S a considerar será la correspondiente a la de la zona de servicio que, en general o en caso de no especificarse otra, corresponderá con la superficie de todo el territorio nacional. En cualquier caso, a efectos de cálculo, serán de aplicación las superficies mínimas que a continuación se especifican para los distintos epígrafes. El ancho de banda a considerar para cada frecuencia será el especificado en la denominación de la emisión, computándose tanto el ancho de banda del enlace ascendente como el ancho de banda del enlace descendente, cada uno con sus superficies respectivas; se exceptúan los enlaces de conexión de radiodifusión que, por tratarse de un enlace únicamente ascendente, solo se computará el ancho de banda del mismo. 2.3.1 Servicio fijo por satélite punto a punto, incluyendo enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite (punto a multipunto). En los enlaces punto a punto, tanto para el enlace ascendente como para el descendente, se considerará una superficie S de 31.416 kilómetros cuadrados. En esta categoría se consideran incluidos los enlaces de contribución de radiodifusión punto a punto. En los enlaces de contribución punto a multipunto se considerará una superficie S de 31.416 kilómetros cuadrados para el enlace ascendente y para el enlace descendente se considerará el área de la zona de servicio que, en general, corresponderá con la superficie de todo el territorio nacional, estableciéndose en cualquier caso una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,950 10 -4 2311 3-17 GHz 1,25 1,25 1,15 1,15 1,950 10 -4 2312 > 17 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 0,360 10 -4 2315 2.3.2 Enlaces de conexión del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite. Para los enlaces de conexión (enlace ascendente) del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite, se considerará una superficie S, a efectos de cálculo, de 31.416 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,7207 10 -4 2321 3-30 GHz 1,25 1,25 1,50 1,20 1,7207 10 -4 2322 > 30 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 1,7207 10 -4 2324 2.3.3 Servicios tipo VSAT (redes de datos por satélite) y SNG (enlaces transportables de reportajes por satélite). Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose una superficie mínima a efectos de cálculo, de 10.000 kilómetros cuadrados. En el caso de los enlaces SNG se considerará una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. En todos los casos anteriores, la superficie se tomará tanto en transmisión como en recepción y todo ello independientemente del número de estaciones transmisoras y receptoras. Este apartado también es de aplicación a los casos de utilización de frecuencias del servicio fijo por satélite por estaciones móviles a bordo de buques y aeronaves, en espacios bajo jurisdicción española. A estos efectos se considerará una superficie máxima de 120.000 km2 y el coeficiente C5 que corresponda se multiplicará por 0,35. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,7207 10 -4 2331 3-17 GHz 1,25 1,25 1,50 1,20 1,7207 10 -4 2332 > 17 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 4,21 10 -4 2334 3. Servicio de radiodifusión. Las consideraciones siguientes son de aplicación al servicio de radiodifusión, tanto en su modalidad de radiodifusión sonora como de televisión. La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio. Por lo tanto, en los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional, la superficie de la zona de servicio será la superficie del territorio nacional y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura. Igualmente, en los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que tienen por objeto la cobertura autonómica, la superficie de la zona de servicio será la superficie del territorio autonómico correspondiente y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura. En los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional o cualquiera de las coberturas autonómicas, la anchura de banda B a aplicar será la correspondiente al tipo de servicio de que se trate e igual a la que se aplicaría a una estación del servicio considerada individualmente. En las modalidades de servicio para las que se califica la zona geográfica, se considera que se trata de una zona de alto interés y rentabilidad cuando la zona de servicio incluya alguna capital de provincia o autonómica u otras localidades con más de 50.000 habitantes. En el servicio de radiodifusión, el coeficiente C5 se pondera con un factor k, función de la densidad de población, obtenida en base al censo de población en vigor, en la zona de servicio, de acuerdo con la siguiente tabla: Densidad de población Factor k Hasta 100 habitantes/km2 0,015 Superior a 100 hb/km2 y hasta 250 hb/km2 0,05 Superior a 250 hb/ km2 y hasta 500 hb/km2 0,085 Superior a 500 hb/ km2 y hasta 1.000 hb/km2 0,12 Superior a 1.000 hb/ km2 y hasta 2.000 hb/km2 0,155 Superior a 2.000 hb/ km2 y hasta 4.000 hb/km2 0,19 Superior a 4.000 hb/ km2 y hasta 6.000 hb/km2 0,225 Superior a 6.000 hb/ km2 y hasta 8.000 hb/km2 0,45 Superior a 8.000 hb/ km2 y hasta 10.000 hb/km2 0,675 Superior a 10.000 hb/ km2 y hasta 12.000 hb/km2 0,9 Superior a 12.000 hb/km2 1,125 Las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión serán, en cualquier caso, las especificadas en el CNAF; sin embargo, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá autorizar usos de carácter temporal o experimental diferentes a los señalados en dicho cuadro que no causen perturbaciones a estaciones radioeléctricas legalmente autorizadas. Dichos usos, de carácter temporal o experimental, estarán igualmente gravados con una tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, cuyo importe se evaluará siguiendo los criterios generales del servicio al que se pueda asimilar o, en su caso, los criterios que correspondan a la banda de frecuencias reservada. Para el servicio de radiodifusión por satélite se considerarán únicamente los enlaces ascendentes desde el territorio nacional, que están tipificados como enlaces de conexión dentro del apartado 2.3.2 del servicio fijo por satélite. Los enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite, están igualmente tipificados como tales dentro del apartado 2.3.1 del servicio fijo por satélite. 3.1 Radiodifusión sonora. 3.1.1 Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media: La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 148,5 a 283,5 kHz 1 1 1 1,25 650,912 k 3111 526,5 a 1.606,5 kHz 1 1 1,5 1,25 650,912 k 3112 3.1.2 Radiodifusión sonora de onda corta. Se considerará la superficie S correspondiente a la superficie del territorio nacional y la densidad de población correspondiente a la densidad de población nacional. La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 3 a 30 MHz según CNAF. 1 1 1 1,25 325,453 k 3121 3.1.3 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencias en zonas de alto interés y rentabilidad. La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas estereofónicos y 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 87,5 a 108 MHz 1,25 1 1,5 1,25 13,066 k 3131 3.1.4 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en otras zonas. La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas estereofónicos y de 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 87,5 a 108 MHz 1 1 1,5 1,25 13,066 k 3141 3.1.5 Radiodifusión sonora digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad. La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 195 a 223 MHz 1,25 1 1,5 1 0,3756 k 3151 1.452 a 1.492 MHz 1,25 1 1 1 0,3756 k 3152 3.1.6 Radiodifusión sonora digital terrenal en otras zonas. La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 195 a 223 MHz 1 1 1,5 1 0,3756 k 3161 1.452 a 1.492 MHz 1 1 1 1 0,3756 k 3162 3.2 Televisión. La superficie S será en todos los casos la correspondiente a la zona de servicio. 3.2.1 Televisión digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y autonómico. La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 470 a 862 MHz 1,25 1 1,3 1 0,7023 k 3231 3.2.2 Televisión digital terrenal en otras zonas. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y autonómico. La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 470 a 862 MHz 1 1 1,3 1 0,7023 k 3241 3.2.3 Televisión digital terrenal de ámbito local en zonas de alto interés y rentabilidad. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local. La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 470 a 862 MHz 1,25 1 1,3 1 0,3512 k 3251 3.2.4 Televisión digital terrenal de ámbito local en otras zonas. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local. La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 470 a 862 MHz 1 1 1,3 1 0,3512 k 3261 3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión. 3.3.1 Enlaces móviles de fonía para reportajes y transmisión de eventos radiofónicos. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 100 kilómetros cuadrados. La anchura de banda B computable es la correspondiente al canal utilizado. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 2 0,8017 3311 3.3.2 Enlaces de transporte de programas de radiodifusión sonora entre estudios y emisoras. La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de todos los vanos por una anchura de un kilómetro, estableciéndose una superficie mínima de 10 kilómetros cuadrados. La anchura de banda B es la correspondiente al canal utilizado. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 CNAF UN 111 1,25 1 1,25 2 5,72 3321 CNAF UN 47 1,15 1 1,10 1,90 5,72 3322 CNAF UN 88 1,05 1 0,75 1,60 5,72 3323 CNAF UNs 105 y 106 1,5 1 1,3 2 5,72 3324 3.3.3 Enlaces móviles de televisión (ENG). Se establece, a efectos de cálculo, una superficie de 10 kilómetros cuadrados por cada reserva de frecuencias, independientemente del número de equipos funcionando en la misma frecuencia y uso en cualquier punto del territorio nacional. La anchura de banda B a considerar será la correspondiente al canal utilizado. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1,25 1 1,25 2 0,7177 3331 4. Otros Servicios. 4.1 Servicio de radionavegación. La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado. El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,0100 4111 4.2 Servicio de radiodeterminación. La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado. El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,0602 4211 4.3 Servicio de radiolocalización. La superficie S a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado. El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,03090 4311 4.4 Servicios por satélite, tales como operaciones espaciales, exploración de la tierra por satélite y otros. La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 31.416 kilómetros cuadrados, tanto en transmisión como en recepción. El ancho de banda B a considerar, tanto en transmisión como en recepción, será el exigido por el sistema solicitado en cada caso. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Operaciones espaciales (Telemando, telemedida y seguimiento) 1 1 1 1 1,977 10 -4 4412 Exploración de la Tierra por satélite 1 1 1 1 0,7973 10 -4 4413 Otros servicios espaciales 1 1 1 1 3,904 10 -4 4411 5. Servicios no contemplados en apartados anteriores. Para los servicios y sistemas que puedan presentarse y no sean contemplados en los apartados anteriores o a los que razonablemente no se les puedan aplicar las reglas anteriores, se fijará la tasa en cada caso en función de los siguientes criterios: – Comparación con alguno de los servicios citados anteriormente con características técnicas parecidas. – Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria. – Superficie cubierta por la reserva efectuada. – Importe de la tasa devengada por sistemas que, bajo tecnologías diferentes, resulten similares en cuanto a los servicios que prestan. Dos. Las disposiciones reglamentarias reguladoras de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico conservarán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo previsto en el presente artículo. Artículo 67. Tasa de aproximación. Con efectos 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida se modifican los apartados cinco, seis y siete, del artículo 22 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el que se regula la tasa de aproximación, que pasarán a tener la siguiente redacción: «Cinco. El importe de la presente tasa de aproximación exigible a una aeronave en un aeropuerto será igual al producto de la tasa unitaria establecida para dicho aeropuerto por las unidades de servicio de aproximación de dicha aeronave. A estos efectos y sin perjuicio de la posibilidad de financiar parte de los costes de los servicios de navegación aérea con cargo a otras fuentes de financiación, la tasa unitaria se calculará dividiendo los costes de los servicios de navegación aérea de aproximación previstos y el número de unidades de servicio de aproximación para el año correspondiente. Los costes previstos incluirán el saldo resultante de la recuperación por exceso o defecto de los años anteriores. Las unidades de servicio de aproximación serán igual al factor «peso» de la aeronave considerada. El factor «peso», expresado en una cifra con dos decimales, será igual al cociente obtenido dividiendo por cincuenta la cifra correspondiente al peso máximo certificado de despegue más elevado de la aeronave, expresado en toneladas métricas, elevado al exponente 0,7. El peso máximo certificado de despegue de la aeronave, expresado en toneladas métricas, será el que figura en el certificado de aeronavegabilidad o en otro documento oficial equivalente proporcionado por el operador de la aeronave. Cuando no se conozca el peso, se utilizará el peso de la aeronave más pesada que se conozca del mismo tipo. Si una aeronave cuenta con varios pesos máximos certificados de despegue, se escogerá el máximo. Si un operador de aeronaves trabaja con dos o más aeronaves que son diferentes versiones del mismo tipo, se utilizará para todas ellas el promedio de los pesos máximos certificados de despegue de todas las aeronaves del mismo tipo. El cálculo del factor peso por tipo de aeronave y por operador se efectuará, al menos, una vez al año. El cálculo e imputación de costes se realizará conforme establece el Reglamento de la Comisión n.º 391/2013, de 3 de mayo, por el que se establece un sistema común de tarificación de los servicios de navegación aérea.» «Seis. La tasa unitaria por zona de tarificación se fijará anualmente por el Ministerio de Fomento para cada aeropuerto. Con carácter previo a la determinación de la tasa, el prestador de los servicios de aproximación llevará a cabo el trámite de consulta previsto en el artículo 9 del Reglamento (CE) 391/2013, de la Comisión, de 3 de mayo.» «Siete. Las tasas aplicables a partir del 1 de enero de 2015 serán: Los aeropuertos de Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid/Barajas, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife/Norte, Tenerife/Sur y Valencia: 18,72 euros. Los aeropuertos de Santiago, Almería, Asturias, Girona, Granada, Jerez, A Coruña, La Palma, Reus y Vigo: 16,84 euros. Los aeropuertos de Santander, Zaragoza, Madrid/Cuatro Vientos, Melilla, Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Badajoz, Murcia/San Javier, Valladolid, Salamanca, Sabadell y el resto de los aeropuertos a los que AENA preste servicios de navegación aérea de aproximación: 14,04 euros. La presente clasificación podrá ser modificada por el Ministerio de Fomento en función del tráfico que los mismos soporten.» Artículo 68. Bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía. Las bonificaciones previstas en los artículos 182 y 245 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar en 2015 por las Autoridades Portuarias a las tasas de ocupación, del buque, de la mercancía y del pasaje y, en su caso, sus condiciones de aplicación, serán las indicadas en el Anexo XII de esta Ley. Artículo 69. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general. Los coeficientes correctores previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas del buque, de la mercancía y del pasaje, serán los indicados en el siguiente cuadro: AUTORIDAD PORTUARIA Tasa Buque Tasa Mercancía Tasa Pasaje A Coruña 1,30 1,30 1,00 Alicante 1,20 1,25 1,10 Almería 1,26 1,24 1,26 Avilés 1,25 1,05 1,00 Bahía de Algeciras 0,95 0,95 0,95 Bahía de Cádiz 1,18 1,18 1,10 Baleares 1,00 0,90 0,70 Barcelona 1,00 1,00 1,00 Bilbao 1,05 1,05 1,05 Cartagena 0,95 0,96 0,80 Castellón 1,05 1,15 1,05 Ceuta 1,30 1,30 1,30 Ferrol-San Cibrao 1,10 0,95 0,80 Gijón 1,25 1,20 1,10 Huelva 1,00 0,95 0,70 Las Palmas 1,20 1,30 1,30 Málaga 1,20 1,25 1,25 Marín y Ría de Pontevedra 1,10 1,15 1,00 Melilla 1,30 1,30 1,30 Motril 1,30 1,30 1,15 Pasajes 1,25 1,15 0,95 Santa Cruz de Tenerife 1,20 1,30 1,30 Santander 1,05 1,05 1,05 Sevilla 1,18 1,18 1,10 Tarragona 1,00 1,00 0,70 Valencia 1,20 1,20 1,00 Vigo 1,10 1,20 1,00 Vilagarcía 1,25 1,15 1,00 Artículo 70. Revisión de las tasas aplicables al sistema portuario de interés general. De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional vigésima segunda del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, las cuantías básicas de las tasas del buque, del pasaje, de la mercancía, de las embarcaciones deportivas y de recreo, de la tasa por utilización de la zona de tránsito y de la tarifa fija por los servicios de recepción de desechos generados por buques, establecidas en la citada norma, no son objeto de revisión. Asimismo, no se varían los valores de los terrenos y las aguas de los puertos, las cuotas íntegras de la tasa de ocupación, los tipos de gravamen de la tasa de actividad y las cuantías básicas de la tasa de ayudas a la navegación, de conformidad con lo establecido en los artículos 177, 178, 190 y 240, respectivamente, de la citada norma. Artículo 71. Prestaciones patrimoniales de carácter público. Con efectos 1 de marzo de 2015 y vigencia indefinida la cuantía de las prestaciones patrimoniales de carácter público de Aena, S.A. establecidas en el Título VI, Capítulos I y II de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, se mantendrán en los mismos niveles que las exigibles el 28 de febrero de 2015. TÍTULO VII De los Entes Territoriales CAPÍTULO I Entidades Locales Sección 1.ª Liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2013 Artículo 72. Régimen jurídico y saldos deudores. Uno. Una vez conocida la variación de los ingresos tributarios del Estado del año 2013 respecto de 2004, y los demás datos necesarios, se procederá al cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado, correspondiente al ejercicio 2013, en los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo además en cuenta las normas recogidas en los artículos 98 a 101, 103 y 104 y 106 a 109 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Dos. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el apartado anterior, en el componente de financiación que no corresponda a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades Locales afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en concepto de participación en los tributos del Estado definida en la Sección 3.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 5.ª de este Capítulo, se perciban con posterioridad a la mencionada liquidación, en un periodo máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la cuantía de las retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta situación. Tres. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el apartado Uno anterior, en el componente de financiación que corresponda a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades Locales afectadas mediante compensación con cargo a los posibles saldos acreedores que se deriven de la liquidación del componente correspondiente al concepto de participación en los tributos del Estado definida en la Sección 3.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 5.ª de este Capítulo. Los saldos deudores restantes después de aplicar la compensación anteriormente citada, serán reembolsados por las Entidades Locales mediante compensación en las entregas a cuenta que, por cada impuesto estatal incluido en aquella cesión, perciban, sin las limitaciones de porcentajes y plazos establecidos en el apartado anterior. Cuatro. Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el apartado Dos de este artículo fuera a favor del Estado, se reflejará como derecho en el Capítulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado. Cinco. El importe de la liquidación definitiva de las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas a favor de las Comunidades Autónomas uniprovinciales de Cantabria, Madrid y la Rioja podrán ser objeto de integración en las cuantías que les correspondan en aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, por acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios. Seis. Cuando las retenciones citadas en este artículo concurran con las reguladas en el artículo 98 tendrán carácter preferente frente a aquellas y no computarán para el cálculo de los porcentajes establecidos en el apartado Dos del citado artículo. Sección 2.ª Cesión a favor de los municipios de la recaudación de impuestos estatales en el año 2015 Artículo 73. Cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga en 2015 mediante doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIRPFm = 0,012561 x CL2012m x IA2015/2012 x 0,95 Siendo: – ECIRPFm: Importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del municipio m. – CL2012m: Cuota líquida estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el municipio m en el año 2012, último conocido. – IA2015/2012: Índice de actualización de la cuota líquida estatal entre el año 2012, último conocido, y el año 2015. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, para 2015, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2012, último del que se conocen las cuotas líquidas de los municipios. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada municipio, determinada en los términos del artículo 115 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la Disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 74. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo precedente participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIVAm = PCIVA* x RPIVA x ICPi x (Pm / Pi) x 0,95 Siendo: – PCIVA*: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre el Valor Añadido a favor de los municipios, que, para estas entregas a cuenta, será del 2,3266 por ciento. – ECIVAm: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión de la recaudación de Impuesto sobre el Valor Añadido prevista para el año 2015. – RPIVA: Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida que corresponde al Estado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2015. – ICPi: Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2015. A estos efectos se tendrá en cuenta el último dato disponible, que corresponde al utilizado para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2012. – Pm y Pi: Poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2015 y aprobado oficialmente por el Gobierno. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por IVA que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la Disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 75. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 73, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIIEE(h)m = PCIIEE* x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pm / Pi) x 0,95 Siendo: – PCIIEE*: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, que, para estas entregas a cuenta, será del 2,9220 por ciento. – ECIIEE(h)m: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2015. – RPIIEE(h): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida que corresponde al Estado del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2015. – ICPi(h): Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece el municipio m, elaborado, para el año 2015, a efectos de la asignación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2012. – Pm y Pi: Poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2015 y aprobado oficialmente por el Gobierno. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 117 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la Disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 76. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 73 participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El cálculo para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIIEE(k)m = PCIIEE* x RPIIEE(k) x IPm(k) x 0,95 Siendo: – PCIIEE*: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, que, para estas entregas a cuenta, será del 2,9220 por ciento. – ECIIEE(k)m: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2015. – RPIIEE(k): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida que corresponde al Estado del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2015. – IPm(k): Índice provisional, para el año 2015, referido al municipio m, de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, ponderadas ambas por los correspondientes tipos impositivos. A estos efectos se considerará índice provisional el que corresponda al último año disponible. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la Disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Sección 3.ª Participación de los municipios en los tributos del Estado Subsección 1.ª Participación de los municipios en el Fondo Complementario de Financiación Artículo 77. Determinación de las entregas a cuenta. Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada municipio incluido en el ámbito subjetivo del artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2015, se reconocerá con cargo al crédito específico consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M. Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado. Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financiación del año base 2004 multiplicado por el índice de evolución correspondiente según el artículo 121 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y teniendo en cuenta la Disposición adicional septuagésima sexta de la presente norma. Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior para cada municipio, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a) Definitiva, de la Disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2004. b) Adicional, regulada en la Disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2006. Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de Financiación para el ejercicio 2015 serán abonadas mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de las normas recogidas en los apartados anteriores. Artículo 78. Liquidación definitiva. Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación del año 2015 a favor de los municipios, se realizará con cargo al crédito que se dote en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 119 y 121 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dos. A la cuantía calculada para cada municipio en los términos del apartado anterior, se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a) Definitiva, de la Disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2004. b) Adicional, regulada en la Disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2006. Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre los importes de las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y de la participación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores. Subsección 2.ª Participación del resto de municipios Artículo 79. Participación de los municipios en los tributos del Estado para el ejercicio 2015. Uno. El importe total destinado a pagar las entregas a cuenta a los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será el equivalente al 95 por ciento de su participación total en los tributos del Estado para el año base 2004, multiplicado por el índice de evolución correspondiente según el artículo 123 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y teniendo en cuenta la Disposición adicional septuagésima sexta de la presente norma. Se reconocerá con cargo al crédito específico consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado. Dos. La práctica de la liquidación definitiva correspondiente al año 2015 a favor de los municipios antes citados se realizará con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 123 y 124 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con cargo al crédito que se dote en el Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, incluido en la Sección, Servicio y Programa citados en el apartado anterior. Tres. El importe total que resulte de la aplicación de las reglas contenidas en los apartados anteriores, se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios: a) Como regla general, cada ayuntamiento percibirá una cantidad igual a la resultante de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del año 2003, calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados Dos, Tres, Cuatro y Cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. b) El resto se distribuirá proporcionalmente a las diferencias positivas entre la cantidad que cada ayuntamiento obtendría de un reparto en función de las variables y porcentajes que a continuación se mencionan y las cantidades previstas en el párrafo anterior. A estos efectos, las variables y porcentajes a aplicar serán los siguientes: 1. El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón de la población municipal vigente a 31 de diciembre de 2015 y aprobado oficialmente por el Gobierno, ponderado por los siguientes coeficientes, según estratos de población: Estrato Número de habitantes Coeficientes 1 De más de 50.000 1,4 2 De 20.001 a 50.000 1,3 3 De 5.001 a 20.000 1,17 4 Hasta 5.000. 1 2. El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio en el ejercicio 2013 ponderado por el número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2015 y oficialmente aprobado por el Gobierno. A estos efectos, se considera esfuerzo fiscal municipal en el año 2013 el resultante de la aplicación de la fórmula siguiente: Efm = [∑ a(RcO/RPm)] x Pi En el desarrollo de esta fórmula se tendrán en cuenta los siguientes criterios: A) El factor a representa el peso medio relativo de cada tributo en relación con la recaudación líquida total obtenida en el ejercicio económico de 2013, durante el período voluntario, por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Económicas, excluidas las cantidades percibidas como consecuencia de la distribución de las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas y el recargo provincial atribuible a las respectivas Diputaciones Provinciales, y por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para todos los municipios integrados en esta forma de financiación. B) La relación RcO/RPm se calculará, para cada uno de los tributos citados en el párrafo precedente y en relación a cada municipio, de la siguiente manera: i.En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos o rústicos, multiplicando el factor a por el tipo impositivo real fijado por el Pleno de la Corporación para el período de referencia, dividido por 0,4 ó 0,3, respectivamente, que representan los tipos mínimos exigibles en cada caso y dividiéndolo a su vez por el tipo máximo potencialmente exigible en cada municipio. A estos efectos, se aplicarán los tipos de gravamen real y máximo, según lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El resultado así obtenido en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos se ponderará por la razón entre la base imponible media por habitante de cada Ayuntamiento y la base imponible media por habitante del estrato en el que se encuadre, incluyendo, en su caso, la que corresponda a los bienes inmuebles de características especiales. A estos efectos, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional novena del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y que, además, los tramos de población se identificarán con los utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la variable población. ii.En el Impuesto sobre Actividades Económicas, multiplicando el factor a por el importe del Padrón municipal del impuesto incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente de situación a que se refiere el artículo 87 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vigente en el período impositivo de 2013 y dividiéndolo por la suma de las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del impuesto, en relación con cada supuesto de sujeción al mismo, y ponderadas por los coeficientes recogidos en el artículo 86 de la misma norma. iii.En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, multiplicando el factor a por 1. iv.La suma ∑a(RcO/RPm) se multiplicará por el factor Pi, siendo éste su población de derecho deducida del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2015 y aprobado oficialmente por el Gobierno. C) El coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante, para cada municipio, en ningún caso podrá ser superior al quíntuplo del menor valor calculado del coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante de los ayuntamientos incluidos en el estrato de población superior a 50.000 habitantes. 3. El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria. Se entenderá como capacidad tributaria la resultante de la relación existente entre las bases imponibles medias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos por habitante de cada Ayuntamiento y la del estrato en el que este se encuadre, ponderada por la relación entre la población de derecho de cada municipio y la población total de los incluidos en esta modalidad de participación, deducidas del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2015 y aprobado oficialmente por el Gobierno. A estos efectos, los tramos de población se identificarán con los utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la variable población. Para el cálculo de esta variable se tendrán en cuenta los datos relativos a las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y de características especiales, de las entidades locales, correspondientes al ejercicio 2013. Cuatro. En la cuantía que resulte de la aplicación de las normas del apartado anterior, se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a) Definitiva, de la Disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2004. b) Adicional, regulada en la Disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2006. Cinco. La participación de los municipios turísticos se determinará con arreglo al apartado 4 del artículo 125 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y a lo dispuesto en los apartados Tres y Cuatro anteriores. A estos efectos se tendrán en cuenta los porcentajes de cesión recogidos en el artículo 76 de la presente norma. El importe de la cesión así calculada no podrá suponer, en ningún caso, minoración de la participación que resulte de la aplicación de los apartados Tres y Cuatro del presente artículo. Se considerarán municipios turísticos los que cumplan las condiciones recogidas en el apartado 1 del mencionado artículo 125, referidas a 1 de enero de 2015. Seis. Para los municipios turísticos resultantes de la revisión efectuada a 1 de enero de 2013, la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada para el año base 2004, a que hace referencia el artículo 125.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será el resultado de dividir la cesión de la recaudación líquida de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco correspondiente a cada municipio en el ejercicio 2015 por la evolución de los ingresos tributarios del Estado en este último respecto de 2004. Artículo 80. Entregas a cuenta. Uno. Las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para el ejercicio de 2015 a que se refiere el artículo anterior serán abonadas a los ayuntamientos mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del respectivo crédito. Dos. La participación individual de cada municipio se determinará de acuerdo con los criterios establecidos para la distribución de la liquidación definitiva, con las siguientes variaciones: a) Se empleará la población del Padrón municipal vigente y oficialmente aprobado por el Gobierno a 1 de enero del año 2015. Las variables esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad tributaria se referirán a los datos de la última liquidación definitiva practicada. En todo caso, se considerará como entrega mínima a cuenta de la participación en los tributos del Estado para cada municipio una cantidad igual al 95 por ciento de la participación total definitiva correspondiente al año 2003, calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados Dos, Tres, Cuatro y Cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. b) A la cuantía calculada según el párrafo anterior para cada municipio, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: 1. Definitiva, de la Disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2004. 2. Adicional, regulada en la Disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2006. Tres. La participación individual de cada municipio turístico se determinará de acuerdo con el apartado anterior. El importe resultante se reducirá en la cuantía de la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada en el año base 2004, incrementada en los mismos términos que la previsión de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto de 2004, sumándose al resultado anterior la cesión que, por aquellos impuestos, les correspondiese, en concepto de entregas a cuenta en 2015, aplicando las normas del apartado Uno del artículo 76 de esta Ley, sin que, en ningún caso, la cuantía a transferir sea inferior a la calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior. Sección 4.ª Cesión a favor de las provincias, Comunidades Autónomas uniprovinciales, Cabildos y Consejos insulares, de la recaudación de impuestos estatales Artículo 81. Cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga en 2015 mediante el pago de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El cálculo global de la cuantía de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIRPFp = 0,012561 x CL2012p x IA2015/2012 x 0,95 Siendo: – ECIRPFp: Importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la entidad provincial o asimilada p. – CL2012p: Cuota líquida estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la entidad provincial o asimilada p en el año 2012, último conocido. – IA2015/2012: Índice de actualización de la cuota líquida estatal entre el año 2012, último conocido, y el año 2015. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, para 2015, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2012, último del que se conocen las cuotas líquidas en el ámbito de la entidad provincial o asimilada. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada mediante transferencia por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada provincia o ente asimilado, determinada en los términos del artículo 137 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la Disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 82. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Las provincias y entes asimilados a los que se refiere el artículo precedente participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. La determinación, para cada una de aquellas entidades, de la cuantía global de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIVAp = PCIVA** x RPIVA x ICPi x (Pp/Pi) x 0,95 Siendo: – PCIVA**: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre el Valor Añadido a favor de las provincias y entes asimilados, que, para estas entregas a cuenta, será del 1,3699 por ciento. – ECIVAp: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o entidad asimilada p, en concepto de cesión de la recaudación de Impuesto sobre el Valor Añadido prevista en el año 2015. – RPIVA: Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida correspondiente al Estado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2015. – ICPi: Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2015. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2012. – Pp y Pi: Poblaciones de la provincia o ente asimilado p y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2015 y aprobado oficialmente por el Gobierno. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 138 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la Disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 83. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Las entidades incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El cálculo, para cada provincia o ente asimilado, de la cuantía global de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIIEE(h)p = PCIIEE** x RPIIEE(h) x ICPi (h) x (Pp / Pi) x 0,95 Siendo: – PCIIEE**: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas a favor de las provincias y entes asimilados, que, para estas entregas a cuenta, será del 1,7206 por ciento. – ECIIEE(h)p: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2015. – RPIIEE(h): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida correspondiente al Estado del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2015. – ICPi(h): Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece la provincia o entidad asimilada p, elaborado, para el año 2015 a efectos de la asignación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2012. – Pp y Pi: Poblaciones de la provincia o entidad asimilada p y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2015 y aprobado oficialmente por el Gobierno. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación del artículo 139 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la Disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 84. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El cálculo, para cada provincia o entidad asimilada, del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIIEE(k)p = PCIIEE** x RPIIEE(k) x IPp(k) x 0,95 Siendo: – PCIIEE**: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco a favor de las provincias y entes asimilados, que, para estas entregas a cuenta, será del 1,7206 por ciento. – ECIIEE(k)p: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2015. – RPIIEE(k): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida correspondiente al Estado del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2015. – IPp(k): Índice provisional, para el año 2015, referido a la provincia o ente asimilado p, de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, ponderadas ambas por los correspondientes tipos impositivos. A estos efectos se tendrán en cuenta datos correspondientes al último año disponible. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada entidad, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el artículo anterior, que resulte de la aplicación del artículo 139 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Sección 5.ª Participación de las provincias, comunidades autónomas uniprovinciales y consejos y cabildos insulares en los tributos del Estado Subsección 1.ª Participación en el Fondo Complementario de Financiación Artículo 85. Determinación de las entregas a cuenta. Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada provincia y entidad asimilada incluida en el ámbito subjetivo del vigente artículo 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2015, y teniendo en cuenta la Disposición adicional septuagésima sexta de la presente norma. Se reconocerá con cargo al crédito Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares. Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares, por su participación en los ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado, por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas, consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado. Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financiación del año 2004 aplicando el índice de evolución correspondiente según el artículo 121 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a) Definitiva, de la Disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2004. b) Adicional, regulada en la Disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2006. Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de Financiación para el ejercicio 2015 serán abonadas a las entidades locales a las que se refiere este artículo, mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de las normas recogidas en los apartados anteriores. Artículo 86. Liquidación definitiva. Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación del año 2015 a favor de las provincias y entidades asimiladas, se realizará con cargo al crédito que se dote en la Sección 36, Servicio 21, «Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales», Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 141 y 143 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dos. La cuantía anterior se incrementará, en su caso, en el importe de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a) Definitiva, de la Disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2004. b) Adicional, regulada en la Disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2015 respecto a 2006. El importe de la liquidación definitiva de las compensaciones anteriores a favor de las Comunidades Autónomas uniprovinciales de Cantabria, Madrid y La Rioja, podrán ser objeto de integración en las cuantías que les corresponden en aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, por acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios. Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre la suma de los importes de las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y de la participación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores. Subsección 2.ª Participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria Artículo 87. Determinación de las entregas a cuenta. Uno. Para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos Insulares se asigna, con cargo al crédito Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares. Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, la cantidad de 693,12 millones de euros en concepto de entregas a cuenta. Las entregas a cuenta de la participación en este fondo para el año 2015 serán abonadas a las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares, Cabildos y Consejos Insulares mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del crédito. La asignación para el mantenimiento de los centros sanitarios se realizará en proporción a las cuantías percibidas por este concepto en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2004, y se librará simultáneamente con las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de Financiación regulado en la Subsección anterior. Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las correspondientes Comunidades Autónomas, se asignará a dichas entidades las entregas a cuenta de la participación del ente transferidor del servicio, pudiendo ser objeto de integración en su participación en los tributos del Estado por acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios. Artículo 88. Liquidación definitiva. Uno. La práctica de la liquidación definitiva de la asignación del fondo de aportación a la asistencia sanitaria del año 2015, correspondiente a las Provincias, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares e Islas, se realizará con cargo al crédito que se dote en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 143 y 144 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tomando como base de cálculo las cuantías que, por este concepto, resultaron de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2004. Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las correspondientes Comunidades Autónomas, se procederá en la misma medida a asignar a dichas entidades la participación del ente transferidor del servicio en el citado fondo. Sección 6.ª Regímenes especiales Artículo 89. Participación de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra en los tributos del Estado. Uno. La participación de los municipios del País Vasco y de Navarra en los tributos del Estado se fijará con arreglo a las normas contenidas en la Subsección 2.ª, de la Sección 3.ª de este Capítulo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, respectivamente. Dos. La participación de las Diputaciones Forales del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra en los tributos del Estado se determinará según lo establecido en el artículo 146 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, respectivamente. Artículo 90. Participación de las entidades locales de las Islas Canarias en los tributos del Estado. Uno. La cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales a favor de los municipios de las Islas Canarias incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de los Cabildos Insulares, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 158 de esta última norma. Dos. La participación en el Fondo Complementario de Financiación de las entidades locales citadas en el apartado anterior se determinará con arreglo a lo dispuesto en la Subsección 1.ª, de la Sección 3.ª, y en la Subsección 1.ª, de la Sección 5.ª, de este Capítulo, teniendo en consideración lo dispuesto en el mencionado artículo 158 de aquella norma. Tres. La participación del resto de municipios de las Islas Canarias en los tributos del Estado se determinará mediante la aplicación de las normas contenidas en la Subsección 2.ª, de la Sección 3.ª, de este Capítulo y con arreglo a la misma proporción que los municipios de régimen común. Artículo 91. Participación de las Ciudades de Ceuta y de Melilla en los tributos del Estado. Uno. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a los municipios, participarán en los tributos del Estado con arreglo a las normas generales contenidas en este Capítulo. Dos. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a las provincias, participarán en los tributos del Estado según lo establecido en el artículo 146 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Sección 7.ª Compensaciones, subvenciones y ayudas Artículo 92. Subvenciones a las Entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano. Uno. Para dar cumplimiento a lo previsto en la Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Concepto 462 figura un crédito por importe de 51,05 millones de euros destinado a subvencionar el servicio de transporte colectivo urbano prestado por las Entidades locales que reúnan los requisitos que se especifican en el siguiente apartado. Dos. En la distribución del crédito podrán participar las Entidades locales que dispongan de un servicio de transporte público colectivo urbano interior, cualquiera que sea la forma de gestión, que cumplan los siguientes requisitos: a) Disponer de un Plan de Movilidad Sostenible, coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, según lo establecido en el artículo 102, «Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible», de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su redacción dada por la Disposición final trigésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que dice lo siguiente: «A partir del 1 de enero de 2014, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las Administraciones autonómicas o Entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.» b) Tener más de 50.000 habitantes de derecho, según el Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2014 y aprobado oficialmente por el Gobierno. c) Tener más de 20.000 habitantes de derecho, según las cifras de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2014 y aprobado oficialmente por el Gobierno, en los que concurran simultáneamente que el número de unidades urbanas censadas en el catastro inmobiliario urbano sea superior a 36.000 en la fecha señalada. d) Los municipios que, aun no reuniendo alguna de las condiciones recogidas en las letras b) y c) anteriores, sean capitales de provincia. e) Se exceptúan los municipios que, cumpliendo los requisitos anteriores, participen en un sistema de financiación alternativo del servicio de transporte público urbano interior, en el que aporte financiación la Administración General del Estado. Esta excepción será, en todo caso, de aplicación al ámbito territorial de las Islas Canarias, Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona. Tres. La dotación presupuestaria, una vez satisfechas las obligaciones de pago correspondientes a sentencias judiciales firmes del mismo concepto, se distribuirá conforme a los siguientes criterios, que se aplicarán con arreglo a los datos de gestión económica y financiera que se deduzcan del modelo al que se refiere el apartado Seis del presente artículo: A) El 5 por ciento del crédito en función de la longitud de la red municipal en trayecto de ida y expresada en kilómetros. Las líneas circulares que no tengan trayecto de ida y vuelta se computarán por la mitad. B) El 5 por ciento del crédito en función de la relación viajeros/habitantes de derecho de cada municipio ponderada por la razón del número de habitantes citado dividido por 50.000. La cifra de habitantes de derecho será la de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2014 y oficialmente aprobado por el Gobierno. C) El 5 por ciento del crédito en función de criterios medioambientales, para dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Medidas Urgentes para la Estrategia Española de cambio climático y energía limpia, que contempla la incorporación de criterios de eficiencia energética para la concesión de subvenciones al transporte público urbano. Esta medida, definida en el Plan de Activación de Ahorro y Eficiencia Energética ejecutado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del IDAE, consiste en establecer un mecanismo de valoración de la eficiencia energética aplicada a los sistemas de transporte público, que permita evaluar de forma homogénea los avances producidos, y tenerlos en cuenta para la distribución de estas ayudas. El porcentaje antes mencionado, se distribuirá en función de la puntuación obtenida en el cumplimiento de criterios medioambientales, referidos al ejercicio 2014, que serán los que figuran en el cuadro siguiente: Municipios gran población Resto de municipios Puntuación máxima Criterios Ratio cumplimiento Criterios Ratio cumplimiento Porcentaje autobuses urbanos GNC/GLP/BIOCOMBUSTIBLES > 20 % Porcentaje autobuses urbanos GNC/GLP/BIOCOMBUSTIBLES > 5 % 20 Incremento en el n.º total de viajeros respecto al año anterior. > 1 % Incremento en el n.º total de viajeros respecto al año anterior. SI/NO 15 Plazas-km ofertadas en transporte público: incremento con respecto a la media de los tres años anteriores > 1 % Plazas-km ofertadas en transporte público: incremento con respecto al año anterior SI/NO 15 Existencia de vehículos eléctricos o híbridos en la flota de autobuses SI/NO Existencia de vehículos eléctricos o híbridos en la flota de autobuses SI/NO 10 % Autobuses con accesibilidad a PMR >50 % % Autobuses con accesibilidad a PMR >20 % 10 Densidad de las líneas de autobús urbano (km/1000 hab.) > 2 Densidad de las líneas de autobús urbano (km/1000 hab.) > 1 10 Incremento en n.º de viajes de TP respecto a la media de los tres años anteriores > 1 % Incremento en n.º de viajes de TP respecto al año anterior SI/NO 5 Red de carriles bici: n.º de habitantes por km de carril bici < 8.000 Red de carriles bici: n.º de habitantes por km de carril bici < 6.000 3 Longitud carriles bus (% s/longitud total de la red) > 2 % Existen carriles bus SI/NO 3 Porcentaje de conductores Bus Urbano con formación en conducción eficiente (%) > 20 % Porcentaje de conductores Bus Urbano con formación en conducción eficiente (%) > 15 % 3 Paradas con información en tiempo real de llegada de autobuses (%/ sobre total de paradas) > 3 % Paradas con información en tiempo real de llegada de autobuses (%/ sobre total de paradas) > 3 % 3 Personas con capacitación en Gestión de flotas con criterios de eficiencia energética (n.º personas formadas/100 vehículos) > 1 Personas con capacitación en Gestión de flotas con criterios de eficiencia energética (n.º personas formadas/100 vehículos) SI/NO 3 TOTAL 100 D) El 85 por ciento del crédito en función del déficit medio por título de transporte emitido, con arreglo al siguiente procedimiento: a) El importe a subvencionar a cada municipio vendrá dado por el resultado de multiplicar el número de títulos de transporte por la subvención correspondiente a cada uno de dichos títulos. b) La subvención correspondiente a cada título se obtendrá aplicando a su déficit medio las cuantías y porcentajes definidos en la escala siguiente: 1.ertramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que no supere el 12,5 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 100 por cien. 2.ºtramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no supere el 25 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 55 por ciento. 3.ertramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no supere el 50 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 27 por ciento. 4.ºtramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no supere el 100 por ciento del déficit medio global se subvencionará con el porcentaje de financiación que resulte de dividir el resto del crédito no atribuido a los tramos anteriores entre el total del déficit incluido en este tramo, considerando todos los municipios que tengan derecho a subvención. 5.ºtramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del déficit medio global no será objeto de subvención. El porcentaje de financiación del 4.º tramo de la escala no podrá exceder del 27 por ciento. El exceso de crédito que pudiera resultar de la aplicación de esta restricción se distribuirá proporcionalmente a la financiación obtenida por cada municipio, correspondiente a los tramos 2.º y 3.º. En ningún caso, de la aplicación de estas normas se podrá reconocer una subvención que, en términos globales, exceda del 85 por ciento del crédito disponible. Si se produjera esta circunstancia se ajustará de forma sucesiva, en la proporción necesaria el porcentaje correspondiente a los tramos 3.º, 2.º y, en su caso, 1.º, en la forma dispuesta en el tramo 4.º, hasta agotar el citado crédito. c) El déficit medio de cada municipio será el resultado de dividir el déficit de explotación entre el número de títulos de transporte. El déficit medio global será el resultado de dividir la suma de los déficits de todos los municipios que tengan derecho a la subvención entre el total de títulos de transporte de dichos municipios. d) El importe de la subvención por título vendrá dado por la suma de la cuantía a subvencionar en cada tramo, que se obtendrá multiplicando la parte del déficit medio incluida en cada tramo por el porcentaje de financiación aplicable en dicho tramo. El déficit de explotación estará determinado por el importe de las pérdidas de explotación que se deduzca de las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas o entidades que presten el servicio de transporte público, elaboradas con arreglo al Plan de Contabilidad y a las normas y principios contables generalmente aceptados que, en cada caso, resulten de aplicación, con los siguientes ajustes: a’) En cuanto a los gastos de explotación se excluirán aquellos que se refieran a tributos, con independencia del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria. b’) En cuanto a los gastos e ingresos de explotación se excluirán aquellos que tengan su origen en la prestación de servicios o realización de actividades ajenas a la del transporte público urbano por la que se solicita la subvención. Asimismo, se excluirán cualesquiera subvenciones y aportaciones que reconozca, a favor de la empresa o entidad que preste el servicio de transporte público urbano, el Ayuntamiento en cuyo término municipal se realice la prestación. c’) En todo caso se deducirán del déficit para el cálculo de la financiación correspondiente a este apartado los importes atribuidos como subvención por los criterios de longitud de la red, relación viajeros/habitantes de derecho y por los criterios medioambientales. Cuatro. Las subvenciones deberán destinarse a financiar la prestación de este servicio. Cinco. Para los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, la subvención que les corresponda se corregirá en la misma proporción aplicable a su participación en tributos del Estado. Seis. Las Entidades Locales, en el plazo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio del año 2015, y con el fin de distribuir el crédito destinado a subvencionar la prestación de los servicios de transporte público colectivo urbano, deberán presentar, en la forma que se determine por los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente documentación: 1. En todos los casos, el número de kilómetros de calzada de la red en trayecto de ida, el número de viajeros al año, el número de plazas ofertadas al año, recaudación y precios medios referidos al ejercicio 2014, según el modelo definido por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. 2. Tratándose de servicios realizados por la propia entidad u organismo autónomo dependiente en régimen de gestión directa, documento detallado de las partidas de ingresos y gastos imputables al servicio de transporte y del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2014, según el modelo definido por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. 3. Tratándose de servicios realizados en régimen de gestión directa por una sociedad mercantil municipal o de empresas o particulares que presten el servicio en régimen de concesión o cualquier otra modalidad de gestión indirecta, se adjuntarán las cuentas anuales con su correspondiente informe de auditoría. Asimismo, los administradores deberán elaborar un documento en el que se detallen las partidas de ingresos y gastos del servicio de transporte y del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2014, y los criterios de imputación de los referidos ingresos y gastos, según el modelo definido por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Deberá ser objeto de revisión por un auditor el documento con las partidas de ingresos y gastos imputables al servicio y del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2014 y los criterios de imputación de los ingresos y gastos, entendiendo que está auditado cuando dicha información esté incluida en la Memoria de las Cuentas Anuales y éstas hayan sido auditadas. 4. En cualquier caso, el documento oficial en el que se recojan, actualizados, los acuerdos reguladores de las condiciones financieras en que la actividad se realiza. 5. En todos los casos, justificación de encontrarse el ayuntamiento solicitante de la subvención y la empresa, organismo o entidad que preste el servicio, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 6. Certificación del Interventor de la aplicación del importe recibido como subvención al transporte colectivo urbano en el ejercicio inmediato anterior a la finalidad prevista en el apartado Cuatro del artículo 117 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 7. Certificación del Secretario municipal sobre el cumplimiento de los criterios medioambientales. 8. Certificación del Secretario municipal sobre la existencia de un Plan de Movilidad Sostenible, y su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, haciendo constar expresamente la fecha de aprobación definitiva del mismo que, en cualquier caso, deberá ser anterior a la fecha de finalización del plazo para la presentación de la solicitud. A los Ayuntamientos que no cumplieran con el envío de la documentación en la forma prevista en este artículo no se les reconocerá el derecho a percibir la ayuda destinada a financiar el servicio de transporte público colectivo de viajeros por causa de interés general y con el fin de evitar perjuicios financieros a los demás perceptores. Artículo 93. Compensación a los Ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se dota en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Concepto 461.00 del vigente Presupuesto de Gastos del Estado un crédito con la finalidad de compensar los beneficios fiscales en tributos locales de exacción obligatoria que se puedan conceder por el Estado mediante Ley y en los términos previstos en el apartado Dos del citado artículo 9. Las solicitudes de compensación serán objeto de comprobación previa a su pago, en el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas con la información existente en las bases de datos de la matrícula de dicho impuesto, y en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en las bases de datos del Catastro Inmobiliario. A dichos efectos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado y la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, facilitarán la intercomunicación informática con la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar las normas necesarias para el establecimiento del procedimiento a seguir en cada caso, con el fin de proceder a la compensación, en favor de los municipios, de las deudas tributarias efectivamente condonadas y de las exenciones legalmente concedidas. Artículo 94. Otras compensaciones y subvenciones a las Entidades locales. Uno. Con cargo a los créditos consignados en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, concepto 461.01, se hará efectiva la compensación de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2015, como consecuencia de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988. El cálculo de la cantidad a compensar se realizará con arreglo a los Convenios suscritos con los ayuntamientos afectados. Dos. Con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Otras aportaciones a Entidades Locales, concepto 463, se concede una ayuda de 8 millones de euros para su asignación a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, destinada a los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras instaladas para el abastecimiento de agua. Las ayudas a las que se refiere el párrafo anterior, se harán efectivas en la forma que se establezca en el instrumento regulador correspondiente, que para el otorgamiento de subvenciones nominativas establece el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. La anterior cuantía se repartirá entre las Ciudades de Ceuta y Melilla en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero del ejercicio inmediatamente anterior. A la Ciudad de Ceuta le corresponden 4,01 millones de euros y a la de Melilla 3,99 millones de euros. Tres. Con cargo al crédito consignado en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Concepto 461.01, también se hará efectiva la compensación a las Ciudades de Ceuta y Melilla, por pérdidas de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), correspondiente a las importaciones y al gravamen complementario sobre las labores del tabaco, regulada en el artículo 11 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Con periodicidad mensual se tramitará un pago a cada una de aquellas Ciudades por importe equivalente a la doceava parte de la compensación definitiva reconocida en el ejercicio inmediato anterior, en concepto de anticipo a cuenta de la cantidad que resulte a pagar en el ejercicio 2015. Una vez aportada toda la documentación necesaria para efectuar los cálculos establecidos en el artículo 11 de la Ley 53/2002 antes mencionada, se procederá a realizar la liquidación correspondiente, abonándose la diferencia entre el importe de la compensación definitiva que resulte y el de las entregas a cuenta realizadas. Cuatro. Con cargo al crédito consignado en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Concepto 461.01, se hará efectiva la compensación a las Ciudades de Ceuta y Melilla, por pérdidas de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), correspondiente al gravamen complementario sobre hidrocarburos, tomando como base lo recaudado en el ejercicio 2010. La cuantía de la compensación se obtendrá por la diferencia, siempre que sea negativa, entre la recaudación líquida obtenida por tal concepto en el ejercicio 2014 y la producida en el año 2010. Para ello, deberá aportarse un certificado del Interventor de la respectiva Ciudad Autónoma acreditativo de la recaudación líquida en dichos ejercicios. Una vez aportada la documentación necesaria, se procederá a realizar la correspondiente liquidación para su abono. Artículo 95. Anticipos a favor de los Ayuntamientos por desfases en la gestión recaudatoria de los tributos locales. Uno. Cuando por circunstancias relativas a la emisión de los padrones no se pueda liquidar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles antes del 1 de agosto del año 2015, los ayuntamientos afectados podrán percibir del Tesoro Público anticipos a cuenta del mencionado impuesto, a fin de salvaguardar sus necesidades mínimas de tesorería, previa autorización del Pleno de la respectiva corporación. Tales anticipos serán concedidos a solicitud de los respectivos municipios, previo informe de la Dirección General del Catastro y serán tramitados y resueltos por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. En la tramitación de los expedientes se tendrán en cuenta los siguientes condicionamientos: a) Los anticipos no podrán exceder del 75 por ciento del importe de la recaudación previsible como imputable a cada padrón. b) El importe anual a anticipar a cada corporación mediante esta fórmula no excederá del doble de la última anualidad percibida por la misma en concepto de participación en los tributos del Estado. c) En ningún caso podrán solicitarse anticipos correspondientes a más de dos períodos impositivos sucesivos con referencia a un mismo tributo. d) Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales y otros organismos públicos recaudadores que, a su vez, hayan realizado anticipos a los Ayuntamientos de referencia, en la forma prevista en el artículo 149.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán ser perceptores de la cuantía que corresponda del anticipo, hasta el importe de lo efectivamente anticipado y con el fin de poder cancelar en todo o en parte las correspondientes operaciones de tesorería, previa la oportuna justificación. e) Una vez dictada la correspondiente resolución definitiva, los anticipos se librarán por su importe neto a favor de los Ayuntamientos o entidades a que se refiere la letra d) anterior por cuartas partes mensuales, a partir del día 1 de septiembre de cada año, y se suspenderán las correlativas entregas en el mes siguiente a aquel en que se subsanen las deficiencias señaladas en el párrafo primero de este apartado. Los anticipos concedidos con arreglo a lo dispuesto en este apartado, estarán sometidos, en su caso, a las mismas retenciones previstas en la Disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y serán reintegrados por las respectivas entidades locales una vez recibido informe de la Dirección General del Catastro comunicando la rectificación de los mencionados padrones. Dos. Mediante resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local se podrán conceder a los Ayuntamientos, en caso de urgente y extraordinaria necesidad de tesorería, anticipos a reintegrar dentro del ejercicio corriente con cargo a su participación en los tributos del Estado. Para la concesión de estos anticipos se deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Acuerdo del Pleno de la Corporación, autorizando a su Presidente la solicitud del anticipo y fijando los términos de tal solicitud. b) Informe de la Intervención municipal en el que se concrete la situación económico-financiera de la Entidad Local que justifique con precisión la causa extraordinaria que hace necesario el anticipo. c) Informe de la Tesorería municipal de la previsión de ingresos y los gastos del ejercicio correspondiente. Sección 8.ª Normas instrumentales en relación con las disposiciones incluidas en este Capítulo Artículo 96. Normas de gestión presupuestaria de determinados créditos a favor de las Entidades locales. Uno. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a comprometer gastos con cargo al ejercicio de 2016, hasta un importe máximo equivalente a la doceava parte de los créditos consignados en el Presupuesto para 2015, destinados a satisfacer las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado a favor de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales o entes asimilados, del mes de enero de 2016. Las diferencias que pudieran surgir en relación con la determinación de las entregas a cuenta definitivas imputables al mencionado ejercicio serán objeto de ajuste en las entregas a cuenta del mes de febrero del ejercicio citado. Dos. Los expedientes de gasto y las órdenes de pago conjuntas que se expidan a efectos de cumplir los compromisos que se establecen en los artículos precedentes del presente Capítulo se tramitarán, simultáneamente, a favor de las Corporaciones Locales afectadas, y su cumplimiento, en cuanto a la disposición efectiva de fondos, podrá realizarse con cargo a las cuentas de acreedores no presupuestarios que, a estos fines, están habilitadas en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de forma que se produzca el pago conjunto y simultáneo de las respectivas obligaciones a todos los perceptores en razón de la fecha de las correspondientes resoluciones y en igualdad de condiciones. Se declaran de urgente tramitación: Los expedientes de modificación de crédito con relación a los compromisos señalados. Los expedientes de gasto, vinculados a los compromisos de referencia, a que se refiere la Orden de 27 de diciembre de 1995. A estos efectos, deberán ser objeto de acumulación las distintas fases del procedimiento de gestión presupuestaria, adoptándose en igual medida procedimientos especiales de registro contable de las respectivas operaciones. Tres. En los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando proceda la tramitación de expedientes de ampliación de crédito y a los efectos previstos en el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las solicitudes de incrementos de crédito se justificarán, en todo caso, en base a las peticiones adicionales formuladas por las Entidades Locales afectadas. Cuatro. Los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos a los fines señalados en el apartado Uno anterior se podrán transferir con la periodicidad necesaria a la cuenta extrapresupuestaria correspondiente, habilitada a estos efectos en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Este procedimiento se podrá aplicar al objeto de materializar el pago simultáneo de las obligaciones que se deriven de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, tanto en concepto de entregas a cuenta como de liquidación definitiva, así como para proceder al pago simultáneo de las obligaciones que traigan causa de las solicitudes presentadas por las Corporaciones locales, una vez se dicten las resoluciones pertinentes que den origen al reconocimiento de dichas obligaciones por parte del Estado. Artículo 97. Información a suministrar por las Corporaciones Locales. Uno. Con el fin de proceder a la liquidación definitiva de la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado, correspondiente a 2015 las respectivas Corporaciones locales deberán facilitar, antes del 30 de junio del año 2015, en la forma que se determine por los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente documentación: 1. Una certificación comprensiva de la recaudación líquida obtenida en 2013 por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Económicas y por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se especificará la recaudación correspondiente a los bienes inmuebles de características especiales. 2. Una certificación comprensiva de las bases imponibles deducidas de los padrones del año 2013, así como de las altas producidas en los mismos, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, urbanos, y de los tipos exigibles en el municipio en los tributos que se citan en el párrafo precedente. En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se especificará la información tributaria correspondiente a los bienes inmuebles de características especiales. Además, se especificarán las reducciones que se hubieren aplicado en 2013, a las que se refiere la Disposición adicional novena del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 3. Una certificación de las cuotas exigibles en el Impuesto sobre Actividades Económicas en 2013, incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente a que se refiere el artículo 86 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vigentes en aquel período impositivo. Dos. El procedimiento de remisión de la documentación en papel podrá sustituirse por la transmisión electrónica de la información en los modelos habilitados para tal fin, siempre que el soporte utilizado para el envío incorpore la firma electrónica del Interventor o, en su caso, del titular del órgano de la Corporación local que tenga atribuida la función de contabilidad. La firma electrónica reconocida, entendida en los términos previstos por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, tendrá respecto de los datos transmitidos por la Entidad local el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel, por lo que su aplicación en la transmisión electrónica de la información eximirá de la obligación de remitir la citada documentación en soporte papel. Tres. Por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local se procederá a dictar la correspondiente resolución estableciendo los modelos que contengan el detalle de la información necesaria, así como la regulación del procedimiento para la presentación telemática de la documentación y la firma electrónica de la misma. Cuatro. A los municipios que, estando en el ámbito de aplicación de la Subsección 2.ª de la Sección 3.ª de este Capítulo, no aportaran la documentación que se determina en las condiciones señaladas anteriormente se les aplicará, en su caso, un módulo de ponderación equivalente al 60 por ciento del esfuerzo fiscal medio aplicable al municipio con menor coeficiente por este concepto, dentro del tramo de población en que se encuadre, a efectos de practicar la liquidación definitiva de su participación en los tributos del Estado para el año 2015. Artículo 98. Retenciones a practicar a las Entidades Locales en aplicación de la Disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Uno. Previa solicitud del órgano competente que tenga atribuida legalmente la gestión recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local aplicará las retenciones que deban practicarse en la participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado. Si concurrieran en la retención deudas derivadas de tributos del Estado y deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta con las mismas, y la cuantía de todas ellas superase la cantidad retenida, aquella se prorrateará en función de los importes de éstas. Dos. El importe de la retención será el 50 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva entidad local, tanto en cada entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual correspondiente a la participación en los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esa cantidad. Cuando se trate de deudas derivadas de tributos del Estado que hayan sido legalmente repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie, de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto, o de cotizaciones sociales que hayan sido o hubieran debido ser objeto de retención, la retención a practicar será del 100 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva entidad local, tanto en cada entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual correspondiente a la participación en los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esa cantidad. Tres. La cuantía a retener en el conjunto del ejercicio podrá reducirse cuando se justifique la existencia de graves desfases de tesorería generados por la prestación de aquellas obligaciones relativas: a) al cumplimiento regular de las obligaciones de personal; b) a la prestación de los servicios públicos obligatorios en función del número de habitantes del municipio; c) a la prestación de servicios sociales, protección civil y extinción de incendios, para cuya realización no se exija contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado. En ningún caso podrá establecerse un porcentaje de retención inferior al 25 por ciento de la entrega a cuenta. No será aplicable la reducción de retenciones a aquellas entidades locales que se hayan integrado en consorcios de saneamiento financiero del que formen parte instituciones de otras administraciones públicas. En los procedimientos de reducción del porcentaje de retención, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local dictará la resolución correspondiente, teniendo en cuenta la situación financiera de la entidad y la necesidad de garantizar la prestación de los servicios públicos obligatorios. Para ello, la entidad local deberá aportar, con carácter imprescindible y no exclusivo: – Certificado expedido por los órganos de recaudación de las Entidades acreedoras por el que se acredite haber atendido el pago de las obligaciones corrientes en los doce meses precedentes al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de la certificación; – Informe de la situación financiera actual suscrito por el Interventor local que incluya el cálculo del remanente de tesorería a la fecha de solicitud de la reducción del porcentaje de retención y ponga de manifiesto los términos en los que dicha situación afecta al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el párrafo primero del presente apartado; – Plan de Saneamiento, aprobado por el Pleno, que incluya el ejercicio en curso. En la resolución se fijará el período de tiempo en que el porcentaje de retención habrá de ser reducido, sin que quepa la extensión de este más allá de la finalización del ejercicio económico. En todo caso, tal reducción estará condicionada a la aprobación por la entidad local de un plan de saneamiento, o a la verificación del cumplimento de otro en curso. Cuatro. Cuando la deuda nazca como consecuencia del reintegro de anticipos de financiación a cargo del Tesoro Público, la retención habrá de adecuarse a las condiciones fijadas en la resolución de concesión del correspondiente anticipo, ya sea mediante la cancelación total del débito en forma singular, o en retenciones sucesivas hasta la definitiva extinción de éste. Cinco. Las resoluciones declarando la extinción de las deudas con cargo a las cantidades que se hayan retenido corresponderán, en cada caso, al órgano legalmente competente que tenga atribuida la gestión recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable, produciendo sus efectos, en la parte concurrente de la deuda, desde el momento en que se efectuó la retención. Seis. Las normas contenidas en este artículo serán de aplicación en los supuestos de deudas firmes contraídas por las Entidades Locales con el Instituto de Crédito Oficial, por la línea de crédito instruida por este último a las que se refiere la Sección Segunda del Capítulo II del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio. Asimismo, serán de aplicación las normas de este precepto en los supuestos de deudas firmes contraídas con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, que pudieran derivarse de la aplicación del artículo 8 del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Siete. En el caso de que resulte de aplicación la medida contenida en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el porcentaje de retención aplicable será, como máximo, el fijado en el primer párrafo del apartado Dos de este artículo, siempre que las deudas con proveedores a las que se refiere aquel precepto no concurran con otras de las entidades locales con acreedores públicos, a las que resulte de aplicación este precepto. En el caso de que exista la mencionada concurrencia de deudas la retención aplicable será, como máximo y con carácter general, del 70 por ciento sin que pueda reducirse por aplicación del apartado Tres, correspondiendo el 50 por ciento, como máximo, a los acreedores públicos y el 20 por ciento, como máximo, a los proveedores de las entidades locales a las que resulte de aplicación el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012. El primer tramo citado se asignará a los acreedores públicos de acuerdo con el criterio recogido en los apartados Uno y Dos de este artículo. En el caso de que exista concurrencia de deudas con proveedores y deudas derivadas de tributos del Estado que hayan sido legalmente repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie, de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto, o de cotizaciones sociales que hayan sido o hubieran debido ser objeto de retención, la retención a practicar será del 100 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Tres anterior, sin que el importe que se asigne para el pago a proveedores de las entidades locales pueda exceder del 20 por ciento de la cuantía que, en términos brutos, les corresponda por todos los conceptos que integran su participación en tributos del Estado. CAPÍTULO II Comunidades Autónomas Artículo 99. Entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global. Los créditos presupuestarios destinados a hacer efectivas las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global establecidas en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, una vez tenidas en cuenta las revisiones y demás preceptos aplicables a las mismas son, para cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía, los que se incluyen en los correspondientes Servicios de la Sección 36 «Sistemas de financiación de Entes Territoriales», Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», Concepto 451 «Fondo de Suficiencia Global». Artículo 100. Liquidación definitiva de los recursos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y participación en los Fondos de Convergencia. Uno. De conformidad con lo que establece el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, cuando se conozcan los valores definitivos en el año 2015 de todos los recursos correspondientes al año 2013 regulados en el Título I de la citada Ley, se practicará la liquidación de dicho ejercicio. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del citado artículo 11, en ese momento se determinará, según lo establecido en los artículos 23 y 24, en el párrafo tercero del apartado Siete de la Disposición transitoria primera y en la Disposición adicional primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, la participación de cada Comunidad o Ciudad con Estatuto de Autonomía en los Fondos de Convergencia Autonómica regulados en el Título II de la citada Ley correspondientes a 2013. Dos. En el supuesto de que el saldo global de la liquidación correspondiente al año 2013 fuera a favor de la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía, se realizarán los pagos de las liquidaciones positivas descontando de ellos, mediante compensación, el importe de las liquidaciones a favor del Estado. Tres. En el supuesto de que el saldo global de la liquidación fuera a favor del Estado, se realizarán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, los pagos de las liquidaciones a favor de la Comunidad descontando en ellos, por este mismo orden de prelación, el saldo a favor del Estado de la Transferencia del Fondo de Garantía, el saldo de los tributos cedidos y el saldo del Fondo de Suficiencia Global. Los saldos restantes de la liquidación que no hubieran podido ser objeto de compensación se compensarán conforme a lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Cuatro. En cumplimiento de lo previsto en la Disposición adicional tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, el Estado compensará, en el supuesto legalmente previsto, a las Comunidades Autónomas cuyos importes, tanto de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales como del Fondo de Suficiencia Global, correspondientes a 2013, sean negativos, a través del crédito presupuestario señalado en el apartado Cinco. El importe de esta compensación, que tendrá signo positivo, para cada Comunidad Autónoma acreedora de la misma, será aquel que permita que, después de haberse repartido la totalidad de los recursos del Fondo de Competitividad, el índice de financiación descrito en el apartado 5 del artículo 23 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, alcance la unidad, con el límite del importe del valor definitivo de su Fondo de Suficiencia Global negativo. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores de este artículo, el importe de esta compensación se incluirá en la liquidación definitiva de la participación de la Comunidad en el Fondo de Competitividad. Cinco. A los créditos de los subconceptos que corresponda dotados en la Sección 36, Servicio 20 - «Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Varias CCAA», Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», Concepto 452 «Liquidación definitiva de la financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de ejercicios anteriores», se aplicarán según su naturaleza: 1) El importe de las liquidaciones definitivas del año 2013 del Fondo de Suficiencia Global, regulado en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, así como de la aportación del Estado al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que resulten a favor de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el párrafo anterior fuera a favor del Estado, se reflejará como derecho en el Capítulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado. 2) El importe de las liquidaciones definitivas del año 2013 de las participaciones de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en los Fondos de Convergencia Autonómica, regulados en los artículos 23, 24, en el párrafo tercero del apartado Siete de la Disposición transitoria primera y en la Disposición adicional primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, determinadas conforme el apartado Uno de este artículo. 3) La compensación prevista en la Disposición adicional tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, si resultara esta compensación aplicable, determinada conforme el apartado Cuatro de este artículo. Artículo 101. Transferencias a Comunidades Autónomas correspondientes al coste de los nuevos servicios traspasados. Si a partir de 1 de enero de 2015 se efectuaran nuevas transferencias de servicios a las Comunidades Autónomas, se dotarán en los conceptos específicos de la Sección 36 que, en su momento, determine la Dirección General de Presupuestos, los créditos que se precisen para transferir a las Comunidades Autónomas el coste efectivo de los servicios asumidos. A estos efectos, los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias de servicios contendrán como mínimo los siguientes extremos: a) Fecha en que la Comunidad Autónoma debe asumir efectivamente la gestión del servicio transferido. b) La financiación anual, en euros del ejercicio 2015, desglosada en los diferentes capítulos de gasto que comprenda. c) La valoración referida al año base 2007, correspondiente al coste efectivo anual del mismo, a efectos de la revisión del valor del Fondo de Suficiencia Global de la Comunidad Autónoma que corresponde prevista en el artículo 21.1 de la Ley 22/2009. Artículo 102. Fondos de Compensación Interterritorial. Uno. En la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado se dotan dos Fondos de Compensación Interterritorial ascendiendo la suma de ambos a 432.430,00 miles de euros, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial modificada por la Ley 23/2009, de 18 de diciembre. Dos. El Fondo de Compensación, dotado con 324.330,61 miles de euros, se destinará a financiar gastos de inversión de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 22/2001. Tres. El Fondo Complementario, dotado con 108.099,39 miles de euros, podrá aplicarse por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía propio a la financiación de los gastos de puesta en marcha o funcionamiento de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado en los términos previstos en el artículo 6.2 de la Ley 22/2001. Cuatro. El porcentaje que representa el Fondo de Compensación destinado a las Comunidades Autónomas sobre la base de cálculo constituida por la inversión pública es del 29,23 por 100, de acuerdo al artículo 2.1.a) de la Ley 22/2001. Además, en cumplimiento de la Disposición adicional única de dicha Ley, el porcentaje que representa la suma del Fondo de Compensación y el Fondo Complementario destinado a las Comunidades Autónomas es del 38,98 por ciento elevándose al 39,59 por ciento si se incluyen las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla y alcanzando el 39,98 por ciento si se tiene en cuenta la variable «región ultraperiférica» definida en la Ley 23/2009 de modificación de la Ley 22/2001. Cinco. Los proyectos de inversión que pueden financiarse con cargo a los Fondos anteriores son los que se detallan en el Anexo a la Sección 33. Seis. En el ejercicio 2015 serán beneficiarias de estos Fondos las Comunidades Autónomas de: Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León y las Ciudades de Ceuta y Melilla de acuerdo con la Disposición adicional única de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre. Siete. Los remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial de ejercicios anteriores se incorporarán automáticamente al Presupuesto del año 2015 a disposición de la misma Administración a la que correspondía la ejecución de los proyectos en 31 de diciembre de 2014. Para la financiación de las incorporaciones a que se refiere el párrafo anterior se dota un crédito en la Sección 33 «Fondos de Compensación Interterritorial», Servicio 20 «Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Varias CC.AA.», Programa 941N «Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial», Concepto 759 «Para financiar la incorporación de remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial». En el supuesto de que los remanentes a 31 de diciembre de 2014 fueran superiores a la dotación del indicado crédito, la diferencia se financiará mediante baja en el Fondo de Contingencia conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Ocho. En tanto los remanentes de créditos presupuestarios de ejercicios anteriores se incorporan al vigente, el Tesoro Público podrá efectuar anticipos de tesorería a las Comunidades Autónomas por igual importe a las peticiones de fondos efectuadas por las mismas «a cuenta» de los recursos que hayan de percibir una vez que se efectúe la antedicha incorporación. TÍTULO VIII Cotizaciones sociales Artículo 103. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2015. Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir de 1 de enero de 2015, serán los siguientes: Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado, a partir de 1 de enero de 2015, en la cuantía de 3.606,00 euros mensuales. 2. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, durante el año 2015, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes: a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde el 1 de enero de 2015 y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2014, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones. b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2015, serán de 3.606,00 euros mensuales o de 120,20 euros diarios. 2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2015, los siguientes: a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 3. Durante el año 2015, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el artículo 111 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes tipos de cotización: a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador. b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. 4. A partir de 1 de enero de 2015, la base máxima de cotización por contingencias comunes aplicable a los representantes de comercio será la prevista con carácter general en el apartado Dos.1.b). 5. A efectos de determinar, durante el año 2015, la base máxima de cotización por contingencias comunes de los artistas, se aplicará lo siguiente: a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías profesionales será de 3.606,00 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere el artículo 32.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. 6. A efectos de determinar, durante el año 2015, la base máxima de cotización por contingencias comunes de los profesionales taurinos, se aplicará lo siguiente: a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías profesionales será de 3.606,00 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a que se refiere el artículo 33.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Tres. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 1. Durante el año 2015, los importes de las bases mensuales de cotización tanto por contingencias comunes como profesionales de los trabajadores incluidos en este Sistema Especial, que presten servicios durante todo el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas: a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde el 1 de enero de 2015 y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2014, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2015, serán de 3.063,30 euros mensuales. Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de al menos 30 días naturales consecutivos, esta modalidad de cotización se realizará con carácter proporcional a los días en que figuren en alta en este Sistema Especial durante el mes. 2. Durante el año 2015, los importes de las bases diarias de cotización tanto por contingencias comunes como profesionales por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el apartado anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dividiendo a tal efecto, entre 23, los importes de las bases máximas y mínimas establecidos en el apartado Tres.1. Independientemente del número de horas realizadas en cada jornada, la base de cotización no podrá tener una cuantía inferior a la base mínima diaria del grupo 10 de cotización. Cuando se realicen en el mes natural 23 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado Tres.1. 3. Durante el año 2015, el importe de la base mensual de cotización de los trabajadores agrarios por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial será, durante los períodos de inactividad dentro del mes natural, el establecido para la base mínima por contingencias comunes correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social. A estos efectos, se entenderá que existen períodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el número de jornadas reales realizadas durante el mismo sea inferior al 76,67 por ciento de los días naturales en que el trabajador figure de alta en el Sistema Especial en dicho mes. La cotización respecto a estos períodos de inactividad se determinará aplicando la siguiente fórmula: C = [(n/N) – (jr x 1,304/N)] bc x tc En la que: C = Cuantía de la cotización. n = Número de días en el Sistema Especial sin cotización por bases mensuales de cotización. N = Número de días de alta en el Sistema Especial en el mes natural. jr = Número de días en el mes natural en los que se han realizado jornadas reales. bc = Base de cotización mensual. tc = Tipo de cotización aplicable, conforme a lo indicado en el apartado Tres.4.b). En ningún caso, la aplicación de la fórmula anterior podrá dar lugar a que C alcance un valor inferior a cero. A efectos de la aplicación de esta fórmula, cuando los trabajadores no figuren en alta en el Sistema Especial durante un mes natural completo, la cotización respecto de los períodos de inactividad se realizará con carácter proporcional a los días en alta en dicho mes. 4. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial serán los siguientes: a) Durante los períodos de actividad: Para la cotización por contingencias comunes respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 22,00 por ciento, siendo el 17,30 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de cotización de la tarifa de primas aprobada por la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador. 5. Durante el año 2015 se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este Sistema Especial durante los períodos de actividad con prestación de servicios: a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 por ciento. En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,13 euros por jornada real trabajada. b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas: 1.ª Para bases de cotización iguales o inferiores a 986,70 euros mensuales o a 42,90 euros por jornada realizada, se aplicará una reducción de 6,68 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 10,62 por ciento. 2.ª Para bases de cotización superiores a las cuantías indicadas en el apartado anterior, y hasta 3.063,30 euros mensuales o 133,19 euros por jornada realizada, les será de aplicación el porcentaje resultante de aplicar las siguientes fórmulas: Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será: Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será: No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 65,11 euros mensuales o 2,83 euros por jornada real trabajada. 6. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la modalidad de contratación de los trabajadores: a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen General de la Seguridad Social. El tipo resultante a aplicar será: 1.º Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. 2.º Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. Para todos los trabajadores, cualquiera que sea su grupo de cotización, en la cotización por desempleo se aplicará una reducción en la cuota equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización. b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de aplicación lo establecido en la letra a) en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas. En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por maternidad y paternidad, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. 7. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este Sistema Especial, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento. 8. Con relación a los trabajadores incluidos en este Sistema Especial no resultará de aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el apartado Dos.3. 9. Se autoriza al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a regular los procedimientos y adaptaciones normativas necesarios para articular la armonización de la cotización en situación de actividad e inactividad, así como la comprobación de los requisitos necesarios para la aplicación de las reducciones previstas y la regularización de la cotización resultante de ellas. Cuatro. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. En este Sistema Especial, las bases y los tipos de cotización serán, a partir de 1 de enero de 2015, los siguientes: 1. Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales para el año 2015 se determinarán actualizando las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala vigente en el año 2014, en idéntica proporción al incremento que experimente el salario mínimo interprofesional. 2. Durante el año 2015, el tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado anterior, será el 24,70 por ciento, siendo el 20,60 por ciento a cargo del empleador y el 4,10 por ciento a cargo del empleado. 3. Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sobre la base de cotización que corresponda, según lo indicado en el apartado Cuatro.1, se aplicará el tipo de cotización previsto al efecto en la tarifa de primas incluida en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo lo resultante a cargo exclusivo del empleador. Cinco. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases máxima y mínima y los tipos de cotización serán, desde el 1 de enero de 2015, los siguientes: 1. La base máxima de cotización será de 3.606,00 euros mensuales. La base mínima de cotización será de 884,40 euros mensuales. 2. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2015, tengan una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el apartado anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2014 haya sido igual o superior a 1.926,60 euros mensuales, o que causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a la citada fecha. Los trabajadores autónomos que a 1 de enero de 2015 tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.926,60 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.945,80 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2015, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá esta limitación. 3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2015, tuvieran 48 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 953,70 y 1.945,80 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 884,40 y 1.945,80 euros mensuales. No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas: a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.926,60 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 884,40 euros mensuales y 1.945,80 euros mensuales. b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.926,60 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 884,40 euros mensuales y el importe de aquélla, incrementado en un 0,25 por ciento, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.945,80 euros mensuales. Lo previsto en el apartado Cinco.3.b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 ó 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el párrafo segundo del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. 4. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización durante el año 2015 la establecida con carácter general en el apartado Cinco.1, o la base mínima de cotización vigente para el Régimen General. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán elegir como base mínima de cotización durante el año 2015 la establecida con carácter general en el apartado Cinco.1, o una base de cotización equivalente al 55 por ciento de esta última. 5. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 por ciento o el 29,30 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales. Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por ciento. Los trabajadores incluidos en este Régimen Especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos IV quáter y IV quinquies del Título II de la Ley General de la Seguridad Social. 6. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 7. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen, respecto de las contingencias comunes, en régimen de pluriactividad y lo hagan en el año 2015, teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual o superior a 12.245,98 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el citado Régimen Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. La devolución se efectuará a instancias del interesado, que habrá de formularla en los cuatro primeros meses del ejercicio siguiente. 8. Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores, quedarán incluidos, a efectos de la Seguridad Social, en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siéndoles de aplicación, a efectos de la cotización, lo previsto en el apartado Cinco.4, párrafo primero. En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por la base mínima establecida en el apartado Cinco.1 o una base equivalente al 55 por ciento de esta última. En cualquier caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base de cotización elegida, la tarifa de primas contenida en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 9. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, durante 2015, a una reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar. También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado Régimen Especial a partir del 1 de enero de 2009. La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado Cinco.8, el tipo de cotización vigente en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 10. Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Cinco.8, será de aplicación a las personas que se dediquen, de forma individual, a la venta ambulante en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan. Seis. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 1. Desde el 1 de enero de 2015, los tipos de cotización de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, serán los siguientes: a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 884,40 euros mensuales y 1.061,40 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por ciento. Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a 1.061,40 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por ciento. b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será del 3,30 por ciento, o del 2,80 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales. 2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se estará a lo dispuesto en el apartado Cinco.6. En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá abonando en concepto de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización indicada en el apartado Seis.1.a) el tipo del 1,00 por ciento. 3. Los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos IV quáter y IV quinquies del Título II de la Ley General de la Seguridad Social. Siete. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos será de aplicación en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y para la cotización por contingencias comunes, de lo dispuesto en el artículo 19.6 del texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, aprobado por el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, de lo que se establece en el apartado 2 siguiente, y con excepción del tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia, que será del 29,30 por ciento al estar acogidos a la protección por contingencias profesionales. 2. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este Régimen Especial de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero a que se refiere el artículo 19.5 del texto refundido aprobado por el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, se efectuará sobre las remuneraciones que se determinen anualmente mediante Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas del sector. Tal determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente. Las bases que se determinen serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a las que se establezcan para las distintas categorías profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del apartado Dos. Ocho. Cotización en el Régimen Especial para la Minería del Carbón. 1. A partir de 1 de enero de 2015, la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón se determinará mediante la aplicación de lo previsto en el apartado Dos, sin perjuicio de que, a efectos de la cotización por contingencias comunes, las bases de cotización se normalicen de acuerdo con las siguientes reglas: Primera. Se tendrá en cuenta el importe de las remuneraciones percibidas o que hubieran tenido derecho a percibir los trabajadores, computables a efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante el período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive. Segunda. Dichas remuneraciones se totalizarán agrupándolas por categorías, grupos profesionales y especialidades profesionales y zonas mineras, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Los importes obtenidos, así totalizados, se dividirán por la suma de los días a que correspondan. Tercera. Este resultado constituirá la base normalizada diaria de cotización por contingencias comunes, cuyo importe no podrá ser inferior al fijado para el ejercicio inmediatamente anterior para esa categoría profesional, incrementado en el mismo porcentaje experimentado en el presente ejercicio por el tope máximo de cotización a que se refiere el apartado Uno.1, ni superior a la cantidad resultante de elevar a cuantía anual el citado tope máximo y dividirlo por los días naturales del año 2014. 2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social fijará la cuantía de las bases normalizadas, mediante la aplicación de las reglas previstas en el número anterior. Nueve. Base de cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo y durante la percepción de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el apartado 1 del artículo 211 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional y, a efectos de las prestaciones de Seguridad Social, dicha base tendrá consideración de base de contingencias comunes. Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, será equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar. La reanudación de la prestación por desempleo, en los supuestos de suspensión del derecho, supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los párrafos anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho. Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del apartado 3 del artículo 210 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la base reguladora de la prestación por desempleo correspondiente al momento del nacimiento del derecho inicial por el que se opta. Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará la base de cotización indicada en los párrafos anteriores, cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope. 2. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la base de cotización será la fijada con carácter general en el apartado Nueve.1. 3. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. La base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización o categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. 4. Durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la base de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, al régimen correspondiente, será la base reguladora de dicha prestación, determinada según lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima o base única de cotización prevista en el correspondiente régimen. Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la percepción de la prestación por cese de actividad. Diez. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos. La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y por Cese de Actividad se llevará a cabo, a partir de 1 de enero de 2015, de acuerdo con lo que a continuación se señala: 1. La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A las bases de cotización para Desempleo en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 19.6 del texto refundido aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, y en las normas de desarrollo de dicho precepto, sin perjuicio de lo señalado en el apartado Siete. Las bases de cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social serán las fijadas en el apartado Tres.1 y 2, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda a cada trabajador. La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje será la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el citado Régimen Especial, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos en tales Régimen y Sistema Especiales. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la base de cotización por cese de actividad será la que corresponda al trabajador por cuenta propia incluido en el mismo, siéndole de aplicación los coeficientes correctores a los que se refieren el texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, y la Orden de 22 de noviembre de 1974. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación a los armadores de embarcaciones a que se refiere la Disposición adicional sexta del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, excepto para los incluidos en el grupo primero de dicho régimen especial, cuya base de cotización será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 2. A partir de 1 de enero de 2015, los tipos de cotización serán los siguientes: A) Para la contingencia de desempleo: a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados: el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador. b) Contratación de duración determinada: 1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, será el fijado en el inciso 1º, de la letra b) anterior, para la contratación de duración determinada a tiempo completo, salvo cuando sea de aplicación el tipo de cotización previsto en la letra a) anterior, para contratos concretos de duración determinada o para trabajadores discapacitados. B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa. El tipo aplicable para la cotización al Fondo de Garantía Salarial en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,10 por ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa. C) Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador. El tipo aplicable para la cotización por Formación Profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,03 por ciento a cargo del trabajador. D) Para la protección por cese de actividad el tipo será del 2,20 por ciento. Once. Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje. Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por contingencias profesionales, por desempleo, al Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional de los contratos para la formación y el aprendizaje se incrementarán, desde el 1 de enero de 2015 y respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2014, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General. Doce. Cotización del personal investigador en formación. La cotización del personal investigador en formación incluido en el campo de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, durante los dos primeros años se llevará a cabo aplicando las reglas contenidas en el apartado anterior, respecto de la cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje, en lo que se refiere a la cotización por contingencias comunes y profesionales. El sistema de cotización previsto en este apartado no afectará a la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas a que se tenga derecho, respecto de la cual se seguirá aplicando el importe de la base mínima correspondiente al grupo 1 de cotización del Régimen General. Trece. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los bomberos. En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. Durante el año 2015 el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 8,60 por ciento, del que el 7,17 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,43 por ciento a cargo del trabajador. Catorce. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza. En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. Durante el año 2015, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 7,30 por ciento, del que el 6,09 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,21 por ciento a cargo del trabajador. Quince. Salvo lo establecido en los apartados anteriores, en ningún caso y por aplicación del artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las bases mínimas o únicas de cualquiera de los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen General. Dieciséis. Durante el año 2015, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la Disposición adicional séptima del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual. A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo. Diecisiete. Se faculta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo. Artículo 104. Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2015. Uno. Con efectos de 1 de enero de 2015, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a que se refiere el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en la letra h), de la citada disposición, serán los siguientes: 1. El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en MUFACE, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2014 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. 2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2000, representará el 6,36 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el año 2014 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. De dicho tipo del 6,36, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 2,26 a la aportación por pensionista exento de cotización. Dos. Con efectos de 1 de enero de 2015, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, gestionado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada en la letra f), de la citada disposición, serán los siguientes: 1. El porcentaje de cotización y de aportación del personal militar en activo y asimilado integrado en ISFAS, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2014 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. 2. La cuantía de la aportación del Estado regulada en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/2000, representará el 10,37 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el año 2014 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. De dicho tipo del 10,37, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 6,27 a la aportación por pensionista exento de cotización. Tres. Con efectos de 1 de enero de 2015, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración de Justicia, gestionado por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en la letra f), de la citada disposición, serán los siguientes: 1. El porcentaje de cotización del personal de la Administración de Justicia en activo y asimilado, integrado en MUGEJU, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2014 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. 2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2000, representará el 5,09 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el año 2014 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. De dicho tipo del 5,09, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 0,99 a la aportación por pensionista exento de cotización. Cuatro. Durante el año 2015, de acuerdo con las previsiones establecidas en los apartados anteriores, el importe de la cuota de derechos pasivos y de la correspondiente a las mutualidades generales de funcionarios, respecto del personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de los Regímenes Especiales de Funcionarios, se determinará mediante la aplicación del tipo porcentual del 3,86 por ciento y del 1,69 por ciento, respectivamente, sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2014 a efectos de cotización de derechos pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento, y que se consignan a continuación: CUOTAS MENSUALES DE DERECHOS PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE LOS MIEMBROS DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL, DE LOS DEL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES Y DE LOS CUERPOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Cuota mensual en euros A1 109,59 A2 86,25 B 75,52 C1 66,24 C2 52,41 E (Ley 30/1984) y Agrup. Profesionales (Ley 7/2007) 44,68 CUOTAS MENSUALES DE COTIZACIÓN A LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, AL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y A LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Cuota mensual en euros A1 47,98 A2 37,76 B 33,07 C1 29,00 C2 22,95 E (Ley 30/1984) y Agrup. Profesionales (Ley 7/2007) 19,56 Las citadas cuantías mensuales se abonarán doblemente en los meses de junio y diciembre. Con la excepción establecida en el último inciso del párrafo primero del artículo 23.1 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, el personal militar profesional que no sea de carrera y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva Naval abonará las cuotas mensuales de derechos pasivos minoradas al cincuenta por ciento. [encabezado]DISPOSICIONES ADICIONALES [encabezado]I [precepto]Primera. Concesión de subvenciones o suscripción de convenios con Comunidades Autónomas que incumplan su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2015, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de cualquiera de los sujetos que integran el subsector Administración central o el subsector Administraciones de Seguridad Social, a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la administración de una Comunidad Autónoma, definida en los términos del citado artículo, que hubiera incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, en su caso, para los ejercicios 2013, 2014 o 2015, cuando conlleven una transferencia de recursos de los subsectores de la Administración Central o Administraciones de Seguridad Social a la Comunidad Autónoma incumplidora, impliquen un compromiso de realización de gastos de esta última, o se den ambas circunstancias simultáneamente, precisarán con carácter previo a su autorización informe favorable, preceptivo y vinculante, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Respecto de la ejecución de los presupuestos de 2013 se entiende que se ha producido el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública cuando así haya resultado del informe presentado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 17.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Respecto de la ejecución de los presupuestos de 2014, en tanto no se emita el informe al que se refiere el párrafo anterior, se entenderá, a los efectos que se derivan de esta disposición adicional, que se produce el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto cuando así resulte del informe previsto en el artículo 17.3 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cuando, respecto de la ejecución de los presupuestos de 2014, se verifique el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto, no será necesaria la emisión del informe regulado en este apartado con independencia de que se pudiera haber producido incumplimiento respecto de la ejecución de los presupuestos de 2013. Respecto de los presupuestos de 2015 se entiende que se ha producido el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto cuando así haya resultado de los informes a los que se refiere el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La verificación en este informe del cumplimiento por una Comunidad Autónoma en los presupuestos de 2015 no eximirá de la autorización prevista en este artículo, en el caso en que ésta hubiera incumplido en 2013 o 2014 de conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores. Dos. La misma exigencia respecto de la concesión de subvenciones o suscripción de convenios resultará de aplicación si, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno de la Nación formula una advertencia a una Comunidad Autónoma en el caso de que aprecie un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. Esta limitación se aplicará desde el momento en que se formule la advertencia. Tres. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicará el incumplimiento o la advertencia a los que se refieren los apartados anteriores a los distintos departamentos ministeriales, que a su vez lo comunicarán a las entidades adscritas o vinculadas a ellos. Cuatro. En los supuestos previstos en los apartados anteriores y respecto de los convenios suscritos y en ejecución, no procederá su prórroga o modificación sin el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Así mismo, la modificación de la concesión de subvenciones, en los casos en que así estuviera previsto en su normativa reguladora, no procederá sin el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cinco. El informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al que se hace referencia en los apartados anteriores será emitido por la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, que tendrá en cuenta, entre otros criterios: a) La adecuada aplicación, en su caso, de las medidas contenidas en los planes económico-financieros. b) La amplitud de la desviación que se hubiera producido respecto del objetivo de estabilidad, de deuda pública o de la regla de gasto establecido. En el caso del apartado Dos, la desviación se referirá a la estimación que motivó la advertencia respecto del objetivo. c) Las causas de dicha desviación. d) Las medidas que se hubieran adoptado para corregirla. e) El efecto respecto del déficit o la deuda pública que se pudiera derivar de la subvención o del convenio, así como su objeto. f) La forma de financiación del gasto que se propone. g) En el caso de subvenciones, o de convenios que se suscriban con la Administración de una Comunidad Autónoma para dar cauce a la colaboración entre Administraciones en el curso de la tramitación o ejecución de una subvención, el procedimiento de su concesión. El informe regulado en este artículo será emitido una vez consultada la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que se pronunciará al menos en relación con los criterios a), c) y d) establecidos en este apartado, sin perjuicio de que incluya cualquier otra consideración que estime pertinente. Seis. Con carácter previo al acuerdo del Consejo de Ministros sobre distribución de créditos regulado en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el caso en que el mismo incluya a Comunidades Autónomas que se encuentren en la situación de incumplimiento regulada en el apartado Uno de esta disposición, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos emitirá informe preceptivo y vinculante, previa consulta a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en el que valorará, para dichas Comunidades Autónomas, los criterios previstos en el apartado Cinco de esta disposición. La emisión de este informe igualmente producirá efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, respecto de los convenios a través de los cuales se formalicen los compromisos financieros. [precepto]Segunda. Préstamos y anticipos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la concesión de préstamos y anticipos financiados directa o indirectamente con cargo al Capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado se ajustará, durante 2015, a las siguientes normas: a) Salvo autorización expresa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no podrán concederse préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la Deuda emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar. En el supuesto de préstamos y anticipos a conceder a través de procedimientos de concurrencia competitiva, el citado requisito deberá cumplirse en el momento anterior a la aprobación de la convocatoria. La determinación del tipo de interés deberá quedar justificada en el expediente por el correspondiente órgano gestor. En los supuestos en que no fuera posible una relación directa con la referencia indicada, se acompañará informe de la Secretaría General de Tesoro y Política Financiera. Esta norma no será de aplicación a los siguientes casos: – Anticipos que se concedan al personal. – Anticipos reembolsables con fondos comunitarios. – Préstamos o anticipos cuyo tipo de interés se regule en normas de rango legal. b) Los beneficiarios de los préstamos o anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde al centro gestor del gasto comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si éste fuere una administración pública. [precepto]Tercera. Incorporación de remanentes de tesorería del organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública. Se autoriza al organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a incorporar al remanente de tesorería propio del organismo los importes no utilizados a final del ejercicio 2014, hasta un límite máximo de 301.530,00 euros, de los fondos destinados a ejecución de los Planes de Formación para el Empleo asignados al INAP como promotor, y de los destinados a las actividades complementarias que tengan relación con el programa de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas. [precepto]Cuarta. Adelanto de tesorería de carácter extrapresupuestario para la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Con carácter excepcional, durante el mes de enero de 2015 podrá anticiparse a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, mediante una operación extrapresupuestaria, un importe máximo de 90 millones de euros con cargo a la aportación mensual del Estado a la Mutualidad. El anticipo deberá cancelarse mediante aplicación al presupuesto en el primer trimestre de 2015. [precepto]Quinta. Convenios de colaboración entre las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal. En los convenios de colaboración que formalicen las Entidades Gestoras de la Seguridad Social con las Comunidades Autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal podrá preverse el anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiación de las actuaciones a desarrollar por las Comunidades Autónomas y por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros. [precepto]Sexta. Ampliación del plazo de cancelación de préstamo otorgado a la Seguridad Social. Se amplía en 10 años, a partir de 2015, el plazo para la cancelación del préstamo otorgado a la Seguridad Social por el Estado, por importe de 444.344.000.000 pesetas (2.670.561.225,10 euros), en virtud del artículo 12.Tres de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995. [precepto]Séptima. Subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento y de seguridad de partidos políticos para 2015. Conforme con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, durante el año 2015 la subvención estatal para gastos de funcionamiento a partidos políticos (aplicación presupuestaria 16.01.924M.485.01) ascenderá a 52.704.14 miles de euros y la asignación anual a partidos políticos para gastos de seguridad (aplicación presupuestaria 16.01.924M.484) ascenderá a 2.706,20 miles de euros. [precepto]Octava. Normas de ejecución presupuestaria del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Uno. Durante el ejercicio 2015 la concesión de préstamos y anticipos por parte del CDTI se ajustará a las normas previstas en la Disposición adicional segunda de esta Ley para los préstamos y anticipos que se financien con cargo al Capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado. Dos. No se requerirá la autorización prevista en la letra a) de la citada Disposición adicional cuando el tipo de interés aplicable a los préstamos y anticipos sea igual o superior al tipo de interés euríbor a un año publicado por el Banco de España correspondiente al mes anterior a la aprobación de su convocatoria o, en su caso, al mes anterior a su concesión. Tres. El CDTI ajustará su actividad de forma que no presente necesidad de financiación medida según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. Cuatro. Trimestralmente el CDTI informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la ejecución de las operaciones realizadas a efectos de verificar el cumplimiento de los límites regulados en los apartados anteriores. [precepto]Novena. Préstamos y anticipos de la política de investigación, desarrollo e innovación. Durante el ejercicio 2015 la concesión de préstamos y anticipos con cargo a créditos de la política 46 «Investigación, desarrollo e innovación» no requerirá de la autorización prevista en la letra a) de la Disposición adicional segunda de esta Ley, cuando el tipo de interés aplicable a los préstamos y anticipos sea igual o superior al tipo de interés euríbor a un año publicado por el Banco de España correspondiente al mes anterior a la aprobación de su convocatoria o, en su caso, al mes anterior a su concesión. [precepto]Décima. Régimen excepcional de disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 1. Durante los ejercicios 2015 y 2016 no resultará de aplicación el límite del tres por ciento fijado con carácter general en el artículo 4 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 2. Durante los citados ejercicios, 2015 y 2016, se autoriza la disposición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social a medida que surjan las necesidades, hasta un importe equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que al efecto elabore la Intervención General de la Seguridad Social, con arreglo a los criterios establecidos en la normativa reguladora de dicho Fondo. 3. El importe de esta disposición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinará al pago de las obligaciones relativas a las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión. 4. Con carácter trimestral se dará cuenta al Consejo de Ministros de los importes dispuestos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 5. La disposición del importe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en los términos establecidos en los apartados anteriores, se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social en su función de caja pagadora del sistema y competente para la distribución en el tiempo y en el territorio de las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente las obligaciones de la Seguridad Social y evitar los desajustes financieros. 6. Se autoriza a los Ministros de Empleo y Seguridad Social, de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar las instrucciones que fuesen precisas para el desarrollo de lo establecido en esta Disposición adicional. [precepto]Décima primera. Centralización de créditos. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, respecto a aquellos contratos centralizados cuyos gastos deban imputarse al Programa presupuestario 923R «Contratación Centralizada», en cuyo objeto se contemplen obras, bienes o servicios destinados a organismos, deberá establecerse el coste asumido a satisfacer por el destinatario del bien o servicio para la tramitación de la correspondiente transferencia de crédito desde el presupuesto del órgano destinatario a la Sección 31, o cuando no fuera posible esta transferencia de acuerdo con el régimen presupuestario aplicable, mediante generación de crédito en el Servicio Presupuestario 05 «Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación» de la Sección 31 «Gastos de Diversos Ministerios» por el ingreso que efectúe el destinatario del objeto del contrato centralizado. Las anteriores modificaciones de crédito serán aprobadas por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a iniciativa de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y a propuesta de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas. Los expedientes de modificación se iniciarán una vez concluido el proceso informático presupuestario de atribución de créditos aprobados en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por las Cortes. A partir del ejercicio 2015, dicho sistema de asignación de crédito se simultaneará con la dotación inicial que se asigne al citado Servicio Presupuestario, en consonancia con los nuevos contratos centralizados tramitados y aquéllos que ya se encuentren formalizados. [encabezado]II [precepto]Décima segunda. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012. Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público. 1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición. 2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los primeros 44 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a los primeros 44 días, o cifra inferior, se realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de función pública aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal laboral, a las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas. Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, por no contemplarse en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año, serán las equivalentes a un 24,04 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del mencionado precepto. 3. La aprobación por cada Administración Pública de las medidas previstas en este artículo estarán condicionadas al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. 4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en esta disposición minorarán el alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012. Dos. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público estatal. 1. Durante el año 2015, el personal del sector público estatal definido en las letras a), d) y e) del apartado Uno del artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, así como el personal de las sociedades, entidades y resto de organismos de los apartados f) y g) de dicho precepto que pertenezcan al sector público estatal, percibirá las cantidades previstas en el apartado Uno.2 de esta disposición. 2. La recuperación de la paga extraordinaria y pagas adicionales a que se refiere el número anterior se efectuará con arreglo a las siguientes reglas: a) El personal incluido en los puntos 1 y 2 del artículo 3 del Real Decreto-ley 20/2012 percibirá la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria y pagas adicionales o equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas. En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y pagas adicionales o equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas, los primeros 44 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. A los efectos previstos en el párrafo anterior, para el cálculo de las cantidades correspondientes a los primeros 44 días, en relación con el número de días totales que comprenden la paga extraordinaria y pagas adicionales o equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas, se utilizarán las reglas de cómputo aplicables a cada tipo de personal de acuerdo con su régimen jurídico en vigor en el momento en que se produjo la supresión. Siempre que la normativa aplicable no disponga otra cosa, el número de días totales a que se hace referencia en el párrafo anterior será de 183. b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el personal incluido en los puntos 3, 3 bis, 3 ter y 4 del artículo 3 del Real Decreto-ley 20/2012, percibirá un 24,04 por ciento de los importes dejados de percibir por aplicación de dichos preceptos. c) Lo previsto en la letra a) será de aplicación a los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados, así como a los Consejeros Permanentes y Secretario General del Consejo de Estado, en los mismos términos que al personal funcionario. Al personal a que se refiere el artículo 24.Tres de la Ley 2/2012 se le aplicará igualmente lo previsto en la letra a). En caso de no haber tenido derecho a la percepción de paga extraordinaria, percibirán un 24,04 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2012. d) Los Altos Cargos incluidos en los puntos 1 y 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2012 percibirán un 24,04 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2012. e) Al personal que hubiera cambiado de destino, las cantidades a que se refiere el presente apartado le serán abonadas por el ministerio, organismo o entidad en la que se encuentre prestando servicios en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, previa petición dirigida al órgano de gestión de personal acompañada de certificación de la habilitación de origen de los conceptos e importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012. Al personal que hubiera pasado a prestar servicios en una Administración Pública distinta, las cantidades a que se refiere el presente apartado le serán abonadas por el ministerio, organismo o entidad al que hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria, previa petición dirigida al órgano de gestión de personal. Al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada en la fecha de entrada en vigor de esta Ley o que hubiera perdido la condición de empleado público, las cantidades a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el ministerio, organismo o entidad al que hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria, previa petición dirigida al órgano de gestión de personal, acompañada de certificación de la habilitación de origen de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes correspondientes al mes de diciembre de 2012. En caso de que el personal de que se trate hubiera fallecido a la entrada en vigor de la presente disposición, la petición a que se refiere el párrafo anterior deberá formularse por sus herederos conforme a Derecho civil. f) Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado o por los organismos o entidades dependientes de la misma, así como al del Banco de España y al personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados. Tres. Aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Se suspende y deja sin efecto la aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en lo que resulte estrictamente necesario para la aplicación de la presente disposición. Cuatro. Los apartados Uno y Tres de la presente disposición tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.18.ª, 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. [precepto]Décima tercera. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal. Con el fin de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal que pueda derivarse de la acumulación de plazas prevista en el artículo 21.Tres de esta Ley, no podrá superar, en el año 2015, el límite máximo de 100 plazas, que se destinarán a la sustitución paulatina de empleo temporal. [precepto]Décima cuarta. Militares de tropa y marinería. Las plantillas máximas de militares de tropa y marinería a alcanzar el 31 de diciembre del año 2015 no podrán superar los 79.000 efectivos. Se autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos de selección y reclutamiento a partir de la aprobación de la presente Ley. [precepto]Décima quinta. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas en 2015. Uno. En el año 2015, las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 20 apartado Uno de esta Ley, no podrán proceder a la contratación de nuevo personal. Esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la correspondiente sociedad mercantil. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales. Además, las sociedades mercantiles públicas que hayan tenido beneficios en los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 21.Uno.3 de esta Ley. Dos. En el caso de las sociedades mercantiles estatales, la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del accionista mayoritario. Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por el accionista mayoritario de las respectivas sociedades. Las sociedades mercantiles estatales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a la contratación temporal realizada en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas. Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta Disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. [precepto]Décima sexta. Contratación de personal de las fundaciones del sector público en 2015. Uno. En el año 2015, las fundaciones del sector público no podrán contratar nuevo personal. Esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la correspondiente fundación del sector público. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales. Además, las fundaciones que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 21.Uno.3 de esta Ley. Dos. En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La contratación temporal teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por los departamentos u organismos de tutela. Las fundaciones del sector público estatal deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a la contratación temporal realizada en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas. Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta Disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. [precepto]Décima séptima. Contratación de personal de los consorcios del sector público en 2015. Uno. No obstante lo dispuesto en la Disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, excepcionalmente, en el año 2015, los consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público, definido en el artículo 20, apartado Uno de esta Ley, que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 21.Uno.3 de esta Ley. Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales. Dos. En los consorcios señalados en el apartado Uno con participación mayoritaria del sector público estatal, la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La contratación temporal, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por los departamentos u organismos con participación mayoritaria en los mismos. Los consorcios deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a la contratación temporal realizada en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas. Tres. Tanto los consorcios contemplados en el apartado Dos como los restantes consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal, deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a la contratación temporal realizada durante el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas. Cuatro. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta Disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. [precepto]Décima octava. Modalidades de contratación temporal de personal docente de los Centros Universitarios de la Defensa. Los Centros Universitarios de la Defensa podrán proceder a la contratación temporal de personal docente, conforme a las modalidades previstas en los artículos 49, 50, 53 y 54, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con respeto a las previsiones que se contengan, tanto en esta Ley como en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado sobre la contratación de personal temporal. [precepto]Décima novena. Indemnizaciones por razón del servicio del personal destinado en el extranjero. Durante el próximo ejercicio presupuestario 2015, queda suspendida la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. [precepto]Vigésima. Retribuciones de los cargos directivos y restante personal de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y de sus centros mancomunados. Uno. Las retribuciones que perciban las personas que a la entrada en vigor de esta ley ostenten cargos directivos en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y en sus centros mancomunados, integrantes del sector público estatal de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que sean abonadas con cargo al concepto 130 «Laboral fijo», subconceptos 0 «Altos cargos» y 1 «Otros directivos», del presupuesto de gastos de la correspondiente entidad, no podrán exceder del importe más alto de los que correspondan a los altos cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración General del Estado, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. No obstante la limitación anterior, los citados cargos directivos podrán percibir retribuciones complementarias por encima de la cantidad que resulte de aplicar la misma, en cuyo caso dichas retribuciones tendrán la naturaleza de absorbibles por las retribuciones básicas, y quedará determinada la exclusiva dedicación de aquéllos y, por consiguiente, su incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad retribuida. En ningún supuesto, las retribuciones que, por cualquier concepto, perciban las personas a que se refiere el párrafo anterior, podrán experimentar incremento en el ejercicio 2015 respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2014. Dos. En aquéllos supuestos en los que la prestación de los servicios de los cargos directivos de las Mutuas y de sus centros mancomunados se inicie a partir de 1 de enero de 2010, las retribuciones básicas por cualquier concepto a percibir por los mismos con cargo al concepto 130 «Laboral fijo», subconceptos 0 «Altos cargos» y 1 «Otros directivos», del presupuesto de gastos de la correspondiente entidad, no podrán exceder las cuantías establecidas en el régimen retributivo de los directores generales de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Asimismo, en ningún supuesto las retribuciones que, por cualquier concepto, perciban las personas a que se refiere el párrafo anterior, podrán experimentar incremento en el ejercicio 2015 respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2014. Tres. Las retribuciones del resto del personal al servicio de las Mutuas y de sus centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo establecido en el artículo 25 de esta ley, a excepción de lo estipulado sobre el requerimiento de autorización de la masa salarial por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que no será de aplicación. Cuatro. A efectos de aplicación de las limitaciones previstas en los apartados Uno y Dos, serán computables igualmente las retribuciones que provengan del patrimonio histórico de las Mutuas o de las entidades vinculadas a dicho patrimonio. [precepto]Vigésima primera. Módulos para la compensación económica por la actuación de Jueces de Paz y Secretarios de Juzgados de Paz. Uno. Los Jueces de Paz, nombrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, percibirán, de acuerdo con el número de habitantes de derecho del municipio, las retribuciones anuales que se indican a continuación, que no varían respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014:   Anual De 1 a 1.999 habitantes 1.072,78 De 2.000 a 4.999 habitantes 1.609,11 De 5.000 a 6.999 habitantes 2.145,45 De 7.000 a 14.999 habitantes 3.218,15 De 15.000 o más habitantes 4.290,85 Dos. El personal, excluido el perteneciente a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe funciones de Secretario de un Juzgado de Paz, con nombramiento expedido al efecto, percibirá, de acuerdo con el número de habitantes de derecho del municipio, las cuantías anuales que se indican a continuación, que no varían respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.   Anual De 1 a 499 habitantes 531,28 De 500 a 999 habitantes 789,11 De 1.000 a 1.999 habitantes 945,37 De 2.000 a 2.999 habitantes 1.101,55 De 3.000 a 4.999 habitantes 1.414,02 De 5.000 a 6.999 habitantes 1.726,50 Tres. Las cuantías anteriores se financiarán con cargo a las correspondientes aplicaciones presupuestarias, y se devengarán por periodos trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. [precepto]Vigésima segunda. Incentivos al Rendimiento de las Agencias Estatales. Los importes globales de incentivos al rendimiento que resulten de la ejecución de los contratos de gestión de las Agencias Estatales que dispongan de estos, tendrán como límite máximo los importes que por esos mismos conceptos les haya autorizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el año 2014. [precepto]Vigésima tercera. Modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del Estado. Las modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios Sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del Estado, que supongan incrementos netos del número de plazas o del coste de las mismas, o la transformación de plazas de personal sanitario en plazas de personal de gestión y servicios o viceversa, serán aprobadas previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. [precepto]Vigésima cuarta. Limitación del gasto en la Administración General del Estado. Durante el año 2015, cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración. [encabezado]III [precepto]Vigésima quinta. Extensión al Régimen de Clases Pasivas del Estado de la regulación establecida en el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. A las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se causen a partir de 1 de enero de 2015, les será aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. A los efectos de lo establecido en esta disposición, las referencias hechas en el artículo mencionado en el párrafo anterior a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 161, al apartado 1 del artículo 163 y al artículo 47 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se entenderá que se corresponden, respectivamente, con los artículos 28.2.a), 29, 31 y 27.3 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Asimismo, se entenderá por período de cotización o años de cotización o cotizados, los años de servicios efectivos al Estado según lo previsto en el artículo 32 de dicho texto refundido. Por su parte, las referencias a la base reguladora y al tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento, en cómputo anual, deben entenderse hechas, respectivamente, a los haberes reguladores contemplados en el artículo 30 del citado texto refundido y al haber regulador del grupo/subgrupo A1 establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico, en cómputo anual. Lo establecido en esta disposición únicamente será de aplicación en los supuestos contemplados en el artículo 31 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. [precepto]Vigésima sexta. Prestaciones familiares de la Seguridad Social. A partir de 1 de enero de 2015, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, regulados en la Sección Segunda del Capítulo IX del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, serán los siguientes: Uno. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 182 bis.1 será en cómputo anual de 291 euros. Dos. La cuantía de las asignaciones establecidas en el artículo 182 bis.2 para los casos en que el hijo o menor acogido a cargo tenga la condición de discapacitado será: a) 1.000 euros cuando el hijo o menor acogido a cargo tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. b) 4.402,80 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. c) 6.604,80 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años, esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Tres. La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el artículo 186.1, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres discapacitadas, será de 1.000 euros. Cuatro. Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 182.1.c), quedan fijados en 11.547,96 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 17.380,39 euros, incrementándose en 2.815,14 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. [precepto]Vigésima séptima. Subsidios económicos contemplados en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y pensiones asistenciales. Uno. A partir del 1 de enero del año 2015, los subsidios económicos a que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se fijarán, según la clase de subsidio, en las siguientes cuantías:   Euros/mes Subsidio de garantía de ingresos mínimos 149,86 Subsidio por ayuda de tercera persona 58,45 Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte 63,10 Dos. A partir del 1 de enero del año 2015, las pensiones asistenciales reconocidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 45/1960, de 21 de julio de 1960 y en el Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros íntegros mensuales, abonándose dos pagas extraordinarias del mismo importe que se devengarán en los meses de junio y diciembre. Tres. Las pensiones asistenciales serán objeto de revisión periódica, a fin de comprobar que los beneficiarios mantienen los requisitos exigidos para su reconocimiento y, en caso contrario, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá instar la incoación de los procedimientos de revisión, a efectos de practicar el ajuste económico y presupuestario del gasto generado. Los resultados que ofrezcan aquellos procedimientos serán comunicados al citado Departamento ministerial. [precepto]Vigésima octava. Actualización de la cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo. A partir del 1 de enero de 2015, la cuantía de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional ascenderá, en cómputo anual, a la diferencia entre 7.165,38 euros y el importe anual que perciba cada beneficiario por las pensiones a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 3/2005, o a la diferencia entre 7.165,38 euros y las rentas o ingresos anuales que perciban los beneficiarios a que se refiere el apartado d) del artículo 2 de la Ley 3/2005. [precepto]Vigésima novena. Aplazamiento de la aplicación de la Disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Se aplaza la aplicación de lo establecido en la Disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. [precepto]Trigésima. Incremento para el año 2015 de las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, causadas hasta el 31 de diciembre de 2014, experimentarán en 2015 un incremento del 0,25 por ciento. [precepto]Trigésima primera. Ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.). Durante el año 2015 las cuantías mensuales reconocidas a favor de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.), establecidas en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre el importe de 610,17 euros. [encabezado]IV [precepto]Trigésima segunda. Interés legal del dinero. Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero, éste queda establecido en el 3,50 por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2015. Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será del 4,375 por ciento. Tres. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 4,375 por ciento. [precepto]Trigésima tercera. Pagos por remuneración negativa de fondos del Tesoro Público. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a efectuar, mediante operaciones no presupuestarias, los pagos correspondientes a las obligaciones económicas que se deriven de la aplicación de tipos de interés negativos por el Banco de España o en las operaciones de gestión de liquidez a que se refiere el artículo 108.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Con posterioridad a su realización, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación al Presupuesto de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados en el último trimestre el mismo, que se aplicarán al Presupuesto en el año siguiente. [precepto]Trigésima cuarta. Seguro de Crédito a la Exportación. El límite máximo de cobertura para nueva contratación, excluidas las Pólizas Abiertas de Corto Plazo, salvo las de Créditos Documentarios, que podrá asegurar y distribuir la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima (CESCE) será, para el ejercicio del año 2015, de 9.000.000 miles de euros. [precepto]Trigésima quinta. Apoyo financiero a empresas de base tecnológica, capitalización. El importe total máximo que podrá aprobarse durante el año 2015 para las operaciones a las que se refiere el apartado 1 de la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, será de 18.579,76 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 27.14.467C.831.15. La aprobación de cualquier convenio o convocatoria de ayudas o préstamos (incluidas las órdenes de bases y demás normativa que las regule) a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior, necesitará del informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. [precepto]Trigésima sexta. Apoyo financiero a empresas de base tecnológica, Préstamos participativos. El importe total máximo que podrá aprobarse durante el año 2015 para las operaciones de la línea de financiación creada en el apartado 2 de la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, será de 20.446,76 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.16.433M.821.11. La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará del informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. [precepto]Trigésima séptima. Apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas. El importe de la aportación del Estado a la línea de financiación creada en la Disposición adicional vigésimo quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, será de 57.425,48 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.16.433M.821.10. La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará del informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. [precepto]Trigésima octava. Apoyo financiero a emprendedores y empresas TIC-Agenda Digital. Uno. La dotación máxima para el ejercicio 2015 de la línea de financiación establecida en la Disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, será de 15.000 miles de euros y se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.12.467I.821.11. Dos. La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará del informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. Tres. El importe de los fallidos que podrá ser objeto de compensación como consecuencia de la aplicación en 2015 de dicha línea de financiación, tendrá un máximo de 3.015 miles de euros, que se financiarán conforme a lo previsto en el apartado Dos de la Disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. [precepto]Trigésima novena. Apoyo financiero a jóvenes emprendedores. El importe de la aportación del Estado a la línea de financiación creada en la Disposición adicional vigésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, será de 20.446,76 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.16.433M.821.12. La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará del informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. [precepto]Cuadragésima. Apoyo financiero a los préstamos universitarios firmados de conformidad con la Orden EDU/3248/2010, de 17 de diciembre y acogidos al Convenio de colaboración suscrito el 27 de diciembre de 2010 entre el Ministerio de Educación y el Instituto de Crédito Oficial para la instrumentación de la ampliación del periodo de carencia y amortización de préstamos suscritos en el marco de la Línea «ICO- Préstamos Universidad 2010/2011». Uno. Conforme a lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, los estudiantes universitarios que tengan suscrito un préstamo con una entidad financiera adherida a la línea de préstamos universitarios publicada en la Orden EDU/3248/2010, de 17 de diciembre, para realizar estudios de máster y de doctorado que acrediten encontrarse en una situación que les impida cumplir con las correspondientes obligaciones de pago y cuyo plazo de carencia no haya vencido, podrán solicitar la ampliación del periodo de carencia y de amortización. La ampliación del periodo de carencia y de amortización se concederá mediante la solicitud a la entidad financiera de forma automática para todas las operaciones que se soliciten, mediante la firma de un nuevo préstamo o novación de la operación inicial en el marco de la Línea «ICO-Préstamos Universidad 2010/2011». Dos. Los prestatarios deberán cumplir las siguientes condiciones: a) Que no concurra alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. b) Que se garantice el cumplimiento del objeto por el que se autorizó el préstamo, mediante la acreditación del título de máster o de doctorado para el que se concedió el préstamo. En el caso de las enseñanzas de doctorado para las que el artículo 10.2.c) de la Orden EDU/3248/2010, de 17 de diciembre, fijaba un plazo máximo de cinco años, se deberá acreditar la formalización de la matrícula y el registro del proyecto de la tesis en la universidad. c) Que los ingresos en el ejercicio anterior al de inicio de la amortización fijada en el contrato inicial no superaron el umbral de 22.000 euros/año de la base general y del ahorro/IRPF, o que en esa fecha, los ingresos hayan sido inferiores a las cuantías que determinan la obligación de presentar declaración por IRPF conforme a la normativa en vigor. Tres. La ampliación de periodo de carencia y de amortización y el plazo para solicitarla se aplicará a los préstamos para estudios de máster o doctorado de 120 créditos o equivalentes a dos cursos académicos cuya carencia finaliza en el año 2015 y que podrán ampliar de cuatro años a seis años la carencia y el período de amortización pasará de seis a diez años. El plazo para solicitar la ampliación del plazo comenzará 2 meses antes de finalizar el período de carencia y finalizará al cierre del mismo. Cuatro. La aplicación de las medidas y modificaciones propuestas conllevará la firma de Adenda al Convenio entre el Ministerio y el ICO, así como la suscripción de la correspondiente Adenda a los Contratos de Financiación del ICO con las Entidades de Crédito, donde se regulen las condiciones y plazos para acogerse a las medidas. Cinco. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictará las resoluciones precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en esta disposición. [precepto]Cuadragésima primera. Apoyo financiero a las actuaciones en Parques Científicos y Tecnológicos. Uno. El Ministerio de Economía y Competitividad, previo informe preceptivo y vinculante de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, a solicitud de las entidades promotoras de parques científicos y tecnológicos cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones públicas sin ánimo de lucro que se hubieran acogido a alguno de los aplazamientos previstos en la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en la disposición adicional trigésima quinta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, y en la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, podrá conceder una moratoria, para las cuotas aplazadas en virtud de las disposiciones adicionales citadas con vencimiento en el año 2015, más sus intereses. A tal efecto se constituirá un nuevo crédito por la totalidad del importe de las cuotas a aplazar, más sus intereses, con vencimiento a 1 de enero de 2017 y plazo de amortización de hasta veinte años, con amortizaciones anuales constantes. Dos. Lo previsto en el apartado anterior también será de aplicación a aquellas entidades que en su día solicitaron acogerse a los citados aplazamientos pero no obtuvieron una resolución definitiva favorable de concesión a causa de no haber podido aportar, en aquel momento, las garantías adicionales exigidas, o no se llegó a emitir resolución. En este caso, junto a la solicitud de moratoria, se deberán aportar las citadas garantías adicionales exigidas. Si el Ministerio de Economía y Competitividad hubiera llegado a emitir en su día una propuesta de resolución provisional favorable, el importe de las cuotas a aplazar será el que figure como pagos 2015 en dicha propuesta de resolución provisional. Si no se llegó a emitir la propuesta de resolución provisional, el importe de las cuotas a aplazar será el que hubiera correspondido que figurara como pago 2015 en la citada propuesta. Tres. El Ministerio de Economía y Competitividad concederá la moratoria una vez comprobada la viabilidad económica y financiera de la entidad solicitante o, en su caso, constatada la asunción solidaria de la deuda por la Administración pública de dependencia, con arreglo a las siguientes condiciones: 1. Se respetarán los límites de intensidad de ayuda permitidos por la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. 2. El nuevo crédito devengará el tipo de interés de la deuda emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar. 3. Deberán aportarse las garantías adicionales que en cada caso se determinen. 4. En el caso de entidades del sector público, la operación deberá contar con la autorización de la Administración a la que la entidad pertenezca y adicionalmente dicha Administración deberá asumir solidariamente el pago de la deuda cuya moratoria se solicita. Así mismo, las cuotas del nuevo crédito podrán ser objeto de compensación con cualquier pago que debiera realizarse desde el Estado a la citada Administración. Cuatro. Se habilita a la titular de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación para dictar las resoluciones e instrucciones que, en su caso, sean precisas para el cumplimiento de esta disposición. [precepto]Cuadragésima segunda. Dotación de los fondos de fomento a la inversión española con interés español en el exterior. Uno. La dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior se establece en 40.000 miles de euros en el año 2015. El Comité Ejecutivo del Fondo para Inversiones en el Exterior podrá aprobar durante el año 2015 operaciones por un importe total máximo equivalente a 300.000 miles de euros. Dos. La dotación del Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa se establece en 10.000 miles de euros en el año 2015. El Comité Ejecutivo del Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa podrá aprobar durante el año 2015 operaciones por un importe total máximo equivalente a 35.000 miles de euros. [precepto]Cuadragésima tercera. Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Uno. El Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, creado en la Disposición Adicional sexagésima primera de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para 2009 y que tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven a cabo dicha actividad, tendrá una dotación para el ejercicio 2015 de 5.000 miles de euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dicha dotación será desembolsada y transferida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2015. Dos. El procedimiento y condiciones aplicables a la gestión del Fondo, así como los criterios y procedimientos de selección, concesión y control de la financiación a otorgar por el mismo, serán los establecidos en el convenio firmado para el ejercicio 2009 entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), salvo que por las Instituciones firmantes se considere necesario efectuar alguna modificación para su mejor funcionamiento. Tres. El Fondo podrá utilizar remanentes de convocatorias anteriores en la financiación a conceder a empresas en convocatorias posteriores. El Fondo podrá utilizar los recursos procedentes de las amortizaciones y los rendimientos financieros de financiaciones concedidas en la financiación a conceder empresas en nuevas convocatorias. Cuatro. El Fondo podrá dedicar parte de sus recursos a la constitución de Fondos que tendrían el mismo fin pero limitarían su ámbito de actuación a una Comunidad Autónoma, previa decisión por unanimidad de la Comisión de Inversiones y Seguimiento prevista en el citado Convenio. Estos nuevos Fondos, constituidos a través de un Convenio de las partes, contarían con los recursos aportados por el Fondo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Comunidad Autónoma correspondiente y las entidades económico-financieras que pudieran estar interesadas. Cinco. A la liquidación del Fondo, que se producirá a los diez años a contar desde la primera aportación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, SEPI ingresará en el Tesoro Público la dotación percibida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, menos el importe correspondiente a las operaciones de financiación fallidas, si las hubiere, y los gastos derivados de la gestión del Fondo desde su creación, más los rendimientos financieros que puedan generar las cantidades aportadas al mismo. Seis. Este Fondo carece de personalidad jurídica. Las responsabilidades del Fondo se limitarán exclusivamente a aquéllas que la entidad gestora haya contraído por cuenta del mismo. Igualmente, los posibles acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra el patrimonio de la entidad gestora. [precepto]Cuadragésima cuarta. Ayudas derivadas del Programa Operativo del Fondo de Ayuda a los más Desfavorecidos (FEAD). Excepcionalmente y con vigencia hasta el año 2020, debido a su especial finalidad, las ayudas derivadas del Programa Operativo del Fondo de Ayuda a los más Desfavorecidos (FEAD) tendrán el mismo régimen de anticipos por parte del Tesoro que el establecido en el artículo 82 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria para las operaciones financiadas por fondos FEAGA y FEADER. La cantidad máxima anual a anticipar será de 100 millones de euros. La cancelación de los sucesivos anticipos deberá producirse en un plazo inferior a seis meses desde la efectiva disposición de los mismos. [precepto]Cuadragésima quinta. Garantía del Estado para obras de interés cultural. Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, durante el ejercicio 2015, el importe total acumulado, en todo momento, de los compromisos otorgados por el Estado respecto a todas las obras o conjuntos de obras cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y sus Organismos públicos adscritos no podrá exceder de 2.250.000 miles de euros. Se excluirá del cómputo de dicho importe máximo la cuantía contemplada en el punto dos de esta disposición adicional. El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen por primera vez en el año 2015 para obras o conjuntos de obras destinadas a su exhibición en una misma exposición será de 231.000 miles de euros. Una vez devueltas las obras a los cedentes y acreditado por los responsables de las exposiciones el término de la Garantía otorgada sin incidencia alguna, las cantidades comprometidas dejarán de estarlo y podrán ser de nuevo otorgadas a una nueva exposición. Excepcionalmente este límite máximo podrá elevarse por encima de los 231.000 miles de euros por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, por iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El importe máximo comprometido en una obra, a efectos de su cobertura por la Garantía del Estado, no podrá superar los 150.000 miles de euros. Dos. El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza respecto a las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la Fundación ubicadas en España en relación con el «Contrato de Préstamo de Obras de arte entre de una parte la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de otra Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt, y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza», para el año 2015 será de 400.000 miles de euros. Tres. En el año 2015 también será de aplicación la Garantía del Estado a las exposiciones organizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y por la «Sociedad Estatal de Acción Cultural S.A. (AC/E)» siempre y cuando se celebren en instituciones de las que la Administración General del Estado sea titular. Asimismo la Garantía del Estado será de aplicación a las exposiciones organizadas por la Fundación Lázaro Galdiano en la sede de su Museo y a la Fundación Carlos de Amberes en la sede de su fundación en Madrid. Cuatro. Con carácter excepcional, en el año 2015, el límite máximo de los compromisos otorgados por el Estado para el aseguramiento de los préstamos incluidos en las dos exposiciones que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía celebrará bajo los títulos «Im Obersteg Collection» y «Kunstmuseum Basel», no podrá exceder de 1.500.000 miles de euros. Esta cantidad se computará de forma independiente a los límites previstos en los apartados anteriores. [precepto]Cuadragésima sexta. Endeudamiento de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad. Con el fin de garantizar la adecuación a la nueva normativa reguladora del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales así como el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Entidad Pública ADIF-Alta Velocidad precisará la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para llevar a cabo las operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que estas se formalicen, incluidas en el límite máximo de endeudamiento de la entidad contemplado en la presente Ley. Las autorizaciones se instrumentarán de acuerdo con las siguientes reglas, atendiendo al tipo de operaciones: 1. En cualquier caso, las operaciones deberán estar previstas en los planes y programas de actuación y/o inversión de la Entidad. 2. El saldo vivo de la deuda a corto plazo no podrá variar desde la entrada en vigor de esta Ley hasta el 31 de diciembre de 2015 en una cuantía superior a la que se determine por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 3. Cada una de las operaciones de endeudamiento con un plazo de vencimiento superior a un año, precisará la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 4. El expediente de autorización será remitido por ADIF-Alta Velocidad al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con toda la documentación precisa y descriptiva de las operaciones a efectuar y con indicación de las consecuencias que de las mismas puedan resultar para los planes y programas de actuación y/o inversión de la Entidad, así como para la absorción de fondos comunitarios o el cumplimiento de otras obligaciones financieras asumidas por ADIF-Alta Velocidad. [precepto]Cuadragésima séptima. Concesión de moratoria a la sociedad estatal Navantia, S.A. Se concede a la sociedad estatal Navantia, S. A. una moratoria de tres años para el reintegro de la financiación comprometida conforme al vigente Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la empresa Navantia, S. A. para el desarrollo tecnológico del programa de submarinos S-80. Las cantidades afectadas por la moratoria prevista en esta Disposición adicional devengarán interés de demora durante el tiempo que medie entre las fechas de pago actualmente previstas en el vigente Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la empresa Navantia, S. A. para el desarrollo tecnológico del programa de submarinos S-80 y la fecha definitiva de cada uno de los pagos tras la moratoria. Los intereses de demora devengados como consecuencia de la moratoria, que se calcularán al tipo de interés legal del dinero, serán abonados por Navantia, S. A. separadamente para cada una de las anualidades al tiempo de realizar el pago de cada una de ellas. En todo lo no previsto de modo expreso en esta Disposición adicional, subsiste sin ninguna modificación lo establecido en el vigente Convenio de colaboración entre el Ministerio Industria, Energía y Turismo y la empresa Navantia, S. A. para el desarrollo tecnológico del programa de submarinos S-80. [encabezado]V [precepto]Cuadragésima octava. Financiación de Corporación RTVE. Con efectos 1 de enero de 2015, el porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico a percibir por la Corporación RTVE, según el artículo 4.2 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, queda fijado en el 100 %, con un importe máximo de 330 millones de euros. [precepto]Cuadragésima novena. Afectación de la recaudación de las tasas de expedición del Documento Nacional de Identidad y Pasaportes. Se afecta la recaudación de las tasas de expedición del Documento Nacional de Identidad y pasaportes con vigencia indefinida a la financiación de las actividades desarrolladas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en cumplimiento de las encomiendas de gestión realizadas por los centros del Ministerio del Interior para la expedición de los indicados documentos, en los porcentajes que se recogen a continuación: Tasa Porcentaje de afectación Tasa de expedición del DNI 82 % Tasa de expedición del pasaporte 59 % [precepto]Quincuagésima. Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social. El Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2015 correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido. A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto la formada por la suma de la cuota íntegra estatal y de la cuota íntegra autonómica en los términos previstos en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2015 se llevará a cabo antes del 30 de abril de 2017, efectuándose una liquidación provisional el 30 de noviembre de 2016 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la concesión de las subvenciones. La cuantía total asignada en los presupuestos de 2015 para actividades de interés general consideradas de interés social se distribuirá aplicando los siguientes porcentajes: El 77,72 por 100 al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 19,43 por 100 al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el 2,85 por 100 al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Estos porcentajes serán de aplicación sobre la liquidación definitiva practicada en el propio ejercicio 2015. [precepto]Quincuagésima primera. Financiación a la Iglesia Católica. Durante el año 2015 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados Uno y Dos de la Disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Antes del 30 de noviembre de 2016, se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2015, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2017. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente. [precepto]Quincuagésima segunda. Actividades prioritarias de mecenazgo. Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, durante el año 2015 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las siguientes: 1.ªLas llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios. 2.ªLa promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del Estado español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia. 3.ªLa conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan en el Anexo XIII de esta Ley, así como las actividades y bienes que se incluyan, previo acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español «patrimonio.es» al que se refiere el artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 4.ªLos programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas. 5.ªLos proyectos y actuaciones de las Administraciones Públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a través de Internet. 6.ªLa investigación, desarrollo e innovación en las Infraestructuras Científicas que, a este efecto, se relacionan en el Anexo XIV de esta Ley. 7.ªLa investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la sociedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación para el período 2013-2020 y realizados por las entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad. 8.ªEl fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la innovación llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 9.ªLos programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en colaboración con éstas. 10.ªLas actividades de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales llevadas a cabo por las Administraciones Públicas o con el apoyo de éstas. 11.ªLas llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines y funciones de carácter cultural y de investigación científica establecidos por el Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España. 12.ªLas llevadas a cabo por la Fundación CEOE en colaboración con el Consejo Superior de Deportes y la Asociación de Deportistas en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como en el Deporte» con la finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES españolas en el ámbito interno e internacional, la potenciación de jóvenes talentos deportivos y la promoción del empresario como motor de crecimiento asociado a los valores del deporte. Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en el párrafo anterior que, de conformidad con el apartado Dos de esta disposición adicional, pueden beneficiarse de la elevación de cinco puntos porcentuales de los porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 tendrán el límite de 50.000 euros anuales para cada aportante. 13.ªLas llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo. 14.ªLas llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros países, así como para la promoción de la cultura española en el exterior. 15.ªLas llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas «Oportunidad al Talento», así como las actividades culturales desarrolladas por esta entidad en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural «Cambio de Sentido» y la Exposición itinerante «El Mundo Fluye». Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002, se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación con las actividades incluidas en el apartado anterior. [precepto]Quincuagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real». Uno. La celebración del «200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real», que se celebrará en la temporada artística 2017/2018, tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. [precepto]Quincuagésima cuarta. Beneficios fiscales aplicables al «IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes». Uno. La celebración del «IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2017. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. [precepto]Quincuagésima quinta. Beneficios fiscales aplicables al «VIII Centenario de la Universidad de Salamanca». Uno. La celebración del «VIII Centenario de la Universidad de Salamanca» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de octubre de 2018. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. [precepto]Quincuagésima sexta. Beneficios fiscales aplicables al «Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo». Uno. El «Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. [precepto]Quincuagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables a «Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar». Uno. La celebración de «Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 16 de abril de 2015 al 15 de abril de 2018. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Quincuagésima octava. Beneficios fiscales aplicables al «Programa Universo Mujer». Uno. El «Programa Universo Mujer» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. [precepto]Quincuagésima novena. Beneficios fiscales aplicables al «60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial». Uno. El «60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial», tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima. Beneficios fiscales aplicables al «Encuentro Mundial en Las Estrellas (EME) 2017». Uno. La celebración del «Encuentro Mundial en Las Estrellas (EME) 2017» a celebrar en las islas de La Palma, Tenerife y El Hierro, tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima primera. Beneficios fiscales aplicables a la celebración de «Barcelona Mobile World Capital». Uno. La celebración de «Barcelona Mobile World Capital» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2017. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables al «Año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz». Uno. La celebración del «Año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables a la celebración de «ORC Barcelona World Championship 2015». Uno. La celebración de «ORC Barcelona World Championship 2015» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima cuarta. Beneficios fiscales aplicables al «Barcelona Equestrian Challenge». Uno. La celebración del «Barcelona Equestrian Challenge» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima quinta. Beneficios fiscales aplicables al «Women’s Hockey World League Round 3 Events 2015». Uno. La celebración del «Women’s Hockey World League Round 3 Events 2015» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima sexta. Bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para Lorca, Murcia. Uno. Se concede una bonificación del 50 por ciento de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2015, con los mismos requisitos establecidos para la exención regulada en este Impuesto en el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. Dos. La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, el resto de bonificaciones legalmente previstas. Tres. La disminución de ingresos que lo establecido en esta disposición produzca en el Ayuntamiento de Lorca será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. [precepto]Sexagésima séptima. Bonificación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para Lorca, Murcia. Uno. Excepcionalmente durante 2015 se concede una bonificación del 50 por ciento de las cuotas del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para las transmisiones de los bienes inmuebles a que se refiere el apartado 1 del artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia, que se lleven a cabo para la reconstrucción de la zona afectada por dichos seísmos. Dos. La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, el resto de bonificaciones legalmente previstas. Tres. La disminución de ingresos que lo previsto en esta disposición produzca en el Ayuntamiento de Lorca será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. [precepto]Sexagésima octava. Beneficios fiscales aplicables al «Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015». Uno. La celebración del «Centenario de la Real Federación Andaluza de Futbol 2015» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento será de 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002. [encabezado]VI [precepto]Sexagésima novena. Fondo de Cohesión Sanitaria. Uno. Se suspende la aplicación de los apartados a, b, c y d del artículo 2.1 del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula el Fondo de Cohesión Sanitaria. Dos. 1. A partir del 1 de enero de 2015, el importe de los gastos por la asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y a asegurados desplazados a España en estancia temporal, con derecho a asistencia a cargo de otro Estado, prestada al amparo de la normativa internacional en esta materia, contemplada en el artículo 2.1.a), b), c) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, así como los relativos a la asistencia sanitaria cubierta por el Fondo de Garantía Asistencial creado por el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se satisfará en base a la compensación de los saldos positivos o negativos resultantes de las liquidaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, relativos a cada Comunidad Autónoma e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tomando como período de referencia la actividad realizada en el año anterior. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comunicará al Instituto Nacional de la Seguridad Social durante el segundo trimestre del ejercicio los saldos negativos resultantes de la asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas y del Fondo de Garantía Asistencial. A tal efecto, el Fondo de Cohesión Sanitaria tendrá la misma naturaleza extrapresupuestaria que el Fondo de Garantía Asistencial. 2. A fin de abonar a las Comunidades Autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria los saldos positivos resultantes de estas liquidaciones, se procederá en primer lugar a deducir los saldos negativos resultantes de facturación por gasto real de los pagos que el Instituto Nacional de la Seguridad Social deba efectuar a las Comunidades Autónomas o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en concepto de saldo neto positivo por cuota global por la cobertura de la asistencia sanitaria a que se refiere la Disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. A continuación, los saldos netos positivos resultantes por cuota global o gasto real se pagarán por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, una vez se hayan deducido los saldos negativos resultantes de la asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas y del Fondo de Garantía Asistencial. Una vez realizadas estas deducciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo comunicará al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante el tercer trimestre de cada ejercicio. También comunicará al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los saldos netos negativos por gasto real que no han podido ser deducidos de los saldos netos positivos por cuota global. La transferencia del importe de estos saldos netos positivos, tanto en concepto de gasto real como de cuota global, a las Comunidades Autónomas o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se realizará por la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante el tercer trimestre de cada ejercicio. El importe deducido a las Comunidades Autónomas o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de los saldos negativos en concepto de gasto real, de asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas y del Fondo de Garantía Asistencial, se ingresará en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera con aplicación a una cuenta extrapresupuestaria, que será gestionada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para compensación entre Comunidades Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la atención prestada a personas con derecho a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Este importe será distribuido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entre las Comunidades Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que presenten saldos netos positivos por asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas y del Fondo de Garantía Asistencial, una vez descontados los saldos netos negativos por gasto real que no han podido ser deducidos de los saldos netos positivos por cuota global, y de forma proporcional a dichos saldos netos positivos. Por último, los saldos netos negativos por asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas y del Fondo de Garantía Asistencial y por gasto real que resten, serán compensados, deducidos o retenidos, según proceda, de los pagos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de los recursos del sistema de financiación cuando se cumplan las condiciones previstas para ello. [precepto]Septuagésima. Límite de los gastos de gestión en los que puede incurrir el Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2 en 2015. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 3.4 de la Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, el importe máximo de gastos de gestión en los que puede incurrir el Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2 en el ejercicio 2015 asciende a 22.414 miles de euros. [precepto]Septuagésima primera. Autorización de pagos a cuenta por los servicios de cercanías y regionales traspasados a la Generalitat de Cataluña. Uno. Lo establecido en el apartado Uno de la Disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, será de aplicación al coste neto de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías y regionales cuyas funciones fueron traspasadas a la Generalitat de Cataluña, prestados en 2014 por Renfe Viajeros, S.A. Dos. El libramiento se efectuará una vez la Intervención General de la Administración del Estado emita el correspondiente informe de control financiero sobre la propuesta de liquidación elaborada por Renfe-Operadora, en el que verificará especialmente que los criterios de imputación de ingresos y gastos sean análogos a los que se deriven del «Contrato entre la Administración General del Estado y la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora para la prestación de los servicios públicos de transporte ferroviario de viajeros por ferrocarril de «cercanías», «media distancia» y «ancho métrico», competencia de la Administración General del Estado, sujetos a obligaciones de servicio público en el periodo 2013-2015». El informe deberá emitirse antes del 30 de septiembre de 2015. No será objeto de compensación el mayor déficit de explotación que pudiera haberse originado a Renfe Viajeros, S.A., como consecuencia de decisiones de la Generalitat de Cataluña, en uso de sus competencias, en cuanto a política tarifaria o estándares de calidad, compromisos y condiciones, distintos de los considerados a efectos del contrato que se cita en el párrafo anterior. Tres. El libramiento se efectuará, tras tener en cuenta el informe de control financiero a que se refiere el apartado Dos, con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria e importe de los Presupuestos Generales del Estado para 2015: 17.39.441M.446 «Renfe Viajeros, S.A., para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a Cataluña, correspondientes al ejercicio 2014, pendientes de liquidación», por importe de 107.260,00 miles de euros. Cuatro. La transferencia a que se refiere el apartado anterior tendrá carácter de cantidad a cuenta de la liquidación definitiva que se acuerde en el marco de la metodología aprobada por Acuerdos de 22 de diciembre de 2009, de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat de Cataluña, de valoración de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías prestados por Renfe-Operadora en Barcelona y de 17 de noviembre de 2010 de la misma Comisión Mixta sobre valoración de los servicios regionales. Cinco. Efectuada la liquidación definitiva, la diferencia positiva o negativa que resulte respecto de la cantidad a cuenta abonada en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, podrá destinarse por la Administración General del Estado a incrementar o minorar las transferencias a efectuar por los servicios prestados en los ejercicios siguientes. [precepto]Septuagésima segunda. Suspensión normativa. Queda sin efecto para el ejercicio 2015 lo previsto en el artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. [precepto]Septuagésima tercera. Suspensión de la aplicación de determinados preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Durante 2015 se suspende la aplicación del artículo 7.2, del artículo 8.2.a), del artículo 10, del artículo 32.3, párrafo primero y de la Disposición transitoria primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. [precepto]Septuagésima cuarta. Plan Integral de Empleo de Canarias. Durante el año 2015 queda en suspenso la aplicación de la Disposición adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. [precepto]Septuagésima quinta. Regulación de la concesión de subvenciones nominativas destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Uno. Para el ejercicio 2015, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.a) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones nominativas destinadas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità y a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a otorgar por parte de la Administración General del Estado (AGE), se concederán mediante resolución del Secretario de Estado de Administraciones Públicas. Dos. Las subvenciones se destinan a la financiación por parte de la AGE de las necesidades del sistema del transporte terrestre público regular de viajeros en los siguientes ámbitos de actuación: – Madrid: Ámbito definido en la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid (CRTM). – Barcelona: Ámbito definido en el artículo 1 de los estatutos de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità (ATM), aprobados por el Decreto 151/2002, de 28 de mayo, de la Generalidad de Cataluña-Generalitat de Catalunya. – Islas Canarias: Ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Tres. Los libramientos se efectuarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias e importes: – Madrid: 32.01.441M.454 «Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para la financiación del transporte regular de viajeros» por importe de 128.154,26 miles de euros. En esta cantidad está incluido el saldo a favor del Consorcio Regional de Transportes de Madrid por importe de 700 miles de euros tras tener en cuenta el informe definitivo de control financiero, de fecha 25 de abril de 2014, del Contrato-Programa entre la AGE y el CRTM correspondiente a los ejercicios 2011-2012 de la Intervención General de la Administración del Estado. – Barcelona: 32.01.441M.451 «A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiación del transporte regular de viajeros» por importe de 98.918,74 miles de euros. – Islas Canarias: 32.01.441M.453 «A la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros de las distintas Islas Canarias» por importe de 25.000,00 miles de euros. Cuatro. El pago de la subvención, desde el mes de enero hasta el mes de junio de 2015, se realizará mediante pagos anticipados mensuales por un importe equivalente a la doceava parte de la consignación presupuestaria. A partir del mes de julio de 2015, el pago de la subvención se realizará tras tener en cuenta la liquidación señalada en el apartado cinco y las cantidades entregadas como pagos anticipados correspondientes al primer semestre de 2015, mediante libramientos mensuales por sextas partes. Cinco. Antes del 15 de julio de 2015, los destinatarios señalados en el apartado tres remitirán a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local las siguientes certificaciones: – Madrid: A) Certificación de la Comunidad Autónoma de Madrid de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2015, al CRTM con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2014. B) Certificación del Ayuntamiento de Madrid de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2015, al CRTM con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2014. Si la suma de los pagos efectuados por ambas Administraciones fuera igual a las obligaciones reconocidas, la aportación consignada en los PGE del ejercicio 2015 se elevará a definitiva y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado cuatro. Si la suma de los pagos efectuados por ambas Administraciones fuera inferior a las obligaciones reconocidas, la aportación definitiva de la AGE se calculará como el producto de la consignada en los PGE del ejercicio 2015 por el factor resultante de dividir los pagos efectuados entre las obligaciones reconocidas, ambos con cargo a los presupuestos de 2014, y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado cuatro, siempre que la cifra resultante sea superior a los pagos anticipados efectuados. En caso contrario, se determinará la cantidad y se instará el reintegro. – Barcelona: A) Certificación de la Generalidad de Cataluña-Generalitat de Catalunya de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2015, a la ATM con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2014. B) Certificación del Ayuntamiento de Barcelona de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2015, a la ATM con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2014. Si la suma de los pagos efectuados por ambas Administraciones fuera igual a las obligaciones reconocidas, la aportación consignada en los PGE del ejercicio 2015 se elevará a definitiva y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado cuatro. Si la suma de los pagos efectuados por ambas Administraciones fuera inferior a las obligaciones reconocidas, la aportación definitiva de la AGE se calculará como el producto de la consignada en los PGE del ejercicio 2015 por el factor resultante de dividir los pagos efectuados entre las obligaciones reconocidas, ambos con cargo a los presupuestos de 2014, y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado cuatro, siempre que la cifra resultante sea superior a los pagos anticipados efectuados. En caso contrario, se determinará la cantidad y se instará el reintegro. – Islas Canarias: Certificación de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2015, a los Cabildos Insulares, para atender la finalidad prevista en la base primera, con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2014. Si los pagos efectuados fueran iguales a las obligaciones reconocidas, la aportación consignada en los PGE del ejercicio 2015 se elevará a definitiva y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado cuatro. Si los pagos efectuados fueran inferiores a las obligaciones reconocidas, la aportación definitiva de la AGE se calculará como el producto de la consignada en los PGE del ejercicio 2015 por el factor resultante de dividir los pagos efectuados entre las obligaciones reconocidas, ambos con cargo a los presupuestos de 2014, y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado cuatro, siempre que la cifra resultante sea superior a los pagos anticipados efectuados. En caso contrario, se determinará la cantidad y se instará el reintegro. Seis. El otorgamiento de estas subvenciones por parte de la AGE es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Siete. No será necesaria la presentación de garantía, aval o caución para el aseguramiento de los pagos anticipados a librar por la AGE. Ocho. En todo lo no previsto en los apartados anteriores será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo. Nueve. Por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local se adoptarán las medidas oportunas para el cumplimiento de lo señalado en la presente disposición en relación a la gestión de los créditos correspondientes a estas subvenciones. [precepto]Septuagésima sexta. Criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado mencionado en el Capítulo I, del Título VII de la presente Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A los efectos del cálculo de las entregas a cuenta de la participación de las Entidades locales en los tributos del Estado del artículo 121 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el índice provisional de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2015, se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que consisten en: 1. Los ingresos tributarios del Estado del año 2015 están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas por IRPF, IVA e IIEE, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009. 2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004, se utilizarán los criterios de homogeneización establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009. Esto es, se procederá a simular la entrega a cuenta del año 2004 de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión correspondientes al año 2015. Por lo que respecta a la liquidación del 2002 se calculará por diferencia entre el rendimiento definitivo de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión del año 2015 y las entregas que se hubieran efectuado de acuerdo con dichos términos de cesión. Igualmente para la determinación del resto de los índices de evolución regulados en el Capítulo I del Título VII de la presente Ley, distintos del anterior, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sustituyendo, si procede, el año base 2007 por el que corresponda. [precepto]Septuagésima séptima. Refinanciación de operaciones de crédito y régimen de endeudamiento aplicable a entidades dependientes o vinculadas a entidades locales. Uno. Como excepción a lo dispuesto en la Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se autoriza la formalización de operaciones de refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, siempre que tengan por finalidad la disminución de la carga financiera, la ampliación del período de amortización o el riesgo de aquellas operaciones, respecto a las obligaciones derivadas de las pendientes de vencimiento. En las anteriores operaciones se podrán incluir las formalizadas en aplicación del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. No se podrán incluir en la citada refinanciación las operaciones formalizadas en aplicación de los artículos 177 y 193 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Para la formalización de las operaciones de refinanciación citadas será preciso la adopción de un acuerdo del órgano competente de la corporación local, con los requisitos de quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Además, en el caso de que las entidades locales presenten ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, las corporaciones locales, mediante acuerdo de sus respectivos Plenos, deberán aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último precepto citado. Los citados planes deberán comunicarse, para su aprobación, por las entidades locales al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo que la Comunidad Autónoma correspondiente tenga atribuida en el Estatuto de Autonomía la tutela financiera de dichas entidades, en cuyo caso se comunicará a ésta. La aprobación anterior implicará, a cualquier efecto, que la entidad local está cumpliendo con los límites que fija la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Este mismo efecto se derivará de los planes de saneamiento financiero o de reducción de deuda que se hubieren aprobado por el órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales, y a los que esté dando cumplimiento, en aplicación de la Disposición adicional septuagésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y el correspondiente al último año de aquellos planes deberá, además, remitirlo al órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas. En el caso de que por éstas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dos. En cuanto al régimen de endeudamiento de las entidades dependientes o vinculadas a entidades locales será aplicable, en 2015, la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. [precepto]Septuagésima octava. Concertación de operaciones de crédito en los supuestos de disolución de mancomunidades y consorcios. Uno. En los supuestos de disolución de mancomunidades y consorcios, las entidades locales que las hubieren integrado, en tanto se subroguen en todos sus derechos y obligaciones, podrán formalizar operaciones de crédito a largo plazo para dar cumplimiento a dichas obligaciones en la parte que les corresponda de acuerdo con su porcentaje de participación en aquellas entidades. Dos. Para la formalización de las nuevas operaciones de endeudamiento citadas se requerirá el acuerdo del órgano competente de la corporación local que integrase la mancomunidad o consorcio, con los requisitos de quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como certificación del órgano liquidador relativa a: – la correspondencia de la deuda asumida con el porcentaje de participación mencionado en el apartado 1 anterior, – que se han ejecutado los derechos económicos de la mancomunidad o consorcio y que se han aplicado al cumplimiento de las obligaciones a cargo de la mancomunidad. Tres. En todo caso, se precisará autorización del órgano competente de la administración pública que tenga la tutela financiera de las entidades locales, que deberá verificar que el procedimiento de disolución y de liquidación se desarrolla con arreglo a lo que, en estos supuestos, establece la legislación aplicable. Cuatro. En el caso de que las entidades locales presenten ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, las corporaciones locales, mediante acuerdo de sus respectivos Plenos, deberán aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último precepto citado. El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y deberá, además, remitirlo al órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas. En el caso de que por éstas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cinco. La nueva operación de endeudamiento que se suscriba, de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de su formalización, en la Central de Información de Riesgos de las entidades locales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 17 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. [precepto]Septuagésima novena. Criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado para la liquidación de la participación de las entidades locales en tributos del Estado del año 2013. A los efectos de la liquidación definitiva de la participación de las Entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2013 y de la aplicación del artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2013, se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias que consisten en: 1. Los ingresos tributarios del Estado del año 2013 están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009. 2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004 o 2006, se utilizarán los criterios establecidos en la letra e) de la Disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2009, considerando como año base el año 2004 o 2006, según proceda. [precepto]Octogésima. Subvención al transporte público que puede reconocerse a los municipios. Con carácter excepcional y exclusivo para 2015, con cargo al crédito citado en el artículo 92.Uno de esta Ley, se podrá reconocer la subvención al transporte colectivo urbano a los municipios que reúnan los siguientes requisitos: a) Tengan una población de derecho a 1 de enero de 2013 superior a 30.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes, de acuerdo con las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a aquella fecha declaradas oficiales por Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre. b) Hubiesen presentado, a 31 de diciembre de 2013, saldos a reintegrar a la Hacienda del Estado en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2011, estando motivado el saldo de este último año por la diferencia del valor del esfuerzo fiscal municipal considerado en las entregas a cuenta y en la citada liquidación. c) La razón entre la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles incluida en la certificación de esfuerzo fiscal que se consideró en la entrega a cuenta de aquella participación correspondiente a 2011 y la que se consideró en la liquidación definitiva de este ejercicio fuese superior a 1,35. El importe de la subvención que se pueda reconocer a los municipios que reúnan los requisitos anteriores será equivalente al del saldo pendiente de reintegrar a 31 de diciembre de 2013, correspondiente a la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2011. En todo caso, deberán presentar la solicitud correspondiente y la documentación recogida en el artículo 92.Seis de esta Ley. [precepto]Octogésima primera. Instrumentación de las compensaciones establecidas en favor de algunas Comunidades Autónomas en virtud del artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, como consecuencia de la regulación estatal del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, así como del pago de la recaudación de este impuesto a dichas Comunidades. Uno. Los pagos de las compensaciones previstas en el apartado trece del artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, que se establecen en favor de algunas Comunidades Autónomas como consecuencia de la regulación estatal del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, se efectuarán con cargo al concepto de operaciones no presupuestarias del Estado que al efecto se determine. Los pagos de las recaudaciones previstos en el apartado catorce del artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que se efectúen a favor de las Comunidades Autónomas que tengan derecho a estas compensaciones, se realizarán en formalización y se aplicarán como ingresos al concepto de operaciones no presupuestarias mencionado en el párrafo anterior. Dos. Al finalizar cada ejercicio, el saldo a 30 de noviembre de dicho año del concepto de operaciones no presupuestarias derivado de las operaciones anteriores se cancelará de manera que, si la compensación a cada Comunidad es mayor que los pagos en formalización realizados a la misma por el impuesto, se aplicará la diferencia al crédito del presupuesto de gastos dotado en la Sección 32 «Otras relaciones financieras con Entes Territoriales», Servicio 01 «Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local», Programa 941O «Otras transferencias a Comunidades Autónomas», Concepto 456 «Compensaciones a Comunidades Autónomas. Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas». Si los pagos en formalización realizados a alguna Comunidad por el impuesto son mayores que la compensación en su favor, se realizará un pago no presupuestario a la Comunidad por la diferencia. [precepto]Octogésima segunda. Criterios para la práctica de deducciones o retenciones de los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Uno. Cuando concurran en la deducción o retención de los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía varias deudas que afecten a una misma Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local aplicará en primer lugar las deducciones o retenciones por deudas líquidas, vencidas y exigibles contraídas con la Hacienda Pública del Estado por las Comunidades Autónomas o las Ciudades con Estatuto de Autonomía afectadas así como por las entidades de derecho público de ellas dependientes, por razón de los tributos cuya aplicación corresponde al Estado y por razón de las cotizaciones a la Seguridad Social. Dos. Tras la aplicación de los acuerdos previstos en el apartado anterior, el orden por el que se practicarán el resto de deducciones o retenciones será el siguiente: 1.º) Las correspondientes a deudas líquidas, vencidas y exigibles con el sector público estatal. 2.º) El resto de deducciones o retenciones cuyos acuerdos se hayan recibido en la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Tres. Las deducciones o retenciones previstas en el apartado 1 se imputarán a prorrata del importe de las deudas por razón de los tributos y del importe de las deudas por razón de las cotizaciones a la Seguridad Social que concurran en la deducción o retención. Dentro de cada una de estas dos categorías así como en las previstas en el apartado 2 de esta disposición, las deducciones o retenciones se practicarán en función de la fecha de entrada de los mismos en la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, siendo aquellos que tengan una fecha anterior los primeros que serán objeto de aplicación, sin perjuicio del cumplimiento de los límites legalmente establecidos. Cuatro. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, se considerarán los acuerdos de deducción o retención dictados por los órganos gestores correspondientes cuya entrada se haya producido en la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local antes del día quince del mes anterior a aquel en que se vayan a realizar los pagos a los que afecten. Cinco. Si como consecuencia de la aplicación de esta disposición, no pudiesen deducirse o retenerse recursos suficientes para satisfacer todos los acuerdos de retención que deban ser considerados, el importe pendiente será objeto de deducción o retención en el siguiente pago que se efectúe a la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía por aplicación de sus regímenes de financiación, según las reglas señaladas en la presente disposición. Seis. El importe efectivo objeto de retención al que se refiere el artículo 10.1 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, será el que resulte de aplicar los criterios para la práctica de deducciones o retenciones contenidos en esta Disposición al importe objeto de retención al que se refiere el artículo 8.2 del citado Real Decreto. [precepto]Octogésima tercera. Aplicación durante el año 2015 del artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Cuando una Comunidad Autónoma hubiera incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2014, se mantendrá durante el año 2015 respecto de dicha Comunidad Autónoma la posibilidad establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, de ampliación coyuntural del número máximo de alumnos establecido en el artículo 157.1.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la educación primaria y secundaria obligatoria. Se entenderá que se ha producido el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2014 cuando así haya resultado del informe presentado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En tanto no se emita el informe al que se refiere el párrafo anterior, se entenderá a los efectos que se derivan de esta disposición que se produce el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2014 cuando así resulte del informe previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. [encabezado]VII [precepto]Octogésima cuarta. Determinación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2015: a) EL IPREM diario, 17,75 euros. b) El IPREM mensual, 532,51 euros. c) El IPREM anual, 6.390,13 euros. d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros. [precepto]Octogésima quinta. Reducción en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional. En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una reducción, soportada por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, del 50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. Esa misma reducción será aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador. [precepto]Octogésima sexta. Reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar. Se prorrogan durante el ejercicio 2015 los beneficios en la cotización a la Seguridad Social reconocidos en la Disposición transitoria única de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. [precepto]Octogésima séptima. Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería. 1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería que generen actividad productiva en los meses de marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores. 2. Lo dispuesto en esta disposición adicional será de aplicación desde la entrada en vigor de esta Ley hasta el día 31 de diciembre de 2015. [precepto]Octogésima octava. Gestión de las acciones, medidas y programas establecidos en la letra h) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, realizará la gestión de las acciones, medidas y programas financiados con cargo a la reserva de crédito de su presupuesto de gastos, que comprenderá las aplicaciones 19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401, 19.101.000-X.402, 19.101.000-X.410, 19.101.000-X.411, 19.101.000-X.431, 19.101.241-A.441, 19.101.241-A.442 y 19.101.241-A.482, desagregadas a través de varios subconceptos, según los diferentes ámbitos funcionales de las políticas activas de empleo, para financiar las siguientes actuaciones: a) Acciones y medidas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una Comunidad Autónoma, cuando éstas exijan la movilidad geográfica de las personas desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra Comunidad Autónoma distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada. b) Acciones y medidas dirigidas tanto a las personas demandantes de empleo como a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, entre otras aquellas, que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado. c) Acciones y medidas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus países de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios. d) Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de las mismas, así como idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios. Dicha reserva presupuestaria opera como reserva de gestión de políticas activas de empleo en los supuestos anteriormente señalados en favor del Servicio Público de Empleo Estatal, no obstante las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, los fondos que integran la reserva de crédito no estarán sujetos a distribución territorial entre las Comunidades Autónomas con competencias de gestión asumidas. [precepto]Octogésima novena. Financiación de la formación profesional para el empleo. Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la cuota de formación profesional se destinarán a financiar el subsistema de formación profesional para el empleo regulado por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, incluyendo los programas públicos de empleo y formación establecidos en su artículo 28, todo ello con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. En el ejercicio inmediato al que se cierre el presupuesto, se efectuará una liquidación en razón de las cuotas de formación profesional efectivamente percibidas, cuyo importe se incorporará al presupuesto del ejercicio siguiente, en caso de existir signo positivo respecto a las inicialmente previstas para dicho ejercicio. Dos. El 50 por ciento, como mínimo, de los fondos previstos en el apartado anterior se destinará inicialmente a la financiación de las siguientes iniciativas y conceptos: – Formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación. – Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados. – Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. – Formación en las Administraciones Públicas. – Gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. A la financiación de la formación en las Administraciones Públicas se destinará un 6,165 por 100 de la cuantía indicada en el párrafo primero de este apartado. Esta cuantía, previamente minorada en el porcentaje correspondiente al índice de imputación utilizado para el cálculo del cupo de acuerdo con la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se incluirá como dotación diferenciada en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para su aportación dineraria al Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en tres libramientos en los meses de febrero, abril y junio. En el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública figurarán territorializados los fondos correspondientes a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de la formación continua de sus empleados públicos. El abono de dichos fondos se realizará desde el Instituto Nacional de Administración Pública mediante transferencia nominativa a cada Comunidad y Ciudad Autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo los fondos para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. El citado libramiento se efectuará por cuartas partes, en la segunda quincena natural de cada trimestre. La Fundación deberá presentar anualmente y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente ante el Servicio Público de Empleo Estatal, la justificación contable de los gastos realizados con cargo a los fondos asignados para su funcionamiento. El 50 por ciento restante se destinará inicialmente a financiar las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, así como los programas públicos de empleo formación. No obstante, previo informe del Servicio Público de Empleo competente, se podrá destinar, con carácter excepcional en el ejercicio 2015, hasta un máximo del 20 por cien de estos fondos para la realización de acciones de fomento del empleo siempre que estén incluidas en el Plan Anual de Política de Empleo y que en las mismas participen personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. La financiación de la formación teórica del contrato para la formación y el aprendizaje se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa reglamentaria que regula la impartición y las características de la formación recibida por los trabajadores. Tres. Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en materia de políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones en el ámbito de la formación profesional para el empleo gestionadas por dichas Comunidades, en la cuantía que resulte de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Cuatro. Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2014 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, se establece a continuación: a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento. b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento. c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento. d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento. Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las empresas que durante el año 2015 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros. Las empresas que durante el año 2015 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo primero de este apartado, por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El crédito adicional asignado al conjunto de las empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por ciento del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional para el empleo. [precepto]Nonagésima. Aplazamiento de la aplicación de la Disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Se aplaza la aplicación de lo establecido en la Disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. [precepto]Nonagésima primera. Integración de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Los miembros del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como los del Cuerpo de Aspirantes, que ingresen en tales Cuerpos a partir de 1 de enero de 2015, quedarán integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Dicha integración se producirá en los términos y condiciones establecidos en dicho Régimen Especial. Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para efectuar el desarrollo reglamentario de esta disposición. [encabezado]VIII [precepto]Nonagésima segunda. Régimen presupuestario para el ejercicio 2015 aplicable al proceso de integración en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del Instituto Tecnológico «la Marañosa» y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá». Sin perjuicio de que la integración efectiva en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), del Instituto Tecnológico «la Marañosa» y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá» se produzca con ocasión de la aprobación de los nuevos estatutos del INTA, en los términos que se establecen en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, todos los gastos e ingresos relativos a la actividad y funcionamiento de los órganos que se integran, incluido el pago de retribuciones al personal, se imputarán en 2015 al presupuesto integrado del INTA aprobado en virtud de la presente Ley. [precepto]Nonagésima tercera. Creación de Agencias Estatales. Uno. Durante el ejercicio 2015 no se crearán Agencias Estatales de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Dos. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior la creación de la Agencia Estatal para la Investigación, según lo previsto en la Disposición adicional duodécima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se realizará sin aumento de gasto público, no se financiará con créditos del presupuesto financiero del Estado y cuyo régimen de vinculación se establecerá en Ley de presupuestos. La creación de esta Agencia no podrá suponer, en ningún caso, incremento neto de estructura o de personal, dotándose, exclusivamente, mediante la correspondiente redistribución de efectivos, y su funcionamiento tendrá que realizarse con los medios materiales de que dispone actualmente la Administración. [precepto]Nonagésima cuarta. Modificación del plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia. Se prorroga por un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el plazo a que se refiere la Disposición adicional quinta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en relación con la Disposición adicional segunda de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público y, a su vez, en relación con la Disposición transitoria primera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y con la Disposición transitoria quinta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. [precepto]Nonagésima quinta. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Hasta el 31 de diciembre de 2017, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda podrá mantener una participación de hasta el 20 % en la sociedad mercantil de capital público a la que se refiere la Disposición adicional octava de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, que deberá contar con los recursos personales y materiales para ejercer sus funciones. Durante dicho periodo, las dos entidades podrán compartir los servicios comunes necesarios para el desarrollo de sus actividades. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda además podrá fabricar billetes distintos del euro y podrá prestar a la citada sociedad, conforme a lo previsto en la normativa vigente de contratación, los servicios accesorios a la fabricación de billetes euro que dicha sociedad pueda demandar. [precepto]Nonagésima sexta. Autorización para la provisión de plazas docentes vacantes en las Universidades públicas. Durante el ejercicio 2015, las Universidades podrán convocar concursos para la provisión de plazas docentes vacantes dotadas en el estado de gastos de sus presupuestos, de conformidad con las siguientes reglas: 1. La convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Comunidad Autónoma, y deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos: a) La identificación de cada una de las plazas vacantes convocadas, que deberán figurar en la relación de puestos de trabajo de la Universidad, señalando, en todo caso, su denominación, características físicas, cuerpo al que corresponde la vacante y el área de conocimiento. b) Los criterios de valoración para la adjudicación de las plazas vacantes que deberán ser de carácter curricular e incluir el historial docente e investigador del candidato y su proyecto en la correspondiente materia o especialidad y la capacidad de exposición oral. 2. Podrán participar en los concursos de provisión de vacantes quienes tengan una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el puesto y sean: a) Para puestos de Catedráticos: 1.º Los funcionarios del Cuerpo de Catedrático de Universidad de las distintas Universidades del territorio nacional. 2.º Los funcionarios de la Escala de Profesores de Investigación de Organismos Públicos de Investigación del área de conocimiento al que corresponda la vacante, que dispongan de acreditación para Catedráticos de Universidad. b) Para puestos de Profesor Titular: 1.ºLos funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de las distintas Universidades del territorio nacional. 2.ºLos funcionarios de las Escalas de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación y de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación, del área de conocimiento a la que corresponda la vacante, que dispongan de acreditación para Profesores Titulares de Universidad. Serán de aplicación a los concursos las normas previstas en los artículos 64, 65 y 66 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, referidas a los concursos de acceso. 3. Todos los requisitos de participación así como los méritos alegados habrán de reunirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, acreditándose en la forma que se establezca en las respectivas convocatorias. 4. La plaza obtenida tras el concurso de provisión de puestos deberá desempeñarse durante dos años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en otra universidad. 5. Las plazas vacantes cubiertas en estos concursos, en tanto no suponen ingreso de nuevo personal, no computarán a los efectos de la oferta de empleo público. [precepto]Nonagésima séptima. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro. Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a veintiún años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales. [encabezado]DISPOSICIONES TRANSITORIAS [precepto]Primera. Indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal. Durante el año 2015, la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal continuará devengándose en las áreas del territorio nacional que la tienen reconocida, en las mismas cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2014. No obstante, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a las establecidas para el personal del sector público estatal continuarán devengándola sin incremento alguno en el año 2015. [precepto]Segunda. Complementos personales y transitorios. Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter, se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley. Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2014 siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo. Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo. En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios. Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y restante personal con derecho a percibir dichos complementos, se regirán por las mismas normas establecidas en el apartado Dos anterior. Cuatro. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado en el extranjero se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste servicios en territorio nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado cambie de país de destino. [precepto]Tercera. Compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2014. Uno. Tendrán derecho a la deducción regulada en esta disposición los contribuyentes que en el período impositivo 2014 integren en la base imponible del ahorro cualquiera de los siguientes rendimientos del capital mobiliario: a) Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, procedentes de instrumentos financieros contratados con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación el porcentaje de reducción del 40 por ciento previsto en el artículo 24.2.a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por tener un período de generación superior a dos años. b) Rendimientos derivados de percepciones en forma de capital diferido a que se refiere el artículo 25.3.a) 1.º de la Ley 35/2006 procedentes de seguros de vida o invalidez contratados con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación los porcentajes de reducción del 40 o 75 por ciento previstos en los artículos 24.2.b) y 94 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dos. La cuantía de esta deducción será la diferencia positiva entre la cantidad resultante de aplicar los tipos de gravamen del ahorro previstos en el apartado 2 del artículo 66 de la Ley 35/2006 al saldo positivo resultante de integrar y compensar entre sí el importe total de los rendimientos netos previstos en el apartado anterior, y el importe teórico de la cuota íntegra que hubiera resultado de haber integrado dichos rendimientos en la base liquidable general con aplicación de los porcentajes indicados en el apartado anterior. Tres. El importe teórico de la cuota íntegra a que se refiere el apartado anterior será el siguiente: a) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos a que se refiere el apartado Uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 94 y Disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea cero o negativo, el importe teórico de la cuota íntegra será cero. b) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos previstos en el apartado Uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 94 y Disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea positivo, el importe teórico de la cuota íntegra será la diferencia positiva entre la cuota resultante de aplicar a la suma de la base liquidable general y del saldo positivo anteriormente señalado lo dispuesto en los artículos 63.1.1.º, 74.1.1.º así como la escala prevista en la letra a) del apartado 1 de la Disposición adicional trigésima quinta de la Ley 35/2006, y la cuota correspondiente de aplicar lo señalado en dichos preceptos a la base liquidable general. Cuatro. Para la determinación del saldo a que se refiere el apartado tres anterior, solamente se aplicarán las reducciones previstas en los artículos 24.2.b) y 94 del texto refundido de la Ley del Impuesto a la parte del rendimiento neto que corresponda a primas satisfechas hasta el 19 de enero de 2006, y las posteriores cuando se trate de primas ordinarias previstas en la póliza original del contrato de seguro. A efectos de determinar la parte del rendimiento total obtenido que corresponde a cada prima del contrato de seguro de capital diferido, se multiplicará dicho rendimiento total por el coeficiente de ponderación que resulte del siguiente cociente: En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente por el número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción. En el denominador, la suma de los productos resultantes de multiplicar cada prima por el número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción. Cinco. La entidad aseguradora comunicará al contribuyente el importe de los rendimientos netos derivados de percepciones en forma de capital diferido procedentes de seguros de vida e invalidez correspondientes a cada prima, calculados según lo dispuesto en el apartado anterior y con la aplicación de los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 94 y Disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Seis. La cuantía de la deducción así calculada se restará de la cuota líquida total, después de la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas a que se refiere el artículo 80 bis de la Ley 35/2006. Siete. Las referencias realizadas en esta Disposición transitoria a la Ley 35/2006 se entenderán referidas a la redacción en vigor de la citada Ley a 31 de diciembre de 2014. [precepto]Cuarta. Plazo de solicitud de aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2015, el plazo previsto en el artículo 32.2.c) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, de solicitud a la Dirección General del Catastro de aplicación de los coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio se amplía hasta el 31 de julio de 2015. De los correspondientes acuerdos se dará traslado al citado Centro Directivo dentro de dicho plazo. [precepto]Quinta. Plazo de aprobación del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las ponencias de valores. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2015, el plazo previsto en el artículo 72.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para aprobar los nuevos tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por los Ayuntamientos afectados por procedimientos de valoración colectiva de carácter general que deban surtir efectos el 1 de enero de 2016 se amplía hasta el 31 de julio de 2015. De los correspondientes acuerdos se dará traslado a la Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo. Igualmente, se amplía hasta el 31 de julio de 2015 el plazo para la aprobación y publicación de las ponencias de valores totales. [precepto]Sexta. Régimen transitorio de la centralización de créditos. Respecto a aquellos contratos centralizados, cuyos gastos deban imputarse al Programa presupuestario 923R «Contratación Centralizada», en tanto no se proceda a la centralización de los créditos correspondientes, la aprobación de las órdenes ministeriales de centralización dictadas por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en aplicación del artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, determinarán, en su caso, la obligación por parte de los diferentes entes mencionados en los apartados a), b), c), d), e) y f) del artículo 1 de esta Ley, de emitir las correspondientes retenciones de crédito respecto a los contratos que se tramiten al amparo de la misma. Con carácter previo al inicio de cada contrato, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación comunicará a cada ente el importe por el que deberá efectuar la retención de crédito, de acuerdo con la distribución del objeto del contrato. [precepto]Séptima. Extinción de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es). A partir del 31 de diciembre de 2014 quedará extinguida la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es), y su actividad quedará integrada en el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, anterior organismo público Programas Educativos Europeos, de acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. [encabezado]DISPOSICIÓN DEROGATORIA [precepto]Única. Derogación de la Disposición adicional quincuagésima octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Se deroga la Disposición adicional quincuagésima octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. [encabezado]DISPOSICIONES FINALES [precepto]Primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida se modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en los siguientes términos: Uno. El artículo 9 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado queda redactado como sigue: «Artículo 9. Derecho de opción por razón de incompatibilidad. En los casos en que asista a una persona derecho al cobro de más de una prestación de Clases Pasivas o de éstas con otra prestación del sistema público de protección social que, de acuerdo con las normas de este texto o con la legislación vigente en cada momento, sean incompatibles en su percibo simultáneo o en el de que, estando en el disfrute de una prestación, adquiriese derecho a otra u otras incompatibles con ella, el interesado podrá ejercer el derecho de opción por el cobro de la prestación que estime más conveniente.» Dos. Se suprime el último párrafo del apartado cuarto del artículo 38 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. El resto del artículo permanece con la misma redacción. Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda redactado en los siguientes términos: «2. Lo establecido en los números 4 y 5 del precedente artículo 33 será de aplicación igualmente en los supuestos de orfandad.» [precepto]Segunda. Modificación de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se añade una nueva Disposición adicional, la octava, a la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, con la siguiente redacción: «Disposición adicional octava. Entidades instrumentales. 1. El Banco de España, de acuerdo con la normativa del Banco Central Europeo, podrá encomendar la producción de billetes en euros que le corresponda a una sociedad mercantil de capital público en la que ostente una mayoría de control, cuyo objeto social exclusivo será la producción de billetes en euros en el ámbito del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Con independencia de su sujeción al Derecho privado, resultará de aplicación a esta sociedad el régimen patrimonial, presupuestario y de contratación de personal y bienes y servicios del Banco de España. Su presupuesto se incluirá como anexo al presupuesto del Banco de España. 2. Sin perjuicio de su sujeción a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, le será de aplicación a la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) el régimen patrimonial presupuestario y de contratación de personal y bienes y servicios del Banco de España. El presupuesto de esta fundación se incluirá como anexo a presupuesto del Banco de España.» [precepto]Tercera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se añaden dos nuevos párrafos a la letra a) de la regla tercera del apartado 1 de la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que pasa a tener la siguiente redacción: «a) La base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente se calculará conforme a la regla general. Para las prestaciones por maternidad y por paternidad, la base reguladora diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante el año anterior a la fecha del hecho causante entre 365. Para la prestación por incapacidad temporal, la base reguladora diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial acreditadas desde la última alta laboral, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el periodo. La prestación económica se abonará durante todos los días naturales en que el interesado se encuentre en la situación de incapacidad temporal.» [precepto]Cuarta. Modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 9 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, mediante la supresión del segundo párrafo del mismo, que queda redactado como sigue: «Artículo 9. Procedimiento. (...) 4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá también recabar de cualquier persona física o jurídica, entidad o Administración pública, la aportación de informes sobre la situación profesional, financiera, social o fiscal del autor del hecho delictivo y de la víctima, siempre que tal información resulte necesaria para la tramitación y resolución de los expedientes de concesión de ayudas, o el ejercicio de las acciones de subrogación o repetición. Podrá igualmente ordenar las investigaciones periciales precisas con vistas a la determinación de la duración y gravedad de las lesiones o daños a la salud producidas a la víctima. La información así obtenida no podrá ser utilizada para otros fines que los de la instrucción del expediente de solicitud de ayuda, quedando prohibida su divulgación.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. [precepto]Quinta. Modificación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida se modifica la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que queda redactado como sigue: «2. La creación de un fondo, de titularidad estatal, que se nutrirá con los bienes, efectos e instrumentos contemplados en el párrafo anterior, con las rentas e intereses de dichos bienes y con el producto que se obtenga de éstos cuando no sean líquidos y se enajenen y liquiden según las previsiones de esta ley y de sus normas reglamentarias de desarrollo. Los recursos obtenidos se aplicarán al presupuesto de ingresos del Estado para su ulterior distribución en los términos previstos en esta ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo. No serán objeto de integración aquellos bienes en los que no sea posible su inscripción registral o su localización, ni aquellos inmuebles cuyas circunstancias no permitan asegurar la rentabilidad del comiso.» El resto de este artículo mantiene la misma redacción. Dos. Se da nueva redacción a la letra g) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que queda redactado como sigue: «1. Podrán ser destinatarios y beneficiarios de los recursos del fondo a los que se alude en el artículo 1.2 de esta ley los organismos, instituciones y personas jurídicas siguientes: (…) g) Cualquier otro órgano, organismo o centro directivo de naturaleza pública que esté integrado o vinculado o sea dependiente de la Administración General del Estado, para el desarrollo de programas o acciones relacionados con el control de la oferta de drogas. (…)» El resto de este artículo mantiene la misma redacción. Tres. Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 4 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que queda redactado como sigue: «5. Los recursos a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 generarán crédito en el concepto que, para la aplicación del fondo, figure dotado en el presupuesto de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.» El resto de este artículo mantiene la misma redacción. Cuatro. Se da nueva redacción a la Disposición adicional cuarta de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que queda redactada como sigue: «Disposición adicional cuarta. Incorporación de créditos. El importe de crédito no utilizado al fin de cada ejercicio en la aplicación presupuestaría correspondiente al fondo a que se refiere el artículo 1.2 y la disposición adicional primera de esta ley se incorporará al presupuesto de gastos del ejercicio inmediato siguiente por acuerdo del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.» [precepto]Sexta. Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. Con efectos de 1 de marzo de 2015 y vigencia indefinida, se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en los siguientes términos: Uno. Se añade un nuevo apartado al artículo 77 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, con la siguiente redacción: «Estas prestaciones no serán de aplicación a los pasajeros transportados a título privado, en aeronaves cuyo peso máximo al despegue sea inferior a 5 Tm.» Dos. Se da nueva redacción al párrafo final del apartado 1 del artículo 78 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, que quedará redactado como sigue: «Las cuantías unitarias de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y por seguridad para los pasajeros en conexión se reducirán en un 35 por 100.» [precepto]Séptima. Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el artículo 111, apartado 1, Grupo IX «Medicamentos veterinarios» Tasas 9.11 y 9.12, de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, modificada por la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre farmacovigilancia y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre prevención en la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal (tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la Administración General del Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y productos de cuidado personal) que queda redactado como sigue: «Artículo 111. Apartado 1, Grupo IX. Medicamentos Veterinarios, tasas 9.11 y 9.12. 9.11 Tasa por evaluación de informe periódico de seguridad anual de un medicamento veterinario, esté o no registrado el medicamento en España 757,84 9.12 Tasa por evaluación de informe periódico de seguridad trienal o superior a tres años de un medicamento veterinario, esté o no registrado el medicamento en España2.273,52» El resto del artículo permanece con la misma redacción. [precepto]Octava. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de la siguiente forma: Uno. Se modifica el apartado 1.h) del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «Artículo 2. Sector público estatal. A los efectos de esta ley forman parte del sector público estatal: … h) Los consorcios adscritos a la Administración Pública estatal conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El resto del artículo permanece con la misma redacción. Dos. Se da nueva redacción a los apartados 3 y 5 del artículo 34 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «3. Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia. Asimismo, podrán atenderse con cargo a créditos del presupuesto del ejercicio corriente obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, en los casos en que figure dotado un crédito específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado en el ejercicio de procedencia.» «5. Los créditos iniciales dotados en los Presupuestos Generales del Estado para atender obligaciones de ejercicios anteriores solo podrán modificarse mediante el procedimiento previsto en los artículos 55, 56 y 57 de esta ley.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. Tres. Se modifica el artículo 54, punto 3 párrafo segundo de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactado de la siguiente forma: «La financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto de los organismos autónomos podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero del organismo.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. Cuatro. Se modifica el número 5 del artículo 57 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «5. En el supuesto de que el crédito extraordinario o el suplemento de crédito se destinara a atender obligaciones de ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia que afecte al presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o al del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado. Este mismo procedimiento se aplicará a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social cuando se trate de créditos para atender gastos del resto de entidades de la Seguridad Social.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. Cinco. Se da nueva redacción al artículo 111 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: «Artículo 111. Emisiones de deuda y operaciones de endeudamiento de los organismos y entidades integrantes del sector público estatal. 1. Los organismos autónomos no podrán concertar operaciones de endeudamiento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ante la especial naturaleza de las condiciones y actividad a realizar por el organismo autorice la suscripción de dichas operaciones, que se efectuarán en los términos y con el límite que en dicha ley se establezcan. A efectos del cumplimiento de dicho límite, no se deducirán las posiciones activas de tesorería constituidas por el organismo. Las operaciones de endeudamiento concertadas por organismos autónomos se regularán por lo dispuesto en el Capítulo II de este Título en lo que les resulte de aplicación, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado que autorice las operaciones establezca expresamente otra cosa. 2. Del mismo modo, los demás organismos del sector público estatal sólo podrán concertar operaciones de endeudamiento si así lo autoriza de forma expresa la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y dentro de los límites que dicha Ley establezca, salvo que se trate de operaciones de crédito que se concierten y cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario. 3. Los organismos y entidades integrantes del sector público estatal se someterán a los principios de prudencia financiera que se fijen por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y que, al menos, se referirán a los límites máximos del coste financiero al que podrán suscribirse las citadas operaciones de crédito, así como a las limitaciones al uso de derivados financieros. 4. Las competencias señaladas en el artículo 98 de esta Ley se entenderán referidas, en su caso, al presidente o director del organismo público correspondiente. En el caso de operaciones a realizar por fundaciones, dichas competencias se entenderán referidas al patronato de la correspondiente fundación. En el caso de sociedades mercantiles, las competencias serán ejercidas por la Junta General de Accionistas.» Seis. Se da nueva redacción al artículo 135 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «Artículo 135. Información a remitir a las Cortes Generales. Sin perjuicio de la facultad de las Cortes Generales de solicitar del Gobierno la información que estimen oportuna, la Intervención General de la Administración del Estado, con periodicidad mensual, pondrá a disposición de las Cortes Generales, a través de su Oficina presupuestaria, información sobre la ejecución de los presupuestos. Con la misma periodicidad, procedimiento y destinatario, la Intervención General de la Seguridad Social remitirá información sobre la ejecución de los presupuestos de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. Asimismo, la Intervención General de la Administración del Estado, con periodicidad semestral, pondrá a disposición de las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información regionalizada sobre el grado de ejecución de la inversión real del Sector Público Estatal.» Siete. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 142 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «2. El control se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública, a que se refieren los capítulos II, III y IV de este título. No obstante, cuando de acuerdo con la normativa aplicable, los procedimientos objeto de control se instrumenten y formalicen en resoluciones o actos a través de actuaciones administrativas automatizadas, definidas en el Anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la Intervención General de la Administración del Estado podrá aprobar las normas necesarias para adaptar los distintos controles previstos en este título a las especialidades derivadas de este tipo de actuaciones, mediante Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso, con carácter previo a la aprobación de las normas reguladoras de los citados procedimientos de gestión, se requerirá la realización de una auditoría previa de la Intervención General de la Administración del Estado, en los términos y forma que determine dicho centro directivo, para verificar que el nuevo procedimiento de gestión incorpora los controles automatizados de gestión necesarios a la naturaleza del mismo, satisface, a efectos de la función interventora, los requerimientos de seguridad que correspondan a la categoría del respectivo sistema de información, de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad vigente en cada momento, y se ajusta a los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Cuando del informe de auditoría se derive el incumplimiento de las especificaciones del sistema de información o la detección de deficiencias graves, estos incumplimientos o deficiencias deberán ser solventados por el órgano u órganos competentes antes de la aprobación de la norma por la que se establezca la actuación automatizada. Se efectuarán revisiones de la auditoría inicial, de acuerdo con lo que se prevea al respecto en los planes anuales de auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado. Cuando del resultado de la auditoría se deduzca el incumplimiento de las especificaciones aprobadas o la detección de deficiencias graves, el Interventor General concederá un plazo para su adaptación que, en el caso de no ser atendido, suspenderá la utilización de la aplicación. No obstante, el Interventor General, a la vista de la naturaleza del defecto y de las circunstancias concurrentes, podrá acordar la suspensión inmediata de la utilización de la aplicación a los efectos señalados. Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones de revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-financiera a desarrollar en el ámbito del control financiero permanente y la auditoría pública.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. Ocho. Se da nueva redacción al artículo 146 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «Artículo 146. Informes generales de control. 1. La Intervención General de la Administración del Estado presentará anualmente al Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan anual de Auditorías de cada ejercicio. El informe general incluirá información sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente y auditoría pública, a través de la elaboración de los planes de acción a que hacen referencia los artículos 161 y 166 de esta Ley. El contenido del informe podrá incorporar también información sobre los principales resultados obtenidos en otras actuaciones de control, distintas del control financiero permanente y la auditoría pública, llevadas a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado. 2. Los informes generales de control, una vez presentados al Consejo de Ministros, serán objeto de publicación en la página web de la Intervención General de la Administración del Estado. 3. La Intervención General de la Administración del Estado podrá elevar a la consideración del Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas los informes de control financiero permanente y de auditoría que, por razón de sus resultados, estime conveniente anticipar su conocimiento.» Nueve. Se añade un apartado 3 nuevo al artículo 150 de la Ley General Presupuestaria, con la siguiente redacción: «3. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado, al acto de comprobación de la inversión de que se trate. La responsabilidad del representante de la Intervención General y, en su caso, asesor designados se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación. Dicha responsabilidad no alcanzará a aquellos defectos o faltas de adecuación de la inversión realizada que no den lugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión. En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, por no considerarlo necesario o resultar imposible, la responsabilidad exigible al representante designado quedará limitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a los profesionales de la Administración que no requieren una cualificación técnica en un sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.» Diez. Se da nueva redacción al artículo 161 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «Artículo 161. Planes de acción y seguimiento de medidas correctoras. 1. Cada departamento ministerial elaborará un Plan de Acción que determine las medidas concretas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos relevantes que se pongan de manifiesto en los informes de control financiero permanente elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado, relativos tanto a la gestión del propio departamento como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela. 2. El Plan de Acción se elaborará en el plazo de 3 meses desde que el titular del departamento ministerial reciba la remisión semestral de los informes de control financiero permanente y contendrá las medidas adoptadas por el departamento, en el ámbito de sus competencias, para corregir las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se hayan puesto de manifiesto en los informes remitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y, en su caso, el calendario de actuaciones pendientes de realizar para completar las medidas adoptadas. El departamento deberá realizar el seguimiento de la puesta en marcha de estas actuaciones pendientes e informar a la Intervención General de la Administración del Estado de su efectiva implantación. 3. El Plan de Acción será remitido a la Intervención General de la Administración del Estado, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e informará al Consejo de Ministros en el siguiente informe general que se emita en ejecución de lo señalado en el artículo 146.1 de la presente Ley.» Once. Se da nueva redacción al artículo 166 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «Artículo 166. Informes de auditoría. 1. Los resultados de cada actuación de auditoría pública se reflejarán en informes escritos y se desarrollarán de acuerdo con las normas que la Intervención General de la Administración del Estado apruebe, las cuales establecerán el contenido, destinatarios, y el procedimiento para la elaboración de dichos informes. 2. En todo caso, los informes se remitirán al titular del organismo o entidad controlada, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al del departamento del que dependa o al que esté adscrito el órgano o entidad controlada. Los presidentes de los organismos públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y resto de entes públicos estatales, que cuenten con Consejo de Administración u otro órgano de dirección colegiado similar o con comité de auditoría, deberán remitir a los mismos los informes de auditoría relativos a la entidad. No obstante, cuando los informes se refieran a las Mutuas de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, los informes se remitirán al titular de la misma y al órgano de dirección y tutela. 3. Lo establecido en el artículo 161 sobre la elaboración de planes de acción derivados de las actuaciones de control financiero permanente, será asimismo aplicable a los informes de auditoría pública. 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior respecto a la determinación de los destinatarios de los informes, los de auditoría de cuentas anuales se rendirán en todo caso al Tribunal de Cuentas junto con las cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 de esta ley. 5. Anualmente la Intervención General de la Administración del Estado remitirá al Consejo de Ministros, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido, un informe resumen de las auditorías de cuentas anuales realizadas, en los que se reflejarán las salvedades contenidas en dichos informes, y se dará información sobre las medidas adoptadas por los órganos gestores para solventar las salvedades puestas de manifiesto en ejercicios anteriores.» Doce. Se da nueva redacción a la Disposición adicional segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactada como sigue: «Segunda. Colaboración en la realización del Plan Anual de Auditorías. Para la ejecución del Plan Anual de Auditorías referido en el artículo 165 de esta ley, la Intervención General de la Administración del Estado podrá, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La contratación de la colaboración en los trabajos de auditoría que en cada caso se señale, será realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Excepcionalmente, la contratación podrá ser realizada y asumida por la propia entidad a auditar, a solicitud motivada de la misma y previa autorización de la Intervención General de la Administración del Estado, quien establecerá los criterios de solvencia, condiciones de compatibilidad de los contratistas, criterios de valoración para la selección de los contratistas y condiciones técnicas de ejecución del trabajo que deberán ser incluidos en los documentos de contratación. Toda contratación de empresas privadas de auditoría, en el ámbito señalado anteriormente, deberá ir precedida de la publicación, con carácter anual, de una orden por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se especificará la insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado que justifique dicha contratación. Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable por otros dos, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del período de ocho años antes referido. Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación con cada trabajo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo o en ese mismo año, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.» Trece. Se modifica la Disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactada como sigue: «Disposición adicional novena. Sociedades mercantiles y otros entes controlados por el sector público. El Estado promoverá la celebración de convenios con las comunidades autónomas o las entidades locales, con el objeto de coordinar el régimen presupuestario, financiero, contable y de control de las sociedades mercantiles en las que participen, de forma minoritaria, las entidades que integran el sector público estatal, la Administración de las comunidades autónomas o las entidades locales, o los entes a ellas vinculados o dependientes, cuando la participación en los mismos considerada conjuntamente fuera mayoritaria o conllevara su control político. Lo anterior será de aplicación a los consorcios adscritos a la Administración Pública estatal que no cumplan los requisitos previstos en el párrafo h) del apartado 1 del artículo 2 de la presente ley y a los consorcios que, no quedando adscritos a ninguna administración pública por cumplirse las condiciones establecidas por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sean financiados mayoritariamente con recursos procedentes del Estado, las comunidades autónomas o corporaciones locales, en las que las Administraciones anteriores hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria o se hayan comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión conjunto de dichas Administraciones. Los Presupuestos de esos consorcios, en los términos que se determine por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, acompañarán, a efectos informativos, a los Presupuestos Generales del Estado cuando el porcentaje de participación del Sector Público Estatal sea igual o superior al de cada una de las restantes Administraciones Públicas consorciadas. Estas sociedades mercantiles y consorcios quedarán obligados a rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, cuando la participación del sector público estatal sea igual o superior al de cada una de las restantes Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma. Será de aplicación el procedimiento de rendición previsto en esta Ley. Los consorcios adscritos a la Administración Pública estatal según lo previsto en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estarán sujetos al régimen presupuestario, financiero, contable y de control regulado en la presente ley y su normativa de desarrollo. Los presupuestos de los consorcios adscritos a la administración pública estatal no sujetos a su poder de decisión por no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en las letras a) a e) del punto 2 de la citada disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, formarán parte de los Presupuestos Generales del Estado en los términos que se determine por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.» Catorce. Se añade una nueva Disposición adicional, la vigésima segunda, a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacción: «Vigésima segunda. Prestación de servicios comunes en el ámbito de la Administración General del Estado y entidades y organismos dependientes o vinculados con presupuesto limitativo. Los órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado, así como sus entidades y organismos dependientes o vinculados con presupuesto limitativo, podrán asumir, en los términos previstos en la norma correspondiente o mediante la formalización del oportuno convenio de colaboración, la realización de actuaciones encaminadas a la prestación de servicios comunes a otros órganos de la Administración General del Estado, así como a sus entidades y organismos dependientes o vinculados con presupuesto limitativo, cuando dichos servicios deriven o tengan carácter complementario del ejercicio de sus funciones. En todo caso, la prestación centralizada de dichos servicios deberá incrementar la eficiencia de la gestión pública y deberá valorarse la disponibilidad de medios para el ejercicio adecuado de las funciones que se atribuyen. Lo señalado en este apartado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. La norma o convenio de colaboración a los que se refiere el apartado anterior, deberá establecer la contraprestación económica que habrá de satisfacer el órgano destinatario del servicio para la tramitación de la correspondiente transferencia de crédito desde el presupuesto del órgano destinatario al presupuesto del órgano prestador del servicio, o, cuando no fuera posible esta transferencia de acuerdo con el régimen presupuestario aplicable, mediante generación de crédito en el presupuesto del órgano prestador del servicio por el ingreso que efectúe el destinatario del mismo.» [precepto]Novena. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida se modifica la Disposición transitoria duodécima del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que queda redactada en los siguientes términos: «Disposición transitoria duodécima. Determinación de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La determinación de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, atribuida a los ayuntamientos en el apartado 3 del artículo 77 de esta ley, se realizará por la Dirección General del Catastro, salvo que el ayuntamiento comunique a dicho centro directivo que la indicada competencia será ejercida por él. Esta comunicación deberá realizarse antes de que finalice el mes de febrero del año en el que asuma el ejercicio de la mencionada competencia.» [precepto]Décima. Modificación de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. Se da nueva redacción a la disposición final segunda de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, que queda redactada como sigue: «Disposición final segunda. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016.» [precepto]Décima primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se da nueva redacción a la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 8/2010, que queda redactada como sigue: «Cuarta. Registro de personal directivo del sector público estatal. Se crea, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el registro de personal directivo del sector público estatal que incluirá al personal que tenga tal condición de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, de las agencias estatales, de los organismos autónomos, de los entes públicos, de las entidades públicas empresariales, de las fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus Organismos y de las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.» [precepto]Décima segunda. Modificación de la Ley 11/2010, de 29 de junio, de Reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado como sigue: «1. El Gobierno remitirá una Memoria anual a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, y al Consejo Económico y Social, de las operaciones, proyectos y actividades autorizadas con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa, de sus objetivos y beneficiarios de la financiación, condiciones financieras y evaluaciones, así como información sobre el desarrollo de las operaciones en curso a lo largo del período contemplado. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.» [precepto]Décima tercera. Modificación de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida se modifica el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, de la siguiente forma: «Cuantía a incluir en la paga extraordinaria de determinados miembros del Poder Judicial y de la Carrera Fiscal del artículo 31.Cinco de esta Ley».   Cuantía en euros a incluir en pagas extraordinarias Junio-Diciembre Miembros del Poder Judicial Vicepresidente del Tribunal Supremo 2.702,28 Presidentes de Sala del Tribunal Supremo (no incluye al Presidente del mismo) 2.603,36 Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrado del Tribunal Supremo) 2.603,36 Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo) 2.504,44 Magistrados del Tribunal Supremo (no incluidos en apartados anteriores) 2.504,44 Miembros del Ministerio Fiscal Teniente Fiscal del Tribunal Supremo 2.603,36 Fiscal Inspector 2.515,48 Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional 2.515,48 Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional 2.515,48 Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas 2.504,44 Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado 2.504,44 Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado 2.504,44 Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga 2.504,44 Fiscal Jefe de la Fiscalía Esp. contra la corrupción y la criminalidad organizada 2.504,44 Fiscales de Sala del Tribunal Supremo 2.504,44 [precepto]Décima cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. Se añade una nueva letra, la e) al apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, con la siguiente redacción: «e) aquellas operaciones financieras que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. [precepto]Décima quinta. Modificación del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 4 del artículo 44 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que queda redactado como sigue: «Artículo 44. Tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por emisión de informes de auditoría de cuentas. … 4. La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija de 115,37 euros por cada informe de auditoría emitido y 230,74 euros por cada informe de auditoría sobre una Entidad de Interés Público en el caso de que el importe de los honorarios facturados por el informe de auditoría sea inferior o igual a 30.000 euros. Dicha cuantía fija será de 230,74 euros por cada informe de auditoría emitido y 461,48 euros por cada informe de auditoría sobre una Entidad de Interés Público, en el caso de que el importe de los honorarios facturados por el informe de auditoría sea superior a 30.000 euros. A estos efectos, se entiende por Entidad de Interés Público lo establecido en el artículo 2.5 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011 de 1 de julio.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. [precepto]Décima sexta. Modificación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se da nueva redacción a la Disposición final duodécima de la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en su apartado 1, letra d), en los siguientes términos: «d) La disposición final décima, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016.» El resto de la disposición permanece con la misma redacción. [precepto]Décima séptima. Modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida se modifica el texto refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 197, en el sentido de incluir una nueva letra j), con el siguiente contenido: «j) A los buques que utilicen como combustible gas natural licuado para su propulsión en alta mar, así como a los buques que durante su estancia en puerto utilicen gas natural licuado o electricidad suministrada desde muelle para la alimentación de sus motores auxiliares: 0,5. Este coeficiente no se aplicará a los buques que se dediquen al transporte de gas natural licuado, salvo que durante su estancia en puerto utilicen electricidad suministrada desde muelle para la alimentación de sus motores auxiliares. Este coeficiente será compatible con los coeficientes de las letras anteriores.» Dos. Se modifica el artículo 199, en el siguiente sentido: «En el supuesto de buques fondeados en la Zona II o exterior de las aguas portuarias, la cuota íntegra será el producto de la centésima parte del arqueo bruto del buque (GT), con un mínimo de 100 GT, por cada día natural de estancia o fracción y por la cantidad resultante de aplicar a la cuantía básica B, o S en el caso de transporte marítimo de corta distancia, el coeficiente corrector de la tasa del buque que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 166 y los siguientes coeficientes, según corresponda: a) Buques fondeados en aguas no otorgadas en concesión: 1.º Con carácter general: 0,80. 2.º Buques en reparación, siendo las reparaciones realizadas por personal ajeno a la tripulación del buque y buques que realizan operaciones de avituallamiento y aprovisionamiento: 0,48. 3.º Buques que utilicen como combustible gas natural licuado, excluidos los que se dediquen al transporte de este combustible: 0,5. b) Buques fondeados en aguas otorgadas en concesión: 1.º Con carácter general: 0,40. 2.º Buques en reparación, siendo las reparaciones realizadas por personal ajeno a la tripulación del buque y buques que realizan operaciones de avituallamiento y aprovisionamiento: 0,24. 3.º Buques que utilicen como combustible gas natural licuado, excluidos los que se dediquen al transporte de este combustible: 0,5. En estos supuestos, la tasa se devengará desde el cuarto día de estancia, salvo que se hayan realizado con anterioridad operaciones comerciales distintas a las incluidas en los supuestos de las letras a) y b), en cuyo caso se devengará a partir del día de inicio de dichas operaciones.» Tres. El ordinal 2.º de las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 240, tendrá la siguiente redacción: «2.º En el caso de buques y embarcaciones que no tengan la base en un puerto español, la cuota de la tasa será la que se derive de dividir la cuota resultante del ordinal 1.º anterior entre el número de días de cada año natural, multiplicado por el número de días de estancia, completos o por fracción, que vaya a permanecer el buque o la embarcación en aguas jurisdiccionales españolas.» Cuatro. El ordinal 2.º de las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 240, tendrá la siguiente redacción: «2.º En el caso de embarcaciones que no tengan la base en un puerto español, la cuota de la tasa será la que se derive de dividir la cuota resultante del ordinal 1.º anterior entre el número de días de cada año natural, multiplicado por el número de días de estancia, completos o por fracción, que vaya a permanecer la embarcación en aguas jurisdiccionales españolas.» Cinco. El ordinal 2.º de la letra b) del artículo 241, tendrá la siguiente redacción: «En el caso de buques y embarcaciones que no tengan su base en un puerto español: por día de estancia, completo o por fracción, en aguas jurisdiccionales españolas, debiendo abonarse el importe de la tasa en la Autoridad Portuaria que tenga asignada, a efectos de señalización marítima, la zona geográfica en la que se encuentre ubicado el puerto español en el que realice cada escala. El pago será exigible cada vez que el buque o la embarcación entre en aguas jurisdiccionales españolas y se efectuará por el periodo que vaya a permanecer en las mismas durante cada escala.» Seis. El ordinal 2.º de la letra c) del artículo 241, tendrá la siguiente redacción: «En el caso de embarcaciones que no tengan su base en un puerto español: por día de estancia, completo o por fracción, en aguas jurisdiccionales españolas, debiendo abonarse el importe de la tasa en la Autoridad Portuaria que tenga asignada, a efectos de señalización marítima, la zona geográfica en la que se encuentre ubicado el puerto español en el que realice cada escala. El pago será exigible cada vez que el buque o la embarcación entre en aguas jurisdiccionales españolas y se efectuará por el periodo que vaya a permanecer en las mismas durante cada escala.» [precepto]Décima octava. Modificación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Se modifica la redacción del apartado Dos de la Disposición Adicional quincuagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables al programa «Universiada de Invierno de Granada 2015», de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que queda redactado en los siguientes términos: «Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2016.» [precepto]Décima novena. Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el apartado Dos de la Disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, que queda redactado como sigue: «Dos. Para la aplicación de esta línea, la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA), recibirá préstamos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo previstos para esta línea de financiación, los cuales tendrán un período máximo de amortización de diez años, a tipo de interés cero y sin necesidad de garantías. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo regulará, mediante convenio con ENISA, las condiciones, criterios, y procedimientos de control que ésta deberá establecer para la concesión de los préstamos participativos. Los posibles fallidos que se generen por la aplicación de esta línea de préstamos podrán ser compensados en el ejercicio en el que ENISA deba hacer efectiva la amortización de cada uno de los préstamos recibidos, hasta un máximo del 60 por ciento del importe de cada uno de dichos fallidos, con cargo a las partidas del Presupuesto no financiero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En el convenio a suscribir por ENISA y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se determinará el momento y la forma en la que, anualmente o con la periodicidad que se establezca, dicha entidad deberá justificar ante el Ministerio los fallidos que se hubieran producido hasta la fecha, a efectos de que por éste se pueda llevar el seguimiento de los mismos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado fijará cada año, en su caso, el importe de la aportación del Estado a la línea de financiación que se crea en virtud de la presente disposición y el importe máximo de los fallidos que podrán compensarse de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores.» El resto de la disposición permanece con la misma redacción. [precepto]Vigésima. Modificación de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica la Disposición adicional novena de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, que queda redactada como sigue: «Durante el año 2015, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. podrá financiar acuerdos de colaboración y patrocinio con la Cruz Roja Española y la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer suscritos con anterioridad a 31 de diciembre de 2014, en las condiciones que en los mismos se hayan establecido, garantizando para cada una de las anteriores una aportación económica equivalente a la media de los ingresos percibidos de forma individual, como resultado de los sorteos finalistas de Lotería Nacional en beneficio de las respectivas instituciones, de los cuatro últimos ejercicios en que se celebraron estos sorteos. Adicionalmente, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. podrá suscribir y financiar acuerdos en 2015 para el fomento de actividades, entre otras, de carácter social, cultural y deportivo, con otras entidades. Asimismo, podrá financiar acuerdos de esta naturaleza ya suscritos antes del 31 de diciembre de 2014. Las aportaciones contempladas en los dos párrafos anteriores no podrán superar en su conjunto el 2 por ciento del beneficio después de impuestos de la Sociedad Estatal correspondiente al ejercicio 2014.» [precepto]Vigésima primera. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, la disposición transitoria trigésima sexta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria trigésima sexta. Límite en la compensación de bases imponibles negativas y activos por impuesto diferido para el año 2016. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien en el año 2016, los límites establecidos en el apartado 12 del artículo 11, en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 26, en la letra e) del apartado 1 del artículo 62 y en las letras d) y e) del artículo 67, de esta Ley serán del 60 por ciento, en los términos establecidos, respectivamente, en los citados preceptos.» [precepto]Vigésima segunda. Incentivo por crecimiento de pasajeros en las rutas operadas en la red de Aena, S.A. Se aprueba para 2015 la continuidad del incentivo por crecimiento de pasajeros en las rutas operadas en la red Aena, S.A regulada en la Disposición adicional Sexagésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que quedará redactado en los siguientes términos: «Uno. Las compañías aéreas que operen en los aeropuertos españoles gestionados por Aena, S.A. tendrán derecho en 2015 a un incentivo por su aportación al crecimiento en número de pasajeros de las rutas que se operan desde los aeropuertos de la red, con respecto a 2014. Dos. Para cada compañía que incremente el número de pasajeros transportados, tanto en el aeropuerto origen de la ruta como en la red de Aena, S.A., el incentivo se cifrará en un importe equivalente al 50 por ciento de la cuantía media de la prestación pública por salida de pasajeros de la ruta, y se aplicará exclusivamente al número de pasajeros de salida adicionales de dicha ruta en 2015 con respecto a 2014. El incentivo a que tendrá derecho cada compañía aérea que opere la ruta en cuestión será proporcional a su contribución al crecimiento generado en dicha ruta por el conjunto de las compañías aéreas que operan en la misma. Si además, en 2016, dicha compañía mantiene el número de pasajeros de salida operados en 2015 en dicha ruta, se le abonará un 25 por ciento adicional de la cuantía de la prestación pública por salida de pasajeros correspondiente al mismo número de pasajeros incentivado en 2015 en la ruta en cuestión. En el caso de las rutas a destinos no operados en 2014 desde un aeropuerto de la red, el incentivo en 2015 alcanzará el 75 por ciento de la cuantía media de la prestación pública por pasajeros de salida de la ruta, y se abonará un 25 por ciento adicional en 2016 si la compañía mantiene, al menos, el 90 por ciento de los pasajeros de salida transportados en 2015 en dicha ruta. Tres. Para cada compañía, si la suma de pasajeros de las rutas de un aeropuerto que darían derecho a incentivo es superior al número de pasajeros que la compañía crece en el aeropuerto, el número de pasajeros a computar para el incentivo será este último. En este caso, la distribución por ruta del número de pasajeros con derecho a incentivo se realizará de forma proporcional a la contribución de la compañía al crecimiento de cada ruta. Cuatro. Para cada compañía, si la suma de pasajeros imputados por ruta del apartado anterior es superior al número de pasajeros que la compañía crece en la red de Aena, S.A. el número de pasajeros a computar para el incentivo será este último. En este caso, la distribución por ruta del número de pasajeros que darán derecho a incentivo se realizará de forma proporcional a los pasajeros por ruta resultantes en el apartado anterior. Cinco. En el caso de los aeropuertos canarios, el incentivo se aplicará sobre el importe de la prestación pública por salida de pasajero resultante una vez aplicadas las bonificaciones correspondientes a prestaciones patrimoniales de carácter público en Aeropuertos de las Islas Canarias establecida en la Disposición adicional octogésima tercera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Seis. El crecimiento de cada compañía no podrá ser debido a la mera transferencia de pasajeros entre compañías de un mismo grupo, o a acuerdos entre compañías que puedan compartir su programa o alinear estrategias con el fin de acceder al incentivo. A estos efectos, Aena, S.A. evaluará si el aumento de pasajeros de una compañía se debe a algunas de las condiciones anteriores, y tendrá la potestad de anular el incentivo si fuera así. Siete. A los efectos de este incentivo, se define ruta como el conjunto de operaciones comerciales de transporte aéreo de pasajeros con origen en un aeropuerto de Aena, S.A. y destino en otro aeropuerto. Se considerará una misma ruta a un mismo destino a aquella que, aunque sea operada a distintos aeropuertos, éstos formen parte del mismo área de captación del destino. Ocho. A los efectos de este incentivo, se considerará que una ruta a un destino no ha sido operada en 2014 si no superó los 2.500 pasajeros comerciales de salida en el conjunto de dicho año. En este mismo sentido, para considerarse ruta operada en 2015, la ruta a un destino determinado debe superar los 2.500 pasajeros comerciales de salida en el conjunto de dicho año. Nueve. Los incentivos deberán solicitarse durante el mes de enero de 2016 y se satisfará por Aena, S.A compensando su importe con cualesquiera cantidades que le adeuden los beneficiarios y, no siendo ello posible en todo o en parte, mediante su abono en dinero antes de que finalice el mes de mayo de 2016, y, en su caso, la parte a la que se hace referencia a los pasajeros de 2016, antes de que finalice el mes de mayo del 2017. Diez. Para percibir el incentivo, la compañía aérea debe estar al corriente de pago con Aena, S.A. Once. A los efectos de este incentivo se considerará que los aeropuertos siguientes, definidos por su código IATA, están incluidos en una misma área de captación del destino: Basilea: BSL, MLH; Belfast: BFS, BHD; Berlín: BER, SXF,TXL; Bruselas: BRU, CRL; Bucarest: BBU, OTP; Dusseldorf: NRN, DUS; Glasgow: GLA, PIK; Estambul: SAW, IST; Estocolmo: ARN, VST, NYO; Frankfurt: HHN, FRA; Goteborg: GOT, GSE; Hamburgo: HAM, LBC; Kiev: IEV, KBP; Londres: LCY, LGW, LHR, LTN, SEN, STN; Milán: BGY, LIN, MXP; Moscú: DME, SVO, VKO; Oslo: OSL, RYG, TRF; París: BVA, CDG, ORY; Roma: CIA, FCO; Stuttgart: STR, FKB; Varsovia: WAW, WMI; Venecia: TSF, VCE; Verona: VRN, VBS; Viena: VIE, BTS y Nueva York: EWR, JFK, LGA.» [precepto]Vigésima tercera. Proceso de integración en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), del Servicio Militar de Construcciones (SMC). Uno. Con efectos de 1 de enero de 2015, se modifican los apartados 3, 4 y 6 del artículo 1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que quedan redactados como sigue: «3. En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta ley se procederá, a iniciativa del Ministerio de Defensa, a adaptar el Estatuto del INVIED y su Plan Inicial de actuación a lo dispuesto en esta norma. 4. Desde la entrada en vigor de esta ley, el SMC dependerá orgánica y funcionalmente del INVIED. El personal funcionario, militar y laboral que estuviera prestando servicio en el SMC será adscrito al INVIED en la forma que determine el Estatuto y continuará prestando servicios en las mismas condiciones existentes a la entrada en vigor de esta ley. … 6. El INVIED incorporará los recursos económicos del SMC así como sus fuentes de financiación en las condiciones que se establezcan en el Estatuto que se indica en el apartado 3. No obstante, los efectos de tal incorporación se retrotraerán a 1 de enero de 2015.» Dos. El resto del artículo permanece con la misma redacción. Tres. Todos los gastos e ingresos relativos a la actividad y funcionamiento de los órganos que se integran, incluido el pago de retribuciones al personal, se imputarán en 2015 al presupuesto integrado del INVIED aprobado en virtud de la presente Ley. Cuatro. Las facultades que en materia de Contratación y Gastos corresponden al Director Gerente del SMC, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1143/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo SMC, continuarán vigentes para los expedientes derivados de la ejecución de las obras encomendadas; así como las delegaciones de facultades realizadas por el Director Gerente del SMC que se entenderán efectuadas por el Director Gerente del INVIED, hasta que se dicten otras nuevas. [precepto]Vigésima cuarta. Desarrollo reglamentario. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente ley. [precepto]Vigésima quinta. Gestión de créditos presupuestarios en materia de Clases Pasivas. Se prorroga durante el año 2015 la facultad conferida en la Disposición final tercera de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. [ignorar]Madrid, 26 de diciembre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ANEXO I Distribución de los créditos por programas Clasif. por programas Explicación Cap. 1 a 8 Cap. 9 Total 111M Gobierno del Poder Judicial. 31.185,46   31.185,46 111N Dirección y Servicios Generales de Justicia. 46.691,81   46.691,81 1110 Selección y formación de jueces. 15.372,41   15.372,41 111P Documentación y publicaciones judiciales. 8.325,69   8.325,69 111Q Formación del Personal de la Administración de Justicia. 6.812,31   6.812,31 111R Formación de la Carrera Fiscal. 3.684,12   3.684,12 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal. 1.371.626,90   1.371.626,90 113M Registros vinculados con la Fe Pública. 24.455,75   24.455,75 121M Administración y Servicios Generales de Defensa. 1.133.983,12   1.133.983,12 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas. 374.176,70   374.176,70 1210 Personal en reserva. 513.423,05   513.423,05 122A Modernización de las Fuerzas Armadas. 192.539,00   192.539,00 122B Programas especiales de modernización. 6.842,50   6.842,50 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas. 2.190.086,49   2.190.086,49 122N Apoyo Logístico. 1.300.636,56 1,02 1.300.637,58 131M Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil. 70.412,04   70.412,04 131N Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 79.170,90   79.170,90 1310 Fuerzas y Cuerpos en reserva. 448.826,43   448.826,43 131P Derecho de asilo y apátridas. 3.020,71   3.020,71 132A Seguridad ciudadana. 5.275.689,99 72,60 5.275.762,59 132B Seguridad vial. 734.076,96   734.076,96 132C Actuaciones policiales en materia de droga. 79.062,11   79.062,11 133A Centros e Instituciones Penitenciarias. 1.124.663,95   1.124.663,95 134M Protección Civil. 14.115,48   14.115,48 135M Protección de datos de carácter personal. 14.090,77   14.090,77 141M Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores. 67.708,49   67.708,49 142A Acción del Estado en el exterior. 676.505,65   676.505,65 142B Acción diplomática ante la Unión Europea. 21.301,36   21.301,36 143A Cooperación para el desarrollo. 519.343,04   519.343,04 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior. 134.997,22   134.997,22 144B Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior. 2.570,37   2.570,37 211M Pensiones contributivas de la Seguridad Social. 108.265.205,72   108.265.205,72 211N Pensiones de Clases Pasivas. 12.928.006,48   12.928.006,48 2110 Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas. 41.992,68   41.992,68 212M Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales. 2.253.840,50   2.253.840,50 212N Pensiones de guerra. 214.886,70   214.886,70 2120 Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones. 7.563.020,00   7.563.020,00 219M Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social. 384.921,51   384.921,51 219N Gestión de pensiones de Clases Pasivas. 6.657,78   6.657,78 221M Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social. 9.495.762,85   9.495.762,85 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo. 352.934,85 2,00 352.936,85 223M Prestaciones de garantía salarial. 1.064.051,93   1.064.051,93 224M Prestaciones económicas por cese de actividad. 30.903,28   30.903,28 231A Plan Nacional sobre Drogas. 14.681,32   14.681,32 231B Acciones en favor de los emigrantes. 70.471,95   70.471,95 231C Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad. 58.773,11   58.773,11 231D Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores. 117.628,32   117.628,32 231E Otros servicios sociales de la Seguridad Social. 40.642,83   40.642,83 231F Otros servicios sociales del Estado. 290.542,28   290.542,28 231G Atención a la infancia y a las familias. 7.688,38   7.688,38 231H Acciones en favor de los inmigrantes. 66.383,61   66.383,61 231I Autonomía personal y Atención a la Dependencia. 1.177.037,78   1.177.037,78 232A Promoción y servicios a la juventud. 27.948,75   27.948,75 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 20.829,24   20.829,24 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género. 23.728,18   23.728,18 239M Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social. 27.931,60   27.931,60 241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral. 4.712.114,39   4.712.114,39 241N Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas. 34.247,02   34.247,02 251M Prestaciones a los desempleados. 25.300.040,46   25.300.040,46 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda. 556.049,94 300,00 556.349,94 2610 Ordenación y fomento de la edificación. 29.604,64   29.604,64 261P Urbanismo y política del suelo. 1.454,51   1.454,51 291A Inspección y control de Seguridad y Protección Social. 122.872,53   122.872,53 291M Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social. 5.221.265,61 643,65 5.221.909,26 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 69.699,42   69.699,42 3110 Políticas de Salud y Ordenación Profesional. 8.805,42   8.805,42 312A Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas. 129.182,45   129.182,45 312B Atención primaria de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 58.299,63   58.299,63 312C Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 149.679,85   149.679,85 312D Medicina marítima. 31.373,77   31.373,77 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo. 2.091.293,31   2.091.293,31 312F Atención primaria de salud de Mutuas de Accidentes de Trabajo y E.P e I.S.M. 823.158,52   823.158,52 312G Atención especializada de salud de Mutuas de Accidentes de Trabajo y E.P e I.S.M. 395.829,34   395.829,34 313A Prestaciones sanitarias y farmacia. 53.018,58   53.018,58 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad. 33.806,51   33.806,51 313C Seguridad alimentaria y nutrición. 15.733,14   15.733,14 313D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células. 3.952,04   3.952,04 321M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte. 89.632,55   89.632,55 321N Formación permanente del profesorado de Educación. 3.390,51   3.390,51 322A Educación infantil y primaria. 158.894,02   158.894,02 322B Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 237.348,65   237.348,65 322C Enseñanzas universitarias. 118.141,38   118.141,38 322E Enseñanzas artísticas. 4.790,74   4.790,74 322F Educación en el exterior. 95.872,31   95.872,31 322G Educación compensatoria. 5.247,14   5.247,14 3221 Enseñanzas especiales. 2.491,02   2.491,02 322K Deporte en edad escolar y en la Universidad. 2.400,00   2.400,00 322L Otras enseñanzas y actividades educativas. 77.659,23   77.659,23 323M Becas y ayudas a estudiantes. 1.469.595,59   1.469.595,59 324M Servicios complementarios de la enseñanza. 7.399,74   7.399,74 332A Archivos. 25.552,82   25.552,82 332B Bibliotecas. 42.638,99   42.638,99 333A Museos. 142.719,12   142.719,12 333B Exposiciones. 2.009,69   2.009,69 334A Promoción y cooperación cultural. 9.621,87   9.621,87 334B Promoción del libro y publicaciones culturales. 7.395,68   7.395,68 334C Fomento de las industrias culturales. 13.932,90   13.932,90 335A Música y danza. 92.068,05   92.068,05 335B Teatro. 53.159,78   53.159,78 335C Cinematografía. 50.694,50   50.694,50 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas. 153.973,10   153.973,10 337A Administración del Patrimonio Histórico-Nacional. 124.693,13 100,00 124.793,13 337B Conservación y restauración de bienes culturales. 26.349,01   26.349,01 337C Protección del Patrimonio Histórico. 4.248,87   4.248,87 412C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios. 29.403,21   29.403,21 412D Competitividad y calidad de la sanidad agraria. 40.770,48   40.770,48 412M Regulación de los mercados agrarios. 5.797.111,61   5.797.111,61 413A Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria. 25.125,70   25.125,70 414A Gestión de recursos hídricos para el regadío. 46.291,39   46.291,39 414B Desarrollo del medio rural. 2.346.994,82   2.346.994,82 414C Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 19.639,00   19.639,00 415A Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible. 18.247,97   18.247,97 415B Mejora de estructuras y mercados pesqueros. 51.901,48   51.901,48 416A Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras. 204.432,06   204.432,06 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía. 67.725,22   67.725,22 421N Regulación y protección de la propiedad industrial. 46.849,75   46.849,75 4210 Calidad y seguridad industrial. 3.028,65   3.028,65 422A Incentivos regionales a la localización industrial. 81.545,61   81.545,61 422B Desarrollo industrial. 375.589,84   375.589,84 422M Reconversión y reindustrialización. 525.398,10   525.398,10 423M Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón. 50.000,00   50.000,00 423N Explotación minera. 345.700,18   345.700,18 424M Seguridad nuclear y protección radiológica. 46.507,13   46.507,13 425A Normativa y desarrollo energético. 4.485.417,48   4.485.417,48 431A Promoción comercial e internacionalización de la empresa. 456.911,59   456.911,59 431N Ordenación del comercio exterior. 9.337,93   9.337,93 4310 Ordenación y modernización de las estructuras comerciales. 14.511,72   14.511,72 432A Coordinación y promoción del turismo. 323.022,24   323.022,24 433M Apoyo a la pequeña y mediana empresa. 159.518,38   159.518,38 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre. 903.882,06   903.882,06 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo. 82.249,65   82.249,65 4410 Subvenciones y apoyo al transporte aéreo. 324.558,17   324.558,17 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías. 29.779,38   29.779,38 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo. 30.591,20   30.591,20 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento. 1.143.073,22   1.143.073,22 4510 Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 142.503,08   142.503,08 452A Gestión e infraestructuras del agua. 1.170.113,76 215.357,79 1.385.471,55 452M Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos. 118.466,20   118.466,20 453A Infraestructura del transporte ferroviario. 863.316,74   863.316,74 453B Creación de infraestructura de carreteras. 1.011.866,66   1.011.866,66 453C Conservación y explotación de carreteras. 909.507,18   909.507,18 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre. 24.470,18   24.470,18 454M Regulación y seguridad del tráfico marítimo. 43.168,22   43.168,22 455M Regulación y supervisión de la aviación civil. 75.460,82   75.460,82 456A Calidad del agua. 243.090,20 7.241,36 250.331,56 456B Protección y mejora del medio ambiente. 24.529,99   24.529,99 456C Protección y mejora del medio natural. 154.641,82   154.641,82 456D Actuación en la costa. 89.766,27   89.766,27 456M Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. 55.449,69   55.449,69 457M Infraestructuras en comarcas mineras del carbón. 50.000,00   50.000,00 462M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales. 12.239,87   12.239,87 462N Investigación y estudios estadísticos y económicos. 6.373,22   6.373,22 463A Investigación científica. 689.003,87 4.000,00 693.003,87 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. 1.443.093,13   1.443.093,13 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas. 162.832,34 177,00 163.009,34 464B Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa. 563.925,76   563.925,76 465A Investigación sanitaria. 273.820,83   273.820,83 467B Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras. 340,00   340,00 467C Investigación y desarrollo tecnológico-industrial. 2.203.517,08   2.203.517,08 467D Investigación y experimentación agraria. 77.895,48   77.895,48 467E Investigación oceanográfica y pesquera. 60.576,58 7.170,00 67.746,58 467F Investigación geológico-minera y medioambiental. 24.607,32   24.607,32 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información. 125.663,66   125.663,66 467H Investigación energética, medioambiental y tecnológica. 92.855,59   92.855,59 467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones. 658.406,01   658.406,01 491M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 304.983,51   304.983,51 491N Servicio postal universal. 180.710,00   180.710,00 492M Defensa de la competencia en los mercados y regulación de sectores productivos. 59.708,89   59.708,89 492N Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos. 8.358,94   8.358,94 4920 Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios. 12.816,23   12.816,23 493M Dirección, control y gestión de seguros. 13.733,37   13.733,37 4930 Regulación contable y de auditorías. 8.759,37   8.759,37 494M Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo. 33.709,87   33.709,87 495A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española. 30.850,80   30.850,80 495B Meteorología. 120.124,13   120.124,13 495C Metrología. 7.060,78   7.060,78 496M Regulación del juego. 6.673,70   6.673,70 497M Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar. 140.000,00   140.000,00 911M Jefatura del Estado. 7.775,04   7.775,04 911N Actividad legislativa. 202.128,84 20,00 202.148,84 9110 Control externo del Sector Público. 60.989,23   60.989,23 911P Control Constitucional. 23.084,44   23.084,44 911Q Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado. 6.028,63   6.028,63 912M Presidencia del Gobierno. 37.323,84   37.323,84 912N Alto asesoramiento del Estado. 9.941,69   9.941,69 9120 Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección. 33.998,62   33.998,62 912P Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral. 7.866,00   7.866,00 912Q Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales. 223.687,18   223.687,18 921N Dirección y organización de la Administración Pública. 49.704,92   49.704,92 9210 Formación del personal de las Administraciones Públicas. 69.139,76   69.139,76 921P Administración periférica del Estado. 266.986,52   266.986,52 921Q Cobertura informativa. 54.528,54   54.528,54 921R Publicidad de las normas legales. 31.619,06   31.619,06 921S Asesoramiento y defensa intereses del Estado. 31.493,34   31.493,34 921T Servicios de transportes de Ministerios. 38.943,67   38.943,67 921U Publicaciones. 162,64   162,64 921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo. 3.802,35   3.802,35 921X Evaluación de la transparencia de la actividad pública. 2.580,20   2.580,20 922M Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración. 2.622,11   2.622,11 922N Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales. 21.007.490,41   21.007.490,41 923A Gestión del Patrimonio del Estado. 185.575,88   185.575,88 923C Elaboración y difusión estadística. 179.819,71   179.819,71 923M Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas. 539.707,99   539.707,99 923N Formación del personal de Economía y Hacienda. 9.435,06   9.435,06 9230 Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado. 274.769,00 1,00 274.770,00 923P Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales. 231.648,38   231.648,38 923Q Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad. 79.206,54   79.206,54 923R Contratación centralizada. 80.334,46   80.334,46 924M Elecciones y Partidos Políticos. 345.382,62   345.382,62 929M Imprevistos y funciones no clasificadas. 2.351.293,68   2.351.293,68 929N Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. 2.581.200,00   2.581.200,00 931M Previsión y política económica. 575.807,59   575.807,59 931N Política presupuestaria. 61.233,86   61.233,86 9310 Política tributaria. 5.659,07   5.659,07 931P Control interno y Contabilidad Pública. 74.181,45   74.181,45 931Q Control y Supervisión de la Política Fiscal. 4.484,42   4.484,42 932A Aplicación del sistema tributario estatal. 996.639,85   996.639,85 932M Gestión del catastro inmobiliario. 131.441,08   131.441,08 932N Resolución de reclamaciones económico-administrativas. 28.356,78   28.356,78 941M Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado. 17.081.699,23   17.081.699,23 941N Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial. 582.430,00   582.430,00 9410 Otras transferencias a Comunidades Autónomas. 492.300,00   492.300,00 942A Cooperación económica local del Estado. 8.818,43   8.818,43 942M Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado. 15.850.980,37   15.850.980,37 942N Otras aportaciones a Entidades Locales. 227.701,57   227.701,57 943M Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea. 12.639.360,00   12.639.360,00 943N Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo. 282.600,00   282.600,00 951M Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros. 34.926.089,00 91.998.036,25 126.924.125,25 951N Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera. 563.911,00 12,00 563.923,00   TOTAL. 347.843.340,85 92.233.134,67 440.076.475,52 ANEXO II Créditos Ampliables Se considerarán ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que se reconozcan, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan, los créditos que, incluidos en el Presupuesto del Estado, en los de los Organismos autónomos y en los de los otros Organismos públicos aprobados por esta Ley, se detallan a continuación: Primero. Aplicables a todas las Secciones y Programas. Uno. Los destinados a satisfacer: a) Las cuotas de la Seguridad Social, de acuerdo con los preceptos en vigor, y la aportación del Estado al régimen de previsión social de los funcionarios públicos, civiles o militares, establecida por los Reales Decretos Legislativos 1/2000, de 9 de junio, 3/2000 y 4/2000, de 23 de junio. b) Los créditos de transferencias a favor del Estado que figuren en los presupuestos de gastos de los Organismos autónomos, hasta el importe de los remanentes que resulten como consecuencia de la gestión de los mismos. Segundo. Aplicables a las Secciones y Programas que se indican. Uno. En la Sección 07, «Clases Pasivas»: Los créditos relativos a atender obligaciones de pensiones e indemnizaciones. Dos. En la Sección 12, «Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación»: El crédito 12.000X.03.431 «A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio». Tres. En la Sección 13, «Ministerio de Justicia»: a) El crédito 13.112A.02.830.10 «Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable». b) El crédito 13.112A.02.226.18 «Para la atención de las reclamaciones derivadas del artículo 116 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores». Cuatro. En la Sección 14, «Ministerio de Defensa»: a) El crédito 14.121M.01.489 «Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad». b) Los créditos 14.122M.03.128, 14.122M.03.228 y 14.122M.03.668 para gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz. Cinco. En la Sección 15, «Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas»: a) El crédito 15.231G.13.875, «Fondo de Garantía del Pago de Alimentos». b) El crédito 15.921P.28.830.10 «Anticipos a jurados de expropiación forzosa». Seis. En la Sección 16, «Ministerio del Interior»: a) El crédito 16.131M.01.483, «Indemnizaciones, ayudas y subvenciones derivadas de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo» y artículo 11 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011». b) El crédito 16.131M.01.487, «Indemnizaciones en aplicación de los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, de Protección de medios de transporte que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional». c) Los créditos 16.134M.01.461, 16.134M.01.471, 16.134M.01.472, 16.134M.01.482, 16.134M.01.761, 16.134M.01.771 y 16.134M.01.782, destinados a la cobertura de necesidades de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia. d) El crédito 16.924M.01.227.05, «Procesos electorales y consultas populares». e) El crédito 16.924M.01.485.02, «Subvención gastos electorales de los partidos políticos (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General)». Siete. En la Sección 18, «Ministerio de Educación, Cultura y Deporte»: a) Los créditos 18.337B.11.631 y 18.337C.11.621, por la diferencia entre la consignación inicial para inversiones producto del «1 por 100 cultural» (artículo 68, Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, en la redacción dada por el artículo único del Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero) y las retenciones de crédito no anuladas a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. b) El crédito 18.322L.04.487.05 «Compensación de los gastos de escolarización de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la Disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)». Ocho. En la Sección 19, «Ministerio de Empleo y Seguridad Social»: a) El crédito 19.231B.07.483.01, «Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados». b) El crédito 19.241A.101.487.03, «Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (EJE 3)». c) El crédito 19.251M.101.480.00, «Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». d) El crédito 19.251M.101.480.01, «Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». e) El crédito 19.251M.101.480.02, «Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». f) El crédito 19.251M.101.487.00, «Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». g) El crédito 19.251M.101.487.01, «Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». h) El crédito 19.251M.101.487.05, «Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». i) El crédito 19.251M.101.488 «Renta Activa de Inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». Nueve. En la Sección 23, «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente»: a) El crédito 23.416A.01.440, «Al Consorcio de Compensación de Seguros para la cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado». b) El crédito 23.451O.01.485, «Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio». Diez. En la Sección 26, «Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad»: a) El crédito 26.231F.16.484, «Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio». b) El crédito 26.232C.22.480 «Ayudas Sociales para mujeres (artículo 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre)». Once. En la Sección 27, «Ministerio de Economía y Competitividad»: a) El crédito 27.431A.09.444, «Para cobertura de las diferencia producidas por operaciones autorizadas al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, a librar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)». b) El crédito 27.431A.09.874, «Aportación patrimonial al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización». c) El crédito 27.931M.03.892, «Aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)», en función de los desembolsos requeridos por su Consejo de Gobernadores, su Consejo de Administración o su Director Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el Tratado Constitutivo del MEDE. d) El crédito 27.923O.04.351, «Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores». e) El crédito 27.923O.04.355, «Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro Público». f) El crédito 27.923O.04.358 «Remuneración negativa de fondos del Tesoro Público». g) El crédito 27.923O.04.951 «Puesta en circulación negativa de la moneda metálica». Doce. En la Sección 32, «Otras relaciones financieras con Entes Territoriales»: a) Los créditos 32.942N.02.461.00 y 32.942N.02.461.01, por razón de otros derechos legalmente establecidos o que se establezcan a favor de las Corporaciones Locales. b) El crédito 32.941O.01.450, «Compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las labores de tabaco, incluso liquidación definitiva del ejercicio anterior». c) El crédito 32.941O.01.455, «Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca». d) El crédito 32.941O.01.456, «Compensaciones a Comunidades Autónomas. Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas». Trece. Los créditos de la Sección 34, «Relaciones Financieras con la Unión Europea», ampliables tanto en función de los compromisos que haya adquirido o que pueda adquirir el Estado Español con la Unión Europea o que se deriven de las disposiciones financieras de las mismas, como en función de la recaudación efectiva de las exacciones agrarias, derechos de aduanas por la parte sujeta al arancel exterior comunitario, y cotizaciones del azúcar e isoglucosa. Catorce. En la Sección 36,«Sistemas de financiación de Entes Territoriales»: a) Los créditos 36.941M.20.452.00, «Fondo de Competitividad», 36.941M.20.452.01 «Fondo de Cooperación» y 36.941M.20.452.02, «Otros conceptos de liquidación del sistema de financiación». b) El crédito 36.942M.21.468, «Liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, correspondiente a ejercicios anteriores y compensaciones derivadas del Nuevo Modelo de Financiación Local», en la medida que lo exija dicha liquidación definitiva. c) Los créditos que se habiliten para hacer frente a las transferencias a las Comunidades Autónomas por el coste de los servicios asumidos. Tercero. Todos los créditos de este presupuesto en función de los compromisos de financiación exclusiva o de cofinanciación que puedan contraerse con las Comunidades Europeas. Cuarto. En el presupuesto de la Seguridad Social, los créditos que sean necesarios en los programas de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para reflejar las repercusiones que en los mismos tengan las modificaciones de los créditos, que figuran en el estado de transferencias entre Subsectores de los Presupuestos Generales del Estado y en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la cobertura del mínimo garantizado en dependencia. ANEXO III Operaciones de crédito autorizadas a Organismos Públicos   Miles de euros Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:   SEPI (1) 500.000,00 Ministerio de Fomento:   Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (2) 140.269,00 ADIF-Alta Velocidad (3) 2.624.891,00 RENFE-Operadora (4) 380.129,00 Ministerio de Agrigultura, Alimentación y Medio Ambiente:   Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 118.792,00 Confederación Hidrográfica del Júcar 45.000,00 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 6.335,34 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 11.500,00 Confederación Hidrográfica del Tajo 8.000,00 Mancomunidad de los Canales del Taibilla 64.348,80 Ministerio de Economía y Competitividad:   Instituto de Crédito Oficial (ICO) (5) 18.000.000,00 (1) Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a corto y largo plazo con entidades de crédito y por emisiones de valores de renta fija, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. (2) Importe máximo a contraer con entidades de crédito durante el ejercicio 2015, si bien el importe de la deuda viva con entidades de crédito a 31 de diciembre no podrá exceder de 2.203.131 miles de euros. (3) Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a largo plazo con entidades financieras, proveedores y por emisiones de valores de renta fija entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. (4) Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a corto y largo plazo con entidades de crédito, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. (5) Este límite no afectará a las operaciones de tesorería que se concierten y amorticen dentro del año, ni a la refinanciación de la deuda contratada a corto y largo plazo. ANEXO IV Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los Centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos con efectos de 1 de enero, y hasta el 31 de diciembre de 2015 de la siguiente forma:   Euros EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 27.480,35 Gastos variables. 3.740,29 Otros gastos. 5.856,66 IMPORTE TOTAL ANUAL 37.077,30 EDUCACIÓN ESPECIAL (*) (niveles obligatorios y gratuitos)   I. Educación Básica/Primaria.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 27.480,35 Gastos variables. 3.740,29 Otros gastos. 6.247,14 IMPORTE TOTAL ANUAL. 37.467,78 Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social), según deficiencias:   – Psíquicos. 19.914,76 – Autistas o problemas graves de personalidad. 16.153,95 – Auditivos. 18.529,92 – Plurideficientes. 22.998,27 II. Programas de formación para la transición a la vida adulta.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 54.960,68 Gastos variables. 4.907,57 Otros gastos. 8.899,87 IMPORTE TOTAL ANUAL. 68.768,12 Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social), según deficiencias:   – Psíquicos. 31.796,69 – Autistas o problemas graves de personalidad. 28.440,12 – Auditivos. 24.636,12 – Plurideficientes. 35.357,53 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   I. Primer y segundo curso (1).   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 32.976,40 Gastos variables. 4.400,15 Otros gastos. 7.613,71 IMPORTE TOTAL ANUAL. 44.990,26 I. Primer y segundo curso (2).   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 38.724,47 Gastos variables. 7.435,56 Otros gastos. 7.613,71 IMPORTE TOTAL ANUAL. 53.773,74 II. Tercer y cuarto curso.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 43.887,73 Gastos variables. 8.426,97 Otros gastos. 8.403,58 IMPORTE TOTAL ANUAL. 60.718,28 BACHILLERATO   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 52.923,46 Gastos variables. 10.161,93 Otros gastos. 9.264,21 IMPORTE TOTAL ANUAL. 72.349,60 CICLOS FORMATIVOS   I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales.   Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas.   Primer curso. 49.144,09 Segundo curso. 0,00 Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas.   Primer curso. 49.144,09 Segundo curso. 49.144,09 Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas.   Primer curso. 45.363,78 Segundo curso. 0,00 Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas.   Primer curso. 45.363,78 Segundo curso. 45.363,78 II. Gastos variables.   Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas.   Primer curso. 6.636,31 Segundo curso. 0,00 Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas.   Primer curso. 6.636,31 Segundo curso. 6.636,31 Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas.   Primer curso. 6.593,36 Segundo curso. 0,00 Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas.   Primer curso. 6.593,36 Segundo curso. 6.593,36 III. Otros gastos.   Grupo 1. Ciclos formativos de:   – Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural.   – Animación Turística.   – Estética Personal Decorativa.   – Química Ambiental.   – Higiene Bucodental.   Primer curso. 10.178,78 Segundo curso. 2.380,58 Grupo 2. Ciclos formativos de:   – Secretariado.   – Buceo a Media Profundidad.   – Laboratorio de Imagen.   – Comercio.   – Gestión Comercial y Marketing.   – Servicios al Consumidor.   – Molinería e Industrias Cerealistas.   – Laboratorio.   – Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines.   – Cuidados Auxiliares de Enfermería.   – Documentación Sanitaria.   – Curtidos.   – Procesos de Ennoblecimiento Textil.   Primer curso. 12.376,05 Segundo curso. 2.380,58 Grupo 3. Ciclos formativos de:   – Transformación de Madera y Corcho.   – Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos.   – Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho.   – Industrias de Proceso de Pasta y Papel.   – Plástico y Caucho.   – Operaciones de Ennoblecimiento Textil.   Primer curso. 14.729,24 Segundo curso. 2.380,58 Grupo 4. Ciclos formativos de:   – Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón.   – Impresión en Artes Gráficas.   – Fundición.   – Tratamientos superficiales térmicos.   – Calzado y Marroquinería.   – Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada.   – Producción de Tejidos de Punto.   – Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada.   – Procesos Textiles de Tejeduría de Punto.   – Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados.   – Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.   Primer curso. 17.041,30 Segundo curso. 2.380,58 Grupo 5. Ciclos formativos de:   – Realización y Planes de Obra.   – Asesoría de Imagen Personal.   – Radioterapia.   – Animación Sociocultural.   – Integración Social.   Primer curso. 10.178,78 Segundo curso. 3.849,67 Grupo 6. Ciclos formativos de:   – Aceites de oliva y vinos.   – Actividades Comerciales.   – Gestión Administrativa.   – Jardinería y Floristería.   – Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.   – Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural.   – Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural.   – Paisajismo y Medio Rural.   – Gestión Forestal y del Medio Natural.   – Animación Sociocultural y Turística.   – Marketing y Publicidad.   – Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias.   – Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos.   – Administración y Finanzas.   – Asistencia a la Dirección.   – Pesca y Transporte Marítimo.   – Navegación y Pesca de Litoral.   – Transporte Marítimo y Pesca de Altura.   – Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.   – Producción de Audiovisuales y Espectáculos.   – Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.   – Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.   – Comercio Internacional.   – Gestión del Transporte.   – Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera.   – Transporte y Logística.   – Obras de Albañilería.   – Obras de Hormigón.   – Construcción.   – Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción.   – Proyectos de Obra Civil.   – Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.   – Óptica de Anteojería.   – Gestión de alojamientos turísticos.   – Servicios en restauración.   – Caracterización y Maquillaje Profesional.   – Caracterización.   – Peluquería Estética y Capilar.   – Peluquería.   – Estética Integral y Bienestar.   – Estética.   – Estética y Belleza.   – Estilismo y Dirección de Peluquería.   – Caracterización y Maquillaje Profesional.   – Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.   – Elaboración de Productos Alimenticios.   – Panadería, repostería y confitería.   – Operaciones de Laboratorio.   – Administración de Sistemas Informáticos en Red.   – Administración de Aplicaciones Multiplataforma.   – Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.   – Prevención de riesgos profesionales.   – Anatomía Patológica y Citología.   – Salud Ambiental.   – Laboratorio de análisis y de control de calidad.   – Química industrial.   – Planta química.   – Dietética.   – Imagen para el Diagnóstico.   – Laboratorio de Diagnóstico Clínico.   – Ortoprotésica.   – Ortoprótesis y productos de apoyo.   – Audiología protésica.   – Coordinación de emergencias y protección civil.   – Emergencias y protección civil.   – Emergencias Sanitarias.   – Farmacia y Parafarmacia.   – Interpretación de la Lengua de Signos.   – Integración Social.   – Promoción de igualdad de género.   – Atención a Personas en Situación de Dependencia.   – Atención Sociosanitaria.   – Educación Infantil.   – Desarrollo de Aplicaciones Web.   – Dirección de Cocina.   – Guía de Información y Asistencia Turísticas.   – Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.   – Dirección de Servicios de Restauración.   – Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles.   – Vestuario a Medida y de Espectáculos.   – Calzado y Complementos de Moda.   – Diseño Técnico en Textil y Piel.   – Diseño y Producción de Calzado y Complementos.   – Proyectos de Edificación.   Primer curso. 9.167,25 Segundo curso. 11.074,12 Grupo 7. Ciclos formativos de:   – Producción Agroecológica.   – Producción Agropecuaria.   – Organización y Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones.   – Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque.   – Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas.   – Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones.   – Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.   – Equipos Electrónicos de Consumo.   – Desarrollo de Productos Electrónicos.   – Mantenimiento Electrónico.   – Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.   – Sistemas de Regulación y Control Automáticos.   – Automatización y Robótica Industrial.   – Instalaciones de Telecomunicaciones.   – Instalaciones eléctricas y automáticas.   – Sistemas microinformático y redes.   – Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.   – Acabados de Construcción.   – Cocina y Gastronomía.   – Mantenimiento de Aviónica.   – Educación y Control Ambiental.   – Prótesis Dentales.   – Confección y Moda.   – Patronaje y Moda.   – Energías Renovables.   – Centrales Eléctricas.   Primer curso. 11.290,71 Segundo curso. 12.887,91 Grupo 8. Ciclos formativos de:   – Animación de Actividades Físicas y Deportivas.   – Artista Fallero y Construcción de Escenografías.   – Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia.   – Diseño y Producción Editorial.   – Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.   – Producción en Industrias de Artes Gráficas.   – Imagen.   – Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.   – Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos.   – Realización de Audiovisuales y Espectáculos.   – Video Disc Jockey y Sonido.   – Sonido en Audiovisuales y Espectáculos.   – Sonido.   – Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.   – Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.   – Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.   – Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros.   – Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros.   – Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.   – Programación de la producción en fabricación mecánica.   – Diseño en fabricación mecánica.   – Instalación y Amueblamiento.   – Fabricación a medida e instalación de Madera y Mueble.   – Diseño y Amueblamiento.   – Carpintería y Mueble.   – Producción de Madera y Mueble.   – Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.   – Instalaciones de Producción de Calor.   – Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y Fluidos.   – Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.   – Carrocería.   – Electromecánica de maquinaria.   – Electromecánica de vehículos automóviles.   – Automoción.   – Piedra Natural.   – Excavaciones y Sondeos.   – Mantenimiento Aeromecánico.   – Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.   Primer curso. 13.279,90 Segundo curso. 14.733,80 Grupo 9. Ciclos formativos de:   – Cultivos Acuícolas.   – Acuicultura.   – Producción Acuícola.   – Vitivinicultura.   – Preimpresión Digital.   – Preimpresión en Artes Gráficas.   – Postimpresión y Acabados Gráficos.   – Impresión Gráfica.   – Joyería.   – Mecanizado.   – Soldadura y Calderería.   – Construcciones Metálicas.   – Procesos de Calidad en la Industria Alimentaria.   – Instalación y Mantenim. Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas.   – Mantenimiento Electromecánico.   – Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario.   – Mantenimiento Ferroviario.   – Mecatrónica Industrial.   – Mantenimiento de Equipo Industrial.   – Fabricación de Productos Cerámicos.   – Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.   Primer curso. 15.361,16 Segundo curso. 16.471,77 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA   I. Salarios personal docente, incluidas cargas sociales (primer y segundo cursos). 49.144,09 II. Gastos variables (primer y segundo curso). 6.636,31 III. OTROS GASTOS (primer y segundo cursos):   – Servicios administrativos. 9.108,62 – Agrojardinería y composiciones florales. 9.671,45 – Actividades agropecuarias. 9.671,45 – Aprovechamientos forestales. 9.671,45 – Artes gráficas. 11.141,53 – Servicios comerciales. 9.108,62 – Reforma y mantenimiento de edificios. 9.671,45 – Electricidad y electrónica. 9.671,45 – Fabricación y montaje. 11.937,35 – Cocina y restauración. 9.671,45 – Alojamiento y lavandería. 9.066,98 – Peluquería y estética. 8.602,58 – Industrias alimentarias. 8.602,58 – Informática y comunicaciones. 10.880,38 – Informática de oficinas. 10.880,38 – Carpintería y mueble. 10.505,14 – Actividades pesqueras. 11.937,35 – Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel. 8.602,58 – Tapicería y cortinaje. 8.602,58 – Mantenimiento de vehículos. 10.505,14 – Vidriería y alfarería. 11.937,35 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (3)   I. Salarios personal docente, incluidas cargas sociales. 49.144,09 II. Gastos variables. 6.636,31 III. Otros Gastos. 7.820,00 IMPORTE TOTAL ANUAL. 63.600,40 (1) A los maestros que imparten 1.º y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria las Administraciones Educativas abonarán en 2015 la misma cuantía del complemento que para esta finalidad se les abona a los maestros de la enseñanza pública. (2) A los licenciados que impartan 1.º y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará el módulo indicado. (3) Con carácter excepcional podrán concertarse enseñanzas correspondientes a Programas de Cualificación Profesional Inicial, siempre y cuando dichas enseñanzas se correspondan con el segundo curso de un programa de dos cursos académicos iniciados en el curso académico 2013/2014 e incluyan, además de los módulos voluntarios, módulos específicos asociados a una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. (*) Las Comunidades Autónomas podrán adecuar los módulos de Personal Complementario de Educación Especial a las exigencias derivadas de la normativa aplicable en cada una de ellas. ANEXO V Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados ubicados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, quedan establecidos, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015, de la siguiente forma:   Euros EDUCACIÓN INFANTIL   Relación profesor / unidad: 1,17:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 33.669,73 Gastos variables. 3.740,29 Otros gastos. 6.587,97 IMPORTE TOTAL ANUAL. 43.997,99 EDUCACIÓN PRIMARIA   Relación profesor / unidad: 1,17:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 33.669,73 Gastos variables. 3.740,29 Otros gastos. 6.587,97 IMPORTE TOTAL ANUAL. 43.997,99 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   I. Primer y segundo curso:   Relación profesor / unidad: 1,49:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 43.027,48 Gastos variables. 4.400,15 Otros gastos. 8.564,39 IMPORTE TOTAL ANUAL. 55.992,02 I. Primer y segundo curso:   Relación profesor / unidad: 1,49:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 48.540,33 Gastos variables. 7.609,82 Otros gastos. 8.564,39 IMPORTE TOTAL ANUAL. 64.714,54 II. Tercer y cuarto curso.   Relación profesor / unidad: 1,65:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 53.752,72 Gastos variables. 8.426,98 Otros gastos. 9.452,85 IMPORTE TOTAL ANUAL. 71.632,55 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA   Servicios Comerciales   Primer y segundo curso:   Relación profesor / unidad: 1,20:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. 49.144,09 Gastos variables. 8.426,98 Otros gastos. 9.452,85 IMPORTE TOTAL ANUAL. 67.023,92 La cuantía del componente del módulo de «Otros gastos» para las unidades concertadas en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica será incrementada en 1.181,09 euros en los centros ubicados en Ceuta y Melilla, en razón del mayor coste originado por el plus de residencia del Personal de Administración y Servicios. Al personal docente de los Centros concertados ubicados en Ceuta y Melilla se le abonará la cantidad correspondiente al plus de residencia establecido en el correspondiente Convenio Colectivo, si bien la Administración Educativa no asumirá incrementos superiores al porcentaje de incremento global fijado en la presente Ley de Presupuestos Generales del Estado. A los maestros que imparten 1.º y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria, se les abonará en el año 2015 la misma cuantía que se establezca para los maestros de los mismos cursos en los centros públicos. A los licenciados que impartan 1.º y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará este módulo. ANEXO VI Costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley, el coste del personal docente (funcionario y contratado) y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral fijo) tiene el siguiente detalle, en miles de euros, sin incluir trienios ni Seguridad Social. (151.41). Personal docente (funcionario y contratado) – Miles de euros Personal no docente (funcionario y laboral fijo) – Miles de euros 55.574,64 26.909,36 ANEXO VII Remanentes de crédito incorporables en el ejercicio 2015 Podrán incorporarse a los créditos del ejercicio, los remanentes que se recogen a continuación: a) El del crédito 15.27.942A.761 «Para paliar daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales en varias CC.AA.» b) Los de los créditos 19.291M.01.628 y 19.291M.01.638 «Patrimonio Sindical Acumulado». c) Los de los créditos 20.423M.101.771 y 20.457M.101.751 para reactivación económica de las comarcas mineras del carbón. d) Los remanentes de crédito que pudieran producirse al final del ejercicio 2014 en el suplemento de crédito concedido en el artículo 3 del Real Decreto Ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales, correspondientes a la aplicación presupuestaria 23.01.451O.227.06 con un límite máximo de 700.000 euros. e) Los de los créditos 23.04.456M.772 «Plan PIMA Transportes». f) Los de los créditos 23.08.456B.770 «Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Aire, 3 R.D. 128/2014». g) Los de los créditos 23.08.456B.771 «Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Aire 4». h) Se autoriza la incorporación al presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con la finalidad de atender las necesidades derivadas del brote de Ébola en España, de los remanentes de crédito de dicha entidad gestora consignados en 2014 para la financiación de los gastos a realizar con este propósito, a través del Real Decreto-Ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales. i) En la Sección 33, los procedentes de los Fondos de Compensación Interterritorial, en los términos establecidos en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre. j) Los de la Sección 36, procedentes de las transferencias realizadas como consecuencia de los Reales Decretos de traspasos de servicios. ANEXO VIII Entidades del sector público administrativo Consorcio Centro Sefarad-Israel. Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán. Consorcio Casa del Mediterráneo. Consorcio Casa África. Obra Pía de los Santos Lugares. Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier. Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza. Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín. Centro Universitario de la Defensa en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid. Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas. Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC). Centro Universitario de la Guardia Civil. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Consorcio Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza. Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Consorcio para la Creación, Construcción, Equipamiento y Explotación del Barcelona. Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación. Consorcio CIBER para el Área Temática de Enfermedades Neurodegenerativas. Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER). Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ANEXO IX Entidades Públicas Empresariales y otros organismos públicos ADIF-Alta Velocidad. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria. Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife. Consorcio de la Zona Franca de Vigo. ENAIRE. Ente Público RTVE en liquidación. Entidad Pública Empresarial Red.es (RED.ES). Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Instituto de Crédito Oficial (ICO). ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX). Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. RENFE-Operadora. SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo (EPE SUELO). Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). ANEXO X Fundaciones estatales Fundación AENA. Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Fundación Biodiversidad. Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO). Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN). Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC). Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO). Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Basadas en Fuentes Abiertas (CENATIC). Fundación Centro Nacional del Vidrio. Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL). Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN). Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Fundación del Teatro Real. Fundación ENRESA. Fundación Escuela de Organización Industrial. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social (CSAI). Fundación General de la UNED. Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar. Fundación ICO. Fundación Instituto de Cultura Gitana. Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara. Fundación Museo Lázaro Galdiano. Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla. Fundación Observatorio Español de Acuicultura. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (UNIVERSIDAD.ES). Fundación Pluralismo y Convivencia. Fundación Residencia de Estudiantes. Fundación SEPI. Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Fundación Víctimas del Terrorismo. ANEXO XI Fondos sin personalidad jurídica Fondo para la Promoción del Desarrollo. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Fondo de Garantía de Alimentos. Fondo Estatal de Inversión Local. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Fondo de Liquidez Autonómico. Fondo para la financiación de los pagos a proveedores 2. Fondo Financiero para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT). Fondo de Apoyo a la diversificación del Sector Pesquero y Acuícola. Fondo de Carbono para una Economía Sostenible Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (FAAD). Fondo para Inversiones en el exterior (FIEX). Fondo para Inversiones en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME). Fondo de Ayuda al Comercio Interior (FACI). Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización. ANEXO XII Bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía [Tablas omitidas. Consúltese el documento PDF original] ANEXO XIII Bienes del patrimonio histórico español De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional quincuagésima segunda de esta Ley, se especifican a continuación los bienes del Patrimonio Histórico a los que la misma es aplicable. Grupo I. Bienes singulares declarados Patrimonio Mundial. Todos los bienes declarados de interés cultural integrados en la siguiente relación: Andalucía Mezquita de Córdoba (noviembre 1984). Alhambra y Generalife. Granada (noviembre 1984). Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla (diciembre 1987). Parque Nacional de Doñana (1994). Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): – Los Molinos I (Vélez Blanco, Almería). – Los Molinos II (Vélez Blanco, Almería). – Gabar (Vélez Blanco, Almería). – Abrigo Central de Tello (Vélez Blanco, Almería). – Abrigo de Manuel Vallejo (Quesada, Jaén). Aragón Arquitectura Mudéjar de Aragón (noviembre 1986 y diciembre de 2001): – Torre e Iglesia de San Pedro (Teruel). – Torres y artesonado, Catedral (Teruel). – Torre de San Salvador (Teruel). – Torre de San Martín (Teruel). – Palacio de la Aljafería (Zaragoza). – Seo de San Salvador (Zaragoza). – Iglesia de San Pablo (Zaragoza). – Iglesia de Santa María (Tobed). – Iglesia de Santa Tecla (Cervera de la Cañada). – Colegiata de Santa María (Calatayud). Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): – Cueva de la Fuente del Trucho (Asque, Colunga, Huesca). – Abrigo del plano del pulido (Caspe, Zaragoza). – Cueva del Chopo (Obón, Teruel). – Abrigo de Santa Ana I (Castillonroy, Huesca). – Abrigos del Conjunto de las tajadas de Bezas (Bezas, Teruel). Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre de 1993): – Iglesia y torre de Aruej. – Granja de San Martín. – Pardina de Solano. Asturias Prerrománico Asturiano (diciembre 1985 y ampliación de 2000): – Santa María del Naranco. – San Miguel de Lillo. – Santa Cristina de Lena. – San Salvador de Valdediós. – Cámara Santa Catedral de Oviedo. – San Julián de los Prados. Baleares Paisaje Cultural de la Serra de Tramuntana (junio 2011). Canarias Parque Nacional de Garajonay. Gomera (diciembre 1986). Parque Nacional del Teide. Tenerife (junio 2007). Cantabria Cueva de Altamira. Santillana del Mar (diciembre 1985). Ampliación: La Cueva de Altamira y el Arte Rupestre de la Cornisa Cantábrica (junio 2008). Castilla y León Catedral de Burgos (noviembre 1984). Iglesias extramuros de Ávila (diciembre 1985): – San Pedro. – San Vicente. – San Segundo. – San Andrés. Las Médulas, León (diciembre 1997). El Yacimiento Arqueológico de la Sierra de Atapuerca (diciembre 2000). Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993): – Iglesia de San Juan de Ortega. – Monasterio de San Zoilo, Carrión de los Condes, Palencia. – Iglesia Colegiata de San Isidoro, León. Yacimientos de Arte Rupestre Prehistórico del Valle del Côa y Siega Verde (2010). Castilla-La Mancha Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): Conjunto de arte rupestre de Alpera, en el término municipal de Alpera (Albacete). Conjunto de arte rupestre de Minateda, en el término municipal de Hellín (Albacete). Conjunto de arte rupestre «Torcal de las Bojadillas», en el término municipal de Nerpio (Albacete). Abrigo de Solana de las Covachas, en el término municipal de Nerpio (Albacete). Conjunto de arte rupestre de Villar del Humo, en el término municipal de Villar del Humo (Cuenca). Patrimonio del Mercurio: Almadén e Idrija (junio 2012). Cataluña Parque Güell, Palacio Güell, Casa Milá en Barcelona (noviembre 1984). Monasterio de Poblet. Vimbodí. Tarragona (diciembre 1991). Palau de la Música Catalana (diciembre 1997). Hospital de San Pau de Barcelona (diciembre 1997). El Conjunto arqueológico de Tarraco (diciembre 2000). Las Iglesias Románicas del Vall de Boí (diciembre 2000). Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): – La Roca dels Moros (El Cogul, Les Garrigues). – Conjunt Abrics d’Ermites de la Serra de la Pietat (Ulldecona, El Montsia). – Cova dels Vilasos o dels Vilars (Os de Balaguer, La Noguera). – Cabra Feixet (El Perelló, El Baix Ebre). – La Vall de la Coma (L´Albí, Les Garrigues). Fachada de la Natividad y la Cripta de la Sagrada Familia, Casa Vicens, Casa Batlló y Cripta de la Colonia Güell (julio 2005). Extremadura Monasterio de Guadalupe. Cáceres (diciembre 1993). Conjunto Arqueológico de Mérida. Badajoz (diciembre 1993). Galicia La Muralla Romana de Lugo (diciembre 2000). Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993): – Conjunto etnográfico de pallozas en O’Cebrero, Lugo. – Monasterio de Samos, Lugo. – Núcleo rural, iglesia y puente medieval de Leboreiro, Melide, La Coruña. – Torre de Hércules (junio 2009). Madrid Monasterio de El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. Madrid (noviembre 1984). Paisaje Cultural de Aranjuez (diciembre 2001). Murcia Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): – Barranco de los Grajos (Cieza). – Monte Arbi (Yecla). – Cañaica del Calar (Moratalla). – La Risca (Moratalla). – Abrigo del Milano (Mula). Navarra Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993): – San Pedro de la Rúa, Estella. – Santa María la Real, Sangüesa. – Santa María, Viana. La Rioja Monasterios de Suso y Yuso, San Millán de la Cogolla. La Rioja (diciembre 1997). Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993): – Iglesia de Santiago, Logroño. – Iglesia Imperial de Santa María de Palacio, Logroño. – Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Navarrete. País Vasco Puente Vizcaya (julio 2006). Valencia La Lonja de Valencia, Valencia (diciembre 1996). El Palmeral de Elche (diciembre 2000). Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): – Cova Remigia (Ares del Maestra, Castellón). – Galería Alta de la Masía (Morella, Castellón). – Las Cuevas de la Araña (Bicorp, Valencia). – La Sarga (Alcoi, Alicante). Grupo II. Edificios eclesiásticos incluidos en el Plan Nacional de Catedrales. Andalucía Almería. Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación. Cádiz. Catedral de Santa Cruz. Cádiz. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la Frontera. Catedral. Córdoba. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Mezquita. Granada. Catedral de la Anunciación. Huelva. Nuestra Señora de la Merced. Catedral. Guadix, Granada. Catedral de la Encarnación de la Asunción. Jaén. Catedral de la Asunción de la Virgen. Málaga. Catedral de la Encarnación. Sevilla. Catedral de Santa María. Concatedral de Baza. Cádiz Vieja. Ex-Catedral. Baeza, Jaén. La Natividad de Nuestra Señora. Ex-Catedral. Aragón Huesca. Catedral de la Transfiguración del Señor. Teruel. El Salvador. Albarracín. Catedral. Barbastro, Huesca. Catedral de Santa María Jaca, Huesca. Catedral de San Pedro Apóstol. Teruel. Catedral de Santa María de Mediavilla. Zaragoza. Salvador. Catedral. Tarazona, Zaragoza. Catedral de Santa María. Zaragoza. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Monzón. Huesca. Santa María del Romeral. Concatedral. Huesca. Ex Catedral de Roda de Isábena. Asturias Oviedo. Catedral de San Salvador. Baleares Mallorca. Catedral de Santa María de Palma. Menorca. Catedral de Ciudadela. Ibiza. Catedral de Santa María de Ibiza. Castilla y León Ávila. Catedral del Salvador. Burgos. Catedral de Santa María. León. Catedral de Santa María. Astorga, León. Catedral de Santa María. Palencia. Catedral de San Antolín. Salamanca. Catedral nueva de la Asunción de la Virgen. Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa María. Segovia. Catedral de Santa María. Burgo de Osma, Soria. Catedral de la Asunción. Valladolid. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Zamora. Catedral de la Transfiguración. Soria. Concatedral de San Pedro. Salamanca. Catedral vieja de Santa María. Castilla-La Mancha Albacete. Catedral de San Juan Bautista. Ciudad Real. Catedral de Santa María del Prado. Cuenca. Catedral de Santa María y San Julián. Sigüenza, Guadalajara. Catedral de Nuestra Señora. Toledo. Catedral de Santa María. Guadalajara. Concatedral. Canarias Las Palmas de Gran Canaria. Catedral Basílica de Canarias. Iglesia de Santa Ana. La Laguna. Catedral de La Laguna, Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Cataluña Barcelona. Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia. Vic. Catedral de Sant Pere. Girona. Catedral de Santa María. Lleida. Catedral de Santa María de la Seu Nova. La Seu d’Urgell. Catedral de Santa María. Solsona. Catedral de Santa María. Tarragona. Catedral de Santa María. Tortosa. Catedral de Santa María. Lleida. Catedral de Santa María de la Seu Vella. Sagrada Familia, Barcelona. Cantabria Santander. Catedral de la Asunción de la Virgen. Extremadura Badajoz. Catedral de San Juan Bautista. Coria, Cáceres. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Plasencia, Cáceres. Catedral de Santa María. Cáceres. Concatedral de Santa María. Mérida. Concatedral de Santa María. Galicia Santiago de Compostela, Coruña. Catedral Basílica Metropolitana. Lugo. Catedral de Santa María. Mondoñedo, Lugo. Catedral de Nuestra Señora de los Remedios. Orense. Catedral de San Martín. Tuy, Pontevedra. Catedral de la Asunción. Concatedral de Vigo. Concatedral de Ferrol. San Martiño de Foz, Lugo. Madrid Madrid. La Almudena. Catedral. Alcalá de Henares. La Magistral. Catedral. Getafe. Santa María Magdalena. Catedral. San Isidro, Madrid. Ex-Catedral. Murcia Cartagena. Iglesia Antigua de Santa María Catedral. Murcia. Concatedral de Santa María. Navarra Pamplona. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Tudela. Virgen María. Catedral. País Vasco Bilbao. Catedral de Santiago Apóstol. Vitoria. Catedral vieja de Santa María. San Sebastián. Buen Pastor. Catedral. La Rioja Calahorra. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Santo Domingo de la Calzada. Catedral del Salvador. Logroño. Concatedral de Santa María de la Redonda. Valencia Orihuela, Alicante. Catedral del Salvador y Santa María. Valencia. Catedral de San Pedro y Santa María. Castellón. Segorbe. Catedral. Alicante. Concatedral de San Nicolás. Castellón. Santa María. Concatedral. Ceuta La Asunción. Catedral. Grupo III. Otros bienes culturales. Andalucía Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra (Córdoba). Aragón La Cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei en Peñaflor (Zaragoza). Asturias Monasterio de San Salvador de Cornellana. Salas. Baleares La Lonja de Palma. Canarias Zona arqueológica Las Fortalezas (Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria). Cantabria Universidad Pontificia de Comillas. Castilla-La Mancha Yacimiento arqueológico de La Vega Baja de Toledo. Castilla y León Cartuja de Miraflores (Burgos). Cataluña Yacimiento de Empúries. Extremadura Monasterio de Guadalupe (Cáceres). Galicia Monasterio de San Salvador de Celanova (Ourense). Madrid Castillo de Puñonrostro (Torrejón de Velasco). Murcia Anfiteatro romano de Cartagena y Yacimiento arqueológico de San Esteban. Navarra Monasterio de Leyre en Yesa. País Vasco Salinas de Añana (Añana, Álava). La Rioja Castillo de Leiva (La Rioja). Valencia Monasterio de Santa María de la Valldigna en Simat de Valldigna (Valencia) y Cartuja de Vall de Crist en Altura (Castellón). Ceuta Fortines neomedievales y Puerta Califal del siglo XI. Melilla Fuerte de Victoria Chica y Fuerte del Rosario. ANEXO XIV Infraestructuras científicas y técnicas Infraestructuras científicas y técnicas a las que se refiere la Disposición adicional quincuagésima segunda de esta Ley. – Gran Telescopio Canarias. – Observatorios de Canarias (Teide y Roque de los Muchachos). – Observatorio Astronómico de Calar Alto. – Radiotelescopio IRAM 30M. – Centro Astronómico de Yebes. – Observatorio Astrofísico de Javalambre. – Sistema de Observación Costero de las Illes Balears. – Plataforma Oceánica de Canarias. – Supercomputadores Mare Nostrum, nodos de la Red Española de Supercomputación (MinoTauro, Magerit, Altamira, LaPalma, Tirant, Atlante, Picasso, Caesar Augusta), Supercomputador Finis Terrae e Infraestructuras de computación del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. – Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides, Buques de Investigación Oceanográfica (BIOs) de FLOTPOL (IEO-CSIC): Sarmiento de Gamboa, Ramón Margalef, Ángeles Alvariño, García del Cid, Mytilus, Lura, José M.ª Navaz, José Rioja, Francisco de Paula Navarro, BIO SOCIB. – Sala Blanca Integrada de Micro y Nanofabricación del Centro Nacional de Microelectrónica; Infraestructura de Micro y Nano Fabricación del Centro de Tecnología Nanofotónica y la Central de Tecnología del Instituto de Sistemas Opto-electrónicos de la Universidad Politécnica de Madrid. – Base Antártica Española Juan Carlos I y Base Antártica Española Gabriel de Castilla. – Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria e Infraestructuras Integradas Costeras para Experimentación y Simulación de la Universitat Politècnica de Catalunya. – Centro Nacional de Microscopía Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y Laboratorio de Microscopías Avanzadas de la Universidad de Zaragoza. – Plataformas de bioingeniería, biomateriales y nanomedicina del CIBER e Infraestructuras preclínica y de desarrollo de tecnologías de mínima invasión Jesús Usón. – Plataforma de secuenciación del CNAG y Plataforma de Metabolómica del Centro de Ciencias Ómicas. – Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del CISA y Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del CRESA. – Infraestructura de Imagen Translacional Avanzada del CNIC y Plataforma de Imagen Molecular y Funcional de CIC-biomaGUNE. – Sincrotrón ALBA. – Reserva Biológica de Doñana. – Plataforma Solar de Almería. – Stellarator TJ-II y laboratorios de TechnoFusión. – Laboratorio Subterráneo de Canfranc. – Plataformas Aéreas de Investigación del INTA. – Laboratorios de geocronología y caracterización de materiales arqueológicos y geológicos del CENIEH. – Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la Universitat de Barcelona. – Sistemas Láser del CLPU. – Centro Nacional de Aceleradores. – Red Académica y de Investigación española RedIRIS. [Resúmenes de ingresos y gastos omitidos. Consúltese el documento PDF original]

Disposición adicional 58 y MODIFICA la disposición adicional 7.1 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio Con efectos desde 1 de enero de 2016, los arts. 6, 36, 37 y 38 y MODIFICA, con efectos desde 1 de enero de 2016, el art. 33 de la Ley 19/1991, de 6 de junio Disposición transitoria 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre Art. 1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre Disposiciones adicionales 9 y 66 y PRORROGA el plazo de la adicional 5 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre Disposición adicional 51.2 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre Art. 4.2 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio Disposición adicional 57.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio Arts. 197.1, 199, 240.1 y 241.b) y c) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre Art. único.2 del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre Disposición final 12, SUSPENDE la aplicación de las disposiciones adicionales 28 y 30 y PRORROGA lo indicado de la disposición transitoria única de la Ley 27/2011, de 1 de agosto Art. 44.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre Art. 9.1 de la Ley 11/2010, de 28 de junio Disposición adicional 4 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo Disposición final 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre Art. 111.1.grupo IX de la Ley 29/2006, de 26 de julio Disposición transitoria 12 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo Arts. 2.1.h), 34.3 y 5, 54.3, 57.5, 111, 135, 142.2, 146, 150.3, 161, 166, disposiciones adicionales 2 y 9 y AÑADE la disposición adicional 22 a la Ley 47/2003, de 26 de noviembr Arts. 77 y 78.1 de la Ley 21/2003, de 7 de julio Arts. 1.2, 3.1.g), 4.5 y disposición adicional 4 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo Apartados 5, 6 y 7 del art. 22 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre el art. 9.4 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre los arts. 43 y 45.I.B) 20.4 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre Arts. 9, 38.4 y 43.2 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril Disposición adicional 8 a la Ley 13/1994, de 1 de junio Para el año 2015, la aplicación de los arts. 7.2, 8.2.a), 10, 32.3 párrafo 1, y de la disposición transitoria 1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre La aplicación del art. 2.1.a), b), c) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre Para el año 2015, la aplicación de la disposición adicional 5 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre Para el ejercicio de 2015, la aplicación del art. 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo Para el año 2015, la aplicación del art. 2.ter.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero En la forma indicada el art. 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto Lo indicado de la disposición final 3 de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre el plazo de la disposición transitoria 5 de la Ley 16/1985, de 25 de junio el art. 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo , con efectos desde el 1 de enero de 2020, la disposición adicional 47 y SE MODIFICA, con efectos desde el 1 de enero de 2021, la adicional 11, por Ley 11/2020, de 30 de diciembre la disposición adicional 48, por Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre las disposiciones adicionales 11, 55.2 y 57.2, por Ley 6/2018, de 3 de julio la disposición adicional 53.2 y, con efectos desde el 1 de enero de 2017, las disposiciones adicionales 11, 58.2, 59.2 y 95, por Ley 3/2017, de 27 de junio la disposición adicional 11 y SE PRORROGA el plazo de la adicional 94, por Ley 48/2015, de 29 de octubre disposición adicional 15, por Ley 25/2015, de 28 de julio la disposición adicional 18, por Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo , con variación de preceptos modificadores, en BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2015 con el art. 21 y aprueba la oferta de empleo público para el año 2015: Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo el art. 103, sobre normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional: Orden ESS/86/2015, de 30 de enero con el art. 48, disponiendo la creación de deuda pública para 2015 y enero de 2016: Orden ECC/4/2015, de 13 de enero el título IV, sobre revalorización de las pensiones: Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre , sobre pensiones de clases pasivas y determinadas indemnizaciones sociales para el año 2015: Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre en el Recurso 681/2015, la pérdida de objeto respecto a la asignación indicada, por Sentencia 19/2018, de 22 de febrero FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la l ### RESUMEN: LA LEY DE LEYES. Presupuestos para 2015 Lo tiene todo: pensiones, tasas, sueldo de funcionarios.

El Supremo admite a trámite los recursos de nueve ayuntamientos valencianos contra el Plan Hidrológico del Júcar

Por la Procuradora doña Carmen García Rubio, en nombre y representación de los Ayuntamientos de Polinyá de Xúquer, de Albalat de la Ribera, de Benicull, de Corbera, de Cullera, de Favara, de Fortaleny, de Riola y de Sueca, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, recurso contencioso administrativo contra el R.D. 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y que figura registrado con el número 1/878/14. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para que la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 2 de diciembre de 2014.- La Secretaria judicial.

Por la Procuradora doña Carmen García Rubio, en nombre y representación de los Ayuntamientos de Polinyá de Xúquer, de Albalat de la Ribera, de Benicull, de Corbera, de Cullera, de Favara, de Fortaleny, de Riola y de Sueca, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, recurso contencioso administrativo contra el R.D. 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y que figura registrado con el número 1/878/14. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para que la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 2 de diciembre de 2014.- La Secretaria judicial. ### RESUMEN: El Supremo admite a trámite los recursos de nueve ayuntamientos valencianos contra el Plan Hidrológico del Júcar

Sube la cuantía destinada a plantas potabilizadoras en Canarias: pasan de 3,5 a 4,25M€

BDNS (Identif.): 303385. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Beneficiarios. Entidades locales o empresas públicas o concesionarias que, en las Islas Canarias, cumplan simultáneamente las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Orden IET/1150/2014, de 30 de junio: a) Ser o haber sido titulares del servicio público de abastecimiento de agua o de la explotación del mismo. b) Verter o haber vertido agua, obtenida a través de un proceso de desalación de agua de mar, a la red de distribución para el consumo doméstico. Segundo. Objeto. Subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias, con la finalidad de abaratar el precio final del agua potable para consumo doméstico producida en las plantas desaladoras situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, impulsando la eficacia y eficiencia en todo el proceso. Las actuaciones a subvencionar por esta convocatoria deben haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, ambos inclusive. Tercero. Bases Reguladoras. Orden IET/1150/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias (BOE n.º 161, de 3 de julio). Cuarto. Cuantía. Las subvenciones se financiarán con cargo al crédito disponible del consignado en las aplicaciones presupuestarias 20.01.421M.451 (310.000,00 euros) 20.01.421M.461 (1.895.000,00 euros) y 20.01.421M.471 (2.045.000,00 euros) de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, hasta un máximo de 4.250.000,00 euros. Esta distribución tiene carácter estimativo, pudiéndose aplicar fondos remanentes de una aplicación a otra. El pago de la subvención se ordenará tras la resolución de concesión. Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días naturales, que comenzará a contarse a partir del día 10 de septiembre de 2016. Las solicitudes de subvención se dirigirán al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo según el modelo del anexo. Sexto. Documentación que deberá adjuntarse a las solicitudes. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario, a que hace referencia el apartado segundo de esta orden. A estos efectos se aportará certificado expedido por el órgano competente del Gobierno de Canarias. b) Fotocopia de la Tarjeta de personas jurídicas y entidades en general. c) Poder notarial del firmante de la solicitud y escritura pública de la constitución de la sociedad, cuando el solicitante sea persona jurídica. d) Justificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. e) Declaración de las subvenciones relativas a la misma actuación solicitadas a las Comunidades Autónomas, la Unión Europea o cualesquiera otras Administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales. f) Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que impiden obtener la condición de beneficiario. g) Declaración de no ser deudor de la Administración por resolución de procedencia de reintegro. h) Certificado expedido por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias a partir de los datos proporcionados por un auditor de cuentas o un interventor para cada planta, referido a los siguientes extremos: 1.º Volumen de agua potabilizada en cada planta. 2.º Volumen de agua vertida a la red pública de distribución procedente de fuentes distintas a las plantas potabilizadoras. 3.º Diferencia entre el volumen de agua almacenado en los depósitos al inicio y final del período considerado. 4.º Volumen de agua facturada. 5.º Ingresos totales por facturación de agua. 6.º Kwh consumidos en los procesos de desalación. i) Facturas de consumo del suministro eléctrico efectuado en todos y cada uno de los procesos: de captación y bombeo de agua de mar a planta; de trasiego en planta incluida filtración y economizadores; de obtención de agua producto en procesos de alta presión y del bombeo de agua producto de planta a depósito distribución.Todos los datos anteriores irán referidos al período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, ambos inclusive. j) Certificación de los costes incurridos en el proceso de potabilización del agua desalada en términos de gastos pagados, en los términos previstos en el artículo 9.2 de la Orden IET/1150/2014, de 30 de Junio. En concreto, la cuenta justificativa contendrá los siguientes elementos referidos al periodo para el que se solicite la subvención: a) Memoria de actuación. b) Memoria económica abreviada cuyo contenido incluya: 1.º Los datos físicos del proceso de desalación de producción, almacenamiento y consumo a que hace referencia el artículo 6 de la orden IET/1150/2014, de 30 de junio. 2.º Los costes directamente imputables a la acción de desalación y de vertido de agua y, en su caso, el criterio seguido de imputación de los costes indirectos, debidamente certificados por el auditor. Se considerarán costes directos, los que se apliquen directamente al proceso de desalación o de vertido, en particular: energía, mano de obra, compras y suministros, reposición de elementos del equipo, mantenimiento, amortización y conservación. 3.º Los ingresos generados por la desalación así como los procedentes de subvenciones a la desalación, en su caso. Los gastos solo parcialmente imputables a la actividad objeto de la subvención, a que se hace referencia en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se incorporarán a la justificación en la parte correspondiente, indicando el criterio seguido para calcularlos. Séptimo. Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento. Corresponde al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la ordenación e instrucción del procedimiento. Octavo. Procedimiento de concesión. La concesión de estas subvenciones se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva. Madrid, 7 de abril de 2016.- El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López, P.D. (Orden IET/556/2012, de 15 de marzo), el Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, José María Jover Gómez-Ferrer.

BDNS (Identif.): 303385. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Beneficiarios. Entidades locales o empresas públicas o concesionarias que, en las Islas Canarias, cumplan simultáneamente las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Orden IET/1150/2014, de 30 de junio: a) Ser o haber sido titulares del servicio público de abastecimiento de agua o de la explotación del mismo. b) Verter o haber vertido agua, obtenida a través de un proceso de desalación de agua de mar, a la red de distribución para el consumo doméstico. Segundo. Objeto. Subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias, con la finalidad de abaratar el precio final del agua potable para consumo doméstico producida en las plantas desaladoras situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, impulsando la eficacia y eficiencia en todo el proceso. Las actuaciones a subvencionar por esta convocatoria deben haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, ambos inclusive. Tercero. Bases Reguladoras. Orden IET/1150/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias (BOE n.º 161, de 3 de julio). Cuarto. Cuantía. Las subvenciones se financiarán con cargo al crédito disponible del consignado en las aplicaciones presupuestarias 20.01.421M.451 (310.000,00 euros) 20.01.421M.461 (1.895.000,00 euros) y 20.01.421M.471 (2.045.000,00 euros) de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, hasta un máximo de 4.250.000,00 euros. Esta distribución tiene carácter estimativo, pudiéndose aplicar fondos remanentes de una aplicación a otra. El pago de la subvención se ordenará tras la resolución de concesión. Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días naturales, que comenzará a contarse a partir del día 10 de septiembre de 2016. Las solicitudes de subvención se dirigirán al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo según el modelo del anexo. Sexto. Documentación que deberá adjuntarse a las solicitudes. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario, a que hace referencia el apartado segundo de esta orden. A estos efectos se aportará certificado expedido por el órgano competente del Gobierno de Canarias. b) Fotocopia de la Tarjeta de personas jurídicas y entidades en general. c) Poder notarial del firmante de la solicitud y escritura pública de la constitución de la sociedad, cuando el solicitante sea persona jurídica. d) Justificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. e) Declaración de las subvenciones relativas a la misma actuación solicitadas a las Comunidades Autónomas, la Unión Europea o cualesquiera otras Administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales. f) Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que impiden obtener la condición de beneficiario. g) Declaración de no ser deudor de la Administración por resolución de procedencia de reintegro. h) Certificado expedido por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias a partir de los datos proporcionados por un auditor de cuentas o un interventor para cada planta, referido a los siguientes extremos: 1.º Volumen de agua potabilizada en cada planta. 2.º Volumen de agua vertida a la red pública de distribución procedente de fuentes distintas a las plantas potabilizadoras. 3.º Diferencia entre el volumen de agua almacenado en los depósitos al inicio y final del período considerado. 4.º Volumen de agua facturada. 5.º Ingresos totales por facturación de agua. 6.º Kwh consumidos en los procesos de desalación. i) Facturas de consumo del suministro eléctrico efectuado en todos y cada uno de los procesos: de captación y bombeo de agua de mar a planta; de trasiego en planta incluida filtración y economizadores; de obtención de agua producto en procesos de alta presión y del bombeo de agua producto de planta a depósito distribución.Todos los datos anteriores irán referidos al período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016, ambos inclusive. j) Certificación de los costes incurridos en el proceso de potabilización del agua desalada en términos de gastos pagados, en los términos previstos en el artículo 9.2 de la Orden IET/1150/2014, de 30 de Junio. En concreto, la cuenta justificativa contendrá los siguientes elementos referidos al periodo para el que se solicite la subvención: a) Memoria de actuación. b) Memoria económica abreviada cuyo contenido incluya: 1.º Los datos físicos del proceso de desalación de producción, almacenamiento y consumo a que hace referencia el artículo 6 de la orden IET/1150/2014, de 30 de junio. 2.º Los costes directamente imputables a la acción de desalación y de vertido de agua y, en su caso, el criterio seguido de imputación de los costes indirectos, debidamente certificados por el auditor. Se considerarán costes directos, los que se apliquen directamente al proceso d ### RESUMEN: Sube la cuantía destinada a plantas potabilizadoras en Canarias: pasan de 3,5 a 4,25M€

El TC avala la doble demolición de una casa en la cañada real

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado. EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 3769-2012, promovido por don Abdelilah Ghailan, representado por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Merino Bravo y asistido por el Abogado don Francisco Javier Rubio Gil, contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, número de recurso 1077-2011, de fecha 8 de marzo de 2012, desestimatoria del recurso de apelación interpuesto por aquél contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid de fecha 20 de abril de 2011, en procedimiento de entrada en domicilio núm. 19-2010, que autorizó la entrada en el domicilio del recurrente y de doña Fátima Zohra Alami Wahbi, solicitada por el Letrado del Ayuntamiento de Madrid en nombre y representación de éste, para proceder a su desalojo y demolición, acordada por resolución municipal de 23 de junio de 2005. Ha sido parte el Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de la Letrada doña Beatriz Jiménez Rodríguez. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique López y López, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro del Tribunal Constitucional el 20 de junio de 2012, el Procurador de los Tribunales don José Manuel Merino Bravo, en nombre y representación de don Abdelilah Ghailan, y bajo la dirección del Letrado don Francisco Javier Rubio Gil, interpuso demanda de amparo contra la resolución que se menciona en el encabezamiento de la presente Sentencia. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) El Ayuntamiento de Madrid, tras la correspondiente denuncia efectuada por miembros de la Policía Municipal de Madrid, dictó orden de demolición de 23 de junio de 2005 relativa a la construcción que constituye el domicilio de quien hoy es recurrente en amparo, situada en la cañada real Galiana núm. 40, puerta A, del distrito de Vicálvaro. En ese domicilio vivían el recurrente, su esposa y los dos hijos de ambos. La orden de demolición se fundamenta en que se trata de una construcción ilegal en suelo no urbanizable, al establecerse sobre vía pecuaria y al no haberse ejecutado de forma voluntaria, el Ayuntamiento de Madrid dictó orden de ejecución subsidiaria el 29 de noviembre de 2006, procediendo a la demolición de la construcción el 18 de octubre de 2007, tras haber solicitado y obtenido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid, autorización judicial de entrada en domicilio. b) El recurrente en amparo procedió a reconstruir su vivienda en idéntico emplazamiento, cuya construcción estaba finalizada el 20 de octubre de 2007, como consta en denuncia de dicha fecha de la policía municipal de Madrid, por lo que el Ayuntamiento, sin abrir nuevo expediente administrativo de demolición, requirió al recurrente de desalojo y demolición, basándose en la Orden de 23 de junio de 2005, cuyo requerimiento, no pudo ser notificado personalmente al actor, por lo que se procedió a su publicación por edictos. El 14 de abril de 2008, el Ayuntamiento de Madrid dictó acuerdo ejecución subsidiaria sobre la nueva construcción, haciéndose constar que contra el mismo no cabía recurso alguno. c) El 26 de febrero de 2009 se solicita por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid autorización judicial de entrada en domicilio, que es desestimada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Madrid mediante Auto de 2 de septiembre de 2009, al no coincidir la persona identificada en el acuerdo de ejecución subsidiaria y los ocupantes de la vivienda. d) El 8 de febrero de 2010 se notificó requerimiento de desalojo al recurrente en amparo en virtud del acuerdo de ejecución subsidiaria de 14 de abril de 2008, solicitando el Ayuntamiento de Madrid con fecha 2 de noviembre de 2010 nueva autorización judicial de entrada en domicilio para la construcción que constituye domicilio del recurrente, para llevar a efecto la orden de demolición de 23 de junio de 2005 y el acuerdo de ejecución subsidiaria de 14 de abril de 2008. e) Dicha solicitud dio lugar al procedimiento de entrada en domicilio núm. 19-2010 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid, planteando el recurrente en amparo recurso de reposición el 21 de enero de 2011 contra la admisión a trámite por el Juzgado de dicha solicitud, alegando la falta de acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid sobre el desalojo de la vivienda exigido por el art. 221.1 del Reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico de las Entidades locales y por desconocimiento del art. 45.2 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) al no poderse extender el Acuerdo de ejecución subsidiaria de 26 de febrero de 2009 a solicitudes de autorización judicial de entrada en domicilio sucesivas a la desestimada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Madrid mediante el Auto ya citado. f) Alegó también en aquel trámite el hoy recurrente en amparo que tras el acuerdo alcanzado en el año 2009 entre la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y otros Ayuntamientos y Administraciones implicadas, se aprobó la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la cañada real Galiana. La exposición de motivos de la misma indica que estando dicha cañada real calificada como vía pecuaria, son evidentes las transformaciones experimentadas por la misma en el tramo de aproximadamente 14,2 kilómetros, que discurre por los términos municipales de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid, en sus distritos de Vicálvaro y Vallecas, añadiendo que en la actualidad «el tránsito ganadero en el tramo que discurre por los tres mencionados municipios es nulo, encontrándose la vía pecuaria de hecho ocupada en buena parte por edificación de todo tipo y por un vial por el que circulan vehículos a motor», lo que justifica la desafectación íntegra del tramo descrito de la cañada real «por no ser adecuado al tránsito ganadero ni susceptible de los usos compatibles y complementarios que aquélla permite». g) El citado recurso de reposición fue desestimado por decreto del Secretario Judicial de fecha 30 de marzo de 2011. Continuada la tramitación del procedimiento judicial de autorización de entrada en domicilio el hoy recurrente en amparo formuló alegaciones en el mismo aduciendo la inexistencia de apariencia de legalidad de la actuación administrativa al haberse dictado nuevo acuerdo de ejecución subsidiaria sobre la orden de demolición acordada para la primera construcción, ya demolida el 18 de octubre de 2007 y no para la levantada posteriormente. Alega asimismo que otra solicitud de entrada fue desestimada por Auto ya citado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Madrid, añadiendo que el acuerdo de ejecución subsidiaria de 26 de febrero de 2009 había sido recurrido en la jurisdicción contencioso administrativa, estando dicho proceso pendiente y que se habían desconocido en la vía administrativa y judicial las garantías para la realización del desalojo previstas en la Declaración universal de derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y la Convención de derechos del niño, resaltando que el desalojo y demolición de la vivienda podía afectar a la educación de los hijos menores del recurrente. Dicho escrito de alegaciones fue complementado con el presentado el 8 de abril de 2011, en el que pone de manifiesto la entrada en vigor de la ya citada Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la cañada real, de la Comunidad de Madrid, cuya disposición adicional primera, entiende el recurrente invalidaría las demoliciones pendientes de ejecución, exigiendo, a su juicio, la coordinación entre las Administraciones públicas competentes y los afectados. h) Mediante Auto dictado el 20 de abril de 2011 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid autorizó la entrada en la construcción que constituye el domicilio del recurrente y doña Fátima Zohra Alami Wahabi, para proceder al desalojo y demolición de la citada construcción en ejecución de la resolución municipal de 23 de junio de 2005, entendiendo que la resolución administrativa deriva de un expediente administrativo donde se han respetado todas las prescripciones legales, siendo firme la orden de demolición y la ejecución subsidiaria consecuencia de la falta de ejecución voluntaria de la orden a la que no afectan las alegaciones realizadas por el recurrente sobre la construcción ni sobre la aplicación de la Ley 2/2011, autorizando la entrada en el citado domicilio, pero demorando la misma hasta la conclusión del curso escolar de los menores que residen en el mismo. i) Planteada la aclaración del citado Auto por el recurrente, por haberse omitido en el mismo pronunciamiento sobre la falta de acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid sobre la nueva solicitud de entrada, pues el acuerdo preexistente se refería a la solicitud de autorización desestimada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Madrid, así como sobre la pendencia del procedimiento ordinario núm. 36-2011 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid, entendiendo el recurrente que dicha omisiones generan una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, prevista en el art. 24.1 CE, se dicta Auto de 14 de junio de 2011 en el que se declara no existir incongruencia omisiva alguna. j) Frente al Auto de 20 de abril de 2011 y el de aclaración de 14 de junio de 2011 se interpuso recurso de apelación, por el hoy recurrente, alegándose la existencia de incongruencia omisiva generadora de indefensión al no resolverse sobre los extremos que fueron objeto de solicitud de aclaración, la no apariencia de legalidad del acto administrativo previo al utilizarse por el Ayuntamiento una misma resolución para dar lugar a dos demoliciones, alegándose asimismo que la orden de ejecución sustitutoria de 8 de febrero de 2010 establecía que contra la misma no cabía recurso, lo que motivó que el recurrente no accionara contra la misma, lo que asimismo le ha generado indefensión, añadiendo que la cuestión relativa a la cañada real excede a los procedimientos de disciplina urbanística, existiendo además una tolerancia en la materia e insiste en la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 2/2011, siendo a su juicio, ilegal proceder al derribo, sin un proceso de concertación entre las partes interesadas. k) El recurso de apelación, tramitado con el núm. 1077-2011, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue desestimado mediante Sentencia de 8 de marzo de 2012, fundada en los siguientes argumentos: 1) La resolución de 23 de junio de 2005 da cobertura suficiente a la solicitud de desalojo y demolición, así como consta orden de desalojo, demolición y ejecución subsidiaria de fecha 14 de abril de 2008, autorizando la junta de gobierno local la solicitud de autorización de entrada judicial en fecha 26 de febrero de 2009, que no fue concedida por un error material en la persona del ocupante de la vivienda y es título bastante para la nueva solicitud de entrada cuya autorización se apela y 2) Que la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2011, de 15 de marzo, de la cañada real Galiana, no implica que la misma cambie el planeamiento vigente ni que transforme un suelo no urbanizable en suelo urbano consolidado y por tanto otorgue al ocupante el ius edificandi propio de esta categoría de suelo, añadiendo la Sentencia que se ha producido un abuso del derecho por parte del recurrente no sólo al comenzar a construir la chabola ilegal al día siguiente de que la Administración la demoliera en ejecución sustitutoria, sino además recurriendo la segunda orden de desalojo y demolición, de la que trae causa dicho recurso de apelación, por lo que la Sala acuerda deducir testimonio al Ministerio Fiscal por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia grave a la autoridad. 3. El recurrente alega en la demanda de amparo que se ha vulnerado su derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), en base a los siguientes argumentos: a) La actuación judicial es contraria a la ya citada Ley de la Comunidad de Madrid 2/2011 y al derecho a la inviolabilidad del domicilio ex art 18.2 CE, por cuanto dicha Ley contiene una previsión que evitaría la demolición de viviendas sin consulta al afectado y acuerdo con las Administraciones, constituyendo una alternativa legal a la realización de desalojos y demoliciones individuales por el Ayuntamiento de Madrid, siendo que dicha alternativa legal no compromete el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni el principio de proporcionalidad al ser el único alojamiento del recurrente. Alega además que el desalojo y demolición de su vivienda supone una discriminación al excluirle de facto y sin motivación del proceso de concertación social sobre la solución del problema de los alojamientos en la Cañada Real previsto en la citada Ley autonómica. b) La vulneración del derecho a la inviolabilidad domiciliaria del art. 18.2 CE se conecta con la vulneración del art. 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) y afecta al derecho a la vivienda que contempla el art. 47 CE, alegando la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) de 24 de abril de 2012, caso Yordanova y otros c. Bulgaria, en la que el Tribunal considera que no es admisible una violación del domicilio en los casos en que habiéndose soportado durante décadas por la Administración la situación de las construcciones, es necesaria la existencia de un objetivo legítimo y necesario de la Administración que justifique la medida, así como se alega el incumplimiento de las garantías en materia de desalojos forzosos contenidas en los «Principios Básicos y Directrices sobre Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo» de la ONU. c) El recurrente en amparo funda la especial trascendencia constitucional en el hecho de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el derecho constitucional invocado incorporando la jurisprudencia europea al respecto, interpretando el art. 18.2 CE con arreglo al Convenio europeo de derechos humanos y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 17 de enero de 2013, acordó admitir la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, requerir atentamente a los órganos judiciales la remisión del testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente procedimiento de amparo. 5. Mediante escrito presentado en este Tribunal el 27 de febrero de 2013, el Letrado del Ayuntamiento de Madrid, en nombre y representación del mismo, solicita se le tenga por personado, lo que se verifica mediante diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda fechada el 7 de marzo de 2013, abriéndose un plazo común de veinte días dentro de los cuales las partes personadas y el Ministerio Fiscal pudieran formular las alegaciones que a su derecho conviniera. 6. El Letrado del Ayuntamiento de Madrid, realiza sus alegaciones mediante escrito presentado ante este Tribunal el 16 de abril de 2013, en el que manifiesta que el derecho a la inviolabilidad del domicilio no es absoluto, sino que tiene sus límites como en el caso, la necesidad de entrar en el mismo para ejecutar un acto administrativo consentido y firme de restablecimiento de la legalidad urbanística, para cuya ejecución no sólo es proporcional la entrada en el domicilio del recurrente, sino que dicha entrada, desalojo y demolición constituyen la propia ejecución del acto administrativo y que siendo las fechas de las órdenes de demolición de los años 2005 y 2008, las alegaciones relativas a la Ley 2/2011 no le son de aplicación. Añade que esa ponderación de los intereses en conflicto se ha realizado por las resoluciones judiciales al acordar diferir la efectiva demolición a la finalización del curso escolar de los menores que habitan en la vivienda. Concluye el escrito de alegaciones que la Sentencia alegada del Tribunal Europeo de Derechos humanos en el caso Yordanova no es aplicable al presente caso, puesto que allí las vulneraciones cometidas consistían en una discriminación étnica, no concurrente en el presente caso. 7. El Ministerio Fiscal, en escrito con fecha de registro en este Tribunal de 19 de abril de 2013, interesa que se otorgue el amparo por lesión del art. 18.2 CE, entendiendo que la Administración municipal debería haber dictado una nueva orden de demolición tras haberse reconstruido lo demolido, sin sustentarse exclusivamente en la anterior orden de demolición, omitiendo además respecto a la segunda demolición la autorización de la junta de gobierno local, concluyendo que el Ayuntamiento de Madrid no ha expuesto las razones por las que se apoya como acto de cobertura para el desalojo y demolición de la segunda construcción en la orden de 23 de junio de 2005, por la que se procedió a la demolición de la primera construcción, por lo que no se han respetado las normas procedimentales que permitirían incidir en el derecho de inviolabilidad domiciliaria, por lo que los pronunciamientos recurridos en amparo no satisfacen el canon de constitucionalidad exigido para la injerencia en el citado derecho fundamental. Por último, recuerda el Ministerio Fiscal la vinculación entre el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada contenido en el art. 47 CE, afirmando que la Administración podría cumplir con el restablecimiento de la legalidad urbanística por otros medios que comprometan en menor medida el derecho fundamental, en la medida que la Ley 2/2011 posibilitaría otras soluciones, pues no excluye de futuro una posible legalización de las construcciones ilegales asentadas en la Cañada Real Galiana y declara en todo caso, la necesidad de una solución social concertada entre las partes implicadas. 8. Por providencia de 31 de octubre de 2013, se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 4 de noviembre del mismo año. II. Fundamentos jurídicos 1. El recurso de amparo que examinamos denuncia que las sucesivas resoluciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y de la Sala del Tribunal Superior de Justicia referenciadas en antecedentes y que autorizaron la entrada en el domicilio del recurrente para proceder a su desalojo y demolición, en ejecución de resolución administrativa anterior, vulneraron el contenido constitucionalmente declarado del derecho a la inviolabilidad del domicilio, por ser contrarias las resoluciones judiciales a Ley de la Comunidad de Madrid 2/2011 ya citada en los antecedentes fácticos y al derecho a la inviolabilidad del domicilio ex art 18.2 CE, cuya norma legal constituye una alternativa legal a la realización de desalojos y demoliciones individuales por el Ayuntamiento de Madrid, siendo que dicha alternativa legal no compromete el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni el principio de proporcionalidad al ser la vivienda cuya demolición se ha ordenado el único alojamiento del recurrente y su familia. Alega además que el desalojo y demolición de su vivienda supone una discriminación al excluirle de facto y sin motivación del proceso de concertación social sobre la solución del problema de los alojamientos en la cañada real previsto en la citada Ley autonómica. Conecta la lesión alegada de la inviolabilidad domiciliaria con la vulneración del art. 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) que afecta al derecho a la vivienda que contempla el art. 47 CE, alegando la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) de 24 de abril de 2012, caso Yordanova y otros c. Bulgaria e incorporando la jurisprudencia europea al respecto, interpretando el art. 18.2 CE con arreglo al Convenio europeo de derechos humanos y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. La representación procesal del Ayuntamiento de Madrid, como ha quedado expuesto más ampliamente en los antecedentes de hecho, considera que las resoluciones judiciales impugnadas son conformes a Derecho y no vulneran el principio de proporcionalidad en la ponderación de los derechos en conflicto, siendo resolución bastante para la habilitación de la solicitud de autorización judicial aquella en la que se apoya el consistorio y no siendo aplicable la Sentencia que cita el recurrente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al no existir ningún tipo de discriminación, así como tampoco resulta de aplicación la Ley autonómica alegada, posterior a la firmeza de los actos administrativos que se pretenden ejecutar. El Ministerio Fiscal interesa que se otorgue el amparo por lesión del art. 18.2 CE, entendiendo que la Administración municipal debería haber dictado una nueva orden de demolición tras haberse reconstruido lo demolido, sin sustentarse exclusivamente en la anterior, omitiendo además respecto a la segunda demolición la autorización de la junta de gobierno local, concluyendo que el Ayuntamiento de Madrid no ha expuesto las razones por las que se apoya como acto de cobertura para el desalojo y demolición de la segunda construcción en la orden de 23 de junio de 2005, por la que se procedió a la demolición de la primera construcción, por cuyo motivo no se han respetado las normas procedimentales que permitirían incidir en el derecho de inviolabilidad domiciliaria, por lo que los pronunciamientos recurridos en amparo no satisfacen el canon de constitucionalidad exigido para la injerencia en el citado derecho fundamental. Por último, recuerda el Ministerio Fiscal la vinculación entre el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada contenido en el art. 47 CE, afirmando que la Administración podría cumplir con el restablecimiento de la legalidad urbanística por otros medios que comprometan en menor medida el derecho fundamental, en la medida que la Ley 2/2011 posibilitaría otras soluciones, pues no excluye de futuro una posible legalización de las construcciones ilegales asentadas en la cañada real Galiana y declara en todo caso, la necesidad de una solución social concertada entre las partes implicadas. 2. Como ya dijimos en la STC 69/1999, de 26 de abril, «el domicilio constitucionalmente protegido, en cuanto morada o habitación de la persona, entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad, como hemos declarado desde la STC 22/1984, fundamento jurídico 5 (asimismo, SSTC 160/1991 y 50/1995, entre otras); pues lo que se protege no es sólo un espacio físico sino también lo que en él hay de emanación de una persona física y de su esfera privada (STC 22/1984 y ATC 171/1989)». En relación con los actos de la Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un domicilio, que es el supuesto que ahora interesa, este Tribunal ha señalado, STC 139/2004, de 13 de septiembre, FJ 2: «[Q]ue al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse. Conviene advertir que esta doctrina, aunque se ha establecido en relación con el Juez de Instrucción, que era quien antes de la reforma efectuada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante LJCA), otorgaba este tipo de autorizaciones, resulta igualmente aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo, que son los ahora competentes para emitir aquéllas en los casos en los que ello sea necesario para la ejecución de los actos de la Administración pública (art. 8.5 LJCA) —actual 8.6 LJCA— pues, en este concreto procedimiento, las atribuciones de estos Jueces se limitan únicamente a garantizar que las entradas domiciliarias se efectúen tras realizar una ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto. Como ha señalado este Tribunal (SSTC 160/1991, de 18 de julio, FJ 8; 136/2000, de 29 de mayo, FJ 3), en estos supuestos la intervención judicial no tiene como finalidad reparar una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo, como ocurre en otros, sino que constituye una garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho. De ahí que, para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corresponde, sea preciso que la resolución judicial que autorice la entrada en el domicilio se encuentre debidamente motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte, si el órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses en conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por este motivo, el otorgamiento de esta clase de autorizaciones no puede efectuarse sin llevar a cabo ningún tipo de control, pues si así se hiciera no cumplirían la función de garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio que constitucionalmente les corresponde. Por esta razón este Tribunal ha sostenido que, en estos supuestos, el Juez debe comprobar, por una parte, que el interesado es el titular del domicilio en el que se autoriza la entrada, que el acto cuya ejecución se pretende tiene una apariencia de legalidad, que la entrada en el domicilio es necesaria para aquélla y que, en su caso, la misma se lleve a cabo de tal modo que no se produzcan más limitaciones al derecho que consagra el art. 18.2 CE que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto [SSTC 76/1992, de 14 de mayo, FJ 3 a); 50/1995, de 23 de febrero, FJ 5; 171/1997, de 14 de octubre, FJ 3; 69/1999, de 26 de abril; y 136/2000, de 29 de mayo, FFJJ 3 y 4]. Junto a estas exigencias, este Tribunal ha señalado también que han de precisarse los aspectos temporales de la entrada, pues no puede quedar a la discrecionalidad unilateral de la Administración el tiempo de su duración (STC 50/1995, de 23 de febrero, FJ 7). Tales cautelas tienen como finalidad asegurar que no se restringe de modo innecesario el derecho a la inviolabilidad del domicilio, evitando un sacrificio desproporcionado de este derecho (SSTC 50/1995, de 23 de febrero, FJ 7; 69/1999, de 26 de abril, FJ 4). Por ello las exigencias en cada supuesto dependerán de las circunstancias que concurran, pues, como se señala en la STC 69/1999, de 29 de abril, FJ 4, los requisitos de detalle formulados a propósito de casos concretos pueden no resultar precisos en otros supuestos en los que las circunstancias sean diferentes. En definitiva, ha de concluirse que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible.» Como decimos, el órgano jurisdiccional debe velar por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal que la entrada en el domicilio sea absolutamente indispensable para la ejecución del acto administrativo. Pues será justamente en este juicio de proporcionalidad —al que expresamente remiten nuestras Sentencias 50/1995 y 69/1999, como canon de enjuiciamiento de la licitud de la autorización judicial de entrada en el domicilio—, en el de haberse respetado, no se producirá la vulneración del derecho fundamental. Como se ha indicado en los antecedentes de esta Sentencia, nos encontramos ante un caso en el que la Administración intenta ejecutar forzosamente el contenido de una resolución que ha dictado previamente y que el afectado se ha negado a cumplir voluntariamente. 3. El antedicho control judicial de la apariencia prima facie de la legalidad extrínseca de la actuación administrativa para acordar la autorización de entrada domiciliaria es realizado por la Sentencia dictada en apelación por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmando el Auto del Juzgado correspondiente de lo Contencioso-Administrativo, resolviendo, en contra de lo alegado por el recurrente en amparo, que la orden de demolición originaria, en virtud de la cual en ejecución sustitutoria, se procedió a la demolición de la construcción del recurrente, quien la reconstruyó al día siguiente en el mismo emplazamiento, no precisaba un nuevo pronunciamiento administrativo sobre el fondo del asunto del restablecimiento de la legalidad urbanística ni un nuevo acuerdo de la junta de gobierno municipal para solicitar nueva autorización de entrada pues el inicial acuerdo de la junta de gobierno municipal ya evidenciaba la voluntad de la Administración de ejecutar la resolución administrativa a cuyo fin acordaba solicitar la autorización judicial, así como la orden de demolición de 2005 constituye acuerdo de cobertura suficiente junto con la nueva orden de ejecución subsidiaria de 2008 para impetrar el auxilio judicial para la entrada en el domicilio a efectos de ejecutar la resolución administrativa. El derecho a la inviolabilidad domiciliaria no se ve vulnerado por los acuerdos administrativos anteriores pues la propia actuación del recurrente al reconstruir inmediatamente lo demolido por la primera orden administrativa municipal, provoca la inexistencia de solución de continuidad del procedimiento administrativo, no siendo legítimo impetrar el amparo constitucional por unos alegados e inexistentes defectos formales provocados por el propio recurrente, mediante una causa torpe, al reconstruir al día siguiente de la demolición lo que desde el inicio vulneraba la disciplina urbanística, siendo esta cuestión un acto firme y consentido por el recurrente, que no puede por la vía del recurso contencioso administrativo ni de este recurso de amparo reabrir el debate jurisdiccional de lo que debió en su caso ser alegado y discutido en un recurso contencioso administrativo contra el expediente de disciplina urbanística y no contra la pura ejecución del mismo, en la solicitud de autorización judicial, no habiéndose acreditado por el recurrente la pendencia de recurso contencioso administrativo alguno contra la orden de demolición de la construcción. 4. Respecto a la alegación del recurrente en amparo consistente en haberse vulnerado su derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) por ser contrarias la resoluciones judiciales a Ley de la Comunidad de Madrid 2/2011, de 15 de marzo, de la cañada real Galiana ya citada en los antecedentes fácticos, cuya norma legal constituye una alternativa legal a la realización de desalojos y demoliciones individuales por el Ayuntamiento de Madrid, siendo que dicha alternativa legal no compromete el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni el principio de proporcionalidad al ser la vivienda cuya demolición se ha ordenado el único alojamiento del recurrente y su familia, es preciso recordar junto a la Sentencia de apelación ahora recurrida que la disposición transitoria segunda de la citada Ley establece que «atendiendo a la singular situación de ocupación ilegal de gran parte de los terrenos a los que se refiere esta Ley, en tanto no se elabore el censo de fincas y ocupantes a que se refiere la disposición transitoria primera y los Ayuntamientos no hayan procedido a la nueva clasificación del suelo resultante de la desafectación de la vía pecuaria en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, no se entenderá producida la usurpación a los efectos del cómputo del plazo de prescripción de las infracciones administrativas derivadas de la ocupación ilegal y del ejercicio de la potestad de recuperación posesoria». El recurrente entiende que el proceso de concertación por acuerdo entre las partes implicadas que dicha Ley prevé para la futura resolución de la situación de las viviendas ilegales construidas en la citada cañada real, en su disposición adicional primera, que establece que «atendiendo a la diversidad de circunstancias que se dan en los terrenos desafectados, de acuerdo con lo que establece el artículo 3.3 de esta Ley, las Administraciones con competencia en la materia acordarán los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación que sean necesarios para llevar a cabo un acuerdo marco para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la cañada real Galiana objeto de la presente Ley, dando en todo el proceso participación a los afectados debidamente representados por asociaciones acreditadas» supondría una aplicación más proporcional de la legalidad urbanística que no perjudicaría la inviolabilidad domiciliaria. Sin embargo, es preciso destacar, por una parte, que dicha Ley es posterior a las resoluciones administrativas firmes para cuya ejecución se impetraba la autorización judicial de entrada en domicilio, por lo que dicha solicitud de autorización de entrada en domicilio no vulneraba la aplicación de la referida norma legal, ni por tanto, las resoluciones judiciales que la autorizaron y ratificaron su autorización. Y, por otra parte, que el principio de proporcionalidad que debe ser respetado en la autorización judicial de entrada en domicilio, según constante doctrina de este Tribunal, y ha de efectuarse «teniendo en cuenta los elementos y datos disponibles en el momento en que se adopta la medida restrictiva del derecho fundamental (SSTC 126/2000, de 16 de mayo, FJ 8; y 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 2), debiendo comprobarse, desde la perspectiva de análisis propia de este Tribunal, si en la resolución judicial de autorización aparecen los elementos necesarios para entender que se ha realizado la ponderación de la proporcionalidad de la medida (por todas, SSTC 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; y 169/2001, de 16 de julio, FJ 9)» (STC 239/2006, de 17 de julio, FJ 6). Y en este caso la ponderación de la necesidad de incidir en el derecho fundamental previsto en el art. 18.2 CE, para la ejecución de la resolución administrativa no sólo es proporcionada sino la única posibilidad de su ejecución pues contiene el mandato de su desalojo y demolición y no como pretende el recurrente que la ponderación de proporcionalidad lo sea sobre otra posible solución administrativa eventual y futura que no constituye derecho alguno frente a la ilegalidad de la construcción, cuya cuestión fue firme y consentida en la vía administrativa, esto es, no cabe plantearse en esta sede de amparo constitucional por no afectar al contenido del derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria tal y como ha sido configurado por las Sentencias de este Tribunal antes citadas. A mayor abundamiento, las resoluciones judiciales recurridas en amparo garantizan la proporcionalidad de la entrada en domicilio para la demolición respecto a los derechos educativos de los menores, demorando su ejecución hasta la finalización del curso escolar de éstos. 5. Por otra parte, la invocación realizada por el recurrente en amparo de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de abril de 2012, caso Yordanova y otros c. Bulgaria, no puede resultar de aplicación al caso que ahora contemplamos pues en aquélla se entiende que existe una discriminación étnica, cuya proscripción constituye la motivación de la Sentencia, circunstancia que no acontece en el presente caso, en el que sólo se alude tangencialmente a una posible discriminación con otros moradores de construcciones a quienes en el futuro y eventualmente se puedan otorgar soluciones distintas, cuando se produzca la modificación municipal del planeamiento, término de comparación eventual, futuro e incierto que no puede sustentar la alegación de trato discriminatorio. Otro tanto acontece con la invocación del art. 8 CEDH que establece que «1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. La autoridad pública solamente podrá injerirse en el ejercicio de este derecho en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y sea una medida necesaria, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de los delitos, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás», que en modo alguno pueden entenderse infringidos por el acto administrativo dictado para la protección de la legalidad urbanística y la ejecución del mismo una vez adquirida firmeza, que requiere inexorablemente la entrada en el domicilio objeto de dicha resolución, para proceder a la demolición en ella acordada y cuya inviolabilidad es el derecho fundamental sobre el que se solicita amparo constitucional, puesto que el respeto al domicilio que proclama el alegado art. 8 CEDH tiene como límite, entre otros supuestos, que la entrada en el mismo sea precisa para la ejecución de un acto administrativo firme y consentido en una ponderación de adecuada proporcionalidad de la inmisión, como ya ha sido analizado. Y por lo que se refiere al derecho del art. 47 CE (que no es de los comprendidos en el art. 53.2 CE), no se observa en el caso la incidencia de tal derecho en la inviolabilidad domiciliaria, cuando sólo se debate la necesidad y proporcionalidad de la entrada en el domicilio del recurrente, pues la demolición de la vivienda fue ya acordada con carácter de firmeza por la Administración municipal. 6. Por todo lo expuesto, debe afirmarse que las resoluciones judiciales combatidas en este recurso de amparo constitucional no han producido las alegadas vulneraciones del derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), ni se ha producido la vulneración vinculada a aquél del principio de igualdad no suponiendo una aplicación discriminatoria de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en interpretación del art. 8 CEDH, ni del art. 47 CE. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar el amparo solicitado por don Abdelilah Ghailan. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil trece.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado. Voto particular que formulan los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y doña Adela Asua Batarrita a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 3769-2012 1. Como tuvimos oportunidad de manifestar a lo largo de las deliberaciones del presente proceso constitucional, disentimos de la decisión mayoritariamente adoptada. Dentro del máximo respeto hacia el parecer de nuestros compañeros de Sala, entendemos, por las razones que de inmediato se expondrán, que el fallo debió declarar la vulneración del art. 18.2 CE. Pero antes de entrar en los concretos argumentos de fondo de la discrepancia, interesa efectuar algunas observaciones de carácter más general cuya finalidad no es otra que la de identificar el marco de nuestros intensos y extensos desencuentros con la ratio decidendi de la presente Sentencia. La Sentencia de la que nos apartamos manifiesta y traduce una concepción inerte o, al menos, inane e inconsistente de los derechos fundamentales. Y lo hace, adicionalmente, en un ámbito donde resulta de todo punto imprescindible su proyección con plena intensidad, sin sustraer un ápice a la sustancial función atribuida a la tutela del ejercicio de esos derechos en un Estado que, como sucede con el nuestro, se reconoce en el mismo pórtico de su Carta Magna como un «Estado Social y Democrático de Derecho» (art. 1.1 CE). La decisión adoptada se articula, además y a nuestro juicio, sin el debido rigor en la aplicación del canon de constitucionalidad y en la inferencia del contenido esencial del art. 18.2 CE, que ha de ser integrado mediante el recurso sistemático a criterios hermenéuticos deducibles tanto de los principios rectores del capítulo III del título I CE, en particular de los contemplados en los arts. 39 y 47 de la norma constitucional, como de las aportaciones doctrinales de instancias jurisdiccionales autorizadas para la interpretación auténtica de los convenios internacionales ratificados por España, en especial las ofrecidas en esta materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de las que la resolución dictada se separa con argumentos que, al incurrir en un formalismo enervante, terminan vaciando de todo contenido sustantivo a los derechos involucrados en esas aportaciones. Nuestra discrepancia alcanza a los diferentes elementos que sustenta esta Sentencia. Ni compartimos la valoración selectiva y descontextualizada que se efectúa de los hechos probados, ni la doctrina que se sienta sobre los derechos fundamentales y principios rectores concernidos. Y tampoco podemos hacer nuestra y coincidir con la idea que emana de su texto sobre el modelo constitucional de tutela, que con resoluciones como la presente se enfrenta a una incomprensible regresión en su protección clásica. Es éste un retroceso que, además de apartarse de manera infundada e irrazonable desde una perspectiva jurídico-constitucional de los criterios consolidados en nuestra propia doctrina, es acreedor al calificativo de socialmente preocupante. Y lo es por cuanto se explícita en unos terrenos en los que la confirmación de la protección de los derechos fundamentales es más perentoria en razón de que afecta al patrimonio constitucional de ciudadanos especialmente vulnerables, ubicados en una situación de precariedad jurídica y económica; esto es, de marginación y exclusión sociales. En pocos recursos de amparo resueltos por nuestro Tribunal, como acontece en este, puede apreciarse con tanta nitidez el giro que se está produciendo en nuestra jurisprudencia en materia de derechos fundamentales y que ya comienza a ser expresivo de un inquietante repliegue hacia zonas de menor intensidad protectora. 2. El recurrente en amparo, bajo la invocación del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), aduce ante este Tribunal que las resoluciones judiciales que autorizaron la entrada en su hogar, para proceder al derribo del mismo, no ponderaron adecuadamente los intereses en conflicto; que faltaron a la obligación de proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales y obviaron la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del art. 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH). Del presente recurso de amparo emerge, así pues, un doble plano de análisis. De una parte, la integración en la interpretación que este Tribunal realiza del derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE, invocado por el recurrente, de la jurisprudencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado recientemente en supuestos de conflicto entre el derecho del art. 8 CEDH y las potestades administrativas de restablecimiento de la legalidad urbanística mediante el recurso a desalojos colectivos, o a desalojos que, a pesar de ser tramitados de forma individual, afectan a barrios o asentamientos enteros. Las SSTEDH de 24 de abril de 2012, en el caso Yordanova y otros c. Bulgaria, y de 17 de octubre de 2013, caso Winterstein y otros c. Francia, presentan marcadas similitudes con el asunto que resuelve este Tribunal, definiendo una serie de criterios que la Sentencia aprobada por la mayoría de la Sala Segunda pasa abiertamente por alto, a pesar de haber sido objeto del debate y resultar acusada su conexión con lo sustanciado en este proceso constitucional. De otra parte, el recurso de amparo contextualiza ese conflicto entre el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la recuperación de la legalidad urbanística, en zonas de asentamientos humanos consolidados e irregulares, con el derecho a gozar de una vivienda digna; previsión que, en nuestra Constitución, se recoge entre los principios rectores de la política social y económica, concretamente en el art. 47 CE. Este segundo plano del análisis recibe una respuesta apodíctica en el texto aprobado, omitiéndose el vigor que los principios rectores poseen en el juicio de constitucionalidad y su potencial interactivo con los derechos fundamentales sustantivos con los que convergen, según viene razonado de modo ininterrumpido nuestra jurisprudencia desde antiguo. A ambos planos del análisis se aproxima la Sentencia de la mayoría, por lo tanto, con marcada escasez argumentativa; sin vocación de delimitación integradora del derecho fundamental invocado (art. 18.2 CE) con los principios rectores vinculados al mismo en esta tipología de casos, y sin una atención mínimamente cumplida de aquella jurisprudencia sobre el Convenio de Roma, pese a lo que dispone el art. 10.2 CE y aunque las determinaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constituyen una de las causas de objetivación del amparo en función de su especial trascendencia constitucional (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2). Como previsible consecuencia de lo expuesto, el pronunciamiento muestra una llamativa severidad en la elucidación de las coberturas propias del art. 18.2 CE, ajena a una tutela del ciudadano recurrente verdaderamente efectiva. Lo acredita el parco juicio de proporcionalidad que se enuncia en el texto aprobado, y también la opción que subyace en el mismo en orden a aislar el caso de su contexto, eludiendo que en la base de los desalojos en la cañada real se ponen en juego algo más que una o varias demoliciones singulares, y algo más que la legalidad de un acto de la Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un domicilio. Se debate, antes al contrario, la necesidad de evitar que personas, familias y, más aún, una comunidad entera, deban salir de sus hogares mientras no obtengan medios apropiados y alternativos de protección, así como, adicionalmente, el imperativo constitucional de que esa práctica se lleve a cabo, en su caso, con las necesarias garantías de respeto a los derechos fundamentales implicados, atendiendo a las garantías de procedimiento pero también a las consecuencias materiales de tal intervención, pues al margen de ellas es manifiestamente torpe el propósito de la Administración de restaurar la legalidad urbanística, por legítimo que sea en una aproximación abstracta o teórica o, incluso, normativa. Apreciamos por ello una Sentencia incomunicada de la realidad social sobre la que se proyecta; inconmovible ante el hecho de que la Administración, en este caso la municipal, incoe procedimientos individuales de desalojo y derribo que afectan a un asentamiento irregular en el que viven miles de ciudadanos, titulares de derechos fundamentales no en menor medida que aquellos otros cuyos domicilios no presentan objeción de legalidad alguna, y caracterizados además, siquiera globalmente, por un alto riesgo de exclusión social. 3. En la valoración que cumple realizar al Tribunal Constitucional sobre la resolución judicial que autoriza la entrada en un domicilio particular para proceder a su desalojo y demolición, no podemos olvidar que el art. 10.2 CE exige interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en el título I CE de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, interpretación que de ninguna manera puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (por todas, en fechas muy recientes, STC 61/2013, de 14 de marzo, FJ 5). Por consiguiente, a la hora de determinar si una autorización judicial de entrada en domicilio está debidamente motivada, en atención al principio de proporcionalidad, debemos indefectiblemente detenernos en lo preceptuado en el art. 8 CEDH, y en la interpretación que del mismo formula la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es sabido que los problemas de articulación entre regímenes de garantía son característicos de nuestro sistema de derechos fundamentales, correspondiendo a este Tribunal Constitucional la función de precisar el concreto contenido de los derechos y libertades asegurados por el poder público español a partir de la concurrencia, en su definición, de normas internacionales y normas estrictamente internas, dotadas las primeras de instancias propias de protección y, por tanto, de definición autorizada de su contenido y alcance. Los concretos problemas de instrumentación que pudieran suscitarse no pueden ser objeto de un pronunciamiento anticipado y abstracto. Así, aquellos casos en los que tradicionalmente se viene planteando la integración del Convenio de Roma obligan a que, según ha señalado nuestra jurisprudencia, su solución deba perseguirse en el marco de los procedimientos constitucionales atribuidos al conocimiento de este Tribunal, ponderando para cada concreto derecho y en sus específicas circunstancias las fórmulas de articulación y definición más pertinentes, en diálogo constante con las instancias jurisdiccionales autorizadas para la interpretación auténtica del convenio internacional, en tanto que contiene enunciados de derechos coincidentes con los proclamados por la Constitución española. Esto así, por obra de lo dispuesto en el art. 10.2 CE, y adaptando lo que estableció este Tribunal al referirse a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea en la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, creemos que debería haberse declarado también ahora, en este escenario en el que toma protagonismo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el Convenio europeo de derechos humanos, que el Convenio y su interpretación se erigen, tras su integración en el Ordenamiento español, no solo en una pauta para la delimitación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce (art. 10.2 CE), sino, de manera añadida y taxativamente, en un canon de garantías mínimas y, por tanto, insoslayables en la determinación de la cobertura de esos derechos. Y todo ello, sin perjuicio de que esas garantías puedan y deban activar el contenido de cada derecho y libertad hasta alcanzar la densidad asegurada en cada caso por nuestro Derecho interno y cuyo resultado, entonces, podría incrementar la tutela inicial. En efecto, como afirmamos en la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 6, «[e]l valor interpretativo que, con este alcance, tendría la Carta en materia de derechos fundamentales no causaría en nuestro Ordenamiento mayores dificultades que las que ya origina en la actualidad el Convenio de Roma de 1950, sencillamente porque tanto nuestra propia doctrina constitucional (sobre la base del art. 10.2 CE) como el mismo artículo II-112 (como muestran las “explicaciones” que, como vía interpretativa se incorporan al Tratado a través del párrafo 7 del mismo artículo) operan con un juego de referencias al Convenio europeo que terminan por erigir a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en denominador común para el establecimiento de elementos de interpretación compartidos en su contenido mínimo. Más aún cuando el art. I-9.2 determina en términos imperativos que “la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”». Y, a continuación, añade: «Por lo demás no puede dejar de subrayarse que el artículo II-113 del Tratado establece que ninguna de las disposiciones de la Carta “podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las Constituciones de los Estados miembros”». En consecuencia, como se ha dicho, tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como denominador común, como la referida Carta, vienen a garantizarnos unos contenidos mínimos en relación con los derechos fundamentales, a partir de los cuales se determinará en el orden interno el contenido asegurado por el Derecho propio, sin que, en ningún caso, pueda ser objeto de rebaja ese contenido mínimo garantizado por las normas del Convenio europeo de derechos humanos, según la interpretación que de las mismas realiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por las de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. 4. Rebajar aquellas garantías mínimas definidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los derechos coincidentes con los consagrados en nuestro texto constitucional es, precisamente, lo que de modo rotundo, en relación con el art. 18.2 CE, ocurre en la Sentencia de la que discrepamos. En efecto, el pronunciamiento afirma (FJ 5): «Por otra parte, la invocación realizada por el recurrente en amparo de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de abril de 2012, caso Yordanova y otros c. Bulgaria, no puede resultar de aplicación al caso que ahora contemplamos pues en aquélla se entiende que existe una discriminación étnica, cuya proscripción constituye la motivación de la Sentencia, circunstancia que no acontece en el presente caso... Otro tanto acontece con la invocación del art. 8 CEDH... que en modo alguno pueden entenderse infringidos por el acto administrativo dictado para la protección de la legalidad urbanística y la ejecución del mismo una vez adquirida firmeza, que requiere inexorablemente la entrada en el domicilio objeto de dicha resolución, para proceder a la demolición en ella acordada y cuya inviolabilidad es el derecho fundamental sobre el que se solicita amparo constitucional, puesto que el respeto al domicilio que proclama el alegado art. 8 CEDH tiene como límite, entre otros supuestos, que la entrada en el mismo sea precisa para la ejecución de un acto administrativo firme y consentido en una ponderación de adecuada proporcionalidad de la inmisión, como ya ha sido analizado.» No podemos compartir este modo de razonar, señaladamente porque la STEDH Yordanova y otros c. Bulgaria, de 24 de abril de 2012, resuelve, antes bien, un asunto fundamentalmente coincidente con el que nos ocupa en cuanto al problema jurídico-constitucional afrontado, sin que el factor de «discriminación étnica» excluya su proyección a casos como el actual, al no quedar condicionada a la concurrencia de aquella discriminación la doctrina sentada sobre el art. 8 CEDH. La confirmación definitiva de lo que afirmamos se obtiene de la STEDH de 17 de octubre de 2013, caso Winterstein y otros c. Francia, que aplica la Sentencia Yordanova ratificando, sin sombra alguna de incertidumbre, en el citado art. 8 CEDH. La Sentencia constitucional de la que nos apartamos desatiende abierta y sin matización alguna las declaraciones que encierran los pronunciamientos que se vienen de mencionar, en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, valorando la necesidad y proporcionalidad de las medidas de desalojo, sienta una serie de criterios que es dable recoger sintéticamente del modo siguiente: a) que aun teniendo en cuenta que nos situamos en el ámbito de aplicación de políticas sociales y económicas, al estar implicado en estos supuestos el derecho a la vivienda junto con el derecho a la no injerencia en el domicilio, el amplio margen de apreciación nacional aparece modulado por el art. 8 CEDH, ya que éste es decisivo para el disfrute efectivo de derechos íntimos; derechos de una importancia crucial para la identidad de la persona, su autodeterminación, su integridad psíquica y moral, el mantenimiento de sus relaciones sociales y su estabilidad y seguridad en la sociedad; b) que adquiere una gran importancia el análisis del respeto a las salvaguardias de procedimiento disponibles para el individuo, de suerte que deberá examinarse si el proceso de toma de decisiones de las medidas restrictivas de derechos fue equilibrado y suficiente para satisfacer los intereses protegidos por el art. 8 CEDH; c) que, considerando que la pérdida del hogar es una forma extrema de intervención en el derecho recogido en el art. 8 CEDH, cualquier persona en riesgo de sufrirla debe tener la garantía de que la medida será proporcionada y razonable, y de que esa proporcionalidad y razonabilidad las valorará un tribunal independiente; d) que éste último elemento integra el derecho a que, cuando el demandante haya esgrimido argumentos sobre la proporcionalidad de la intervención en los procesos judiciales internos, los tribunales nacionales procedan a examinarlos en detalle y aportarán razones adecuadas para la estimación o desestimación de tales argumentos; e) que si bien la injerencia del Estado en el derecho a la inviolabilidad del domicilio ex art. 8 CEDH puede tener una base legal en Derecho interno, es preciso justificar ad casum que es precisa la medida en una sociedad democrática para alcanzar un fin legítimo, por existir una necesidad social imperiosa; f) que en el juicio que corresponde realizar sobre ese particular, resulta obligado valorar diversos factores, entre otros que la recuperación se refiera, en su caso, a terrenos cuya ocupación ha sido tolerada desde tiempo atrás; que existan o no otros medios para resolver el problema; que concurra urgencia, que se atiendan suficientemente las necesidades de las familias afectadas y las consecuencias de su expulsión, señaladamente cuando se trata de situaciones de gran precariedad, y g) finalmente, que los supuestos en los que está en juego una comunidad entera y un asentamiento de larga duración deben ser tratados de forma absolutamente diferente de los asuntos referidos a la expulsión de un individuo de una propiedad que ocupe ilegalmente. Las anteriores consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han sido expuestas sintéticamente, debían haber sido objeto de reflexión, razonamiento y aplicación en la Sentencia constitucional, que ha preferido abstenerse de ello escudándose en el factor étnico, al que de manera errada atribuye un efecto de la activación de la doctrina de referencia, descartándola en el caso enjuiciado. La Sentencia que resuelve el presente proceso constitucional lo interpreta en esos términos, a pesar de que resulta de toda evidencia que ese factor de la discriminación étnica, como otros similares que se dan en la STEDH de 17 de octubre de 2013, aunque confluyan ciertamente en los casos examinados y sean considerados por las Sentencias del Tribunal de Estrasburgo, ni condicionan ni se precisan para la efectividad de la tutela definida. La lectura de esos pronunciamientos lo muestra con tal trasparencia que no podemos sino remitirnos a ellos, sin dialogar en divergencia con la Sentencia de la que discrepamos, pues es ésta la que choca frontalmente con las pautas de protección allí sentadas y con el encuadramiento que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos realiza de esa doctrina. 5. El resultado de la debida atención y aplicación de esos parámetros de cobertura hubiera sido, a nuestro parecer, la estimación del presente recurso de amparo. La Sentencia de la mayoría, por el contrario, opta por la desestimación. A tal fin, declara, manejando un canon que califica de proporcionalidad, que «nos encontramos ante un caso en el que la Administración intenta ejecutar forzosamente el contenido de una resolución que ha dictado previamente y que el afectado se ha negado a cumplir voluntariamente»; que «el derecho a la inviolabilidad domiciliaria no se ve vulnerado por los acuerdos administrativos anteriores pues la propia actuación del recurrente al reconstruir inmediatamente lo demolido por la primera orden administrativa municipal, provoca la inexistencia de solución de continuidad del procedimiento administrativo, no siendo legítimo impetrar el amparo constitucional por unos alegados e inexistentes defectos formales provocados por el propio recurrente, mediante una causa torpe, al reconstruir al día siguiente de la demolición lo que desde el inicio vulneraba la disciplina urbanística, siendo esta cuestión un acto firme y consentido por el recurrente, que no puede por la vía del recurso contencioso administrativo ni de este recurso de amparo reabrir el debate jurisdiccional de lo que debió en su caso ser alegado y discutido en un recurso contencioso administrativo contra el expediente de disciplina urbanística y no contra la pura ejecución del mismo, en la solicitud de autorización judicial, no habiéndose acreditado por el recurrente la pendencia de recurso contencioso administrativo alguno contra la orden de demolición de la construcción». Y para proseguir en esta línea argumentadora, más allá de la somera referencia que hace a los derechos educativos de los menores, alega que la Ley de la Comunidad de Madrid 2/2011, de 15 de marzo, de la cañada real Galiana (que el recurrente invocaba como alternativa legal a la realización de desalojos y demoliciones individuales por el Ayuntamiento de Madrid), «es posterior a las resoluciones administrativas firmes para cuya ejecución se impetraba la autorización judicial de entrada en domicilio, por lo que dicha solicitud de autorización de entrada en domicilio no vulneraba la aplicación de la referida norma legal, ni por tanto, las resoluciones judiciales que la autorizaron y ratificaron su autorización». De todo lo cual concluirá razonando que, «en este caso, la ponderación de la necesidad de incidir en el derecho fundamental previsto en el artículo 18.2 CE, para la ejecución de la resolución administrativa no sólo es proporcionada sino la única posibilidad de su ejecución pues contiene el mandato de su desalojo y demolición y no como pretende el recurrente que la ponderación de proporcionalidad lo sea sobre otra posible solución administrativa eventual y futura que no constituye derecho alguno frente a la ilegalidad de la construcción, cuya cuestión fue firme y consentida en la vía administrativa». Ese tipo de argumentos, que dan prioridad a la legalidad administrativa frente al derecho fundamental, entran en manifiesta e insalvable colisión con las determinaciones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo pronto, por no tener en cuenta que el procedimiento seguido no es ni ejemplar ni notable desde el punto de vista de sus garantías, como requería una incidencia tan grave en el derecho fundamental, más cuando existían alternativas de tramitación mucho más seguras para los derechos en juego. De seguido, por dejar fuera del debate que el conflicto planteado es decisivo para el disfrute efectivo de derechos íntimos y que la pérdida del hogar es una forma extrema de injerencia. En tercer lugar, por no identificar cuál es la necesidad social imperiosa que justificaría la intervención, ni razonar la urgencia de la misma. En cuarto lugar, por no considerar tampoco, adicionalmente, la confianza generada en años por la tolerancia de la Administración al asentamiento, ni valorar siquiera de manera superficial la posible existencia de otros medios menos invasivos del derecho. A continuación y en quinto lugar, por guardar un doloroso silencio sobre las necesidades de las familias afectadas y las consecuencias de su expulsión. Y finalmente y no es lo de menos, por abordar el recurso de amparo sometido a nuestra decisión a través de un método que posterga de manera ostentosa que en este litigio está en juego una comunidad entera y un asentamiento de larga duración, no una actuación singular irregular, circunstancia que ha llevado a la propia Comunidad de Madrid a buscar soluciones en una ley autonómica. 6. En aplicación de un juicio sustantivo de proporcionalidad, las anteriores observaciones nos obligan a valorar negativamente la Sentencia aprobada, tanto por el trato dispensado al examen de las garantías del procedimiento administrativo, como por el inane juicio de fondo que efectúa. Con relación a lo primero, se advierte que la Administración municipal podría haber sido más escrupulosa, como con acierto recuerda el Ministerio Fiscal, en el respeto a las garantías del procedimiento administrativo, como era menester al estar comprometidos derechos tan sensibles. Así, por ejemplo, podría haber emitido una nueva orden de demolición aplicable a la segunda vivienda construida por el recurrente, en lugar de acudir a la de 23 de junio de 2005 sin exponer las razones por las cuales no era necesaria una nueva orden de demolición; podría haber dictado un nuevo acuerdo de ejecución subsidiaria previo a la solicitud de intervención judicial, en lugar de invocar reiterativamente al de 14 de abril de 2008, desestimado en primer término por el Juez competente; y podría haber indicado, sin inducir a errores, que el acuerdo de ejecución subsidiaria 14 de abril de 2008 era susceptible de recurso. Desde el punto de vista de fondo es aún más patente que la motivación de la autorización judicial de entrada no respeta las pautas de proporcionalidad exigibles. Fundamentalmente, porque las resoluciones judiciales a examen, incluida la de este Tribunal de la que ahora se discrepa, más allá de las declaraciones solemnes formuladas, carentes, sin embargo, de plasmación sustantiva en la solución del asunto, se han aproximado al caso desde la irregularidad de la edificación, para desembocar luego, a partir de ella, en un análisis externo de legalidad del procedimiento de entrada llevado a efecto, soslayando en cambio los perfiles sustantivos a los que venimos aludiendo. Una prueba de ello, que se suma a las que acabamos de enunciar en el último párrafo del número anterior, reside en la resistencia a ponderar la relevancia de la Ley 2/2011, cuya entrada en vigor, a nuestro juicio, debería haber supuesto automáticamente, aun en ausencia de previsión expresa, la paralización de todo procedimiento de desalojo y derribo en marcha, y por tanto la denegación de toda autorización de entrada vinculada a tales procedimientos. No es casual que esa ley contemple un mecanismo alternativo al desalojo con el designio de lograr una solución integral al asentamiento irregular de la cañada real. Las dos resoluciones judiciales impugnadas fueron dictadas tras la entrada en vigor de la citada ley, sin que ese hecho hubiera sido en absoluto ponderado, ni en el proceso judicial ni en el constitucional, para analizar la proporcionalidad de la medida. Pese a tanto silencio sobre el particular, como decimos, la citada Ley 2/2011 prevé para la futura resolución de la situación de las viviendas ilegales construidas en la cañada real, en su disposición adicional primera, que «atendiendo a la diversidad de circunstancias que se dan en los terrenos desafectados, de acuerdo con lo que establece el artículo 3.3 de esta Ley, las Administraciones con competencia en la materia acordarán los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación que sean necesarios para llevar a cabo un acuerdo marco para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la Cañada Real Galiana objeto de la presente Ley, dando en todo el proceso participación a los afectados debidamente representados por asociaciones acreditadas». A la vista de ello, no termina de comprenderse cómo podría efectuarse un verdadero juicio de proporcionalidad, no necesariamente ajeno al de coherencia con la propia producción normativa, ni tampoco necesariamente extraño a la regulación legal sobrevenida, sin tomar en consideración que la actuación administrativa en el caso de autos contradice esa fórmula legalmente prevista y menos invasiva del derecho fundamental para el restablecimiento de la legalidad urbanística. 7. En el juicio de proporcionalidad efectuado por la sentencia constitucional, se olvida, además, que debía haberse atendido al hecho del consentimiento previo, o tolerancia de facto, de la Administración al asentamiento irregular. Aun siendo un aspecto resaltado en la STEDH de 24 de abril de 2012, caso Yordanova y otros c. Bulgaria, y también en la más reciente STEDH de 17 de octubre de 2013, caso Winterstein y otros c. Francia, que acoge la doctrina de la anterior, la Sentencia aprobada por la Sala lo relega de una manera asombrosa, al menos si recordamos que en aquellos pronunciamientos se dispone que ese tipo de situaciones no pueden ser tratadas, por imperativo del principio de proporcionalidad, como las ordinarias concernientes a la expulsión de un individuo singular de una propiedad ocupada ilegalmente (§150 de la última Sentencia citada). Convendrá señalar que, como expresión singular de la seguridad jurídica, el tradicional esquema de la expectativa legítima, o protección de la confianza, propicia una respuesta de tutela ante normas sobrevenidas o actos administrativos que sorprenden la confianza generada al administrado. La estabilidad de la situación creada representa, así pues, un freno a la alteración inesperada, a la quiebra de una esperanza fundada que la propia Administración ha hecho concebir. La delimitación del principio apunta a la previsibilidad de lo esperado, a la inclusión en su ámbito de la protección de las expectativas, no sólo de los derechos adquiridos, a la dimensión subjetiva de una esperanza de base objetiva (posibilidad de apreciación de su razonabilidad en la consideración de un observador externo) y a la necesidad de ponderación de los intereses en contraposición. En este caso, en el que no se ofrecen ni medidas transitorias ni de protección alternativa, ni tampoco concurre un interés público perentorio para justificar la exclusión de la expectativa generada, se aprecia por el contrario, abiertamente, la concurrencia de esta última. En efecto, como de la propia exposición de motivos de la Ley 2/2011 se desprende, el domicilio del recurrente en amparo se encuentra dentro de un asentamiento consentido por la Administración y en vías de regularización. Desde ese prisma debía haberse realizado un esfuerzo adicional de justificación de la proporcionalidad de la medida de autorización de entrada en el domicilio, como medida previa a su desalojo y derribo, especialmente si se tiene en cuenta que la Ley 2/2011 entró en vigor con anterioridad al momento en que se produce la identificada por las resoluciones aquí recurridas como autorización judicial de la segunda demolición. 8. La Sentencia tampoco explora la conexión del derecho del art. 18 CE con el art. 47 CE, ni con otros principios rectores consagrados en la Constitución. Se conforma con decir que «por lo que se refiere al derecho del art. 47 CE (que no es de los comprendidos en el art. 53.2 de la Constitución), no se observa en el caso la incidencia de tal derecho en la inviolabilidad domiciliaria, cuando sólo se debate la necesidad y proporcionalidad de la entrada en el domicilio del recurrente, pues la demolición de la vivienda fue ya acordada con carácter de firmeza por la Administración municipal». Ese tipo de conexiones entre derechos fundamentales y principios rectores son comunes en nuestra jurisprudencia, al punto de que en ocasiones hemos llegado a reforzar el canon del art. 24.1 CE (en su vertiente de motivación de las resoluciones judiciales) por estar implicadas en el supuesto de hecho previsiones constitucionales de ese carácter. La STC 95/2000, de 10 de abril, es un buen ejemplo: «La trascendencia constitucional del defecto apreciado se intensifica teniendo en cuenta que aquella desestimación ha perjudicado el acceso de la Sra... a la asistencia sanitaria proporcionada por el sistema público de Seguridad Social y, en último término, a la protección de la salud a la que se refiere el art. 43 CE. La razonabilidad de las decisiones judiciales es también una exigencia de adecuación al logro de los valores, bienes y derechos constitucionales (STC 82/1990, de 4 de mayo, FJ 2, 126/1994, de 25 de abril, FJ 5) y, desde esa perspectiva, debe recordarse que los principios rectores de la política social y económica, entre los que se encuentra el precepto citado, no son meras normas sin contenido (STC 19/1982, de 5 de mayo, FJ 6) sino que, por lo que a los órganos judiciales se refiere, sus resoluciones habrán de estar informadas por su reconocimiento, respeto y protección, tal como dispone el art. 53.3 CE. De ese modo, una decisión que no sólo se adopta sobre una conclusión que contradice los hechos sino que, además, desconoce la orientación que debió tener la aplicación de la legalidad, acentúa la falta de justificación y de razonabilidad de la resolución impugnada, como ya mantuvimos en nuestra STC 126/1994, de 25 de abril». Es decir, una resolución que en otro escenario sería respetuosa del art. 24.1 CE (derecho a la motivación) puede llegar a ser lesiva por no atender a la orientación que impone el principio rector en presencia. Si lo había establecido el Tribunal en esa Sentencia para el art. 24.1 CE, con más razón debe extenderse a derechos sustantivos. Así ocurrió, por poner únicamente un ejemplo entre tantos otros posibles, en la STC 154/2006, en un tema de discriminación por razón de nacimiento, en la que se hizo constar: «En contra de esa exigencia constitucional, la interpretación que realiza la resolución impugnada, formalmente neutra, discrimina de modo indirecto a los hijos extramatrimoniales (art. 14 en relación con los arts. 39 y 41 CE): el art. 39.3 CE, cuyo texto refleja una directa conexión con el art. 14 CE, impone a los padres el deber de “prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio” y, sin embargo, con aquella interpretación, las realidades familiares extramatrimoniales estarían en peores condiciones para prestar tal asistencia a unos “hijos habidos... fuera del matrimonio”, es decir, éstos, en el terreno de dicha asistencia, serían de peor condición que los hijos matrimoniales». No se entiende que la ponencia no se ocupe materialmente de la conexión del art. 18.2 con el art. 47 CE, incluso con la protección de la familia del art. 39 CE, indudablemente en juego en estas situaciones, o con el interés del menor contenido en el art. 39.4 CE, que queda con seguridad implicado en este juicio concreto de inviolabilidad domiciliaria, al existir menores perjudicados por esta demolición. Por todas estas razones, que evidencian la minusvaloración de elementos sustantivos imprescindibles en la resolución del recurso, la Sentencia que puso fin al presente proceso constitucional debió reconocer la violación por los actos administrativos y las resoluciones judiciales impugnadas del art. 18.2 CE. La estimación del amparo resultaba ser así la única respuesta posible. Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil trece.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Adela Asua Batarrita.–Firmado y rubricado.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado. EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 3769-2012, promovido por don Abdelilah Ghailan, representado por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Merino Bravo y asistido por el Abogado don Francisco Javier Rubio Gil, contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, número de recurso 1077-2011, de fecha 8 de marzo de 2012, desestimatoria del recurso de apelación interpuesto por aquél contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid de fecha 20 de abril de 2011, en procedimiento de entrada en domicilio núm. 19-2010, que autorizó la entrada en el domicilio del recurrente y de doña Fátima Zohra Alami Wahbi, solicitada por el Letrado del Ayuntamiento de Madrid en nombre y representación de éste, para proceder a su desalojo y demolición, acordada por resolución municipal de 23 de junio de 2005. Ha sido parte el Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de la Letrada doña Beatriz Jiménez Rodríguez. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique López y López, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro del Tribunal Constitucional el 20 de junio de 2012, el Procurador de los Tribunales don José Manuel Merino Bravo, en nombre y representación de don Abdelilah Ghailan, y bajo la dirección del Letrado don Francisco Javier Rubio Gil, interpuso demanda de amparo contra la resolución que se menciona en el encabezamiento de la presente Sentencia. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) El Ayuntamiento de Madrid, tras la correspondiente denuncia efectuada por miembros de la Policía Municipal de Madrid, dictó orden de demolición de 23 de junio de 2005 relativa a la construcción que constituye el domicilio de quien hoy es recurrente en amparo, situada en la cañada real Galiana núm. 40, puerta A, del distrito de Vicálvaro. En ese domicilio vivían el recurrente, su esposa y los dos hijos de ambos. La orden de demolición se fundamenta en que se trata de una construcción ilegal en suelo no urbanizable, al establecerse sobre vía pecuaria y al no haberse ejecutado de forma voluntaria, el Ayuntamiento de Madrid dictó orden de ejecución subsidiaria el 29 de noviembre de 2006, procediendo a la demolición de la construcción el 18 de octubre de 2007, tras haber solicitado y obtenido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid, autorización judicial de entrada en domicilio. b) El recurrente en amparo procedió a reconstruir su vivienda en idéntico emplazamiento, cuya construcción estaba finalizada el 20 de octubre de 2007, como consta en denuncia de dicha fecha de la policía municipal de Madrid, por lo que el Ayuntamiento, sin abrir nuevo expediente administrativo de demolición, requirió al recurrente de desalojo y demolición, basándose en la Orden de 23 de junio de 2005, cuyo requerimiento, no pudo ser notificado personalmente al actor, por lo que se procedió a su publicación por edictos. El 14 de abril de 2008, el Ayuntamiento de Madrid dictó acuerdo ejecución subsidiaria sobre la nueva construcción, haciéndose constar que contra el mismo no cabía recurso alguno. c) El 26 de febrero de 2009 se solicita por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid autorización judicial de entrada en domicilio, que es desestimada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Madrid mediante Auto de 2 de septiembre de 2009, al no coincidir la persona identificada en el acuerdo de ejecución subsidiaria y los ocupantes de la vivienda. d) El 8 de febrero de 2010 se notificó requerimiento de desalojo al recurrente en amparo en virtud del acuerdo de ejecución subsidiaria de 14 de abril de 2008, solicitando el Ayuntamiento de Madrid con fecha 2 de noviembre de 2010 nueva autorización judicial de entrada en domicilio para la construcción que constituye domicilio del recurrente, para llevar a efecto la orden de demolición de 23 de junio de 2005 y el acuerdo de ejecución subsidiaria de 14 de abril de 2008. e) Dicha solicitud dio lugar al procedimiento de entrada en domicilio núm. 19-2010 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid, planteando el recurrente en amparo recurso de reposición el 21 de enero de 2011 contra la admisión a trámite por el Juzgado de dicha solicitud, alegando la falta de acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid sobre el desalojo de la vivienda exigido por el art. 221.1 del Reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico de las Entidades locales y por desconocimiento del art. 45.2 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) al no poderse extender el Acuerdo de ejecución subsidiaria de 26 de febrero de 2009 a solicitudes de autorización judicial de entrada en domicilio sucesivas a la desestimada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Madrid mediante el Auto ya citado. f) Alegó también en aquel trámite el hoy recurrente en amparo que tras el acuerdo alcanzado en el año 2009 entre la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y otros Ayuntamientos y Administraciones implicadas, se aprobó la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la cañada real Galiana. La exposición de motivos de la misma indica que estando dicha cañada real calificada como vía pecuaria, son evidentes las transformaciones experimentadas por la misma en el tramo de aproximadamente 14,2 kilómetros, que discurre por los términos municipales de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid, en sus distritos de Vicálvaro y Vallecas, añadiendo que en la actualidad «el tránsito ganadero en el tramo que discurre por los tres mencionados municipios es nulo, encontrándose la vía pecuari ### RESUMEN: El TC avala la doble demolición de una casa en la cañada real

Licitación para las telecomunicaciones de voz, datos e internet por importe total de 522.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Ayamonte. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría. 2) Domicilio: Plaza de la Laguna, 1. 3) Localidad y código postal: Ayamonte 21400. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayamonte.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Telecomunicaciones de voz, datos e Internet. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 522.000,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 23/09/2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Secretaría. 2) Domicilio: Plaza de la Laguna, 1. 3) Localidad y código postal: Ayamonte 21400. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza de la Laguna, 1. c) Localidad y código postal: Ayamonte. d) Fecha y hora: 30/09/2013. Ayamonte, 26 de julio de 2013.- El Secretario.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Ayamonte. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría. 2) Domicilio: Plaza de la Laguna, 1. 3) Localidad y código postal: Ayamonte 21400. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayamonte.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Telecomunicaciones de voz, datos e Internet. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 522.000,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 23/09/2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Secretaría. 2) Domicilio: Plaza de la Laguna, 1. 3) Localidad y código postal: Ayamonte 21400. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza de la Laguna, 1. c) Localidad y código postal: Ayamonte. d) Fecha y hora: 30/09/2013. Ayamonte, 26 de julio de 2013.- El Secretario. ### RESUMEN: Licitación para las telecomunicaciones de voz, datos e internet por importe total de 522.000,00 euros.

Todas las subvenciones 2015 Min. Educación, Cultura y Deporte.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, tiene atribuida la competencia en materia de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural. Asimismo, corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte y el fomento y protección de la tauromaquia. El gasto público que conlleva el ejercicio de estas funciones se ejecuta, entre otras formas, a través de transferencias corrientes y de capital a diversas entidades y personas físicas bajo una variada tipología de ayudas. La importancia de estas ayudas, tanto en número como en consignación presupuestaria, aconseja que se lleve a cabo un ejercicio de programación anual del conjunto de las ayudas, en aras de una mayor transparencia y una mejora de su gestión y tramitación, lo que favorece una actuación más eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se pone a disposición de la ciudadanía una recopilación de todas las becas, subvenciones, premios y otros tipos de concesión de ayudas sin contraprestación económica que van a convocarse por el Ministerio en el año 2015, lo que conforma el Programa Anual de Ayudas 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La aprobación de este Programa responde, entre otros, al concepto de publicidad activa, tomado de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliando la exigencias que impone la ley. Se trata de una manera de dar a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, lo que permite una mejor fiscalización de la actividad pública. Muchas de las ayudas contenidas en este Programa se configuran como subvenciones regidas por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo articulado contempla una variedad de instrumentos para dotar de transparencia a la concesión de ayudas y redundar así de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia en la gestión del gasto público y de apertura de datos a la ciudadanía. En esta línea se enmarca la aprobación y publicación del Programa Anual de Ayudas del Ministerio. Junto a ello, la intención también es avanzar en una serie de medidas que mejoren la gestión y tramitación de las ayudas, para dotar de mayor eficiencia a la actuación pública, fundamentalmente en materia de tramitación electrónica, en consonancia con la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Esta normativa consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Asimismo, reconoce el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el rediseño integral de los procesos y servicios actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudadanos. A la vista de lo anterior, para dotar de sentido al Programa Anual y a las medidas de mejora de la tramitación de las ayudas, se establecen como objetivos fomentar la transparencia y acceso a la información en materia de concesión de ayudas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; adecuar el funcionamiento del Ministerio y de las relaciones con los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; llevar a cabo un simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas; e incorporar en la gestión y tramitación de las ayudas una serie de principios transversales que hagan efectivo el principio de equidad. En su virtud, dispongo: Primero. Objeto. El objeto de la presente orden es la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015, así como el establecimiento de una serie de medidas para la mejora de la gestión y tramitación de las ayudas. Segundo. Aprobación del Programa Anual de Ayudas para el año 2015. 1. Se aprueba el Programa Anual de Ayudas para el año 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de sus organismos públicos dependientes que figura en los Anexos I, II y III de esta orden, indicando las fechas previstas de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las convocatorias de ayudas, así como las fechas estimadas de resolución y de pago. Se entiende por fecha estimada de pago la fecha en la que el departamento reconoce la obligación por la ayuda concedida y ordena el pago al Tesoro. Se especifica igualmente la denominación y tipo de ayuda, la cuantía prevista, en su caso, y el centro gestor. 2. El Anexo I recoge las ayudas que se convocan bajo la forma de becas. El Anexo II recoge otras ayudas convocadas bajo el principio de concurrencia competitiva. El Anexo III recoge aquellas otras ayudas que no responden a los criterios de los anexos anteriores. 3. Las convocatorias de las ayudas contempladas en los anexos quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones. Asimismo, el listado de ayudas no tiene carácter vinculante o exhaustivo, sino orientativo, pues cabe la posibilidad de convocar nuevas ayudas, suprimirlas o modificarlas por necesidades sobrevenidas a lo largo de la anualidad, de conformidad con la legislación presupuestaria. Tercero. Medidas para la mejora de la gestión y tramitación de ayudas. El Ministerio llevará a cabo de manera paulatina una racionalización de los instrumentos reguladores existentes en materia de concesión de subvenciones con vistas a lograr una mejor y más eficiente gestión y tramitación de dichas ayudas. Cuarto. Medidas para la mejora de la tramitación electrónica de los procedimientos de ayudas. 1. De acuerdo con el artículo 27.6 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior, se tramitarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las distintas fases del procedimiento de concesión de ayudas cuando así lo establezcan sus bases reguladoras y en los términos previstos en las mismas. La información sobre identificación, normativa regulatoria, sistemas de firmas aceptados, etc. de las sedes electrónicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se encuentran en la dirección https://sede.educacion.gob.es/identifica-sede.html para la Sede Electrónica Educación y en la dirección https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp para la Sede Electrónica Cultura. 2. En el caso de que los procedimientos se gestionen por parte de un organismo público o entidad dependiente del Ministerio que cuente con sede electrónica propia, su tramitación se realizará, según sus bases reguladoras, a través de la sede electrónica del organismo. 3. De acuerdo con el artículo 48.1 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en los procedimientos iniciados por medios electrónicos, las bases reguladoras podrán establecer que los interesados aporten al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. 4. Las comunicaciones a los interesados podrán publicarse en la sede electrónica del Ministerio o en la del organismo competente con sede electrónica propia. Esta publicación, conforme a lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituirá a la notificación y surtirá todos sus efectos respecto de los interesados que estén obligados a utilizar la vía electrónica por el apartado 1 de este artículo. 5. Conforme a lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras indicarán la posibilidad o la obligación, según los casos, de presentar por vía electrónica la documentación relativa a la fase de justificación, incluidos los justificantes de los gastos realizados, y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables. 6. En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las bases reguladoras podrán establecer que las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realicen bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 7. En los procedimientos en que sea obligatoria la práctica de las notificaciones por medios electrónicos y los interesados sean personas jurídicas, será obligación de estos informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. Quinto. Medidas para la mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas mediante la eliminación de la exigencia de documentación. 1. Tanto en las bases reguladoras como en las convocatorias de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se hará constar expresamente la no exigencia de aquellos datos o documentos que ya obren en poder de la Administración General del Estado, en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 para la simplificación documental en los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía, siempre que tales datos o documentos sean accesibles por medios electrónicos para el Ministerio y sus organismos. En el caso de tratarse de datos de carácter personal deberá recabarse de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto el consentimiento del interesado para poder acceder a esos datos. Dicho consentimiento puede ser, bien expreso, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; o bien amparado por una norma con rango de ley. En los casos en que el interesado no autorice el acceso a su información, deberá presentar él mismo la documentación. 2. La aportación de certificados, cuando no fuera posible su obtención de oficio por medios electrónicos de interconexión registral, podrá sustituirse por declaraciones responsables en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la referida Ley General de Subvenciones, cuando la normativa reguladora de la ayuda así lo prevea expresamente. Sexto. Medidas para favorecer la igualdad efectiva de mujeres y hombres 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en las convocatorias de ayudas que afecten a ámbitos en los que exista una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se incorporará progresivamente como criterio de valoración en los proyectos presentados, la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la mencionada ley orgánica. 2. En aplicación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, podrá establecerse asimismo como criterio objetivo de valoración de las entidades solicitantes, la existencia de planes de igualdad que contemplen medidas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad. Se impulsará la incorporación en los cuestionarios de información de los proyectos presentados de algunos apartados de datos relevantes, como pueden ser los relativos a número de mujeres participantes en el proyecto, nivel de cualificación, estudios o cualquier otro que permita mejorar la información disponible sobre la situación desagregada por sexo en el ámbito de las ayudas. Se promoverá la paridad en los tribunales responsables de valorar la concesión de ayudas y subvenciones, cuando los haya. Con vistas a incrementar la participación de las mujeres en el ámbito científico, tecnológico e investigador, se adoptarán paulatinamente medidas que refuercen la aplicación y seguimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades en los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones, a través del Consejo de Universidades. Séptimo. Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 1. El Ministerio incorporará paulatinamente medidas de acción positiva en las ayudas y subvenciones con vistas a promover la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural, tal y como establece el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 2. Se podrá incorporar como criterio de valoración, de acuerdo con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, el fomento de programas para mejorar la empleabilidad, el acceso y la permanencia en el empleo de mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables por parte de las entidades solicitantes. Octavo. Ayudas procedentes de la Unión Europea. El organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) lleva a cabo la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del programa de la Comisión Europea Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014-2020), además de otras iniciativas europeas. La información sobre las ayudas que ofrece el programa Erasmus+ puede encontrarse en las direcciones: www.sepie.es y www.erasmusplus.gob.es». Noveno. Efectos Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 9 de marzo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, tiene atribuida la competencia en materia de propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades, así como la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural. Asimismo, corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte y el fomento y protección de la tauromaquia. El gasto público que conlleva el ejercicio de estas funciones se ejecuta, entre otras formas, a través de transferencias corrientes y de capital a diversas entidades y personas físicas bajo una variada tipología de ayudas. La importancia de estas ayudas, tanto en número como en consignación presupuestaria, aconseja que se lleve a cabo un ejercicio de programación anual del conjunto de las ayudas, en aras de una mayor transparencia y una mejora de su gestión y tramitación, lo que favorece una actuación más eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se pone a disposición de la ciudadanía una recopilación de todas las becas, subvenciones, premios y otros tipos de concesión de ayudas sin contraprestación económica que van a convocarse por el Ministerio en el año 2015, lo que conforma el Programa Anual de Ayudas 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La aprobación de este Programa responde, entre otros, al concepto de publicidad activa, tomado de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliando la exigencias que impone la ley. Se trata de una manera de dar a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, lo que permite una mejor fiscalización de la actividad pública. Muchas de las ayudas contenidas en este Programa se configuran como subvenciones regidas por la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo articulado contempla una variedad de instrumentos para dotar de transparencia a la concesión de ayudas y redundar así de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia en la gestión del gasto público y de apertura de datos a la ciudadanía. En esta línea se enmarca la aprobación y publicación del Programa Anual de Ayudas del Ministerio. Junto a ello, la intención también es avanzar en una serie de medidas que mejoren la gestión y tramitación de las ayudas, para dotar de mayor eficiencia a la actuación pública, fundamentalmente en materia de tramitación electrónica, en consonancia con la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Esta normativa consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Asimismo, reconoce el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el rediseño integral de los procesos y servicios actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudadanos. A la vista de lo anterior, para dotar de sentido al Programa Anual y a las medidas de mejora de la tramitación de las ayudas, se establecen como objetivos fomentar la transparencia y acceso a la información en materia de concesión de ayudas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; adecuar el funcionamiento del Ministerio y de las relaciones con los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; llevar a cabo un simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas; e incorporar en la gestión y tramitación de las ayudas una serie de principios transversales que hagan efectivo el principio de equidad. En su virtud, dispongo: Primero. Objeto. El objeto de la presente orden es la aprobación del Programa Anual de Ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos dependientes en el año 2015, así como el establecimiento de una serie de medidas para la mejora de la gestión y tramitación de las ayudas. Segundo. Aprobación del Programa Anual de Ayudas para el año 2015. 1. Se aprueba el Programa Anual de Ayudas para el año 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de sus organismos públicos dependientes que figura en los Anexos I, II y III de esta orden, indicando las fechas previstas de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las convocatorias de ayudas, así como las fechas estimadas de resolución y de pago. Se entiende por fecha estimada de pago la fecha en la que el departamento reconoce la obligación por la ayuda concedida y ordena el pago al Tesoro. Se especifica igualmente la denominación y tipo de ayuda, la cuantía prevista, en su caso, y el centro gestor. 2. El Anexo I recoge las ayudas que se convocan bajo la forma de becas. El Anexo II recoge otras ayudas convocadas bajo el principio de concurrencia competitiva. El Anexo III recoge aquellas otras ayudas que no responden a los criterios de los anexos anteriores. 3. Las convocatorias de las ayudas contempladas en los anexos quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones. Asimismo, el listado de ayudas no tiene carác ### RESUMEN: Todas las subvenciones 2015 Min. Educación, Cultura y Deporte.

Convenio colectivo de PRISA Radio. Acuerdan reducción salarial del 4%

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo el Convenio publicado por Resolución de 22 de julio de 2010 Visto el Acta en la que se contiene el texto del acuerdo parcial sobre determinadas materias del VI Convenio colectivo del Grupo Prisa Radio (antes Unión Radio) (código de convenio n.º 90004783011982) que fue suscrito con fecha 13 de marzo de 2014 de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma, y de otra por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3 en relación con el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo, resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 26 de junio de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA DEL ACUERDO PARCIAL SOBRE DETERMINADAS MATERIAS DEL VI CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO PRISA RADIO (ANTES UNIÓN RADIO) En Madrid, a 13 de marzo de 2014, reunida la representación legal de los trabajadores del Grupo Prisa Radio, y la representación del mismo. Por la Representación empresarial: D. Pedro Antón Lázaro. D.ª Marta Bretos Serrano. D. Fernando Navarro López-Hermosa. Por la representación de los trabajadores: D.ª Pilar Falagán Monroy. D.ª Nuria Serena Ramos. D. Juan Carlos Ingelmo Ingelmo. D. Pedro Preciado Sánchez. D. Francesc Xavier Sánchez Mesa. D. Sergio López Laguna. D.ª María Consuelo Simón Martínez. D.ª Arantxa Alegría Ezquerra. D. Pedro Elías Domínguez Coll. D. José Manuel Elías Noya. D. Óscar Acosta Rodriguez. D.ª Elena Morales Oliva. D. José Julio Blanes Ruiz. INTERVIENEN Los primeros, en nombre y representación del Grupo Prisa Radio. Los segundos, en nombre y representación de toda la plantilla y centros de la empresa afectada, según consta debidamente acreditado y MANIFIESTAN I. Que está pendiente y abierta la negociación del Convenio colectivo de la Empresa que expiró el 31 de diciembre de 2012 y fue denunciado el 26 de noviembre de 2012, dentro de ese proceso y marco de negociación. II. Que la Compañía atraviesa serias dificultades que se derivan no sólo de la fuerte caída de ingresos, sino también de la falta de visibilidad que a corto y medio plazo pueda suponer su evolución. III. Que ambas partes han convenido en la necesidad de ir avanzando en la negociación del Convenio, concluyendo mediante el presente documento la negociación y el acuerdo parcial en las materias y condiciones concretas contenidas en el mismo. IV. Que las condiciones y materias pactadas responden a la situación expuesta, adoptando las partes el presente Acuerdo que tiene, y al que las mismas otorgan, valor y naturaleza de convenio colectivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.3, párrafo segundo del Estatuto de los Trabajadores, para adaptarlo a las condiciones en las que se desarrolla la actividad de la empresa en su situación actual ya descrita. V. A tal efecto y con plena legitimación para negociar de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, pactan las siguientes condiciones en las materias que se señala con arreglo a los siguientes ACUERDOS Primero. La representación legal de los trabajadores desiste, sin reserva de acciones, de la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la representación legal de los trabajadores ante la Audiencia Nacional (Autos n.º 497/2013) en reclamación de subidas de IPC derivado de la aplicación del VI Convenio Colectivo de Unión Radio, en un porcentaje del 3,9% sobre los salarios actuales, y de cuántas acciones puedan derivarse del artículo 28 del referido convenio. A este respecto declara expresamente no tener nada que reclamar en relación con el mismo. Segundo. Las partes acuerdan una reducción salarial del 4% aplicable a la totalidad de la remuneración fija percibida, a partir de 21.000 €, de acuerdo con la siguiente escala: Desde 21.001 hasta 35.000 €/año: 3%. Desde 35.001 hasta 50.000 €/año: 3,5%. Desde 50.001 hasta 60.000 €/año: 4%. Desde 60.001 hasta 65.000 €/año: 5%. Desde 65.001 hasta 70.000 €/año: 5,5%. Desde 70.001 hasta 85.000 €/año: 6%. De 85.001 €/año en adelante: 6,5%. Dicha reducción comenzará a aplicarse en las retribuciones del mes de marzo de 2014, y se deducirá mediante un nuevo concepto llamado clave descuento, de tal forma que el resto de conceptos salariales recogidos en el convenio no vean alteradas sus cuantías. Cuando en el conjunto de Sociedades afectadas por el ámbito de aplicación del Convenio el EBITDA sin indemnizaciones ( EBITDA ajustado), alcance la cifra de 50 millones de euros, la empresa se compromete, con el fin de recuperar la presente reducción salarial, a convocar a la comisión negociadora del convenio con el fin de establecer los correspondientes criterios y mecanismos. Cláusula de congelación salarial. Se pacta expresamente que las retribuciones establecidas en el convenio no tendrán incremento salarial alguno. En línea con lo anterior se establece la congelación del complemento de antigüedad regulado en el artículo 23 del convenio denunciado, a partir del 1 de enero de 2014 quedando el importe actual que cada trabajador percibe en un complemento denominado ad personam, no absorbible ni compensable. De igual modo los deslizamientos derivados del sistema de promoción profesional establecido en el artículo 18 de la referida Norma, quedarán congelados, de forma tal que no procederá incremento alguno por aplicación del sistema de promoción en él regulado. Tercero. Ambas partes acuerdan que la vigencia del nuevo convenio colectivo pendiente de negociación se extenderá desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. Cuarto. Cláusula de garantía del empleo. La empresa manifiesta que las medidas acordadas en el presente documento responden a las dificultades económicas que atraviesa la Compañía, dificultades que se derivan no sólo de la fuerte caída de ingresos, sino también de la falta de visibilidad de la evolución que a corto y a medio plazo pueda darse. Asimismo manifiesta que no es su voluntad acometer en estos momentos una reducción colectiva de empleo. No obstante lo cual, en caso de que la empresa tuviera necesidad de acometer medidas colectivas extintivas de restructuración, antes de acudir al procedimiento legal previsto, se compromete a abrir un proceso previo y limitado en el tiempo de negociación con los representantes legales de los trabajadores. Quinto. En el caso de que se produzcan extinciones individuales de contratos que generen el abono de una indemnización, durante el plazo de vigencia del Convenio Colectivo ésta se calculará sin aplicar la reducción salarial pactada en el presente documento. La representación social manifiesta que el presente acuerdo suscrito será sometido a la ratificación de la plantilla en un plazo que finalizará el 24 de marzo de 2014. Solo tendrá plena eficacia una vez transcurrido dicho plazo y siempre que no se haya notificado a la empresa la no ratificación del mismo. Y en prueba de conformidad con el mismo lo firman las partes señaladas en el lugar y fecha indicados.

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo el Convenio publicado por Resolución de 22 de julio de 2010 Visto el Acta en la que se contiene el texto del acuerdo parcial sobre determinadas materias del VI Convenio colectivo del Grupo Prisa Radio (antes Unión Radio) (código de convenio n.º 90004783011982) que fue suscrito con fecha 13 de marzo de 2014 de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma, y de otra por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3 en relación con el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo, resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 26 de junio de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA DEL ACUERDO PARCIAL SOBRE DETERMINADAS MATERIAS DEL VI CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO PRISA RADIO (ANTES UNIÓN RADIO) En Madrid, a 13 de marzo de 2014, reunida la representación legal de los trabajadores del Grupo Prisa Radio, y la representación del mismo. Por la Representación empresarial: D. Pedro Antón Lázaro. D.ª Marta Bretos Serrano. D. Fernando Navarro López-Hermosa. Por la representación de los trabajadores: D.ª Pilar Falagán Monroy. D.ª Nuria Serena Ramos. D. Juan Carlos Ingelmo Ingelmo. D. Pedro Preciado Sánchez. D. Francesc Xavier Sánchez Mesa. D. Sergio López Laguna. D.ª María Consuelo Simón Martínez. D.ª Arantxa Alegría Ezquerra. D. Pedro Elías Domínguez Coll. D. José Manuel Elías Noya. D. Óscar Acosta Rodriguez. D.ª Elena Morales Oliva. D. José Julio Blanes Ruiz. INTERVIENEN Los primeros, en nombre y representación del Grupo Prisa Radio. Los segundos, en nombre y representación de toda la plantilla y centros de la empresa afectada, según consta debidamente acreditado y MANIFIESTAN I. Que está pendiente y abierta la negociación del Convenio colectivo de la Empresa que expiró el 31 de diciembre de 2012 y fue denunciado el 26 de noviembre de 2012, dentro de ese proceso y marco de negociación. II. Que la Compañía atraviesa serias dificultades que se derivan no sólo de la fuerte caída de ingresos, sino también de la falta de visibilidad que a corto y medio plazo pueda suponer su evolución. III. Que ambas partes han convenido en la necesidad de ir avanzando en la negociación del Convenio, concluyendo mediante el presente documento la negociación y el acuerdo parcial en las materias y condiciones concretas contenidas en el mismo. IV. Que las condiciones y materias pactadas responden a la situación expuesta, adoptando las partes el presente Acuerdo que tiene, y al que las mismas otorgan, valor y naturaleza de convenio colectivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.3, párrafo segundo del Estatuto de los Trabajadores, para adaptarlo a las condiciones en las que se desarrolla la actividad de la empresa en su situación actual ya descrita. V. A tal efecto y con plena legitimación para negociar de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, pactan las siguientes condiciones en las materias que se señala con arreglo a los siguientes ACUERDOS Primero. La representación legal de los trabajadores desiste, sin reserva de acciones, de la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la representación legal de los trabajadores ante la Audiencia Nacional (Autos n.º 497/2013) en reclamación de subidas de IPC derivado de la aplicación del VI Convenio Colectivo de Unión Radio, en un porcentaje del 3,9% sobre los salarios actuales, y de cuántas acciones puedan derivarse del artículo 28 del referido convenio. A este respecto declara expresamente no tener nada que reclamar en relación con el mismo. Segundo. Las partes acuerdan una reducción salarial del 4% aplicable a la totalidad de la remuneración fija percibida, a partir de 21.000 €, de acuerdo con la siguiente escala: Desde 21.001 hasta 35.000 €/año: 3%. Desde 35.001 hasta 50.000 €/año: 3,5%. Desde 50.001 hasta 60.000 €/año: 4%. Desde 60.001 hasta 65.000 €/año: 5%. Desde 65.001 hasta 70.000 €/año: 5,5%. Desde 70.001 hasta 85.000 €/año: 6%. De 85.001 €/año en adelante: 6,5%. Dicha reducción comenzará a aplicarse en las retribuciones del mes de marzo de 2014, y se deducirá mediante un nuevo concepto llamado clave descuento, de tal forma que el resto de conceptos salariales recogidos en el convenio no vean alteradas sus cuantías. Cuando en el conjunto de Sociedades afectadas por el ámbito de aplicación del Convenio el EBITDA sin indemnizaciones ( EBITDA ajustado), alcance la cifra de 50 millones de euros, la empresa se compromete, con el fin de recuperar la presente reducción salarial, a convocar a la comisión negociadora del convenio con el fin de establecer los correspondientes criterios y mecanismos. Cláusula de congelación salarial. Se pacta expresamente que las retribuciones establecidas en el convenio no tendrán incremento salarial alguno. En línea con lo anterior se establece la congelac ### RESUMEN: Convenio colectivo de PRISA Radio. Acuerdan reducción salarial del 4%

2 medallas del Mérito Deportivo: bronce para Iván Tibau y oro para Santiago Nolla Zayas.

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en las personas que a continuación se relacionan, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en las siguientes categorías: Medalla de Oro: Ilmo. Sr. don Santiago Nolla Zayas. Medalla de Bronce: Sr. don Iván Tibau Ragolta. Madrid, 24 de febrero de 2016.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en las personas que a continuación se relacionan, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en las siguientes categorías: Medalla de Oro: Ilmo. Sr. don Santiago Nolla Zayas. Medalla de Bronce: Sr. don Iván Tibau Ragolta. Madrid, 24 de febrero de 2016.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ### RESUMEN: 2 medallas del Mérito Deportivo: bronce para Iván Tibau y oro para Santiago Nolla Zayas.

El Constitucional admite a trámite el recurso de la Generalitat Valencia contra los presupuestos 2016

lo indicado del título VII, capítulo II, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre en el mismo y SE DECLARA la desestimación en relación con los arts. 111 y 112 , por Sentencia 96/2016, de 12 de mayo El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 439-2016, promovido por el Consell de la Generalitat Valenciana, contra la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2016, por lo que se refiere a las transferencias a las Comunidades Autónomas previstas en el título VII, capítulo II, artículos 111 y 112 (Sección 36 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales», programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», concepto 451 «Fondo de Suficiencia Global», así como Sección 98. Servicio 01. Clasificación económica 45. Transferencias corrientes de Comunidades Autónomas. Concepto de la clasificación económica 458. Por Fondo de Suficiencia y otros). Madrid, 16 de febrero de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

lo indicado del título VII, capítulo II, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre en el mismo y SE DECLARA la desestimación en relación con los arts. 111 y 112 , por Sentencia 96/2016, de 12 de mayo El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 439-2016, promovido por el Consell de la Generalitat Valenciana, contra la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2016, por lo que se refiere a las transferencias a las Comunidades Autónomas previstas en el título VII, capítulo II, artículos 111 y 112 (Sección 36 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales», programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», concepto 451 «Fondo de Suficiencia Global», así como Sección 98. Servicio 01. Clasificación económica 45. Transferencias corrientes de Comunidades Autónomas. Concepto de la clasificación económica 458. Por Fondo de Suficiencia y otros). Madrid, 16 de febrero de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El Constitucional admite a trámite el recurso de la Generalitat Valencia contra los presupuestos 2016

Llega la reforma del código penal contra el fraude, tras su paso exprés por el Congreso.

los arts. 309, 627 y 628, MODIFICA los arts. 31 bis, 305 a 308, 310 bis, 311 y 398, y AÑADE los arts. 305 bis, 307 bis, 307 ter y 433 bis a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. PREÁMBULO I El Código Penal, tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, tutela los valores y principios básicos de la convivencia social, y su contenido debe ser ajustado a los cambios y a las nuevas necesidades de la actual situación. El eje de los criterios que inspiran la presente reforma se corresponde con el reforzamiento de la transparencia de la actividad de la administración y del régimen de responsabilidad de partidos políticos y sindicatos, a los que se incluye dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas del que, hasta ahora, estaban excluidos; y, de otra, con la mejora de la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público, que se revela como un elemento imprescindible del conjunto de medidas adoptadas con motivo de la crisis económica, especialmente severa en el ámbito europeo, y más en concreto en el caso español, así como con la necesidad de acompañar las mismas de las reformas necesarias en los sectores o actividades económicas afectadas; actividades económicas en las que, por otro lado, existe una mayor percepción del fraude y que son precisamente donde deben adoptarse las reformas penales concretas. A tal efecto, en el ámbito penal se hace necesaria una profunda revisión de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, regulados en el Título XIV del Código Penal. Los objetivos de la reforma en el ámbito tributario son: la creación de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes de especial gravedad y que eleve la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo que a su vez determina que el plazo de prescripción de las infracciones más graves sea de diez años; posibilitar la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación; incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal; introducir mejoras técnicas en la regulación de las defraudaciones a la Hacienda y a los Presupuestos de la Unión Europea; evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su situación tributaria. También se prevén mecanismos para rebajar la pena para aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigación judicial. La reforma que se lleva a cabo en los delitos contra la Seguridad Social afecta al tipo básico para reducir la cuantía a partir de la cual la infracción es constitutiva de delito y facilitar las regularizaciones. Con un esquema semejante al utilizado para la regulación del delito fiscal, se introduce un tipo agravado que permite la persecución de tramas societarias tras las cuales se oculta el verdadero empresario para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores. Paralelamente, se introduce un tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante un tratamiento penal diferenciado de la obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los supuestos de fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social. También en este caso se prevé un tipo agravado con el que se hace frente a las nuevas formas de organización delictiva dedicadas a estas actividades o propiciatorias de las mismas, empresas ficticias creadas con el único fin de obtener prestaciones del Sistema. También se lleva a cabo una modificación de los delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el Título XV del Código Penal, para sancionar a quienes incumplen de forma grave la normativa laboral con conductas que además suponen una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, que sí sean cumplidores de sus obligaciones legales. Por último, dentro del conjunto de medidas propuestas para dotar de transparencia al sector público y fortalecer la confianza en las instituciones públicas, se establece un nuevo tipo penal para sancionar las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas. II En primer lugar, se modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se contenía en la excepción regulada en el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal. De este modo se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos. III En segundo lugar, se efectúan mejoras técnicas en la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública en el artículo 305 del Código Penal, que tienen por objeto facilitar la persecución de estos delitos y corregir algunas deficiencias advertidas en su aplicación. Una primera modificación ha consistido en configurar la regularización de la situación tributaria como el verdadero reverso del delito de manera que, con la regularización, resulte neutralizado no sólo el desvalor de la acción, con una declaración completa y veraz, sino también el desvalor del resultado mediante el pago completo de la deuda tributaria y no solamente de la cuota tributaria como ocurre actualmente. Esta nueva configuración de la regularización hace que ésta guarde una relación de equivalencia práctica con el pago tempestivo del impuesto, tal y como han destacado tanto la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Supremo, que de forma muy expresiva se han referido a la regularización como el pleno retorno a la legalidad que pone fin a la lesión provisional del bien jurídico protegido producida por la defraudación consumada con el inicial incumplimiento de las obligaciones tributarias. En coherencia con esta nueva configuración legal de la regularización tributaria como el reverso del delito que neutraliza completamente el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado, se considera que la regularización de la situación tributaria hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligación tributaria y así se refleja en la nueva redacción del tipo delictivo que anuda a ese retorno a la legalidad la desaparición del reproche penal. Esta modificación se complementa con la del apartado 4 relativa a la regularización suprimiendo las menciones que la conceptuaban como una excusa absolutoria. Se introduce un nuevo apartado que permite a la Administración Tributaria continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria pese a la pendencia del proceso penal. Con esta reforma se trata de eliminar situaciones de privilegio y situar al presunto delincuente en la misma posición que cualquier otro deudor tributario, y al tiempo se incrementa la eficacia de la actuación de control de la Administración: la sola pendencia del proceso judicial no paraliza la acción de cobro pero podrá paralizarla el Juez siempre que el pago de la deuda se garantice o que el Juez considere que se podrían producir daños de imposible o difícil reparación. Y también se atiende una exigencia del ordenamiento comunitario, ya que las autoridades comunitarias vienen reclamando a España una reforma de su sistema legal para que la existencia del proceso penal no paralice la acción de cobro de las deudas tributarias que constituyan recursos propios de la Unión Europea. Con relación a la determinación de la cuota tributaria defraudada, la reforma introduce dos modificaciones relevantes. De una parte, aclara que la cuantía defraudada en el ámbito de ingresos de la Hacienda de la Unión Europea se determinará por relación al año natural. De otra parte, se introduce una regla especial para poder perseguir las tramas de criminalidad organizada de forma inmediata desde el momento en el que la defraudación supere la cuantía mínima determinante del delito. Se prevé también una atenuación de la pena cuando los presuntos responsables de los delitos reconocen su comisión y satisfacen íntegramente la deuda tributaria o bien colaboran con las Autoridades para la averiguación de los hechos y, en su caso, la identificación o captura de otros responsables, siempre y cuando tal reconocimiento, pago y cooperación se produzcan en un breve lapso de tiempo. También dentro de los delitos contra la Hacienda Pública, se prevé un nuevo tipo agravado en el artículo 305 bis para tipificar las conductas de mayor gravedad o de mayor complejidad en su descubrimiento, que se sancionan con una pena máxima de seis años, lo que, por aplicación del artículo 131 del Código Penal, llevaría aparejado el aumento del plazo de prescripción a diez años para dificultar la impunidad de estas conductas graves por el paso del tiempo. Se consideran supuestos agravados aquellos en los que la cuantía de la cuota defraudada supere los seiscientos mil euros, límite cuantitativo apuntado por la jurisprudencia; aquellos en los que la defraudación se comete en el seno de una organización o de un grupo criminal; o en los que la utilización de personas, negocios, instrumentos o territorios dificulte la determinación de la identidad o patrimonio del verdadero obligado tributario o responsable del delito o la cuantía defraudada. Con la referencia expresa a paraísos fiscales y territorios de nula tributación se dota de mayor certeza y seguridad jurídica al precepto toda vez que se trata de conceptos ya definidos en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Además, se modifica la redacción del artículo 306 del Código Penal para aclarar la diferencia de la conducta típica con la prevista en el apartado 3 del artículo 305, y para refundir los actuales artículos 306 y 309 en un solo precepto. Los casos en los que la defraudación no alcance los cincuenta mil euros pero supere los cuatro mil euros son castigados como delitos en el apartado 3 del artículo 305 y en el artículo 306, desapareciendo la tipificación como falta de los actuales artículos 627 y 628. Por último, se modifica el artículo 310 bis del Código Penal debido a la necesidad de armonizar la penalidad impuesta a las personas jurídicas responsables de delitos contra la Hacienda Pública, con la ya prevista para las personas físicas responsables de los mismos delitos, de suerte que, de un lado, se introduce en la letra b) la pena de multa del doble al cuádruple en los supuestos agravados cuya regulación se propone en el nuevo artículo 305 bis y, de otro lado, se añade un nuevo segundo párrafo en el que se prevé la imposición a las personas jurídicas responsables de estos delitos de las penas que la letra f), del apartado 7 del artículo 33 prevé con carácter general y que ya el apartado 1 del artículo 305 impone para las personas físicas. IV En cuanto a los delitos contra la Seguridad Social, se reforma el artículo 307 del Código Penal a los efectos de reducir a cincuenta mil euros la cuantía que establece el tipo delictivo como condición objetiva de punibilidad. La fijación del límite debe hacerse conforme a criterios económicos, políticos y sociales. La realidad social y económica actual pone de relieve la necesidad de actuar, con mayor contundencia, frente a las conductas presuntamente delictivas y tramas organizadas que ponen en peligro la sostenibilidad financiera del Sistema de la Seguridad Social. La reducción de la cuantía del tipo delictivo permite que sean objeto de punibilidad penal hechos que actualmente sólo son sancionables administrativamente y que son objeto de un contundente reproche social en momentos de especial dificultad económica en el ámbito empresarial como los actuales. En la práctica se dan supuestos en los que se interpreta que no existe delito contra la Seguridad Social por el mero hecho de que se hayan presentado los documentos de cotización, sin entrar a valorar si son veraces y completos. También es frecuente que en los supuestos de defraudación en los que intervienen personas interpuestas, precisamente, la presentación de documentos de cotización aparentemente correctos forma parte del engaño. Por ello, se ha añadido un último inciso para aclarar que la mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación si ésta queda acreditada por otros hechos. El inciso no supone modificación conceptual alguna, sino que trata de fijar la interpretación auténtica de la norma. El inciso se ha incluido también en el artículo 305 referido al delito contra la Hacienda Pública para evitar que su ausencia pudiera interpretarse en el sentido de que la mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones excluye en todo caso la defraudación. Se introduce, igualmente, un nuevo tipo agravado en supuestos de conductas especialmente graves por la cuantía eludida u otras circunstancias concurrentes de especial entidad, como la utilización de sociedades o personas interpuestas para ocultar los verdaderos responsables del pago de las cuotas de Seguridad Social, y que justifican un mayor reproche penal. La agravación de la pena lleva aparejada la ampliación del periodo de prescripción del delito, fundamental en estos casos por su complejidad de difícil y tardía detección, y que con la ampliación de la pena máxima a seis años de prisión, uno más al actualmente vigente, amplía el plazo de prescripción a diez años. Tanto para el tipo ordinario como para el agravado se ha considerado procedente recoger de modo expreso la imposición al responsable de las penas accesorias de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cuya duración variará en atención a la gravedad del tipo. De forma paralela al delito contra la Hacienda Pública, se configura la regularización de la situación ante la Seguridad Social como el reverso del delito que neutraliza completamente el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado, de modo que hace desaparecer el carácter delictivo del inicial incumplimiento de la obligación con la Seguridad Social. También se modifica el artículo 308 del Código Penal relativo al fraude de ayudas o subvenciones de las Administraciones Públicas o de la Seguridad Social. Debido al antiguo concepto de subvención y a determinadas interpretaciones jurisprudenciales, se ha llegado a considerar como subvención a la prestación y al subsidio de desempleo. Con ello, se ha entendido que en estos casos sólo existía defraudación cuando la cuantía superaba la cifra de ciento veinte mil euros, quedando despenalizados los demás casos. Por ello, se reforma el artículo 308 del Código Penal para mantener dentro de la regulación del fraude de subvenciones únicamente las ayudas y subvenciones de las Administraciones Públicas cuando la cuantía supere la cifra de ciento veinte mil euros. Cuando se trate de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, los comportamientos defraudatorios se tipifican en un nuevo precepto, el artículo 307 ter, que los castiga con una penalidad ajustada a la gravedad del hecho: prisión de seis meses a tres años en los supuestos ordinarios; multa del tanto al séxtuplo en los casos que no revistan especial gravedad; y prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo en los supuestos agravados. En todos los casos se prevé además la imposición al responsable de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Esta solución permite dar un mejor tratamiento penal a las conductas fraudulentas contra la Seguridad Social, y evita el riesgo de impunidad de aquellos fraudes graves que hasta ahora no superaban el límite cuantitativo establecido. El artículo 307 ter, en el tratamiento específico que realiza de estas conductas fraudulentas, viene también a facilitar la persecución de las nuevas tramas organizadas de fraude contra la Seguridad Social que, mediante la creación de empresas ficticias, tienen por único fin la obtención de prestaciones del Sistema con la consiguiente agravación de la pena. V La actual configuración del delito contra los derechos de los trabajadores contenido en el artículo 311 del Código Penal, en atención a los elementos subjetivos requeridos para la concurrencia del ilícito, dificulta la aplicación del tipo penal a la hora de exigir responsabilidades a quienes, de forma colectiva, están incumpliendo las obligaciones que les corresponden en relación con el aseguramiento obligatorio, o a propósito de las preceptivas autorizaciones para trabajar de aquellos a los que ocupan en su actividad empresarial. Quien, de forma masiva o colectiva, recurre a la utilización de trabajadores sin haber formalizado su incorporación al Sistema de la Seguridad Social que les corresponda, o sin haber obtenido la preceptiva autorización para trabajar en el caso de los extranjeros que lo precisen, debe merecer el correspondiente reproche penal. Los perjuicios ocasionados por estas conductas son evidentes. Por un lado, la negación de los derechos que en materia de Seguridad Social puedan corresponder a los trabajadores por el periodo en el que prestan sus servicios de forma irregular. Por otro, los perniciosos efectos que presenta para las relaciones económicas y empresariales el hecho de que haya quienes producen bienes y servicios a unos costes laborales muy inferiores a los que han de soportar aquellos otros que lo hacen cumpliendo con sus obligaciones legales en la materia, lo que distorsiona la competitividad y desincentiva la iniciativa empresarial. Si la conducta es grave en todo caso, y por ello ya se condena como tal en el ámbito administrativo, la sanción penal se hace depender de un determinado número de trabajadores ocupados y afectados, en consonancia con la limitación del reproche punitivo a los comportamientos más graves. La propia gravedad de estas conductas motiva que la sanción se amplíe hasta la posible imposición de una pena máxima de seis años de prisión, lo que de nuevo permite incrementar el plazo de prescripción hasta los diez años. VI Se modifica el artículo 398 del Código Penal para excluir del tipo a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. No es infrecuente la falsificación de los certificados de situación de cotización por las empresas deudoras de la Seguridad Social que, como contratistas o subcontratistas, remiten a las empresas principales o contratistas en el marco de la relación jurídica de las contratas o subcontratas. Existiendo un tipo penal propio de falsedad de certificados, surgía la duda de si debían calificarse estas conductas como falsedad en documento oficial cometido por particulares, o como falsedad de certificados cometido por particulares. Se ha estimado conveniente una nueva redacción del artículo 398 al que se remite el artículo 399 del Código Penal, que restrinja su aplicación a la falsedad de certificados de menor trascendencia y que excluya expresamente todo certificado relativo a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, dada la trascendencia en el tráfico jurídico de certificados falsos en el ámbito tributario y de la Seguridad Social. VII Finalmente, se incluye un nuevo artículo 433 bis cuya finalidad es dotar de la máxima transparencia al sector público y garantizar la confianza en la veracidad de la información que refleja la situación económica de las administraciones y entidades públicas. Con esta finalidad se sanciona a la autoridad o funcionario público que falsee la contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica, cuando ello se lleve a cabo de un modo idóneo para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa. La norma incorpora una regla que soluciona los problemas de posible concurso de este delito con el de falsedad documental, de aplicación preferente, y será por ello en particular aplicable a la falsificación y mendacidad de documentos internos que, sin embargo, son relevantes para la adopción de decisiones de trascendencia económica. Asimismo, se tipifica el falseamiento de la información de relevancia económica que no forma inicialmente parte de un documento, pero que encuentra reflejo posterior en el mismo. De este modo se solucionan los problemas de tipicidad que pueden plantearse cuando el autor no emite el documento falso, sino que se limita a introducir la información mendaz que luego queda incorporada a un soporte documental escrito o de otra naturaleza. Y, con la misma finalidad, se tipifica la facilitación de esa información mendaz a terceros, cuando tal conducta resulta idónea para causar un perjuicio económico a la Administración. Todas estas conductas, en la medida en que no se trate de supuestos de falsificación de documentos públicos u oficiales –castigados por los artículos 390 y 393 del Código Penal– se castigan con penas de multa e inhabilitación, y pena de prisión en el supuesto de causación efectiva del perjuicio económico. Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, queda modificada como sigue: Uno. Se modifica el párrafo primero del apartado 5 del artículo 31 bis, que queda redactado como sigue: «5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. (…)» Dos. El artículo 305 queda redactado del siguiente modo: «1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo. La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior: a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1. b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado. Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años. 4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa. La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria. 5. Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública. La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal. La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. 6. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito. 7. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley.» Tres. Se añade el artículo 305 bis, que queda redactado del siguiente modo: «1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros. b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal. c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito. 2. A los supuestos descritos en el presente artículo les serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el artículo 305. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.» Cuatro. El artículo 306 queda redactado del siguiente modo: «El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.» Cinco. El artículo 307 queda redactado del siguiente modo: «1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo. La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales. 3. Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa. La regularización de la situación ante la Seguridad Social impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación. 4. La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso penal. 5. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito. 6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.» Seis. Se introduce un nuevo 307 bis, que queda redactado del siguiente modo: «1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros. b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal. c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito. 2. A los supuestos descritos en el presente artículo le serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el artículo 307. 3. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.» Siete. Se introduce un nuevo artículo 307 ter, con la siguiente redacción: «1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión. Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 2. Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años. 3. Quedará exento de responsabilidad criminal en relación con las conductas descritas en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en relación con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación. 4. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal. El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. 5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio. 6. Resultará aplicable a los supuestos regulados en este artículo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 307 del Código Penal.» Ocho. El artículo 308 queda redactado del siguiente modo: «1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo. 2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo. 3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años. 4. Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades públicas. 5. Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación. 6. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal. El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. 7. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del delito.» Nueve. El artículo 310 bis queda redactado del siguiente modo: «Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años. b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310. Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.» Diez. El artículo 311 queda redactado del siguiente modo: «Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses: 1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. 2.º Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de: a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores, b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de cien, o c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más de diez trabajadores. 3.º Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro. 4.º Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.» Once. El artículo 398 queda redactado del siguiente modo: «La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años. Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.» Doce. Se añade el artículo 433 bis, que queda redactado del siguiente modo: «1. La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el artículo 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses. 2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Si se llegare a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.» Disposición adicional única. Efectos de la declaración tributaria especial. Se entenderán declaradas dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo respecto de cada período impositivo en el que deban imputarse, las rentas inicialmente no declaradas regularizadas a través de la declaración tributaria especial prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Disposición derogatoria única. 1. Quedan derogados los artículos 309, 627 y 628 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 2. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en esta Ley Orgánica. Disposición final primera. Adecuación de las causas de inelegibilidad Las causas de inelegibilidad contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General se adecuarán, mediante la oportuna modificación legislativa, a las derivadas de las infracciones que en materia de buen gobierno se incluyan, en su caso, en normas de rango legal. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado.» Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 27 de diciembre de 2012. JUAN CARLOS R El Presidente del Gobierno MARIANO RAJOY BREY

los arts. 309, 627 y 628, MODIFICA los arts. 31 bis, 305 a 308, 310 bis, 311 y 398, y AÑADE los arts. 305 bis, 307 bis, 307 ter y 433 bis a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. PREÁMBULO I El Código Penal, tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, tutela los valores y principios básicos de la convivencia social, y su contenido debe ser ajustado a los cambios y a las nuevas necesidades de la actual situación. El eje de los criterios que inspiran la presente reforma se corresponde con el reforzamiento de la transparencia de la actividad de la administración y del régimen de responsabilidad de partidos políticos y sindicatos, a los que se incluye dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas del que, hasta ahora, estaban excluidos; y, de otra, con la mejora de la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público, que se revela como un elemento imprescindible del conjunto de medidas adoptadas con motivo de la crisis económica, especialmente severa en el ámbito europeo, y más en concreto en el caso español, así como con la necesidad de acompañar las mismas de las reformas necesarias en los sectores o actividades económicas afectadas; actividades económicas en las que, por otro lado, existe una mayor percepción del fraude y que son precisamente donde deben adoptarse las reformas penales concretas. A tal efecto, en el ámbito penal se hace necesaria una profunda revisión de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, regulados en el Título XIV del Código Penal. Los objetivos de la reforma en el ámbito tributario son: la creación de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes de especial gravedad y que eleve la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo que a su vez determina que el plazo de prescripción de las infracciones más graves sea de diez años; posibilitar la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación; incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal; introducir mejoras técnicas en la regulación de las defraudaciones a la Hacienda y a los Presupuestos de la Unión Europea; evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su situación tributaria. También se prevén mecanismos para rebajar la pena para aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigación judicial. La reforma que se lleva a cabo en los delitos contra la Seguridad Social afecta al tipo básico para reducir la cuantía a partir de la cual la infracción es constitutiva de delito y facilitar las regularizaciones. Con un esquema semejante al utilizado para la regulación del delito fiscal, se introduce un tipo agravado que permite la persecución de tramas societarias tras las cuales se oculta el verdadero empresario para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores. Paralelamente, se introduce un tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante un tratamiento penal diferenciado de la obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los supuestos de fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social. También en este caso se prevé un tipo agravado con el que se hace frente a las nuevas formas de organización delictiva dedicadas a estas actividades o propiciatorias de las mismas, empresas ficticias creadas con el único fin de obtener prestaciones del Sistema. También se lleva a cabo una modificación de los delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el Título XV del Código Penal, para sancionar a quienes incumplen de forma grave la normativa laboral con conductas que además suponen una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, que sí sean cumplidores de sus obligaciones legales. Por último, dentro del conjunto de medidas propuestas para dotar de transparencia al sector público y fortalecer la confianza en las instituciones públicas, se establece un nuevo tipo penal para sancionar las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas. II En primer lugar, se modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se contenía en la excepción regulada en el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal. De este modo se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos. III En segundo lugar, se efectúan mejoras técnicas en la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública en el artículo 305 del Código Penal, que tienen por objeto facilitar la persecución de estos delitos y corregir algunas deficiencias advertidas en su aplicación. Una primera modificación ha consistido en configurar la regularización de la situación tributaria como el verdadero reverso del delito de manera que, con la regularización, resulte neutralizado no sólo el desvalor de la acc ### RESUMEN: Llega la reforma del código penal contra el fraude, tras su paso exprés por el Congreso.

Nombrada como presidenta de la nueva Oficina de Supervisión de la Contratación a María José Santiago Fernández.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 332.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a propuesta de la Ministra de Hacienda, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de julio de 2018, ha adoptado un Acuerdo por el que se nombra Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a doña María José Santiago Fernández. Para general conocimiento se procede a su publicación como anexo a la presente Resolución. Madrid, 10 de julio de 2018.–La Subsecretaría de Hacienda, Pilar Paneque Sosa. ANEXO Acuerdo por el que se nombra Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a doña María José Santiago Fernández. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 332.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a propuesta de la Ministra de Hacienda, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de julio de 2018, acuerda, Nombrar Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a doña María José Santiago Fernández.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 332.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a propuesta de la Ministra de Hacienda, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de julio de 2018, ha adoptado un Acuerdo por el que se nombra Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a doña María José Santiago Fernández. Para general conocimiento se procede a su publicación como anexo a la presente Resolución. Madrid, 10 de julio de 2018.–La Subsecretaría de Hacienda, Pilar Paneque Sosa. ANEXO Acuerdo por el que se nombra Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a doña María José Santiago Fernández. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 332.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a propuesta de la Ministra de Hacienda, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de julio de 2018, acuerda, Nombrar Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a doña María José Santiago Fernández. ### RESUMEN: Nombrada como presidenta de la nueva Oficina de Supervisión de la Contratación a María José Santiago Fernández.

Contrato para Correos para la prestación de los servicios postales generados en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. por importe total de 411.400,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Programación y Gestión Económico Financiera. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Programación y Gestión Económico Financiera. c) Número de expediente: 2012/01PA008. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación de los servicios postales generados en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64121100 (Servicios de distribución postal). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, BOE, DOUE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 28 de septiembre de 2012, BOE: 15 de noviembre de 2012, DOUE: 25 de septiembre de 2012 y DOUE: 10 de noviembre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 680.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 340.000,00 euros. Importe total: 411.400,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24 de enero de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2013. c) Contratista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 340.000,00 euros. Importe total: 411.400,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la puntuación total de las ofertas presentadas, que es el resultado de la suma de las puntuaciones de los criterios evaluables de forma automática que figuran en la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Informe de valoración, la Mesa de Contratación reunida con fecha 28 de septiembre de 2012, propone al órgano de contratación la adjudicación a la empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. Madrid, 6 de marzo de 2013.- Subdirectora General.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Programación y Gestión Económico Financiera. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Programación y Gestión Económico Financiera. c) Número de expediente: 2012/01PA008. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación de los servicios postales generados en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64121100 (Servicios de distribución postal). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, BOE, DOUE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 28 de septiembre de 2012, BOE: 15 de noviembre de 2012, DOUE: 25 de septiembre de 2012 y DOUE: 10 de noviembre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 680.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 340.000,00 euros. Importe total: 411.400,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24 de enero de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2013. c) Contratista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 340.000,00 euros. Importe total: 411.400,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Vista la puntuación total de las ofertas presentadas, que es el resultado de la suma de las puntuaciones de los criterios evaluables de forma automática que figuran en la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Informe de valoración, la Mesa de Contratación reunida con fecha 28 de septiembre de 2012, propone al órgano de contratación la adjudicación a la empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. Madrid, 6 de marzo de 2013.- Subdirectora General. ### RESUMEN: Contrato para Correos para la prestación de los servicios postales generados en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. por importe total de 411.400,00 euros.

El Tribunal Constitucional que tumba la amnistía fiscal.

en el Recurso 3856/2012 la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 1 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo ECLI:ES:TC:2017:73 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3856-2012, promovido por 105 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Ha comparecido el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El día 25 de junio de 2012 tuvo entrada en el registro general del Tribunal Constitucional un escrito de doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales y comisionada por 105 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, por el que interpone recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por posible vulneración de los artículos 86.1 y 31.1 CE. Consideran los diputados recurrentes que la disposición adicional impugnada vulnera los artículos 86.1 y 31.1 CE, al introducir una nueva figura, una declaración tributaria, mediante la que el contribuyente reconoce la titularidad de derechos procedentes de rentas no declaradas en períodos impositivos anteriores, instaurando un gravamen nuevo, de carácter temporal, naturaleza personal y directa, de sujeción voluntaria y alternativo a tres pilares básicos o estructurales de nuestro sistema tributario como son el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes. Basta con acudir a la doctrina constitucional (SSTC 182/1997, 132/2003 y 108/2004) para comprobar cómo a través de un decreto-ley no se puede afectar al deber de contribuir, lo que sucede cuando con la norma controvertida se provoca un cambio sustancial en la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario. Es lo que ocurriría en el caso de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, que sustituye los impuestos que gravan la renta por el pago de una prestación única del 10 por 100 del valor de los bienes o derechos declarados, con exclusión de intereses, recargos y multas. Con esa regularización fiscal, añaden los diputados recurrentes, no sólo se afecta directamente a la capacidad económica en un sistema tributario justo (art. 31.1 CE) sino que se establece ex novo un nuevo gravamen por decreto-ley, cuando, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, el deber constitucional de contribuir es uno de esos deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley. No se puede por decreto-ley establecer, crear o implantar un nuevo tributo ni determinar sus elementos esenciales, por lo que vulneraría el artículo 86.1 CE cualquier intervención normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, alterase sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario (SSTC 6/1983, 182/1997, 108/2004 y 189/2005). Queda claro, pues, que el decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo (STC 182/1997, FJ 6). Sin embargo, la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha desconocido los presupuestos constitucionales del artículo 86.1 CE y, por tanto, la reserva de ley, porque ha provocado un cambio sustancial en la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario. Por otra parte, para los diputados recurrentes la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 vulnera el principio de justicia tributaria recogido en el artículo 31.1 CE, al establecer la posibilidad de realizar un pago del 10 por 100 del importe de las rentas declaradas en sustitución de todas las obligaciones tributarias exigibles, con quiebra de los principios de generalidad (pues los que se acojan a la declaración especial quedan exonerados del deber de contribuir), de igualdad (pues ciudadanos en situaciones jurídicamente comparables son objeto de un trato diferente), de capacidad económica (por eximir de tributación a los contribuyentes de mayor capacidad económica) y de progresividad (al aplicarse un pago único del 10 por 100 con independencia de la cuantía de la renta declarada). Antes de entrar a analizar la vulneración de cada uno de los principios citados destacan los diputados recurrentes que la norma impugnada permite regularizar la situación tributaria en los impuestos sobre la renta (de personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes), que constituyen la piedra angular de nuestro sistema tributario, un elemento principal para configurar el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y una pieza esencial en el control del cumplimiento del principio de justicia tributaria. Este principio, aunque se proyecta sobre el sistema tributario en su conjunto, sin embargo tiene una gran relevancia en el impuesto sobre la renta, figura central del ordenamiento tributario. Para ilustrar su razonamiento, acuden los recurrentes a un ejemplo de la ocultación por una persona física residente en el ejercicio 2008 de un millón de euros y de las diferentes consecuencias tributarias que tendría según se regularice de una y otra manera: a) si el sujeto pasivo hubiera cumplido con su obligación en plazo, habría soportado un coste fiscal de 430.000 € (el 43 por 100); b) si se hubiese acogido a la declaración tributaria especial el coste fiscal habría sido de 100.000 € (el 10 por 100); c) si hubiese regularizado fuera de plazo antes de ser requerido por la Administración, habría tenido que abonar los 430.000 € más un 20 por 100 de recargo del artículo 27.2 de la Ley general tributaria (en adelante, LGT) y d) si hubiese sido objeto de una regularización administrativa, al coste de los 430.000 € habría que sumarle 70.874 € de intereses de demora y una sanción que oscilaría entre el 50 y el 150 por 100 de la cantidad dejada de ingresar, lo que le llevaría, en el mejor de los supuestos, a un coste de 715.874 €. Para los diputados recurrentes, el principio de generalidad tributaria constituye un mandato al legislador que le obliga a buscar la capacidad económica allá dónde se encuentre, impidiéndole establecer beneficios fiscales que no están suficientemente justificados en términos jurídicos. El principio de generalidad proscribe los privilegios, la exoneración de cargas fiscales sin fundamento desde el punto de vista constitucional (STC 96/2002, FJ 7). Es evidente, entonces, que el régimen de regularización previsto en la disposición adicional impugnada vulnera el principio de generalidad al eximir del pago del impuesto sobre la renta a un amplio colectivo de contribuyentes cuya nota característica es la de haber defraudado a la hacienda pública, al no existir ninguna justificación que lo legitime desde el punto de vista constitucional. Señalan a estos efectos que la exposición de motivos del Real Decreto-ley 12/2012 justifica la medida en el hecho de favorecer la regularización voluntaria de las obligaciones tributarias en línea con la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de las actuaciones de comprobación o, en su caso, con anterioridad a la presentación de la querella o denuncia. A juicio de los diputados recurrentes se trata de una justificación inapropiada, pues la regularización prevista no sólo exonera de la imposición de sanciones sino también de la tributar por las obligaciones pendientes, al sustituir esta obligación por un pago del 10 por 100 que no llega siquiera a cubrir la cantidad que correspondería abonar en concepto de recargos o intereses. En fin, es difícil encontrar un argumento jurídico con anclaje constitucional que permita justificar el reconocimiento de beneficios fiscales a los defraudadores. Por otra parte, con relación a la vulneración del principio de igualdad consideran los diputados recurrentes que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal (STC 76/1990), el principio de igualdad impone al legislador el deber de dispensar un mismo trato a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que desde el punto de vista de la finalidad de la norma carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha finalidad. Pues bien, a su juicio, la disposición adicional impugnada establece una clara desigualdad en materia tributaria al permitir a los contribuyentes que hubieran incumplido sus obligaciones tributarias poder regularizar su situación mediante el pago de un 10 por 100 del valor de los bienes o derechos declarados, eximiendo al defraudador de la obligación de pagar las cuotas dejadas de ingresar, los recargos por la regularización, los intereses devengados y las sanciones previstas para las infracciones cometidas. La diferencia de trato con quienes concurren al cumplimiento de sus obligaciones es evidente (que soportan, como regla general, una tributación aproximada al 43 por 100), careciendo, como se ha visto con anterioridad, de una justificación objetiva y razonable. Y la diferencia de trato con quienes regularizaban sus situaciones pasadas mediante la presentación de declaraciones extemporáneas (art. 27 LGT) también es patente pues no sólo abonan la cuota correspondiente sino que, además, soportan un recargo único del 5, 10 o 20 por 100, en función del momento de la presentación de la declaración, más los intereses de demora. En suma, el legislador establece un régimen mucho más beneficioso para el incumplidor de las normas tributarias que para el cumplidor, en flagrante vulneración del principio de igualdad, sin que exista una justificación objetiva y razonable que legitime ese trato dispar. 2. Por providencia de 16 de julio de 2012 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, dando traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes, con publicación de la incoación del proceso en el «Boletín Oficial del Estado» (lo que se llevó a efecto en el «BOE» núm. 176, de 24 de julio). 3. El día 20 de julio de 2012 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un escrito del Abogado del Estado por el que suplicaba que se le tuviese personado en el presente recurso, solicitando una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones por ocho días más. 4. Mediante providencia de 25 de julio de 2012 el Pleno del Tribunal acordó incorporar a las actuaciones el anterior escrito del Abogado del Estado y conceder la prórroga solicitada de ocho días, a contar desde el siguiente al de expiración del plazo ordinario. 5. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 27 de julio de 2012, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y de ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC, con remisión a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General. 6. El 5 de septiembre de 2012 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un escrito del Presidente del Senado por el que se comunicaba el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a efectos del artículo 88.1 LOTC. 7. El 21 de septiembre de 2012 se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, en el que se solicita la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. Antes de entrar a dar respuesta a las vulneraciones denunciadas precisa el contexto económico en el que se adoptaron las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 12/2012 y, en concreto, la previsión relativa a la declaración tributaria especial. A tal fin, tras señalar la justificación de la medida que contiene tanto en el preámbulo del Real Decreto-ley 12/2012 como la que deriva del posterior debate de convalidación, subraya la gravedad de una crisis económica que viene avalada por los informes anuales del Banco de España de 2008 a 2011, en los que incluso llega a afirmarse que la «economía mundial ha sufrido la perturbación más grave desde la Segunda Guerra Mundial», de manera que las medidas de política económica han evitado «una espiral catastrófica» y han conseguido «activar el inicio de la recuperación, aunque la herencia de lo sucedido tendrá repercusiones de envergadura en múltiples dimensiones» (informe de 2009). Para el Abogado del Estado, con estos antecedentes «la política fiscal se enfrenta al reto de implantar planes de consolidación presupuestaria que garanticen unas finanzas públicas saneadas», lo que aconseja «la implementación de planes de consolidación fiscal suficientemente ambiciosos». Además, los presupuestos generales del Estado para 2012 fijaban como objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones públicas el 5,8 por 100 del producto interior bruto (la recomendación de la Comisión Europea era del 5,3 por 100). En fin, para el Abogado del Estado, el Tribunal Constitucional tampoco ha sido ajeno a la gravedad de la crisis económica que atraviesa la «zona euro», como lo pone de manifiesto que se ha hecho eco de ella en diversas resoluciones (AATC 95/2011, de 21 de junio, FJ 5; 96/2011, de 21 de junio, FJ 5, y 147/2012, de 16 de julio, FJ 6), en las que se refiere a la necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público. Pasa a continuación el Abogado del Estado a analizar los precedentes del Real Decreto-ley 12/2012, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la experiencia de otros países de nuestro entorno. A tal fin, cita en primer lugar la regularización tributaria prevista en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a través del canje de pagarés del tesoro o emitidos por las diputaciones forales por activos de deuda pública especial, de manera que las rentas o patrimonios aflorados no tributaban, ni los rendimientos generados quedaban sometidos a imposición en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre sociedades. Subraya, a continuación, las emisiones de pagarés del tesoro fiscalmente opacos al amparo de la disposición adicional primera de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de régimen fiscal de determinados activos financieros. Añade, a renglón seguido, las recomendaciones de la OCDE sobre las estrategias encaminadas al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los defraudadores mediante programas especiales de declaración voluntaria (OCDE, 2000, «Improving Access to Bank Information for Tax Purposes»; y OCDE, 2010, «Offshore Voluntary Disclosure, Comparative Analysis, Guidance and Policy Advice»), como fórmula de aumentar los ingresos públicos por los Gobiernos en tiempos de crisis, como sucedió en Estados Unidos, con más de 14.700 contribuyentes, o en Alemania, con más de 20.000 contribuyentes (con una recaudación adicional para el Gobierno alemán en torno a los 4.000 millones de euros). Considera el Abogado del Estado que para que estas iniciativas tengan éxito es necesario proporcionar unos incentivos suficientes para que los contribuyentes que no cumplen se acojan a estos programas, pero sin que se produzca la sensación pública de que defraudar es rentable. Destaca el Abogado del Estado que, a la fecha del informe de la OCDE de 2010, un buen número de países habían acudido a procedimientos especiales de declaración voluntaria, con fuertes incentivos para que los defraudadores pudieran regularizar su situación incrementando de forma inmediata la recaudación. Así lo hizo Grecia, con un gravamen del 5 por 100 de las rentas no declaradas repatriadas y un 8 por 100 para las no repatriadas; México, con un tipo del 4 por 100 para las rentas declaradas por personas físicas y del 7 por 100 para las declaradas por personas jurídicas; Portugal, con un tipo único del 5 por 100 para las rentas afloradas; Turquía, con un tipo que oscilaba entre el 2 y el 5 por 100; Argentina, con tipos del 1, 3, 6 y 8 por 100, dependiendo del destino de las rentas afloradas; Italia, con un tipo del 5 por 100 y, en fin, Alemania, con un tipo del 25 por 100. Hechas las precisiones anteriores, pasa el Abogado del Estado a analizar la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, señalando que ni crea un tributo nuevo, ni aborda la reforma de ningún tributo existente, sino que, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, se limita a introducir un procedimiento especial de regularización de rentas no declaradas, delimitando el ámbito subjetivo, objetivo y temporal del procedimiento, así como el coste tributario de la regularización. Afecta pues a los bienes y derechos ostentados hasta el 31 de diciembre de 2010, esto es, hasta antes del último período cuyo plazo de declaración hubiera concluido antes del 30 de marzo de 2012 en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de no residentes (con establecimiento permanente); en el caso de contribuyentes en el impuesto sobre la renta de no residentes sin establecimiento permanente hay que estar a cada tipo de renta. No afecta, por el contrario, al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto sobre sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados ni al impuesto sobre el valor añadido. Para el Abogado del Estado, la disposición adicional impugnada no infringe los límites materiales que para el decreto-ley recoge el artículo 86.1 CE. En efecto, tras repasar la doctrina de este Tribunal (SSTC 111/1983, 182/1997, 137/2003 y 189/2005), concluye que se afecta al deber de contribuir cuando se han modificado las tarifas o el régimen de los incrementos de patrimonio en el IRPF, al constituir uno de los pilares del sistema tributario y una alteración importante de sus elementos esenciales modifica sustancialmente la carga tributaria que soportan los contribuyentes (SSTC 182/197 y 189/2005) y, sin embargo, no se afecta al deber de contribuir cuando se reduce el tipo de gravamen del impuesto especial sobre determinados medios de transporte o se elevan los tipos del impuesto sobre el alcohol y las bebidas derivadas, o se reduce la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, por tratarse todos ellos de impuestos que no se configuran como un tributo general sobre la renta o sobre el consumo (SSTC 137/2003, 108/2004 y 189/2005). En todo caso, no toda modificación en la regulación del IRPF por decreto-ley resulta inconstitucional (STC 189/2005, FJ 8). A juicio del Abogado del Estado, ni cualitativa ni cuantitativamente puede apreciarse que la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 afecte al deber de contribuir en términos prohibidos por el artículo 86.1 CE. Y no lo hace porque no modifica el régimen de ningún impuesto central de nuestro sistema tributario, al limitarse a prever un procedimiento excepcional de regularización que afecta a un número reducido de contribuyentes pues, comparándolo con los datos disponibles de otros países, resulta que solo viene a suponer el 0,01 por 100 del total por el IRPF (19.257.120 contribuyentes en 2010), por el impuesto sobre sociedades (1.416.845 contribuyentes en 2010) y por el impuesto sobre la renta de no residentes (3.862 contribuyentes en 2010). Con relación a la vulneración de los principios del artículo 31.1 CE, insiste el Abogado del Estado en que nos encontramos ante una situación de verdadera excepción presupuestaria y fiscal, razón por la cual, y como señaló la STC 96/2002, FJ 7, la exención o la bonificación, como quiebra del principio de generalidad, sólo será constitucionalmente válida cuando responda a fines de interés general que la justifiquen (por ejemplo, por motivos de política económica). Pues bien, resulta de una importancia capital la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135 CE, vinculando a todas las Administraciones públicas en su consecución, para reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país (ATC 160/2011, de 22 de noviembre). Dentro de este complicado marco económico-presupuestario, la disposición adicional impugnada incorpora una medida excepcional en línea con las recomendaciones internacionales y que aplican la mayoría de los países de nuestro entorno y que responde a una finalidad constitucionalmente consagrada por el artículo 135 CE, que no es otra que cumplir con la senda de la consolidación del déficit público pactada con la Unión Europea. Respecto de la vulneración del principio de generalidad, señala el Abogado del Estado que el Tribunal Constitucional ha establecido que no caben excepciones al deber de contribuir o privilegios tributarios, salvo que existan fines de interés general que las justifiquen (STC 96/2002). La disposición impugnada persigue el gravamen, primero excepcional al 10 por 100, y luego ordinario en los siguientes ejercicios, de rentas que, hasta ese momento, no tributaban. Con relación a la vulneración del principio de capacidad económica, señala el Abogado del Estado que el Tribunal Constitucional relaciona este principio no con cualquier figura tributaria sino con el conjunto del sistema tributario (SSTC 182/1997 y 137/2003), operando como un criterio inspirador del sistema que no tienen por qué respetar todas las prestaciones tributarias sino únicamente las que por su entidad cualitativa o cuantitativa constituyen pilares estructurales. Es la STC 276/2000 la que establece el principio de capacidad económica como fundamento de la imposición impidiendo que la prestación tributaria se pueda hacer depender de situaciones no expresivas de capacidad económica, por lo que si el tributo debe gravar una manifestación de capacidad económica, no vulnera esta dimensión el hecho de que el legislador en un tributo grave más a quien menor capacidad económica manifiesta. En fin, con referencia a la vulneración del principio de igualdad, precisa el Abogado del Estado que lo importante es que la norma haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas (STC 181/2000, FJ 10) que sean objetivamente comparables (SSTC 148/1986, FJ 6; 29/1987, FJ 5, y 1/2001, FJ 3), sin una justificación que las legitime (una finalidad no contradictoria con la Constitución) o con unas consecuencias desproporcionadas (STC 75/1983, FJ 2). Para el Abogado del Estado no son comparables las situaciones de quienes presentan la declaración especial, quienes cumplen temporáneamente sus obligaciones tributarias y quienes sin haberlas cumplido, no acuden a la declaración especial y presentan una declaración extemporánea al amparo del artículo 27 LGT. Se trata, simplemente, de una sucesión de normas que no está constitucionalmente proscrita, respecto de la que el principio de igualdad no puede impedir la evolución del Derecho. Además, la Constitución no obliga a dispensar el mismo trato a quienes se encuentran en una situación ilegal, por no haber declarado sus rendimientos tributarios en plazo, pero que desean regularizar su situación. El legislador puede decidir, en un momento determinado y con una vigencia temporal, introducir junto con el procedimiento ordinario de regularización otro excepcional sin que padezca el principio de igualdad. La única comparación relevante sería, entonces, la del contribuyente cumplidor con la del que ha ocultado sus rentas y se acoge a la declaración especial, respecto de la que existe una razón del trato desigual: el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del artículo 135 CE, dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Para el Abogado del Estado, si el coste de la regularización fuese alto, pocos defraudadores se acogerían al mismo, razón por la cual, sólo con un coste bajo se consigue el objetivo perseguido, lo que supone que debe admitirse un cierto sacrificio de los principios tributarios del artículo 31.1 CE, singularmente el de igualdad, en atención a otros principios constitucionalmente relevantes, como es el de estabilidad presupuestaria del artículo 135 CE. 8. Mediante providencia de 6 de junio de 2017 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad lo constituye la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por presunta vulneración de los artículos 86.1 y 31.1 CE. En dicha disposición adicional, bajo el título de «Declaración tributaria especial», se habilita a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes «que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos», a presentar una declaración «con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición» (apartado primero). A dicha declaración se acompañará el ingreso de «la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento», sin que sean exigibles «sanciones, intereses ni recargos» (apartado segundo) y teniendo el importe declarado por el contribuyente «la consideración de renta declarada» (apartado tercero). El plazo «para la presentación de las declaraciones y su ingreso finalizará el 30 de noviembre de 2012» (apartado quinto), no siendo posible acogerse a lo previsto en esta disposición «en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos» (apartado cuarto). Posteriormente, la disposición final tercera del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, expresamente mencionada en el escrito del recurso, añadió dos nuevos apartados, sexto y séptimo, a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. Ese nuevo apartado sexto precisa que cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no residiese en territorio español y no coincidiese con el titular real, se podría considerar titular a este último siempre que llegase a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013. Por su parte, el apartado séptimo concreta que el valor de adquisición de los bienes y derechos objeto de la declaración especial será válido a efectos fiscales, en relación con el IRPF, con el impuesto sobre sociedades y con el impuesto sobre la renta de no residentes, «a partir de la fecha de presentación de la declaración y realización del ingreso correspondiente». Además, incluye una serie de reglas relativas al cómputo de las pérdidas patrimoniales derivadas de futuras transmisiones, al cómputo de las pérdidas por deterioro o correcciones de valor correspondientes a los bienes y derechos objeto de la declaración especial, al cómputo de las pérdidas derivadas de la transmisión de tales bienes y derechos cuando el adquirente sea una persona o entidad vinculada, y, en fin, a la determinación del valor de los bienes o derechos cuya titularidad se corresponda parcialmente con rentas declaradas. El Real Decreto-ley 19/2012 fue convalidado por resolución del Congreso de los Diputados de 14 de junio de 2012 («BOE» núm. 148, de 21 de junio) y tramitado posteriormente como proyecto de ley, dando lugar a la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes del comercio y de determinados servicios, cuya disposición final tercera vuelve a añadir los apartados sexto y séptimo a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, con un contenido similar al previsto en el Real Decreto-ley 19/2012. Conforme a lo que antecede, debe precisarse que el objeto del presente proceso constitucional se contrae exclusivamente a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, en su redacción originaria (apartados primero a quinto). Ni la modificación operada sobre la citada disposición por el Real Decreto-ley 19/2012, ni la efectuada posteriormente por la Ley 12/2012, han afectado al objeto del proceso, no ya por no tener ninguna incidencia real sobre este, al haber permanecido incólume el contenido de la disposición impugnada en su redacción originaria, sino porque, en cualquier caso, lo que está en juego es velar por el recto ejercicio de la potestad de dictar decretos-leyes dentro del marco constitucional, decidiendo la validez o invalidez de las normas impugnadas, sin atender a su vigencia o derogación en el momento en que se pronuncia el fallo (por todas, SSTC 170/2012, de 4 de octubre, FJ 3; 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 2, y 211/2015, de 8 de octubre, FJ 2). 2. Cuando la Constitución autoriza el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público no lo hace de cualquier manera, sino «con arreglo a la ley» (art. 31.3 CE). Con esta previsión, el texto constitucional está consagrando el principio de reserva de ley, de manera que cualquier prestación patrimonial de carácter público, de naturaleza tributaria o no, debe fijarse por la propia ley o con arreglo a lo dispuesto en la misma; reserva de ley que, como este Tribunal ha señalado en varias ocasiones, tiene como uno de sus fundamentos el de «garantizar que las prestaciones que los particulares satisfacen a los entes públicos sean previamente consentidas por sus representantes», configurándose de este modo como «una garantía de autoimposición de la comunidad sobre sí misma y, en última instancia, como una garantía de la libertad patrimonial y personal del ciudadano» (SSTC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 3; 233/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 7, 9 y 10; 3/2003, de 16 de enero, FJ 4, y 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 11). Este Tribunal ha afirmado que «de la misma manera que la Constitución ha sometido al imperio de la ley, con carácter general, el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público, cuando tienen naturaleza tributaria, ha condicionado los instrumentos normativos a través de los cuales se puede cumplir con aquella reserva, pues no sólo limita el uso del decreto-ley a aquellos supuestos en los que no se afecte a los deberes de los ciudadanos regulados en el título I (art. 86.1 CE) y, concretamente, al deber de contribuir de todos al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE), sino que impide la utilización de la Ley de presupuestos como instrumento a través del cual ‘crear tributos’ (art. 134.7 CE) y excluye la materia tributaria de la iniciativa popular (art. 87.3 CE)» (SSTC 83/2014, de 29 de mayo, FJ 3; 44/2015, de 5 de marzo, FJ 5, y 139/2016, de 21 de julio, FJ 6). Ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional, en principio, para que a través de un decreto-ley se puedan establecer, modificar o derogar, prestaciones patrimoniales de carácter público, siempre que concurra una situación de extraordinaria urgencia que justifique el uso de este instrumento normativo y que, a través de él, no se afecte al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el artículo 31.1 CE (entre otras, SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8; 60/1986, de 20 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 18 de octubre, FJ 6; 189/2005, de 7 de julio, FJ 7, y 139/2016, FJ 6). De este modo, cuando el artículo 86.1 CE excluye del ámbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el título I de la Constitución, únicamente está impidiendo aquellas intervenciones o innovaciones normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de forma relevante o sustancial, al deber constitucional de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). En efecto, del hecho de que el establecimiento de prestaciones patrimoniales «de carácter público» esté sujeto al principio de reserva de ley (art. 31.3 CE) «no se deriva necesariamente que la citada materia se encuentre excluida del ámbito de regulación del decreto-ley, que podrá penetrar en la misma siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no ‘afecte’ en el sentido constitucional del término, a las materias excluidas» (SSTC 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 83/2014, FJ 5; y en sentido similar, SSTC 182/1997, FJ 8; 137/2003, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 9). Es decir, «el hecho de que una materia esté reservada a la ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo ipso la regulación extraordinaria y provisional de la misma mediante decreto-ley» (SSTC 60/1986, FJ 2; 182/1997, FJ 8; 100/2012, FJ 9, 35/2017, de 1 de marzo, FJ 5). A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, es «al examen de si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución»; lo que exigirá «tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo»; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, «en qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5). 3. Realizadas las precisiones que anteceden estamos ya en disposición de examinar, en primer lugar, si la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 «afecta», en el sentido constitucional del término, al deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). A tal fin es preciso analizar, como hemos señalado anteriormente, tres extremos: a) en qué tributo concreto ha incidido el decreto-ley, constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica; b) qué elementos del mismo han resultado alterados por este excepcional modo de producción normativa; c) cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate. a) El primer elemento a analizar es el tributo en el que ha incidido la disposición impugnada, indagando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario. Sobre este particular resulta que quienes pueden acogerse a la regularización prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 son los contribuyentes del IRPF, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes «que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos» (apartado primero). Es decir, la medida controvertida va destinada a quienes han dejado de cumplir con la obligación de tributar por los impuestos personales y directos que gravan la renta de las personas físicas o jurídicas, residentes o no en territorio español. A estos se les ofrece la posibilidad de regularizar voluntariamente cualesquiera rentas que eventualmente hubieran podido dejar de declarar en alguno de esos impuestos. Además, acudiendo a los datos oficiales sobre los ingresos tributarios del año 2010 (informe anual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria), resulta que del total de ingresos tributarios (159.536 millones de euros) el IRPF representó el 41,98 por 100, el impuesto sobre sociedades el 10,15 por 100, y el impuesto sobre la renta de no residentes el 1,61 por 100. Los datos anteriores permiten confirmar que, como ha recordado este Tribunal en su STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3, con cita de doctrina precedente (SSTC 134/1996, de 22 de julio, FJ 6; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 9; 46/2000, de 14 de febrero, FJ 6; 137/2003, de 3 de julio, FJ 7, y 189/2005, de 7 de julio, FJ 8, entre otras), el IRPF se erige en uno de «los pilares estructurales» o una de «las piezas básicas» del sistema tributario español; a través de este impuesto «se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad, lo que lo convierte en una figura impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de justicia tributaria que impone el artículo 31.1 CE», así como «los objetivos de redistribución de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE)». Esto supone que cualquier alteración sustancial en la configuración de los elementos esenciales del IRPF podría alterar el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de las personas físicas que manifiesten una capacidad económica susceptible de gravamen. Por otra parte, al impuesto sobre sociedades se le puede considerar, junto con el IRPF, como otra de las piezas básicas del sistema tributario y, concretamente, de la imposición directa en España. Se trata de otro tributo global sobre la renta, aunque en este caso de las personas jurídicas, que, con su integración con el IRPF, complementa el gravamen de uno los de índices de capacidad económica más importantes: la renta. De esta manera, sirve también al objetivo de personalizar el reparto de la carga fiscal según los criterios de capacidad económica y de igualdad, coadyuvando al cumplimiento de los principios de justicia tributaria y los objetivos de redistribución de la renta. Por tanto, la alteración sustancial de sus elementos esenciales podría afectar también al modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de las personas jurídicas que pongan de manifiesto una capacidad económica gravable. En fin, aunque no puede afirmarse lo mismo del impuesto sobre la renta de no residentes, aisladamente considerado, lo cierto es que este tributo es un apéndice inseparable del IRPF y del impuesto sobre sociedades (de los que constituía parte formalmente hasta 1998); su conjunción sirve para culminar la personalización del reparto de la carga fiscal y, en su efecto, al cumplimiento de los principios de justicia tributaria y de los objetivos de redistribución de la renta. En consecuencia, si bien su concreta alteración no tiene virtualidad suficiente para alterar el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, no cabe duda de que la alteración conjunta entre los tres impuestos del gravamen que soportan la generalidad de las personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes, podría afectar al modo de reparto de dicha carga. b) El segundo aspecto a valorar son los elementos del tributo que han resultado alterados por la disposición adicional impugnada. En este sentido, quienes se acojan a la regularización prevista en la citada disposición, declarando el valor de bienes o derechos «que no se correspondan con las rentas declaradas» (apartado primero), ingresarán «la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos … el porcentaje del 10 por 100», sin que sean exigibles «sanciones, intereses ni recargos» (apartado segundo). La norma impugnada no crea una figura tributaria nueva (el carácter voluntario de la regularización no se compadece con la coactividad característica de las prestaciones patrimoniales de naturaleza tributaria), limitándose a establecer una forma excepcional de regularización de las deudas tributarias pendientes, devengadas y no declaradas, en el ámbito del IRPF, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes. Para ello dispone una forma especial de cuantificación de las rentas no declaradas (en función del importe o valor de adquisición de los bienes o derechos de los que sea titular que no se correspondan con las rentas en su momento declaradas), sometiéndolas a un tipo de gravamen específico (el 10 por 100). Su pago, a modo de cuota de aquellos tributos, sustituye y extingue las obligaciones tributarias pendientes por estos impuestos, en todos sus eventuales componentes, al excluir la exigencia de intereses de demora por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributaria, de los recargos por la presentación extemporánea de declaraciones con ingreso y, en fin, de las sanciones, administrativas o penales, que eventualmente pudieran proceder por las infracciones en las que se hubiera podido incurrir. De esta manera, con una y otra medida (limitación de la responsabilidad tributaria principal y exclusión de las responsabilidades accesorias) se procede a una condonación parcial de la obligación tributaria principal y a una condonación total de las consecuencias accesorias. c) El tercer aspecto que debemos considerar se refiere tanto a la naturaleza como al alcance de la concreta regulación de que se trate. La disposición adicional impugnada permite a los contribuyentes del IRPF, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, «que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos», presentar una declaración «con el objeto de regularizar su situación tributaria» (apartado primero), con un «porcentaje del 10 por ciento» y sin «sanciones, intereses ni recargos» (apartado segundo). Dicha regularización solo podía llevarse a efecto hasta «el 30 de noviembre de 2012» (apartado quinto) y únicamente podía ir destinada a la regularización de los bienes o derechos de los que se fuera titular «con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición» (apartado primero); con carácter general, de los que se era titular hasta el 31 de diciembre de 2010 (dejando de lado las posibles salvedades en relación con el impuesto sobre sociedades y con el impuesto sobre la renta de no residentes), pues la norma tuvo su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 78, de 31 de marzo (de conformidad con la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 12/2012). No podían ser objeto de aquella regularización, sin embargo, los impuestos y períodos impositivos que, al momento de presentar la declaración, ya estuvieran siendo objeto de «procedimientos de comprobación o investigación» notificados al contribuyente (apartado cuarto). Por último, la presentación de la declaración especial con el pago del tipo reducido implicaba atribuir a las cantidades objeto de regularización «la consideración de renta declarada» (apartado tercero). Conforme a lo que antecede, la disposición impugnada anuda tres importantes efectos a la regularización, respecto de las rentas que habían sido sustraídas al deber de contribuir por el IRPF, por el impuesto sobre sociedades o por el impuesto sobre la renta de no residentes. Permite la regularización, a un tipo reducido, de esas rentas. Excluye la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria. Convierte esas cantidades, por las que se haya tributado en la regularización, en renta declarada a todos los efectos. 4. Una vez analizados los tributos en los que ha incidido la previsión normativa incorporada a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, los elementos en los que ha incidido, así como la naturaleza y alcance de la concreta regulación, podemos concluir que la regularización en ella prevista se dirige a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos. Como vimos, el IRPF y, en su integración con él, el impuesto sobre sociedades (con el complemento, uno y otro, del impuesto sobre la renta de no residentes), constituyen los pilares estructurales del sistema tributario a través de los cuales se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Esto los convierte en figuras impositivas primordiales para conseguir que el sistema tributario atienda tanto a la justicia tributaria, que exige el artículo 31.1 CE, como a los objetivos de redistribución de la renta y de solidaridad, que imponen los artículos 131.1 y 138.1 CE. Junto con la anterior incidencia debemos señalar, además, que la disposición impugnada ha afectado sustancialmente a la determinación de la deuda tributaria pendiente de los tributos afectados, en todos sus eventuales componentes (cuota tributaria, intereses de demora, recargos y sanciones); permite la regularización a un tipo reducido, con exclusión de toda responsabilidad accesoria, tanto por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributaria como por la comisión de las eventuales infracciones, administrativas o penales, en las que se hubiese podido incurrir hasta el momento de la regularización. Con ello, el efecto que ha producido en quienes se han acogido a la regularización es, como hemos advertido anteriormente, la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización. En la citada STC 189/2005, FJ 8, consideramos que las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, en el régimen tributario de los incrementos y disminuciones patrimoniales en el IRPF, habían afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE; se había alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes. No podemos ahora llegar a una conclusión distinta; la previsión contenida en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas –aunque ocultadas a la hacienda pública– por un gravamen único del 10 por 100, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales). Debe concluirse, en suma, que con esta medida normativa se ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el artículo 86.1 CE. 5. Antes de proceder a concretar los efectos que derivan de las consideraciones efectuadas en el fundamento jurídico anterior, es preciso aún dar respuesta a algunas de las alegaciones que realiza el Abogado del Estado. Debe advertirse que todas ellas se dirigen a intentar justificar la legitimidad de la medida impugnada, cuando lo que está en juego en el presente proceso es, como se ha dicho, la afectación por el decreto-ley impugnado del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. a) La gravedad de la crisis económica y, en consecuencia, la necesidad de ajustar el déficit público para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 CE, podría justificar la aprobación de medidas dirigidas al aumento de los ingresos o a la reducción de los gastos públicos; siempre, como el propio Abogado del Estado reconoce, dentro de los límites y con respeto a las exigencias que la Constitución impone. El hecho de que la medida cuestionada pudiera contar, en un momento dado, con una justificación que la legitimase, sería un requisito necesario pero en ningún caso suficiente, desde el plano constitucional, cuando se introduce mediante el uso de un instrumento normativo a través del cual no se puede afectar al cumplimiento de un deber de los previstos en el título I de la Constitución, como lo es el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). b) Las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dirigidas a promover procedimientos especiales de declaración voluntaria por parte de quienes han incumplido su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado con el objetivo de aumentar los ingresos públicos por los gobiernos en tiempos de crisis, tampoco servirían para legitimar la forma en la que se ha adoptado la medida impugnada. Concretamente, mediante el uso de un instrumento normativo que debe respetar, en todo caso, tanto las limitaciones impuestas a su contenido por el artículo 86.1 CE, como «los límites al ejercicio del poder tributario que se derivan de los principios constitucionales contenidos en el artículo 31.1 CE», de modo que, cualesquiera que sean los fines que guíen al legislador «en todo caso deben respetarse los principios establecidos en el artículo 31.1 CE», en orden a conseguir un sistema tributario justo (STC 19/2012, FJ 4). c) Ni las experiencias de otros países sobre la posibilidad de establecer regularizaciones voluntarias de cantidades defraudadas, ni el establecimiento en nuestro país de otro tipo de regularizaciones (como, por ejemplo, la prevista en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, mediante el canje de activos financieros), servirían per se como un título habilitante de cualesquiera clase de regularizaciones; debe insistirse en que unas y otras deben respetar, en todo caso, los límites y exigencias que la Constitución impone, tanto formales (art. 86.1 CE) como materiales (art. 31.1 CE). d) Tampoco cabe admitir, en contra de lo señalado en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 12/2012, que nos encontremos ante una situación similar a la de la exoneración de responsabilidad penal frente a regularizaciones tributarias voluntarias realizadas antes del inicio de actuaciones de comprobación tributaria o de que se interponga la pertinente denuncia o querella (apartado VII). En este tipo de regularizaciones lo que se excluye son las consecuencias punitivas derivadas del incumplimiento de las obligaciones tributarias, pero no se exonera del cumplimiento de la obligación del pago de la deuda tributaria pendiente al momento de la regularización. El sistema previsto en la disposición adicional controvertida no se limita a excluir las consecuencias accesorias de la responsabilidad tributaria, esto es, los intereses de demora devengados por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributarias, las eventuales sanciones derivadas de los incumplimientos cometidos o, en su caso, los recargos debidos por el cumplimiento voluntario tardío; excluye también, de forma muy importante, la propia responsabilidad tributaria generada y pendiente de cumplimiento. En suma, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular. 6. En conclusión, la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el artículo 86.1 CE; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional. Por lo demás, esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, por contradecir el artículo 86.1 CE, hace innecesario entrar a conocer de la lesión de los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31.1 CE, alegada también por los diputados recurrentes En último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, deben declararse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE (por todas, STC 189/2005, FJ 9). FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 3856-2012 y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 6 de esta Sentencia. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a ocho de junio de dos mil diecisiete.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.

en el Recurso 3856/2012 la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 1 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo ECLI:ES:TC:2017:73 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3856-2012, promovido por 105 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Ha comparecido el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El día 25 de junio de 2012 tuvo entrada en el registro general del Tribunal Constitucional un escrito de doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales y comisionada por 105 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, por el que interpone recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por posible vulneración de los artículos 86.1 y 31.1 CE. Consideran los diputados recurrentes que la disposición adicional impugnada vulnera los artículos 86.1 y 31.1 CE, al introducir una nueva figura, una declaración tributaria, mediante la que el contribuyente reconoce la titularidad de derechos procedentes de rentas no declaradas en períodos impositivos anteriores, instaurando un gravamen nuevo, de carácter temporal, naturaleza personal y directa, de sujeción voluntaria y alternativo a tres pilares básicos o estructurales de nuestro sistema tributario como son el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes. Basta con acudir a la doctrina constitucional (SSTC 182/1997, 132/2003 y 108/2004) para comprobar cómo a través de un decreto-ley no se puede afectar al deber de contribuir, lo que sucede cuando con la norma controvertida se provoca un cambio sustancial en la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario. Es lo que ocurriría en el caso de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, que sustituye los impuestos que gravan la renta por el pago de una prestación única del 10 por 100 del valor de los bienes o derechos declarados, con exclusión de intereses, recargos y multas. Con esa regularización fiscal, añaden los diputados recurrentes, no sólo se afecta directamente a la capacidad económica en un sistema tributario justo (art. 31.1 CE) sino que se establece ex novo un nuevo gravamen por decreto-ley, cuando, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, el deber constitucional de contribuir es uno de esos deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley. No se puede por decreto-ley establecer, crear o implantar un nuevo tributo ni determinar sus elementos esenciales, por lo que vulneraría el artículo 86.1 CE cualquier intervención normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, alterase sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario (SSTC 6/1983, 182/1997, 108/2004 y 189/2005). Queda claro, pues, que el decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo (STC 182/1997, FJ 6). Sin embargo, la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha desconocido los presupuestos constitucionales del artículo 86.1 CE y, por tanto, la reserva de ley, porque ha provocado un cambio sustancial en la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario. Por otra parte, para los diputados recurrentes la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 vulnera el principio de justicia tributaria recogido en el artículo 31.1 CE, al establecer la posibilidad de realizar un pago del 10 por 100 del importe de las rentas declaradas en sustitución de todas las obligaciones tributarias exigibles, con quiebra de los principios de generalidad (pues los que se acojan a la declaración especial quedan exonerados del deber de contribuir), de igualdad (pues ciudadanos en situaciones jurídicamente comparables son objeto de un trato diferente), de capacidad económica (por eximir de tributación a los contribuyentes de mayor capacidad económica) y de progresividad (al aplicarse un pago único del 10 por 100 con independencia de la cuantía de la renta declarada). Antes de entrar a analizar la vulneración de cada uno de los principios citados destacan los diputados recurrentes que la norma impugnada permite regularizar la situación tributaria en los impuestos sobre la renta (de personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes), que constituyen la piedra angular de nuestro sistema tributario, un elemento principal para configurar el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y una pieza esencial en el control del cumplimiento del principio de justicia tributaria. Este principio, aunque se proyecta sobre el sistema tributario en su conjunto, sin embargo tiene una gran relevancia en el impuesto sobre la renta, figura central del ordenamiento tributario. Para ilustrar su razonamient ### RESUMEN: El Tribunal Constitucional que tumba la amnistía fiscal.

El convenio colectivo de CCOO

el art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo el Convenio publicado por Resolución de 26 de abril de 2012 , y se publica revisión salarial, por Resolución de 6 de abril de 2018 , y se publica revisión salarial, por Resolución de 14 de junio de 2017 Visto el texto del Convenio colectivo del personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (código de convenio n.º: 90100762012012) que fue suscrito, con fecha 19 de octubre de 2015, de una parte, por los designados por dicha Comisión en su representación, y de otra, por el Comité de empresa y Delegado de personal en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 28 de diciembre de 2015. El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL ASALARIADO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente convenio será de aplicación al personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con n.º CIF: G-28496131 cuyos centros de trabajo se ubican en Madrid y Albacete. No será de aplicación en las organizaciones afiliadas y confederadas con personalidad jurídica distinta de ésta, quedando también excluido de su aplicación el personal sindicalista. Artículo 2. Vigencia. El presente convenio entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará su vigencia el 31 de diciembre de 2018. No obstante lo anterior, surtirá efecto desde el día 1 de enero de 2015 salvo para aquellas materias en que explícitamente se indique fecha distinta. Artículo 3. Prórroga, denuncia y revisión. El presente convenio se entenderá prorrogado por periodos anuales si ninguna de las partes firmantes ha procedido a su denuncia a la finalización del periodo de vigencia establecido en el artículo anterior. Dicha denuncia deberá hacerse por escrito con acuse de recibo fehaciente y notificándose a la otra parte como mínimo dos meses antes de la finalización del mismo. En el supuesto de denuncia por cualquiera de las partes el convenio quedará prorrogado hasta que sea sustituido por otro. Artículo 4. Normativa aplicable y supletoria. En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas de derecho laboral. CAPÍTULO II Retribuciones Artículo 5. Criterios para la determinación de las retribuciones económicas y clausula de revisión. Atendiendo a las circunstancias derivadas de la situación económica y el mantenimiento del empleo, de forma excepcional, durante el año 2015 se percibirán las mismas retribuciones económicas y derechos sociales que estaban vigentes a fecha 31 de diciembre de 2014 y que se regulan en los artículos 5, 6, 7, 8, 23, 26 y 27 y en el Anexo I. En los sucesivos años de vigencia se iniciará, en el mes de enero, las negociaciones de las retribuciones económicas, que tendrán en cuenta el esfuerzo realizado en años anteriores. Se garantizará la inclusión de una cláusula de revisión salarial pactada, referenciada al IPC. Artículo 6. Pagas extraordinarias. 1. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a percibir tres pagas extraordinarias al año. Dos pagas se abonarán, respectivamente, en la segunda quincena de los meses de junio y diciembre de cada año. 2. La tercera paga extraordinaria se abonará en el mes de marzo de cada año, por un importe equivalente al 1 % del salario base más antigüedad del año anterior. El periodo de devengo de esta paga extraordinaria es el correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores a marzo. Artículo 7. Antigüedad. 1. Los trabajadores y trabajadoras asalariados al servicio de la CEC de CCOO incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio percibirán como complemento personal de antigüedad un trienio por cada tres años de servicios, con un límite máximo de cinco trienios. 2. La cuantía de este complemento en el año 2015 es de 39,54 euros mensuales por cada trienio para todas las categorías. 3. Se abonará en las doce mensualidades y en las pagas extraordinarias. 4. Este complemento no será compensable ni absorbible. 5. El cómputo del complemento de antigüedad se inicia a partir del momento de la contratación, devengándose cada trienio en el mes en que se cumpla. Artículo 8. Plus transporte. 1. Dicho concepto se retribuirá exclusivamente por día efectivo de trabajo, no incluyéndose, por tanto, en las gratificaciones extraordinarias, en el complemento por IT, etc. El elemento para comprobar que ha sido un día efectivo de trabajo es el medio de control de entrada o fichaje al centro de trabajo, es decir, el control de fichaje en el reloj o firma en hoja al efecto y las solicitudes diarias de trabajo exterior de la aplicación SIC. 2. El importe por dicho concepto está en función del domicilio del trabajador/a y asciende a las siguientes cantidades: 2.1 Si el domicilio está en Madrid capital: 2,12 euros/día año 2015. 2.2 Si el domicilio está fuera de Madrid capital: 2,26 euros/día año 2015. 3. Con el fin de contribuir a una movilidad sostenible, como parte relevante de la responsabilidad social corporativa de la organización, la CEC se compromete a la realización de un estudio sobre el conjunto de procesos y acciones orientados a conseguir como objetivo final un uso racional de los medios de transporte compartido, el transporte público y el uso de los vehículos no motorizados. Promoviendo en todo momento la participación de la RLT, consensuando y acordando con la misma el plan de movilidad aplicable a los trabajadores y trabajadoras de la Confederación Sindical. El fin que debe presidir el trabajo para un plan de movilidad es incentivar el uso del transporte público colectivo, intentar disuadir del uso del vehículo a motor individual y que entre los trabajadores y trabajadoras, así como entre la dirección, exista el compromiso por el uso de medios de desplazamiento sostenible y menos contaminante. 4. Hasta que el plan de movilidad esté finalizado, sea acordado y se aplique, se pagará el plus de transporte según el punto 2 de este articulo. Dicho Acuerdo tendrá carácter normativo y sustituirá el punto dos de este artículo. El mencionado estudio y acuerdo se llevará a cabo en un plazo no superior a seis meses desde la firma del convenio. Artículo 9. Complemento funcional de puesto de trabajo. 1. La percepción del complemento funcional de puesto de trabajo depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto de trabajo, por lo que no tendrá carácter consolidable. 2. La cuantía de dicho complemento no podrá superar el 10 % de la retribución correspondiente al nivel I. 3. Dicho complemento sólo será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras con categoría y nivel de retribución salarial correspondiente al nivel I de la tabla recogida en el anexo I del presente convenio. CAPÍTULO III Jornada, horario, calendario Artículo 10. Jornada. 1. La jornada será de 1.596,2 horas anuales, distribuidas en jornadas de 36,5 horas semanales. 2. Durante los días comprendidos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre ambos inclusive, la jornada será de 32,5 horas semanales. La distribución diaria de la misma será la indicada en el artículo 13 del presente convenio colectivo. De esta jornada anual se descontarán las licencias y permisos retribuidos, días personales y días de compensación que cada empleado tenga derecho que se contemplan en los artículos 15, 17 y 18 del convenio, y los días adicionales de vacaciones del artículo 11, apartados 2 y 5 ya que son considerados como tiempo de trabajo ya realizado a efectos de la jornada anual. La distribución diaria de la misma será la indicada en el artículo 13 del presente convenio. 3. Los servicios de afiliación, distribuidora, mantenimiento y, en algún caso, de la Unidad Administrativa de Recaudación (UAR), así como la recepción de la Escuela Sindical, tendrán jornada y horarios específicos según figuran en el artículo 12 del presente convenio. 4. Los trabajadores y trabajadoras con alguna discapacidad podrán realizar una jornada de trabajo inferior a la que se establece en el presente convenio a petición propia. Su duración se adecuará a sus condiciones físicas, psíquicas o sensoriales, y la remuneración será proporcional al tiempo de prestación de sus servicios. 5. Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeña una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 6. Para aquellas personas que disfruten del derecho a la reducción de jornada, esta se calculará teniendo en cuenta el cómputo de la jornada semanal o anual, a elección del trabajador o la trabajadora. No obstante lo anterior, la dirección se compromete a estudiar aquellos casos que, excepcionalmente, pudieran requerir otro tratamiento. Artículo 11. Vacaciones. 1. Los trabajadores y trabajadoras de la CEC dispondrán de unas vacaciones retribuidas de 23 días laborables, excluidos sábados, domingos y festivos, que se podrán disfrutar de una sola vez o en un máximo de tres bloques. Uno de estos bloques habrá, necesariamente, de disfrutarse entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Cuando el número de personas que quieran disfrutar vacaciones en las mismas fechas impida el desarrollo de los servicios confederales, será la CEC quien las distribuya. 2. Aquellos trabajadores y trabajadoras que disfruten al menos un bloque de vacaciones de 15 días laborables continuados en el periodo correspondiente a la jornada de 32,5 horas semanales, tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales de vacaciones que podrán añadirse tanto al citado bloque de quince días, como a cualquiera de los bloques restantes. Cuando el total de las vacaciones se disfruten, de manera continuada, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre se tendrá derecho a un día adicional más. 3. Las vacaciones deberán disfrutarse en el año correspondiente. Se entenderá prolongado el año hasta el 15 de enero del siguiente. 4. Cuando el periodo de vacaciones fijado coincida en el tiempo con una incapacidad temporal o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que corresponda. 5. Los trabajadores/as de la Escuela Sindical Muñiz Zapico, al cerrarse la Escuela durante el mes de agosto y por tanto ser este el periodo obligatorio de vacaciones para los trabajadores/as, se les concede un día adicional retribuido de libre disposición que pueden disfrutar en otro momento. Artículo 12. Jornada y horarios especiales. Como se indica en el artículo 10 del presente convenio, los servicios de afiliación, UAR, mantenimiento, distribuidora, así como la Escuela Sindical Muñiz Zapico tendrán, dentro de la jornada establecida, horarios especiales, tendentes a asegurar la mejor realización de las actividades propias de la CEC. 1. Horario de afiliación. El horario en afiliación es el siguiente: de 13:00 horas a 21:00 horas de lunes a jueves, ambos inclusive y de 16:00 horas a 21:00 horas los viernes. La pausa de comida tendrá una duración de 30 minutos. 2. Horario de distribuidora: El horario para el personal de la distribuidora será el siguiente: la hora de entrada será a las 08:00 horas y la de salida a las 16:00 horas, de lunes a jueves, ambos inclusive. Los viernes la entrada será a las 08:30 horas y la salida a las 13:00 horas. Durante el mes de agosto el horario de distribuidora será de siete horas diarias en jornada continuada, de 08:15 a 15:15 horas. 3. Horario UAR. El horario en la UAR es el establecido en el artículo 10, a excepción del servicio de atención telefónica en el que el horario de trabajo será de lunes a viernes de 12:00. a 19:30 horas. La pausa de comida tendrá una duración de 30 minutos. 4. Horario de mantenimiento. El horario del personal de mantenimiento será de lunes a jueves, de 07:30 a 15:00. Los viernes de 08:00 a 14:30 horas. Durante los días comprendidos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, el horario será de lunes a jueves entre las 08:00 horas y las 15:00 horas y el viernes de 08:30 a 13:00. 5. Horario escuela sindical Juan Muñiz Zapico. El horario para el personal de recepción de la Escuela Sindical, será el siguiente: Turno de mañana: de lunes a jueves de 07:30 a 15:00 horas. Los viernes de 08:00 a 14:30 horas. Turno de tarde: de lunes a jueves de 15:00 a 22:30 horas. Los viernes de 14:30 a 21:00 horas. Turno de noche: de lunes a miércoles de 22:30 a 07:30 horas. Los jueves de 22:30 a 08:00 horas. Entre el 1.º de junio y el 30 de septiembre el horario de trabajo será el siguiente: Turno de mañana: de lunes a jueves de 07:30 a 15:00 horas. Los viernes de 07:30 a 13:30 horas. Turno de tarde: de lunes a jueves de 15:00 a 22:30 horas. Los viernes de 13:30 a 19:30 horas. Turno de noche: de lunes a miércoles de 22:30 a 07:30 horas. Los jueves de 22:30 a 07.30 horas. 6. Flexibilidad escuela sindical. Dada la actividad desarrollada en la Escuela Juan Muñiz Zapico se considera necesario un margen de flexibilidad en la jornada laboral para atender los servicios y programaciones que deban realizarse en fines de semana y/o días festivos, por el personal (administración, recepción y mantenimiento) que deba atenderla, que serán compensados económicamente y en tiempo libre tal y como se refleja en el punto siguiente. 7. Condiciones de la flexibilidad. 7.1 La Dirección estará obligada a preavisar a los trabajadores/as, con al menos 8 días de antelación, de los sábados, domingos y festivos que se deberán trabajar. En situaciones de fuerza mayor este plazo podrá reducirse. 7.2 Los trabajadores/as tendrán derecho a los días/horas de descanso compensatorio equivalentes a los que hayan trabajado fuera del horario establecido como jornada normal. Los días/horas compensatorios se deberán disfrutar en el año en que se haya producido el derecho o en todo caso en el primer semestre del año siguiente. Cuando un trabajador/a sea requerido para trabajar en fin de semana será compensado por el trabajo realizado de la siguiente forma: – Se le retribuirá por el valor de un día cuando trabaje en sábado o domingo, con independencia de la duración de la jornada. – Tendrá derecho a un día de descanso por cada día de trabajo efectuado en sábado o domingo con independencia de la duración de la jornada. – Cuando estas horas se desarrollen en horario nocturno, se abonará el plus de nocturnidad (4,5 € / hora) en fines de semana a todos los trabajadores y trabajadoras que lo realicen. El disfrute de los días/horas compensatorios se atendrá a las siguientes normas: – El 75 % se concentrará principalmente en Navidades, Semana Santa y puentes, y periodo vacacional de verano, y ocasionalmente en aquellos días de baja actividad que no exijan mantener al completo el personal de la Escuela. – El 25 % estará a libre disposición de los afectados. 7.3 Al inicio de cada semestre se acordará con el Comité de Empresa el calendario correspondiente. 7.4 Estos horarios podrán ser objeto de modificación cuando haya razones suficientes que lo aconsejen y de común acuerdo con el Comité de Empresa. 7.5 En todos estos servicios la dirección planificará las vacaciones de todo el personal adscrito a los mismos para garantizar la debida cobertura de aquellos. Artículo 13. Organización del tiempo de trabajo. 1. Criterios generales. El seguimiento y control del horario de trabajo será individualizado. La jornada será la indicada en el artículo 10 del presente Convenio Colectivo. El cómputo de la jornada será anual y su distribución será semanal, conforme al horario indicado en el mismo artículo. Se establece una flexibilidad general de una hora y cuarenta y cinco minutos a la entrada y dos horas al final de la jornada, permitiéndose la acumulación de tiempo efectivo de trabajo dentro de los márgenes de flexibilidad establecidos, siempre que en cómputo semanal no exceda de 36,5 horas y se garantice el apoyo global e indiferenciado del personal al conjunto de la CEC. Se podrá acumular tiempo de trabajo en los márgenes de flexibilidad establecidos y disponer de una tarde a la semana. El periodo de disfrute de la misma se podrá iniciar entre las 14:00 y las 16:00 horas. 2. Cumplimiento de la jornada. La jornada ordinaria de trabajo a realizar será de 36,5 horas en cómputo semanal y se desarrollará con arreglo al siguiente régimen de horario flexible: De lunes a jueves: Horario de obligado cumplimiento: entre las 10:00 y las 14:00 horas y entre las 16:00 y las 17:00 horas. Por necesidades del servicio la dirección podrá, de acuerdo con el Comité de Empresa, llevar a cabo la reordenación necesaria en cuanto al horario flexible para poder garantizar el apoyo global e indiferenciado al conjunto de la comisión ejecutiva en los términos del «Acuerdo sobre flexibilidad horaria en el final de la jornada», recogidos en el Anexo II. Horario flexible: entre las 08:15 horas y las 10:00 horas y entre las 17:00 y las 19:00 horas. Los viernes, el horario de obligado cumplimiento será de 09:30 a 14:00 horas. Horario flexible: entre las 08.45 horas y las 09:30 horas y entre las 14:00 y 14:30 horas. Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, la jornada será, según lo indicado en el artículo 10 del presente convenio, de 32,5 horas semanales, con una duración de seis horas y treinta minutos diarios, de lunes a viernes. La hora de entrada será entre las 08:30 y las 08:45 horas, y la de salida entre las 15:00 y las 15:15 horas (*) El margen de tolerancia en la entrada de los colectivos con horario especial (07:00 y 08:00 horas de la mañana) será de 10 minutos, siempre y cuando sea excepcional y no reiterado. Este margen, con el mismo carácter, será de 5 minutos para el resto de las entradas. (*) La duración de la jornada prevista en este artículo durante el periodo mencionado es posible dadas las características del servicio y la organización del trabajo en el ámbito afectado, es decir, personal dependiente de la CEC. Dicha jornada no es de aplicación al personal sujeto a jornadas especiales. Se considera como tiempo efectivo de trabajo, a efectos de los cómputos, desde las 08:15 horas hasta las 19:00 horas de lunes a jueves y los viernes de 08:45 horas a 14:30 horas. La flexibilidad respetará el horario de presencia obligada de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas –de lunes a jueves- y de 09:30 a 14:00 horas los viernes, salvo en el caso de disfrute de la tarde libre, en el que únicamente será presencia obligada el periodo comprendido entre las 10:00 y las 14:00 horas. La flexibilidad también será aplicable para las personas que tengan aprobada la reducción de jornada. Fuera de estos tiempos establecidos, el horario de permanencia no será computado a efectos de jornada o recuperación, salvo que se haya realizado por necesidades del servicio. Situación esta última que tendrá que ser justificada y motivada expresamente por los responsables y entrará en el ámbito de aplicación de las compensaciones previstas en el presente convenio. 3. Pausa de comida. La pausa para la comida tendrá una duración mínima de 30 minutos, y se realizará entre las 14:00 y las 16:00 horas. Se requerirá la realización de los correspondientes marcajes de salida y entrada, se efectúe dicha pausa dentro o fuera del centro de trabajo. 4. Pausa descanso. La pausa para el descanso y/o desayuno de la mañana, computable como tiempo trabajado, será de 15 minutos, y deberá efectuarse preferentemente entre las 10:30 horas y las 12:30 horas. Los trabajadores y trabajadoras de los servicios de distribuidora, mantenimiento y recepción en la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico dispondrán de 20 minutos de descanso dentro de su jornada laboral. La pausa descanso, en caso de realización, deberá marcarse en el reloj de control. La no realización de esta pausa no incrementará el cómputo de la jornada realizada. 5. Ausencia del puesto de trabajo. Las ausencias previstas en los artículos 14 y 15 del presente convenio, deberán ser comunicadas previamente a la Unidad Confederal de Recursos Humanos y, en su caso, autorizadas por el responsable directo o departamento que a tal efecto se indique. En caso de enfermedad u otras incidencias, se requerirá el aviso inmediato al responsable del departamento o secretaría correspondiente. La ausencia por enfermedad deberá acompañarse del correspondiente justificante médico. Artículo 14. Control y verificación horaria. 1. Verificación horaria. La regulación y mantenimiento del sistema de control y verificación horaria de la jornada es competencia de la dirección de la CEC, y se fundamenta en su capacidad de organización del trabajo y en el derecho a la comprobación de la realización efectiva de la contraprestación de la jornada de trabajo en el marco del horario recogido en el presente convenio. La verificación y control horario de la jornada consistirá en la obligatoriedad de realizar los correspondientes marcajes en el reloj, tanto a la entrada y salida del trabajo como en todos aquellos casos en que el trabajador/a se ausente del centro de trabajo, cualquiera que sea la causa (desayuno, comida, asuntos oficiales y de trabajo, asuntos particulares, etc.). 2. Marcajes. La frecuencia de marcajes impares, o ausencia de los mismos por olvido, dará lugar sólo al cómputo horario que los responsables indiquen como asistencia real. 3. Verificación jornada en actividades fuera del centro de Trabajo. La verificación y control horario de la jornada debe contemplar las peculiaridades del trabajo que ciertas personas realizan y que, habitualmente, no requiere para su correcto desempeño la presencia en el centro habitual de trabajo. En estas situaciones la verificación y control de la jornada se realizará conjugando la presencia en el centro habitual de trabajo con el análisis de los trabajos realizados fuera del mismo. Los trabajadores y trabajadoras que para la realización de su trabajo deban ausentarse del centro de trabajo durante una parte de la jornada deberán indicar dichas ausencias mediante el marcaje de salida y entrada utilizando la clave correspondiente para ello. Por otra parte y con el fin de verificar los trabajos externos en función del área específica en que se desarrollen, se remitirá al departamento de RRHH, al menos una vez cada 15 días, comunicación de los trabajos realizados fuera del centro de trabajo. Dicho personal será única y exclusivamente el que la dirección reconozca y autorice como tal. 4. Otros trabajadores/as con horario especial. Los trabajadores/as con horario especial acordado individualmente con la dirección tendrán la obligación de realizar los marcajes correspondientes a las características de la jornada acordada. Las pausas por descanso tendrán la duración proporcional y acorde con la jornada realizada. 5. Los incumplimientos a los apartados anteriores darán lugar a la adopción por parte de la dirección de las medidas oportunas recogidas en el presente convenio. CAPÍTULO IV Permisos y licencias Artículo 15. Permisos retribuidos. El personal asalariado de la CEC, avisando previamente, tendrá derecho a permisos retribuidos por las siguientes causas: 1. Tres días naturales en caso de fallecimiento de cónyuge o compañero/a con quien conviva, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos del afectado y de su cónyuge o compañero/a con quien conviva. Cinco días en el caso de que el entierro del familiar tenga lugar fuera de la provincia o Comunidad Autónoma (en el caso de las Comunidades uniprovinciales) donde resida. Para asistir al entierro de familiares de tercer grado, se podrá disponer de la mitad de la jornada, ampliable a un día si tiene lugar fuera de la provincia o Comunidad Autónoma (en el caso de las Comunidades uniprovinciales) donde resida. 2. Los trabajadores/as tendrán derecho a los necesarios periodos de ausencia al trabajo, remunerados, cuando decidan someterse a técnicas de fecundación asistida. 3. En el mismo sentido se concederán los permisos necesarios, remunerados, para la asistencia a técnicas de preparación al parto y por el tiempo necesario para la realización de exámenes prenatales. 4. Tres días naturales en caso de enfermedad grave, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, que precise reposo domiciliario (art. 37.3 ET) de cónyuge o compañero/a con quien conviva, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos del afectado y de su cónyuge o compañero/a con quien conviva. Cinco días en el supuesto de que el enfermo se encuentre fuera de la provincia o Comunidad Autónoma (en el caso de las Comunidades uniprovinciales) donde resida. En el caso de familiares de primer grado este permiso podrá dividirse en dos o más bloques. 5. Tres días laborables por nacimiento de hijo. Cuando por tal motivo el trabajador/a necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 6. Un día natural en caso de matrimonio de hijos, hermanos o padres. No se computarán los días de viaje en el supuesto de que la boda se celebre en localidad distinta al domicilio del trabajador/a. 7. Los trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de un año, tendrán derecho a una hora de ausencia en el trabajo, tanto durante la jornada como al principio o final de la misma, o acumularla para su disfrute semanal o mensual. Asimismo los trabajadores/as podrán optar por acumular el total de horas de permiso por lactancia disfrutándolas de forma ininterrumpida a continuación de la suspensión por maternidad. Esta opción será de 22 días laborables. El permiso de lactancia aumentará proporcionalmente en caso de parto múltiple. También se aplicará a los supuestos de adopción y acogimiento. 8. Por el tiempo necesario sin que exceda de media jornada, en los casos de consulta médica, debiendo aportar el correspondiente justificante donde conste la duración de la consulta. 9. Para el acompañamiento al médico de familiares hasta el primer grado de consanguinidad, al cónyuge o pareja de hecho e hijos de la pareja con la que se conviva, sin que el tiempo utilizado exceda de media jornada, debiendo aportar el correspondiente justificante donde conste la duración de la consulta. 10. Un día por mudanza y dos días si ésta se produce fuera de la Comunidad de Madrid o provincia donde resida. 11. Quince días naturales en caso de matrimonio o decisión formal de la pareja de vivir en común. En esta última la CEC y el Comité decidirán la forma de verificar que la pareja ha empezado a convivir en la fecha indicada. 12. Se concederá el tiempo estrictamente necesario para la realización de trámites de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, aunque estos sean provisionales. 13. Se establece un permiso de formación acumulable de 20 horas al año. 14. Por el tiempo necesario para asistir a exámenes de titulaciones oficialmente reconocidas, incluidos los títulos de los Institutos de Idiomas reconocidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. Será necesario aportar documento justificativo de la asistencia al mismo. Artículo 16. Permisos no retribuidos. En casos excepcionales, y por motivos justificados, se podrán solicitar permisos no retribuidos inferiores a cuatro meses. Estos no podrán enlazarse con las vacaciones. Artículo 17. Días personales. 1. Para la realización de gestiones particulares, así como para el disfrute de posibles puentes y permisos se establecen seis días retribuidos al año, además de los contemplados para vacaciones. Cuando los días 24 y 31 de diciembre sean días laborables serán descontados de los seis anteriormente citados. Nunca se podrán juntar con las vacaciones. Su disfrute no impedirá garantizar la cobertura de las necesidades del trabajo. Se tendrán que disfrutar en el año en curso. 2. Los trabajadores/as que al 1 de enero de cada año llevaran contratados al menos doce años dispondrán de un día más para asuntos personales y los que tengan veinte años de antigüedad, tendrán derecho a otro día adicional. 3. Se establece la conversión en horas (bolsa horaria) de los días fijados en los apartados anteriores. Dicha bolsa horaria será calculada a razón de 7 horas y 15 minutos por día. 4. La disposición de un día completo para asuntos personales se calculará a razón de 7 horas 15 minutos, incluido el viernes. Artículo 18. Trabajo fuera de jornada y compensación. 1. El tiempo realizado fuera de jornada será retribuido con el 175 % del mismo en tiempo libre. Es decir, toda hora trabajada fuera de jornada en estos casos, se compensará con 1 hora y 45 minutos de tiempo libre, siendo acumulable. 2. Los trabajos realizados en día festivo o días no laborables se compensarán con dos días libres. 3. Será imprescindible para su disfrute la certificación del responsable de la tarea causante de dicho exceso. Dicha responsabilidad solo residirá en las personas que compongan la CEC o en quien aquellas hayan delegado. 4. En el caso de que el trabajo a efectuar se realice fuera del centro de trabajo y la CEC no haya previsto servicio de comedor gratuito, se abonará la dieta de comida y/o cena, según corresponda. 5. En todos los casos la certificación, así como la comunicación previa cuando se trate de días festivos o no laborables, será presentada en el Departamento de Recursos Humanos. 6. A partir de la firma de este convenio, y en un plazo no superior a tres meses, una Comisión Paritaria acordará criterios de compensación, dicho acuerdo se trasladará como acta al presente convenio. Artículo 19. Excedencias. 1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. 2. El trabajador/a con al menos un año de antigüedad en la empresa tiene derecho a situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor de cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador/a si han transcurrido tres años desde el final de la anterior excedencia. Durante el primer año de excedencia, el trabajador/a con excedencia voluntaria tendrá derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo. Durante el segundo año el trabajador/a con excedencia voluntaria tendrá derecho a la reserva de un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 3. En los dos primeros años la incorporación al puesto de trabajo será inmediata. En los tres años restantes hasta completar el máximo de cinco años, el trabajador/a con excedencia voluntaria conservará un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa. 4. Se reconocerá la situación de excedencia forzosa por: 4.1 Nombramiento de cargo público, sindical o político. 4.2 Se extenderá el concepto de nombramiento sindical a todos aquellos casos en que se ostente representación de la Confederación Sindical, o sus organizaciones, ante terceros por acuerdo expreso de los órganos de la dirección, o en caso de traslado a cualquier organización sindical de CCOO, también por acuerdo expreso de las organizaciones afectadas. 5. El periodo en que el trabajador/a permanezca en situación de excedencia forzosa será computable a efectos de antigüedad y el trabajador/a tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la dirección, especialmente, con ocasión de su reincorporación. 6. La excedencia por cuidado de hijos o familiares se regirá por el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 7. La petición de excedencia se cursará por escrito al Departamento de Recursos Humanos. Lo mismo se hará con las peticiones de prórroga y las de reincorporación. 8. La persona que disfrute de excedencia voluntaria o por cuidado de hijo o familiar deberá solicitar la reincorporación, por escrito, al Departamento referido anteriormente y con, al menos, un mes de antelación a la fecha en que finalice la excedencia concedida. 9. En el caso de excedencia forzosa, el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese y la reincorporación será inmediata, sea cual fuere la duración de la misma. CAPÍTULO V Formación profesional Artículo 20. Objetivos de la formación. La formación profesional es un derecho y un deber para los trabajadores/as, teniendo como objetivos: 1. El desarrollo profesional y personal de los mismos. 2. La adaptación a los cambios, motivados tanto por los avances tecnológicos como por nuevas formas de organización del trabajo. 3. La eficacia en el desarrollo de sus funciones. 4. La integración en la organización facilitándoles el conocimiento y desarrollo de habilidades necesarios para el mejor desempeño en sus actuales y futuros puestos de trabajo. Artículo 21. Comisión de formación. 1. Con el fin de promover la formación para el conjunto de los trabajadores/as al servicio de la CEC, se constituirá una «Comisión Paritaria de Formación», que tendrá las siguientes funciones: 1.1 Realizar el diagnóstico de necesidades de las distintas áreas de trabajo, tanto desde el punto de vista de la dirección como de los trabajadores/as, según el siguiente procedimiento: – Realización de un cuestionario dirigido a los trabajadores/as y responsables de Secretaría o Departamento. – Análisis de la información recibida a través de los cuestionarios. – Elaboración de un informe detallado de las necesidades formativas de los trabajadores/as. 1.2 Elaborar un «Plan Plurianual de Formación» con una duración de dos años, en función de los recursos disponibles (art. 23) y estableciendo según esto criterios de prioridad. 1.3 Difundir el «Plan de Formación» entre todos los trabajadores/as. 1.4 Realizar anualmente un informe detallado de las acciones formativas desarrolladas, según el origen de los recursos económicos utilizados, procediendo posteriormente a la adaptación del Plan para el siguiente año. 1.5 Hacer una valoración de la eficacia de la formación desarrollada con el puesto de trabajo, mediante la realización de un cuestionario dirigido tanto a los trabajadores/as como a los responsables con el fin de detectar las diferencias existentes entre los conocimientos anteriores y las mejoras adquiridas. 1.6 Estudiar y negociar las solicitudes de adaptación de la jornada ordinaria que tengan por objeto la realización de acciones formativas. 1.7 Estudiar y negociar las solicitudes de permisos de formación, incluidos los permisos individuales de formación (PIF) regulados por la legislación vigente. 1.8 Estudiar y negociar las solicitudes de reducción de jornada para la realización de formación acreditada y reconocida oficialmente, ya sea a través de títulos académicos y profesionales ó de otras acreditaciones o equivalentes. 1.9 Estudiar las solicitudes de becas presentadas, determinar su cuantía, y resolver las posibles reclamaciones. 2. Para la valoración y resolución de las solicitudes presentadas (adaptación de jornada ordinaria, permisos de formación y reducción de jornada), la Comisión de Formación establecerá criterios objetivos. 3. En los tres meses siguientes a la firma del convenio, la Comisión de Formación se reunirá para establecer un calendario de trabajo. Artículo 22. Tiempo de formación. 1. Cuando la formación sea requerida o solicitada por la dirección o requerida para el desempeño de las funciones propias del trabajador/a, se realizará en jornada de trabajo. 2. Si en la formación existe un interés común, será el 50% en horas de trabajo y el 50 % por cuenta del trabajador/a, pudiendo este disponer del permiso retribuido de 20h/anuales comprendido en el art. 15. 3. Si la formación es de interés para el trabajador/a, será a cuenta de su tiempo, pudiendo éste disponer del permiso retribuido de 20h/anuales recogido en el art. 15. 4. Para cursar con regularidad formación acreditada y reconocida oficialmente, ya sea a través de títulos académicos y profesionales o de otras acreditaciones, se podrá solicitar: 4.1 Reducción de jornada. 4.2 Permiso Individual de Formación (PIF). Para la concesión del PIF, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: – Tendrá una duración máxima de 200 horas y una duración mínima de 32 horas – La concesión del número de horas se realizará en función de las asignaturas o créditos de matrícula. – Las horas de permiso se disfrutarán preferentemente en horario de tarde con la siguiente distribución: un mínimo del 50% a lo largo del tiempo que dure la formación y el resto los días previos a las pruebas y/o exámenes. – Dependiendo del número de solicitudes y de las características de los permisos solicitados se aplicarían los siguientes criterios de prioridad para su concesión: Nivel de estudios. Cursos aprobados con anterioridad. 5. En casos excepcionales, y por motivos justificados, se podrá solicitar permiso no retribuido inferior a cuatro meses, según se establece en el artículo 16. Artículo 23. Financiación de la formación. 1. Anualmente se establecerá un Fondo para el «Plan de Formación», que estará compuesto de las bonificaciones de cuotas por formación (reguladas por la legislación vigente) y, en su caso, de inversión propia. En primer lugar, se agotarán los recursos provenientes de las cuotas por formación, seguidos de los de inversión propia. Si estos últimos no fueran agotados en el año correspondiente la Comisión de Formación podrá decidir su reanualización. 2. Se establece un Fondo anual para becas de 6.199 euros para la realización de formación acreditada y reconocida oficialmente, ya sea a través de títulos académicos y profesionales ó de otras acreditaciones. Cuando la formación no pueda realizarse en instituciones públicas, será la comisión quién valorará la concesión de la beca. Si este Fondo no fuera agotado, la Comisión de Formación podrá decidir su reanualización o traspasarlo al Plan de Formación. 3. Las acciones formativas en el ámbito de la formación de demanda que vayan a ejecutarse deberán aprobarse en la Comisión Paritaria de Formación por acuerdo. Artículo 24. Solicitud y concesión de beca. 1. La solicitud de la beca, y/o ayuda para material didáctico, se presentará al Departamento de Recursos Humanos entre el 1 de octubre y el 20 de diciembre. 2. La Comisión de Formación analizará y resolverá las solicitudes y la correspondiente concesión de becas y, en su caso, ayudas. Cuantía y pago de las becas: – En función del número de solicitudes se abonará el importe total de la matrícula, o bien se establecerá un mínimo, según criterios de distribución. – El pago de la beca estará sujeto a la presentación del original de la matrícula y documento acreditativo del pago efectivo de la misma. – Si no se agotara la cifra total del fondo, todo aquel que se encuentre disfrutando de una beca de estudios podrá solicitar ayuda para material didáctico. La cuantía estará limitada por la cantidad resultante, pero nunca podrá ser superior a 165 euros, teniendo como requisito la previa presentación de factura. Pérdida de beca: Cada asignatura sólo podrá ser becada dos años consecutivos, salvo causa justificada de fuerza mayor, reanudándose la ayuda tras su aprobación. CAPITULO VI Mejoras sociales Artículo 25. Complemento por enfermedad, accidente, maternidad. 1. En situación de baja por accidente, enfermedad y suspensión del contrato por maternidad se abonará el 100% de la retribución. 2. Los trabajadores/as que disfruten del permiso de maternidad se beneficiarán de cualquier mejora de las condiciones de trabajo a la que hubiere podido tener derecho durante la suspensión del contrato. 3. En caso de suspensión del contrato por paternidad, se tendrán los derechos reconocidos en los párrafos anteriores. Artículo 26. Fondo social. 1. Se establece un fondo social anual de 3.100 euros. 2. La solicitud de esta ayuda se presentará al Departamento de Recursos Humanos en enero del año en curso. 3. La distribución del fondo entre las solicitudes de ayuda se realizará con la participación y acuerdo de la RLT. Artículo 27. Préstamos y anticipos. 1. Todo asalariado podrá solicitar el anticipo de cualquiera de las pagas extras, hasta el 90% de lo ya devengado, independientemente de que esté disfrutando o no en ese momento de algún préstamo. 2. Podrán solicitarse anticipos a cuenta del salario mensual por un valor de hasta el 75% del neto a percibir. 3. La CEC establecerá un fondo para préstamos de: Cuarenta mil seiscientos setenta y ocho euros (40.678 euros) para el año 2015. La cantidad máxima en concepto de préstamo que podrá solicitar cada trabajador/a será de hasta 2.000 euros sin intereses y de hasta 4.000 euros con abono por parte del trabajador/a del interés legal del dinero. El plazo de amortización en ambos casos no podrá ser superior a 20 meses. En ambos supuestos se efectuará la cotización legal correspondiente. CAPÍTULO VII Derechos sindicales Artículo 28. Derechos sindicales. 1. La CEC, a propuesta del Comité de Empresa, se reunirá con éste para tratar aquellas cuestiones que por su importancia se considere deban ser tratadas de manera colectiva. 2. El Comité de Empresa dispondrá de un local con los medios necesarios para ejercer su labor de representación. 3. Los trabajadores/as tendrán derecho a tiempos retribuidos para la realización de asambleas en tiempo de trabajo. 4. La CEC dará cumplimiento a la Ley 2/1991 de 7 de enero sobre derechos de información de los representantes de los trabajadores/as en materia de contratación. 5. La CEC respetará el cumplimiento del artículo 64.1 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a las competencias del Comité de Empresa. 6. La CEC informará a la representación legal de los trabajadores/as de todas las sanciones o amonestaciones impuestas, antes de hacerlas efectivas, independientemente de su grado. 7. En caso de sanción a partir de falta grave, será preceptivo abrir expediente contradictorio, independientemente de que el trabajador/a sea o no del Comité de Empresa. 8. Con el fin de fomentar la colaboración en la organización del trabajo, se garantiza información previa y negociación de todos los temas relacionados con aquella, tales como: Modificación de jornada, movilidad funcional y modificación del puesto de trabajo, formación profesional, reclasificación profesional, implantación de turnos, jornadas especiales, etc. 9. Subcontratacion de actividades. Cuando la empresa contrate o subcontrate con otros la prestación de obras o servicios informará al Comité de Empresa en los términos y con el alcance establecidos en los artículos 42 y 64 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación. CAPÍTULO VIII Salud laboral Artículo 29. Salud laboral. 1. Dadas las características y la propia naturaleza de la actividad de la organización sindical, ésta deberá prestar atención prioritaria a los posibles riesgos psicosociales, y su efectiva evaluación, que ha de ser científica, contrastable, repetible y deberá garantizar, en circunstancias iguales, unos similares resultados, que apunten al origen de los problemas; es decir, a las características de la organización del trabajo. Para ello se deberán utilizar métodos que cuenten, en todo el proceso, con el consenso de la representación de los trabajadores/as. 2. En el plazo de vigencia del presente Convenio, la CEC se compromete a aplicar las medidas que sean necesarias como consecuencia del resultado de «ISTAS 21 Copsoq», tal y como se acordó por el Comité de Seguridad y Salud el 28 de enero de 2015. 3. La organización sindical garantizará efectivas medidas preventivas y correctoras, consensuadas entre las partes, destinadas a la disminución de los posibles daños derivados de riesgos psicosociales, ergonómicos, de seguridad e higiene. 4. En todo caso se hará un esfuerzo por protocolizar un procedimiento consensuado para determinar los daños que se derivan de la exposición en el puesto de trabajo, evitando que dichos daños se deriven como contingencias comunes. 5. La CEC se compromete a acordar, en el plazo de tres meses, reconocimientos médicos que van más allá de las obligaciones del artículo 22 de la Ley de Prevención, Ley 31/1995. Los contenidos figurarán como un anexo a este convenio. En ningún caso esta acción se financiará con los fondos establecidos en el artículo 26 para el Fondo social. Artículo 30. Vigilancia de la salud de los trabajadores/as. La vigilancia de la salud de los trabajadores/as por medio de reconocimientos médicos específicos estará sometida a los siguientes principios: 1. Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador/a preste su consentimiento salvo en aquellos casos en que, previa consulta a los representantes de los trabajadores/as, se consideren imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores/as o para verificar si el estado de salud de un trabajador/a puede entrañar peligro para él mismo, para los demás trabajadores/as o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando venga establecido por disposición legal. 2. Se llevará a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, la dignidad de trabajador/a y la confidencialidad, y no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. 3. La vigilancia se llevará a cabo por personal sanitario competente, dentro del marco de acuerdo firmado con el Órgano Técnico correspondiente. 4. En el plazo de tres meses desde la firma del convenio se estudiará y acordará la posible mejora de los reconocimientos médicos. Artículo 31. Delegados de prevención. Los delegados de prevención serán elegidos por y entre los representantes de los trabajadores/as conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley. Sus competencias y facultades, así como sus garantías estarán al amparo de lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Artículo 32. Comité de seguridad y salud. 1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 2. El Comité estará formado por tres delegados de Prevención, de una parte, y por la dirección y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención. 3. Competencias: Se estará al amparo de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 4. Sin perjuicio de lo establecido en la ley, son competencias del Comité de Seguridad y Salud: 4.1 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. 4.2 Proponer y promover iniciativas tendentes a mejorar los niveles de prevención de los riesgos en el centro de trabajo. 4.3 Establecer un protocolo sobre el acoso moral. 4.4 Los temas relacionados con medio ambiente. 5. Facultades del Comité de Seguridad y Salud: 5.1 Conocer directamente de la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo. 5.2 Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de los servicios de prevención. 5.3 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores/as, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 5.4 Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de prevención. 6. Protección de trabajadores/as especialmente sensibles a determinados riesgos: 6.1 Se garantizará de manera específica la protección de los trabajadores/as que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 6.2 Cuando una situación específica comporte un riesgo para la salud del trabajador o trabajadora y ésta esté debidamente justificada con los informes médicos pertinentes, se procederá de inmediato al cambio de puesto de trabajo, a otro de similar categoría. Artículo 33. Situaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo en las situaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural a las que se refieren los artículos 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores y artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa complementará las prestaciones correspondientes de seguridad social hasta el 100% de las retribuciones de la interesada. Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las medidas de prevención y protección contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa de aplicación. Artículo 34. Medio ambiente. 1. Las partes firmantes del presente Convenio consideran necesario actuar de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente, prestando atención a los interesados y preocupaciones de la sociedad. 2. Las partes firmantes del Convenio se comprometen a poner en marcha actuaciones encaminadas a mejorar la gestión ambiental en dos ámbitos: 2.1 Facilitando y promoviendo la participación de todo el personal en la mejora medioambiental a través de la puesta en marcha de buenas prácticas y de un comportamiento adecuado en: – El uso de substancias tóxicas. – La recogida y recuperación de residuos. – El ahorro de agua, energía y recursos. 2.2 Teniendo en consideración los aspectos ambientales en las compras y suministros, así como en las decisiones sobre las instalaciones y el edificio. 2.3 Durante la vigencia del presente Convenio, la CEC de CCOO se compromete al acuerdo y desarrollo de un plan de gestión y ahorro energético. CAPÍTULO IX Trabajadores/as con discapacidad Artículo 35. Concepto de discapacidad. Se entenderá por discapacidad aquellas que experimenten personas cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas en un grado igual o superior al 33 por ciento, como consecuencia de una deficiencia previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Artículo 36. Cupo de reserva. 1. Cuando se realicen convocatorias públicas para cubrir algún puesto de trabajo, la CEC, en caso de presentarse alguna persona con discapacidad, velará porque se cumpla el principio de no discriminación y, se tenderá en las nuevas contrataciones a emplear a un número de trabajadores/as con discapacidad no inferior al 5 por ciento de la plantilla. 2. No podrán considerarse dentro del cupo de reserva aquellos trabajadores/as que adquieren una discapacidad como consecuencia de accidente y enfermedad profesional o accidente y enfermedad común, que estuvieran prestando sus servicios para la Comisión Ejecutiva. Artículo 37. Reincorporación de con discapacidad sobrevenida. 1. La Comisión Ejecutiva conservará el nivel salarial y profesional de los trabajadores/as con discapacidad que pasen a tener la consideración de tales después de un accidente de trabajo, enfermedad o accidente no laboral, sobrevenido después de su ingreso en la empresa. En esta circunstancia la empresa vendrá obligada a adaptar el puesto de trabajo a las nuevas condiciones físicas, psíquicas o sensoriales del trabajador/a, en función de su discapacidad. 2. Cuando el Comité de Seguridad y Salud consideren que la adaptación no se puede llevar a cabo se dará al trabajador/a un puesto de trabajo compatible con su discapacidad. El trabajador/a podrá optar entre que se le pague el salario que corresponda al nuevo puesto de trabajo o que se le mantenga el que en cada momento sea asignado a la categoría y puesto de trabajo anterior. CAPÍTULO X Faltas y sanciones Artículo 38. Principios informadores. 1. Los preceptos sobre régimen disciplinario tienen como finalidad garantizar la normal convivencia, así como la ordenación técnica y la organización en el ámbito del presente convenio. Asimismo, su objetivo es garantizar la defensa de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores/as, así como preservar las facultades disciplinarias de la dirección del sindicato en relación con el personal asalariado. 2. Toda falta cometida por los trabajadores/as y mandos intermedios y que sea constitutiva de un incumplimiento contractual culpable podrá ser sancionada por la Dirección del Sindicato, debiendo ser clasificada en leve, grave o muy grave. Se llevará a cabo un Protocolo para estos casos que será incluido en el convenio como anexo. Artículo 39. Procedimiento sancionador. 1. La falta, sea cual sea su calificación, deberá ser comunicada por escrito y de forma motivada al trabajador/a o mando intermedio afectado y notificada al comité de empresa. 2. El expediente contradictorio se iniciará con el comunicado escrito que deberá recoger los hechos e imputaciones, la calificación de los mismos y la propuesta de sanción, debiendo darse traslado del mismo al trabajador/a o trabajadores/as afectados y al Comité de Empresa. 3. El Comité de Empresa podrá emitir informe una vez se inicie el expediente contradictorio, especialmente en los casos de abuso de autoridad. En dicho escrito se establecerá el plazo para que se remita el correspondiente pliego de descargo que en ningún caso será inferior a 5 días hábiles en el caso de las faltas leves, y 10 días hábiles en el caso de las graves y muy graves y, en su caso, se proponga la práctica de la prueba que corresponda. 4. En relación con la prueba, deberán practicarse aquellas que sean necesarias para la defensa de la persona imputada, salvo las que tengan fines dilatorios, o sean de imposible o muy gravosa práctica. 5. La apertura del expediente contradictorio interrumpirá los plazos de prescripción de las faltas, y la duración de su tramitación no podrá prolongarse más allá de quince días desde la finalización del plazo para el pliego de descargo que fuera comunicado al interesado y a sus representantes. Artículo 40. Graduación de las faltas. 1. Se considerarán como faltas leves: 1.1 La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en cuatro ocasiones en un mes. 1.2 La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el periodo de un mes. 1.3 El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves periodos de tiempo, siempre que ello no hubiere causado un perjuicio grave para el sindicato. 1.4 Las discusiones siempre que repercutan en el normal desarrollo del trabajo. 1.5 La desatención y falta de corrección en el trato con los trabajadores/as afiliados/as o no y con los compañeros, cuando no se perjudique gravemente la imagen del sindicato. 2. Se considerarán faltas graves: 2.1 La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez ocasiones durante tres meses. 2.2 La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el periodo de un mes. 2.3 La simulación de enfermedad o accidente. 2.4 La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves para el sindicato. 2.5 La realización, sin el oportuno permiso, de trabajos particulares durante la jornada. 2.6 La ejecución deficiente de los trabajos encomendados de forma reiterada, siempre que de ello no se derivase perjuicio grave para los trabajadores/as o para el propio sindicato. 2.7 La disminución en el rendimiento normal en el trabajo de manera repetida. 2.8 Las ofensa de palabra o de obra contra las personas cometidas dentro del centro de trabajo cuando no revistan acusada gravedad. 2.9 El abandono del trabajo sin causa justificada. 2.10 La reincidencia en la comisión de cuatro o más faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción, dentro de un trimestre. 3. Serán faltas muy graves: 3.1 La inasistencia al trabajo, durante tres días consecutivos o cinco alternos, en un periodo de un mes sin causa justificada. 3.2 El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas. 3.3 La apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de los trabajadores/as o del propio sindicato, dentro de los locales del sindicato o fuera de los mismos durante la jornada de trabajo. 3.4 La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. 3.5 El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio para el sindicato 3.6 La realización de actividades que impliquen competencia desleal contra el sindicato. 3.7 La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal pactado. 3.8 El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando. 3.9 El acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 3.10 El acoso moral. 3.11 La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal aquella situación en la que, con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el trabajo hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el periodo de un año Artículo 41. Sanciones. 1. La CEC informará a la representación legal de los trabajadores/as de todas las sanciones o amonestaciones impuestas, independientemente de su grado, antes de hacerlas efectivas. 2. Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de faltas enumeradas en el artículo anterior, son las siguientes: 2.1 Por faltas leves: – Amonestación verbal o escrita. – Suspensión de empleo y sueldo de un día. 2.2 Por faltas graves: – Suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días. – Inhabilitación, por plazo no superior a un año, para el ascenso a la categoría superior. 2.3 Por faltas muy graves: – Suspensión de empleo y sueldo de once días a un mes. – Inhabilitación, por plazo no superior a dos años, para el ascenso a categoría superior. – Traslado a otro centro de trabajo por un plazo no superior a un año. – Despido. 3. Para la aplicación de las sanciones establecidas en el presente convenio, en desarrollo del ejercicio del poder disciplinario, se habrán de tener en cuenta las circunstancias concurrentes en el supuesto sancionado, así como el tipo de conducta negligente o intencional, mantenida o esporádica, reincidente o no del trabajador/a afectado. 4. Así mismo, la actividad sancionadora deberá evitar las formas de aplicación sorpresiva del ejercicio del poder disciplinario, el cual se desarrollará respetando los principios de igualdad de trato, proporcionalidad, ponderación y ecuanimidad. 5. En los supuestos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral se considera circunstancia agravante el hecho de que la persona que ejerce el acoso ostente alguna forma de autoridad jerárquica en la estructura de la empresa sobre la persona acosada. 6. Se protegerá la continuidad en el puesto de trabajo de las víctimas de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral. 7. Prescripción y cancelación. Las faltas leves prescribirán a los 8 días, las graves a los 20 días y las muy graves a los 45 días, a partir de la fecha en que la dirección de la CEC tenga conocimiento de su comisión, y en todo caso a los 4 meses de haberse cometido. Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales quedarán canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro o doce meses, según se trate de falta leve, grave o muy grave. 8. Para los casos de conflicto entre el personal asalariado y el personal sindicalista, la CEC elaborará un protocolo de actuación con acuerdo con la RLT, en un plazo no superior a los tres meses desde la firma del convenio. CAPÍTULO XI Clasificación profesional, contratación, ascensos y promociones Artículo 42. Comisión de contratación, ascensos y promociones. 1. Con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de información, consulta y negociación previstos en el artículo 28 del presente convenio sobre derechos sindicales, se constituye una Comisión Paritaria de Contrataciones y Promoción compuesta por dos miembros de la RLT y dos miembros en representación de la Dirección. 2. Esta Comisión actuará en todas las funciones de valoración y tribunal relacionadas con las convocatorias tanto internas como externas para la cobertura de vacantes. 3. Regulará el funcionamiento de la bolsa de trabajo prevista en el artículo siguiente. Artículo 43. Contrataciones. Con carácter general y habida cuenta de los trabajos a realizar y el principio de estabilidad en el empleo, la contratación que se realice será de carácter fijo o indefinido. No obstante, habida cuenta de que existen trabajos o actividades que por su propia naturaleza no tienen carácter permanente o indefinido, podrán realizarse contratos temporales cuando concurran las causas válidas diseñadas en la legislación vigente en cada momento. Asimismo, podrán celebrarse contratos en prácticas en los supuestos previstos en el Artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Excepcionalmente y previo acuerdo con el Comité podrán realizarse contratos eventuales por circunstancias de la producción en aquellas situaciones específicas en que se produzca una fuerte acumulación de tareas o actividades. Cuando se utilicen estas modalidades de contratación, podrán establecerse periodos de prueba cuya duración máxima será de 15 días para los trabajadores/as no titulados y de dos meses para los titulados. Los trabajadores/as que accedan a cualquier tipo de contratación disfrutaran de los mismos derechos que el resto de trabajadores/as afectados por el presente convenio. Artículo 44. Procedimiento de acceso a los puestos de trabajo. 1. Será requisito preceptivo para cubrir las vacantes, o los puestos de nueva creación que se produzcan, independientemente de cuál sea el tipo de contratación, la preparación de una convocatoria interna que permita la promoción de los trabajadores/as de la CEC y en la que se valore la formación realizada. 2. Tras la preceptiva información y consulta con la representación legal de los trabajadores/as, y en el caso de que se llegase al acuerdo de no realizar la convocatoria interna, la dirección optará por una convocatoria pública o por cualquier otro procedimiento de selección que se considere oportuno. 3. En la convocatoria interna, reservada a los trabajadores/as de la CEC, podrán participar todos los trabajadores/as que se encuentren de alta en el momento de la convocatoria independientemente de su carácter de fijos o temporales. En el caso de que concurra a la convocatoria un interino que esté desempeñando el puesto de trabajo de otro fijo sustituido y sea promocionado a través de la convocatoria, la vacante dejada por el interino promocionado sólo será cubierta nuevamente mediante nueva interinidad si lo decide la Secretaría de Admón. y Finanzas. 4. Independientemente del procedimiento acordado de selección de personal, en todo momento del proceso de selección y en las diferentes pruebas o etapas que se pudieran plantear estará presente un miembro de la representación legal de los trabajadores/as, como forma de garantizar el correcto funcionamiento del proceso de selección y velar por los derechos de los trabajadores/as. 5. Aquellas personas que hayan desempeñado funciones dentro de la organización, tendrán preferencia una vez superado el proceso de selección. 6. Para la cobertura de puestos de trabajo tanto fijos como de carácter temporal, hasta el nivel de oficial primera administrativo y excluidas las categorías técnicas, se constituirá una bolsa de trabajo formada por aquellos candidatos que, habiendo superado las pruebas de la categoría y nivel objeto del contrato, hayan sido incluidos en la misma. Esta bolsa estará vigente durante un año, que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes que suscriben el convenio. 7. Excepcionalmente y previa información y consulta con la representación legal de los trabajadores/as, se podrá asimilar a la bolsa de trabajo a aquellos trabajadores/as provenientes de organizaciones o entidades relacionadas con CCOO, y que tengan acreditada experiencia para cubrir los puestos de trabajo objeto de la misma. 8. Las personas que desarrollen funciones de especial confianza, durante el periodo entre congresos, en cualquiera de los niveles de la estructura organizativa, serán contratadas mediante el sistema de libre designación. En todos estos casos se informará a la Comisión Paritaria regulada en el artículo 42. Artículo 45. Ascensos y promoción. 1. A tenor de lo dispuesto en el art. 28.8 sobre derechos sindicales, se garantiza información y negociación en las promociones y reclasificación profesional de los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio. 2. Las promociones, tanto por cambio de categoría como de nivel salarial, hasta el nivel correspondiente a la categoría de Jefe de 2.ª administrativo deberán ser acordadas por la Dirección y la Representación Legal de los Trabajadores. 3. En el caso de abrir un periodo para la presentación de solicitudes de promoción y reclasificación, éstas serán analizadas y revisadas por la Comisión Paritaria regulada en el artículo 42. 4. La resolución de las solicitudes se realizará de acuerdo con los principios de transparencia, mérito y objetividad, considerando los siguientes factores vinculados a la actividad profesional: conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y supervisión, complejidad. 5. De la resolución de las solicitudes presentadas se informará por escrito a los trabajadores/as afectados. 6. Los auxiliares administrativos serán promovidos a oficiales de 2.ª administrativos al cumplir dos años de permanencia en la empresa dentro de esa categoría. 7. En todo caso cuando exista un proceso de promoción y reclasificación profesional, así como en los de jubilación parcial, se hará previo acuerdo con la RLT. Disposición adicional primera. 1. Se constituye una Comisión Paritaria del presente convenio colectivo para atender cuantas cuestiones se deriven de la interpretación y aplicación del cumplimiento del mismo. 2. Dicha comisión estará formada por los miembros que designen las partes firmantes del presente convenio colectivo, en un número no superior a cuatro por cada una de las partes, cuyas competencias se concretan en las siguientes funciones: 2.1 Interpretación de las controversias surgidas sobre la totalidad de las cláusulas del convenio colectivo. 2.2 Vigilancia y adaptación de las medidas necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo pactado. 2.3 Competencia para la aprobación y ratificación de los acuerdos alcanzados al efecto, en desarrollo de lo previsto en las cláusulas de este convenio. 3. Las resoluciones en el seno de dicha Comisión deberán adoptarse, una vez aprobado el procedimiento que al respecto se pacte y para que adquieran fuerza vinculante, por acuerdo de las partes. Para asuntos específicos podrán formarse grupos de trabajo designados por ambas partes con el correspondiente asesoramiento siempre que se considere necesario. Disposición adicional segunda. Todos los trabajadores/as asalariados al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal y sujetos al presente convenio, estarán incluidos en un grupo profesional y nivel retributivo de los que figuran en la tabla del Anexo I, que se adjunta. Disposición adicional tercera. 1. El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres debe trasladarse a las relaciones laborales en la Empresa, que deberán estar presididas por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin que exista discriminación directa o indirecta, por razón de sexo. 2. Para la consecución del principio de igualdad se contemplarán, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 3. La Dirección y los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras manifiestan su firme compromiso con este principio, impulsando una cultura de pleno respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. 4. La Dirección y la representación legal de los trabajadores/as entienden que es necesario establecer un marco normativo general en la empresa para garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades sea real y efectivo. 5. A tal fin, se pactan los siguientes puntos con la finalidad de poder establecer un Plan de Igualdad (PI) en el ámbito de aplicación de este convenio, reflejando las directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento del mismo con el fin de contribuir a una gestión óptima de los recursos humanos que evite que puedan producirse discriminaciones y que ofrezca igualdad de oportunidades reales. 5.1 Se constituirá, en un plazo máximo de seis meses, tras la firma del presente convenio, una Comisión Paritaria de Igualdad para la elaboración del Plan de Igualdad, seguimiento y evaluación del mismo. 5.2 El Plan de Igualdad fijará los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. Así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de las medidas implantadas. 5.3 El diagnóstico de situación será realizado por la Comisión de Igualdad, en el informe que se realice deberán aparecer los siguientes datos desagregados por sexo: – Distribución de la plantilla en relación con la edad, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupo profesional y nivel de formación académica. – Distribución de la plantilla en relación con el grupo profesional y nivel salarial de Convenio. – Distribución de la plantilla en relación con ordenación de la jornada y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. – Ingresos y ceses producidos en los últimos 5 años especificando grupo profesional, edad y tipo de contrato. – Horas de formación de los últimos dos años y tipo de acciones formativas. – Salarios medios por sexo, incluyendo todos los conceptos salariales. 6. Objetivos del PI: Conjunto de objetivos en materia de igualdad, plazos de consecución, acompañados de medidas que vengan a solucionar, en el caso de detectarse, diferencias de trato laboral por razón de género. Las medidas que se adoptarán tendrán como objetivos principalmente: – Empleo. Aplicar de forma eficaz el principio de no discriminación por razón de sexo tanto en el acceso al empleo, como en la estabilidad en el mismo. – Formación. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a la formación de la empresa, en todos sus niveles de cualificación. – Promoción: Principio de no discriminación en la promoción profesional. – Niveles salariales. Revisar que el sistema salarial no contemple diferenciaciones por razón de sexo. – Grupos/Categorías Profesionales – Modalidades contractuales – Promocionar fehacientemente la conciliación de la vida familiar, social y laboral. – Sensibilización: Promover acciones de sensibilización para la igualdad en todos los niveles de la empresa. 7. Dentro de las competencias de la Comisión Paritaria de Igualdad se incluye la de dirimir consultas sobre dudas de interpretación y/o aplicación que puedan surgir en relación con las medidas sobre igualdad de oportunidades que se establezcan. Disposición adicional cuarta. 1. La Comisión Paritaria de Igualdad elaborará en el plazo de doce meses, desde la firma del convenio, un protocolo de actuación para la prevención y eliminación del acoso sexual, por razón de sexo. 2. Comunicación efectiva del protocolo a todos los trabajadores y trabajadoras, subrayando el compromiso de la dirección de eliminar el acoso sexual y acoso por razón de sexo, fomentando de esta manera un clima en el que éste no pueda producirse. 3. Instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 4. Tratamiento reservado de las quejas o denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual, acoso por razón de sexo. 5. Identificación de personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia. 6. Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 7. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo Disposición adicional quinta. La Comisión Paritaria, regulada en la Disposición Adicional 1.ª, procederá en el mes de enero de cada año a actualizar los conceptos retributivos y económicos establecidos en el presente convenio y, levantará el acta correspondiente para su registro y publicación ante la autoridad laboral competente. Disposición adicional sexta. Sin perjuicio de las competencias que corresponden a la comisión paritaria de este convenio colectivo, las partes acuerdan adherirse expresamente al Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (ASAC V) de 7 de febrero de 2012, BOE de 23 de febrero. Esta adhesión se realiza de forma incondicionada y a la totalidad del referido Acuerdo. Disposición adicional séptima. Procedimiento para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo reguladas en el presente convenio y que afectan a las materias señaladas en el Artículo 82.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Terminado sin acuerdo el periodo de consultas previsto en el Artículo 82.3 y por remisión de éste en el Artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, las partes, a petición de cualquiera de ellas, someterán las discrepancias sobre la inaplicación de las materias contempladas en el Artículo 82.3 del ET al procedimiento de mediación regulado en el V Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales. De no alcanzarse acuerdo en la fase de mediación, las partes de común acuerdo podrán someterse al procedimiento de arbitraje igualmente previsto en el V ASAC. ANEXO I Tabla salarial. 1 de enero de 2015 Categoría (grupo) Nivel Salario – Euros mes Técnico superior - Técnico informática 1.ª - Jefe de área 1 3.461,70 2 3.200,76 3 2.914,51 4 2.630,87 5 2.480,81 Técnico medio - Técnico informática 2.ª 5 2.480,81 6 2.353,94 Jefe administrativo 1.ª - Jefe de servicio - Técnico informática - Personal de apoyo sindical 7 2.230,06 8 2.146,24 Jefe 2.ª administrativo - Técnico informática 9 2.022,35 10 1.938,53 Oficial 1.ª administrativo - Técnico informática 3.ª - Oficial 1.ª oficios 11 1.814,65 12 1.730,85 Oficial 2.ª administrativo - Oficial 2.ª oficio- Recepcionista - Conserje 13 1.606,97 14 1.523,12 Oficial oficios varios 15 1.480,34 Auxiliar administrativo - Telefonista - Portero 15 1.480,34 Trienio   39,54 ANEXO II Acuerdo sobre flexibilidad horaria en el final de la jornada I. Antecedentes. Nuestro convenio de la CEC establece en su artículo 13 los siguientes términos: Se establece una flexibilidad general de hora y cuarenta y cinco minutos a la entrada y dos horas al final de la jornada, permitiéndose la acumulación de tiempo efectivo de trabajo dentro de los márgenes de flexibilidad establecidos, siempre que en cómputo semanal no exceda de 36,5 horas y se garantice el apoyo global e indiferenciado del personal al conjunto de la CEC. Por otro lado establece: La jornada ordinaria de trabajo a realizar será de 36,5 horas en cómputo semanal y se desarrollará con arreglo al siguiente régimen de horario flexible: De lunes a jueves: Horario de obligado cumplimiento: entre las 10:00 y las 14:00 horas y entre las 16:00 y las 17:00 horas. Horario flexible: entre las 08:15 v las 10:00 horas v entre las 17:00 v las 19:00 horas. La dirección podrá, de acuerdo con el Comité de Empresa, llevar a cabo la reordenación necesaria en cuanto al horario flexible para poder garantizar el apoyo global e indiferenciado al conjunto de la comisión ejecutiva. El límite es el cómputo semanal de las 36,5 horas en el resto del año y las 32,5 horas en la jornada de verano. Por tanto Las adaptaciones del horario dentro de lo establecido en el Convenio Colectivo deben hacerse de forma organizada y una vez consultado y acordado con el Comité de Empresa. II. Acuerdo sobre flexibilidad horaria en el final de la jornada. Las Secretarías, Departamentos y los ámbitos sindicales de la CEC que necesiten fijar un horario de salida a partir del fijado en el convenio colectivo como de obligado cumplimiento –es decir a partir de las 17:00 horas– harán la propuesta correspondiente al efecto en función de las actividades sindicales y el plan de trabajo previsto. Al respecto podrán establecer horarios de trabajo que puedan abarcar hasta las 19:00 horas. Se recomienda que en las Secretarias y otros ámbitos de trabajo de la CEC, en el supuesto de contar con varias personas, la finalización de la jornada hasta las 19:00 horas se haga de forma que permita el mejor disfrute posible de la conciliación personal y familiar. En aquellos ámbitos que no cuenten con personal suficiente la flexibilidad final de la jornada se debe realizar dentro de lo posible con la sensibilidad necesaria para garantizar la conciliación personal y familiar y también las tareas sindicales que justifican nuestra actividad y en el caso de ser necesario se aplicaría lo previsto en el convenio de reforzamiento con personas de otros ámbitos de la CEC. Salvo la realización del horario fijado hasta las 19:00 horas de forma voluntaria no podrá obligarse a ningún trabajador o trabajadora a estar disponible hasta las 19:00 horas más de un día a la semana. Los horarios que se planteen deberán tener en cuenta el límite de la jornada semanal establecido en el artículo 13 del convenio. En consecuencia se deberá ajustar la jornada en la semana para cumplir el límite semanal y/o en su caso acordar en cada ámbito acumular las horas para el disfrute de la tarde libre prevista en el convenio colectivo. III. Operativa del acuerdo. Las Secretarías y demás ámbitos de la CEC realizarán su propuesta de horario durante la vigencia del convenio en función de las actividades y el plan de trabajo planteado. La propuesta de horario se realizara anualmente al principio del ejercicio, para reiterar el horario ya fijado o plantear alguna novedad al respecto. Las propuestas se remitirán a la dirección de RRHH para su consulta, verificación y acuerdo de su adecuación a lo establecido en el convenio por parte de la dirección de RRHH y el Comité de Empresa. El horario de salida comprendido entre las 17:00 y las 19:00 horas no será aplicable en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. IV. Verificación horaria. Los horarios fijados se incluirán en el sistema para ajustar la verificación horaria en cada momento al horario real de cada Secretaria o Departamento de la CEC.

el art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo el Convenio publicado por Resolución de 26 de abril de 2012 , y se publica revisión salarial, por Resolución de 6 de abril de 2018 , y se publica revisión salarial, por Resolución de 14 de junio de 2017 Visto el texto del Convenio colectivo del personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (código de convenio n.º: 90100762012012) que fue suscrito, con fecha 19 de octubre de 2015, de una parte, por los designados por dicha Comisión en su representación, y de otra, por el Comité de empresa y Delegado de personal en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 28 de diciembre de 2015. El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL ASALARIADO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente convenio será de aplicación al personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con n.º CIF: G-28496131 cuyos centros de trabajo se ubican en Madrid y Albacete. No será de aplicación en las organizaciones afiliadas y confederadas con personalidad jurídica distinta de ésta, quedando también excluido de su aplicación el personal sindicalista. Artículo 2. Vigencia. El presente convenio entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará su vigencia el 31 de diciembre de 2018. No obstante lo anterior, surtirá efecto desde el día 1 de enero de 2015 salvo para aquellas materias en que explícitamente se indique fecha distinta. Artículo 3. Prórroga, denuncia y revisión. El presente convenio se entenderá prorrogado por periodos anuales si ninguna de las partes firmantes ha procedido a su denuncia a la finalización del periodo de vigencia establecido en el artículo anterior. Dicha denuncia deberá hacerse por escrito con acuse de recibo fehaciente y notificándose a la otra parte como mínimo dos meses antes de la finalización del mismo. En el supuesto de denuncia por cualquiera de las partes el convenio quedará prorrogado hasta que sea sustituido por otro. Artículo 4. Normativa aplicable y supletoria. En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas de derecho laboral. CAPÍTULO II Retribuciones Artículo 5. Criterios para la determinación de las retribuciones económicas y clausula de revisión. Atendiendo a las circunstancias derivadas de la situación económica y el mantenimiento del empleo, de forma excepcional, durante el año 2015 se percibirán las mismas retribuciones económicas y derechos sociales que estaban vigentes a fecha 31 de diciembre de 2014 y que se regulan en los artículos 5, 6, 7, 8, 23, 26 y 27 y en el Anexo I. En los sucesivos años de vigencia se iniciará, en el mes de enero, las negociaciones de las retribuciones económicas, que tendrán en cuenta el esfuerzo realizado en años anteriores. Se garantizará la inclusión de una cláusula de revisión salarial pactada, referenciada al IPC. Artículo 6. Pagas extraordinarias. 1. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a percibir tres pagas extraordinarias al año. Dos pagas se abonarán, respectivamente, en la segunda quincena de los meses de junio y diciembre de cada año. 2. La tercera paga extraordinaria se abonará en el mes de marzo de cada año, por un importe equivalente al 1 % del salario base más antigüedad del año anterior. El periodo de devengo de esta paga extraordinaria es el correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores a marzo. Artículo 7. Antigüedad. 1. Los trabajadores y trabajadoras asalariados al servicio de la CEC de CCOO incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio percibirán como complemento personal de antigüedad un trienio por cada tres años de servicios, con un límite máximo de cinco trienios. 2. La cuantía de este complemento en el año 2015 es de 39,54 euros mensuales por cada trienio para todas las categorías. 3. Se abonará en las doce mensualidades y en las pagas extraordinarias. 4. Este complemento no será compensable ni absorbible. 5. El cómputo del complemento de antigüedad se inicia a partir del momento de la contratación, devengándose cada trienio en el mes en que se cumpla. Artículo 8. Plus transporte. 1. Dicho concepto se retribuirá exclusivamente por día efectivo de trabajo, no incluyéndose, por tanto, en las gratificaciones extraordinarias, en el complemento por IT, etc. El elemento para comprobar que ha sido un día efectivo de trabajo es el medio de control de entrada o fichaje al centro de trabajo, es decir, e ### RESUMEN: El convenio colectivo de CCOO

Equipo médico del presidente: una consulta en Seguridad Nacional, dos ambulancias y unidad altos cargos en La Paz

El Subsecretario del Ministerio de la Presidencia y el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid han suscrito, con fecha 3 de enero de 2014, un Convenio de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros Altos Dignatarios. En cumplimiento del artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone la publicación de dicho convenio, como anexo a la presente resolución. Madrid, 4 de marzo de 2014.–El Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. ANEXO Convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios En Madrid a 3 de enero de 2014. Reunidos, de una parte, don Jaime Pérez Renovales, Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, nombrado para dicho cargo por el Real Decreto 2039/2011, de 30 de diciembre, en el ejercicio de la competencia delegada en el apartado l. segundo 2c) de la Orden PRE/934/2012, de 24 de abril, sobre delegación de competencias en órganos del Ministerio de la Presidencia y de sus organismos públicos. Y de otra, don Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en virtud de las atribuciones que le confiere el articulo 41 a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, así como de la delegación efectuada mediante Decreto 24/2013, de 31 de diciembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se delega en el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad la firma del Convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios. Reconociéndose ambas partes capacidad para suscribir el presente convenio EXPONEN I. Que existe en la Presidencia del Gobierno, desde el año 1989, un Sistema Operativo Sanitario, cuya finalidad es prestar asistencia sanitaria continuada y atención integral a la salud del Presidente, Expresidentes, Vicepresidentes, Ministros y, cuando se encuentren en territorio nacional, a los Altos Mandatarios y Dignatarios de Gobiernos Extranjeros. II. Que dispone para ello de unas instalaciones sanitarias con equipamiento necesario para esa cobertura sanitaria de forma continuada en las instalaciones del Centro Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis. III. Que en el año 1997 se suscribió un convenio de colaboración entre el lnstituto Nacional de la Salud (INSALUD) y de la Presidencia del Gobierno mediante el cual el INSALUD aportaba su colaboración en forma de medios técnicos y humanos a través del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Dicho convenio ha sido prorrogado anualmente mediante acuerdo de las partes. IV. Que con fecha uno de enero de 2002 se transfiere la gestión de los servicios sanitarios del INSALUD en la Comunidad de Madrid a dicha Comunidad, creándose el Servicio Madrileño de Salud, que se subrogó en todos los convenios suscritos por el INSALUD en su territorio. V. Que con fecha 20 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y la entonces denominada Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios, que fue prorrogado en diciembre de 2010. VI. Que con fecha 18 de julio de 2012 se firmó un nuevo Convenio con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuya prórroga y actualización para el año 2013 se suscribió con fecha 27 de diciembre. VII. Que el presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Teniendo en cuenta que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid viene prestando la asistencia objeto del presente Convenio desde el año 2002, es deseo de ambas partes suscribir el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. El presente convenio tiene por objeto el mantenimiento del Sistema Operativo Sanitario que presta asistencia sanitaria continuada y atención integral a la salud en el ámbito de la Presidencia del Gobierno al Presidente, Expresidentes, Vicepresidentes, Ministros, así como a Altos Mandatarios y Dignatarios de Gobiernos Extranjeros en visita en España. Segunda. Recursos. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, la Consejería competente en materia de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aportará los recursos humanos, tecnológicos y el material sanitario y farmacéutico, así como el soporte científico técnico-sanitario que en su momento se haga necesario y que será facilitado por el Hospital Universitario La Paz, o en su caso por otro centro sanitario, a petición del Director del Sistema Operativo Sanitario. Tercera. Composición del Sistema Operativo Sanitario. El Sistema Operativo Sanitario estará compuesto por, el Director del Sistema Operativo Sanitario, siete médicos, siete diplomados universitarios en enfermería (DUEs) (1 supervisor y seis DUEs de unidades especiales), que se integran en el Grupo Operativo Sanitario. En función de las necesidades que se presenten, puede recabarse la colaboración de otros especialistas seleccionados en calidad de consultores. El número de personal facultativo y sanitario no facultativo podrá ser modificado, previa suscripción de adenda por ambas partes, en función de la actividad que se desarrolle. Cuarta. Designación de los miembros del Sistema Operativo Sanitario. El Director del Sistema Operativo Sanitario será designado y destituido por el Secretario General de la Presidencia del Gobierno, comunicando tal decisión al titular de la Consejería competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid. El titular de la Consejería competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Director del Sistema Operativo Sanitario, autorizará al personal sanitario, de entre los que integren las plantillas de los centros y servicios adscritos a dicha Consejería, para formar parte del Grupo Operativo Sanitario. Estos facultativos realizarán las funciones propias de su categoría en sus respectivos centros de trabajo, dentro de la jornada legalmente establecida, y efectuarán la cobertura sanitaria que sea precisa conforme a la programación que realice el Director del Sistema Operativo Sanitario. En todo caso, al menos uno de los médicos prestará sus servicios con dedicación completa en el Grupo Operativo Sanitario y el resto, a propuesta del Director del Sistema Operativo Sanitario y previa conformidad de la Consejería competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid, podrá prestar temporalmente sus servicios con dedicación completa. Los especialistas seleccionados lo serán por el Director del Sistema Operativo Sanitario. Sus actuaciones especiales serán requeridas por el Director del Sistema Operativo Sanitario, en las ocasiones que se precisen. Su vinculación al Centro asistencial de origen se mantendrá inalterada. Quinta. Retribución del personal del Sistema Operativo Sanitario. El personal del Sistema Operativo Sanitario, que podrá ser removido libremente, percibirá las retribuciones siguientes: A) El Director del Sistema Operativo Sanitario, cuando proceda del Sistema Nacional de Salud, pasará a desempeñar las funciones de Jefe de Servicio con modificación de las condiciones de trabajo y percibirá las retribuciones correspondientes, según tablas retributivas de la Comunidad de Madrid, con actualización anual. Se le retribuirá el número de guardias de presencia física y/o localizada que realice, en concepto de atención continuada. Asimismo, se mantendrá la reserva de su puesto en el centro de trabajo con los derechos laborales que de ello se deriven. B) El personal del Grupo Operativo Sanitario será retribuido del modo siguiente. El personal facultativo del Grupo Operativo Sanitario percibirá las retribuciones establecidas para sus respectivos puestos de trabajo de origen, en las cuantías que en cada momento estén determinadas. En el supuesto de que realicen guardias en el Grupo Operativo, le serán abonadas en concepto de atención continuada, en las cuantías legalmente establecidas. El personal de enfermería será retribuido en las cuantías establecidas en cada momento para los ATS/DUE en Unidades de Hospitalización, Quirófanos, Urgencia, UDl, UVI y para los Supervisores de Área en su caso, percibiendo el complemento de atención continuada en sus modalidades A y B, así como el complemento especifico por turnicidad, en función de la programación de jornada en el Grupo Operativo Sanitario, en las cuantías establecidas en cada momento. En el supuesto de que tengan que realizar guardias por encima de su jornada habitual, percibirán, en concepto de atención continuada, las cuantías fijadas para este personal. C) Los especialistas seleccionados, en función de la colaboración especial que en este convenio se contempla, serán retribuidos en concepto de atención continuada, en las cuantías legalmente establecidas. Con independencia de lo previsto en la cláusula sexta, el Ministerio de la Presidencia sólo abonará al personal adscrito al Sistema Operativo Sanitario, los gastos ocasionados por los desplazamientos, tales corno locomoción, alojamiento y manutención, que se harán efectivos con cargo al crédito presupuestario de indemnizaciones por razón del servicio 25.01.912M.23 y en los términos y cuantías previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio. Las retribuciones del personal del Sistema Operativo Sanitario se realizarán con cargo al centro de gasto donde se encuentre adscrito dicho personal. Sexta. Condiciones económicas. El Sistema Operativo Sanitario dispone de las siguientes estructuras y equipamientos: – Unidad Asistencial Sanitaria, ubicada en el Departamento de Seguridad Nacional. – Dos ambulancias UCI móvil, medicalizadas y banalizadas. – Unidad Sanitaria de Altos Mandatarios y Dignatarios ubicada en el Hospital Universitario «La Paz». Todo el material, tanto el inventariado y de reposición, como el material sanitario, fungible, complementario, y de farmacia, será proporcionado y renovado por obsolescencia y/o actualización del mismo, a solicitud del Director del S.O.S., por la Consejería competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de los renting de sus respectivos centros H.U. La Paz con cargo al programa presupuestario 751, y las partidas correspondientes del capítulo 2 de su presupuesto de gastos, y Gerencia del SUMMA 112 con cargo al programa presupuestario 725, partida 20400 y financiado a partes iguales por el Ministerio de la Presidencia y los centros señalados de la Consejería competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid. El Ministerio de la Presidencia abonará anualmente, previa debida justificación y hasta una cuantía máxima de 150.000 euros con cargo al crédito presupuestario 25.01.912M.259 de los ejercicios 2014 y 2015, el material indicado en el párrafo anterior. El Servicio Madrileño de Salud hará frente a la financiación del personal asignado al Sistema Operativo Sanitario a través de los centros de gasto que correspondan. La necesidad de cobertura de pruebas complementarias y consultas será facilitada por el Servicio Madrileño de Salud, prioritariamente a través del Hospital Universitario La Paz como hospital de referencia, o cualquier otro servicio hospitalario u extrahospitalario que, en su caso, pueda ser requerido. Séptima. Efectividad. La efectividad queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del Convenio en los ejercicios correspondientes. Octava. Situaciones excepcionales. En el caso de acontecimientos extraordinarios, que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, se solicitarán unidades de apoyo a diversas instituciones médico-sanitarias adscritas a la Consejería competente en materia de sanidad de dicha Comunidad, según las necesidades. Estas unidades estarán formadas por equipos sanitarios y no sanitarios, así como vehículo UCI móviles y material que se precise en cada situación. Novena. Comisión de seguimiento. Para el seguimiento de las actuaciones contempladas en el presente convenio, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por dos miembros de cada una de las instituciones firmantes. Serán funciones de la citada comisión, la de velar por el buen desarrollo de las actuaciones contempladas en el convenio y resolver las dudas y discrepancias que surjan en la interpretación y aplicación del Convenio. El funcionamiento de la comisión se regulará por lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Décima. Causas de resolución. El presente Convenio quedará resuelto en los siguientes supuestos: a) Por mutuo acuerdo escrito entre las partes. b) Por su denuncia, en la forma establecida en la cláusula décimo primera. c) Por cualquier otra causa legalmente prevista. Decimoprimera. Vigencia, prórroga y denuncia. El Convenio estará vigente desde la fecha de firma del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2015, pudiendo prorrogarse expresamente por periodos anuales, salvo que medie denuncia expresa por cualquiera de las partes, comunicada con una antelación mínima de tres meses. En caso de prórroga se podrán revisar los importes, para ajustarlos al crédito presupuestario anual disponible. Decimosegunda. Régimen jurídico. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, queda excluido de la aplicación de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1 c), sometiéndose a los principios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, así como a las normas generales de derecho administrativo, cuando proceda, a los principios de buena administración y al ordenamiento jurídico en general. Decimotercera. Controversias. Dada la naturaleza administrativa del convenio, corresponde conocer de las discrepancias, que no hayan podido resolverse en el seno de la comisión de seguimiento prevista en la cláusula novena, a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. Y, en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio por triplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

El Subsecretario del Ministerio de la Presidencia y el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid han suscrito, con fecha 3 de enero de 2014, un Convenio de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros Altos Dignatarios. En cumplimiento del artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone la publicación de dicho convenio, como anexo a la presente resolución. Madrid, 4 de marzo de 2014.–El Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. ANEXO Convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios En Madrid a 3 de enero de 2014. Reunidos, de una parte, don Jaime Pérez Renovales, Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, nombrado para dicho cargo por el Real Decreto 2039/2011, de 30 de diciembre, en el ejercicio de la competencia delegada en el apartado l. segundo 2c) de la Orden PRE/934/2012, de 24 de abril, sobre delegación de competencias en órganos del Ministerio de la Presidencia y de sus organismos públicos. Y de otra, don Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en virtud de las atribuciones que le confiere el articulo 41 a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, así como de la delegación efectuada mediante Decreto 24/2013, de 31 de diciembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se delega en el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad la firma del Convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios. Reconociéndose ambas partes capacidad para suscribir el presente convenio EXPONEN I. Que existe en la Presidencia del Gobierno, desde el año 1989, un Sistema Operativo Sanitario, cuya finalidad es prestar asistencia sanitaria continuada y atención integral a la salud del Presidente, Expresidentes, Vicepresidentes, Ministros y, cuando se encuentren en territorio nacional, a los Altos Mandatarios y Dignatarios de Gobiernos Extranjeros. II. Que dispone para ello de unas instalaciones sanitarias con equipamiento necesario para esa cobertura sanitaria de forma continuada en las instalaciones del Centro Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis. III. Que en el año 1997 se suscribió un convenio de colaboración entre el lnstituto Nacional de la Salud (INSALUD) y de la Presidencia del Gobierno mediante el cual el INSALUD aportaba su colaboración en forma de medios técnicos y humanos a través del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Dicho convenio ha sido prorrogado anualmente mediante acuerdo de las partes. IV. Que con fecha uno de enero de 2002 se transfiere la gestión de los servicios sanitarios del INSALUD en la Comunidad de Madrid a dicha Comunidad, creándose el Servicio Madrileño de Salud, que se subrogó en todos los convenios suscritos por el INSALUD en su territorio. V. Que con fecha 20 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y la entonces denominada Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios, que fue prorrogado en diciembre de 2010. VI. Que con fecha 18 de julio de 2012 se firmó un nuevo Convenio con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuya prórroga y actualización para el año 2013 se suscribió con fecha 27 de diciembre. VII. Que el presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Teniendo en cuenta que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid viene prestando la asistencia objeto del presente Convenio desde el año 2002, es deseo de ambas partes suscribir el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. El presente convenio tiene por objeto el mantenimiento del Sistema Operativo Sanitario que presta asistencia sanitaria continuada y atención integral a la salud en el ámbito de la Presidencia del Gobierno al Presidente, Expresidentes, Vicepresidentes, Ministros, así como a Altos Mandatarios y Dignatarios de Gobiernos Extranjeros en visita en España. Segunda. Recursos. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, la Consejería competente en materia de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aportará los recursos humanos, tecnológicos y el material sanitario y farmacéutico, así como el soporte científico técnico-sanitario que en su momento se haga necesario y que será facilitado por el Hospital Universitario La Paz, o en su caso por otro centro sanitario, a petición del Director del Sistema Operativo Sanitario. Tercera. Composición del Sistema Operativo Sanitario. El Sistema Operativo Sanitario estará compuesto por, el Director del Sistema Operativo Sanitario, siete médicos, siete diplomados universitarios en enfermería (DUEs) (1 supervisor y seis DUEs de unidades especiales), que se integran en el Grupo Operativo Sanitario. En función de las necesidades que se presenten, puede recabarse la colaboración de otros especialistas seleccionados en calidad de consultores. El número de personal facultativo y sanitario no facultativo podrá ser modificado, previa suscripción de adenda por ambas partes, en función de la actividad que se desarrolle. Cuarta. Designación de los miembros del Sistema Operativo Sanitario. El Director del Sistema Operativo Sanitario será designado y destituido por el Secretario General de la Presidencia del Gobierno, comunicando tal decisión al titular de la Consejería competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid. ### RESUMEN: Equipo médico del presidente: una consulta en Seguridad Nacional, dos ambulancias y unidad altos cargos en La Paz

Curso de comunicación pública para 25 funcionarios

El desarrollo de la Sociedad de la Información ha situado a la comunicación como una actividad de capital importancia para todos los actores sociales. Este proceso afecta directamente a las Administraciones Públicas que, no sólo tienen la obligación de servir a los intereses generales, sino que además han de informar a los ciudadanos sobre su actuación, siguiendo los principios de eficacia, transparencia y eficiencia. Los continuos cambios que se producen en el sector comunicativo, provocados por la innovación tecnológica y por la profundización en las técnicas comunicativas, obligan a las Administraciones Públicas a realizar un esfuerzo en la renovación de los medios empleados en la comunicación pública. Para esta tarea resulta imprescindible disponer de unos recursos técnicos adecuados y de unos recursos humanos especializados y convenientemente formados en la materia. La V edición del Curso de Especialización en Comunicación Pública del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que se convoca en la presente resolución, tiene la finalidad de dar respuesta a estas necesidades de preparación y formación de los empleados públicos. Esta actividad formativa, en la que participarán los mejores profesionales del sector de la comunicación, constituye una herramienta de especialización para los empleados que trabajan en las unidades administrativas que protagonizan la comunicación pública, así como una oportunidad formativa para todos aquellos que pretendan enfocar su carrera administrativa hacia este ámbito del sector público. A lo largo del curso se abordarán todos los niveles de la comunicación prestando especial atención a la planificación y gestión estratégica de la comunicación, al diseño y elaboración de planes de comunicación, a los intangibles en el sector público, a las técnicas y tácticas, así como a las últimas tendencias comunicativas y al análisis de casos concretos en la Administración pública. La carga lectiva estimada para las distintas materias y actividades formativas se ha valorado en créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), regulado por el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. La adopción como referente del sistema utilizado actualmente en el ámbito universitario conlleva la introducción de un modelo formativo que centra la programación y la metodología docente en el aprendizaje de los estudiantes y no exclusivamente en las horas lectivas, y al mismo tiempo facilita la comparación con estudios análogos. Por lo tanto, en este concepto de crédito se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias. Por ello, esta Dirección adopta la siguiente resolución: Primero. Convocatoria. Se convoca la V edición del Curso de Especialización en Comunicación Pública, a desarrollar durante el curso académico 2013-2014. Segundo. Objetivos. Este curso tiene como objetivo fundamental desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para un correcto desempeño profesional de la Comunicación entendida de forma estratégica e integral y en el ámbito de la Administración pública. El objetivo fundamental es formar profesionales con un conocimiento global de todas las áreas relacionadas con la comunicación pública, con la capacidad de selección, gestión y difusión de la comunicación, la capacidad de análisis y de valoración crítica y la capacidad de liderazgo de proyectos de comunicación, así como de adaptación de forma eficiente a un entorno tecnológico y profesional en constante evolución que requiere visiones estratégicas del entorno y de la comunicación. Tercero. Coordinación del curso. La coordinación del curso corresponderá a un Consejo Académico nombrado por el Director del INAP, con cuatro miembros, uno de ellos propuesto por la Secretaría de Estado de Comunicación. Cuarto. Duración y estructura. El curso consta de 12 créditos ECTS, que se cursarán desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2014. Las asignaturas, en las que se combinan las actividades presenciales con la formación on-line, se distribuyen en siete materias, que suman un total de 10 créditos ECTS, y un trabajo de fin de curso, al que le corresponden dos créditos ECTS. Quinto. Programa formativo. El programa de la V edición del Curso de Especialización de Comunicación Pública se estructura de las siguientes materias: – Planificación y gestión estratégica de la comunicación en la Administración pública. (2 ECTS). – Los intangibles en el sector público: marca, posicionamiento, reputación (2 ECTS). – De la estrategia a la práctica: técnicas y tácticas (2 ECTS). – La política informativa de las organizaciones públicas (1 ECTS). – La comunicación de las políticas públicas y campañas de información de la Administración pública (1 ECTS). – Las tecnologías de la Información y Comunicación en la Administración pública (1 ECTS). – Casos de comunicación (1 ECTS). El programa se completa con la realización de un proyecto de fin de curso cuyo tema será propuesto y tutelado por los coordinadores académicos. Los alumnos contarán con la ayuda de un tutor para la realización de los proyectos que se expondrán ante un tribunal formado por expertos en la materia. Sexto. Destinatarios. Podrán participar los funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1 y resto de empleados públicos con categoría asimilada a los anteriores, con experiencia en el sector público. Séptimo. Lugar de celebración y calendario. 1. Las clases presenciales tendrán lugar en la sede del INAP, calle Atocha, n.º 106, de Madrid, todos los jueves lectivos de 16.00 a 20.30 horas. 2. Las clases presenciales comenzarán el 10 de octubre de 2013 y finalizarán durante el mes de septiembre de 2014. 3. La fecha de exposición de los trabajos se determinará a lo largo del curso. 4. El INAP se reserva, no obstante, el derecho de realizar modificaciones sobre las fechas previstas si razones de organización así lo aconsejan. Octavo. Solicitudes. 1. Quienes deseen participar en el curso deberán presentar la solicitud que figura en la página web del INAP (www.inap.es) entrando en el enlace «Aprendizaje» y, a continuación, en «Formación directiva». En este apartado figurará un enlace a la página web del curso. Ejecutando la opción «Presentación de solicitudes» se tendrá acceso a un formulario en el que deberá cumplimentarse o modificarse los datos personales, profesionales y académicos. Además, los interesados deberán indicar en la «carta de motivación» de su solicitud los motivos que les animan a participar en este curso, incidiendo especialmente en el interés objetivo de la organización administrativa en la que presta sus servicios. Una vez cumplimentada la solicitud, deberá activar la opción «Conformidad» para indicar la conformidad de su superior jerárquico y finalmente en el botón «Grabar» para completar la transmisión telemática de datos. Para completar la solicitud así enviada, es necesario imprimirla en soporte papel y pasarla a la firma del superior jerárquico, con categoría, al menos, de subdirector general. Una vez firmada, deberá conservar la solicitud en su poder hasta que se le requiera su presentación. Asimismo, se deberá enviar el currículum vitae resumido (no más de dos páginas) a [email protected], indicando en el asunto del correo electrónico: «CV curso de comunicación pública». 2. El plazo de presentación de solicitudes, comenzará el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará el 31 de julio de 2013. Noveno. Selección. 1. El número máximo de admitidos será de 25. 2. La selección de los participantes será realizada por la Subdirección de Formación, oído el Consejo Académico, con aplicación de los siguientes criterios: a) El nivel de responsabilidad dentro de la organización. b) La relación directa entre los contenidos que se imparten y el puesto de trabajo que se desempeña. c) Trayectoria profesional y curricular de los candidatos. d) Interés objetivo de la organización administrativa en la que preste servicios el solicitante. 3. Los empleados públicos podrán participar en el curso durante los permisos por parto, adopción o acogimiento, así como durante la situación de excedencia por cuidado de familiares, según lo dispuesto en los artículos 49 y 89.4 de La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 4. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se otorgará preferencia en la selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas. Asimismo, se reservará al menos un 40 por ciento de las plazas en los cursos de formación para su adjudicación a mujeres que reúnan los requisitos establecidos, salvo que el número de solicitudes de mujeres sea insuficiente para cubrir este porcentaje. 5. En aplicación del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, se valorará como criterio de selección a quienes se encuentren afectados por una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Las personas con discapacidad que soliciten el curso podrán hacer constar tal circunstancia en la inscripción, y podrán indicar, asimismo, las adaptaciones necesarias en el curso formativo, siempre y cuando hayan sido seleccionadas. 6. Una vez efectuada la selección definitiva de los participantes, la Subdirección de Formación lo comunicará a los interesados, que deberán confirmar su asistencia al curso. La inasistencia, sin previo aviso o cumplida justificación, de quienes hubiesen sido seleccionados para participar en la actividad formativa podrá determinar su exclusión en selecciones posteriores. Décimo. Diplomas. Los participantes que acrediten un buen aprovechamiento de las enseñanzas impartidas recibirán el correspondiente diploma. Una falta de asistencia superior al diez por ciento de las horas lectivas presenciales programadas, cualquiera que sea la causa, imposibilitará la expedición del mismo. Igualmente, la no superación del trabajo final de curso o el incumplimiento de otros requisitos del curso, imposibilitará la expedición del diploma. Sólo se podrá superar el curso a través del aprendizaje continuo, lo que implica una asistencia obligatoria mínima del noventa por ciento de las clases, la participación activa en los talleres prácticos, la puntualidad, el cumplimiento del horario previsto, y un nota mínima de 5 en el trabajo de fin de curso. Undécimo. Régimen académico. Los alumnos seleccionados que no observen las reglas elementales de respeto y consideración hacia profesores, compañeros o personal del INAP podrán ser excluidos de las actividades formativas. Además de lo establecido en la cláusula anterior, los participantes que tengan una inasistencia superior al veinticinco por ciento en una materia formativa, cualquiera que sea la causa, o que incumplan el horario de las clases, podrán perder la escolaridad. Duodécimo. Información adicional. Podrá obtenerse información adicional en la página web del INAP www.inap.es, a través del teléfono 912739196, del fax 912739346, a través de los correos electrónicos [email protected] o [email protected] o a través de la dirección postal calle Atocha, 106. E-28012, Madrid. Madrid, 8 de julio de 2013.–El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, P.S. (Real Decreto 464/2011, de 1 de abril), el Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, Enrique Silvestre Catalán.

El desarrollo de la Sociedad de la Información ha situado a la comunicación como una actividad de capital importancia para todos los actores sociales. Este proceso afecta directamente a las Administraciones Públicas que, no sólo tienen la obligación de servir a los intereses generales, sino que además han de informar a los ciudadanos sobre su actuación, siguiendo los principios de eficacia, transparencia y eficiencia. Los continuos cambios que se producen en el sector comunicativo, provocados por la innovación tecnológica y por la profundización en las técnicas comunicativas, obligan a las Administraciones Públicas a realizar un esfuerzo en la renovación de los medios empleados en la comunicación pública. Para esta tarea resulta imprescindible disponer de unos recursos técnicos adecuados y de unos recursos humanos especializados y convenientemente formados en la materia. La V edición del Curso de Especialización en Comunicación Pública del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que se convoca en la presente resolución, tiene la finalidad de dar respuesta a estas necesidades de preparación y formación de los empleados públicos. Esta actividad formativa, en la que participarán los mejores profesionales del sector de la comunicación, constituye una herramienta de especialización para los empleados que trabajan en las unidades administrativas que protagonizan la comunicación pública, así como una oportunidad formativa para todos aquellos que pretendan enfocar su carrera administrativa hacia este ámbito del sector público. A lo largo del curso se abordarán todos los niveles de la comunicación prestando especial atención a la planificación y gestión estratégica de la comunicación, al diseño y elaboración de planes de comunicación, a los intangibles en el sector público, a las técnicas y tácticas, así como a las últimas tendencias comunicativas y al análisis de casos concretos en la Administración pública. La carga lectiva estimada para las distintas materias y actividades formativas se ha valorado en créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), regulado por el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. La adopción como referente del sistema utilizado actualmente en el ámbito universitario conlleva la introducción de un modelo formativo que centra la programación y la metodología docente en el aprendizaje de los estudiantes y no exclusivamente en las horas lectivas, y al mismo tiempo facilita la comparación con estudios análogos. Por lo tanto, en este concepto de crédito se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias. Por ello, esta Dirección adopta la siguiente resolución: Primero. Convocatoria. Se convoca la V edición del Curso de Especialización en Comunicación Pública, a desarrollar durante el curso académico 2013-2014. Segundo. Objetivos. Este curso tiene como objetivo fundamental desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para un correcto desempeño profesional de la Comunicación entendida de forma estratégica e integral y en el ámbito de la Administración pública. El objetivo fundamental es formar profesionales con un conocimiento global de todas las áreas relacionadas con la comunicación pública, con la capacidad de selección, gestión y difusión de la comunicación, la capacidad de análisis y de valoración crítica y la capacidad de liderazgo de proyectos de comunicación, así como de adaptación de forma eficiente a un entorno tecnológico y profesional en constante evolución que requiere visiones estratégicas del entorno y de la comunicación. Tercero. Coordinación del curso. La coordinación del curso corresponderá a un Consejo Académico nombrado por el Director del INAP, con cuatro miembros, uno de ellos propuesto por la Secretaría de Estado de Comunicación. Cuarto. Duración y estructura. El curso consta de 12 créditos ECTS, que se cursarán desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2014. Las asignaturas, en las que se combinan las actividades presenciales con la formación on-line, se distribuyen en siete materias, que suman un total de 10 créditos ECTS, y un trabajo de fin de curso, al que le corresponden dos créditos ECTS. Quinto. Programa formativo. El programa de la V edición del Curso de Especialización de Comunicación Pública se estructura de las siguientes materias: – Planificación y gestión estratégica de la comunicación en la Administración pública. (2 ECTS). – Los intangibles en el sector público: marca, posicionamiento, reputación (2 ECTS). – De la estrategia a la práctica: técnicas y tácticas (2 ECTS). – La política informativa de las organizaciones públicas (1 ECTS). – La comunicación de las políticas públicas y campañas de información de la Administración pública (1 ECTS). – Las tecnologías de la Información y Comunicación en la Administración pública (1 ECTS). – Casos de comunicación (1 ECTS). El programa se completa con la realización de un proyecto de fin de curso cuyo tema será propuesto y tutelado por los coordinadores académicos. Los alumnos contarán con la ayuda de un tutor para la realización de los proyectos que se expondrán ante un tribunal formado por expertos en la materia. Sexto. Destinatarios. Podrán participar los funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1 y resto de empleados públicos con categoría asimilada a los anteriores, con experiencia en el sector público. ### RESUMEN: Curso de comunicación pública para 25 funcionarios

Siguen los nombramientos a los miembros del Consejo de Transparencia

Por Resolución de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 9 de marzo de 2015 («Boletín Oficial del Estado» del día 16), fueron convocados diversos puestos de trabajo para su cobertura por el sistema de libre designación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cumplida la tramitación que exige el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. En uso de las funciones que me atribuye el artículo 8.2n) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, he dispuesto: Primero. Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, a los funcionarios que se indican y que cumplen con los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. Segundo. Los plazos de toma de posesión en los destinos adjudicados, serán los recogidos en la base sexta de la Resolución de 9 de marzo de 2015, por la que se convocaba la provisión de los puestos de trabajo. Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 14 de abril de 2015.–La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez. ANEXO I Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Código de puesto: 5335037. Denominación del puesto: Subdirector/Subdirectora General de Transparencia y Buen Gobierno. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 28.743,54. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Amorós Dorda, Francisco Javier. N.R.P.: 0250115235 A1111. Grupo: A1. Cuerpo: A1111. Situación: Activo. Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Código de puesto: 2215349. Denominación del puesto: Subdirector/Subdirectora Adjunto de Transparencia y Buen Gobierno. Nivel 29. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Subdirección General de Organización y Procedimientos, (DGOAP), SEAP, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 19.626,88. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Gómez de Villalobos, Gonzalo. N.R.P.: 0192996635 A1111. Grupo A1. Cuerpo: A1111. Situación: Activo. Puesto adjudicado: Número de orden: 3. Código de puesto: 5335035. Denominación del puesto: Subdirector/Subdirectora General de Reclamaciones. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 28.743,54. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Zambrano Gómez, M.ª Esperanza. N.R.P.:48805968 A5700. Grupo: A1. Cuerpo: A5700. Situación: Activo. Puesto adjudicado: Número de orden: 4. Código de puesto: 5335033. Denominación del puesto: Secretario/Secretaria de Director General. Nivel: 17. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 17. Complemento específico: 7.060,20. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: González Hernández, M.ª Concepción. N.R.P.: 0794619813 A6025. Grupo: C1. Cuerpo: A6025. Situación: Activo. Puesto adjudicado: Número de orden: 5. Código de puesto: 5335034. Denominación del puesto: Secretario/Secretaria de Director General. Nivel: 17. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 17. Complemento específico: 7.060,20. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Díez Domínguez, Yolanda. N.R.P.: 5042052368 A6032. Grupo: C2. Cuerpo: A6032. Situación: Activo.

Por Resolución de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 9 de marzo de 2015 («Boletín Oficial del Estado» del día 16), fueron convocados diversos puestos de trabajo para su cobertura por el sistema de libre designación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cumplida la tramitación que exige el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. En uso de las funciones que me atribuye el artículo 8.2n) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, he dispuesto: Primero. Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, a los funcionarios que se indican y que cumplen con los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. Segundo. Los plazos de toma de posesión en los destinos adjudicados, serán los recogidos en la base sexta de la Resolución de 9 de marzo de 2015, por la que se convocaba la provisión de los puestos de trabajo. Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 14 de abril de 2015.–La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez. ANEXO I Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Código de puesto: 5335037. Denominación del puesto: Subdirector/Subdirectora General de Transparencia y Buen Gobierno. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 28.743,54. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Amorós Dorda, Francisco Javier. N.R.P.: 0250115235 A1111. Grupo: A1. Cuerpo: A1111. Situación: Activo. Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Código de puesto: 2215349. Denominación del puesto: Subdirector/Subdirectora Adjunto de Transparencia y Buen Gobierno. Nivel 29. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Subdirección General de Organización y Procedimientos, (DGOAP), SEAP, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 19.626,88. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Gómez de Villalobos, Gonzalo. N.R.P.: 0192996635 A1111. Grupo A1. Cuerpo: A1111. Situación: Activo. Puesto adjudicado: Número de orden: 3. Código de puesto: 5335035. Denominación del puesto: Subdirector/Subdirectora General de Reclamaciones. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 28.743,54. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Zambrano Gómez, M.ª Esperanza. N.R.P.:48805968 A5700. Grupo: A1. Cuerpo: A5700. Situación: Activo. Puesto adjudicado: Número de orden: 4. Código de puesto: 5335033. Denominación del puesto: Secretario/Secretaria de Director General. Nivel: 17. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 17. Complemento específico: 7.060,20. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: González Hernández, M.ª Concepción. N.R.P.: 0794619813 A6025. Grupo: C1. Cuerpo: A6025. Situación: Activo. Puesto adjudicado: Número de orden: 5. Código de puesto: 5335034. Denominación del puesto: Secretario/Secretaria de Director General. Nivel: 17. Puesto de procedencia: Centro directivo, provincia: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Madrid. Nivel: 17. Complemento específico: 7.060,20. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Díez Domínguez, Yolanda. N.R.P.: 5042052368 A6032. Grupo: C2. Cuerpo: A6032. Situación: Activo. ### RESUMEN: Siguen los nombramientos a los miembros del Consejo de Transparencia

Justicia crea una unidad administrativa para apoyar en la crisis. 19 plazas en comisión de servicios.

el art. 439 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo En el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020 se acordó la aprobación del Plan de actuación de la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta pandemia han dado lugar a la elaboración de dicho Plan de medidas de incentivo y refuerzo de la Administración de Justicia, que pretende intensificar las respuestas de los Juzgados y Tribunales para la atención adecuada de las necesidades que se hubieran generado entre los ciudadanos, que han de acudir a este servicio público, sin afectar a sus parámetros razonables de calidad. La organización, seguimiento y control de la estructura de la Administración de Justicia, es una función, totalmente independiente de la de apoyo a la jurisdicción que se desarrolla en Juzgados y Tribunales, que se ejerce desde las administraciones prestacionales y que también se va a ver profundamente sobrecargada durante los próximos meses. Las mencionadas funciones, si bien están claramente diferenciadas, tienen una estrecha relación, como consecuencia de la cual, los profesionales que prestan servicios en la Administración de Justicia tienen unos conocimientos y una experiencia de gran valor que les hace idóneos para la prestación de las funciones administrativas de apoyo. En previsión de estas circunstancias, el artículo 439 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estableció la posibilidad de crear unidades administrativas que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, se constituyeran en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de las oficinas judiciales, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales. Dentro de dichas unidades, el Ministerio de Justicia puede establecer oficinas comunes de apoyo, para la prestación de servicios cuya naturaleza no exija la realización de funciones encomendadas como propias a los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia y que se consideren necesarios o convenientes para su buen funcionamiento. En su ámbito competencial, corresponde al Ministerio de Justicia la creación, diseño, organización, dependencia jerárquica, actuaciones y establecimiento de los puestos de trabajo de las unidades administrativas integradas en la Administración de Justicia no transferida. Por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 439 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el marco del Plan de actuación previsto en la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020, para el apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso-administrativo, dispongo: Artículo 1. Objeto. Esta Orden tiene por objeto: 1. La creación de la Unidad Administrativa para el apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso-administrativo, en el contexto del Plan de actuación de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020. 2. La determinación de su adscripción jerárquica. 3. El establecimiento de las funciones y actuaciones propias de esta unidad. 4. La descripción de su estructura organizativa, la relación provisional de sus puestos de trabajo y su forma de provisión. 5. Las reglas de su funcionamiento. 6. La fijación de su marco temporal inicial y su revisión en la organización definitiva en la Administración de Justicia. Artículo 2. Adscripción. La Unidad Administrativa para el apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso-administrativo quedará adscrita al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia. Artículo 3. Funciones. 1. La Unidad Administrativa tendrá como principal función el apoyo en la programación, impulso y coordinación de las acciones necesarias para la recuperación y normal funcionamiento de la actividad de los órganos jurisdiccionales del orden social y contencioso-administrativo y los Juzgados de lo Mercantil de conformidad con el Plan de actuación de la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020. 2. Realizará el seguimiento y control de los planes concretos de actuación en relación con los Juzgados y con los funcionarios incluidos en dichos planes o que puedan verse afectados por valoraciones o adaptaciones posteriores, en el ejercicio de las funciones consideradas en el artículo 4 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia. 3. Otras funciones que como consecuencia directa o indirecta del COVID-19 sean necesarias para el apoyo y soporte en la implantación de planes y medidas en la recuperación de actividad, transformación y gestión del cambio en el ámbito de la Administración de Justicia. Artículo 4. Estructura y composición. 1. Al frente de la Unidad Administrativa estará la Directora General para el Servicio Público de Justicia o la persona o personas que designe con rango de Subdirector General. 2. La Unidad Administrativa dispondrá de una relación temporal de puestos de trabajo compuesta por siete plazas para funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, seis plazas para funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y seis plazas para funcionarios de Tramitación Procesal y Administrativa, que se determinan en anexo a la presente Orden. 3. Junto a los anteriores, podrán forma parte de la Unidad Administrativa funcionarios de la Administración General del Estado o de las Administraciones Autonómicas prestacionales, cuando así se determine y apruebe. 4. Por resolución de la persona titular de la Dirección General, podrán crearse, en la estructura de la Unidad Administrativa, oficinas de actividades comunes, que se asignarán por el tiempo que se determinen a cualquiera de las Subdirecciones Generales dependientes. Artículo 5. Dotación y cobertura de las plazas. Dada su naturaleza temporal, las plazas de la Unidad Administrativa, se cubrirán únicamente en comisión de servicios, entre los funcionarios de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa, mediante convocatorias públicas en la que se valorarán los méritos de los candidatos en relación con las funciones y actividades pretendidas. Artículo 6. Reglas de funcionamiento. 1. Las reglas de funcionamiento de la Unidad Administrativa, de las Oficinas que puedan crearse dentro de la misma, y de los funcionarios que la compongan se establecerán por Instrucción de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia. 2. Las instrucciones que a tal fin se dicten, regularán en todo caso las medidas de seguimiento y control del trabajo de la Unidad Administrativa, que incluirán, con una periodicidad mínima trimestral, la elaboración de un informe de actuación de la Unidad y de sus miembros. 3. Cuando las Oficinas o los funcionarios estén asignados durante un periodo determinado a cualquiera de las unidades dependientes de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, el titular de dichas unidades, podrá dictar bajo la supervisión de esa Dirección, las instrucciones complementarias de funcionamiento correspondientes a las oficinas o funcionarios que tenga asignados. Artículo 7. Duración. 1. La Unidad Administrativa se constituirá al día siguiente de dictarse la Instrucción que regule su funcionamiento y mantendrá su actividad hasta el 31 de diciembre de 2021. 2. Si llegado ese plazo perdurasen las condiciones que justifican ahora su creación, podrá ampliarse su vigencia temporal, si así se considera en la oportuna modificación del Plan de actuación, siempre que exista disponibilidad presupuestaria. 3. La relación temporal de puestos de trabajo de la Unidad Administrativa podrá modificarse para su configuración de forma definitiva y para la oferta de sus plazas con instrumentos ordinarios de provisión. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 21 de octubre de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. ANEXO Relación provisional de puestos de trabajo de la Unidad Administrativa para el apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso-administrativo Centro Gestor de las plazas de este anexo: Dirección General para el Servicio Público de Justicia. Localización de las plazas de este anexo: Madrid Denominación del puesto: Letrado de la Administración de Justicia. Dotación: Siete dotaciones. C. general de puesto: 1.456,66 euros/mes. C. específico: 672,87 euros/mes. Tipo de puesto: Singularizado. Cuerpo: Letrado de la Administración de Justicia. Forma de provisión: Comisión de servicio. Admón. de procedencia: Admón. Justicia. Funciones: Las mencionadas en el artículo 3 de la presente Orden, así como otras funciones propias de su Cuerpo. Colaboración en la gestión de recursos humanos y económicos. Apoyo en el desarrollo e implantación de los programas informáticos y otros medios materiales que sirvan de soporte al funcionamiento de Juzgados y Tribunales. Méritos a valorar: Experiencia en el uso de sistemas de gestión procesal y aplicativos del Ministerio de Justicia. Gestión de cuadros de mandos y otras herramientas de análisis de datos. Denominación del puesto: Gestión Procesal y Administrativa. Dotación: Seis dotaciones. C. general de puesto: 360,22 euros/mes. C. específico: 580,17 euros/mes. Tipo de puesto: Singularizado. Cuerpo: Gestión P. A. Forma de provisión: Comisión de servicio. Admón. de procedencia: Admón. Justicia. Funciones: Las mencionadas en el artículo 3 de la presente Orden, así como otras funciones propias de su Cuerpo. Colaboración en la gestión de recursos humanos y económicos. Apoyo en el desarrollo e implantación de los programas informáticos y otros medios materiales que sirvan de soporte al funcionamiento de juzgados y tribunales. Méritos a valorar: Experiencia en gestión económica y presupuestaria y en gestión de recursos humanos. Experiencia en el uso de sistemas de gestión procesal y aplicativos del Ministerio de Justicia. Denominación del puesto: Tramitación Procesal y Administrativa. Dotación: Seis dotaciones. C. general de puesto: 312,65 euros/mes. C. específico: 501,02 euros/mes. Tipo de puesto: Singularizado. Cuerpo: Tramitación P. A. Forma de provisión: Comisión de servicio. Admón. de procedencia: Admón. Justicia. Funciones: Las mencionadas en el artículo 3 de la presente Orden, así como otras funciones propias de su Cuerpo. Colaboración en la gestión de recursos humanos y económicos. Apoyo en el desarrollo e implantación de los programas informáticos y otros medios materiales que sirvan de soporte al funcionamiento de juzgados y tribunales. Méritos a valorar: Experiencia en gestión económica y presupuestaria y en gestión de recursos humanos. Experiencia en el uso de sistemas de gestión procesal y aplicativos del Ministerio de Justicia.

el art. 439 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo En el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020 se acordó la aprobación del Plan de actuación de la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta pandemia han dado lugar a la elaboración de dicho Plan de medidas de incentivo y refuerzo de la Administración de Justicia, que pretende intensificar las respuestas de los Juzgados y Tribunales para la atención adecuada de las necesidades que se hubieran generado entre los ciudadanos, que han de acudir a este servicio público, sin afectar a sus parámetros razonables de calidad. La organización, seguimiento y control de la estructura de la Administración de Justicia, es una función, totalmente independiente de la de apoyo a la jurisdicción que se desarrolla en Juzgados y Tribunales, que se ejerce desde las administraciones prestacionales y que también se va a ver profundamente sobrecargada durante los próximos meses. Las mencionadas funciones, si bien están claramente diferenciadas, tienen una estrecha relación, como consecuencia de la cual, los profesionales que prestan servicios en la Administración de Justicia tienen unos conocimientos y una experiencia de gran valor que les hace idóneos para la prestación de las funciones administrativas de apoyo. En previsión de estas circunstancias, el artículo 439 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estableció la posibilidad de crear unidades administrativas que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, se constituyeran en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de las oficinas judiciales, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales. Dentro de dichas unidades, el Ministerio de Justicia puede establecer oficinas comunes de apoyo, para la prestación de servicios cuya naturaleza no exija la realización de funciones encomendadas como propias a los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia y que se consideren necesarios o convenientes para su buen funcionamiento. En su ámbito competencial, corresponde al Ministerio de Justicia la creación, diseño, organización, dependencia jerárquica, actuaciones y establecimiento de los puestos de trabajo de las unidades administrativas integradas en la Administración de Justicia no transferida. Por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 439 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el marco del Plan de actuación previsto en la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020, para el apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso-administrativo, dispongo: Artículo 1. Objeto. Esta Orden tiene por objeto: 1. La creación de la Unidad Administrativa para el apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso-administrativo, en el contexto del Plan de actuación de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020. 2. La determinación de su adscripción jerárquica. 3. El establecimiento de las funciones y actuaciones propias de esta unidad. 4. La descripción de su estructura organizativa, la relación provisional de sus puestos de trabajo y su forma de provisión. 5. Las reglas de su funcionamiento. 6. La fijación de su marco temporal inicial y su revisión en la organización definitiva en la Administración de Justicia. Artículo 2. Adscripción. La Unidad Administrativa para el apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso-administrativo quedará adscrita al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia. Artículo 3. Funciones. 1. La Unidad Administrativa tendrá como principal función el apoyo en la programación, impulso y coordinación de las acciones necesarias para la recuperación y normal funcionamiento de la actividad de los órganos jurisdiccionales del orden social y contencioso-administrativo y los Juzgados de lo Mercantil de conformidad con el Plan de actuación de la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020. 2. Realizará el seguimiento y control de los planes concretos de actuación en relación con los Juzgados y con los funcionarios incluidos en dichos planes o que puedan verse afectados por valoraciones o adaptaciones posteriores, en el ejercicio de las funciones consideradas en el artículo 4 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia. 3. Otras funciones que como consecuencia directa o indirecta del COVID-19 sean necesarias para el apoyo y soporte en la implantación de planes y medidas en la recuperación de actividad, transformación y gestión del cambio en el ámbito de la Administración de Justicia. Artículo 4. Estructura y composición. 1. Al frente de la Unidad Administrativa estará la Directora General para el Servicio Público de Justicia o la persona o personas que designe con rango de Subdirector General. 2. La Unidad Administrativa dispondrá de una relación temporal de puestos de trabajo compuesta por siete plazas para funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, seis plazas para funcionarios del Cuerpo de Gest ### RESUMEN: Justicia crea una unidad administrativa para apoyar en la crisis. 19 plazas en comisión de servicios.

Nombramiento de Víctor Benito Monroy Lobato como Jefe de Dependencia como Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Por Orden HAP/1432/2012, de 26 de junio («BOE» de 2 de julio de 2012), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE» del 29), Este Ministerio ha dispuesto: Primero. Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los términos que se señalan en el Anexo adjunto. Segundo. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 15 de octubre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P. D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), el Director General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Juan Ignacio Romero Sánchez. ANEXO I Convocatoria libre designación Orden HAP/1432/2012, de 26 de junio («BOE» de 2 de julio de 2012) Puesto adjudicado: Número de orden: 9. Código puesto: 1976851. Puesto: Delegación del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno en León. Dependencia del Área de Agricultura. Jefe/Jefa de Dependencia. Nivel: 28. Puesto de procedencia: Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Delegación del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno en León. Dependencia del Área de Agricultura, León. Nivel: 28. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Monroy Lobato, Víctor Benito. NRP: 1016932813. Grupo: A1. Cuerpo o escala: A1210. Situación: Activo.

Por Orden HAP/1432/2012, de 26 de junio («BOE» de 2 de julio de 2012), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE» del 29), Este Ministerio ha dispuesto: Primero. Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los términos que se señalan en el Anexo adjunto. Segundo. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Madrid, 15 de octubre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P. D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), el Director General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Juan Ignacio Romero Sánchez. ANEXO I Convocatoria libre designación Orden HAP/1432/2012, de 26 de junio («BOE» de 2 de julio de 2012) Puesto adjudicado: Número de orden: 9. Código puesto: 1976851. Puesto: Delegación del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno en León. Dependencia del Área de Agricultura. Jefe/Jefa de Dependencia. Nivel: 28. Puesto de procedencia: Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Delegación del Gobierno en Castilla y León. Subdelegación del Gobierno en León. Dependencia del Área de Agricultura, León. Nivel: 28. Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Monroy Lobato, Víctor Benito. NRP: 1016932813. Grupo: A1. Cuerpo o escala: A1210. Situación: Activo. ### RESUMEN: Nombramiento de Víctor Benito Monroy Lobato como Jefe de Dependencia como Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Mañana entra en vigor reforma administración local: fomenta fusión de municipios y da más poder a diputaciones

la disposición adicional 2 y la disposición transitoria 7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril el art. 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo el art. 39 del texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio los arts. 213, 218 y disposición adicional 8 y AÑADE el art. 193 bis y la disposición adicional 15 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo el art. 97.2 del texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril determinados preceptos , AÑADE los arts. 24 bis, 32 bis, 57 bis, 75 bis, 75 ter, 92 bis, 103 bis, 104 bis, 116 bis, 116 ter y disposición adicional 16 y SUPRIME los arts. 28 y 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la disposición adicional 20 a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre la disposición transitoria 7, por Ley 18/2015, de 9 de julio y regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo , en el recurso 4292/2014, la pérdida del objeto de la impugnación del art. 1.9, y la desestimación en todo lo demás, por Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre , en el Recurso 2043/2014, BOE-A-2014-5730, la pérdida de su objeto respecto a determinados preceptos y la constitucionalidad, interpretado según el fj2, del art. 1.13 y disposición adicional 15, por Sentencia 101/2017, de 20 de julio , en el Recurso 2006/2014, la pérdida de su objeto respecto a determinados preceptos y la constitucionalidad, interpretado según el fj2, del art. 1.13 y disposición adicional 15, por Sentencia 93/2017, de 6 de julio , en el Recurso 1999/2014, su extinción, por desaparición de su objeto, respecto a los incisos señalados del art. 1.9 y 17; disposiciones adicional 11, transitorias 1 a 3 y lo indicado de la 4 y la 11; la inconstitucionalidad y nulidad del art. 1.28 y la constitucionalidad, en los términos del fj2, del art. 1.13 y disposición adicional 15, por Sentencia 54/2017, de 11 de mayo , en el Recurso 2003/2014, la extinción de lo indicado por pérdida de su objeto y la constitucionalidad, en los términos del fj 2, del art. 1.13 y la disposición adicional 15, por Sentencia 45/2017, de 27 de abril en el Recurso 2002/2014, la extinción de lo indicado por pérdida de su objeto y la constitucionalidad, en los términos del fj 2, del art. 1.13 y la disposición adicional 15, por Sentencia 44/2017, de 27 de abril , en el Recurso 2001/2014, su extinción, por pérdida de su objeto, respecto al art. 1.38, y disposiciones transitorias 1 a 3, e incisos de la 4.3 y de la 11; y la constitucionalidad, en los términos del fj3d), del art. 1.13, por Sentencia 180/2016, de 20 de octubre , en el Recurso 1995/2014, la constitucionalidad de la disposición adicional 6, interpretada en los términos del fj.4.b); la extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, en relación con los incisos indicados del art. 1.9, las disposiciones transitorias 1, 2, 3 , el inciso indicado de la 4.3, y la desestimación en todo lo demás, por Sentencia 168/2016, de 6 de octubre en el Recurso 1959/2014 la extinción, por pérdida sobrevenida de su objeto, en relación al art. 1.17, las disposición adicional 11 y transitorias 1, 2, 3 y 4.3; inconstitucional y nulo lo indicado de los arts. 1.9, 1.38 con los efectos del fj 8 f) y la disposición final 1; constitucional el art. 1.13, según los fj 11 y 12 c), y la desestimación en todo lo demás, por Sentencia 111/2016, de 9 de junio , en el Recurso 1792/2014, inconstitucionales y nulos el art. 1.17; las disposiciones adicional 11 y transitorias 1 a 3 y los incisos indicados de las disposiciones transitorias 4.3 y 11, y la constitucionalidad, interpretada en los términos del fj 13.e), de la disposición adicional 15, por Sentencia 41/2016, de 3 de marzo JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En desarrollo de este precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero. Por todo lo expuesto, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y con más de una veintena de modificaciones de su texto original, cabe señalar que ha llegado el momento de someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas al completo estatuto jurídico de la Administración local. Con este propósito se plantea esta reforma que persigue varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en el principio «una Administración una competencia», se trata de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes. En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades, generando en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competencial entre varias Administraciones Públicas, duplicidad en la prestación de servicios, o que los Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico que les habilite y sin contar con los recursos adecuados para ello, dando lugar al ejercicio de competencias que no tienen legalmente atribuidas ni delegadas y a la duplicidad de competencias entre Administraciones. El sistema competencial de los Municipios españoles se configura en la praxis como un modelo excesivamente complejo, del que se derivan dos consecuencias que inciden sobre planos diferentes. Por una parte, este sistema competencial municipal hace que se difumine la responsabilidad de los gobiernos locales en su ejercicio y se confunda con los ámbitos competenciales propios de otras Administraciones Públicas, generando, en no pocas ocasiones, el desconcierto de los ciudadanos que desconocen cuál es la Administración responsable de los servicios públicos. Por otra parte, existe una estrecha vinculación entre la disfuncionalidad del modelo competencial y las haciendas locales. En un momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad, la Administración local también debe contribuir a este objetivo racionalizando su estructura, en algunas ocasiones sobredimensionada, y garantizando su sostenibilidad financiera. Precisamente esta estrecha vinculación determina que resulte justificada, de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, STC 233/99, la cita conjunta de los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1.14.ª, sobre Hacienda general y Deuda del Estado, y en el artículo 149.1.18.ª, sobre Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha justificado no solo la cita conjunta de ambos títulos, sino con carácter limitado la prevalencia del referido a la Hacienda general en supuestos determinados. Así, ha precisado que dado que frecuentemente la regulación de la Hacienda local estará llamada a incidir sobre dicho régimen jurídico, solo de manera puntual podrá el Estado regular con carácter exclusivo tal materia haciendo prevalecer el otro título competencial a que hace referencia en la actualidad, el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esto es, el de la Hacienda general del artículo 149.1.14.ª de la Constitución. Así ocurrirá, en efecto, en aquellos casos en los que la normativa estatal tenga por objeto la regulación de instituciones comunes a las distintas Haciendas o de medidas de coordinación entre la Hacienda estatal y las Haciendas de las Corporaciones Locales. O también cuando su finalidad sea la salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por el artículo 142 de la Constitución, en cuanto presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución. Así, la política presupuestaria de todos los poderes públicos, incluidos los locales, deberá adecuarse a los principios rectores de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo del artículo 135 de la Constitución. Con este respaldo constitucional, el Estado ejerce su competencia de reforma de la Administración local para tratar de definir con precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. En este sentido, se enumera un listado de materias en que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, así como una serie de garantías para su concreción y ejercicio. Las Entidades Locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada. Por tanto, solo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. De igual modo, la estabilidad presupuestaria vincula de una forma directa la celebración de convenios entre administraciones y la eliminación de duplicidades administrativas. Por otra parte, la delegación de competencias estatales o autonómicas en los Municipios debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria, su duración no será inferior a los 5 años y la Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes. Esto se lleva a cabo mediante la coordinación por las Diputaciones de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la atribución a éstas de nuevas funciones como la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, su participación activa en la elaboración y seguimiento en los planes económico-financieros o las labores de coordinación y supervisión, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de los procesos de fusión de Municipios. A este respecto, cabe señalar que por primera vez se introducen medidas concretas para fomentar la fusión voluntaria de municipios de forma que se potencie a los municipios que se fusionan ya que contribuyen a racionalizar sus estructuras y superar la atomización del mapa municipal. Entre estas medidas de incentivo se encuentran el incremento de su financiación, la preferencia en la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones, o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional. Además, si se acordara entre los municipios fusionados alguno de ellos podría funcionar como forma de organización desconcentrada, lo que permitiría conservar la identidad territorial y denominación de los municipios fusionados aunque pierdan su personalidad jurídica. Por último, estas medidas de fusiones municipales incentivadas, que encuentran respaldo en la más reciente jurisprudencia constitucional, STC 103/2013, de 25 de abril, supondrán, en definitiva, que los municipios fusionados percibirán un aumento de la financiación en la medida en que los municipios de menor población recibirán menos financiación. Asimismo, se incluye una revisión del conjunto de las entidades instrumentales que conforman el sector público local, una racionalización de sus órganos de gobierno y una ordenación responsable de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con la Administración. Los antecedentes inmediatos de la reestructuración del sector público local son los acuerdos entre el Gobierno de la Nación y las Entidades Locales de 7 de abril de 2010 y de 25 de enero de 2012. El primero, más genérico, definido como acuerdo marco con las Entidades Locales sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013, establecía la aprobación por parte de dichas entidades de un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público. El segundo, definido como acuerdo de reordenación y racionalización del sector público instrumental local y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo, perseguía disciplinar la actividad de las Administraciones Públicas sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan. Para ello consideraba como eje principal las medidas de reducción de la dimensión del sector público local, lo que implicaba la necesidad de controlar su actividad y racionalizar su organización. En ese contexto, se trata de impedir la participación o constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se produce, se deberá proceder a su disolución. Por último, se prohíbe, en todo caso, la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén por las Entidades Locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidad económica, obliga a la disolución de aquellas que ya existan a la entrada en vigor de la presente norma en el plazo previsto. Por otra parte, se introducen nuevas medidas dirigidas a la racionalización organizativa e integración coordinada de servicios que, junto a las ya previstas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de abril, deberán incluirse en los planes económico-financieros de las Entidades Locales. Asimismo, como medida de transparencia, se establece la obligación de determinar el coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales, de acuerdo con criterios comunes, y se dispone su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación. Esta medida se considera un paso fundamental en la mejora de la información disponible, eliminando asimetrías, para la toma de decisiones de los ciudadanos y de la Administración, y contribuirá de forma permanente al aumento de la eficiencia. En este sentido, con la publicación agregada de la información de todos los costes efectivos de los servicios prestados por todas las Entidades Locales el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contribuye a garantizar el cumplimiento del principio de eficiencia de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para lograr un control económico-presupuestario más riguroso, se refuerza el papel de la función interventora en las Entidades Locales. De este modo, a partir de ahora el Gobierno fijará las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales. Con ello, se viene a cubrir un vacío legal y se hace posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homogéneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público. Para ello, se contará con la participación de la Intervención General de la Administración del Estado. Asimismo, con el objeto de reforzar su independencia con respecto a las Entidades Locales en las que prestan sus servicios los funcionarios con habilitación de carácter nacional, corresponde al Estado su selección, formación y habilitación así como la potestad sancionadora en los casos de las infracciones más graves. Este planteamiento supondrá una mayor transparencia en la información económico financiera de las Entidades Locales, lo que contribuirá, sin lugar a dudas, a mejorar la toma de decisiones por los cargos electos en el ejercicio del mandato representativo que tienen encomendado constitucionalmente. Consecuencia de ello, se estima oportuno clarificar y deslindar el diferente ámbito de actuación que es consustancial a unas y otras funciones. Así, mientras que las propias del régimen de intervención y fiscalización quedan sujetas a parámetros de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las correspondientes a la actuación del cargo electo quedan basadas necesariamente en aspectos de oportunidad o conveniencia. En la línea de garantizar la profesionalidad y la eficacia de las funciones de control interno, la Ley también regula el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Finalmente, para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad. La presente Ley tiene como objeto principal modificar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo, se derogan, entre otras, la disposición adicional segunda y la disposición transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para incluir una nueva disposición adicional. Y del mismo modo, la presente Ley quiere contribuir a dar un nuevo impulso a los objetivos y a los mandatos a los que responda la vigente Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de 2003 y, en particular, a la eliminación de barreras y obstáculos que puedan limitar la plena integración, la participación, el acceso a la información y la igualdad de oportunidades de las personas que padecen discapacidad. Por otra parte, la Ley incluye una serie de disposiciones adicionales y de disposiciones transitorias, destacando aquellas que se refieren a la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud y a servicios sociales, que quedan referenciadas al que será el nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales. La Ley se cierra con una disposición derogatoria única y seis disposiciones finales que aluden, entre otros elementos, a los títulos competenciales en virtud de los que se aprueba esta Ley y a su inmediata entrada en vigor. Artículo primero. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, queda modificada como sigue: Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo: «1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.» Dos. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo: «2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales: a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía. b) Las Áreas Metropolitanas. c) Las Mancomunidades de Municipios.» Tres. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo: «1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.» Cuatro. Se modifica el apartado 3 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 10 con la siguiente redacción: «3. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades Locales.» Cinco. Se modifica el artículo 13 que queda redactado como sigue: «Artículo 13. 1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. 2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente: a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10. b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006. f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional. g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión conllevará: a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados. b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis. d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e). e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. 5. Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.» Seis. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 16 en los siguientes términos: «f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros: – Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. – Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.» Siete. Se incluye un nuevo artículo 24 bis con la siguiente redacción: «Artículo 24 bis. 1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. 2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.» Ocho. El artículo 25 queda redactado como sigue: «1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. j) Protección de la salubridad pública. k) Cementerios y actividades funerarias. l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados. 5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública». Nueve. El artículo 26 queda redactado como sigue: «1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.» Diez. El artículo 27 queda redactado como sigue: «1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas. La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas. 2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado. 3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. b) Protección del medio natural. c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma. e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española. h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo. i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. j) Promoción y gestión turística. k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado. m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante. 5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla. 7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local. 8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.» Once. Se suprime el contenido del artículo 28. Doce. Se introduce un nuevo artículo 32 bis con la siguiente redacción: «Artículo 32 bis. Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.» Trece. Se modifica el artículo 36, que queda redactado de la siguiente forma: «1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos. c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.» Catorce. El artículo 45 queda sin contenido. Quince. El artículo 55 queda redactado como sigue: «Artículo 55. Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas: a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones. c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y financiera, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas. d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.» Dieciséis. El artículo 57 queda redactado como sigue: «Artículo 57. 1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información. 2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia económica, aquélla permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá de verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad Local de que se trate, así como del propio consorcio, que no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos.» Diecisiete. Se incluye un nuevo artículo 57 bis con la siguiente redacción: «Artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas. 1. Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colaboración con las Entidades Locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será necesario que éstas incluyan una cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos consistente en la autorización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación. La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos para la realización de los pagos comprometidos, para la reclamación por parte de la Entidad Local en caso de incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere contraído y para la comunicación a la Administración General del Estado de haberse producido dicho incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se pueda establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3 de este artículo. Para la aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a la que hace referencia la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 2. Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a la entrada en vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga, expresa o tácita, por tiempo determinado, sólo podrán volver a prorrogarse en el caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de garantía a la que hace referencia el apartado anterior. Esta norma será de aplicación a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera con posterioridad a la citada entrada en vigor. 3. El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas en el apartado 1 anterior y la correspondiente puesta a disposición a favor de las Entidades Locales de los fondos retenidos a las Comunidades Autónomas se regulará mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que se refiere la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.» Dieciocho. Se introduce un nuevo artículo 75 bis con la siguiente redacción: «Artículo 75 bis. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales. 1. Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según la siguiente tabla: Habitantes Referencia Más de 500.000 Secretario de Estado. 300.001 a 500.000 Secretario de Estado -10%. 150.001 a 300.000 Secretario de Estado -20%. 75.001 a 150.000 Secretario de Estado -25%. 50.001 a 75.000 Secretario de Estado -35%. 20.001 a 50.000 Secretario de Estado -45%. 10.001 a 20.000 Secretario de Estado -50%. 5.001 a 10.000 Secretario de Estado -55%. 1.000 a 5.000 Secretario de Estado -60%. Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. Sin perjuicio de la regla general establecida en el apartado anterior, en el caso de las retribuciones de los Presidentes de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias que será igual a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia. En el caso de los Cabildos y Consejos Insulares, sus Presidentes tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias referenciado a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia, según la siguiente tabla: Habitantes Referencia Más de 150.000 Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia. 25.000 a 150.000 70% del Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia. 0 a 25.000 50% del Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia. Los concejales que sean proclamados diputados provinciales o equivalentes deberán optar por mantener el régimen de dedicación exclusiva en una u otra Entidad Local, sin que en ningún caso puedan acumularse ambos regímenes de dedicación. 3. Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma. 4. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 93.2 de esta Ley, las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las Entidades Locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal laboral, así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.» Diecinueve. Se introduce un nuevo artículo 75 ter con la siguiente redacción: «Artículo 75 ter. Limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites: a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000 habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva. b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 1.001 y 2.000 habitantes, solo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva. c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos. d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres. e) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 10.001 y 15.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco. f) En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de siete. g) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de diez. h) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de once. i) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de quince. j) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 100.001 y 300.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dieciocho. k) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 300.001 y 500.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinte. l) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 500.001 y 700.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veintidós. m) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 700.001 y 1.000.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinticinco. n) En los Ayuntamientos de Municipios de Madrid y Barcelona, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán, respectivamente, de cuarenta y cinco y de treinta y dos. 2. El número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del municipio más poblado de su provincia. 3. En los Cabildos y Consejos Insulares el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva se determinará en función del siguiente criterio: en las islas con más de 800.000 habitantes se reduce en 2 respecto al número actual de miembros de cabildo, y en las de menos de 800.000 habitantes el 60% de los cargos electos en cada Cabildo Insular.» Veinte. Se modifica el artículo 84 bis que queda redactado como sigue: «Artículo 84 bis. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas: a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. 2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: a) La potencia eléctrica o energética de la instalación. b) La capacidad o aforo de la instalación. c) La contaminación acústica. d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración. e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes. f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico. 3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.» Veintiuno. Se suprime el apartado 3, y se modifica el apartado 2 del artículo 85, que queda redactado como sigue: «2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: A) Gestión directa: a) Gestión por la propia Entidad Local. b) Organismo autónomo local. c) Entidad pública empresarial local. d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.» Veintidós. Se modifica el apartado 2 del artículo 85 ter que queda redactado como sigue: «2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.» Veintitrés. El artículo 86 queda redactado como sigue: «1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial. Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio. 2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios. La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 3. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título V de esta Ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.» Veinticuatro. El artículo 92 queda redactado como sigue: «Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local. 1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario. 3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.» Veinticinco. Se incluye un nuevo artículo 92 bis con la siguiente redacción: «Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Título X de la presente Ley y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona respectivamente. 2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas: a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior. b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.b). c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 1.a) y 1.b), salvo la función de tesorería. 3. Los funcionarios de las subescalas de Secretaría e Intervención-tesorería estarán integrados en una de estas dos categorías: entrada o superior. 4. El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas. 5. La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. 6. El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En todo caso, el concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo. El ámbito territorial de los concursos será de carácter estatal. Los méritos generales, de preceptiva valoración, se determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación alcanzará un mínimo del 80% del total posible conforme al baremo correspondiente. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Comunidad Autónoma se fijarán por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un 15% del total posible. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Corporación local se fijarán por ésta, y su puntuación alcanzará hasta un 5% del total posible. Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario. El concurso unitario será convocado por la Administración del Estado. Las Corporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso ordinario, de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en el real decreto previsto en el apartado anterior, y efectuarán las convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente Comunidad Autónoma para su publicación simultánea en los diarios oficiales. Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Áreas Metropolitanas, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) de este artículo, será precisa la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales. Igualmente, será necesario informe preceptivo previo del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas locales para el cese de aquellos funcionarios que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) de este artículo y que hubieran sido nombrados por libre designación. En caso de cese de un puesto de libre designación, la Corporación local deberá asignar al funcionario cesado un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación. 7. Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del Estado, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental. 8. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo o ser nombrados con carácter provisional en otro puesto de trabajo, salvo en el ámbito de una misma Entidad Local. Excepcionalmente, antes del transcurso de dicho plazo, se podrán efectuar nombramientos con carácter provisional por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre que existan razones y circunstancias que requieran la cobertura del puesto con carácter urgente por estos funcionarios, y la imposibilidad de efectuar un nombramiento provisional conforme a lo establecido en el párrafo anterior. Reglamentariamente se establecerán las circunstancias excepcionales que justifiquen la solicitud de un nombramiento provisional, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, el posible perjuicio o menoscabo que se generaría en la Entidad Local en la que se ocupe el puesto en el momento de la solicitud. 9. En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas existirá un Registro de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los actos que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios. 10. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: a) El órgano correspondiente de la Corporación donde el funcionario hubiera cometido los hechos que se le imputan, cuando pudieran ser constitutivos de falta leve. b) La Comunidad Autónoma respecto a funcionarios de corporaciones locales en su ámbito territorial, salvo cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves tipificadas en la normativa básica estatal. c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa básica estatal. El órgano competente para acordar la incoación del expediente lo será también para nombrar instructor del mismo y decretar o alzar la suspensión provisional del expedientado, así como para instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal incoación. La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de carrera de cualquiera de los Cuerpos o Escalas del Subgrupo A1 de titulación, incluida la Escala de Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, que cuente con conocimientos en la materia a la que se refiera la infracción. 11. Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando la sanción que recaiga sea por falta muy grave, tipificada en la normativa básica estatal. b) La Comunidad Autónoma, cuando se trate de imponer sanciones de suspensión de funciones y destitución, no comprendidas en el párrafo anterior. c) El órgano local competente, cuando se trate de imponer sanciones por faltas leves. La sanción impuesta se ejecutará en sus propios términos, aún cuando en el momento de la ejecución, el funcionario se encontrara ocupando un puesto distinto a aquel en el que se produjeron los hechos que dieron lugar a la sanción. La sanción de destitución implicará la pérdida del puesto de trabajo, con la prohibición de obtener destino en la misma Corporación en la que tuvo lugar la sanción, en el plazo que se fije, con el máximo de seis años, para las faltas muy graves, y de tres años para las faltas graves. La sanción de suspensión de funciones tendrá una duración máxima de seis años, para las faltas muy graves, y de tres años para las faltas graves.» Veintiséis. Se modifica el artículo 100.1, que queda redactado como sigue: «1. Es competencia de cada Corporación local la selección de los funcionarios con la excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.» Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente redacción: «Artículo 103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público local. 1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este apartado. b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días.» Veintiocho. Se introduce un nuevo artículo 104 bis con la siguiente redacción: «Artículo 104 bis. Personal eventual de las Entidades Locales. 1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas: a) Los Municipios de población entre 2.000 a 5.000 habitantes podrán excepcionalmente contar con un puesto de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación exclusiva. b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y no superior a 10.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de uno. c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos. d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete. e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación local. f) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación local. g) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas Entidades Locales, considerando, a estos efectos, los entes que tengan la consideración de Administración pública en el marco del Sistema Europeo de Cuentas. 2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del Municipio más poblado de su Provincia. En el caso de los Consejos y Cabildos insulares, no podrá exceder de lo que resulte de aplicar el siguiente criterio: en las islas con más de 800.000 habitantes, se reduce en 2 respecto al número actual de miembros de cabildo, y, en las de menos de 800.000 habitantes, el 60% de los cargos electos en cada Cabildo o Consejo Insular. 3. El resto de Entidades Locales o de sus organismos dependientes no podrán incluir en sus respectivas plantillas, puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual. 4. El personal eventual al que se refieren los apartados anteriores tendrá que asignarse siempre a los servicios generales de las Entidades Locales en cuya plantilla aparezca consignado. Solo excepcionalmente podrán asignarse, con carácter funcional, a otros de los servicios o departamentos de la estructura propia de la Entidad Local, si así lo reflejare expresamente su reglamento orgánico. 5. Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual. 6. El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en este artículo.» Veintinueve. Se modifica el artículo 109, que queda redactado como sigue: «1. La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y cualesquiera entidades de Derecho público dependientes de las anteriores tengan respectivamente con las Entidades Locales, o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. Lo previsto en este apartado se aplicará de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública en materia de compensación de deudas. 2. La extinción total o parcial de las deudas de derecho público que las Comunidades Autónomas y cualesquiera otras entidades de Derecho público dependientes de ellas tengan con las entidades de Derecho público o sociedades vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por las Entidades Locales, o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.» Treinta. Se incluye un nuevo artículo 116 bis con la siguiente redacción: «Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero. 1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas: a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación. b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus costes. c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. d) Racionalización organizativa. e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. 3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero. La Diputación o entidad equivalente propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económico-financiero, así como otras medidas supramunicipales distintas que se hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de Entidades Locales que se hubiera acordado.» Treinta y uno. Se añade un nuevo artículo 116 ter con la siguiente redacción: «Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios. 1. Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se desarrollarán estos criterios de cálculo. 3. Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.» Treinta y dos. Se modifica la letra m) y se añade una nueva letra n) al apartado 1 del artículo 127 con la siguiente redacción: «m) Designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe. n) Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.» Treinta y tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 130 que queda redactado como sigue: «3. El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.» Treinta y cuatro. Se modifica la disposición adicional segunda, que queda redactada como sigue: «Disposición adicional segunda. Régimen foral vasco. Las disposiciones de la presente Ley, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, se aplicarán en los Territorios Históricos de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, sin perjuicio de las siguientes peculiaridades: 1. De acuerdo con la disposición adicional primera de la Constitución y con lo dispuesto en los artículos 3, 24.2 y 37 del Estatuto Vasco, los Territorios Históricos de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia organizarán libremente sus propias instituciones y dictarán las normas necesarias para su funcionamiento, amparando y garantizando, asimismo, las peculiaridades históricas de las Entidades Locales de sus territorios, sin que les sean de aplicación las contenidas en la presente Ley en materia de organización provincial. 2. Los Territorios Históricos de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia ejercerán las competencias que les atribuyen el Estatuto Vasco y la legislación interna de la Comunidad Autónoma que se dicte en su desarrollo y aplicación, así como las que la presente Ley asigna con carácter general a las Diputaciones provinciales. 3. En el ejercicio de las competencias que el Estatuto y la legislación de la Comunidad Autónoma que se dicte en su desarrollo y aplicación les asignen, corresponde a las Instituciones Forales de los Territorios Históricos el desarrollo normativo y ejecución de la legislación básica del Estado en las materias correspondientes, cuando así se les atribuyan. 4. Cuando las Instituciones Forales de los Territorios Históricos realicen actividades en campos cuya titularidad competencial corresponde a la Administración del Estado o a la Comunidad Autónoma, les serán de aplicación las normas de esta Ley que disciplinen las relaciones de las Diputaciones provinciales con la Administración del Estado y la Administración Autónoma, en su caso, siempre y cuando dichas actividades las ejerciten en calidad de Diputaciones provinciales ordinarias, y no como Instituciones Forales de acuerdo con su régimen especial privativo, en cuyo caso solo serán de aplicación tales normas cuando desarrollen o apliquen la legislación básica del Estado o invadan las competencias de éste. 5. En materia de Hacienda las relaciones de los Territorios Históricos con la Administración del Estado se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las funciones que los artículos 7.4 y 26.2 atribuyen a la Administración que ejerza la tutela financiera, serán ejercidas en el País Vasco por sus Instituciones competentes de conformidad con el artículo 48.5 de la mencionada Ley 12/2002, de 23 de mayo. 6. Los Territorios Históricos del País Vasco continuarán conservando su régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen económico-financiero en los términos de la Ley del Concierto Económico, sin que ello pueda significar un nivel de autonomía de las Corporaciones Locales vascas inferior al que tengan las demás Corporaciones Locales, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 115 de la presente Ley y de las competencias que a este respecto puedan corresponder a la Comunidad Autónoma. A dichos efectos, las Diputaciones Forales desarrollarán los criterios de cálculo de conformidad con lo establecido en el artículo 116 ter de esta Ley recibiendo la comunicación del coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales de sus respectivos territorios. Asimismo, en relación con el artículo 116 bis de esta Ley, en ejercicio de las facultades de tutela financiera, corresponderá a las Diputaciones Forales la aprobación, concretando las reglas necesarias para su formulación, de los planes económico-financieros de sus respectivas corporaciones, de conformidad con la normativa dictada al efecto por el Estado. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio comunicarán a las Instituciones Forales sus cuentas y serán estas Instituciones Forales quienes acuerden su disolución si así procede en aplicación de la mencionada disposición. 7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán ostentadas por las instituciones competentes, en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios, en dichos concursos. 8. El porcentaje de baremo reservado al Estado en el artículo 92 bis.6 se establece en el 65 por 100, atribuyéndose un 30 por 100 del total posible a las instituciones competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que fije los méritos que correspondan al conocimiento de las especialidades jurídicas y económico-administrativas que se derivan de sus derechos históricos y especialmente del Concierto Económico. Dentro del 5 por 100 restante, la Corporación Local interesada podrá establecer libremente los méritos específicos que estime convenientes en razón a las características locales. 9. En el convenio que se establecerá entre Instituciones que tengan encomendada la formación de este personal en el ámbito nacional y el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) para la formación por este último de los funcionarios a que se refiere el artículo 92 bis de esta Ley, la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá incluir materias o disciplinas propias de sus específicas peculiaridades, con la única condición del cumplimiento de los requisitos mínimos de orden académico que con carácter general estén establecidos para las cuestiones de exigencia común en todo el Estado, nunca superiores a los que rijan para el propio Instituto Nacional de Administración Pública. 10. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación de las Diputaciones Forales se organizará libremente por éstas en el marco del Concierto Económico sin que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 92 bis de la presente Ley. 11. En el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria y en virtud de las competencias y facultades que en materia de régimen local y financiación local les confiere la disposición adicional primera de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía, la Ley del Concierto Económico y la disposición adicional segunda de la Ley de Bases de Régimen Local, los órganos forales de los Territorios Históricos vascos determinarán los límites máximos totales del conjunto de las retribuciones y asistencias de los miembros de las Corporaciones Locales, del personal eventual y del resto de personal al servicio de las Corporaciones Locales y su sector público y de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. La determinación de tales retribuciones atenderá a los principios y estructura establecidos, en su caso, por la legislación estatal.» Treinta y cinco. Se modifica el apartado 3 y se incluye un nuevo apartado 4 a la disposición adicional quinta, con la siguiente redacción: «3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar convenios con las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán actuar como entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de las subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las Entidades Locales y sus organismos dependientes. Las asociaciones de Entidades Locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los mismos términos que las Entidades Locales. Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estas asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las Entidades Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a dichas centrales para aquéllos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido, para la preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. 4. Las asociaciones de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación en todo el territorio ostentarán la representación institucional de la Administración local en sus relaciones con la Administración General del Estado.» Treinta y seis. Se modifica la disposición adicional novena que queda redactada como sigue: «Disposición adicional novena. Redimensionamiento del sector público local. 1. Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste. Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015. Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos. 3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional. 4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley no estén en situación de superávit, equilibrio o resultados positivos de explotación, estuvieran controlados exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos autónomos deberán estar adscritos, vinculados o dependientes directamente a las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o bien ser disueltos, en ambos casos, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar, si se disuelve, el proceso de liquidación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley. En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas unidades dependientes deberán proceder a la transmisión de su participación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley. Los plazos para el cambio de adscripción, vinculación o dependencia, la disolución y para proceder a la transmisión de la correspondiente participación citados en los dos párrafos anteriores de este apartado 4 se ampliarán en un año más, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.» Treinta y siete. Se modifica la Disposición adicional duodécima que queda redactada como sigue: «Disposición adicional duodécima. Retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y número máximo de miembros de los órganos de gobierno. 1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección suscritos por los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público local se clasifican, exclusivamente, en básicas y complementarias. Las retribuciones básicas lo serán en función de las características de la entidad e incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a cada máximo responsable, directivo o personal contratado. Las retribuciones complementarias, comprenden un complemento de puesto y un complemento variable. El complemento de puesto retribuiría las características específicas de las funciones o puestos directivos y el complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos previamente establecidos. 2. Corresponde al Pleno de la Corporación local la clasificación de las entidades vinculadas o dependientes de la misma que integren el sector público local, en tres grupos, atendiendo a las siguientes características: volumen o cifra de negocio, número de trabajadores, necesidad o no de financiación pública, volumen de inversión y características del sector en que desarrolla su actividad. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de: a) Número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores de gobierno o administración de las entidades, en su caso. b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable. 3. Las retribuciones en especie que, en su caso, se perciban computarán a efectos de cumplir los límites de la cuantía máxima de la retribución total. La cuantía máxima de la retribución total no podrá superar los límites fijados anualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado. 4. El número máximo de miembros del consejo de administración y órganos superiores de gobierno o administración de las citadas entidades no podrá exceder de: a) 15 miembros en las entidades del grupo 1. b) 12 miembros en las entidades del grupo 2. c) 9 miembros en las entidades del grupo 3. 5. Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén obligadas, las entidades incluidas en el sector público local difundirán a través de su página web la composición de sus órganos de administración, gestión, dirección y control, incluyendo los datos y experiencia profesional de sus miembros. Las retribuciones que perciban los miembros de los citados órganos se recogerán anualmente en la memoria de actividades de la entidad. 6. El contenido de los contratos mercantiles o de alta dirección celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberá ser adaptados a la misma en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor. La adaptación no podrá producir ningún incremento, en relación a su situación anterior. Las entidades adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus estatutos o normas de funcionamiento interno a lo previsto en esta Ley en el plazo máximo de tres meses contados desde la comunicación de la clasificación. 7. La extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección no generará derecho alguno a integrarse en la estructura de la Administración Local de la que dependa la entidad del sector público en la que se prestaban tales servicios, fuera de los sistemas ordinarios de acceso.» Treinta y ocho. Se incorpora una nueva disposición adicional decimosexta con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimosexta. Mayoría requerida para la adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales. 1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar: a) El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado. b) Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. c) Los planes de saneamiento de la Corporación Local o los planes de reducción de deudas. d) La entrada de la Corporación Local en los mecanismos extraordinarios de financiación vigentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y, en particular, el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez previstas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros. 2. La Junta de Gobierno Local dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre con posterioridad a la adopción de los acuerdos mencionados en el apartado anterior, los cuales serán objeto de publicación de conformidad con las normas generales que les resulten de aplicación.» Artículo segundo. Modificación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como sigue: Uno. Se incluye un nuevo artículo 193 bis con la siguiente redacción: «Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación. Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.» Dos. Se modifica el artículo 213 que queda redactado como sigue: «Artículo 213. Control interno. Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia. A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartado anterior. Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.» Tres. El artículo 218 queda redactado como sigue: «Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias. 1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación. 2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.» Cuatro. Se modifica la disposición adicional octava que queda redactada como sigue: «Disposición adicional octava. Régimen foral vasco. 1. Los Territorios Históricos del País Vasco continuarán conservando su régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen económico-financiero en los términos de la Ley del Concierto Económico, sin que ello pueda significar un nivel de autonomía de las corporaciones locales vascas inferior al que tengan las demás corporaciones locales, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de las competencias que a este respecto puedan corresponder a la Comunidad Autónoma. Las instituciones vascas podrán, en sus respectivos ámbitos competenciales, atribuir competencias como propias a los municipios de sus respectivos territorios, con sujeción, en todo caso, a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. De conformidad con la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de la cláusula subrogatoria prevista en el artículo 48 quinto de la Ley del Concierto Económico con el País Vasco, los Territorios Históricos recibirán los informes a que se refieren los artículos 193 bis y 218 de la presente Ley. Asimismo, los órganos interventores de las administraciones locales del País Vasco remitirán también al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, los informes a que se refiere el artículo 218 de la presente Ley. 3. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y de la cláusula subrogatoria prevista en el artículo 48 quinto de la Ley del Concierto Económico con el País Vasco, las Diputaciones Forales en sus respectivos ámbitos territoriales serán las competentes para formalizar convenios con las Entidades Locales para reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria de las citadas Entidades Locales.» Cinco. Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta con el siguiente contenido: «Disposición adicional decimoquinta. Gestión integrada o coordinada de servicios. Cuando la Diputación o entidad equivalente acredite en un informe que el acuerdo de dos o más municipios para la gestión integrada de todos los servicios municipales que sean coincidentes conlleva un ahorro de al menos el 10% respecto el coste efectivo total en el que incurría cada municipio por separado, el coeficiente de ponderación que resulte de aplicación a cada municipio de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se incrementará en 0,04. De la aplicación de esta regla no se podrá derivar, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.» Disposición adicional primera. Régimen aplicable a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 1. Esta Ley se aplicará a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos establecidos en el artículo 149.1.14.ª y 18.ª y disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de las demás normas que actualicen los derechos históricos de los territorios forales. En su aplicación, y sin perjuicio de las facultades de coordinación y tutela que les corresponden, la competencia para decidir sobre la forma de prestación de servicios a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley de Bases de Régimen Local corresponderá a las Diputaciones Forales previa conformidad de los municipios afectados. 2. La metodología para valorar el coste de los servicios transferidos en las materias enunciadas en la Disposición adicional decimoquinta y en las Disposiciones transitorias primera, segunda y tercera se llevará a cabo por las Instituciones competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, atendiendo las directrices y principios que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a la Comunidad Foral de Navarra. 1. La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en el artículo 149.1.14.ª y 18.ª y disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resultan de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En su aplicación, y sin perjuicio de las facultades de coordinación y tutela que les corresponden, la competencia para decidir sobre la forma de prestación de servicios a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley de Bases de Régimen Local corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra. 2. La Comunidad Foral de Navarra, podrá, en su ámbito competencial, atribuir competencias como propias a los municipios de su territorio así como del resto de las Entidades Locales de Navarra, con sujeción en todo caso, a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. 3. Las funciones que los artículos 7.4 y 26.2 de esta Ley atribuyen a la Administración que ejerce la tutela financiera, corresponderán a la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional séptima del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 25/2003, de 15 de julio. 4. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y con la disposición adicional séptima de la Ley 25/2003, de 15 de julio, la Comunidad Foral de Navarra recibirá también los informes emitidos, en cumplimiento de la normativa básica, por los órganos interventores de las Entidades Locales de Navarra, para su remisión inmediata al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Asimismo, los órganos interventores de las Entidades Locales de Navarra, remitirán también dicha información a la Cámara de Comptos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 ter de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Comunidad Foral de Navarra, desarrollará los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales de Navarra, recibiendo la comunicación de dicho coste. 6. En el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria y en virtud de las competencias reconocidas a Navarra, a las que se hace referencia en el punto primero de esta disposición, la Comunidad Foral de Navarra determinará los límites máximos totales del conjunto de las retribuciones y asistencias de los miembros de las Corporaciones Locales, del personal eventual y del resto del personal al servicio de las mismas y su sector público. La determinación de tales retribuciones atenderá a los principios y estructura establecidos, en su caso, por la legislación estatal. Disposición adicional tercera. Competencias autonómicas en materia de régimen local. 1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas. 2. En el caso de las Comunidades Autónomas con un sistema institucional propio, las referencias de esta Ley a las Diputaciones provinciales se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía a los que se atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperación a los municipios y prestación de servicios públicos locales. 3. La aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará teniendo en cuenta el régimen especial de organización institucional previsto en su Estatuto de Autonomía en materia de régimen local, en virtud del cual, la Comunidad Autónoma aplicará las competencias previstas en esta Ley en los distintos niveles de la administración con sujeción a la Constitución, al contenido básico de esta Ley y a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas. Disposición adicional cuarta. Especialidades de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 1. La organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades de Ceuta y Melilla se regularán de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla y por las normas de desarrollo dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas Asambleas, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa de régimen local. 2. Corresponde a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, y de las normas reglamentarias dictadas en su desarrollo, determinar la forma de gestión de los servicios públicos con respeto a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, responsabilidad, lealtad institucional y eficacia en el uso de los recursos públicos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y demás normativa estatal que resulte de aplicación a las Ciudades con Estatuto de Autonomía. 3. En el ámbito de las competencias enumeradas en los artículos 21 y 22 de las citadas Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, cuando no exista legislación sectorial estatal específica, las Asambleas de Ceuta y Melilla, en ejercicio de su potestad reglamentaria, podrán tipificar infracciones y determinar las sanciones correspondientes por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones de acuerdo con criterios mínimos de antijuridicidad basados en la intensidad de la perturbación, de los daños o del peligro causados. Las sanciones que puedan imponerse por la comisión de las conductas infractoras podrán consistir en multas o prohibiciones, por tiempo razonable y proporcionado, bien del ejercicio de actividades, incluso de las autorizadas o comunicadas, bien del acceso a equipamientos, infraestructuras e instalaciones. Respecto a las competencias de régimen local atribuidas a las Ciudades por el artículo 25 de sus respectivos Estatutos, siempre que se trate de garantizar la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia y del uso de los servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, las Asambleas de Ceuta y Melilla podrán tipificar infracciones e imponer sanciones en los términos del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 4. Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán llevar a cabo actuaciones de cooperación con relación a materias que sean competencia del Estado, suscribiendo, a tal efecto, los correspondientes Convenios de Colaboración. Asimismo, ambas Ciudades y la Administración General del Estado podrán celebrar Convenios de Colaboración referidos a competencias estatutariamente asumidas en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 5. Las normas de eficacia general dictadas por las Asambleas de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria que disponen para el desarrollo de las competencias previstas en el apartado 1 del artículo 21 de las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 marzo, de Estatutos de Autonomía, conforme a lo establecido en el apartado 2 del mismo precepto, se llevará a cabo en los términos establecidos en la legislación general del Estado, sin que sea necesaria una norma estatal específica previa. Disposición adicional quinta. Regímenes especiales de Madrid y Barcelona. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a los municipios de Madrid y Barcelona, sin perjuicio de las particularidades de su legislación específica y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Disposición adicional sexta. Comarcas. Las previsiones de esta Ley se aplicarán respetando la organización comarcal en aquellas Comunidades Autónomas cuyos estatutos de autonomía tenga atribuida expresamente la gestión de servicios supramunicipales. Disposición adicional séptima. Colaboración con las Intervenciones locales. 1. La Intervención General de la Administración del Estado podrá asumir, previa la formalización del oportuno convenio con la Entidad Local interesada, la realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las Entidades Locales. 2. En el convenio deberá preverse la contraprestación económica que habrá de satisfacer la Entidad Local al Estado y que podrá dar lugar a una generación de crédito de conformidad con lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 3. Suscrito el convenio mencionado en el apartado primero, la Intervención General podrá encomendar la realización de dichas actuaciones de apoyo técnico a la Intervención Delegada, Regional o Territorial que en cada caso se determine. Disposición adicional octava. Cumplimiento de obligaciones tributarias respecto de bienes inmuebles de la Seguridad Social transferidos a otras Administraciones Públicas. En el supuesto de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, relativo a la obligación de asumir por subrogación el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que figuren adscritos o transferidos a otras Administraciones Públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas por parte de éstas, la Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas dicho incumplimiento en cuanto tenga conocimiento del mismo, a los efectos de que se proceda a la retención de los recursos al sujeto obligado para hacer frente a dichos pagos en los términos en que se establezca legalmente. Disposición adicional novena. Convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. 1. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de Entidades Locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley a 31 de diciembre de 2014. Transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto. 2. La adaptación a las previsiones de esta Ley de los instrumentos de cooperación suscritos por las Entidades Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia deberá realizarse en el plazo de tres años desde su entrada en vigor. Durante el plazo de adaptación de los instrumentos de cooperación, la financiación de las Administraciones locales a los centros asociados no se extenderá a los servicios académicos que se presten a los alumnos matriculados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Disposición adicional décima. Convenios de colaboración entre el Estado y las Entidades Locales. Los convenios de colaboración que el Estado celebre con las Entidades Locales para la obtención y mantenimiento de la información que debe suministrarles para la aplicación de los tributos locales se regularán por lo dispuesto en su normativa específica. Dichos convenios, que podrán celebrarse en régimen de encomienda de gestión, de delegación de competencias o mixto, no comportarán la transferencia de medios materiales ni personales, ni contraprestación económica de ningún tipo entre las partes por cuanto permiten mejorar la recaudación tributaria de las Entidades Locales que los suscriben. Disposición adicional undécima. Compensación de deudas entre Administraciones por asunción de servicios y competencias. Realizada la asunción de los servicios y competencias a la que se refieren las disposiciones transitorias primera y segunda, en sus respectivos apartados segundos, las Comunidades Autónomas, con referencia a cada Municipio de su ámbito territorial, la comunicarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con el importe de las obligaciones que tuvieren reconocidas pendientes de pago a los citados Municipios, al objeto de la realización, en los términos que se determinen reglamentariamente, de compensaciones entre los derechos y las obligaciones recíprocos, y el posterior ingreso del saldo resultante a favor de la Administración Pública a la que corresponda, y, en su caso, recuperación mediante la aplicación de retenciones en el sistema de financiación de la Administración Pública que resulte deudora. Disposición adicional duodécima. Información en materia de tutela financiera. Las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tutela financiera publicarán trimestralmente, a través de sus respectivos portales web, un informe comprensivo de la documentación, informes, actos, resoluciones y solicitudes presentados por las Entidades Locales en cumplimiento de aquellas competencias de tutela financiera, así como de las resoluciones adoptadas al respecto por la Comunidad Autónoma. Dicho informe y éstas resoluciones serán igualmente comunicadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Disposición adicional decimotercera. Consorcios constituidos para la prestación de servicios mínimos. El personal al servicio de los consorcios constituidos, antes de la entrada en vigor de esta Ley, que presten servicios mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, podrá integrarse por quienes no sean personal funcionario o laboral procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes en el consorcio. Disposición adicional decimocuarta. Régimen jurídico especial de determinados consorcios. Lo previsto en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no resultará de aplicación a los consorcios, constituidos antes de la entrada en vigor de esta Ley, que: no tengan la consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, estén participados por Entidades Locales y entidades privadas, no estén incursos en pérdidas durante dos ejercicios consecutivos y no reciban ni hayan recibido subvenciones de las Administraciones Públicas en los cinco ejercicios anteriores al de entrada en vigor de esta Ley con independencia de las aportaciones a las que estén obligados los entes consorciados. Estos consorcios, en tanto se mantengan todas las condiciones mencionadas, se regirán por lo previsto en sus respectivos Estatutos. Disposición adicional decimoquinta. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la educación. Las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se prevén como propias del Municipio, aún cuando hayan sido ejercidas por éstas, por Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o por cualquier otra Entidad Local, relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, para lo que se contemplará el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales. Disposición adicional decimosexta. Cabildos y Consejos Insulares. 1. La aplicación de esta Ley a los Cabildos Insulares Canarios se realizará en los términos previstos en su legislación específica y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. La aplicación de esta Ley a los Consejos Insulares de las Illes Balears se realizará en los términos previstos en su legislación específica y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Disposición adicional decimoséptima. Apertura de lugares de culto. Para la apertura de lugares de culto las iglesias, confesiones o comunidades religiosas deberán acreditar su personalidad jurídica civil mediante certificado del Registro de Entidades Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la ubicación del lugar de culto que se pretenda constituir. Obtenida esa certificación, su tramitación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de recabar la licencia urbanística que corresponda. Disposición transitoria primera. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud. 1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud. Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local. 2. En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, las Comunidades Autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias mencionadas en el apartado anterior. A estos efectos la Comunidad Autónoma, elaborará un plan para la evaluación y reestructuración de los servicios. 3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas. 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 5. En los términos previstos en el apartado 1, y de acuerdo con las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales, cada año que transcurra, dentro del período de cinco años anteriormente mencionado, sin que las Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo del veinte por cien de los servicios previsto en esta disposición o, en su caso, hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio, Diputación Provincial o entidad equivalente con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora. Disposición transitoria segunda. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales. 1. Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local. 2. En el plazo máximo señalado en el apartado anterior, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación. 3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas. 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 5. Si en la fecha citada en el apartado 1 de esta disposición, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Entidades Locales, o en su caso, no hubieren acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora. Disposición transitoria tercera. Servicios de inspección sanitaria. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las Comunidades Autónomas prestarán los servicios relativos a la inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas que hasta ese momento vinieran prestando los municipios. Disposición transitoria cuarta. Disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio. 1. Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad jurídica y la condición de Entidad Local. 2. Con fecha de 31 de diciembre de 2014, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. 3. La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución. La disolución será acordada por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva en el que se podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada. La disolución en todo caso conllevará: a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada. b) Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones. Disposición transitoria quinta. Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio en constitución. El núcleo de población que antes del 1 de enero de 2013 hubiera iniciado el procedimiento para su constitución como entidad de ámbito territorial inferior al Municipio, una vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia y con la condición de Entidad Local y se regirá por lo dispuesto en la legislación autonómica correspondiente. Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio para los consorcios. Los consorcios que ya estuvieran creados en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley. Si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable al personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control, este nuevo régimen será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente. Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. Los procedimientos administrativos referidos a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación. Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, se entenderán hechas a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Disposición transitoria octava. Régimen transitorio para el personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. El régimen previsto en el artículo 32 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local será de aplicación a los nombramientos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Disposición transitoria novena. Régimen transitorio para los Directores Generales de las Entidades Locales. Lo previsto en el apartado tercero del artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local será de aplicación a los nombramientos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Disposición transitoria décima. Aplicación de las limitaciones referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva. 1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015. 2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será verificado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que, en virtud de la información comunicada por las Entidades Locales al mencionado Ministerio, publicará una lista de las Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos en el apartado anterior. 3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades Locales que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 de junio de 2015 en tanto sigan cumpliendo los requisitos mencionados. 4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012. Disposición transitoria undécima. Mancomunidades de municipios. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las mancomunidades de municipios deberán de adaptar sus estatutos a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para no incurrir en causa de disolución. Las competencias de las mancomunidades de municipios estarán orientadas exclusivamente a la realización de obras y la prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. El expediente para la disolución será iniciado y resuelto por el Órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma, y en todo caso conllevará: a) Que el personal que estuviera al servicio de la mancomunidad disuelta quedará incorporado en las Entidades Locales que formaran parte de ella de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. b) Las Entidades Locales que formaran parte de la mancomunidad disuelta quedan subrogadas en todos sus derechos y obligaciones. Disposición derogatoria. Derogación normativa. A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a o contradigan lo en ella establecido. En particular, quedan derogadas la disposición adicional segunda y la disposición transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. Se modifica el apartado segundo del artículo 97 del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que queda redactado en los siguientes términos: «2. Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades reservadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se requerirá el cumplimiento de los trámites previstos en el número anterior referidos a la conveniencia del régimen de monopolio y se recabará informe de la autoridad de competencia correspondiente, si bien el acuerdo a que se refiere su apartado d) deberá ser optado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Recaído acuerdo de la Corporación, se elevará el expediente completo al órgano competente de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno de ésta deberá resolver sobre su aprobación en el plazo de tres meses. Si se solicitase dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, donde existiese, no se computará el tiempo invertido en evacuar la consulta.» Disposición final segunda. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para incluir una nueva disposición adicional, la vigésima, con la siguiente redacción: «Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico de los consorcios. 1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados. 2. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración pública que: a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. f) Financie en más de un cincuenta por cien o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios, a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro, en todo caso el consorcio estará adscrito a la Administración pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. 4. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción. 5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.» Disposición final tercera. Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Se modifica el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en los siguientes términos: «1. En el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la regularización de la citada remisión, así como la de las liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de aplicación la presente norma, el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda. Asimismo, en el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la información a la que se refiere el artículo 212.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligación de remisión. Para que la anterior retención, o suspensión de la misma, se pueda practicar será necesaria una comunicación del Tribunal de Cuentas a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la disposición adicional cuarta del mencionado texto refundido.» Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. Se incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 39 con la siguiente redacción: «5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes: a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado los de los ejercicios anteriores. b) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado. c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del patrimonio municipal del suelo. d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se justifique que no es necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del suelo y que se van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Local, indicando el modo en que se procederá a su devolución. e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela financiera. El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local, en un plazo máximo de diez años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo del Pleno para la devolución al patrimonio municipal del suelo de las cantidades utilizadas. Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo deberán recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el párrafo anterior.» Disposición final quinta. Título competencial. Esta Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales recogidos en los apartados 14 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución. Disposición final sexta. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 27 de diciembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

la disposición adicional 2 y la disposición transitoria 7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril el art. 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo el art. 39 del texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio los arts. 213, 218 y disposición adicional 8 y AÑADE el art. 193 bis y la disposición adicional 15 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo el art. 97.2 del texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril determinados preceptos , AÑADE los arts. 24 bis, 32 bis, 57 bis, 75 bis, 75 ter, 92 bis, 103 bis, 104 bis, 116 bis, 116 ter y disposición adicional 16 y SUPRIME los arts. 28 y 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la disposición adicional 20 a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre la disposición transitoria 7, por Ley 18/2015, de 9 de julio y regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo , en el recurso 4292/2014, la pérdida del objeto de la impugnación del art. 1.9, y la desestimación en todo lo demás, por Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre , en el Recurso 2043/2014, BOE-A-2014-5730, la pérdida de su objeto respecto a determinados preceptos y la constitucionalidad, interpretado según el fj2, del art. 1.13 y disposición adicional 15, por Sentencia 101/2017, de 20 de julio , en el Recurso 2006/2014, la pérdida de su objeto respecto a determinados preceptos y la constitucionalidad, interpretado según el fj2, del art. 1.13 y disposición adicional 15, por Sentencia 93/2017, de 6 de julio , en el Recurso 1999/2014, su extinción, por desaparición de su objeto, respecto a los incisos señalados del art. 1.9 y 17; disposiciones adicional 11, transitorias 1 a 3 y lo indicado de la 4 y la 11; la inconstitucionalidad y nulidad del art. 1.28 y la constitucionalidad, en los términos del fj2, del art. 1.13 y disposición adicional 15, por Sentencia 54/2017, de 11 de mayo , en el Recurso 2003/2014, la extinción de lo indicado por pérdida de su objeto y la constitucionalidad, en los términos del fj 2, del art. 1.13 y la disposición adicional 15, por Sentencia 45/2017, de 27 de abril en el Recurso 2002/2014, la extinción de lo indicado por pérdida de su objeto y la constitucionalidad, en los términos del fj 2, del art. 1.13 y la disposición adicional 15, por Sentencia 44/2017, de 27 de abril , en el Recurso 2001/2014, su extinción, por pérdida de su objeto, respecto al art. 1.38, y disposiciones transitorias 1 a 3, e incisos de la 4.3 y de la 11; y la constitucionalidad, en los términos del fj3d), del art. 1.13, por Sentencia 180/2016, de 20 de octubre , en el Recurso 1995/2014, la constitucionalidad de la disposición adicional 6, interpretada en los términos del fj.4.b); la extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, en relación con los incisos indicados del art. 1.9, las disposiciones transitorias 1, 2, 3 , el inciso indicado de la 4.3, y la desestimación en todo lo demás, por Sentencia 168/2016, de 6 de octubre en el Recurso 1959/2014 la extinción, por pérdida sobrevenida de su objeto, en relación al art. 1.17, las disposición adicional 11 y transitorias 1, 2, 3 y 4.3; inconstitucional y nulo lo indicado de los arts. 1.9, 1.38 con los efectos del fj 8 f) y la disposición final 1; constitucional el art. 1.13, según los fj 11 y 12 c), y la desestimación en todo lo demás, por Sentencia 111/2016, de 9 de junio , en el Recurso 1792/2014, inconstitucionales y nulos el art. 1.17; las disposiciones adicional 11 y transitorias 1 a 3 y los incisos indicados de las disposiciones transitorias 4.3 y 11, y la constitucionalidad, interpretada en los términos del fj 13.e), de la disposición adicional 15, por Sentencia 41/2016, de 3 de marzo JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En desarrollo de este precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero. Por todo lo expuesto, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y con más de una veintena de modificaciones de su texto original, cabe señalar que ha llegado el momento de someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas al completo estatuto jurídico de la Administración local. Con este propósito se plantea esta reforma que persigue varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la inici ### RESUMEN: Mañana entra en vigor reforma administración local: fomenta fusión de municipios y da más poder a diputaciones

Nuevos sellos con la cara del nuevo rey

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Su Majestad Don Felipe VI. Rey de España.–2014». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de una serie de sellos de correo denominada «Su Majestad Don Felipe VI. Rey de España.–2014». Segundo. Características. «Su Majestad Don Felipe VI. Rey de España.–2014». El día 12 de octubre de 2014 se emitirá una serie de sellos de correo dedicados a «Su Majestad Don Felipe VI. Rey de España». La serie se presenta en formato de hoja bloque con dos sellos, que reproducen, respectivamente, los retratos de «S.M. el Rey Don Felipe VI» y «SS.MM. los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia». El fondo de la hoja reproduce la Bandera de España y el Escudo de Armas de S.M. el Rey. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset + Serigrafía. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Formato de los sellos: 40,9 x 57,6 mm (vertical). – Formato de la hoja bloque: 150 x 104,5 mm (horizontal). – Valor postal de cada sello: 1 euro. – Tirada: 300.000 hojas bloque. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de esta serie se iniciará el día 12 de octubre de 2014. 2. La distribución a los puntos de venta de esta serie cesará el 31 de diciembre de 2016, no obstante, conservará indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De este efecto la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500 unidades serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional. Quinto. Material utilizado para la impresión. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados museos. Madrid, 30 de septiembre de 2014.–El Subsecretario de Fomento, Mario Garcés Sanagustín.–La Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Su Majestad Don Felipe VI. Rey de España.–2014». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de una serie de sellos de correo denominada «Su Majestad Don Felipe VI. Rey de España.–2014». Segundo. Características. «Su Majestad Don Felipe VI. Rey de España.–2014». El día 12 de octubre de 2014 se emitirá una serie de sellos de correo dedicados a «Su Majestad Don Felipe VI. Rey de España». La serie se presenta en formato de hoja bloque con dos sellos, que reproducen, respectivamente, los retratos de «S.M. el Rey Don Felipe VI» y «SS.MM. los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia». El fondo de la hoja reproduce la Bandera de España y el Escudo de Armas de S.M. el Rey. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset + Serigrafía. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Formato de los sellos: 40,9 x 57,6 mm (vertical). – Formato de la hoja bloque: 150 x 104,5 mm (horizontal). – Valor postal de cada sello: 1 euro. – Tirada: 300.000 hojas bloque. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de esta serie se iniciará el día 12 de octubre de 2014. 2. La distribución a los puntos de venta de esta serie cesará el 31 de diciembre de 2016, no obstante, conservará indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De este efecto la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500 unidades serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional. Quinto. Material utilizado para la impresión. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados museos. Madrid, 30 de septiembre de 2014.–El Subsecretario de Fomento, Mario Garcés Sanagustín.–La Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz. ### RESUMEN: Nuevos sellos con la cara del nuevo rey

Cese de Soledad Becerril como Defensora del Pueblo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, Esta Presidencia ha resuelto declarar la vacante del cargo de Defensor del Pueblo, por expiración del plazo de nombramiento de doña Soledad Becerril Bustamante, quien fue designada el día 18 de julio de 2012. En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 5.4 de la propia Ley Orgánica 3/1981, y en tanto no procedan las Cortes Generales a la designación del nuevo Defensor del Pueblo, desempeñarán sus funciones, interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana María Pastor Julián.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, Esta Presidencia ha resuelto declarar la vacante del cargo de Defensor del Pueblo, por expiración del plazo de nombramiento de doña Soledad Becerril Bustamante, quien fue designada el día 18 de julio de 2012. En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 5.4 de la propia Ley Orgánica 3/1981, y en tanto no procedan las Cortes Generales a la designación del nuevo Defensor del Pueblo, desempeñarán sus funciones, interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana María Pastor Julián. ### RESUMEN: Cese de Soledad Becerril como Defensora del Pueblo.

El Foro de Gobierno abierto ya es un ente oficial. Mitad sociedad civil/mitad AAPP. Se podrá debatir.

Ley 40/2015, de 1 de octubre España es un Estado social y democrático de derecho, comprometido con los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, constituyendo un deber de los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Además, para su legitimación, la democracia debe mejorar su calidad de forma permanente. La ciudadanía demanda, cada vez con más intensidad, que las Administraciones Públicas respondan con eficacia y celeridad a sus necesidades y que lo hagan de un modo más transparente, responsable y participativo. La mejor forma de que los ciudadanos confíen en sus instituciones es, en consecuencia, que la acción gubernamental se muestre abierta a la sociedad civil y que las Administraciones Públicas redoblen así mismo su disposición a escuchar a una ciudadanía cada vez más comprometida y exigente con los poderes públicos. La adhesión de España, desde su fundación en el año 2011, a la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership), es fiel reflejo del firme compromiso del gobierno español con los valores de transparencia, rendición de cuentas y participación que esta plataforma internacional propugna y defiende. Con este enfoque, el Gobierno ha desarrollado ya dos Planes de Acción de Gobierno Abierto, uno de cuyos resultados más relevantes ha sido, sin duda, la aprobación y entrada en vigor de la 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En junio de 2017, España presentó el Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto ante la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Parternship), que incluye 20 compromisos estructurados en torno a cinco 5 grandes ejes: Colaboración, Participación, Transparencia, Rendición de Cuentas y Formación. La presente orden da respuesta al primer compromiso asumido por España en este Tercer Plan de Acción: la creación de un Foro de Gobierno Abierto que, con una composición paritaria, reúna a las Administraciones Públicas y a la sociedad civil, con el fin de propiciar el diálogo y el debate, así como de canalizar y promover propuestas de gobierno abierto, debatir sobre el desarrollo de los Planes de Acción de Gobierno Abierto e intercambiar buenas prácticas. Con la constitución del Foro se refuerzan los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad civil, procurando que las acciones de gobierno abierto y su ejecución respondan a necesidades reales de los ciudadanos. De acuerdo con lo anterior, dispongo: Artículo 1. Creación, naturaleza jurídica y adscripción. 1. Se crea el Foro de Gobierno Abierto, con la finalidad de institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con el gobierno abierto y en particular con el objetivo de impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. 2. El Foro de Gobierno Abierto se constituye como órgano colegiado de los previstos en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. El Foro dependerá de la Secretaría de Estado de Función Pública. Artículo 2. Funciones. El Foro desarrollará las siguientes funciones: 1. Debatir sobre las iniciativas relacionadas con los Planes de Acción de Gobierno Abierto que España presente ante la Alianza de Gobierno Abierto (en adelante «Planes de Acción»). 2. Debatir sobre los borradores de los citados Planes de Acción. 3. Ser informado acerca del desarrollo de dichos Planes y formular recomendaciones al respecto. 4. Debatir sobre los informes de autoevaluación de los Planes de Acción. 5. Ser informado sobre los informes de evaluación de los Planes de Acción. 6. Fortalecer el diálogo y la interlocución con la sociedad civil en el desarrollo de iniciativas relacionadas con gobierno abierto. 7. Canalizar, promover y dar a conocer iniciativas de gobierno abierto que afecten a las instituciones representadas. 8. Potenciar el intercambio y la difusión de buenas prácticas de gobierno abierto. 9. Promover y colaborar en campañas de sensibilización y divulgación sobre el gobierno abierto. 10. Realizar diagnósticos y búsqueda de soluciones compartidos en los asuntos que se planteen. 11. Informar al público de sus actividades y resultados obtenidos. Artículo 3. Composición. 1. El Foro estará integrado por el Presidente y sesenta y cuatro vocales, treinta y dos en representación de las Administraciones Públicas y treinta y dos en representación de la sociedad civil. 2. Corresponde la Presidencia del Foro a la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, quien ostentará su representación y ejercerá las funciones establecidas en el artículo 19.2 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. Son miembros del Foro en representación de las Administraciones Públicas los siguientes: a) La persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública a la que corresponderá la Vicepresidencia Primera del Foro. b) Ocho vocales en representación de la Administración General del Estado con rango al menos, de Subdirector General, que serán designados por la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública. c) Un vocal por cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas representadas en la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, designados por el órgano, o, en su caso, los órganos competentes de cada una de las Administraciones de las Comunidades Autónomas que, voluntariamente, se incorporen al Foro. d) Un vocal por cada una de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, que igualmente están representadas en la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, si, voluntariamente, se incorporan al Foro. e) Cuatro vocales, designados por la FEMP en representación de las Entidades de la Administración Local, que, voluntariamente, se incorporen al Foro. Los vocales designados en representación de las distintas Administraciones Públicas conservarán tal condición mientras ostenten el cargo para el que fueron nombrados o mientras no sea revocada su designación. 4. Serán miembros del Foro, en representación de la sociedad civil, treinta y dos personas designadas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a propuesta de las organizaciones o instituciones correspondientes, de acuerdo con la siguiente distribución: a) Cuatro vocales representantes de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. b) Ocho vocales catedráticos o profesores de las universidades españolas, a propuesta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. c) Ocho vocales representantes de Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro representativas de la sociedad civil, previa convocatoria de la Secretaría de Estado de Función Pública. d) Seis vocales representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios de España. e) Seis vocales representantes de las Entidades del Tercer Sector a propuesta de la Plataforma del Tercer Sector. Corresponderá a uno de los vocales designados en representación de la sociedad civil, previo acuerdo del Pleno, la Vicepresidencia Segunda del Foro. Los vocales designados en representación de la sociedad civil se renovarán al inicio de la ejecución de cada Plan de Acción. 5. El Foro estará asistido por un Secretario, que podrá participar con voz pero sin voto en sus reuniones que, será designado por la persona titular de su Presidencia entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1, de la Dirección General de Gobernanza Pública. 6. Podrán ser convocados a las reuniones del Foro, con voz pero sin voto en calidad de expertos o asesores, otros representantes de Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas o privadas y de la sociedad civil y, en su caso, de los Ministerios, que hayan asumido compromisos en el Plan de Acción de Gobierno Abierto. 7. Podrán participar en las reuniones del Foro como observadores, con voz pero sin voto, entre otros, representantes del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, de la Agencia Española de Protección de Datos, del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto y de la Federación de Asociaciones de la Prensa Española. Artículo 4. Organización y funcionamiento. 1. El Foro podrá actuar en Pleno y en Comisión Permanente. 2. El Pleno estará constituido por el Presidente, los dos Vicepresidentes y el resto de los vocales designados en representación de las Administraciones Públicas y de la sociedad civil. 3. La Comisión Permanente estará compuesta por los Vicepresidentes Primero y Segundo y doce vocales, seis en representación de las Administraciones Públicas y otros seis en representación de la sociedad civil, designados todos ellos por el Presidente de acuerdo con los criterios acordados por el Pleno y a propuesta del mismo. La presidencia de la Comisión Permanente se ejercerá de forma rotatoria anualmente por cada una de las dos Vicepresidencias, que establecerán, de común acuerdo, el orden del día de las reuniones y mantendrán entre ellas una adecuada colaboración e información sobre el estado de las cuestiones que afecten al Foro. De acuerdo con el orden del día establecido para cada reunión, podrán asistir a las reuniones de la Comisión Permanente, con voz pero sin voto, cualquier miembro del Pleno que no forme parte de la Comisión Permanente. Asimismo, podrán ser invitados a participar en las reuniones de la Comisión Permanente, con voz pero sin voto, los responsables de los compromisos contenidos en los Planes de Acción, así como a expertos o asesores en las materias correspondientes. 4. Corresponde a la Comisión Permanente el desempeño de las funciones que le sean delegadas por el Pleno y, en particular: a) Actuar como órgano ejecutivo del Foro e impulsar sus funciones. b) Elevar propuestas al Pleno. c) Coordinar los trabajos que le sean encomendados y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno, así como todas las que le sean delegadas éste. d) Informar al Pleno sobre las actuaciones desarrolladas. 5. Mediante acuerdo del Pleno, y con el fin de garantizar la operatividad en cumplimiento de los fines del Foro, se podrán crear, a propuesta de su presidente o de quien le sustituya, grupos o subgrupos de trabajo de composición paritaria, de acuerdo con las áreas de estudio, debate o diálogo que resulten de interés y, en especial, de las que guarden conexión con el Plan de Acción correspondiente a cada mandato. Los grupos de trabajo tendrán como objetivo la realización de estudios y, en su caso, la formulación de propuestas a la Comisión Permanente, que permitan una ágil y eficaz respuesta a las cuestiones planteadas. De acuerdo con los asuntos que sean objeto de estudio y debate, podrán ser invitados a participar en las reuniones de los grupos de trabajo, con voz pero sin voto, a los responsables de los compromisos contenidos en los Planes de Acción, así como a expertos o asesores en las materias correspondientes, así como cualquier miembro del Pleno. 6. El Foro de Gobierno Abierto fijará la periodicidad de sus reuniones y podrá completar sus normas de funcionamiento, ajustándose a lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II, título preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 5. Régimen de sustituciones. 1. El Presidente será sustituido por el Vicepresidente Primero en caso de vacante, ausencia o enfermedad o cualquier otra causa justificada. 2. Los vocales designados en representación de los departamentos ministeriales podrán ser sustituidos, en caso de vacante, ausencia o enfermedad o cualquier otra causa justificada, por suplentes con rango de Subdirector General pertenecientes a los mismos ministerios que los vocales suplidos. 3. Los vocales designados en representación de otras Administraciones Públicas, cuando concurra causa justificada que impida su asistencia, podrán ser sustituidos por un funcionario del mismo departamento o consejería según sus normas de organización interna. 4. Los representantes de la sociedad civil cuando concurra causa justificada que impida su asistencia, podrán ser sustituidos por un miembro de la Institución académica, entidad, fundación, asociación a la que pertenezcan o por los suplentes que las mismas designen. Artículo 6. Régimen jurídico aplicable. En todo lo no previsto en la presente orden, el funcionamiento del Foro de Gobierno Abierto se regirá por lo establecido en los artículos 19 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por las normas que pudieran completar su organización y funcionamiento. Disposición adicional única. No incremento del gasto público. El funcionamiento del Foro de Gobierno Abierto no supondrá incremento de gasto público y será atendido con las dotaciones presupuestarias ordinarias. En ningún caso podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración General del Estado. Disposición final única. Eficacia. La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 15 de febrero de 2018.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.

Ley 40/2015, de 1 de octubre España es un Estado social y democrático de derecho, comprometido con los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, constituyendo un deber de los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Además, para su legitimación, la democracia debe mejorar su calidad de forma permanente. La ciudadanía demanda, cada vez con más intensidad, que las Administraciones Públicas respondan con eficacia y celeridad a sus necesidades y que lo hagan de un modo más transparente, responsable y participativo. La mejor forma de que los ciudadanos confíen en sus instituciones es, en consecuencia, que la acción gubernamental se muestre abierta a la sociedad civil y que las Administraciones Públicas redoblen así mismo su disposición a escuchar a una ciudadanía cada vez más comprometida y exigente con los poderes públicos. La adhesión de España, desde su fundación en el año 2011, a la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership), es fiel reflejo del firme compromiso del gobierno español con los valores de transparencia, rendición de cuentas y participación que esta plataforma internacional propugna y defiende. Con este enfoque, el Gobierno ha desarrollado ya dos Planes de Acción de Gobierno Abierto, uno de cuyos resultados más relevantes ha sido, sin duda, la aprobación y entrada en vigor de la 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En junio de 2017, España presentó el Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto ante la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Parternship), que incluye 20 compromisos estructurados en torno a cinco 5 grandes ejes: Colaboración, Participación, Transparencia, Rendición de Cuentas y Formación. La presente orden da respuesta al primer compromiso asumido por España en este Tercer Plan de Acción: la creación de un Foro de Gobierno Abierto que, con una composición paritaria, reúna a las Administraciones Públicas y a la sociedad civil, con el fin de propiciar el diálogo y el debate, así como de canalizar y promover propuestas de gobierno abierto, debatir sobre el desarrollo de los Planes de Acción de Gobierno Abierto e intercambiar buenas prácticas. Con la constitución del Foro se refuerzan los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad civil, procurando que las acciones de gobierno abierto y su ejecución respondan a necesidades reales de los ciudadanos. De acuerdo con lo anterior, dispongo: Artículo 1. Creación, naturaleza jurídica y adscripción. 1. Se crea el Foro de Gobierno Abierto, con la finalidad de institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con el gobierno abierto y en particular con el objetivo de impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. 2. El Foro de Gobierno Abierto se constituye como órgano colegiado de los previstos en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. El Foro dependerá de la Secretaría de Estado de Función Pública. Artículo 2. Funciones. El Foro desarrollará las siguientes funciones: 1. Debatir sobre las iniciativas relacionadas con los Planes de Acción de Gobierno Abierto que España presente ante la Alianza de Gobierno Abierto (en adelante «Planes de Acción»). 2. Debatir sobre los borradores de los citados Planes de Acción. 3. Ser informado acerca del desarrollo de dichos Planes y formular recomendaciones al respecto. 4. Debatir sobre los informes de autoevaluación de los Planes de Acción. 5. Ser informado sobre los informes de evaluación de los Planes de Acción. 6. Fortalecer el diálogo y la interlocución con la sociedad civil en el desarrollo de iniciativas relacionadas con gobierno abierto. 7. Canalizar, promover y dar a conocer iniciativas de gobierno abierto que afecten a las instituciones representadas. 8. Potenciar el intercambio y la difusión de buenas prácticas de gobierno abierto. 9. Promover y colaborar en campañas de sensibilización y divulgación sobre el gobierno abierto. 10. Realizar diagnósticos y búsqueda de soluciones compartidos en los asuntos que se planteen. 11. Informar al público de sus actividades y resultados obtenidos. Artículo 3. Composición. 1. El Foro estará integrado por el Presidente y sesenta y cuatro vocales, treinta y dos en representación de las Administraciones Públicas y treinta y dos en representación de la sociedad civil. 2. Corresponde la Presidencia del Foro a la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, quien ostentará su representación y ejercerá las funciones establecidas en el artículo 19.2 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. Son miembros del Foro en representación de las Administraciones Públicas los siguientes: a) La persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública a la que corresponderá la Vicepresidencia Primera del Foro. b) Ocho vocales en representación de la Administración General del Estado con rango al menos, de Subdirector General, que serán designados por la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública. c) Un vocal por cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas representadas en la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, designados por el órgano, o, en su caso, los órganos competentes de cada una de las Administraciones de las Comunidades Autónomas que, voluntariamente, se incorporen al Foro. d) Un vocal por cada una de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, que igualmente están representadas en la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, si, voluntariamente, se incorporan al Fo ### RESUMEN: El Foro de Gobierno abierto ya es un ente oficial. Mitad sociedad civil/mitad AAPP. Se podrá debatir.

La fiesta «Reconquista da Vila de Vigo» consigue el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 135, de 7 de junio de 2006, esta Secretaría de Estado de Turismo, ha tenido a bien conceder el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, a la siguiente fiesta: «Reconquista da Vila de Vigo», Vigo (Pontevedra). Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Madrid, 11 de julio de 2019.–La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver Sagreras.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 135, de 7 de junio de 2006, esta Secretaría de Estado de Turismo, ha tenido a bien conceder el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, a la siguiente fiesta: «Reconquista da Vila de Vigo», Vigo (Pontevedra). Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Madrid, 11 de julio de 2019.–La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver Sagreras. ### RESUMEN: La fiesta «Reconquista da Vila de Vigo» consigue el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Alfonso Alonso ya es ministro de Sanidad

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno, Vengo en nombrar Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a don Alfonso Alonso Aranegui. Dado en Madrid, el 2 de diciembre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno, Vengo en nombrar Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a don Alfonso Alonso Aranegui. Dado en Madrid, el 2 de diciembre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: Alfonso Alonso ya es ministro de Sanidad

Corrección de errores en las ayudas de I+D

ÍNDICE Título I. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Finalidad. Artículo 3. Régimen de concesión y normativa aplicable. Capítulo II. Requisitos generales de los beneficiarios y del personal investigador. Artículo 4. Beneficiarios. Artículo 5. Pluralidad de beneficiarios. Artículo 6. Obligaciones y responsabilidades de los beneficiarios. Artículo 7. Cumplimiento de los requisitos generales del personal investigador. Artículo 8. Condiciones específicas de realización de determinados proyectos. Capítulo III. Aspectos generales del procedimiento de concesión. Artículo 9. Órganos de instrucción y resolución del procedimiento de concesión. Artículo 10. Comunicaciones entre la Administración y los interesados. Artículo 11. Presentación de las solicitudes. Artículo 12. Procedimiento de concesión y régimen de recursos. Artículo 13. Modificación de la resolución de concesión. Capítulo IV. Procedimiento de gestión, justificación y control. Artículo 14. Pago de las ayudas. Artículo 15. Régimen de justificación, seguimiento y control de las ayudas. Título II. Capítulo I. Modalidad 1: Proyectos de I+D+I. Artículo 16. Finalidad de las ayudas. Artículo 17. Características de los proyectos. Artículo 18. Requisitos específicos del personal investigador. Artículo 19. Modalidades, cuantía y financiación presupuestaria de las ayudas. Artículo 20. Conceptos susceptibles de ayuda. Artículo 21. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. Artículo 22. Evaluación y selección de las solicitudes. Artículo 23. Criterios de evaluación. Capítulo II. Modalidad 2: Acciones de Programación Conjunta Internacional. Artículo 24. Finalidad de las ayudas. Artículo 25. Características de los proyectos. Artículo 26. Requisitos específicos del personal investigador. Artículo 27. Modalidades, cuantía y financiación presupuestaria de las ayudas. Artículo 28. Conceptos susceptibles de ayuda. Artículo 29. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. Artículo 30. Evaluación y selección de las solicitudes. Artículo 31. Criterios de evaluación. Disposición adicional primera. Recursos contra la convocatoria. Disposición adicional segunda. Notificación de ayudas individuales a la Comisión Europea. Disposición transitoria primera. Cláusula suspensiva. Disposición transitoria segunda. Aplicación de la normativa sobre fondos estructurales para los anticipos reembolsables. Disposición final única. Efectos. Anexo 1. Al amparo de la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (en adelante Plan Estatal de I+D+I) aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de febrero de 2013, se aprueba la presente resolución de convocatoria de ayudas para algunas modalidades de actuación incluidas en el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. El Plan Estatal de I+D+I tiene una estructura basada en cuatro Programas Estatales directamente relacionados con los objetivos generales de la Estrategia: El Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, el Programa Estatal de Impulso al Liderazgo Empresarial en I+D+I y el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad. El Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad se desarrolla teniendo en cuenta que cada uno de los retos constituye parte esencial de las prioridades científico-técnicas y sociales que han de orientar las actividades de investigación básica de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en los próximos años. La descripción de los Retos de la Sociedad se encuentra de manera no exhaustiva en el Plan Estatal de I+D+I. El Plan Estatal de I+D+I prevé diversas modalidades de participación, entendidas como mecanismos que la Administración General del Estado provee para que los agentes ejecutores de las actividades de I+D+I puedan acceder a la financiación de sus actividades y contribuir a la vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. Se considera que las actuaciones objeto de esta convocatoria son el mecanismo apropiado para la realización de actividades que impliquen el incremento de los conocimientos científicos y tecnológicos mediante la promoción de actividades de investigación con orientación específica hacia los grandes retos de la sociedad española; la salud, el envejecimiento, la aplicación y defensa de los principios de inclusión de los segmentos de nuestra sociedad más frágiles, la sostenibilidad medioambiental, el abastecimiento energético, la biodiversidad, la transformación de nuestros sistemas políticos y sociales y la seguridad de nuestros ciudadanos son, en esencia, grandes retos globales de la sociedad. El fomento de la I+D+I orientada a los retos de la sociedad surge de la necesidad de resolución de los problemas planteados en la sociedad española guiando, a través de esta convocatoria, la investigación fundamental científica y técnica hacia los ocho grandes retos identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación: 1. Salud, cambio demográfico y bienestar. 2. Seguridad, calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; sostenibilidad de recursos naturales, investigación marina y marítima. 3. Energía segura, sostenible y limpia. 4. Transporte inteligente, sostenible e integrado. 5. Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas. 6. Cambios e innovaciones sociales. 7. Economía y sociedad digital. 8. Seguridad, protección y defensa. Por su propia naturaleza, estos retos abarcan grandes ámbitos fundamentales que determinan espacios únicos para la colaboración multidisciplinaria e intersectorial, por lo que se espera que las actuaciones a realizar no se circunscriban a un sector o disciplina, sino que se centren en los retos entendidos como los problemas de la sociedad a los que las actividades de investigación científica y técnica fundamental a desarrollar pretenden dar respuesta. La investigación en Ciencias Humanas y Sociales se contempla con un carácter transversal y formará parte esencial de la investigación científico-técnica a desarrollar en la búsqueda de estas soluciones a los retos de la sociedad. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que muchas de las propuestas podrán tener un carácter disruptivo con efectos importantes sobre nuestro modelo de consumo, convivencia, comportamiento, liderazgo y relaciones sociopolíticas. En la búsqueda de soluciones a los retos habrá que tener en cuenta la importancia de los comportamientos y percepciones sociales de la ciencia y la tecnología, y las ventajas y riesgos asociados, en la medida en que dichos comportamientos pueden propiciar o inhibir el proceso de innovación. Además de lo contemplado específicamente en algunos de los retos y más concretamente en el reto 6, la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, así como la investigación que incorpora la perspectiva de género, tendrá un carácter transversal y como tal podrá incorporarse en el desarrollo de las investigaciones orientadas a la búsqueda de soluciones en todos y cada uno de los retos de la sociedad. De igual manera, se consideran tecnologías aplicables a todos los retos las Tecnologías Facilitadoras Esenciales que, en correspondencia con las identificadas en Horizonte 2020, se incluyen en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación: fotónica, micro y nanoelectrónica, nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas Tecnologías Facilitadoras Esenciales pueden contribuir a solventar los problemas de los retos sociales tanto de forma individual como teniendo en consideración el beneficio acumulado que pueda resultar de su combinación. Esta convocatoria pretende estimular la generación de una masa crítica de grupos de investigación de carácter interdisciplinario que sea capaz de movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos a favor de la solución de los problemas que la sociedad tiene planteados, así como fomentar el liderazgo internacional de los grupos de investigación españoles, en los ámbitos y programas del Espacio Europeo de Investigación, con la vocación de situar la investigación española en un escenario de liderazgo internacional como eje fundamental de desarrollo económico y social. Asimismo, esta convocatoria procura fomentar la generación de conocimientos científicos y la investigación de calidad contrastada, evidenciada tanto por la relevancia de sus resultados y su contribución al avance de la ciencia y la tecnología, lo que repercutirá en la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad española, como por la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico o la internacionalización de las actividades. En la convocatoria se pretende también romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que estos alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que la investigación española tiene planteados. Para ello se fomentarán la asociación y la coordinación de equipos de investigación en proyectos más ambiciosos y la participación de investigadores con un elevado nivel de dedicación a cada proyecto. Igualmente persigue fomentar los proyectos de investigación dirigidos por investigadores jóvenes, con trayectorias científicas prometedoras y que se inicien en la dirección de proyectos. El Plan Estatal de I+D+I, en su conjunto, tiene además una marcada orientación internacional, y prevé actuaciones para incrementar la participación de instituciones españolas en los programas de la Unión Europea e internacionales y para impulsar el liderazgo científico, tecnológico y empresarial del Sistema Español de I+D+I a nivel internacional. En este sentido, las acciones de programación conjunta internacional articulan la participación activa en el Espacio Europeo de Investigación y en iniciativas internacionales de los agentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, pretendiendo ayudar a la creación de grupos de investigación transnacionales con la masa crítica necesaria para afrontar los retos de la sociedad cuya dimensión global hace que no puedan ser abordados solo a escala nacional. Para dar cumplimiento a los anteriores retos en el ámbito de la investigación científica básica orientada, e impulsar la internacionalización de dicha investigación, se dicta la presente resolución. La convocatoria está estructurada en dos títulos. El título I contempla las disposiciones generales comunes a todas las actuaciones, referentes a la finalidad de las ayudas, los requisitos generales de los beneficiarios y del personal investigador, así como el procedimiento de concesión, gestión, justificación y control de las mismas. El título II regula las disposiciones específicas de las diferentes actuaciones: «Retos Investigación»: Proyectos de I+D+I; y Acciones de Programación Conjunta Internacional. Las actuaciones comprendidas en la presente convocatoria se ejecutarán por universidades, centros públicos de I+D+I, centros tecnológicos y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación y, en los casos que así lo prevea la convocatoria, por empresas. Las ayudas consistirán en subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y podrán estar cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), según las zonas que se determinen en su caso. La ayuda proveniente de FEDER podrá, cuando proceda, ser objeto de anticipo reembolsable con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En la presente convocatoria se impone la utilización de medios electrónicos para las comunicaciones que deban realizarse, que será obligatoria tanto para la práctica de la notificación o publicación de los actos administrativos que se dicten como para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Para ello se ha tenido en cuenta la naturaleza de personas jurídicas de los interesados en el procedimiento así como la capacidad técnica y profesional propia de los agentes que actúan en el ámbito de la I+D+I, a los que se presuponen el acceso y la disponibilidad de los medios tecnológicos necesarios. Se trata de una medida que pretende agilizar las comunicaciones entre la Administración y los interesados y así generalizar la utilización de medios electrónicos en las comunicaciones que se realicen con personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden CIN/506/2010, de 26 de febrero, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Ciencia e Innovación. El Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, en su artículo 1 determina que a este Departamento le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores. El Ministerio de Economía y Competitividad asume el objetivo de consolidar un marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación según se recoge en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La citada orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, en su artículo 16.1 faculta a la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación para la convocatoria de ayudas del subprograma objeto de la presente resolución. En virtud de todo lo expuesto, se resuelve: TÍTULO I CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria para el año 2013 de las siguientes modalidades de actuación del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de I+D+I. 1. Modalidad 1: «Retos Investigación»: Proyectos de I+D+I. Se trata de proyectos de investigación consistentes en trabajos experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad, estén orientados a la búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los problemas planteados en los retos de la sociedad, independientemente del carácter básico o más aplicado de la metodología y resultados que se obtengan. Estos proyectos se podrán realizar de forma individual o coordinada, con el fin de fomentar la creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución más restringido. 2. Modalidad 2: Acciones consistentes en proyectos de Programación Conjunta Internacional (en adelante, «Acciones de Programación Conjunta Internacional»). Se trata de actuaciones para promover la financiación de la participación de equipos españoles en proyectos de investigación colaborativa de dimensión europea, en el contexto de las actuaciones del Espacio Europeo de Investigación, o actuaciones internacionales, en cuyas convocatorias conjuntas de proyectos, en temáticas específicas, España participa a través de acuerdos y memorandos de entendimiento. Se prevén dos tipos de actuaciones, según se enmarquen en las convocatorias ERA-Net y programas internacionales, o en las iniciativas de programación conjunta de la Unión Europea. Artículo 2. Finalidad. Las actuaciones objeto de ayuda tienen como finalidad promover la generación de conocimiento científico orientado a la búsqueda de soluciones a los problemas presentados en los retos de la sociedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, mediante investigación de calidad, evidenciada tanto por su contribución a la solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos como por la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico o la internacionalización de las actividades. Pretenden contribuir a la consolidación de equipos de investigación con tamaño suficiente y masa crítica de carácter interdisciplinario e intersectorial necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones, de acuerdo con las prioridades establecidas en cada uno de los retos así como para afrontar los desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomentando la participación de equipos de investigación amplios y con un elevado nivel de dedicación a cada actuación. Sin renunciar al objetivo anterior, también se pretende apoyar líneas de investigación propias, innovadoras y prometedoras desarrolladas por jóvenes investigadores que se incorporan al sistema de I+D+I. Finalmente, se desea apoyar los proyectos coordinados que hagan posible la creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución más restringido. Artículo 3. Régimen de concesión y normativa aplicable. 1. La concesión de las ayudas previstas en la presente convocatoria se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, buscando la eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Las ayudas objeto de esta convocatoria están sometidas a las bases reguladoras contenidas en la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de I+D+I y a las demás normas que les sean aplicables, entre ellas: a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. b) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. c) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. d) Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 3. La normativa nacional prevista en el apartado anterior será, no obstante, de aplicación supletoria a las ayudas que cuenten con cofinanciación FEDER, que se regirán, además de por lo dispuesto en esta resolución, por las normas comunitarias sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o trasposición de estas, entre ellas: a) El Reglamento (CE) n.º 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. b) El Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. c) El Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) n.º 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. d) La Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión. 4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1.1 del Marco Comunitario de Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01), no se aplicará lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, por lo tanto, no tendrán la consideración de ayudas estatales, las ayudas previstas en esta orden que se otorguen a organismos de investigación, definidos según el artículo 2.a) de las bases reguladoras para actividades no económicas. Con la excepción de lo dispuesto en el apartado anterior, las ayudas previstas en esta convocatoria deberán cumplir lo establecido en el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (2006/C 323/01), publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» C 323, de 30 de diciembre de 2006, y estarán a lo establecido en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, cuando se aplique el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación, se facilitará a la Comisión Europea información sobre las ayudas individuales, no incluidas en el artículo 37.4 de las bases reguladoras, que excedan de 3 millones de euros, expresados en equivalente de subvención bruta, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día de la resolución de concesión. En todo caso, se tendrán en cuenta las disposiciones específicas contenidas en el capítulo II del título I y las disposiciones adicionales segunda y cuarta de las bases reguladoras. 5. La realización de los proyectos objeto de las ayudas previstas en esta convocatoria deberá atenerse a lo establecido en los principios internacionales y en la normativa vigente en materia de bioética, experimentación animal, bioseguridad, seguridad biológica, protección del medioambiente, patrimonio natural y biodiversidad y protección de datos. Corresponde a las entidades beneficiarias velar por su cumplimiento. Entre otras, deberán cumplir con lo establecido en las siguientes disposiciones: a) Los proyectos deberán respetar los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de la Unesco sobre el genoma humano y los derechos humanos. b) Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la utilización de muestras de origen humano, o que impliquen específicamente la utilización de células y tejidos de origen embrionario humano o líneas celulares derivadas de ellos, deberán ajustarse a lo dispuesto a tal efecto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, y en el Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de las actuaciones de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes, así como en el Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, por el que se regulan la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y el Registro de Proyectos de Investigación, en el Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica y el resto de la normativa legal vigente en la materia. c) Los proyectos que comporten ensayos clínicos deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero. d) Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente y, en particular, en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, en la Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia. e) Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y en el Real Decreto 178/2004, de 31 de enero, por el que se aprueba el reglamento general que la desarrolla y en el Real Decreto 191/2013, de 15 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 178/2004. f) Los proyectos que impliquen la utilización de agentes biológicos deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como en la normativa vigente en esta materia. g) Los proyectos que impliquen adquisición o intercambio de material genético deberán atenerse a lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y a lo establecido en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos. En el caso de recursos fitogenéticos, las recolecciones de material genético deberán cumplir las disposiciones de carácter nacional y autonómico que afecten a posibles taxones que se consideren amenazados. h) Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. i) Ley 41/2010 de 29 de diciembre, de protección del medio marino. j) Los proyectos que se desarrollen en la zona del Tratado Antártico (por debajo del paralelo 60º S) deberán ajustarse a las normas establecidas por el propio Tratado Antártico (BOE de 26 de junio de 1982) y por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus Anejos (Protocolo de Madrid, BOE de 18 de febrero de 1998), recogidas por el Comité Polar. k) Los proyectos que impliquen la realización de estudios mediante encuestas cuantitativas en el ámbito de las ciencias sociales con toma de datos, deberán cumplir con lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y la recomendación de la Comisión Europea de 17 de julio de 2012, relativa a la información científica y su preservación. CAPÍTULO II Requisitos generales de los beneficiarios y del personal investigador Artículo 4. Beneficiarios. 1. El régimen aplicable a los beneficiarios será el establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en las bases reguladoras de la presente convocatoria, ya citadas, y en las disposiciones específicas de desarrollo contenidas en la presente resolución. 2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de esta convocatoria las siguientes personas jurídicas que estén válidamente constituidas y tengan domicilio fiscal en España: a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. b) Las universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, e inscritas en el registro creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos. c) Otros centros públicos de I+D. Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a las Administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica. d) Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora. e) Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, y normas complementarias. f) Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividad de I+D, definida en sus estatutos como actividad principal, y generen conocimiento científico o tecnológico. g) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el registro de tales centros. 3. En las acciones de programación conjunta internacional, cuando lo permita la correspondiente convocatoria internacional, también podrán ser beneficiarios: a) Empresas. b) Agrupaciones o asociaciones empresariales: Agrupaciones de Interés Económico. c) Agrupaciones empresariales innovadoras, activas en sectores y regiones concretos, cuyo objetivo es contribuir con eficacia a la transferencia tecnológica y a la divulgación de información entre las empresas integrantes de la agrupación. d) Empresas Innovadoras de Base Tecnológica, según el artículo 56 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. e) Asociaciones empresariales sectoriales. 4. A la posible cofinanciación FEDER que se pudiera derivar de la ejecución de las actuaciones incentivadas al amparo de la presente convocatoria podrán acceder las siguientes entidades, de entre las descritas en el apartado 2: a) Organismos públicos. Solo podrán acceder a la modalidad de subvención con anticipo reembolsable aquellos organismos públicos que, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las leyes anuales de PGE, o cualesquiera otras normas estatales o autonómicas, puedan concertar operaciones de endeudamiento a estos efectos. b) Organismos privados que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil, que estén dotados de personalidad jurídica y cumplan al menos uno de los siguientes requisitos: i. Que su actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, por los entes territoriales o por otros organismos de derecho público. ii. Que su gestión se halle sometida a un control por parte de alguna de las entidades citadas en el párrafo anterior. iii. Que su órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto, al menos en más de la mitad de sus miembros, por representantes nombrados por el Estado, por los entes territoriales o por otros organismos de derecho público. 5. No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades incursas en alguna de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Artículo 5. Pluralidad de beneficiarios. Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, también tendrán la consideración de beneficiarios las entidades asociadas al beneficiario que se comprometan a efectuar parte o la totalidad de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de este, pudiendo también imputar gasto. Se consideran miembros asociados aquellos que tengan con el beneficiario una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en documento análogo de constitución. Los miembros asociados deberán ser personas jurídicas pertenecientes a alguna de las categorías que se describen en el artículo anterior para los beneficiarios. Artículo 6. Obligaciones y responsabilidades de los beneficiarios. 1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las condiciones específicas establecidas en las bases reguladoras, y en las disposiciones específicas de desarrollo contenidas en la presente resolución. 2. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las publicaciones científicas resultantes, total o parcialmente, de la financiación otorgada al amparo de la presente convocatoria deberán estar disponibles en acceso abierto. Para ello, los autores podrán optar por publicar en revistas de acceso abierto, o bien por autoarchivar en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto, los trabajos científicos que hayan sido aceptados para su publicación en publicaciones seriadas o periódicas. 3. Toda referencia en cualquier medio de difusión al proyecto objeto de las presentes ayudas deberá incluir que el mismo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1828/2006 del Consejo, de 8 de diciembre de 2006, que fija las normas de desarrollo para los Reglamentos (CE) número 1083/2006 y número 1080/2006 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el beneficiario, en su caso, deberá hacer mención a la cofinanciación con fondos FEDER, en la forma establecida en dichas normas. 4. El representante legal de la entidad beneficiaria de la ayuda se responsabilizará de la conservación y custodia de aquella documentación que deba obrar en poder del beneficiario, y la mantendrá a disposición de los órganos de comprobación y control durante el período resultante de la aplicación del artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de recibir una ayuda con cargo a FEDER, deberá custodiar la documentación soporte del proyecto realizado, durante el período regulado en el artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, indicándose el lugar de depósito y custodia. Sin perjuicio de las responsabilidades que conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, puedan corresponder, el representante legal de la entidad beneficiaria de la ayuda será responsable de la veracidad del contenido de los documentos que firme y presente ante la Administración concedente. Artículo 7. Cumplimiento de los requisitos generales del personal investigador. 1. Los proyectos subvencionados serán ejecutadas por equipos de investigación dirigidos por uno o dos investigadores principales, según se indique en la actuación correspondiente. En este último caso, ambos investigadores principales tendrán la misma consideración a todos los efectos, aunque únicamente uno de ellos será el interlocutor con el Ministerio de Economía y Competitividad a efectos de comunicaciones. Los investigadores principales y los componentes del equipo de investigación serán los principales responsables de los objetivos y tareas a desarrollar en la actuación. 2. Los requisitos y el régimen de compatibilidad y dedicación de los investigadores principales y del resto de los componentes del equipo de investigación y, en su caso, del equipo de trabajo, serán los establecidos en cada actuación. Dichos requisitos deberán cumplirse el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la fecha final del plazo solicitado de ejecución de la actuación, salvo las excepciones previstas, en su caso, en las diferentes actuaciones. 3. El incumplimiento de los requisitos citados por parte de cualquiera de los investigadores principales determinará la inadmisión de la solicitud. 4. El incumplimiento de los requisitos citados por parte de alguno de los otros miembros del equipo de investigación determinará la exclusión de dicho investigador de todos los proyectos solicitados en los que figure. 5. La entidad solicitante será la responsable del cumplimiento de las condiciones de vinculación, compatibilidad y dedicación establecidas en esta convocatoria, debiendo comunicar al órgano instructor cualquier variación que se produzca en las mismas en un plazo de diez días a partir de aquel en que se produzca el cambio, en la forma que se determina en el artículo 10. Artículo 8. Condiciones específicas para la ejecución de determinados proyectos. 1. Actuaciones a bordo de buques oceanográficos y en campañas polares. Los proyectos a desarrollar en campañas antárticas deberán planificarse dentro del límite de duración del proyecto. Toda actividad en las bases antárticas estará condicionada a las posibilidades logísticas y a las disponibilidades de espacio y tiempo. a) Durante la campaña antártica 2014-2015, la disponibilidad de la base «Juan Carlos I» estará sujeta a las obras de remodelación actualmente en curso. b) Para la participación en las campañas antárticas, los investigadores deberán pasar reconocimiento médico según el protocolo establecido por el Comité Polar Español. El procedimiento para este protocolo estará disponible en la web del Ministerio de Economía y Competitividad y del Comité Polar Español. c) De conformidad con lo previsto por el Comité Polar Español, los investigadores principales de las actuaciones polares deberán enviar los datos brutos y los de las calibraciones instrumentales para su archivo en el Centro Nacional de Datos Antárticos, en un plazo máximo de tres meses posteriores a la finalización de la campaña y conforme al procedimiento sobre datos antárticos disponible en la web del Ministerio de Economía y Competitividad. d) Los investigadores principales de las actuaciones polares deberán enviar al finalizar la campaña un informe de la misma de acuerdo con el formato disponible en la web del Ministerio de Economía y Competitividad. e) Los proyectos a desarrollar a bordo de buques oceanográficos deberán desarrollarse dentro del límite de duración del proyecto. Toda actividad en los buques oceanográficos estará condicionada a las posibilidades logísticas y a las disponibilidades de espacio y tiempo. Los solicitantes deberán consultar la planificación de las campañas previas aprobadas, disponible en la web del Ministerio de Economía y Competitividad, en la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de los Buques Oceanográficos (COCSABO), y proponer una fecha de campaña, dentro de las disponibilidades existentes. f) Los investigadores principales de los proyectos que conlleven la realización de campañas oceanográficas deberán enviar los datos brutos y de calibraciones, así como el informe de campaña conforme al procedimiento de datos marinos que se publicará en la web del Ministerio de Economía y Competitividad. g) Los investigadores que realicen sus actividades en áreas protegidas deberán disponer, siempre que sea necesario, previo al inicio de la campaña, del correspondiente informe de impacto ambiental, que podrá ser requerido por el órgano gestor durante el período de ejecución del proyecto. h) Los investigadores principales de las actuaciones polares y de aquellas que conlleven la realización de campañas oceanográficas deberán enviar, tanto durante el período de vigencia del proyecto como una vez finalizado, las publicaciones científico-técnicas generadas como consecuencia de estas actividades. 2. Proyectos que impliquen la realización de estudios mediante encuestas cuantitativas en el ámbito de las ciencias sociales con toma de datos. a) Los investigadores principales de estos proyectos deberán transferir, en un plazo máximo de doce meses desde su finalización, los microdatos integrantes del estudio al Banco de Datos Específico de Estudios Sociales que, a estos efectos, radica en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en cumplimiento de los artículos 37.1 y 37.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y la Recomendación de la Comisión Europea, de 17 de julio de 2012, relativa al acceso a la información científica y su preservación. b) A tal efecto, con carácter previo a la presentación de las solicitudes de estos proyectos, los investigadores principales deberán remitir al Centro de Investigaciones Sociológicas un Plan de Depósito Inicial, cuyo contenido consistirá en un compromiso del cumplimiento de la obligación de transferencia de microdatos a que se refiere el apartado a). c) Para el cumplimiento de las obligaciones que se recogen en los apartados anteriores se utilizarán los modelos normalizados puestos a disposición de los investigadores por el Centro de Investigaciones Sociológicas, a través de su página web. 3. Proyectos con implicaciones en materia de bioética, experimentación animal, bioseguridad y seguridad biológica. Estas actuaciones deberán reunir los requisitos y contar con las autorizaciones, certificados o informes necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación conforme a lo establecido por la normativa vigente en dichas materias, recogida en los apartados b), c), d), e) y f) del artículo 3.5 y cualquier otra que les fuera de aplicación. Las entidades beneficiarias velarán por el cumplimiento de las obligaciones descritas en este artículo y custodiarán la documentación que lo acredite, debiendo aportarla en caso de serles requerida en cualquier momento del procedimiento de concesión o de la ejecución de la actuación. CAPÍTULO III Aspectos generales del procedimiento de concesión Artículo 9. Órganos de instrucción y resolución del procedimiento de concesión. 1. Es competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de la actuación «Retos Investigación»: Proyectos de I+D+I y de las acciones pertenecientes a la modalidad de actuación «Acciones de Programación Conjunta Internacional» enumeradas en el anexo 1, punto 5 (JPI, por su sigla en inglés, Joint Programming Initiatives), el titular de la Subdirección General de Proyectos de Investigación. 2. Es competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las acciones pertenecientes a la modalidad de actuación «Acciones de Programación Conjunta Internacional» enumeradas en el anexo 1, puntos 1 a 4, el titular de la Subdirección General de Proyectos Internacionales. 3. Es competente para la resolución del procedimiento de concesión la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Artículo 10. Comunicaciones entre la Administración y los interesados. 1. Todas las comunicaciones que se realicen en el procedimiento de concesión de las ayudas contempladas en esta convocatoria, en su justificación y seguimiento y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se realizarán a través de los medios electrónicos que se establecen en esta convocatoria. 2. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria tanto para la notificación o publicación de los actos administrativos que se dicten como para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por los interesados, que deberán adjuntarse siempre en formato pdf y con un tamaño máximo de 4 Mb. 3. En virtud de lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la notificación a los interesados de los trámites de subsanación, preevaluación, resolución de exclusión, propuesta de resolución provisional, propuesta de resolución definitiva y resolución definitiva de concesión, descritos en el artículo 12, se realizarán mediante publicación en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, surtiendo todos los efectos de notificación practicada. Las acciones por parte de los interesados que impliquen dichos trámites se harán obligatoriamente a través de la Carpeta Virtual de Expedientes (Facilit@), ubicada en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en la forma establecida en los apartados 6 y siguientes de este artículo. Con independencia de lo anterior, el instructor del procedimiento podrá remitir a los interesados un aviso de cortesía de la publicación realizada a la dirección de correo electrónico que figure en la solicitud de ayuda. 4. El resto de los trámites previstos en esta convocatoria se notificarán mediante el sistema de comparecencia electrónica, previsto en el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 5. Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en el artículo 11 respecto de la presentación de las solicitudes de concesión de las ayudas, la presentación por los interesados de cualquier otro tipo de solicitud, escrito o comunicación deberá hacerse a través de la Carpeta Virtual de Expedientes (Facilit@), ubicada en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 6. Cualquier tipo de solicitud, escrito o comunicación podrá ser aportado en Facilit@ tanto por el investigador principal como por el representante legal de la entidad beneficiaria, pero solo tendrán validez los documentos cuando estén avalados mediante la firma electrónica del representante legal de la entidad solicitante, en la forma descrita en el siguiente apartado. 7. El representante legal deberá firmar todos los documentos, incluidos los que haya aportado el investigador principal, con un sistema de firma electrónica avanzada. El certificado electrónico correspondiente deberá cumplir dos requisitos: a) Pertenecer a una persona acreditada previamente como representante legal de la entidad interesada en el Registro Unificado de Solicitantes (RUS). b) Corresponder a alguno de los certificados digitales admitidos en la plataforma «@firma», que pueden consultarse en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, dentro del apartado «Certificados digitales». La inscripción previa en el RUS del representante de la entidad solicitante, si no estuviera ya inscrito, se podrá realizar en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en cuyo registro, dentro del apartado «Registro de representante», podrá identificarse y definir su nombre de usuario y palabra clave. Este registro pedirá al usuario que identifique a la entidad solicitante si no estuviera previamente identificada. La presentación que se realice utilizando un certificado digital que cumpla los requisitos anteriores quedará automáticamente registrada en el registro electrónico regulado por la Orden CIN/506/2010, de 26 de febrero. 8. Para que los investigadores principales puedan aportar en Facilit@ cualquier documentación relacionada con la actuación para la que se solicita ayuda, será necesario que: a) Previamente al envío, el investigador principal esté acreditado como investigador en el RUS. b) El envío se complete mediante la firma electrónica del representante legal de la entidad interesada. La inscripción previa del investigador principal en el RUS, si no estuviera ya inscrito, se podrá realizar en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en cuyo registro, dentro del apartado «Registro del investigador», podrá identificarse y definir su nombre de usuario y palabra clave. 9. Cuando las acciones a realizar en Facilit@ tengan un plazo determinado conforme a lo dispuesto en esta convocatoria, dicho plazo será único para la aportación por el investigador principal, en su caso, de la documentación pertinente y para la firma electrónica del representante legal, por lo que la documentación no se considerará presentada hasta que el envío de la misma se complete en la forma prevista en el apartado 7 anterior. 10. Los interesados podrán consultar en todo momento el estado de su expediente administrativo en Facilit@. Artículo 11. Presentación de las solicitudes. 1. Las solicitudes se presentarán electrónicamente en los términos previstos en el artículo 10 a través de las aplicaciones de solicitud y de firma electrónica, disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 2. La entidad solicitante deberá estar inscrita en el Sistema de Entidades (SISEN), en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, donde deberá aportar el documento acreditativo del poder o representación que ostente el representante legal de dicha entidad, salvo que ya estuviese incorporado al expediente. 3. El investigador principal deberá cumplimentar el formulario electrónico de la solicitud. En el caso de proyectos con dos investigadores principales, el formulario lo presentará el que esté identificado en dicha solicitud como interlocutor con el Ministerio de Economía y Competitividad a efectos de comunicaciones. En el caso de proyectos coordinados, constituidos por dos o más subproyectos, el investigador principal de cada subproyecto deberá presentar una solicitud. 4. El formulario electrónico de solicitud contendrá, además de los datos identificativos del proyecto, entidad solicitante y miembros del equipo de investigación, la siguiente información y documentación que se considerarán parte integrante de la solicitud: a) Identificación del área temática de gestión seleccionada para la evaluación del proyecto, descritas en el artículo 21. El órgano instructor podrá readscribir de oficio el proyecto a otra área temática de gestión. b) Identificación del reto elegido para realizar la acción de entre los 8 retos recogidos en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, o bien entre una de las tecnologías facilitadoras esenciales. c) Resumen de la actuación, impacto esperado y reseña del currículum del investigador o de los investigadores principales. Esta información podrá hacerse pública a efectos de difusión en el caso de que la actuación sea financiada. d) Memoria científico-técnica del proyecto según modelo disponible en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad, que podrá presentarse en inglés o en español. Cuando se presente la solicitud de un proyecto coordinado, habrá una única memoria científico-técnica que incluirá los objetivos y tareas de cada uno de los subproyectos. Dicha memoria será aportada por el investigador principal coordinador del proyecto y la aplicación telemática la incorporará automáticamente a cada uno de los subproyectos. e) Currículum completo según modelo disponible en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad o Currículum Vítae Normalizado (CVN) del investigador o de los investigadores principales. En la actuación de Acciones de programación conjunta internacional, estos modelos de currículum serán opcionales, pudiéndose presentar en otros formatos. f) Los solicitantes de acciones de programación conjunta internacional deberán adjuntar también la memoria del proyecto conjunto, que deberá ser el mismo documento en inglés presentado a la convocatoria internacional. Asimismo, deberán adjuntar la documentación que demuestre la presentación y evaluación del proyecto en la convocatoria internacional. g) En la actuación de Proyectos de I+D+I, se especificarán también: i. La solicitud, en su caso, de inclusión del proyecto en la convocatoria de Contratos Predoctorales para la Formación de Doctores, del Subprograma Estatal de Formación, dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I. ii. La identificación, en su caso, de aquellas entidades públicas o privadas interesadas en los resultados del proyecto. iii. En caso de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, el beneficiario ejecute la actividad con miembros asociados, los datos identificativos del beneficiario asociado. h) En la actuación de Acciones de programación conjunta internacional, se identificará, además, el programa europeo o internacional en el que se enmarca la acción. 5. Además del formulario de solicitud y de los documentos descritos en el apartado anterior, el investigador principal deberá adjuntar adicionalmente, en función del tipo de proyecto de que se trate, los siguientes documentos, según los modelos normalizados disponibles al efecto en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad: a) Currículum completo o Currículum Vítae Normalizado (CVN). de los componentes del equipo de investigación. En la actuación de Proyectos de I+D+I, deberán adjuntar también el currículum completo o Currículum Vítae Normalizado (CVN) de los doctores del equipo de trabajo. b) Los proyectos que requieran el uso de plataformas marinas, buques oceanográficos o embarcaciones de otro tipo: i. Plan de campaña. ii. Acreditación de la solicitud de tiempo de uso. c) Los proyectos que vayan a desarrollarse en la zona recogida por el Tratado Antártico, que deberán cumplir el Protocolo de Madrid (BOE de 18 de febrero de 1998): i. Plan de campaña. ii. Solicitud de apoyo logístico. iii. Solicitud de infraestructura en las bases españolas. iv. Datos para el estudio de evaluación del impacto ambiental. v. Solicitud de permiso para zonas restringidas. vi. Solicitud de permiso para toma de muestras. vii. Compromiso de aceptación de las actividades en las bases. d) Los proyectos relacionados con atmósfera, clima y cambio climático que necesiten para su desarrollo datos meteorológicos, tanto observacionales como de salidas de modelos procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), deberán adjuntar la solicitud de datos a la AEMET. 6. La documentación acreditativa de la relación o vínculo de carácter jurídico del miembro asociado con el beneficiario, así como los documentos exigidos al representante legal del miembro asociado que serán los mismos que los descritos en los apartados 2 y 9 para el representante legal de la entidad beneficiaria, serán requeridos por el órgano instructor en cualquier momento del procedimiento de concesión. 7. Una vez concluida la fase de presentación de solicitudes, solamente se admitirá la modificación o mejora voluntaria de la solicitud por el beneficiario a petición del órgano instructor, en aplicación del artículo 71.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. A estos efectos, como se indica en el apartado 4, tendrán la consideración de elementos integrantes de la solicitud, entre otros, la memoria científico-técnica y el currículum del investigador o de los investigadores principales. La no presentación en plazo y según los formularios disponibles en la web del Ministerio de Economía y Competitividad de estos documentos no tendrá carácter subsanable y conllevará la exclusión de la solicitud durante el trámite de preevaluación que se regula en el artículo 12.1. 8. Una vez finalizada la cumplimentación de la solicitud, el investigador principal la validará y enviará telemáticamente. Seguidamente, imprimirá el documento que genere automáticamente la aplicación telemática y consignará en él las firmas originales del investigador principal o de los investigadores principales y del resto de los componentes del equipo de investigación, y lo pondrá a disposición del representante legal de la entidad a la que pertenezca. 9. El representante legal de la entidad solicitante, a través de la aplicación de firma de solicitudes (disponible en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación), deberá: a) Declarar expresamente su consentimiento u oposición para que el órgano instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, Administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de oposición, el órgano gestor le requerirá, en cualquier momento del procedimiento de concesión, los certificados que acrediten el cumplimiento de tales obligaciones, expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por las correspondientes Haciendas Forales y por la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando la entidad solicitante que haya denegado su autorización se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 24 de dicho reglamento, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará mediante una declaración responsable. b) Remitir, en un envío único para todas las solicitudes de ayuda de cada una de las actuaciones que la entidad presente, los siguientes documentos según los modelos normalizados disponibles al efecto en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad: i. Una declaración responsable expresa de no hallarse la entidad solicitante incursa en ninguno de los supuestos de prohibición de la obtención de la condición de beneficiario, establecidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicha declaración responsable hará mención expresa a no estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en la letra b) del artículo 13.2 de dicha ley, en la forma prevista en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo de dicha ley, y de cumplir con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 14 de la mencionada ley. ii. Una declaración expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda conforme a lo establecido en los artículos 34 y 38 de dicho Reglamento, incluyendo de forma diferenciada la relación de las ayudas de minimis solicitadas y recibidas en el ejercicio en curso, así como de las recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores. 10. Finalmente, el representante legal de la entidad solicitante, después de supervisar cada solicitud telemática y de hacerse cargo de los documentos que le haya entregado el investigador principal con las firmas originales de los miembros del equipo de investigación, completará la presentación de la solicitud mediante su firma electrónica, según lo establecido en el artículo 10. 11. La firma del representante legal de la entidad solicitante representa el compromiso de la entidad de apoyar la correcta realización del proyecto y supone que la entidad ha comprobado la veracidad de los datos consignados en la solicitud y que la documentación presentada cumple los requisitos formales que establece la convocatoria. Asimismo, supone la declaración de que la entidad y el proyecto presentado cumplen todos los requisitos y la normativa que sea de aplicación en las actividades de investigación y, en particular, la normativa a la que se refiere el artículo 3.5 de esta convocatoria. 12. En los casos en que, debido a un fallo informático en las aplicaciones de solicitud o en los servidores del órgano concedente, no resultase posible la presentación electrónica, se admitirá la presentación en soporte papel, a través de registro, de la solicitud y de los documentos integrantes de la solicitud, descritos en el apartado 4, siempre dentro del plazo previsto para la presentación telemática y con las firmas del investigador principal y del representante legal de la entidad solicitante, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No serán válidos los registros de las entidades solicitantes, salvo que tuviesen la condición de registro oficial. Cuando se produzca la anterior circunstancia, a efectos de evitar retrasos en la tramitación de los expedientes, el solicitante deberá informar del fallo informático por correo electrónico a la unidad de atención a usuarios (CAU) de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad antes de que concluya el plazo de presentación de solicitudes. 13. Respecto de los elementos de la solicitud que no sean integrantes de la misma según lo previsto en el apartado anterior, el órgano instructor del procedimiento designado en la convocatoria podrá requerir al interesado mediante el sistema previsto en el artículo 10.3 para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La resolución que se dicte a este respecto se notificará al interesado mediante el sistema previsto en el artículo 10.3. 14. Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud formarán parte de un fichero de titularidad del Ministerio de Economía y Competitividad y quedarán sometidos a la protección establecida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para tratarlos de manera automatizada y cederlos, para fines de evaluación, seguimiento, difusión y control a los órganos de instrucción y de resolución y a los organismos de control competentes. Conforme a la ley orgánica citada, el solicitante podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Ministerio de Economía y Competitividad, calle Albacete, 5, 28071 Madrid. Artículo 12. Procedimiento de concesión y régimen de recursos. 1. Instrucción del procedimiento. El órgano instructor, además del trámite de subsanación a que se hace referencia en el apartado 13 del artículo 11, procederá a la preevaluación de las solicitudes, siguiendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 18.b) de las bases reguladoras. En este trámite el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario por parte de la entidad solicitante, los requisitos del investigador principal o de los investigadores principales o la adecuación a la convocatoria de los documentos esenciales de la solicitud. En todo caso, este trámite solo podrá afectar a aquellos requisitos cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración científica o técnica. Si se detecta el incumplimiento de los mencionados requisitos, se acordará la exclusión de las solicitudes, lo que se notificará a los interesados en la forma prevista en el artículo 10. 2. Procedimiento de concesión. a) Propuesta de resolución provisional: Realizada la evaluación de las solicitudes en la forma prevista en la presente convocatoria, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución provisional motivada. Los interesados dispondrán de un plazo máximo de diez días para manifestar su aceptación o desistimiento de la ayuda propuesta, o para exponer las alegaciones que estimen oportunas. Si no se formulasen alegaciones o un desistimiento expreso en dicho plazo, se entenderá que la propuesta ha sido aceptada. La presentación de alegaciones a una propuesta diferirá el trámite de aceptación o desistimiento de la ayuda hasta que sean vistas las alegaciones presentadas. b) Propuesta de resolución definitiva: Tras el estudio de las alegaciones presentadas, en su caso, el órgano instructor formulará propuesta de resolución definitiva. Respecto de aquellas solicitudes que, tras el trámite de alegaciones, hubiesen sido propuestas para su financiación, el órgano instructor les notificará la propuesta de resolución definitiva para que, en un plazo de diez días, manifiesten su aceptación o desistimiento de la ayuda propuesta. Si no se formulase un desistimiento expreso en dicho plazo, se entenderá que la propuesta ha sido aceptada. Finalmente, el órgano instructor elevará al órgano competente para resolver la propuesta de resolución definitiva a fin de que se dicte la resolución de concesión de las ayudas. c) Resolución de concesión: A la vista de la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente para resolver dictará la correspondiente resolución de concesión de las ayudas solicitadas. La resolución de concesión tendrá el contenido al que se refiere el artículo 23.2 de las bases reguladoras y mencionará expresamente el presupuesto financiable y el importe concedido en los conceptos de costes directos y, en su caso, de costes indirectos. En la actuación de Acciones de Programación Conjunta en el marco de la Empresa Común ENIAC, dado que estos proyectos dispondrán de una subvención adicional por parte de ENIAC, en virtud de la decisión de su Consejo de Gobierno, relativa a las reglas de financiación (ENIAC-GB-13-08), la resolución de concesión podrá incluir dicha subvención adicional en el presupuesto financiable. 3. Tanto las resoluciones de desistimiento y exclusión como las propuestas de resolución provisional y definitiva y las resoluciones de concesión de las ayudas solicitadas podrán emitirse de forma parcial y sucesiva con respecto al conjunto de las solicitudes a medida que la Comisión de Evaluación emita los correspondientes informes. 4. Las propuestas de resolución y resoluciones establecidas en los apartados 1 y 2 de este artículo se notificarán a los interesados en la forma establecida en el artículo 10.3. 5. La aceptación o desistimiento de la ayuda o la presentación de alegaciones por parte de los interesados a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo se harán obligatoriamente a través de Facilit@, según lo establecido en los apartados 5 y siguientes del artículo 10. 6. Plazo de resolución. En la Modalidad 1: Proyectos de I+D+I el plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de seis meses contados a partir de la fecha de inicio del correspondiente plazo de presentación de solicitudes. En la Modalidad 2: Acciones de Programación Conjunta Internacional el plazo para la resolución del procedimiento y su notificación será: Hasta el 23 de diciembre de 2013, para aquellas acciones correspondientes al primer plazo de solicitud regulado en el artículo 29.2.a). Seis meses contados a partir de la fecha de inicio del correspondiente plazo de presentación de solicitudes, para el segundo plazo de solicitud regulado en el artículo 29.2.b). Según lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992 de 26 de diciembre, cuando las circunstancias lo aconsejen, el plazo de resolución podrá ser ampliado mediante resolución expresa y motivada del órgano de concesión, que deberá ser notificada a los interesados. El plazo para la resolución podrá ser interrumpido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el período que dure la evaluación, que no podrá exceder de dos meses. Si transcurrido el plazo de resolución y notificación el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud. 7. Recursos. Contra la resolución del procedimiento de concesión, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, si la resolución fuera expresa, o de tres meses, si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio de lo anterior, contra la resolución del procedimiento de concesión y, en su caso, contra la resolución del recurso potestativo de reposición cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, si la resolución fuera expresa, o de seis meses, si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Artículo 13. Modificación de la resolución de concesión. 1. Los proyectos deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determinen en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar su modificación de acuerdo con las condiciones expuestas en la presente convocatoria. 2. Cualquier cambio en el contenido de la resolución de concesión requerirá simultáneamente: a) Que el mismo sea solicitado al menos dos meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto y que sea autorizado expresamente por el órgano concedente; b) que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, incluidos los de finalidad regional, a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, a la determinación del beneficiario, y que no dañe derechos de terceros; c) que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud. 3. La resolución de concesión podrá modificarse en los siguientes supuestos: a) Cambio de entidad beneficiaria, siempre que la nueva entidad se comprometa a mantener la actuación objeto de la ayuda y se cumplan el resto de condiciones establecidas en el artículo 24.1.2.º de las bases reguladoras. Con la solicitud de cambio de entidad beneficiaria, se deberá remitir un informe de un auditor de cuentas, externo a la propia entidad, que certifique el estado de cuentas de la ayuda concedida en la fecha de la solicitud de cambio. b) Modificación de alguno de los investigadores principales. c) Modificación del período de ejecución de la actuación. 4. La cuantía aprobada en el concepto de costes directos de ejecución se podrá destinar a cualquiera de los gastos elegibles, de acuerdo con las necesidades del proyecto. En todo caso, las variaciones no podrán alterar el importe total de la ayuda, y su necesidad deberá justificarse adecuadamente en la documentación de seguimiento o de justificación. 5. En el caso de proyectos concedidos en la modalidad de costes marginales, no podrán realizarse trasvases entre los conceptos de costes directos y costes indirectos. 6. La solicitud de modificación en la composición y dedicación del equipo de investigación será autorizada por el órgano instructor. Con carácter general, la reducción de dedicación o la baja de un investigador del equipo de investigación solo se autorizarán en casos muy excepcionales, debidamente justificados y siempre que no afecte a la ejecución del proyecto. La intención de participación en otro proyecto de investigación no se considerará una justificación adecuada para la solicitud de baja o de reducción de la dedicación. 7. Los cambios en el equipo de trabajo no requerirán autorización, si bien deberán justificarse adecuadamente en los informes científico-técnicos de seguimiento y finales. 8. La solicitud de cualquier modificación se acompañará de una memoria, de acuerdo con los formatos disponibles en la web del Ministerio de Economía y Competitividad, en la que se expondrá el motivo de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y se presentará a través de los medios establecidos en los apartados 6 y siguientes del artículo 10. CAPÍTULO IV Procedimiento de gestión, justificación y control Artículo 14. Pago de las ayudas. 1. El pago de las ayudas previstas en esta resolución se realizará conforme a lo establecido en el artículo 25 de las bases reguladoras y en los términos que se especifiquen en la resolución de concesión, de acuerdo con el tipo de ayuda concedida. 2. El importe de la subvención no financiada con FEDER y, en su caso, la parte correspondiente al anticipo reembolsable se librarán por anualidades. Con carácter general, el pago de estas anualidades se librará por anticipado, sin necesidad de constituir garantías, según se establece en el artículo 13 de las bases reguladoras. El primer pago se tramitará con motivo de la resolución de concesión. Los segundos y, en su caso, sucesivos pagos estarán condicionados a la presentación de la justificación económica anual. Los pagos posteriores a la justificación científico-técnica intermedia, de acuerdo con el calendario de seguimiento científico-técnico descrito en el artículo 15.4, también estarán sujetos a la evaluación positiva de la evolución de la actuación. 3. La distribución del pago por anualidades se establecerá en la resolución de concesión de la ayuda y estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias. En todo caso, el pago, tanto de la primera anualidad como de las sucesivas, quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple con los requisitos exigidos en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a tales obligaciones, se le requerirá para que en el plazo máximo de quince días desde el día siguiente a la notificación del requerimiento aporte los oportunos certificados. 4. Las entidades perceptoras, en el caso de encontrarse sujetas a régimen presupuestario público, deberán imputar el derecho presupuestario correspondiente al ingreso de la parte del anticipo garantizada por FEDER como un pasivo financiero. 5. Las ayudas provenientes del FEDER se librarán una vez justificada la realización de la actuación objeto de la subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. En caso de haberse concedido anticipos reembolsables, su libramiento se realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortización del anticipo reintegrable. 6. Cuando el beneficiario sea informado de que se han recibido los fondos FEDER, deberá reconocer la subvención recibida de la Unión Europea de la siguiente forma: a) En el caso de que se trate de una entidad sometida a régimen presupuestario público, mediante un ingreso en la partida presupuestaria que corresponda en concepto de capital procedente del exterior. En este caso, beneficiarios que formen parte del sector público, la presentación de la solicitud conllevará la autorización al Estado para que, en su caso, pueda aplicar los fondos ingresados por la Unión Europea a la cancelación del anticipo concedido. b) En el caso de que se trate de una entidad no sometida a régimen presupuestario público, mediante el registro de la subvención de acuerdo con los principios contables que le sean de aplicación, lo que, a su vez, permitirá cancelar la correspondiente deuda. Si, por alguna causa debida al beneficiario, se perdiera en todo o en parte la condición de gasto elegible a los efectos de subvención FEDER, dicha modificación conllevará la revocación proporcional del anticipo reintegrable concedido, en su caso. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo dispuesto en las bases reguladoras. 7. El pago de las ayudas se realizará a favor de la entidad beneficiaria de la actuación. En el caso de actuaciones realizadas de forma coordinada, el pago se realizará a favor de la entidad beneficiaria de cada uno de los subproyectos. De existir miembros asociados, el pago se realizará a favor del beneficiario principal. 8. La devolución voluntaria de la ayuda percibida se atendrá a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Para hacerla efectiva, se solicitará a los órganos competentes para su expedición carta de pago de ingresos no tributarios, modelo 069, según lo dispuesto en la Orden PRE/3662/2003, por la que se regula el procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en las sucursales de la Caja General de Depósitos encuadradas en las mismas, modificada por la Orden EHA/3967/2007, de 26 de diciembre (BOE de 28 de febrero de 2008). Artículo 15. Régimen de justificación, seguimiento y control de las ayudas. 1. La justificación, seguimiento y control de las ayudas percibidas, que deberán ser eficaces, transparentes y basados en la calidad y el impacto científico-técnico y socioeconómico de las actuaciones financiadas, se realizarán conforme a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de las bases reguladoras. 2. El presupuesto total aprobado de la ayuda y sus anualidades coincidirán con el plan de pagos establecido en la resolución de concesión. Las inversiones y gastos de cada actuación podrán realizarse a lo largo de su período de ejecución sin que coincidan necesariamente con dicho plan de pagos. 3. El órgano instructor llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objetivos científico-técnicos de los proyectos, recabando para ello informes de seguimiento y final. Podrá también organizar otro tipo de actividades, como jornadas presenciales de presentación de resultados, para completar este seguimiento. Para ello, podrá designar a los órganos o expertos adecuados, recabar la presentación de información complementaria y recibir la colaboración de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). 4. Para el seguimiento científico-técnico de las actividades, los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación justificativa: a) Cuando los proyectos tengan una duración plurianual, un informe de seguimiento en la mitad del período de ejecución del proyecto. b) Tanto en los proyectos de duración anual como en los plurianuales, un informe final en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del período de ejecución del proyecto. 5. Los informes de justificación científico-técnica deberán contener la siguiente información: a) Desarrollo de las actividades, cumplimiento de objetivos propuestos en la actuación, así como el impacto de los resultados obtenidos evidenciados, entre otros, mediante la difusión de resultados en publicaciones, en revistas científicas, en libros, en presentaciones en congresos, en acciones de transferencia, en patentes, en internacionalización de las actividades, en colaboraciones con grupos nacionales e internacionales y, en su caso, en la formación de personal investigador; b) cualquier cambio respecto a los gastos contemplados en el presupuesto incluido en la solicitud inicial del proyecto, justificando adecuadamente su necesidad para la consecución de los objetivos científico-técnicos del proyecto subvencionado; c) cualquier modificación en la composición y dedicación del equipo de investigación, siempre que haya sido autorizada por el órgano instructor; d) cualquier modificación de la composición del equipo de trabajo respecto al inicialmente previsto en la memoria científico-técnica del proyecto. 6. En el caso de proyectos coordinados, se deberá presentar un informe por cada subproyecto. 7. Los informes de seguimiento científico-técnico serán aportados por el investigador principal y enviados por el representante legal de la entidad beneficiaria en la forma que se determina en el artículo 10, utilizando los modelos de impresos normalizados y la aplicación disponibles en la web del Ministerio de Economía y Competitividad. 8. La Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la Investigación (SGGEAI) llevará a cabo el seguimiento de las actividades en lo referente a la justificación económica, recabando informes de justificación económica de seguimiento y final. 9. Para el seguimiento económico de las actividades, los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación justificativa: a) Cuando los proyectos tengan una duración plurianual, memorias económicas justificativas de seguimiento anuales, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a la finalización del período justificado. b) Tanto en los proyectos de duración anual como en los plurianuales, una memoria económica final en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del período de ejecución del proyecto. 10. La memoria económica justificativa, de seguimiento anual y final, tendrá con carácter general el siguiente contenido: a) Fichas justificativas normalizadas y certificación de los gastos y pagos realizados. Los documentos acreditativos del gasto y del pago quedarán en poder de los beneficiarios a disposición de los órganos de comprobación y control; b) en su caso, justificación científico-técnica de gastos no recogidos en la memoria económica de la solicitud. Esta misma justificación deberá incorporarse, en su momento, en el informe científico-técnico de seguimiento intermedio o en el informe científico-técnico final; c) en su caso, justificación de los costes indirectos imputados, con base en los criterios de reparto de los mismos que se establezcan en las instrucciones de ejecución y justificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.b) de las bases reguladoras; d) en su caso, relación donde se especifiquen otros ingresos o ayudas percibidos que hayan contribuido a financiar la actuación incentivada, con indicación de su importe y procedencia; e) en su caso, acreditación del reintegro de remanentes no aplicados; f) en la actuación de Acciones de Programación Conjunta Internacional, las entidades beneficiarias de un proyecto ENIAC que concurran a costes marginales, además de la justificación de dichos costes en la aplicación de justificación, podrán acompañar un informe de auditoría externa que certifique el coste total del proyecto. 11. En cualquier caso, los beneficiarios deberán custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, y tenerlos a disposición del órgano concedente que podrá requerirlos para su comprobación. 12. En el caso de proyectos coordinados, se deberá presentar una memoria por cada subproyecto. 13. La Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la Investigación podrá abrir de oficio un período de subsanación de los datos generales de costes indirectos de los beneficiarios cuando se estime que los introducidos en la aplicación telemática con motivo de las justificaciones presentadas no son los adecuados. 14. La documentación señalada en los apartados anteriores deberá ser presentada al órgano concedente de la ayuda por el representante legal de la entidad beneficiaria. Los informes se presentarán utilizando los modelos de impresos normalizados y la aplicación disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación en la forma que se determina en el artículo 10. 15. La comprobación económica en las actividades se efectuará a través de las actuaciones de comprobación y se verificará que el gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la resolución de concesión, que las justificaciones del beneficiario son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales aplicables, así como que el beneficiario no incurra en el supuesto de doble financiación. Las comprobaciones incluirán los procedimientos siguientes: a) Comprobación administrativa. Se realizará sobre el 100% de las ayudas concedidas, llevándose a cabo la revisión del contenido económico de la justificación electrónica rendida por los beneficiarios, sobre el 100% de los gastos presentados, pudiendo utilizarse técnicas de muestreo en caso de un volumen elevado de justificaciones. Las verificaciones administrativas son controles documentales basados en el examen de la propia justificación y de los oportunos justificantes. El alcance mínimo de dicha comprobación es el siguiente: i. Correspondencia del gasto al período de ejecución de la actuación. ii. Correspondencia del gasto con la actuación aprobada. iii. Cumplimiento de las condiciones de la convocatoria. iv. Cumplimiento de las normas de subvencionabilidad. v. Adecuación de los justificantes y la existencia de una pista de auditoría adecuada. vi. Conformidad con la normativa aplicable. b) Se podrán realizar visitas de comprobación sobre una muestra representativa de las ayudas. Las verificaciones sobre el terreno son comprobaciones in situ, y tienen por objeto comprobar, entre otros, los siguientes elementos: i. Realidad de la actuación. ii. Entrega del producto o servicio de manera acorde con las condiciones pactadas. iii. Verificación documental y física de activos inventariables. iv. Observancia de la normativa en materia de publicidad. v. Plena conformidad de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. 16. Los beneficiarios estarán sujetos a las actuaciones de control que lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a facilitar cuanta información les sea requerida por la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y las autoridades de gestión, certificación y auditoría del FEDER, en su caso. 17. El órgano instructor podrá elaborar instrucciones de ejecución y justificación aclaratorias que desarrollen lo establecido en las bases reguladoras y en la presente convocatoria. Dichas instrucciones se harán públicas en la web del Ministerio de Economía y Competitividad. TÍTULO II Disposiciones específicas CAPÍTULO I Modalidad 1: «Retos Investigación»: Proyectos de I+D+I Artículo 16. Finalidad de las ayudas. Estas ayudas tienen por objeto: 1. La financiación de proyectos de investigación que tengan la consideración de actividades no económicas, consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos con orientación específica hacia los ocho grandes retos de la sociedad española, de manera que estos nuevos conocimientos deben suponer un avance en el ámbito en el que se encuadren y dar respuesta a los retos identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación: 1. Salud, cambio demográfico y bienestar. 2. Seguridad, calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; sostenibilidad de recursos naturales, investigación marina y marítima. 3. Energía segura, sostenible y limpia. 4. Transporte inteligente, sostenible e integrado. 5. Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas. 6. Cambios e innovaciones sociales. 7. Economía y sociedad digital. 8. Seguridad, protección y defensa. La investigación en Ciencias Humanas y Sociales se contempla con un carácter transversal y formará parte esencial de la investigación científico-técnica a desarrollar en la búsqueda de estas soluciones a los retos de la sociedad. De igual manera se consideran tecnologías aplicables a todos los retos las Tecnologías Facilitadoras Esenciales que, en correspondencia con las identificadas en Horizonte 2020, se incluyen en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación: fotónica, micro y nanoelectrónica, nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones. 2. Fomentar los proyectos de investigación dirigidos por investigadores jóvenes, con trayectorias científicas prometedoras y que se inician en la dirección de proyectos. 3. Se pretende financiar proyectos de investigación que sean relevantes, ambiciosos y de clara proyección internacional, evitando la fragmentación de grupos de investigación y fomentando las sinergias y la asociación de equipos en un proyecto único. Artículo 17. Características de los proyectos. 1. Se distinguen dos tipos de proyectos: a) Proyectos I+D tipo A: Proyectos dirigidos por investigadores jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras que no hayan dirigido proyectos de investigación de convocatorias del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 o sus equivalentes en planes de I+D+i anteriores. Estos proyectos estarán dirigidos por uno o dos investigadores principales. Ambos deberán cumplir, además de los requisitos establecidos en el artículo 18 con carácter general, los establecidos en el artículo 18.5 para este tipo de proyectos. b) Proyectos I+D tipo B: Proyectos dirigidos por uno o dos investigadores principales que reúnan los requisitos del artículo 18. 2. Ambos tipos de proyectos podrán realizarse bajo las modalidades de proyecto individual, con un equipo de investigación, o proyecto coordinado, constituido por varios equipos de investigación, pertenecientes a cada uno de los subproyectos que lo componen. Los proyectos coordinados deberán reunir las siguientes características: a) Estarán formados por un mínimo de dos y un máximo de seis subproyectos. Uno de los subproyectos será liderado por el investigador principal coordinador de la investigación, que será responsable de su seguimiento y de su coordinación científica. Si el subproyecto tiene dos investigadores principales, ambos serán considerados coordinadores. b) Los subproyectos podrán ser de tipo A o B, si bien el subproyecto del coordinador deberá ser de tipo B, y podrán ser de distintas entidades beneficiarias o de la misma, siempre que, cuando sean de la misma entidad, se aporte una dimensión de relevancia para el proyecto coordinado que no pueda ejecutarse con un proyecto individual con dos investigadores principales. c) Podrán financiarse solo algunos de los subproyectos, siempre que entre ellos esté incluido el correspondiente al coordinador. Si el subproyecto liderado por el coordinador no fuese propuesto para su financiación, el resto de los subproyectos tampoco será financiado. Una vez emitidas las correspondientes resoluciones de concesión de los subproyectos, los investigadores de aquellos subproyectos que no hayan sido financiados podrán solicitar la incorporación en el equipo de investigación de alguno de los subproyectos financiados. 3. El plazo de ejecución de los proyectos y subproyectos será con carácter general de tres años, si bien se podrán también solicitar proyectos de duración de uno, dos o cuatro años, cuando las características del proyecto así lo requieran. La duración de los proyectos se contará a partir de la fecha que se especifique en la resolución de concesión. Artículo 18. Requisitos específicos del personal investigador. 1. Los proyectos serán dirigidos por uno o dos investigadores principales que deberán cumplir los requisitos establecidos en este artículo. 2. Podrán ser investigadores principales, salvo que el régimen jurídico aplicable a su relación laboral les impida participar en esta convocatoria: a) Doctores. b) En el caso de los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica, también podrán ser investigadores principales los titulados superiores que acrediten su experiencia en actividades de I+D+I durante al menos cinco años o, alternativamente, que hayan dirigido proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 o anteriores durante al menos tres años. 3. Los investigadores principales deberán, además, cumplir los siguientes requisitos: a) Pertenecer a la plantilla de la entidad solicitante o asociada, tener formalizada con ella su vinculación funcionarial, estatutaria o laboral (indefinida o temporal), que cubra, al menos, el plazo solicitado de ejecución del proyecto. Los investigadores que pertenezcan al programa «Ramón y Cajal» y tengan una vinculación con la entidad beneficiaria o asociada inferior al plazo de ejecución del proyecto podrán presentarse como investigador principal siempre que el proyecto se presente con otro investigador principal que cumpla los requisitos de vinculación con la entidad beneficiaria durante todo el período de ejecución del proyecto. Quienes participen en esta convocatoria en calidad de candidatos seleccionados dentro del programa «Ramón y Cajal» correspondiente a la convocatoria 2012 u otros programas de contratación de doctores, bien de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas, que en la fecha de finalización de presentación de solicitudes no hubiesen formalizado aún su relación contractual con la entidad solicitante deberán presentar junto con la solicitud el acuerdo de incorporación entre el investigador y la entidad solicitante. La acreditación de la formalización del contrato les será exigida en el momento de dictarse la propuesta de resolución provisional de la ayuda. De no presentar dicho contrato, la solicitud de ayuda será desestimada. En el caso de proyectos con dos investigadores principales, ambos deberán pertenecer a la misma entidad beneficiaria, excepto si participan beneficiarios asociados como los descritos en el artículo 5, en cuyo caso el investigador principal que actúe como interlocutor con el Ministerio de Economía y Competitividad deberá pertenecer a la entidad solicitante. b) Encontrarse en servicio activo y realizar actividad investigadora. c) Contar con una jornada laboral en la entidad solicitante o asociada a tiempo completo o a tiempo parcial de un mínimo de 800 horas anuales. d) Cumplir los requisitos de dedicación y compatibilidad establecidos en el apartado 6 de este artículo. 4. También podrán ser investigadores principales los profesores eméritos, doctores «ad honorem» del CSIC o académicos numerarios que no tengan vinculación contractual con la entidad beneficiaria o que, de existir, no abarcara el plazo de ejecución del proyecto siempre que el proyecto se presente con otro investigador principal que cumpla los requisitos de vinculación con la entidad beneficiaria y el resto de los requisitos y de las condiciones de compatibilidad que se exigen a los investigadores principales en este artículo, durante todo el período de ejecución del proyecto. Si ello no fuera posible, la entidad solicitante designará un gestor que será el responsable administrativo del correcto desarrollo de la actividad propuesta durante el período de inexistencia de la relación contractual. 5. Los investigadores principales de los proyectos presentados como tipo A, además de los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 6 de este artículo, deberán cumplir los siguientes: a) La fecha de obtención del grado de doctor deberá ser posterior al 31 de diciembre de 2002. En el caso de investigadores que estén en posesión de más de un doctorado, este requisito se referirá al primero de los doctorados obtenidos. b) No haber sido previamente investigadores principales de proyectos o subproyectos de duración superior a un año dentro de alguna convocatoria del subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, del subprograma de proyectos de investigación en salud, dentro de la Acción Estratégica en Salud, o del subprograma de investigación fundamental orientada a los recursos y tecnologías agrarias en coordinación con las comunidades autónomas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) pertenecientes al Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 o sus equivalentes en planes de I+D+i anteriores. 6. El régimen de dedicación y compatibilidad de los investigadores principales se establece en los siguientes términos: a) Los investigadores principales deberán tener dedicación única al proyecto. b) Los investigadores principales podrán presentar una única solicitud de ayuda en esta actuación de «Retos investigación»: Proyectos de I+D+I, del Programa Estatal de Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. c) La participación como investigador principal en esta actuación será incompatible, además, con su participación como investigador principal o como miembro del equipo de investigación en las siguientes convocatorias: i. Actuación de Proyectos de I+D, de la convocatoria 2013 del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, enmarcado en el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. ii. Convocatoria 2013 de proyectos de investigación en salud, dentro de la Acción Estratégica en Salud. iii. En su caso, convocatoria del año 2013 de proyectos de I+D+i del INIA. iv. Convocatorias previas del subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, de los subprogramas de investigación fundamental orientada a los recursos y tecnologías agrarias en coordinación con las comunidades autónomas, y de proyectos de investigación en salud, dentro de la Acción Estratégica de Salud (Plan Nacional de I+D+i 2008-2013), cuando los proyectos concedidos tengan una fecha de finalización posterior al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con el plazo inicial fijado en la resolución de concesión. No habrá incompatibilidad de dedicación con proyectos que hayan obtenido financiación de convocatorias del VII Programa Marco de I+D+I de la Unión Europea, de iniciativas de Programación Conjunta del Espacio Europeo de Investigación, de los Planes Regionales de I+D+I de las comunidades autónomas, o de cualesquiera otras convocatorias no señaladas en el apartado anterior. 7. Podrán pertenecer al equipo de investigación del proyecto solicitado, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 8 de este artículo: a) Doctores. b) Personal investigador con categoría de titulado superior. 8. Los componentes del equipo de investigación deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Pertenecer a la plantilla de la entidad solicitante o asociada o de alguna otra entidad que cumpla los requisitos del artículo 4 y tener formalizada con ella su vinculación funcionarial, estatutaria o laboral (indefinida o temporal), que cubra, al menos, el plazo solicitado de ejecución del proyecto. Los componentes del equipo de investigación que pertenezcan a una entidad diferente a la beneficiaria deberán contar con la autorización expresa de la entidad a la que pertenezcan. Esta documentación quedará en poder de la entidad solicitante, que será la responsable de que el personal del equipo de investigación no vinculado funcionarial, laboral o estatutariamente a la misma cuente con dicha autorización. b) Encontrarse en servicio activo y realizar actividad investigadora. c) Tener dedicación única al proyecto para el que se solicita la ayuda, o compartida en dos proyectos de esta convocatoria o en uno de esta convocatoria y otro de alguna de las convocatorias contempladas en el apartado 5 de este artículo. 9. Las personas que participen en la ejecución del proyecto y no cumplan los requisitos que se exigen a los componentes del equipo de investigación, tales como personal en formación, técnicos de apoyo, personal contratado, profesores invitados, personal investigador perteneciente a entidades de investigación sin domicilio social en España, formarán parte del equipo de trabajo. Las tareas a desempeñar por los componentes del equipo de trabajo se definirán en el plan de trabajo incluido en la memoria científico-técnica y se podrán imputar al proyecto los gastos derivados de las mismas. No podrán incorporarse en el equipo de trabajo investigadores que participen como investigadores principales o miembros del equipo de investigación con dedicación única o compartida en proyectos del subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, del subprograma de proyectos de investigación en salud, dentro de la Acción Estratégica en Salud, del subprograma de investigación fundamental orientada a los recursos y tecnologías agrarias en coordinación con las comunidades autónomas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), pertenecientes al Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 o en proyectos de alguna de las convocatorias contempladas en el apartado 6 de este artículo. Artículo 19. Modalidades, cuantía y financiación presupuestaria de las ayudas. 1. Las ayudas de esta actuación podrán consistir en: a) Subvención. b) Subvención con anticipo reembolsable. Las ayudas podrán cofinanciarse con fondos FEDER. En este caso, además de la subvención, se otorga una ayuda complementaria que tiene por finalidad anticipar aquella parte de los recursos económicos correspondientes a la subvención que, por estar cofinanciados con FEDER, no será librada hasta la correcta ejecución y justificación del proyecto. Los anticipos reembolsables estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos de pago y justificación previstos en la normativa comunitaria. Todas las entidades solicitantes susceptibles de recibir ayudas FEDER podrán ser consideradas en la resolución de concesión como posibles beneficiarias de subvención con anticipo reembolsable, salvo los organismos públicos cuya normativa aplicable no les permita concertar operaciones de endeudamiento a estos efectos. En ese caso, los organismos que resulten beneficiarios de una subvención deberán adelantar con sus propios fondos la ayuda cofinanciada con FEDER para cubrir los gastos del proyecto correspondientes que posteriormente podrán ser objeto de reintegro con dichos fondos. Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las siguientes: i. El importe máximo de las ayudas se determinará a partir de la cuantía de la subvención principal, en función de los recursos que pudieran corresponder a través de FEDER. ii. El tipo de interés aplicable será del cero por ciento. iii. Con carácter general no se exigirá la constitución de garantía, según se establece en el artículo 13 de las bases reguladoras. 2. Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Su cuantía se determinará en cada caso en función de las disponibilidades presupuestarias y de los objetivos, necesidades y duración de los proyectos de investigación. 3. La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas de este subprograma será de 266,8 millones de euros, que se distribuyen conforme a la siguiente estimación: Hasta un máximo de 176,8 millones de euros para la modalidad de subvención y hasta 90 millones de euros para la modalidad de anticipo reembolsable, con cargo al presupuesto de gastos del año 2014: sección 27, servicio 13, programa 463B, conceptos 713, 730, 733, 740, 750, 760, 770 y 780, y para anticipos reembolsables, concepto 823 y 833, según el tipo de beneficiario y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en ejercicios posteriores. Dado el carácter estimado de dicha cuantía, la concesión de las ayudas queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la subvención en el ejercicio correspondiente. 4. La cuantía máxima prevista en el apartado 3 podrá ser incrementada con una cuantía adicional de hasta 30 millones de euros cuando, como consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 58.2.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de concesión de la subvención. Artículo 20. Conceptos susceptibles de ayuda. 1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) contemplados en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como otros centros de investigación del sector público, universidades públicas y entidades de derecho público cuyos presupuestos consoliden con los Presupuestos Generales del Estado o con los de las comunidades autónomas, seguirán la modalidad de costes marginales. Las ayudas podrán financiar hasta el cien por cien de los costes marginales de la actuación. 3. Los beneficiarios no comprendidos en el apartado anterior podrán seguir la modalidad de costes totales. Las ayudas podrán financiar hasta un máximo del 50 por ciento del presupuesto financiable aprobado. 4. En el caso de beneficiarios asociados como los recogidos en el artículo 5, ambas entidades podrán imputar gastos al proyecto. 5. En el caso de participación en el equipo de investigación de personal perteneciente a entidades diferentes de la entidad solicitante que no tengan la consideración de beneficiarios asociados, y la solicitud prevea la realización por esta otra entidad de algunas tareas, se exigirá, con motivo de la propuesta de resolución provisional, la presentación de un borrador de convenio de colaboración entre la entidad solicitante y cada una de las entidades. Este borrador de convenio, que deberá ser aprobado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, recogerá el alcance y tipo de las actuaciones a realizar por cada una de las partes, así como las obligaciones de carácter financiero y de justificación científico-técnica y económica. Debe tenerse en cuenta que solo podrán imputarse gastos de material fungible y viajes y dietas. No se podrá celebrar este tipo de convenio en caso de ayudas cofinanciadas FEDER cuando la ubicación geográfica de las entidades sea incompatible con las normas de elegibilidad geográfica del Programa Operativo correspondiente al beneficiario. Asimismo, este convenio queda condicionado a la existencia de fondos FEDER. 6. En el presupuesto de los proyectos presentados en la modalidad de costes marginales, las ayudas podrán aplicarse a los conceptos de costes directos y costes indirectos. 7. En el concepto de costes directos serán elegibles los siguientes gastos, siempre que estén directamente relacionados con el proyecto y se imputen dentro del período de ejecución del mismo: a) Gastos de personal: Personal contratado (incluyendo salarios y cuotas de la Seguridad Social). No se financiarán los costes del personal fijo vinculado funcionarial, estatutaria o contractualmente a la entidad beneficiaria. El personal contratado podrá incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración previsto, preferiblemente en dedicación completa. Los gastos de personal podrán referirse a doctores, titulados superiores y personal técnico. Dicho personal habrá de incorporarse bajo cualquier modalidad de contratación acorde con la normativa vigente y con las normas a las que esté sometida la entidad solicitante, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación a dicha entidad. No se podrán solicitar ni imputar becas de formación con cargo a la partida de personal. b) Gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento o reparación de equipamiento científico-técnico, incluyendo equipos informáticos y programas de ordenador de carácter técnico. Material bibliográfico. c) Material fungible, suministros y productos similares. d) Costes de utilización y acceso a Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas nacionales e internacionales. Gastos de utilización de servicios centrales y generales de investigación del organismo. e) Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias breves de investigadores, tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto. Se podrán justificar asimismo gastos de viajes y dietas relacionados con el personal que forme parte del equipo de trabajo y que se cite en la memoria de la solicitud o aquel cuya participación se justifique debidamente en los informes de seguimiento científico-técnico. Los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. f) Costes de solicitud y otros gastos de mantenimiento de derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de la actuación. g) Gastos de publicación y difusión de resultados incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. Gastos de inscripción a congresos y jornadas técnicas. Gastos derivados de la internacionalización de la actividad y otros gastos relacionados con actividades de colaboración con otros grupos nacionales e internacionales. h) Gastos derivados de actividades de formación imprescindibles para la ejecución del proyecto y de organización de actividades científico-técnicas. i) Gastos de subcontratación de hasta un 25% de la cuantía total de la ayuda concedida, que podrá incrementarse en casos debidamente justificados. 8. En el concepto de costes indirectos las entidades beneficiarias podrán imputar adicionalmente un porcentaje de hasta el 21% de los costes directos válidamente justificados. Los costes indirectos son gastos generales asignados a la actuación pero que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa. Los costes indirectos deben responder a gastos reales de ejecución de la actuación. 9. En el presupuesto de los proyectos presentados en la modalidad de costes totales, las ayudas se concederán para el concepto único de costes directos, y serán elegibles los gastos descritos en el apartado 8, excepto: a) Gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento o reparación de equipamiento científico-técnico, incluyendo equipos informáticos y programas de ordenador de carácter técnico. Material bibliográfico. b) Gastos de mantenimiento de derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de la actuación. 10. Además, para los proyectos presentados a costes totales serán elegibles: a) Gastos de personal propio, tanto de personal investigador como de apoyo técnico. b) Gastos de amortización de equipamiento científico-técnico necesario para la realización del proyecto. 11. Serán elegibles, en ambas modalidades de costes, con un límite de 1.200 euros, los gastos derivados del preceptivo informe de auditoría requerido en caso de cambio de entidad beneficiaria. Artículo 21. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 1. La forma de presentación de las solicitudes de ayuda será la establecida en el artículo 11. 2. El plazo de presentación de solicitudes dependerá del área temática de gestión que se elija en la solicitud para la evaluación del proyecto. En el caso de proyectos coordinados, el área temática de gestión seleccionada por el investigador principal coordinador determinará el plazo de presentación de la solicitud de todos los subproyectos. a) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 11 de noviembre de 2013 hasta el 26 de noviembre de 2013 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las siguientes áreas temáticas de gestión, correspondientes al Departamento Técnico de Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones (DTPC): AYA / Astronomía y Astrofísica. DPI / Diseño y Producción Industrial. ESP / Investigación Espacial. FIS / Física. FPA / Física de Partículas. MAT / Materiales. MTM / Matemáticas. TEC / Tecnologías Electrónicas y de Comunicaciones. TIN / Tecnologías Informáticas y para la Sociedad de la Información. b) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 12 de noviembre de 2013 hasta el 27 de noviembre de 2013 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las siguientes áreas temáticas de gestión, correspondientes al Departamento Técnico de Humanidades y Ciencias Sociales (DTHCS): CSO / Ciencias Sociales. DEP / Ciencias del Deporte. DER / Derecho. ECO / Economía. EDU / Ciencias de la Educación. FEM / Estudios Feministas, de la Mujer y de Género. FFI / Filología y Filosofía. HAR / Historia y Arte. PSI / Psicología. c) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 13 de noviembre de 2013 hasta el 28 de noviembre de 2013 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las siguientes áreas temáticas de gestión, correspondientes al Departamento Técnico de Medioambiente y Recursos Naturales (DTMA): BIA / Construcción. CGL / Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global. CTM / Ciencias y Tecnologías Medioambientales. CTQ / Ciencias y Tecnologías Químicas. ENE / Energía. TRA / Medios de Transportes. d) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 14 de noviembre de 2013 hasta el 29 de noviembre de 2013 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las siguientes áreas temáticas de gestión, correspondientes al Departamento Técnico de Ciencias de la Vida (DTCV): AGL / Recursos y Tecnologías Agroalimentarias. BFU / Biología Fundamental. BIO / Biotecnología. SAF / Biomedicina. Artículo 22. Evaluación y selección de las solicitudes. 1. Procedimiento de evaluación. La evaluación de las solicitudes se realizará en una única fase por: a) Comisiones técnicas que asignarán por consenso una valoración global única para cada una de las solicitudes y elaborarán un informe científico-técnico de evaluación que resuma los aspectos más relevantes de la misma teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 23. La valoración y el informe científico-técnico de evaluación se realizarán a partir de la información pertinente obtenida del conjunto de solicitudes presentadas y de los informes técnicos elaborados, mediante una evaluación por pares nombrados por la ANEP y por la Subdirección General de Proyectos de Investigación y por los propios expertos de la comisión técnica. La valoración global asignada a cada una de las solicitudes por la comisión técnica, en función de la puntuación y ponderación de cada uno de los criterios, será: A (mayor o igual a 4), B (menor de 4 y mayor o igual a 3), C (menor de 3 y mayor o igual a 2) o D (menor de 2). La comisión técnica elaborará también una propuesta priorizada de los proyectos que se consideren financiables que incluya la financiación propuesta para cada uno de ellos. En las solicitudes de proyectos coordinados, todos los subproyectos serán evaluados individualmente y desde el punto de vista de la coordinación. b) Comisión de evaluación, la cual, a la vista de los informes científico-técnicos de evaluación emitidos por las comisiones técnicas, valorará las solicitudes conforme a los criterios establecidos en la presente convocatoria y elaborará: i. Una relación priorizada de los proyectos que se consideren financiables, detallando la financiación, que será determinada según criterios de máxima eficiencia en la asignación de recursos. En el caso de proyectos coordinados, podrá proponerse la aprobación de solo algunos de los subproyectos, siempre que entre ellos esté incluido el subproyecto correspondiente al coordinador. ii. Una relación de los proyectos que se consideren no financiables. iii. Un informe de evaluación motivado de cada uno de los proyectos. iv. Una relación de los proyectos, de entre aquellos que lo hubieran solicitado, para la consideración de su inclusión en la correspondiente convocatoria de contratos predoctorales para la formación de doctores. 2. Composición de las comisiones. a) Comisiones técnicas. Serán designadas por el órgano concedente y tendrán la siguiente composición: i. Presidente: El gestor de la Subdirección General de Proyectos de Investigación del área temática de gestión correspondiente. ii. Vicepresidente: El coordinador de la ANEP del área temática correspondiente. iii. Vocales: Un panel de expertos nombrados por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, seleccionados atendiendo a la naturaleza de cada área temática, incorporando, entre otros, a expertos representantes de la ANEP y de la Subdirección General de Proyectos de Investigación. La secretaría de estas comisiones técnicas será ejercida por el correspondiente jefe de departamento técnico en el ámbito de las siguientes áreas temáticas: Ciencias de la Vida y Agroalimentación; Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones; Humanidades y Ciencias Sociales, y Medioambiente y Recursos Naturales. b) Comisión de evaluación. Será designada por el órgano concedente y tendrá la siguiente composición: i. Presidente: el titular de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. ii. Vicepresidente: el titular de la Subdirección General de Proyectos de Investigación. iii. Vocales: El titular de la Subdirección General de Recursos Humanos para la Investigación, o bien el correspondiente subdirector general adjunto. El titular de la Subdirección General de Planificación de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas, o bien el correspondiente subdirector general adjunto. Un experto, designado por el presidente, en representación de la ANEP, de entre los coordinadores de área adscritos a la misma, y otro en representación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con rango de subdirector general o subdirector general adjunto o equivalente. Cuatro expertos, designados por el órgano concedente, de entre los gestores de la Subdirección General de Proyectos de Investigación que hayan participado en las comisiones técnicas. Se designará un gestor por cada una de las siguientes áreas temáticas: Ciencias de la Vida y Agroalimentación; Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones; Humanidades y Ciencias Sociales, y Medioambiente y Recursos Naturales. La comisión de evaluación deberá contar con un secretario, sin la condición de miembro, que será un funcionario del órgano instructor y actuará con voz pero sin voto. El listado actualizado de coordinadores de área de la ANEP y gestores de la Subdirección General de Proyectos de Investigación estará disponible en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad. En las comisiones técnicas y en la comisión de evaluación se procurará la paridad entre hombres y mujeres. En lo no previsto expresamente en esta convocatoria o en las bases reguladoras, el funcionamiento de la comisión de evaluación se regirá por lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 23. Criterios de evaluación. La evaluación y selección de las solicitudes se atendrán a las buenas prácticas internacionalmente admitidas para la evaluación y consistirán en una evaluación científico-técnica, de acuerdo con los criterios que se detallan en la tabla siguiente, con sus correspondientes puntuaciones y ponderaciones. Criterio Puntuación Ponderación (Porcentaje) a) Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta 0-5 50 b) Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de investigación 0-5 30 c) Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta 0-5 20 Estos criterios corresponden al tipo 1 del anexo de las bases reguladoras. CAPÍTULO II Modalidad 2: «Acciones de Programación Conjunta Internacional» Artículo 24. Finalidad de las ayudas. 1. Esta actuación tiene por objeto la financiación de proyectos de investigación colaborativa de dimensión europea e internacional. España, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, participa en consorcios transnacionales, tanto en el Espacio Europeo de Investigación como en el ámbito internacional, mediante la firma de acuerdos y memorandos de entendimiento, en los que se compromete a apoyar proyectos colaborativos relevantes, con participación de equipos de investigación españoles junto con grupos de otros países. 2. Con esta actuación se pretende financiar la parte española de proyectos colaborativos que hayan concurrido a convocatorias internacionales conjuntas, en áreas temáticas específicas, y que demuestren un valor añadido de la colaboración internacional a la hora de enfrentarse a los retos de la sociedad. Artículo 25. Características de los proyectos. 1. Será objeto de financiación en esta modalidad de actuación la participación de entidades españolas integrantes de consorcios que hayan concurrido previamente en convocatorias conjuntas europeas o internacionales en las que participa el Ministerio de Economía y Competitividad y que se relacionan en el anexo 1. 2. Las entidades a que se refiere el apartado anterior deberán pertenecer a alguna de las categorías enumeradas en el artículo 4.2. No obstante, en aquellas convocatorias internacionales descritas en el anexo 1 que permitan su concurrencia, también podrán ser beneficiarias las entidades enumeradas en el artículo 4.3. 3. Las actuaciones subvencionadas serán ejecutadas por equipos de investigación españoles dirigidos por un investigador principal, que será el responsable del desarrollo de las actividades de la propuesta española dentro del consorcio internacional en el que se inscribe. El investigador principal y los componentes del equipo de investigación español deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 26 y en la convocatoria internacional correspondiente. 4. Las acciones podrán realizarse bajo las modalidades de proyecto individual, con un equipo de investigación, o proyecto coordinado, constituido por varios equipos de investigación, que presenten cada uno un subproyecto, según la participación de equipos de investigación españoles en la propuesta internacional. Los proyectos coordinados deberán reunir las siguientes características: a) Estarán formados por un mínimo de dos y un máximo de cuatro subproyectos. Uno de los subproyectos será liderado por el investigador principal coordinador de la investigación, que será responsable de su seguimiento y de su coordinación científica. b) Podrán financiarse solo algunos de los subproyectos, siempre que entre ellos esté incluido el correspondiente al coordinador. Si el subproyecto liderado por el coordinador no fuese propuesto para su financiación, el resto de los subproyectos tampoco será financiado. 5. El plazo de ejecución de las acciones podrá ser de uno, dos o tres años, dependiendo del programa internacional en el que se enmarque, contados a partir de la fecha que se especifique en la resolución de concesión. En todo caso, la fecha de inicio del proyecto deberá ser posterior a la fecha de publicación de la convocatoria internacional. Artículo 26. Requisitos específicos del personal investigador. 1. Los proyectos serán dirigidos por un único investigador principal que deberá cumplir los requisitos establecidos en este artículo y en la convocatoria internacional correspondiente. 2. Podrán ser investigadores principales, salvo que el régimen jurídico aplicable a su relación laboral les impida participar en esta convocatoria: a) Doctores. b) En el caso de los centros tecnológicos, los centros de apoyo a la innovación tecnológica, y las entidades referenciadas en el artículo 4.3, también podrán ser investigadores principales los titulados superiores que acrediten su experiencia en actividades de I+D+i durante al menos cinco años o, alternativamente, que hayan dirigido proyectos de investigación de carácter equivalente a los del Plan Nacional de I+D+i durante al menos tres años. 3. El investigador principal deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Pertenecer a la plantilla de la entidad solicitante o asociada, tener formalizada con ella su vinculación funcionarial, estatutaria o laboral (indefinida o temporal), que cubra, al menos, el plazo de ejecución del proyecto. Quienes participen en esta convocatoria en calidad de candidatos seleccionados dentro del programa «Ramón y Cajal» correspondiente a la convocatoria 2012 u otros programas de contratación de doctores, bien de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas, que en la fecha de finalización de presentación de solicitudes no hubiesen formalizado aún su relación contractual con la entidad solicitante deberán presentar junto con la solicitud el acuerdo de incorporación entre el investigador y la entidad solicitante. La acreditación de la formalización del contrato les será exigida en el momento de dictarse la propuesta de resolución provisional de la ayuda. De no presentar dicho contrato, la solicitud de ayuda será desestimada. b) Encontrarse en servicio activo y realizar actividad investigadora. c) Contar con una jornada laboral en la entidad solicitante o asociada a tiempo completo o a tiempo parcial de un mínimo de 800 horas anuales. 4. Podrán pertenecer al equipo de investigación del proyecto solicitado doctores y titulados superiores que cumplan los siguientes requisitos: a) Pertenecer a la plantilla de la entidad solicitante o asociada o de alguna otra entidad que cumpla los requisitos del artículo 4 y tener formalizada con ella su vinculación funcionarial, estatutaria o laboral (indefinida o temporal) que cubra, al menos, el plazo de ejecución del proyecto. Los componentes del equipo de investigación que pertenezcan a una entidad diferente a la beneficiaria deberán contar con la autorización expresa de la entidad a la que pertenezcan. Esta documentación quedará en poder de la entidad solicitante, que será la responsable de que el personal del equipo de investigación no vinculado funcionarial, laboral o estatutariamente a la misma cuente con dicha autorización. b) Encontrarse en servicio activo y realizar actividad investigadora. 5. No se establecen condiciones de dedicación ni de incompatibilidad en esta actuación. 6. Las personas que participen en la ejecución del proyecto y no cumplan los requisitos que se exigen a los componentes del equipo de investigación, tales como personal en formación, técnicos de apoyo, personal contratado, profesores invitados, personal investigador perteneciente a entidades de investigación sin domicilio social en España, etc., formarán parte del equipo de trabajo. Las tareas a desempeñar por los componentes del equipo de trabajo se definirán en el plan de trabajo incluido en la memoria científico-técnica y se podrán imputar al proyecto los gastos derivados de las mismas. No obstante, la responsabilidad de la ejecución del proyecto deberá recaer en el equipo de investigación recogido en los apartados anteriores. Artículo 27. Modalidades, cuantía y financiación presupuestaria de las ayudas. 1. Las ayudas de esta actuación consistirán en subvenciones, no pudiendo ser cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 2. Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Su cuantía se determinará en cada caso en función de las disponibilidades presupuestarias. 3. La cuantía máxima destinada a financiar estas ayudas será de siete millones de euros, con cargo al presupuesto de gastos del año 2013: sección 27, servicio 13, programa 463B, conceptos 730, 740, 750, 770 y 780, y a sus equivalentes en ejercicios posteriores. Dado el carácter estimado de dicha cuantía, la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. 4. La cuantía máxima prevista en el apartado 3 podrá ser incrementada con una cuantía adicional de hasta tres millones de euros cuando, como consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 58.2.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas. Artículo 28. Conceptos susceptibles de ayuda. 1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) contemplados en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como otros centros de investigación del sector público, universidades públicas y entidades de derecho público cuyos presupuestos consoliden con los Presupuestos Generales del Estado o con los de las comunidades autónomas seguirán la modalidad de costes marginales. Lo previsto en este apartado es compatible con la solicitud por las entidades relacionadas en el párrafo anterior de una subvención a costes totales en el marco de un proyecto de los regulados en el anexo 1, punto 4 (Empresa Común ENIAC). En ese caso, sin perjuicio de que estas entidades presenten el presupuesto a costes marginales, la memoria científico-técnica incluirá el desglose del coste total del proyecto, tal como se presentó en la solicitud internacional. 3. Los beneficiarios no comprendidos en el apartado anterior podrán seguir la modalidad de costes totales. 4. Las ayudas en la modalidad de costes marginales podrán aplicarse únicamente al concepto de costes directos, resultando de aplicación lo previsto en el artículo 20 sobre los gastos elegibles en dicho concepto. 5. Los gastos elegibles en las ayudas que sigan la modalidad de costes totales seguirán lo establecido en el artículo 9 de las bases reguladoras. 6. No se aplicarán costes indirectos en estas actuaciones. Artículo 29. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 1. La forma de presentación de las solicitudes de ayuda será la establecida en el artículo 11. 2. Se establecen dos plazos de presentación de solicitudes: a) Primer plazo: Desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria hasta el 14 de noviembre de 2013 a las 15:00 horas (hora peninsular española). b) Segundo plazo: Desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2014 a las 15:00 horas (hora peninsular española). Artículo 30. Evaluación y selección de las solicitudes. 1. Procedimiento de evaluación. La evaluación de las solicitudes se realizará en una única fase por: a) Comisiones técnicas, que asignarán por consenso una valoración global única para cada una de las solicitudes y elaborarán un informe científico-técnico de evaluación que resuma los aspectos más relevantes de la misma teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 31. La valoración global asignada a cada una de las solicitudes por la comisión técnica será, en función de la puntuación y ponderación de cada uno de los criterios: A (mayor o igual a 4), B (menor de 4 y mayor o igual a 3), C (menor de 3 y mayor o igual a 2) o D (menor de 2). La comisión técnica elaborará también una propuesta priorizada de los proyectos que se consideren financiables que incluya la financiación propuesta para cada uno de ellos. b) Comisión de evaluación, la cual, a la vista de los informes científico-técnicos de evaluación emitidos por las comisiones técnicas, valorará las solicitudes conforme a los criterios establecidos en la presente convocatoria y elaborará: i. Una relación priorizada de los proyectos que se consideren financiables, detallando la financiación, que será determinada según criterios de máxima eficiencia en la asignación de recursos. En el caso de proyectos coordinados, podrá proponerse la aprobación de solo algunos de los subproyectos, siempre que entre ellos esté incluido el subproyecto correspondiente al coordinador. ii. Una relación de los proyectos que se consideren no financiables. iii. Un informe de evaluación motivado de cada uno de los proyectos. 2. Composición de las comisiones. a) Comisiones técnicas. Expertos nombrados por el órgano concedente atendiendo a la naturaleza de cada uno de los retos y áreas temáticas en los que se enmarquen las acciones. La comisión técnica, una vez constituida, designará de entre sus miembros un presidente y un vicepresidente y contará con un secretario, sin la condición de miembro, que será un funcionario del órgano instructor y actuará con voz pero sin voto. b) Comisión de evaluación. Será designada por el órgano concedente y tendrá la siguiente composición: i. Presidente: El titular de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. ii. Vicepresidente: El titular de la Subdirección General de Proyectos Internacionales. iii. Vocales: El titular de la Subdirección General de Proyectos de Investigación, o bien el correspondiente subdirector general adjunto. El titular de la Subdirección General de Colaboración Público-Privada, o bien el correspondiente subdirector general adjunto. Un experto, designado por el presidente, en representación de la ANEP, de entre los coordinadores de área adscritos a la misma, y otro en representación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con rango de subdirector general o subdirector general adjunto o equivalente. Cuatro expertos, designados por el órgano concedente, de entre los gestores de la Subdirección General de Proyectos Internacionales que hayan participado en las comisiones técnicas. La comisión de evaluación deberá contar con un secretario, sin la condición de miembro, que será un funcionario del órgano instructor y actuará con voz pero sin voto. El listado actualizado de coordinadores de área de la ANEP y gestores de la Subdirección General de Proyectos Internacionales estará disponible en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad. En las comisiones técnicas y en la comisión de evaluación se procurará la paridad entre hombres y mujeres. En lo no previsto expresamente en esta convocatoria o en las bases reguladoras, el funcionamiento de la comisión de evaluación se regirá por lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 31. Criterios de evaluación. La evaluación y selección de las solicitudes se atendrán a las buenas prácticas internacionalmente admitidas para la evaluación y consistirán en una evaluación científico-técnica, de acuerdo con los criterios que se detallan en la tabla siguiente, con sus correspondientes puntuaciones y ponderaciones. Criterio Puntuación Ponderación (Porcentaje) a) Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta 0-5 40 b) Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de investigación 0-5 40 c) Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta 0-5 40 Estos criterios corresponden al tipo 4 del anexo de las bases reguladoras. Disposición adicional primera. Recursos contra la convocatoria. 1. Contra esta resolución de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2. Sin perjuicio de lo anterior, contra esta resolución de convocatoria, y, en su caso, contra la resolución del recurso potestativo de reposición cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, si la resolución fuera expresa, o de seis meses si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Disposición adicional segunda. Notificación de ayudas individuales a la Comisión Europea. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única, las ayudas individuales previstas en el artículo 37.4 de las bases reguladoras no podrán hacerse efectivas hasta que se haya obtenido la autorización de la Comisión Europea para dicha ayuda o esta haya manifestado su intención de no formular objeciones a la misma. Disposición transitoria primera. Cláusula suspensiva. Conforme a la disposición adicional cuarta de las bases reguladoras, las ayudas a las que les sea aplicable el apartado 2 de la disposición adicional segunda de las bases reguladoras quedan sometidas a lo establecido en el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, de acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no podrán hacerse efectivas hasta que se haya obtenido la autorización de la Comisión Europea sobre el régimen de ayudas. Disposición transitoria segunda. Aplicación de la normativa sobre fondos estructurales para los anticipos reembolsables. La concesión de anticipos reembolsables con cargo a las ayudas del FEDER correspondientes al marco financiero plurianual 2014-2020 de la Unión Europea estará condicionado a la aprobación de los Reglamentos Comunitarios que las regulen y a que se cumplan los requisitos preceptivos que en ellos se establezcan para la selección de proyectos con cargo al citado Fondo Estructural del mencionado marco 2014-2020. Disposición final única. Efectos. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 5 de noviembre de 2013.–La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, P. D. (Resolución de 19 de noviembre de 2012), el Director General de Investigación Científica y Técnica, Juan María Vázquez Rojas. ANEXO 1 Convocatorias internacionales conjuntas 1. Programa Transnacional de Nuevas Tecnologías de Plantas y Bioeconomía Basada en el Conocimiento (Plant-KBBE, por su sigla en inglés Transnational Plant Alliance for Novel Technologies-towards implementing the Knowledge-Based Bio-Economy). 2. Programa internacional Material World Network de la Fundación Nacional para la Ciencia de EE. UU. (NSF, por su sigla en inglés, National Science Foundation). 3. Redes de Coordinación del Espacio Europeo de Investigación (ERA-NET, por su sigla en inglés, European Research Area-Net), en concreto: a) ERA-NET CHIST-ERA, convocatoria conjunta en Tecnologías de la Información y la Comunicación. b) ERA-NET-RUS, convocatoria conjunta en colaboración con la Federación Rusa, en las áreas de materiales innovadores y cambio climático. c) ERA-NET NEW INDIGO, convocatorias conjuntas en colaboración con India: Convocatoria de proyectos con el Departamento de Ciencia y Tecnología de India (DST) en el área de investigación sobre agua, y convocatoria de proyectos con el Departamento de Biotecnología de India (DBT) en el área de Biotecnología aplicada a la salud humana. d) ERA-NET Ecoinnovera, convocatoria conjunta en el área de ecoinnovación. e) ERA-NET NEURON II, convocatoria conjunta en Neurociencia. f) ERA-NET ERA-IB 2, convocatoria conjunta en Biotecnología Industrial. g) ERA-NET CONCERT-JAPAN, convocatoria conjunta en colaboración con Japón, en el área de almacenamiento eficiente y distribución de energía. h) ERA-NET SOLAR, convocatoria conjunta en las áreas solar fotovoltaica (PV) y solar de concentración (CSP). i) ERA-NET CAPITA, convocatoria conjunta en el área de catálisis. j) ERA-NET FORESTERRA, convocatoria conjunta en el área de investigación forestal mediterránea. k) ERA-NET BIODIVERSA, convocatoria conjunta con JPI-FACCE, en el área de biodiversidad en agricultura. 4. Empresa Común de Nanoelectrónica ENIAC (ENIAC-JU, por su sigla en inglés, European Nanoelectronic Initiative Advisory Council-Joint Undertaking). 5. Iniciativas de Programación Conjunta (JPI, por su sigla en inglés, Joint Programming Initiatives): a) JPI Cultural Heritage and Global Change, convocatoria en el área de patrimonio cultural. b) JPI-Water Challenges in a Changing World, convocatoria en el área de contaminantes emergentes y patógenos de origen antropogénico.

ÍNDICE Título I. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Finalidad. Artículo 3. Régimen de concesión y normativa aplicable. Capítulo II. Requisitos generales de los beneficiarios y del personal investigador. Artículo 4. Beneficiarios. Artículo 5. Pluralidad de beneficiarios. Artículo 6. Obligaciones y responsabilidades de los beneficiarios. Artículo 7. Cumplimiento de los requisitos generales del personal investigador. Artículo 8. Condiciones específicas de realización de determinados proyectos. Capítulo III. Aspectos generales del procedimiento de concesión. Artículo 9. Órganos de instrucción y resolución del procedimiento de concesión. Artículo 10. Comunicaciones entre la Administración y los interesados. Artículo 11. Presentación de las solicitudes. Artículo 12. Procedimiento de concesión y régimen de recursos. Artículo 13. Modificación de la resolución de concesión. Capítulo IV. Procedimiento de gestión, justificación y control. Artículo 14. Pago de las ayudas. Artículo 15. Régimen de justificación, seguimiento y control de las ayudas. Título II. Capítulo I. Modalidad 1: Proyectos de I+D+I. Artículo 16. Finalidad de las ayudas. Artículo 17. Características de los proyectos. Artículo 18. Requisitos específicos del personal investigador. Artículo 19. Modalidades, cuantía y financiación presupuestaria de las ayudas. Artículo 20. Conceptos susceptibles de ayuda. Artículo 21. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. Artículo 22. Evaluación y selección de las solicitudes. Artículo 23. Criterios de evaluación. Capítulo II. Modalidad 2: Acciones de Programación Conjunta Internacional. Artículo 24. Finalidad de las ayudas. Artículo 25. Características de los proyectos. Artículo 26. Requisitos específicos del personal investigador. Artículo 27. Modalidades, cuantía y financiación presupuestaria de las ayudas. Artículo 28. Conceptos susceptibles de ayuda. Artículo 29. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. Artículo 30. Evaluación y selección de las solicitudes. Artículo 31. Criterios de evaluación. Disposición adicional primera. Recursos contra la convocatoria. Disposición adicional segunda. Notificación de ayudas individuales a la Comisión Europea. Disposición transitoria primera. Cláusula suspensiva. Disposición transitoria segunda. Aplicación de la normativa sobre fondos estructurales para los anticipos reembolsables. Disposición final única. Efectos. Anexo 1. Al amparo de la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (en adelante Plan Estatal de I+D+I) aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de febrero de 2013, se aprueba la presente resolución de convocatoria de ayudas para algunas modalidades de actuación incluidas en el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. El Plan Estatal de I+D+I tiene una estructura basada en cuatro Programas Estatales directamente relacionados con los objetivos generales de la Estrategia: El Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, el Programa Estatal de Impulso al Liderazgo Empresarial en I+D+I y el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad. El Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad se desarrolla teniendo en cuenta que cada uno de los retos constituye parte esencial de las prioridades científico-técnicas y sociales que han de orientar las actividades de investigación básica de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en los próximos años. La descripción de los Retos de la Sociedad se encuentra de manera no exhaustiva en el Plan Estatal de I+D+I. El Plan Estatal de I+D+I prevé diversas modalidades de participación, entendidas como mecanismos que la Administración General del Estado provee para que los agentes ejecutores de las actividades de I+D+I puedan acceder a la financiación de sus actividades y contribuir a la vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. Se considera que las actuaciones objeto de esta convocatoria son el mecanismo apropiado para la realización de actividades que impliquen el incremento de los conocimientos científicos y tecnológicos mediante la promoción de actividades de investigación con orientación específica hacia los grandes retos de la sociedad española; la salud, el envejecimiento, la aplicación y defensa de los principios de inclusión de los segmentos de nuestra sociedad más frágiles, la sostenibilidad medioambiental, el abastecimiento energético, la biodiversidad, la transformación de nuestros sistemas políticos y sociales y la seguridad de nuestros ciudadanos son, en esencia, grandes retos globales de la sociedad. El fomento de la I+D+I orientada a los retos de la sociedad surge de la necesidad de resolución de los problemas planteados en la sociedad española guiando, a través de esta convocatoria, la investigación fundamental científica y técnica hacia los ocho grandes retos identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación: 1. Salud, cambio demográfico y bienestar. 2. Seguridad, calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenibl ### RESUMEN: Corrección de errores en las ayudas de I+D

El TC rechaza el recurso de Castilla y León contra la devolución de los papeles de Salamanca a Catalunya

en el RECURSO 9007/2005 la DESESTIMACIÓN del mismo en relación con la Ley 21/2005, de 17 de noviembre El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Ramón Rodríguez Arribas, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 9007-2005 interpuesto por la Junta de Castilla y León contra los artículos 1, 2.2 y 3, apartados 1 y 3, 4.1, 5.2 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 12 de diciembre de 2005, por el representante legal de la Junta de Castilla y León, se interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2.2, 3.1 y 3, 4.1, 5.2 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. La fundamentación que sustenta la impugnación se resume a continuación. a) La representación procesal de la Junta de Castilla y León comienza su escrito examinando los antecedentes históricos del denominado Archivo General de la Guerra Civil Española algunos de cuyos hitos más relevantes son los siguientes: En plena guerra civil (1937) se crearon la oficina de investigación y propaganda anticomunista y la delegación nacional de asuntos especiales, precedentes de lo que poco después (1938) sería la delegación del Estado para la recuperación de documentos con sede en Salamanca que tenía como objetivo «recuperar, clasificar y custodiar» la documentación procedente de entidades y personas para «facilitar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos». La delegación del Estado para la recuperación de documentos, fusionada con otros organismos, daría lugar en 1944 a la delegación nacional de servicios documentales de la Presidencia del Gobierno hasta que por Decreto 276/1977 fue suprimida, pasando su archivo y personal al Ministerio de Cultura. De acuerdo con el escrito de la representación de la Junta de Castilla y León en ese momento se agotó la etapa de acopio, elaboración y utilización para los fines de la represión política de una documentación que, a partir de este momento, empezó, se afirma, una nueva vida como corpus cultural e histórico, como soporte de la memoria colectiva. En 1979, la documentación, la incautada y la elaborada por los organismos represores a partir de la incautada, pasó a formar parte de la sección guerra civil del Archivo Histórico Nacional con sede en Salamanca, beneficiándose de la protección que el ordenamiento jurídico dispensa a éste y a los demás archivos estatales. En 1986 se procedió a la microfilmación de una serie de documentos, entre los que estaban muchos procedentes de la antigua Generalidad, que se conservaban en la sección guerra civil del Archivo Histórico Nacional. El material microfilmado fue entregado al Archivo General de Cataluña. En 1999 se crea el Archivo General de la Guerra Civil Española por Real Decreto 426/1999, cuyo núcleo documental fue el acervo de la sección guerra civil del Archivo Histórico Nacional. Para tratar de dar ejecución a una propuesta formulada unos años antes, en noviembre de 1996, por la Junta Superior de Archivos y cumplir con la voluntad expresada por el Congreso de los Diputados en mayo de 1996 se constituyó en el año 2000 una comisión de expertos cuyo cometido era realizar una propuesta acerca de la documentación del recién creado Archivo General de la Guerra Civil Española que podría depositarse en Cataluña. Los expertos no consiguieron ponerse de acuerdo y el patronato del archivo no adoptó ninguna iniciativa relativa a la posible salida de documentos del archivo. Tras el cambio de mayoría parlamentaria en 2004 se aprobó en el Congreso una nueva proposición no de ley instando al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalidad «que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en el Archivo General de la Guerra Civil». Finalmente se aprobó por las Cortes Generales la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica que aquí se impugna. b) Se impugnan, en primer lugar, los artículos 1 y 2.2, así como la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, por infringir lo dispuesto en el artículo 149.1.28 CE. Señala el escrito de la representación de la Junta de Castilla y León que el artículo 149.1.28 CE atribuye al Estado la competencia en materia de «defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación» y también, sobre todo, lo concerniente a los «museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas». Para el escrito de la representación de la Junta de Castilla y León ambas rúbricas del artículo 149.1.28 CE habrían sido infringidas por la ley recurrida. De acuerdo con el escrito del representante legal de la Junta de Castilla y León, el alcance del concepto defensa del patrimonio contra la expoliación quedó precisado por la STC 17/1991, FJ 7, que admitió que la Ley del patrimonio histórico definiese la expoliación del patrimonio también como aquella perturbación del cumplimiento de su función social que no sería sino «la privación del destino y utilidad general que es propio de cada uno de los bienes, aunque materialmente el bien mismo permanezca». Según el escrito del representante legal de la Junta de Castilla y León, para que estemos en presencia de una expoliación basta que se le prive al bien del destino y utilidad que le corresponda y que se perturbe, en consecuencia, el cumplimiento de la función social a la que ese bien está afecto. De acuerdo con el recurso de la Junta, la Constitución en su artículo 149.1.28 obliga al Estado a adoptar las medidas precisas para hacer frente a una situación de expoliación. Si no lo hace estaría infringiendo la norma constitucional que le atribuye en exclusiva esa función, así como el artículo 46 CE que obliga a todos los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural y de los bienes que lo integran. Para el representante de la Junta de Castilla y León, la ley impugnada pone en peligro de pérdida o destrucción los valores vinculados a los fondos documentales que se conservan en un archivo de titularidad estatal perturbando gravemente el cumplimiento de su función social, lo que constituye un supuesto típico de expoliación tal como es definido en la Ley del patrimonio histórico español, definición considerada plenamente constitucional en la STC 17/1991, de 31 de enero, y que constituye una referencia obligada a la hora de valorar las conductas contrarias al artículo 149.1.28 CE. El escrito de planteamiento del recurso de inconstitucionalidad denuncia que el artículo 1 de la ley impugnada al establecer que su objeto es «la restitución de los documentos y efectos incautados en Cataluña por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos creada en virtud del Decreto de 26 de abril de 1938» supone la salida del Archivo General de la Guerra Civil Española no sólo de los documentos de Cataluña, esto es, los procedentes de, o producidos por, la Generalitat de Cataluña, sino también de cualesquiera otros, pertenecientes a, o procedentes de, otras personas o instituciones con tal de que fueran incautados en Cataluña, lo que amplía desmesuradamente el número de documentos a extraer del archivo dado que la retirada del ejército de la República se hizo a través del territorio catalán. El artículo 2.2 de la ley impugnada ordena la transferencia a la Generalitat de Cataluña de los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados por la delegación del Estado para la recuperación de documentos en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña. Para el representante de la Junta de Castilla y León, el archivo hasta ahora general de la guerra civil tras la restitución prevista en los artículos referidos se ve seriamente mutilado convirtiéndose, se afirma, en un archivo parcial o un almacén parcial de restos documentales. Esta mutilación se amplía, además, por la previsión de la disposición adicional primera de la ley impugnada que establece la posibilidad de restitución de los documentos, fondos documentales y efectos a las personas naturales o jurídicas de carácter privado si lo solicitan otras Comunidades Autónomas. De acuerdo con el escrito del representante de la Junta de Castilla y León ello supone una expoliación al suponer una perturbación del cumplimiento de la función social que a los fondos documentales y al Archivo General de la Guerra Civil Española les corresponde a los que se priva y aparta del destino que les es propio en perjuicio del conjunto de los ciudadanos españoles de hoy y de las generaciones sucesivas. Esta perturbación trata de ser demostrada con la cuantificación de los fondos que se devolverían, prácticamente la mitad de los fondos actuales, realizada por un informe del director del Archivo General de Castilla y León. Para el escrito de recurso la expoliación es indiscutible por lo que se solicita la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 1 y 2.2 y de la disposición adicional primera de la ley impugnada. c) A la misma conclusión llega el escrito del representante de la Junta de Castilla y León respecto de la confrontación de los artículos 1 y 2.2 y la disposición adicional primera de la ley impugnada con la segunda de las rúbricas competenciales que el artículo 149.1.28 CE contiene, la que reserva al Estado la competencia sobre «los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal». De acuerdo con el escrito de recurso, el artículo 149.1.28 CE no es una norma abstracta, sino que hace referencia a instituciones determinadas, perfectamente identificables (el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Guerra Civil Española creado en 1999, etc.) cuya existencia y singularidad la norma fundamental quiere proteger. El Estado, titular de las mismas, no podrá, pues, disponer de ellas con entera libertad. Podrá variar sus contornos si las circunstancias así lo exigen, pero no podrá alterar la imagen que las hace reconocibles. La ley recurrida, se alega, en la medida que desvirtúa y mutila el Archivo General de la Guerra Civil Española, un archivo creado como de titularidad estatal para conservar y custodiar todo el acervo documental concerniente a la represión política, sería inconstitucional y nula por contraria al artículo 149.1.28 CE, que garantiza la integridad del archivo y su permanencia como tal en manos del Estado. De no entenderse contrarios a la Constitución los artículos 1 y 2.2 y la disposición adicional primera de la ley impugnada, quedará abierta la vía para el vaciamiento de este precepto constitucional. d) El representante de la Junta considera como prueba de la desfiguración radical del Archivo General de la Guerra Civil Española el hecho de que, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 21/2005, los fondos que en él puedan quedar tras la restitución pasarán a integrarse en el Centro Documental de la Memoria Histórica. El archivo que era lo principal pasa a ser lo accesorio y se pide que dicha disposición adicional segunda se declare igualmente inconstitucional y nula por conexión o consecuencia en la medida que contribuye a consumar la expoliación. e) A continuación, el escrito de recurso afirma que los artículos 1, 2.2, 3 y 5 de la Ley 21/2005 carecen de justificación objetiva y son, en consecuencia, arbitrarios, por lo que infringen el artículo 9.3 CE. El artículo 1 propone la restitución de los documentos incautados en Cataluña por la delegación del Estado para la recuperación de documentos, el artículo 2.2 hace efectivo este propósito al transferir a la Generalitat los documentos, fondos documentales y otros efectos incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña por la delegación del Estado para la recuperación de documentos, lo que ratifica a continuación el artículo 3 de la ley al afirmar que la Generalitat quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que hasta ahora correspondían al Estado sobre estos documentos y efectos. El artículo 5 recoge algunos de los principios y criterios que deben guiar la restitución de documentos a sus propietarios originarios o sus descendientes. Para el representante de la Junta de Castilla y León, la restitución que se pretende con la Ley va más allá de su propios términos pues no supone devolver una cosa a quien la tenía antes, pues la Generalitat, se afirma, nunca tuvo los fondos que el artículo 2.2 le transfiere ya que dichos fondos pertenecían en el momento de la incautación a «personas naturales o jurídicas de carácter privado». No puede hablarse por tanto de restitución sino de atribución ex novo, de transferencia de titularidad, carente de causa, injustificada y puramente arbitraria, se afirma. Para la representación de la Junta de Castilla y León tal transferencia no puede justificarse en que se hace para que la Generalitat se encargue de devolver dichos documentos y efectos a los sujetos privados que fueron sus dueños o a sus causahabientes, pues la Generalitat se quedará en propiedad con todos los documentos que no sean reclamados en plazo o que no sean reclamados en forma. Precisamente es la Generalitat la encargada de regular, de acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 21/2005, el procedimiento de reclamación, convirtiéndose, se afirma en el escrito de recurso, en juez y parte, en «restituyente» y beneficiaria de lo que no pueda restituirse. La combinación de los artículos 2.2 y 5 de la ley impugnada, afirma el recurrente, otorga a la Generalitat la propiedad de todos los documentos y efectos privados que no puedan restituirse, atribución que no tiene ninguna justificación posible, pues el mero hecho de que la incautación se produjera en territorio catalán no hace de mejor condición a la Generalitat que a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que pudieran invocar títulos semejantes como sería el caso de los Ayuntamientos. Para el representante de la Junta de Castilla y León, el puro hecho geográfico no es una razón que pueda justificar la transmisión a la Generalitat de unos documentos y unos efectos que nunca le pertenecieron. De acuerdo con el escrito de recurso, la ausencia de una razón capaz de justificar la transmisión a la Generalitat de Cataluña de la documentación privada que por uno u otro motivo no llegue a restituirse supone que los artículos 1, 2.2 y 5 de la Ley 21/2005 no tienen otro soporte que la desnuda voluntad, la pura arbitrariedad y vulneran el artículo 9.3 CE por lo que deben ser declarados inconstitucionales y nulos. f) El escrito del representante legal de la Junta de Castilla y León sostiene, asimismo, que los artículos 2.2, 3 y 5.2 de la Ley 21/2005 son inconstitucionales y nulos por ser contrarios al artículo 149.1.28 CE que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. Para el escrito de recurso no es constitucionalmente posible la transferencia a una Comunidad Autónoma de la titularidad de una parte importante de los fondos documentales de uno de los archivos de su exclusiva competencia (art. 2.2 de la Ley 21/2005), ni lo es tampoco subrogarla en todos los derechos y obligaciones del Estado (art. 3 de la Ley 21/2005), ni, en fin, cederle la competencia para regular el procedimiento a través del cual se tramitarán y resolverán las solicitudes de devolución que puedan formular sus titulares (art. 5.2 de la Ley 21/2005). Para el representante de la Junta de Castilla y León, si el Estado quiere restituir los documentos a sus primitivos propietarios debe ser él quien lo haga y quien regule el procedimiento para llevarlo a cabo, pues es una competencia que la Constitución atribuye al Estado en su artículo 149.1.28 CE y tiene que ser ejercida por quien la tenga atribuida como propia. El Estado puede delegar la gestión de un archivo de su titularidad a una Comunidad Autónoma pero no puede transferir la titularidad del archivo o una parte del mismo, ni subrogarla en todos sus derechos y obligaciones, ni cederle la potestad de regular el procedimiento. Es por ello por lo que se solicita la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 2.2, 3.1 y 5.2 de la Ley 21/2005. g) Igualmente se argumenta que tales artículos, junto con la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, violan el artículo 46 de la Constitución, pues ninguno de los preceptos legales establece medidas de protección para garantizar la conservación de los documentos que en aplicación de los mismos salgan del archivo que hasta ahora los custodiaba. De acuerdo con el escrito del representante de la Junta de Castilla y León, mientras los documentos se encuentran en el archivo estatal gozan de la protección que la Ley del patrimonio histórico español otorga a los bienes de interés cultural. Esta protección desaparece con su salida del archivo. Se denuncia que la Ley 21/2005 deja los documentos restituidos en situación de absoluta desprotección vulnerándose el artículo 46 de la Constitución que impone a todos los poderes públicos la obligación de garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ausencia en la Ley 21/2005 de medidas dirigidas al cumplimiento de aquella obligación vulnera el artículo 46 CE, por lo que se solicita la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 2.2 y 5 y la disposición adicional primera de la ley impugnada. h) El escrito del representante legal de la Junta de Castilla y León considera que los artículos 1, 2.2, 3, apartados 1 y 3, 4.1 y 5 de la Ley 21/2005 implican una discriminación a favor de la Generalitat de Cataluña y en contra de las demás Comunidades Autónomas careciendo absolutamente de justificación objetiva. El escrito de recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Castilla y León acepta que se restituya a la Generalitat de Cataluña «la documentación del archivo institucional de sus órganos de gobierno, de su Administración de sus entidades dependientes, así como la correspondiente al Parlamento de Cataluña» que se conserva en el Archivo General de la Guerra Civil. La diferencia de trato denunciada no se refiere a este tipo de documentos ya que tal diferencia está plenamente justificada: se trata de documentos producidos por la propia Generalitat de Cataluña. La denuncia de discriminación se refiere a los documentos incautados en su día a particulares cuya titularidad no es transferida por la Ley al resto de Comunidades Autónomas, ni las declara subrogadas en lugar del Estado en todos sus derechos y obligaciones, ni les otorga competencia para regular el procedimiento de restitución. La Ley, se señala, no da explicación de tal diferencia por lo que no parece que exista razón alguna capaz de justificar la discriminación denunciada por lo que la decisión tiene que declararse inconstitucional y nula por arbitraria. Para el escrito de la Junta, no es posible esgrimir que la Generalitat ya existía en el momento de la incautación, pues tal argumento sólo sería decisivo para justificar la restitución de documentos producidos por la propia Generalitat, pero no para justificar los documentos incautados a particulares. i) El escrito de la representación legal de la Junta de Castilla y León realiza una observación final sobre el artículo 4.2 de la Ley 21/2005 que dispone la entrega inmediata a la Generalitat de los documentos y efectos que ya hubieran sido identificados en cumplimento del convenio sobre microfilmación de 1982. Para el escrito de recurso se debe comprobar que lo entregado de inmediato son sólo documentos producidos en su día por la Generalitat y no los que tengan otros orígenes diferentes, lo que debe llevar a comprobar previamente a la entrega el contenido de las 507 cajas apartadas a raíz del convenio de 1982. La razón es que la Ley establece tratamientos claramente diferenciados para una y otra clase de documentos y esa es la única interpretación, afirma el escrito de recurso, que se ajustaría a lo querido por la norma y que no contribuiría a la expoliación denunciada. j) Finaliza el escrito de la representación legal de la Junta de Castilla y León solicitando del Tribunal que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos antes indicados. Mediante otrosí, la demanda pone de manifiesto que la Sentencia que en su día se dicte puede resultar ineficaz a la vista de la brevedad de los plazos que la ley recurrida prevé (art. 3.3) para que se haga efectivo el traslado a la Generalitat de Cataluña de la documentación prevista en el artículo 2, lo que determina que se solicite del Tribunal la adopción de las medidas provisionales consistentes en: 1. Que con carácter previo a la entrega a la Generalitat de Cataluña de los documentos a que hacen referencia los artículos 2.1 y 4.2 de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, se proceda a la revisión del contenido de las 507 cajas en la que se conservan los documentos que fueron microfilmados en virtud del convenio de 1982 con el fin de retirar de ellas y excluir de la entrega la documentación que tenga una procedencia distinta de la contemplada en el artículo 2.1 de la Ley. 2. Que se aplace hasta que se dicte la Sentencia que ponga fin a este recurso la salida del Archivo General de la Guerra Civil Española de cualesquiera documentos distintos de los contemplados en el artículo 2.1 de la Ley. 2. Mediante providencia de la Sección Segunda, de fecha 17 de enero de 2006, se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad y se acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno de la Nación, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. También se acordó, en cuanto a la solicitud de suspensión cautelar formulada en el escrito de interposición, oír a las partes mencionadas para que en el plazo señalado puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas. Por último, se acordó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado». 3. El día 18 de enero de 2006 se registró un escrito de la representación legal de la Junta de Castilla y León en el que manifiesta que se va a disponer la salida de los documentos que fueron microfilmados en virtud del convenio suscrito entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Cultura de 22 de octubre de 1982 para el día 19 de enero. El recurrente alega que en las 507 cajas en las que se conservan esos documentos se guardan otros que no proceden ni pertenecieron nunca al archivo institucional de la Generalitat de Cataluña, de su Administración y de su Parlamento, por lo que solicita del Tribunal Constitucional que acuerde requerir a la señora Ministra de Cultura para que deje en suspenso provisionalmente la entrega a la Generalitat de los documentos a que se refiere el artículo 4.2 de la Ley recurrida hasta que recaiga Sentencia. 4. Por providencia de la Sección Segunda de 24 de enero de 2006 se acordó unir a las actuaciones el escrito de 18 de enero de 2006 de la representación procesal de la Junta de Castilla y León y estar a lo acordado en la resolución de 17 de enero. 5. Mediante escrito registrado el día 24 de enero de 2006, el Abogado del Estado se personó en el proceso en nombre del Gobierno y evacuó el trámite de alegaciones relativo a la adopción de las medidas provisionales solicitadas por la parte actora en el recurso. El Abogado del Estado solicita que se denieguen las medidas provisionales interesadas, argumentando, entre otras razones, que las facultades de suspensión que ostenta el Tribunal están tasadas, circunscribiéndose a las previstas de forma expresa en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y no pudiendo extenderse a casos distintos (ATC 226/2000, de 2 de octubre, FJ único). 6. El día 26 de enero de 2006, el Abogado del Estado se dirige al Tribunal en contestación a su providencia de 24 de enero de 2006, por la que se une a las actuaciones el escrito de la representación procesal del Gobierno de la Junta de Castilla y León de fecha 18 de enero de 2006 y se está a lo acordado en la resolución de 17 de enero. El Abogado del Estado se reitera en lo dicho en su escrito de 24 de enero de 2006 y sobre la petición adicional de requerimiento a la Sra. Ministra de Cultura para que deje provisionalmente en suspenso la entrega a la Generalitat de los documentos a que se refiere el artículo 4.2 de la Ley solicita del Tribunal que las deniegue. 7. Con fecha 31 de enero de 2006 se registra en el Tribunal un escrito del Presidente del Congreso de los Diputados mediante el que se comunica que la Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo de no personarse en el proceso ni hacer alegaciones, poniéndose a disposición del Tribunal. 8. El día 1 de febrero de 2006 se registra en el Tribunal un escrito del Presidente del Senado en el que se indica que la Cámara se persona en el proceso, poniéndose a disposición del Tribunal. 9. El día 7 de febrero de 2006 el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se dirige al Tribunal solicitando una prórroga de ocho días para formular sus alegaciones. 10. El día 8 de febrero de 2006, la Sección Segunda de este Tribunal acuerda incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado de 7 de febrero de 2006 y concederle la prórroga solicitada para formular las alegaciones. 11. Con fecha 15 de febrero de 2006 se dicta por el Pleno del Tribunal Constitucional el Auto 58/2006, por el que se deniegan las medidas provisionales solicitadas por tener vedado el Tribunal la posibilidad de suspender, excepto en el caso dispuesto por el artículo 161.2 de la Constitución Española, la aplicabilidad de la ley, como consecuencia de la presunción de la legitimidad que tiene la ley por ser manifestación de la voluntad popular expresada por el legislador. En cuanto a la primera de las medidas provisionales solicitadas, la revisión de las 507 cajas para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 21/2005 (arts. 2.1 y 4.2), así como a la petición de requerimiento a la Ministra de Cultura, considera el Tribunal que la petición resulta ajena a la jurisdicción constitucional, pues dichos preceptos no han sido recurridos. 12. Con fecha 22 de febrero de 2006 se registra el escrito mediante el cual el Abogado del Estado formula sus alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad número 9007-2005, que resumidamente se exponen: a) Comienza el escrito del Abogado del Estado analizando el objeto del recurso y destacando cómo la demanda únicamente discute la constitucionalidad de la restitución prevista en la Ley a favor de las personas físicas o jurídico-privadas, ya residan en Cataluña o en otras Comunidades Autónomas, aceptando, sin embargo, la plena conformidad a la Constitución de la restitución a la Generalitat prevista en el artículo 2.1, pues así se establece en la página 21 del escrito de recurso cuando se afirma que «no hemos pretendido nunca, ni pretendemos ahora evitar la devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación por ella generada entre 1932 y 1939». Considera el Abogado del Estado que ello es incongruente, pues el fundamento de la restitución es el mismo: el Estado considera que la causa de la adquisición de la propiedad de tales bienes fue ilegítima y procede reparar la injusticia devolviendo a los que la padecieron los documentos que les fueron incautados. No se entiende que desde la protección de la unidad del archivo se acepte la restitución de los documentos públicos, que de acuerdo con la Ley 16/1985, del patrimonio histórico español, tendrían una mayor valor histórico por entrar a formar parte del patrimonio documental desde su generación (art. 49.2), y no la de los privados, los cuales no se incorporan al patrimonio documental hasta transcurridos cien años (art. 49.4). Para el Abogado del Estado, el legislador estatal puede, desde un punto de vista constitucional, ponderar los intereses en conflicto y privilegiar la protección del interés de los legítimos propietarios de recuperar lo que injustamente les fue incautado, frente a una defensa a ultranza del patrimonio documental. Debe tenerse en cuenta, además, que la ley impugnada adopta todas las medidas necesarias para garantizar la plena protección de ese patrimonio documental. b) A continuación realiza el Abogado del Estado una serie de precisiones fácticas entre las que destacan la relativa a que únicamente han salido del archivo documentos que se ha comprobado que pertenecían a la Generalitat, o la que se refiere a que la creación del Archivo General de la Guerra Civil Española en 1999 no supuso aumento de los medios personales ni materiales frente a lo que ocurrirá con la entrada en vigor de la Ley 21/2005, aquí impugnada, que prevé la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica para lo cual el Ministerio de Cultura ha comprometido 12 millones de euros, duplicar la plantilla y la expropiación del Palacio de Orellana para dar cabida a los nuevos fondos con los que se pretende dotar al archivo. Para el escrito del Abogado del Estado el incremento de medios materiales y personales no parece congruente con la intención expoliadora que la demanda atribuye a la Ley. c) El Abogado del Estado comienza entonces a rebatir los argumentos del recurso agrupando su contestación en dos grandes motivos. El primero es la infracción del artículo 149.1.28, en relación con el artículo 46, ambos de la Constitución, dado que según la demanda las Cortes Generales habrían perpetrado una expoliación del patrimonio documental español; se habría vulnerado la garantía institucional establecida en aquel artículo; el Estado estaría incumpliendo su obligación de conservar sus competencias sobre los archivos de su titularidad, y no se estaría garantizando además la conservación del fondo documental que se restituye. El segundo es la vulneración del artículo 9.3 CE, en lo que se refiere a la interdicción de la arbitrariedad, dado que las medidas carecerían de justificación objetiva e introducirían una discriminación a favor de la Generalitat. d) Por lo que se refiere al primer motivo considera el escrito del Abogado del Estado que la Ley no provoca una expoliación en el sentido del artículo 4 de la Ley del patrimonio histórico español, que, en todo caso, no podría servir de canon para enjuiciar la constitucionalidad de una ley igualmente estatal. El Archivo General de la Guerra Civil está formado por tres tipos de documentos, los generados por los organismos represivos, los incautados para llevar a cabo la represión y los incorporados al archivo en los últimos años. En el archivo van a permanecer los primeros y los terceros. Los primeros constituyen el auténtico testimonio de la represión. Señala el Abogado del Estado que los documentos a restituir no tienen un valor artístico, sino únicamente una importancia histórica como testimonio del pasado, fuente de investigación para los historiadores. Destacando que el documento original no incorpora un valor científico superior al de la copia autenticada, dado que su única función es servir a la investigación, que evidentemente puede desarrollarse igual sobre el original o sobre la copia. Recogiendo lo dicho por la comisión de expertos creada en 2004, el Abogado del Estado afirma que el mantenimiento de la función social del archivo no depende tanto de su localización física como de las condiciones de uso de la información en ellos contenidos. La función social del archivo, consistente en permitir la consulta e investigación de sus fondos, va a mantenerse al conservarse copia digitalizada, con el carácter de auténtica, de todos los documentos que se restituyan. Igualmente afirma el escrito de la Abogacía del Estado que desde una perspectiva archivística el principio fundamental es el de la procedencia más que el de unidad. Y a aquel principio responde la ley impugnada. Frente a la afirmación de que el Archivo General de la Guerra Civil con la aplicación de la Ley pasará a ser un archivo parcial del conflicto o un simple almacén parcial de restos documentales alega el Abogado del Estado que el Archivo General de la Guerra Civil siempre ha sido, en realidad, un archivo parcial de la represión posterior a la guerra, es, precisamente, la ley impugnada la que pretende fomentar su carácter de archivo general con un ambicioso plan de inversiones. Igualmente se rechaza en el escrito del Abogado del Estado que el artículo 149.1.28 CE incorpore una garantía institucional sobre los archivos existentes que la Ley habría quebrantado. El precepto constitucional referido se limitaría a designar el ente competente para incidir sobre una materia, sin predeterminar un contenido concreto de la actuación y sin pretender un contenido inalterable como sostiene la demanda. Pretensión que sería tan absurda como sostener que la atribución de la competencia sobre administración de justicia impide alterar los órganos jurisdiccionales existentes. El artículo 46 CE, y no el 149.1.28 CE, es el que establece los principios que deben inspirar la actuación material de los titulares de la competencia sobre patrimonio histórico: garantizar la conservación y promover su enriquecimiento. Estos principios deben conciliarse con otros como puede ser la realización del superior valor de justicia del artículo 1.2 CE que es precisamente lo que ha tratado de hacer la ley impugnada reparando una incautación ilegítima y garantizando la conservación de la plena funcionalidad del archivo. Señala el Abogado del Estado que, incluso aceptando, a efectos puramente dialécticos, la tesis de la garantía institucional, la modificación del contenido de un archivo no alteraría la imagen que tiene de los archivos en su conjunto la conciencia social de cada momento. A continuación rechaza el escrito del Abogado del Estado los argumentos relativos a que deba ser el Estado quien restituya los documentos a sus primitivos propietarios, y que deba ser él quien regule el procedimiento para llevarlo a cabo. Para el representante del Estado, éste puede transferir fondos documentales a una Comunidad Autónoma, fondos que, una vez transferidos, pueden ser gestionados por ella. En relación con la alegación de que la ley impugnada viola el artículo 46 de la Constitución en la medida en que no establece medidas de protección para garantizar la conservación de los documentos que en aplicación de la misma salgan del archivo, el escrito del Abogado del Estado argumenta que los documentos restituidos recibirán la protección que establezca la Ley del patrimonio histórico español. Los documentos privados susceptibles de restitución pueden pertenecer a dos categorías: a) los que, por reunir las cualidades del artículo 49 de la Ley 16/1985, integren el patrimonio histórico [para que un documento privado integre el patrimonio histórico español es preciso que tenga una antigüedad superior a cien años, que se haya generado por las entidades previstas en el artículo 49.3 de la Ley 16/1985 y tenga una antigüedad de más de cuarenta años, o que sea objeto de una específica declaración de bien de interés cultural (art. 49.5 de la Ley 16/1985)], en cuyo caso tendrán el carácter de bien de interés cultural mientras se custodien en el Archivo General de la Guerra Civil Española; y b) los que, por no reunir esos caracteres, no integren el patrimonio documental, estén o no custodiados en un archivo estatal. Señala el Abogado del Estado que la protección que otorga la Ley 16/1985, del patrimonio histórico español, es independiente de la titularidad de los bienes a que se refiere. Las obligaciones de facilitar el acceso, la de conservación, o las limitaciones a su venta se imponen con independencia de su titularidad. Específicamente en relación con el patrimonio documental el artículo 52 de la Ley del patrimonio histórico español, impone a todos los poseedores diversas obligaciones: la de conservarlos, protegerlos y destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados (el incumplimiento de tal obligación puede ser causa de expropiación); y la de facilitar la inspección y el estudio para los investigadores. Igualmente, el artículo 56 de la Ley del patrimonio histórico español, impone limitaciones a los actos de disposición, exportación e importación. Recuerda el Abogado del Estado que las Comunidades Autónomas de destino de los documentos también cuentan con legislación protectora del patrimonio documental. La catalana concretamente impone a los propietarios de documentos privados obligaciones que van más allá de las impuestas en la legislación estatal. En definitiva, la ley impugnada no necesita establecer medidas adicionales de protección de los documentos que se restituyen pues la Ley del patrimonio histórico español, ya contiene suficientes normas protectoras y además otorga a la Administración y al Gobierno la facultad de someter individualizadamente a los documentos que lo merezcan al mayor grado de protección previsto en nuestra legislación. e) A continuación contesta el Abogado del Estado al segundo gran motivo de impugnación, la vulneración del artículo 9.3 CE, en lo que se refiere a la interdicción de la arbitrariedad, dado que las medidas, según el recurrente, carecerían de justificación objetiva e introducirían una discriminación a favor de la Generalitat. El Abogado del Estado recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con la arbitrariedad como motivo de inconstitucionalidad de una ley, de la que se deriva que ese control de constitucionalidad de las leyes debe ejercerse de forma que no imponga constricciones indebidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas. En lo que se refiere a la impugnación que realiza el recurrente de que la transmisión a la Generalitat de la documentación privada incautada es arbitraria, pues supone que aquella documentación, que por un motivo u otro, no llegue a restituirse a sus legítimos propietarios o causahabientes quedará en manos de la Generalitat, contesta el Abogado del Estado afirmando que la Ley diferencia entre la documentación incautada a la Generalitat de entonces, que según el artículo 2 de la Ley se restituirá, y la documentación incautada a los particulares, que según la Ley se transferirá a la actual Generalitat a los solos efectos de su restitución a sus legítimos titulares. El Abogado del Estado interpreta que si la transferencia se hace sólo a los efectos de restitución, transcurrido el plazo del año de caducidad para la reclamación por los particulares a que se refiere el artículo 5, los documentos privados que no se hubieran restituido habrían de retornar al archivo estatal. Incluso, si se interpretase que los documentos que no se restituyan a sus legítimos propietarios quedan en manos de la Generalitat no habría inconstitucionalidad, pues la Ley del patrimonio histórico español, permite la transferencia de bienes del patrimonio histórico a otras Administraciones, sin necesidad de acudir a una norma con rango de ley, pues la Ley del patrimonio histórico español, considera que la conservación del patrimonio está igualmente garantizada por cualquier Administración pública. Considera el Abogado del Estado que la finalidad de la Ley es la restitución de los documentos incautados a sus legítimos titulares. Aceptada tal finalidad la Ley ha optado por un procedimiento de entre los diversos constitucionalmente posibles, un procedimiento que encaja en nuestro modelo territorial, dadas las amplias competencias en materia de cultura y protección del patrimonio histórico que tienen las Comunidades Autónomas. En cuanto a la alegación de que la Administración restituyente sería a la vez juez y parte a la hora de articular la devolución, destaca el Abogado del Estado que la imparcialidad de la Administración en el proceso de restitución viene garantizada por los principios rectores de su actuación establecidos en el artículo 103 CE. En lo que se refiere a la denuncia de arbitrariedad por trato desigual derivado del diferente régimen de restitución previsto en la ley impugnada, para Cataluña y para el resto de Comunidades Autónomas, destaca el Abogado del Estado que la Ley es congruente con el objeto limitado de la misma, la restitución de los documentos incautados en Cataluña con motivo de la guerra civil y custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española. Es cierto que mientras que para la restitución de los documentos incautados en Cataluña la Ley contiene una regulación completa, para el resto de Comunidades Autónomas, la disposición adicional primera, simplemente prevé la extensión de la posibilidad de restitución, sin contener un régimen jurídico completo, pues se produce una remisión a una norma del Gobierno. Pero, de acuerdo con el escrito del Abogado del Estado, nada impide que la norma del Gobierno que desarrolle la disposición adicional lo haga en parecidos términos a como se ha regulado la restitución para el caso de Cataluña. Las diferencias de trato que se alegan en la demanda serían, en su caso, imputables a la norma reglamentaria pero no a la ley impugnada. Pero es que, según el escrito del Abogado del Estado, los entes jurídicos públicos no son titulares del derecho fundamental a la no discriminación amparado en el artículo 14 CE que se refiere a los españoles. Y precisamente la Ley prevé la restitución a todos los particulares que acrediten su derecho, con independencia de su residencia o lugar de incautación, y sometiéndoles a los mismos requisitos del artículo 5. Por tanto, en ningún caso puede considerarse que la Ley incurra en trato desigual, en relación con el único término de comparación válido: los ciudadanos. Finaliza el Abogado del Estado solicitando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. 13. Por providencia de 29 de enero de 2013 se señaló para deliberación y fallo de esta Sentencia el día 31 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto resolver la impugnación hecha por la Junta de Castilla y León de los artículos 1, 2.2, 3, apartados 1 y 3, 4.1 y 5.2 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. La recurrente considera que los preceptos impugnados vulneran los artículos 149.1.28, 9.3 y 46 de la Constitución. 2. Se impugnan, en primer lugar, los artículos 1 y 2.2, así como la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, por vulnerar el artículo 149.1.28 CE. El artículo 1 regula el objeto de la Ley al establecer: «Esta Ley tiene por objeto la restitución de los documentos y efectos incautados en Cataluña por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos creada en virtud del Decreto de 26 de abril de 1938.» El artículo 2 establece el ámbito subjetivo de la norma y su apartado 2 afirma: «Asimismo, a los efectos de lo establecido en el artículo 5, el Estado transferirá a la Generalidad de Cataluña los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, creada en virtud del Decreto de 26 de abril de 1938, o en aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, que estén custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española.» La disposición adicional primera, por su parte, recoge la posibilidad de restitución de los documentos a personas naturales o jurídicas de carácter privado de otras Comunidades Autónomas al establecer: «La restitución de los documentos, fondos documentales y efectos a las personas naturales o jurídicas de carácter privado podrá llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que lo soliciten, de acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establezca y de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 5.» Igualmente se solicita que se declare inconstitucional la disposición adicional segunda por conexión o consecuencia en la medida en que se afirma que contribuye a consumar la expoliación proscrita por el artículo 149.1.28 CE. De acuerdo con la disposición adicional segunda: «En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, se creará y pondrá en funcionamiento, con el carácter de titularidad y gestión estatal, un Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca, en el que se integrarán los fondos del actual Archivo General de la Guerra Civil Española.» Se impugnan los preceptos reproducidos por infringir, se afirma, lo dispuesto en el artículo 149.1.28 CE. En primer lugar, por suponer la restitución prevista en aquellos preceptos una expoliación del patrimonio documental que se encontraría proscrita por aquel precepto constitucional; en segundo lugar, por vulnerar la restitución prevista la garantía institucional que se encontraría reconocida en aquel precepto constitucional; y en tercer lugar, por vulnerar la restitución prevista la reserva al Estado de la competencia sobre los archivos de titularidad estatal establecida en aquel precepto constitucional. A continuación analizaremos las tachas de inconstitucionalidad referidas de forma separada. 3. De acuerdo con la primera parte del artículo 149.1.28 CE, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la «defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación». Según el escrito del representante legal de la Junta de Castilla y León, los preceptos impugnados permitirían la salida del Archivo General de la Guerra Civil Española de una cantidad tal de documentos –todos aquellos incautados en Cataluña (arts. 1 y 2.2 de la Ley 21/2005), así como los incautados en el resto de Comunidades Autónomas que lo soliciten (disposición adicional primera de la Ley 21/2005)– que se priva al archivo del destino y utilidad que le corresponde y se perturba el cumplimiento de su función social, constituyendo ello un supuesto de expoliación de acuerdo con la definición del mismo que se hace en el artículo 4 de la Ley del patrimonio histórico que se consideró constitucional por este Tribunal en la STC 17/1991, de 31 de enero. El Abogado del Estado, por el contrario, rechaza que los preceptos impugnados supongan una expoliación y argumenta que, sin perjuicio de que la Ley del patrimonio histórico no se pueda constituir en canon para juzgar la labor del propio legislador, la función social del archivo, consistente en permitir la consulta e investigación de sus fondos, va a mantenerse al conservarse copia digitalizada, con el carácter de auténtica, de todos los documentos que se restituyan. La primera cuestión que se nos plantea es sí la decisión del legislador de restituir los efectos y documentos en su día incautados con fines represivos y que forman hoy parte de un archivo estatal es una expoliación prohibida por la Constitución. Y la respuesta a tal cuestión debe ser negativa, pues no nos encontramos ante un supuesto de «privación arbitraria o irracional del cumplimiento normal de aquello que constituye el propio fin del bien según su naturaleza, en cuanto portador de valores de interés general necesitados, estos valores también, de ser preservados», que es como definimos la expoliación en la STC 17/1991, de 31 de enero, FJ 7. En efecto, la adopción, por parte del legislador democráticamente elegido, de la decisión de contribuir a dar satisfacción a instituciones o ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la guerra civil no puede constituir, en ningún caso, una decisión arbitraria o irracional. La protección del interés de los propietarios originarios o de sus sucesores de recuperar lo que en su día les fue incautado, que se promueve con la restitución legalmente prevista, constituye un interés constitucionalmente legítimo, y, por tanto, se puede considerar por el legislador que resulta preeminente, en su caso, frente a otros intereses concurrentes de acuerdo con el margen de apreciación que le corresponde. Se debe, por lo tanto, descartar que nos encontremos ante una privación arbitraria o irracional de la finalidad que cumple el archivo, pero no sólo por no poderse hablar de arbitrariedad o irracionalidad de la decisión de restitución, sino, además, por no haberse acreditado por la recurrente que se produzca una privación de la finalidad que aquél cumple. Es la propia recurrente la que en su escrito de demanda acepta la legitimidad de la devolución de la documentación generada por la Generalitat entre 1932 y 1939, poniendo en cuestión, sin embargo, la devolución del resto de documentos a las demás personas físicas o jurídicas. Parece considerar que es la cantidad de documentos devueltos lo que constituye una expoliación al privar al archivo del destino y utilidad que le corresponde. Sin embargo, la recurrente no acredita, como le correspondería, que deje de cumplirse la función social del archivo con la devolución de los originales y la conservación de una copia de los mismos. Debemos, por tanto, rechazar que la restitución de los documentos y efectos incautados no respete, en sí misma, la función social fundamental que cumple el Archivo General de la Guerra Civil, pues no ha quedado acreditado que tal función, en el caso de un archivo tan peculiar como éste, que integra entre sus fondos aquella documentación incautada a personas naturales y jurídicas con una finalidad represiva, –y que no es otra que la función enunciada en el artículo 2 del Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo, de creación del Archivo General de la Guerra Civil Española, cuando afirmaba que «el Archivo General de la Guerra Civil Española tendrá como fines y funciones las de reunir, conservar y disponer sus fondos documentales para investigación, cultura e información»– no se garantice suficientemente a través de la posibilidad de consultar el contenido material de la documentación. Esta posibilidad se salvaguarda con la obligación de que se realicen copias digitalizadas de los documentos restituidos prevista, para el caso de la documentación que debe ser restituida a través de la Generalitat, en el artículo 3.2 de la Ley 21/2005 aquí impugnada. En efecto, en el caso de un archivo sobre la guerra civil, que reúne entre sus fondos documentos incautados a personas naturales y jurídicas, es el contenido de tales documentos lo trascendental y no el soporte del documento mismo, con lo que la finalidad y función fundamental del archivo –la de reunir, conservar y disponer sus fondos documentales para investigación, cultura e información– parece salvaguardarse, salvo prueba en contrario, tanto con la conservación del contenido documental mediante la realización de copias como con el establecimiento de obligaciones de protección y accesibilidad que se establecen para los documentos que se restituyan a sus propietarios originarios. A tal preservación de la función fundamental del archivo se refiere la exposición de motivos de la norma aquí impugnada cuando afirma la necesidad de salvaguardar, al mismo tiempo que se restituyen los documentos, la integridad funcional del archivo y de los documentos y fondos documentales en él custodiados, en razón de su interés histórico y cultural. Esta integridad funcional no significa necesariamente el mantenimiento de los documentos originales en el archivo, pues, en este concreto caso, el legislador, en uso del margen de apreciación que constitucionalmente le corresponde, ha considerado que el mantenimiento de los documentos originales debe decaer frente al legítimo interés en reparar algunas de las consecuencias del conflicto civil. La función del archivo –la de reunir, conservar y disponer sus fondos documentales para investigación, cultura e información– queda igualmente salvaguardada –además de por la obligación de que se realicen copias digitalizadas de los documentos restituidos prevista en la propia la Ley 21/2005– por el régimen de protección y accesibilidad que se establece para los documentos que se restituyan a sus propietarios originarios en las normas del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre patrimonio histórico. Este régimen está integrado básicamente por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español; pero también por las normas autonómicas de protección del patrimonio histórico y, más concretamente, puesto que la restitución se produce ope legis en el caso de Cataluña, por la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, y por la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos. Asimismo, el régimen de protección de los documentos restituidos será el previsto por aquellas disposiciones posteriores a la Ley 21/2005 que regulan el propio procedimiento de restitución a sus propietarios originarios o sus descendientes. Entre estas disposiciones está el Decreto 183/2008, de 9 de septiembre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña por el que se establece el procedimiento para la restitución a las personas físicas o jurídicas de carácter privado de los documentos incautados con motivo de la guerra civil –Decreto que no es sino la plasmación de la remisión realizada por el artículo 5.2 de la Ley 21/2005–, y cuyo artículo 13.2 establece que «así mismo, en caso de estimación de solicitudes de restitución de patrimonio documental, en la resolución deben figurar las obligaciones que corresponden a las personas receptoras como titulares de bienes integrantes del patrimonio cultural catalán, de acuerdo con la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, y la Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos». Estas normas establecen un detallado régimen de protección aplicable a todos los bienes integrantes del patrimonio cultural catalán –entre los que están, como afirma el artículo 13.2 del Decreto 183/2008, de 9 de septiembre del Gobierno de la Generalitat de Cataluña los documentos restituidos provenientes del Archivo General de la Guerra Civil– y que establecen, por ejemplo, en el artículo 13 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, las responsabilidades y obligaciones de los titulares de documentos privados integrantes del patrimonio documental entre las que destacan la de «conservarlos íntegramente y no desmembrar los fondos sin autorización previa del Departamento de Cultura» o la de «permitir el acceso a los mismos a las personas que acrediten documentalmente la condición de investigadoras». De esta manera tanto la obligación de conservación del contenido documental mediante la realización de copias como las obligaciones de protección y accesibilidad a los documentos restituidos previstas en las normas del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre patrimonio histórico y documental parecen salvaguardar la función de reunir, conservar y disponer los fondos documentales para investigación, cultura e información. Reconocida la legitimidad de la decisión del legislador de tratar de reparar algunas de las consecuencias de la guerra civil mediante la restitución de los documentos en su día incautados y comprobado que no ha quedado acreditado por la parte recurrente que la restitución de la documentación pueda poner en cuestión la función social fundamental del Archivo General de la Guerra Civil Española, debemos afirmar que no nos encontramos ante un supuesto de expoliación y debemos señalar que no le corresponde a este Tribunal decidir acerca de la oportunidad del mantenimiento de los documentos originales en el archivo frente a la restitución de los fondos documentales incautados a sus propietarios originales. Tal decisión le corresponde adoptarla al legislador sin que se pueda considerar que la adopción de una decisión en un sentido u otro suponga una contravención de la Constitución. Corresponde al legislador ponderar los intereses en conflicto, pudiendo, como en este caso, privilegiar la reparación de las consecuencias de la guerra civil y la protección del interés de los propietarios originarios o de sus sucesores de recuperar lo que en su día les fue incautado, frente a una defensa a ultranza de la permanencia de los documentos originales en este concreto archivo. No resulta ocioso reiterar que toda opción legislativa, por discutible que para algunos pueda ser, resulta admisible desde el punto de vista constitucional siempre que respete las reglas que la Constitución establece. De acuerdo con nuestra doctrina «en tales condiciones no corresponde a este Tribunal ‘fiscalizar la oportunidad de esa concreta opción del legislador, plasmación de una legítima opción política’ (por todas, STC 162/2009, de 29 de junio, FJ 4), tanto más cuando el reparo que se le opone no deja de ser otra cosa que una objeción de oportunidad, sin relevancia, por tanto, desde el punto de vista constitucional» (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 12). Una vez rechazado que los artículos 1 y 2.2, así como la disposición adicional primera de la Ley 21/2005 supongan una expoliación se debe, igualmente, rechazar la petición de que se declare inconstitucional por conexión o consecuencia la disposición adicional segunda por la que se prevé la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, pues dicha petición tenía como presupuesto que estuviésemos ante un supuesto de expoliación. 4. De acuerdo con la segunda parte del artículo 149.1.28 CE, el Estado tiene competencia exclusiva sobre los «museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas». Para el representante de la Junta de Castilla y León, los preceptos impugnados alteran la imagen que hace reconocible al Archivo General de la Guerra Civil Española, como institución que conserva y custodia «todo el acervo documental concerniente a la represión política», y por ello serían contrarios al artículo 149.1.28 CE, que garantiza la integridad del archivo y su permanencia como tal en manos del Estado. Para el Abogado del Estado, el artículo 149.1.28 CE se limitaría a designar al ente competente para incidir sobre una materia, los archivos de titularidad estatal, sin predeterminar un contenido concreto de la actuación y sin pretender un contenido inalterable de aquellos como pretende la demanda. La segunda cuestión que se nos plantea es, por tanto, si la decisión del legislador estatal de restituir los efectos y documentos en su día incautados y que forma hoy parte de un concreto archivo estatal, el Archivo General de la Guerra Civil Española, altera la imagen que hace reconocible a tal archivo en concreto, imagen que se encontraría garantizada en el artículo 149.1.28 CE. De nuevo nuestra respuesta es negativa, pues no es posible deducir del artículo 149.1.28 CE la existencia de una garantía de la integridad del Archivo General de la Guerra Civil como pretende la recurrente, pues nos encontramos ante un precepto atributivo de competencias en el que no es posible reconocer una garantía institucional tal y como ha sido definida por nuestra doctrina. En efecto, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, «el orden jurídico-político establecido por la Constitución asegura la existencia de determinadas instituciones, a las que se considera como componentes esenciales y cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales, estableciendo en ellas un núcleo o reducto indispensable por el legislador. Las instituciones garantizadas son elementos arquitecturales indispensables del orden constitucional y las normaciones que las protegen son, sin duda, normaciones organizativas, pero a diferencia de lo que sucede con las instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, en éstas la configuración institucional concreta se defiere al legislador ordinario, al que no se fija más límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza. Por definición, en consecuencia, la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple nombre. Tales son los límites para su determinación por las normas que la regulan y por la aplicación que se haga de éstas. En definitiva, la única interdicción claramente discernible es la de la ruptura clara y neta con esa imagen comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que en cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace» (por todas, STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 3). No es admisible tratar de extender la doctrina de este Tribunal sobre la garantía institucional al ámbito de los archivos de titularidad estatal. En efecto, no es posible considerar que el contenido de todos y cada uno de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal se encuentre garantizado constitucionalmente por tratarse, cada uno de ellos, de una de esas instituciones esenciales dentro del orden constitucional cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales. Por las razones expuestas, no cabe considerar que la ley impugnada vulnere en este punto la Constitución. 5. La recurrente impugna, en tercer lugar, los artículos 2.2, 3 y 5.2 de la Ley 21/2005 por vulnerar la distribución competencial establecida en el artículo 149.1.28 CE. Para el representante de la Junta de Castilla y León, si el Estado quiere restituir los documentos a sus primitivos propietarios debe ser él el que lo haga y quien regule el procedimiento para llevarlo a cabo, pues es una competencia que la Constitución atribuye al Estado en su artículo 149.1.28 y tiene que ser ejercida por quién la tenga atribuida como propia. Para el Abogado del Estado, el Estado tiene reconocida la capacidad de transferir fondos documentales a una Comunidad Autónoma, fondos que una vez transferidos pueden ser gestionados por ésta. Tratándose de una impugnación de carácter competencial, hemos de examinar, en primer lugar, la distribución de competencias en materia de archivos que se deriva de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Debemos señalar que en este momento se encuentra vigente la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a cuyas prescripciones, y no a las estatutarias vigentes en el momento de formalizarse el recurso, habremos de atenernos de acuerdo con nuestra doctrina según la cual el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia (STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2, y doctrina allí citada). Así, al Estado le corresponde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.28 CE, la competencia exclusiva en materia de «museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas». A la Generalitat le corresponde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127.2 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, la competencia ejecutiva sobre los archivos, las bibliotecas, los museos y los centros de depósito cultural de titularidad estatal situados en Cataluña, cuya gestión no se reserve expresamente el Estado. Admitida la capacidad del Estado para decidir tanto la restitución de la documentación del archivo institucional de los órganos de gobierno, de la Administración y de las entidades dependientes de la Generalitat, como la restitución de los documentos incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas a sus propietarios originarios o a sus sucesores, corresponde a aquél determinar la forma en que esta última restitución se debe producir. En el presente supuesto, el Estado ha decidido solicitar la colaboración de la Comunidad Autónoma y encomendar la gestión de la restitución de aquellos documentos incautados en Cataluña, y hasta ahora depositados en el Archivo General de la Guerra Civil Española, a la Generalitat, que es también Estado, siendo ello perfectamente conforme con la distribución de competencias constitucionalmente establecida que reconoce a Cataluña la competencia ejecutiva sobre los archivos de titularidad estatal situados en Cataluña cuya gestión no se reserve expresamente el Estado. La transferencia de la documentación a restituir a la Generalitat no es sino la consecuencia lógica de la atribución de la gestión de la restitución a aquella. Por todo ello debemos, en este punto, desestimar la impugnación realizada. 6. Se impugnan, asimismo, los artículos 1 y 2.2, así como los artículos 3.1 y 5 de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, por vulnerar el artículo 9.3 CE en lo que se refiere a la interdicción de la arbitrariedad. El artículo 1, ya reproducido, se propone la restitución de los documentos incautados en Cataluña por la delegación del Estado para la recuperación de documentos, el artículo 2.2, asimismo ya transcrito, hace efectivo este propósito al transferir a la Generalitat los documentos, fondos documentales y otros efectos incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña por la delegación del Estado para la recuperación de documentos, lo que ratifica a continuación el artículo 3 de la Ley, igualmente impugnado, al afirmar: «1. El Estado dispondrá las medidas necesarias para la efectiva puesta a disposición de la Generalidad de Cataluña de todos los documentos y efectos que deben ser restituidos, subrogándose ésta en todos los derechos y obligaciones de aquél. 2. En todo caso, en el Archivo General de la Guerra Civil Española se depositará una copia o duplicado de todos los documentos restituidos cuyo coste económico será asumido por la Generalidad de Cataluña. Dicha copia o duplicado tendrá la consideración de copia auténtica en los términos previstos en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. 3. Identificados los documentos, fondos documentales y otros efectos, el Estado los entregará a la Generalidad de Cataluña en el plazo de tres meses. La entrega de los mismos deberá formalizarse mediante la correspondiente acta de entrega y recepción, suscrita por los representantes de ambas Administraciones, la cual determinará la efectividad de la misma.» En virtud del artículo 5, que, asimismo, se impugna: «1. El derecho a la restitución a los sujetos previstos en el artículo 2.2 deberá ejercitarse en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a la notificación del acto de identificación a quienes puedan resultar sus legítimos titulares. En el supuesto de que no sea posible la práctica de dicha notificación, el plazo se computará desde el día siguiente a la publicación del acto de identificación. Transcurrido dicho plazo, caducará el derecho a la restitución de los documentos, fondos documentales y otros efectos. 2. Las peticiones y solicitudes que se formulen se tramitarán y resolverán por el procedimiento que establezca la Generalidad de Cataluña en ejercicio de sus competencias, y contra los actos y resoluciones que se dicten en dicho procedimiento los particulares podrán interponer los recursos que correspondan. 3. Sólo podrá declararse la procedencia de la restitución de los documentos, fondos documentales y otros efectos si en el procedimiento referido en los apartados anteriores se cumplen los siguientes requisitos: a) La identificación precisa de los documentos, fondos documentales y otros efectos cuya restitución se solicita. b) La acreditación documental, o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, de su titularidad dominical en el momento de la incautación. c) La acreditación documental, o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, de la condición de sucesor legítimo en el caso de muerte o declaración de fallecimiento de los titulares que sean personas naturales, o de extinción en el caso de personas jurídicas.» Para la recurrente tales preceptos suponen una transferencia de la titularidad de unos documentos, aquellos que pertenecieron a personas privadas, carente de causa, injustificada y puramente arbitraria, pues se rechaza que la finalidad de devolvérselos a sus legítimos propietarios puede justificar tal transferencia a la Generalitat y se alega que el efecto combinado de los artículos 2.2 y 5 otorga a la Generalitat la propiedad de todos los documentos que no puedan, por cualquier motivo, finalmente restituirse a sus propietarios originarios. Asimismo, en opinión del recurrente la transferencia a la Generalitat no tiene ninguna justificación posible, pues el mero hecho de que la incautación se produjera en territorio catalán no hace de mejor condición a la Generalitat que a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que pudieran invocar títulos semejantes como sería el caso de los Ayuntamientos. Para el Abogado del Estado, el control de constitucionalidad de las leyes tomando como parámetro la interdicción de la arbitrariedad debe ejercerse, sin embargo, de forma que no imponga constricciones indebidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas. A la hora de abordar el examen de la cuestión planteada, la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad, debemos diferenciar entre dos alegaciones. La alegación que pone en cuestión la constitucionalidad de que se otorgue a la Generalitat la propiedad de todos los documentos transferidos, que, según señala la recurrente, quedarían en manos de aquella si no son finalmente restituidos, y la alegación que pone en cuestión la constitucionalidad misma de que tenga que ser la Generalitat la que restituya los documentos a sus propietarios originarios. 7. En lo que se refiere a la alegación que pone en cuestión la constitucionalidad de que se otorgue a la Generalitat la propiedad definitiva de todos los documentos y efectos privados transferidos que no puedan ser restituidos, la impugnación realizada debe ser desestimada, pues debemos rechazar que tal sea la consecuencia necesaria que se deriva de la lectura de la Ley 21/2005. En efecto, no es posible acoger la interpretación que de la Ley realiza la recurrente, pues la transferencia de documentación a la Generalitat se produce con una finalidad muy concreta: su restitución a los propietarios originarios o a sus sucesores. Así se desprende, en primer lugar, de la exposición de motivos de la Ley 21/2005 que tras afirmar que «procede, pues, en este momento, aprobar una norma con rango de ley que permita el restablecimiento de las situaciones jurídicas ilegítimamente extinguidas en lo que respecta a la Generalidad de Cataluña y a las personas naturales y jurídicas de carácter privado, salvaguardando al mismo tiempo, en razón de su interés histórico y cultural, la integridad funcional del Archivo y de los documentos y fondos documentales en él custodiados», asevera que «esta Ley tiene, pues, por objeto, con carácter general, la restitución de los documentos y fondos documentales incautados con motivo de la Guerra Civil y custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española. En el artículo 2 se distingue entre la restitución a la Generalidad de Cataluña, que se produce ope legis, y la restitución a las personas naturales y jurídicas privadas, que requiere la instrucción de un procedimiento previo destinado a acreditar, por parte de los interesados, la existencia de un interés legítimo en la devolución de los documentos.» Así se desprende sobre todo, y en segundo lugar, del artículo 2.2 de la Ley impugnada cuando establece que «asimismo, a los efectos de lo establecido en el artículo 5, el Estado transferirá a la Generalidad de Cataluña los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña». Efectos que no son otros, según ese artículo 5 al que se remite el artículo 2.2, que los que se refieren al derecho a la restitución. El Estado, por tanto, en virtud de la Ley impugnada no transfiere la titularidad del Archivo General de la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña, sino que le transfiere una serie de fondos documentales que hasta ahora se encontraban depositados en el Archivo General de la Guerra Civil, y lo hace a los solos efectos de que se cumpla lo establecido en el artículo 5 de la Ley, es decir, a los efectos de su restitución a los propietarios originarios o sus sucesores. La subrogación de la Comunidad Autónoma en los derechos y obligaciones del Estado se produce, por tanto, a los efectos de la restitución de la documentación transferida a sus propietarios originarios. No es, por tanto, posible acoger la interpretación de la Ley que realiza la recurrente y que supone otorgar a la Generalitat la propiedad de todos los documentos y efectos privados que no hubiesen podido restituirse. Si la transferencia de los documentos se produce a los efectos de ser restituidos, y esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal. La Ley no prevé, por tanto, la transferencia incondicionada de fondos documentales a la Generalitat sino que aquella se realiza con un objetivo determinado, su restitución. La Ley tampoco prevé, pudiendo haberlo hecho por ser conforme con la Constitución, que la gestión de los fondos del Archivo General de la Guerra Civil transferidos a la Generalitat y que no puedan ser restituidos a sus propietarios originarios o a sus sucesores, sea realizada por la Comunidad Autónoma. Por tanto, puesto que los efectos de la Ley impugnada no son los denunciados por la recurrente, la impugnación en este punto debe ser desestimada. 8. En lo que se refiere a la alegación que pone en cuestión la constitucionalidad de que tenga que ser la Generalitat y no otras personas jurídicas, públicas o privadas, la que restituya los documentos a sus propietarios originarios debemos comenzar recordando la doctrina de este Tribunal sobre la aplicación del artículo 9.3 CE como canon de control del legislador. De acuerdo con nuestra doctrina «la calificación de ‘‘arbitraria’’ dada a una ley a los efectos del artículo 9.3 de la Constitución exige una cierta prudencia. La ley es la ‘‘expresión de la voluntad popular’’, como dice el preámbulo de la Constitución, y es principio básico del sistema democrático. Ahora bien, en un régimen constitucional, también el poder legislativo está sujeto a la Constitución, y es misión de este Tribunal velar porque se mantenga esa sujeción, que no es más que otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como poder constituyente. Ese control de la constitucionalidad de las leyes debe ejercerse, sin embargo, de forma que no imponga constricciones indebidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas. El cuidado que este Tribunal ha de tener para mantenerse dentro de los límites de ese control ha de extremarse cuando se trata de aplicar preceptos generales e indeterminados, como es el de la interdicción de la arbitrariedad, según han advertido ya algunas de nuestras Sentencias. Así, al examinar un precepto legal impugnado, desde ese punto de vista, el análisis se ha de centrar en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aun no estableciéndola, carece de toda justificación, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias» (por todas, STC 196/2011, de 13 de diciembre, FJ 13). También hemos afirmado que, no obstante lo anterior, «es preciso tener en cuenta que si el poder legislativo opta por una configuración legal de una determinada materia o sector del Ordenamiento no es suficiente la mera discrepancia política para tachar a la norma de arbitraria, confundiendo lo que es arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incoherencia creadores de desigualdad o distorsión en los efectos legales [SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 4 a); 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 5; 239/1992, de 17 de diciembre, FJ 5; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 12, y 73/2000, de 14 de marzo, FJ 4]» (STC 45/2007, de 1 de marzo, FJ 4). En el caso de la norma impugnada, la transferencia a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados en su territorio durante la guerra civil para que sea ésta la encargada de devolvérselos a sus legítimos propietarios no puede ser tachada de irrazonable ni carente de toda justificación. Para tratar de demostrar la arbitrariedad de la transferencia de los fondos documentales a la Generalitat que prevé la Ley 21/2005, la recurrente se pregunta por qué la misma no se realiza a los ayuntamientos o a otras personas jurídicas según donde se hubiera realizado la incautación, debiéndose señalar, sin embargo, que no es en absoluto más razonable que el Estado tenga que entenderse con casi un millar de municipios catalanes, y menos aún con las distintas personas jurídicas, como sugiere la recurrente, en lugar de con la Generalitat. La Generalitat tiene competencias en materia de cultura, patrimonio histórico y archivos. No es, por tanto, posible afirmar que la vía establecida por la Ley para proceder a la restitución de los documentos sea irrazonable, por lo que es aquí donde se agota el enjuiciamiento de su posible arbitrariedad, que la norma supera cumplidamente. En consecuencia, «no puede tacharse de arbitraria una norma que persigue una finalidad razonable y que no se muestra desprovista de todo fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución adoptada, pues ‘‘entrar en un enjuiciamiento de cuál sería su medida justa supone discutir una opción tomada por el legislador que, aun cuando pueda ser discutible, no resulta arbitraria ni irracional’’ (por todas, STC 149/2006, de 11 de mayo, FJ 6; y, en un sentido parecido, STC 128/2009, de 1 de junio, FJ 3), tanto más cuando el reparo que se le opone no deja de ser otra cosa que una objeción de oportunidad, sin relevancia, por tanto, desde el punto de vista constitucional». (STC 102/2012, de 8 de mayo, FJ 4). En aplicación de las razones señaladas se debe desestimar la impugnación basada en la vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad recogido en el artículo 9.3 CE. 9. Se impugnan igualmente los artículos 2.2 y 5.2 y la disposición adicional primera, ya reproducidos, de la Ley 21/2005, por vulneración del artículo 46 CE, que establece que «los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad», pues ninguno de los preceptos de la Ley 21/2005, establece medidas de protección para aquellos documentos que salgan del Archivo General de la Guerra Civil, para ser restituidos. Se afirma, por la recurrente, que los documentos restituidos quedan en situación de absoluta desprotección. Esta impugnación tampoco puede ser acogida puesto que, como recuerda el Abogado del Estado, el régimen de protección de los documentos restituidos será el régimen propio establecido en las normas del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre patrimonio histórico. Este régimen está integrado básicamente, como ya hemos tenido ocasión de afirmar en el fundamento jurídico 3, por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español; y también por las normas autonómicas de protección del patrimonio histórico y, más concretamente, puesto que la restitución se produce ope legis en el caso de Cataluña, por la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán. Asimismo, el régimen de protección de los documentos restituidos será el previsto, como igualmente hemos sostenido, por aquellas disposiciones posteriores a la Ley 21/2005 que regulan el propio procedimiento de restitución a sus propietarios originarios o sus descendientes. Entre estas disposiciones está el Decreto 183/2008, de 9 de septiembre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña por el que se establece el procedimiento para la restitución a las personas físicas o jurídicas de carácter privado de los documentos incautados con motivo de la guerra civil –Decreto que no es sino la plasmación de la remisión realizada por el artículo 5.2 de la Ley 21/2005–, y cuyo artículo 13.2 establece que «así mismo, en caso de estimación de solicitudes de restitución de patrimonio documental, en la resolución deben figurar las obligaciones que corresponden a las personas receptoras como titulares de bienes integrantes del patrimonio cultural catalán, de acuerdo con la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, y la Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos». Normas que establecen un detallado régimen de protección aplicable a todos los bienes integrantes del patrimonio cultural catalán. Igualmente hemos recordado en el fundamento jurídico 3 de la presente Sentencia, que entre las disposiciones posteriores a la Ley 21/2005, encontramos el Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, del Gobierno, que regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la guerra civil por remisión de la disposición adicional primera de la Ley 21/2005 y que establece que «la entrega de los documentos, fondos documentales y otros efectos implica la asunción por parte de sus titulares de las obligaciones de custodia, conservación, inspección, puesta a disposición con fines de investigación y, en su caso, entrega temporal para exposiciones, en los términos previstos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o, en su caso, en la normativa autonómica sobre patrimonio histórico-artístico». Es, por tanto, indudable que los intereses públicos se encuentran suficientemente protegidos por los poderes públicos como garantía del derecho que a la conservación y disfrute de los documentos restituidos ostenta la comunidad en tanto que se trata de bienes portadores de valores significativos que los hacen merecedores de un especial reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico. El artículo 46 CE no establece la exigencia de que tenga que ser en la ley que determina la restitución de la documentación en su día incautada la que tenga que prever el régimen de protección de los documentos restituidos. Por las razones expuestas debemos desestimar la impugnación realizada. 10. Se impugnan, asimismo, los artículos 1, 2.2, 3, apartados 1 y 3, 4.1 y 5, ya reproducidos, de la Ley 21/2005, por implicar, se afirma sin cita de precepto constitucional alguno, una discriminación a favor de Cataluña, a la que se transfieren ope legis los documentos incautados en su territorio, y en contra de las demás Comunidades Autónomas. En opinión del Abogado del Estado, la ley impugnada permite la restitución de documentos a las personas a las que se les incautaron los documentos en otras Comunidades Autónomas, será la norma del Gobierno a la que se remite la disposición adicional primera la que no podrá establecer diferencias. La Ley 21/2005 tiene por objeto la restitución de los documentos incautados en Cataluña durante la guerra civil y establece la transferencia de tales documentos a la Generalitat. No obstante, la misma establece la posibilidad de restitución de la documentación incautada a las personas físicas o jurídicas en el resto del territorio nacional. La ley impugnada establece, así, un régimen diferenciado para la gestión de la devolución de los documentos, pues mientras que en el caso de los documentos incautados en Cataluña la propia ley prevé su transferencia a la Generalitat para su restitución, en el resto de casos, el procedimiento de restitución se remite a la norma que dicte el Gobierno. La disposición adicional primera de la Ley 21/2005 abre la posibilidad de que la restitución pueda llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que lo soliciten, de acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establezca. La Ley establece así una diferencia en cuanto al procedimiento de restitución, si bien ello no supone una diferencia en cuanto al resultado, la restitución de la documentación a sus propietarios originarios. La cuestión que se nos plantea es si es discriminatorio este diferente procedimiento de restitución, discriminatorio respecto a las diferentes Comunidades Autónomas, que no respecto a las personas físicas o jurídicas, cuyo derecho a la restitución no podría en ningún caso quedar imposibilitado por el establecimiento de un régimen jurídico diferenciado. En relación con la cuestión planteada hemos afirmado en una doctrina constante, a la que expresamente ha hecho alusión el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones, que los entes públicos «no pueden ser considerados como titulares del derecho fundamental a la no discriminación amparado por el artículo 14 CE, que se refiere a los españoles y no es de aplicación a las personas jurídico-públicas en cuanto tales (STC 211/1996, de 17 de diciembre, FJ 4, y las resoluciones allí citadas)» [STC 139/2005, de 26 de mayo, FJ 6]. Igualmente hemos afirmado que los artículos 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1 CE «consagran la igualdad de los individuos y los grupos sociales, pero no la de las Comunidades Autónomas. En realidad, éstas son iguales en cuanto a su subordinación al orden constitucional; en cuanto a los principios de su representación en el Senado (art. 69.5); en cuanto a su legitimación ante el Tribunal Constitucional (art. 162.1); o en cuanto que las diferencias entre los distintos Estatutos no podrán implicar privilegios económicos o sociales (art. 138); pero, en cambio, pueden ser desiguales en lo que respecta al procedimiento de acceso a la autonomía y a la determinación concreta del contenido autonómico, es decir, de su Estatuto y, por tanto, en cuanto a su complejo competencial» (STC 76/1983, de 3 de agosto, FJ 2). Así lo hemos reiterado en relación con las competencias al afirmar que «el principio constitucional de igualdad no impone que todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias, ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes» (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 10). La diversidad competencial puede ser consecuencia de diferencias estatutarias o incluso de diferencias legales, por ejemplo, las que se derivan de la adopción, en el caso de algunas Comunidades Autónomas, de las leyes de transferencia del artículo 150.2 CE. Sin embargo, estas diferencias no suponen que el legislador estatutario o estatal incurra en discriminación. No obstante lo anterior, este Tribunal ha considerado que «el trato desigual manifiestamente injustificado entraña una arbitrariedad aunque no encaje exactamente en la previsión del artículo 14 de la Norma Suprema que… remite la cuestión a la esfera de la interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 CE» (STC 45/2007, de 1 de marzo, FJ 3). Acotado en estos términos nuestro enjuiciamiento de los preceptos legales impugnados debemos remitirnos a nuestra doctrina sobre el control del legislador mediante el canon de la interdicción de la arbitrariedad establecido en el artículo 9.3 CE. Doctrina que hemos transcrito en el fundamento jurídico 4 de esta misma Sentencia, al que ahora nos remitimos, recordando, no obstante, que al examinar un precepto legal impugnado desde este punto de vista, el análisis se ha de centrar en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente realizar un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias (SSTC 239/1992, de 17 de diciembre, FJ 5, y 47/2005, de 3 de marzo, FJ 7, entre otras muchas). Así, de acuerdo con nuestra doctrina, «lo que la Constitución proscribe son las diferencias que carezcan de justificación objetiva y razonable, conllevando beneficios que otras Comunidades Autónomas, en las mismas circunstancias, no podrían obtener» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 131). La exposición de motivos de la Ley 21/2005 se refiere para fundamentar la adopción de la misma a la proposición no de ley del Congreso de los Diputados aprobada el 18 de mayo de 2004 por la que se instaba al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en el Archivo General de la Guerra Civil Española. Es cierto que, tal y como señala la recurrente, en aquella proposición también se hacía una referencia a otras instituciones cuando se mencionaba que dicho acuerdo deberá conciliar «las legítimas aspiraciones de diversas instituciones catalanas y de otras instituciones, entre ellas, el Parlamento de Catalunya y las Cortes Valencianas, con la unidad del actual Archivo General». Sin embargo, la diferencia que realiza la Ley 21/2005, en lo que se refiere a la gestión de la devolución de los documentos en su día incautados no es una opción del legislador que carezca de toda justificación razonable. En efecto, el especial régimen de devolución de documentos previsto para Cataluña se puede justificar en la existencia de una reivindicación sostenida a lo largo del tiempo por parte de sus instituciones, así como por el reconocimiento de un régimen de autonomía para Cataluña en el momento mismo de la incautación de los documentos, autonomía que suponía la atribución a la Generalidad de competencias en materia de archivos (art. 7 del Estatuto de Autonomía de 1932). La Generalidad fue restablecida por Real Decreto-ley 41/1977, y tiene ahora, como tenía en el momento de la incautación, competencias en materia de archivos, por lo que es aquí donde se agota el enjuiciamiento de su posible arbitrariedad. En consecuencia, no puede tacharse de arbitraria una norma que persigue una finalidad razonable y que no se muestra desprovista de todo fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución adoptada, pues «entrar en un enjuiciamiento de cuál sería su medida justa supone discutir una opción tomada por el legislador que, aun cuando pueda ser discutible, no resulta arbitraria ni irracional» (por todas, STC 149/2006, de 11 de mayo, FJ 6, y, en un sentido parecido, STC 128/2009, de 1 de junio, FJ 3). Todo lo expuesto nos lleva a concluir que no puede calificarse de arbitraria la transferencia de la documentación ope legis a Cataluña frente al establecimiento de un procedimiento distinto para el caso del resto de Comunidades Autónomas. Procede, por tanto, la desestimación del recurso. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León contra determinados preceptos de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

en el RECURSO 9007/2005 la DESESTIMACIÓN del mismo en relación con la Ley 21/2005, de 17 de noviembre El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Ramón Rodríguez Arribas, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 9007-2005 interpuesto por la Junta de Castilla y León contra los artículos 1, 2.2 y 3, apartados 1 y 3, 4.1, 5.2 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 12 de diciembre de 2005, por el representante legal de la Junta de Castilla y León, se interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2.2, 3.1 y 3, 4.1, 5.2 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. La fundamentación que sustenta la impugnación se resume a continuación. a) La representación procesal de la Junta de Castilla y León comienza su escrito examinando los antecedentes históricos del denominado Archivo General de la Guerra Civil Española algunos de cuyos hitos más relevantes son los siguientes: En plena guerra civil (1937) se crearon la oficina de investigación y propaganda anticomunista y la delegación nacional de asuntos especiales, precedentes de lo que poco después (1938) sería la delegación del Estado para la recuperación de documentos con sede en Salamanca que tenía como objetivo «recuperar, clasificar y custodiar» la documentación procedente de entidades y personas para «facilitar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos». La delegación del Estado para la recuperación de documentos, fusionada con otros organismos, daría lugar en 1944 a la delegación nacional de servicios documentales de la Presidencia del Gobierno hasta que por Decreto 276/1977 fue suprimida, pasando su archivo y personal al Ministerio de Cultura. De acuerdo con el escrito de la representación de la Junta de Castilla y León en ese momento se agotó la etapa de acopio, elaboración y utilización para los fines de la represión política de una documentación que, a partir de este momento, empezó, se afirma, una nueva vida como corpus cultural e histórico, como soporte de la memoria colectiva. En 1979, la documentación, la incautada y la elaborada por los organismos represores a partir de la incautada, pasó a formar parte de la sección guerra civil del Archivo Histórico Nacional con sede en Salamanca, beneficiándose de la protección que el ordenamiento jurídico dispensa a éste y a los demás archivos estatales. En 1986 se procedió a la microfilmación de una serie de documentos, entre los que estaban muchos procedentes de la antigua Generalidad, que se conservaban en la sección guerra civil del Archivo Histórico Nacional. El material microfilmado fue entregado al Archivo General de Cataluña. En 1999 se crea el Archivo General de la Guerra Civil Española por Real Decreto 426/1999, cuyo núcleo documental fue el acervo de la sección guerra civil del Archivo Histórico Nacional. Para tratar de dar ejecución a una propuesta formulada unos años antes, en noviembre de 1996, por la Junta Superior de Archivos y cumplir con la voluntad expresada por el Congreso de los Diputados en mayo de 1996 se constituyó en el año 2000 una comisión de expertos cuyo cometido era realizar una propuesta acerca de la documentación del recién creado Archivo General de la Guerra Civil Española que podría depositarse en Cataluña. Los expertos no consiguieron ponerse de acuerdo y el patronato del archivo no adoptó ninguna iniciativa relativa a la posible salida de documentos del archivo. Tras el cambio de mayoría parlamentaria en 2004 se aprobó en el Congreso una nueva proposición no de ley instando al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalidad «que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en el Archivo General de la Guerra Civil». Finalmente se aprobó por las Cortes Generales la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica que aquí se impugna. b) Se impugnan, en primer lugar, los artículos 1 y 2.2, así como la disposición adicional primera de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, por infringir lo dispuesto en el artículo 149.1.28 CE. Señala el escrito de la representación de la Junta de Castilla y León que el artículo 149.1.28 CE atribuye al Estado la competencia en materia de «defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación» y también, sobre todo, lo concerniente a los «museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas». Para el escrito de la representación de la Junta de Castilla y León ambas rúbricas del artículo 149.1.28 CE habrían sido infringidas por la ley recurrida. De acuerdo con el escrito del representante legal de la Junta de Castilla y León, e ### RESUMEN: El TC rechaza el recurso de Castilla y León contra la devolución de los papeles de Salamanca a Catalunya

Las empresas de tratamiento de purines consiguen modificar un poquillo, vía Supremo, el decreto de renovables

En el recurso de casación n.º 140/2015 interpuesto por Swissport Handling Madrid UTE y Swissport Handling Lanzarote UTE, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, ha dictado sentencia, en fecha 18 de mayo de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido: 1.º Estimar parcialmente el recurso de casación interpuesto por Swissport Handling Madrid UTE y Swissport Handling Lanzarote UTE, representadas y defendidas por el Letrado Sr. Rodríguez Llorente, contra la sentencia 176/2014 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 30 de octubre de 2014, en autos n.º 149/2014, seguidos a instancia de la Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. contra dichas recurrentes, Comités de Empresa de los Centros de Madrid y Lanzarote, Unión General de Trabajadores, Unión Sindical Obrera y el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de convenio colectivo. 2.º Estimar parcialmente el recurso comporta que casemos y anulemos en parte la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, quedando su fallo sustituido por el siguiente: a) Se declara la nulidad de la mención a los artículos 41 y 85 del ET contenida en el artículo 10 del convenio colectivo. b) Se declara la nulidad del inciso «por cualquier causa» del artículo 15.b del convenio colectivo. Se declara válida la exclusión de cómputo de los días de excedencia y permisos retribuidos, salvo cuando la causa del permiso o excedencia tenga relación con el derecho de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar o esté vinculada a otros derechos fundamentales. Se declara válida la exclusión de cómputo de los días de cumplimiento de sanción de suspensión de empleo y sueldo. Se declara igualmente válida la exclusión del cómputo a efectos de progresión de los días de incapacidad temporal que excedan de nueve meses. c) Se declara válida la regulación de las horas complementarias contenida en los incisos impugnados del art. 22 del Convenio colectivo. d) Se desestima la pretensión de que se declare nulo el artículo 29 del convenio colectivo. e) Se desestima la pretensión de que se declaren nulos determinados pasajes el artículo 34 del convenio colectivo. f) Se declara la nulidad de la exclusión del nivel salarial 1 en relación con el número dos del artículo 61 del convenio colectivo en lo relativo al plus de transporte, desestimándola respecto del incremento del salario convenio. Igualmente se declara la nulidad de la exclusión del nivel salarial 1 en relación con el número cuatro del artículo 61 (paga de abril de 2014). g) Se declara la validez del artículo 66 del convenio en lo que es objeto de la impugnación. h) Se declara la nulidad del inciso «relacionado con el trabajo que desarrolla habitualmente en la empresa» del artículo 81 del convenio colectivo. i) La disposición adicional cuarta del convenio colectivo es válida. 3.º No ha lugar a la imposición de costas. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.–D.ª María Milagros Calvo Ibarlucea.–D. José Luis Gilolmo López.–D.ª María Lourdes Arastey Sahún.–D. Antonio V. Sempere Navarro.–D. Ángel Blasco Pellicer.–Rubricados.

En el recurso de casación n.º 140/2015 interpuesto por Swissport Handling Madrid UTE y Swissport Handling Lanzarote UTE, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, ha dictado sentencia, en fecha 18 de mayo de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido: 1.º Estimar parcialmente el recurso de casación interpuesto por Swissport Handling Madrid UTE y Swissport Handling Lanzarote UTE, representadas y defendidas por el Letrado Sr. Rodríguez Llorente, contra la sentencia 176/2014 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 30 de octubre de 2014, en autos n.º 149/2014, seguidos a instancia de la Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. contra dichas recurrentes, Comités de Empresa de los Centros de Madrid y Lanzarote, Unión General de Trabajadores, Unión Sindical Obrera y el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de convenio colectivo. 2.º Estimar parcialmente el recurso comporta que casemos y anulemos en parte la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, quedando su fallo sustituido por el siguiente: a) Se declara la nulidad de la mención a los artículos 41 y 85 del ET contenida en el artículo 10 del convenio colectivo. b) Se declara la nulidad del inciso «por cualquier causa» del artículo 15.b del convenio colectivo. Se declara válida la exclusión de cómputo de los días de excedencia y permisos retribuidos, salvo cuando la causa del permiso o excedencia tenga relación con el derecho de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar o esté vinculada a otros derechos fundamentales. Se declara válida la exclusión de cómputo de los días de cumplimiento de sanción de suspensión de empleo y sueldo. Se declara igualmente válida la exclusión del cómputo a efectos de progresión de los días de incapacidad temporal que excedan de nueve meses. c) Se declara válida la regulación de las horas complementarias contenida en los incisos impugnados del art. 22 del Convenio colectivo. d) Se desestima la pretensión de que se declare nulo el artículo 29 del convenio colectivo. e) Se desestima la pretensión de que se declaren nulos determinados pasajes el artículo 34 del convenio colectivo. f) Se declara la nulidad de la exclusión del nivel salarial 1 en relación con el número dos del artículo 61 del convenio colectivo en lo relativo al plus de transporte, desestimándola respecto del incremento del salario convenio. Igualmente se declara la nulidad de la exclusión del nivel salarial 1 en relación con el número cuatro del artículo 61 (paga de abril de 2014). g) Se declara la validez del artículo 66 del convenio en lo que es objeto de la impugnación. h) Se declara la nulidad del inciso «relacionado con el trabajo que desarrolla habitualmente en la empresa» del artículo 81 del convenio colectivo. i) La disposición adicional cuarta del convenio colectivo es válida. 3.º No ha lugar a la imposición de costas. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.–D.ª María Milagros Calvo Ibarlucea.–D. José Luis Gilolmo López.–D.ª María Lourdes Arastey Sahún.–D. Antonio V. Sempere Navarro.–D. Ángel Blasco Pellicer.–Rubricados. ### RESUMEN: Las empresas de tratamiento de purines consiguen modificar un poquillo, vía Supremo, el decreto de renovables

Decreto de créditos extraordinarios.

del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 116, de 15 de mayo de 2015. Se ordena la publicación para general conocimiento. Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2015.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.

del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 116, de 15 de mayo de 2015. Se ordena la publicación para general conocimiento. Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2015.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno. ### RESUMEN: Decreto de créditos extraordinarios.

TC admite a trámite recursos catalunya y euskadi contra reforma de la ley que rige el propio TC

el art. 92.4.b, c y .5 de Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, en la redacción dada por el art. único.3 de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre , en el mismo y SE DECLARA su desestimación, por Sentencia 185/2016, de 3 de noviembre El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 2 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 229-2016, promovido por el Gobierno Vasco, contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, así como contra el artículo único, apartado tres, de la misma en la redacción dada a las letras b) y c) del apartado 4 y al apartado 5 del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Madrid, 2 de febrero de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

el art. 92.4.b, c y .5 de Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, en la redacción dada por el art. único.3 de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre , en el mismo y SE DECLARA su desestimación, por Sentencia 185/2016, de 3 de noviembre El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 2 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 229-2016, promovido por el Gobierno Vasco, contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, así como contra el artículo único, apartado tres, de la misma en la redacción dada a las letras b) y c) del apartado 4 y al apartado 5 del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Madrid, 2 de febrero de 2016.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: TC admite a trámite recursos catalunya y euskadi contra reforma de la ley que rige el propio TC

La universidad Carlos III licita servicio de vehículo+conductor.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección Económico-Financiera. 2) Domicilio: Calle Madrid, 135. 3) Localidad y código postal: Getafe - 28903. 4) Teléfono: 91.624.58.08. 5) Telefax: 91.624.97.02. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/perfil_contratante. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de julio de 2014. d) Número de expediente: 2014/0002970-16SE14PA. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de vehículo con conductor para la Universidad Carlos III de Madrid. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60170000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de valoración. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: Precios unitarios. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2014, a las 14.00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro de la Universidad Carlos III de Madrid. 2) Domicilio: Calle Madrid, 126. 3) Localidad y código postal: Getafe - 28903. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Calle Madrid, 135. c) Localidad y código postal: Geatfe - 28903. d) Fecha y hora: 17 de julio de 2014, a las 10.30 horas. 10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Getafe, 12 de junio de 2014.- El Gerente, Juan Manuel Moreno Álvarez.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección Económico-Financiera. 2) Domicilio: Calle Madrid, 135. 3) Localidad y código postal: Getafe - 28903. 4) Teléfono: 91.624.58.08. 5) Telefax: 91.624.97.02. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/perfil_contratante. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de julio de 2014. d) Número de expediente: 2014/0002970-16SE14PA. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de vehículo con conductor para la Universidad Carlos III de Madrid. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60170000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de valoración. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: Precios unitarios. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2014, a las 14.00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro de la Universidad Carlos III de Madrid. 2) Domicilio: Calle Madrid, 126. 3) Localidad y código postal: Getafe - 28903. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Calle Madrid, 135. c) Localidad y código postal: Geatfe - 28903. d) Fecha y hora: 17 de julio de 2014, a las 10.30 horas. 10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Getafe, 12 de junio de 2014.- El Gerente, Juan Manuel Moreno Álvarez. ### RESUMEN: La universidad Carlos III licita servicio de vehículo+conductor.

El estado subasta casa y un porrón de parcelas de una mujer fallecida sin herederos en A Veiga. Tasación: 6.296,20 euros

Una vez aprobado el Pliego de Condiciones Particulares para la enajenación mediante subasta de un lote único compuesto por un inmueble urbano y treinta parcelas rústicas propiedad de la Administración General del Estado, en el Ayuntamiento de A Veiga, provincia de Ourense, se procede a la convocatoria para la enajenación en pública subasta según lo establecido en el artículo 12 del Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, así como en el artículo 135 y siguientes de la citada Ley, de acuerdo con el Pliego aprobado. - Lugar, día y hora de celebración de la subasta: Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense (1.ª planta), en la c/ Santo Domingo, 25, 32003 Ourense, el día 11 de diciembre de 2013, a las 9:00 horas. - La Mesa de la Subasta estará presidida por el Delegado de Economía y Hacienda en Ourense, y formarán parte de la misma el Abogado del Estado, el Interventor Delegado Territorial de esta Delegación y la Jefa de Sección de Patrimonio del Estado que actuará de Secretaria. - Para participar en las pujas es indispensable constituir previamente un depósito en concepto de garantía, cuya constitución se acreditará ante la Mesa una vez abierta la sesión en acto público, haciendo entrega del 'ejemplar para la Administración' del resguardo acreditativo de la consignación prevista en el pliego de condiciones particulares representativa del 5 por 100 del valor tipo fijado para el lote único. - Información, consulta y modo de acceso al Pliego de Condiciones Particulares: Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, Sección de Patrimonio del Estado, 1.ª planta, en la c/ Santo Domingo, 25, 32003 Ourense, teléfono 988 392 285. Asimismo se podrá consultar en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas www.minhap.gob.es (subastas y anuncios abintestato). - Relación de inmuebles a subastar, en un lote único, por un valor total de tasación en euros de 6.296,20 euros: Lote único; Acuerdo de enajenación; Descripción/Municipio/Cargas; Datos Registrales (Ayuntamiento Registro/N.º de finca/Tomo/Libro/Folio/Inscripción). 1; 30/10/2013; Urbana: en el paraje denominado 'Os Corzos' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Camila Sierra Prieto; Sur, camino; Este, camino y Oeste, camino. Superficie: Construida168 m² y 93 m² suelo. Referencia catastral: 32084A127008940001FI; O Barco de Valdeorras; 15200; 634; 106; 36; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 42 del polígono 116, en el paraje denominado 'Porto do Carro' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Alejandro González Seoane (41); Sur, Juliana Vega Rodríguez (18); Este, camino y Oeste, Rosa Prieto Rodríguez (35). Superficie: 335 m². Referencia catastral: 32084A116000420000DT; O Barco de Valdeorras; 15087; 592; 105; 147; 1ª; 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 132 del polígono 126, en el paraje denominado 'Lamaurana' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Ángel Domínguez Vega (134); Sur, camino; Este, Arsenio Fernández Prieto (131) y Oeste, Herederos Clemente Vidal Prieto (133). Superficie: 1.981 m². Referencia catastral: 32084A126001320000DT; O Barco de Valdeorras; 15088; 592; 105; 148; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 140 del polígono 126, en el paraje denominado 'Lamaurana' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, camino; Sur, Ermitas Pérez Campos (135); Este, Idores González Seoane (141) y Vecinos de Corzos (146) y Oeste, camino. Superficie: 4.226 m². Referencia catastral: 32084A126001400000DR; O Barco de Valdeorras; 15089; 592; 105; 149; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 723 del polígono 127 en el paraje denominado 'Terras de Ainso' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Augusto Vega Rodríguez (726); Sur, Tiberio Couso Fernández (583); Este, Consuelo Prieto Couso (722) y Oeste, Francisco Sierra Prieto (724). Superficie: 214 m². Referencia catastral: 32084A127007230000DD; O Barco de Valdeorras; 15090; 592; 105; 150; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 735 del polígono 127 en el paraje denominado 'Terras de Ainso' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, camino; Sur, Daniel Rodríguez Couso (733) y Camila Sierra Prieto (725); Este, Isabel Fernández Fernández (734) y Oeste, Alejandro González Seoane (889). Superficie: 35 m². Referencia catastral: 32084A127007350000DW; O Barco de Valdeorras; 15091; 592; 105; 151; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 411 del polígono 127, en el paraje denominado 'Porteliño' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Constantino Domínguez Rodríguez (410) y Francisco Domínguez Carriba (409); Sur, Juliana Vega Rodríguez (396); Este, Leonisa Fernández Rubio y cuatro hermanos (389) y Tomasa Brañas Fernández (392) y Oeste, Celia Pérez Yáñez (412). Superficie: 1.673 m². Referencia catastral: 32084A127004110000DS; O Barco de Valdeorras; 15092; 592; 105; 152; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 103 del polígono 116, en el paraje denominado 'Fonte do Xeixo' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Carmen Domínguez Pérez (99); Sur, camino; Este, José Pérez Prieto (101) y Oeste, Francisco Sierra Prieto (104). Superficie: 242 m². Referencia catastral: 32084A116001030000DL; O Barco de Valdeorras; 15093; 592; 105; 153; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 105 del polígono 116, en el paraje denominado 'Fonte do Xeixo' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, camino; Sur, José Pérez Prieto (108); Este, José Pérez Prieto (102) y Oeste, Francisco Sierra Prieto (106). Superficie: 177 m². Referencia catastral: 32084A116001050000DF; O Barco de Valdeorras; 15094; 592; 105; 154; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 236 del polígono 116, en el paraje denominado 'Rigueira da Cabra' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Albina Fernández Rubio (216); Sur, camino; Este, María Amparo Blanco Couso (390) y Arminda Couso Seoane (235) y Oeste, Tomasa Brañas Fernández (215). Superficie: 852 m². Referencia catastral: 32084A116002360000DO; O Barco de Valdeorras; 15095; 592; 105; 155; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 233 del polígono 126, en el paraje denominado 'Ninodazor' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Domingo Rodríguez Fernández (235); Sur, Ángel Domínguez Vega (231); Este, José Macias Domínguez (234) y Oeste, Bibiana Vázquez Cotado (232). Superficie: 914 m². Referencia catastral: 32084A126002330000DK; O Barco de Valdeorras; 15096; 592; 105; 156; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 242 del polígono 126, en el paraje denominado 'Ninodazor' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, María Palmeiro Domínguez (247) y Francisco Rodríguez Rodríguez (273); Sur, Tomasa Brañas Fernández (241) y camino; Este, Francisco Rodríguez Rodríguez (273) y José Pérez Prieto (237) y Oeste, Rosario Rodríguez Couso (243). Superficie: 2.492 m². Referencia catastral: 32084A126002420000DE; O Barco de Valdeorras; 15097; 592; 105; 157; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 244 del polígono 126, en el paraje denominado 'Ninodazor' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Víctor Blanco Castro (245); Sur, Rosario Rodríguez Couso (243); Este, Rosario Rodríguez Couso (243) y Oeste, M.ª Rosa Domínguez (255) y camino. Superficie: 615 m². Referencia catastral: 32084A126002440000DZ; O Barco de Valdeorras; 15098; 592; 105; 158; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 278 del polígono 126, en el paraje denominado 'Río de Cabras' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, En Investigación, artículo 47 Ley 33/2003 (279); Sur, Daniel Rodríguez Couso (275); Este, Agustín Fernández Blanco (276) y V. de las parroquias de Baños Corzos y Valdin (310) y Oeste, José Pérez Prieto (236). Superficie: 1.231 m². Referencia catastral: 32084A126002780000DH; O Barco de Valdeorras; 15099; 592; 105; 159; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 317 del polígono 126, en el paraje denominado 'Río de Cabras' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Arminda Couso Seoane (316); Sur, Elvira Prieto Pérez (269); Este, Tomasa Brañas Fernández (270) y Oeste, camino. Superficie: 265 m². Referencia catastral: 32084A126003170000DQ; O Barco de Valdeorras; 15100; 592; 105; 160; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 209 del polígono 127, en el paraje denominado 'Porto do Carro' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Camila Sierra Prieto (207); Sur, Isabel Fernández Fernández (210); Este, Tomasa Brañas Fernández (208) y Oeste, camino. Superficie: 539 m². Referencia catastral: 32084A127002090000DD; O Barco de Valdeorras; 15101; 592; 105; 161; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 551 del polígono 127, en el paraje denominado 'Andoriña' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Manuel Pérez Prieto (549) y María Amparo Blanco Couso (548); Sur, Avelino Rodríguez Couso (552); Este, camino y Oeste, María Amparo Blanco Couso (548). Superficie: 2.166 m². Referencia catastral: 32084A127005510000DG; O Barco de Valdeorras; 15102; 592; 105; 162; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 744 del polígono 128, en el paraje denominado 'Val do Vello' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Albina Fernández Rubio (745); Sur, María Amparo Blanco Couso (741); Este, camino y Oeste, Gumersindo Alonso Prieto (768). Superficie: 1.184 m². Referencia catastral: 32084A128007440000DW; O Barco de Valdeorras; 15103; 592; 105; 163; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 743 del polígono 128, en el paraje denominado 'Val do Vello' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Albina Fernández Rubio (745); Sur, María Amparo Blanco Couso (740); Este, Julia Castro Bruña (742) y Oeste, camino. Superficie: 561 m². Referencia catastral: 32084A128007430000DH; O Barco de Valdeorras; 15104; 592; 105; 164; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 761 del polígono 128, en el paraje denominado 'Lombo' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Julio Pérez Couso (762); Sur, Arminda Couso Seoane (760); Este, camino y Oeste, María López Domínguez (779). Superficie: 6.598 m². Referencia catastral: 32084A128007610000DO; O Barco de Valdeorras; 15105; 592; 105; 165; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 786 del polígono 128, en el paraje denominado 'Curraceira' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Camila Sierra Prieto (785); Sur, Pedro Yañez Lameiro (787); Este, camino y Oeste, río. Superficie: 3.522 m². Referencia catastral: 32084A128007860000DL; O Barco de Valdeorras; 15106; 592; 105; 166; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 171 del polígono 126, en el paraje denominado 'Corga' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Olegario Martínez Prieto (176); Sur, José Prieto Domínguez (170); Este, José Prieto Domínguez (170) y Oeste, Tomasa Brañas Fernández (177). Superficie: 2.261 m². Referencia catastral: 32084A126001710000DK; O Barco de Valdeorras; 15107; 592; 105; 167; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 164 del polígono 126, en el paraje denominado 'Corga' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Tiberio Couso Fernández (162); Sur, José Lameiro Rodríguez (166) y camino; Este, Albina Fernández Rubio (168) y José Lameiro Rodríguez (166) y Oeste, camino. Superficie: 2.551 m². Referencia catastral: 32084A126001640000DT; O Barco de Valdeorras; 15108; 592; 105; 168; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 165 del polígono 126, en el paraje denominado 'Corga' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Tiberio Couso Fernández (163); Sur, Vecinos de las parroquias de Baños, Corzos y Valdín (190); Este, camino y Oeste, Vecinos de las parroquias de Baños, Corzos y Valdín (190). Superficie: 688 m². Referencia catastral: 32084A126001650000DF; O Barco de Valdeorras; 15109; 592; 105; 169; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 811 del polígono 127, en el paraje denominado 'Travazas' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Comunidad montes Vecinales de Feixos (886); Sur, Eudosia Rodríguez Couso (812); Este, Agustín Fernández Blanco (810) y Oeste, Manuel Prieto Rodríguez (808). Superficie: 7.774 m². Referencia catastral: 32084A127008110000DT; O Barco de Valdeorras; 15110; 592; 105; 170; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 821 del polígono 128, en el paraje denominado 'Costa Vella' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Ángel Domínguez García (820); Sur, Gumersindo Alonso Prieto (827); Este, Tomasa Brañas Fernández (823) y Oeste, Juliana Vega Rodríguez (822). Superficie: 737 m². Referencia catastral: 32084A128008210000DF; O Barco de Valdeorras; 15111; 592; 105; 171; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 357 del polígono 127, en el paraje denominado 'Corzas' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Ceferino Rodríguez Fernández (355); Sur, José Álvarez Pousa (366) y Rosario Rodríguez Couso (358); Este, Herederos Manuel Rodríguez García (360) y Oeste, Comunidad Montes Vecinales da Gonza (824). Superficie: 930 m². Referencia catastral: 32084A127003570000DG; O Barco de Valdeorras; 15112; 592; 105; 172; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 447 del polígono 127, en el paraje denominado 'Revoldedoiro' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, María Amparo Blanco Couso (443); Sur, Julia Castro Bruña (449); Este, Basilio Lameiro Rodríguez (446) y Oeste, Julia Castro Bruña (448). Superficie: 582 m². Referencia catastral: 32084A127004470000DW; O Barco de Valdeorras; 15113; 592; 105; 173; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 419 del polígono 127, en el paraje denominado 'Porteliño' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Avelino Rodríguez Couso (418); Sur, Dirección General del Patrimonio del Estado (420); Este, camino y Oeste, Manuel Pérez Prieto (421). Superficie: 481 m². Referencia catastral: 32084A127004190000DG; O Barco de Valdeorras; 15114; 592; 105; 174; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 420 del polígono 127, en el paraje denominado 'Porteliño' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Dirección General del Patrimonio del Estado (419); Sur, Manuel Pérez Prieto (421); Este, camino; Oeste, Manuel Pérez Prieto (421). Superficie: 589 m². Referencia catastral: 32084A127004200000DB; O Barco de Valdeorras; 15115; 592; 105; 175; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 423 del polígono 115, en el paraje denominado 'Fonte' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Ceferino Rodríguez Fernández (424); Sur, Emilio Rodríguez Carracedo (421); Este, camino y Oeste, Arsenio Fernández Prieto (757). Superficie: 333 m². Referencia catastral: 32084A115004230000DR; O Barco de Valdeorras; 15116; 592; 105; 176; 1.ª Ourense, 8 de noviembre de 2013.- El Delegado de Economía y Hacienda en Ourense, don Javier García Rodríguez.

Una vez aprobado el Pliego de Condiciones Particulares para la enajenación mediante subasta de un lote único compuesto por un inmueble urbano y treinta parcelas rústicas propiedad de la Administración General del Estado, en el Ayuntamiento de A Veiga, provincia de Ourense, se procede a la convocatoria para la enajenación en pública subasta según lo establecido en el artículo 12 del Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, así como en el artículo 135 y siguientes de la citada Ley, de acuerdo con el Pliego aprobado. - Lugar, día y hora de celebración de la subasta: Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense (1.ª planta), en la c/ Santo Domingo, 25, 32003 Ourense, el día 11 de diciembre de 2013, a las 9:00 horas. - La Mesa de la Subasta estará presidida por el Delegado de Economía y Hacienda en Ourense, y formarán parte de la misma el Abogado del Estado, el Interventor Delegado Territorial de esta Delegación y la Jefa de Sección de Patrimonio del Estado que actuará de Secretaria. - Para participar en las pujas es indispensable constituir previamente un depósito en concepto de garantía, cuya constitución se acreditará ante la Mesa una vez abierta la sesión en acto público, haciendo entrega del 'ejemplar para la Administración' del resguardo acreditativo de la consignación prevista en el pliego de condiciones particulares representativa del 5 por 100 del valor tipo fijado para el lote único. - Información, consulta y modo de acceso al Pliego de Condiciones Particulares: Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, Sección de Patrimonio del Estado, 1.ª planta, en la c/ Santo Domingo, 25, 32003 Ourense, teléfono 988 392 285. Asimismo se podrá consultar en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas www.minhap.gob.es (subastas y anuncios abintestato). - Relación de inmuebles a subastar, en un lote único, por un valor total de tasación en euros de 6.296,20 euros: Lote único; Acuerdo de enajenación; Descripción/Municipio/Cargas; Datos Registrales (Ayuntamiento Registro/N.º de finca/Tomo/Libro/Folio/Inscripción). 1; 30/10/2013; Urbana: en el paraje denominado 'Os Corzos' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Camila Sierra Prieto; Sur, camino; Este, camino y Oeste, camino. Superficie: Construida168 m² y 93 m² suelo. Referencia catastral: 32084A127008940001FI; O Barco de Valdeorras; 15200; 634; 106; 36; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 42 del polígono 116, en el paraje denominado 'Porto do Carro' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Alejandro González Seoane (41); Sur, Juliana Vega Rodríguez (18); Este, camino y Oeste, Rosa Prieto Rodríguez (35). Superficie: 335 m². Referencia catastral: 32084A116000420000DT; O Barco de Valdeorras; 15087; 592; 105; 147; 1ª; 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 132 del polígono 126, en el paraje denominado 'Lamaurana' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Ángel Domínguez Vega (134); Sur, camino; Este, Arsenio Fernández Prieto (131) y Oeste, Herederos Clemente Vidal Prieto (133). Superficie: 1.981 m². Referencia catastral: 32084A126001320000DT; O Barco de Valdeorras; 15088; 592; 105; 148; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 140 del polígono 126, en el paraje denominado 'Lamaurana' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, camino; Sur, Ermitas Pérez Campos (135); Este, Idores González Seoane (141) y Vecinos de Corzos (146) y Oeste, camino. Superficie: 4.226 m². Referencia catastral: 32084A126001400000DR; O Barco de Valdeorras; 15089; 592; 105; 149; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 723 del polígono 127 en el paraje denominado 'Terras de Ainso' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Augusto Vega Rodríguez (726); Sur, Tiberio Couso Fernández (583); Este, Consuelo Prieto Couso (722) y Oeste, Francisco Sierra Prieto (724). Superficie: 214 m². Referencia catastral: 32084A127007230000DD; O Barco de Valdeorras; 15090; 592; 105; 150; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 735 del polígono 127 en el paraje denominado 'Terras de Ainso' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, camino; Sur, Daniel Rodríguez Couso (733) y Camila Sierra Prieto (725); Este, Isabel Fernández Fernández (734) y Oeste, Alejandro González Seoane (889). Superficie: 35 m². Referencia catastral: 32084A127007350000DW; O Barco de Valdeorras; 15091; 592; 105; 151; 1.ª 1; 30/10/2013; Rústica: parcela n.º 411 del polígono 127, en el paraje denominado 'Porteliño' en el Ayuntamiento de A Veiga. Linderos según hoja de tasación: Norte, Constantino Domínguez Rodríguez (410) y Francisco Domínguez Carriba (409); Sur, Juliana Vega Rodríguez (396); Este, Leonisa Fernández Rubio y cuatro hermanos (389) y Tomasa Brañas Fernández (392) y Oeste, Celia Pérez Yáñez (412). Superficie: 1.673 m². Refere ### RESUMEN: El estado subasta casa y un porrón de parcelas de una mujer fallecida sin herederos en A Veiga. Tasación: 6.296,20 euros

Ley de creación de Autoridad de Responsabilidad Fiscal

los arts. 16, 17.1 y 2 y 23.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril parcialmente la Directiva 2011/85/UE, de 8 de noviembre con la disposición adicional 2, aprobando el modelo 017 'Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal': Orden HAP/1286/2014, de 14 de julio el art. 8.2 y disposición final 4 y aprueba el estatuto orgánico de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal: Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica: PREÁMBULO La Estrategia de Política Económica del Gobierno se ha elaborado partiendo de un análisis de las dificultades y fortalezas con las que cuenta la economía española y refleja las líneas estratégicas prioritarias de la acción del Gobierno para favorecer la recuperación económica y la creación de empleo. Estas líneas se centran en la consolidación fiscal, la reforma del sistema financiero y las reformas estructurales necesarias para mejorar la flexibilidad y la competitividad de la economía española. En el ámbito de la consolidación fiscal, el Gobierno está desarrollando una mejora de la gobernanza económica, por medio de un mejor control y de una mayor disciplina presupuestaria, sobre la base de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el compromiso de todas las Administraciones Públicas en el estricto cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las autoridades fiscales han demostrado ser un elemento clave para los Gobiernos a la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas fiscales, sobre todo en el actual escenario de crisis financiera donde resulta imprescindible realizar un control exhaustivo y riguroso del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de gasto. Si bien las autoridades fiscales existían ya desde hace algún tiempo en algunos países de nuestro entorno, en los últimos años se aprecia una clara tendencia a la creación de este tipo de entidades, tendencia que se refuerza con el impulso normativo europeo en esta materia. Con esta Ley Orgánica, se refuerza el compromiso de lograr un control eficaz del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto mediante la introducción de nuevos mecanismos de supervisión y transparencia en las políticas fiscales de las distintas Administraciones Públicas. Además, se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/85/EU, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros, en cuanto a la necesidad de contar con instituciones fiscales independientes que realicen el ejercicio de un seguimiento efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales, basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos con autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados Miembros. Su carácter orgánico se justifica en el desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución Española. En este sentido, el constituyente permite la posibilidad de regular mediante ley orgánica aquellos aspectos que afecten al cumplimiento por las Administraciones Públicas de los principios contenidos en dicho artículo, siendo por tanto la presente Ley Orgánica complementaria a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por todo ello, se crea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que velará por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas. Con ese fin, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal valorará las previsiones macroeconómicas que se incorporen a los proyectos de presupuestos y escenarios a medio plazo y analizará la implementación y la ejecución de las políticas fiscales, con la finalidad de detectar de forma temprana las posibles desviaciones en los objetivos perseguidos. Además, podrá formular, cuando considere, las opiniones que estime oportunas sobre los asuntos previstos en ésta u otras leyes. Para garantizar la independencia y efectividad de sus actuaciones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal deberá contar con los medios materiales y humanos necesarios, contando con profesionales cualificados y acreditados de la experiencia necesaria para realizar las especiales tareas encomendadas. La presente Ley Orgánica consta de veintisiete artículos, estructurados en tres capítulos, dos disposiciones adicionales y seis disposiciones finales. El capítulo I de «Naturaleza y régimen jurídico», procede a la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, cuyo objeto es la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas. A este respecto, cabe señalar, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se configura como un ente de naturaleza especial y singular, distinto de los mencionados en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y que es común en su actuación a todas las Administraciones Públicas. Asimismo, entre otros aspectos, en este capítulo se regula también el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley Orgánica, las facultades reconocidas a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre las que destaca su capacidad de cooperar con otras autoridades fiscales independientes de otros Estados, por ejemplo, a través de la participación en grupos de trabajo, su régimen jurídico, así como los efectos de los informes y opiniones emitidos por ésta. En este sentido, es importante destacar que, el efecto de estos informes es muy relevante ya que si la Administración o entidad destinataria de los mismos no atiende sus recomendaciones deberá necesariamente motivarlo e incorporar dicho informe en el correspondiente expediente. Al mismo tiempo, la Ley reconoce otra capacidad de la Autoridad, y es la posibilidad de emitir, en cualquier momento, opiniones a iniciativa propia sobre las materias previstas en la Ley. En este caso la Administración o entidad destinataria de las mismas no estará obligada a motivar por qué se aparta, en su caso, del criterio dado por la Autoridad en su opinión emitida. El capítulo II de «Informes y opiniones», recoge los informes preceptivos que debe realizar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y entre los que se encuentra el informe sobre las previsiones económicas realizadas por el Gobierno de la Nación, el informe sobre el Programa de Estabilidad realizado en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un informe anual sobre el análisis de la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto, y el informe previo a la aprobación de los planes económicos-financieros. Asimismo, recoge la posibilidad de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal informe sobre la conveniencia de activar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en el capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la citada Ley Orgánica y sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo o cualquier otro asunto cuando así lo disponga una ley. El capítulo III de «Organización y funcionamiento» regula la composición y organización de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, así como el nombramiento y causas de cese de su Presidente, que tiene la consideración de alto cargo, y por tanto, estará sometido a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que la legislación determine, y, en particular, a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. En este sentido, se establece un modelo unipersonal apoyado por un Comité directivo al que podrán asistir expertos de reconocido prestigio a solicitud de su Presidente. Igualmente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se organizará en divisiones por razón de materia. La disposición adicional primera configura el Comité técnico de cuentas nacionales conformado por el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España y la Intervención General del Estado como órganos competentes en la elaboración de las cuentas nacionales de las unidades que componen el sector de las Administraciones Públicas y de las sociedades financieras y no financieras públicas. En este sentido, se contempla que el citado Comité pueda efectuar actuaciones de verificación y contraste de la información suministrada desde las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales, aspecto recomendado por los órganos europeos competentes en materia de contabilidad nacional. Asimismo, el citado grupo facilitará sus informes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por otro lado, la disposición adicional segunda crea la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, y regula sus principales elementos. La citada tasa será la principal fuente de financiación de la Autoridad, favoreciéndose de este modo su independencia. Por último, con respecto a las disposiciones finales, cabe destacar el plazo dado al Consejo de Ministros para aprobar el Estatuto orgánico de la entidad, la habilitación al Gobierno y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para adoptar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley Orgánica, y la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación. CAPÍTULO I Naturaleza y régimen jurídico Artículo 1. Creación y naturaleza de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Se crea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, como ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas. Artículo 2. Fines. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene por objeto garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas. Artículo 3. Ámbito subjetivo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ejercerá sus funciones en todo el territorio español de forma única y exclusiva y con respecto a todos los sujetos integrantes del sector público en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 4. Facultades. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ejercerá sus funciones a través de informes, opiniones y estudios, en los términos dispuestos en esta Ley. 2. A tal efecto, tendrá a su disposición la información económico-financiera relativa a las distintas Administraciones Públicas. Con el fin de garantizar la eficiencia y evitar duplicidades en la remisión de información, el acceso a la información se realizará preferentemente a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de que pueda requerirse directamente información adicional a las correspondientes Administraciones Públicas, en concreto cuando la información obtenida a través del Ministerio no resultara suficiente, completa o requiriera de alguna aclaración. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se determinarán los datos y documentos y procedimientos de remisión, incluidos los telemáticos, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá con carácter permanente a disposición de la mencionada Autoridad. Lo anterior se entenderá con independencia de las necesidades de información adicional que requiera la Autoridad para el correcto ejercicio de sus funciones y que no esté explícitamente prevista en la citada Orden. 3. Los sujetos incluidos en el ámbito de esta Ley estarán obligados a facilitar la información económico-financiera requerida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que sea necesaria para el desempeño de sus funciones, dentro del plazo que ésta señale al efecto. En la determinación de dicho plazo deberá tenerse en cuenta el volumen y la complejidad de la información requerida. En caso de producirse el incumplimiento del deber de colaboración, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal incluirá en su página web una advertencia pública de dicha circunstancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el incumplimiento grave o reiterado del deber de colaboración con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá, previa audiencia del sujeto incumplidor, llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en el artículo 20 de la citada Ley Orgánica. Corresponde al Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal apreciar si se trata de un incumplimiento grave o reiterado, en cuyo caso lo comunicará al Gobierno de la Nación, a los efectos previstos en el mencionado artículo 27.6, y a las Cortes Generales. 4. En todo caso la información que reciba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal deberá ser tratada respetando los límites que rigen el acceso a la información confidencial. 5. Las funciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal previstas en este artículo se ejercerán sin perjuicio de las que la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas reconoce al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Artículo 5. Elaboración de informes, opiniones y estudios. 1. Los informes evacuados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal serán los previstos en esta Ley. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se aparta de las recomendaciones en él contenidas, deberá motivarlo e incorporar dicho informe en el correspondiente expediente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá trasladar una propuesta de informe para que, en el plazo que determine y siempre dentro de los plazos totales previstos para la emisión de los informes, la Administración o la entidad destinataria pueda indicar errores, ambigüedades o imprecisiones manifiestas. Los informes podrán ser emitidos de oficio por la propia Autoridad, en la fecha determinada al efecto en esta Ley, o por solicitud de una Administración pública, en el plazo de diez días desde su petición. Este plazo podrá reducirse a los días que se indiquen en la petición siempre que se justifiquen las razones de urgencia. 2. Las opiniones se formularán a iniciativa propia de la Autoridad sobre las materias previstas en el artículo 23. La Administración o entidad destinataria de la opinión puede apartarse del criterio en ella contenido sin necesidad de motivación. 3. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realizará los estudios que el Gobierno de la Nación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de la Administración Local o la Comisión Financiera de la Seguridad Social le soliciten. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá realizar estudios que soliciten las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que deberán circunscribirse a su ámbito competencial y sin afectar a competencias propias de otras Administraciones. En caso de resultar afectadas competencias de otras Administraciones distintas de la solicitante, la solicitud habrá de realizarse por los órganos colegiados competentes a los que se refiere el párrafo anterior. 4. Los informes y las opiniones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal serán públicos y motivados, y estarán disponibles en su web. 5. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará anualmente una memoria de actividades a la que dará la máxima publicidad y difusión. Artículo 6. Relaciones institucionales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, colaborará con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, en el ejercicio de las funciones de evaluación de las finanzas públicas. También podrá cooperar con las autoridades fiscales independientes de otros Estados Miembros. Artículo 7. Independencia funcional. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con plena independencia orgánica y funcional. Ni su Presidente, ni los miembros de los órganos ni el resto de personal de la Autoridad podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. 2. Sin perjuicio de lo anterior y a efectos puramente organizativos y presupuestarios, la Autoridad se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta adscripción en ningún caso afectará a su autonomía e independencia funcional. Artículo 8. Régimen jurídico. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se regirá por lo dispuesto en esta Ley, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en su normativa de desarrollo. 2. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto, previa consulta al Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que desarrollará su organización y funcionamiento interno. Artículo 9. Régimen jurídico del personal. 1. El personal al servicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal será con carácter general funcionario de carrera de las Administraciones Públicas o, en su caso, personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones de control o análisis económico, fiscal, presupuestario o financiero. 2. La selección, formación, provisión de puestos de trabajo, movilidad, retribuciones y régimen disciplinario de su personal se regirá por lo previsto en esta Ley, por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la restante legislación del Estado en materia de función pública. En todo caso, la selección del personal laboral al que se refiere el apartado 1 de este artículo se realizará conforme a criterios de publicidad, mérito y capacidad. 3. El currículum vítae de todo el personal al servicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estará publicado en su web, incluido el de su Presidente y Directores de división. Artículo 10. Régimen de contratación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ajustará su régimen de contratación a lo dispuesto en la legislación vigente sobre contratación del sector público, siendo su Presidente su órgano de contratación. Artículo 11. Régimen económico-financiero y patrimonial. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dispondrá de patrimonio propio, que será independiente del patrimonio de la Administración General del Estado. 2. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dispondrá para el cumplimiento de sus fines de recursos económicos y humanos suficientes, siendo su vía fundamental de financiación las tasas de supervisión que se determinen mediante Ley y los precios públicos por estudios, que deberán satisfacer las Administraciones Públicas sobre las que ejerce sus funciones. 3. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también contará con los siguientes bienes y medios económicos: a) Las asignaciones que se establezcan anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo. c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. Artículo 12. Presupuesto, régimen de contabilidad y control económico y financiero. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará y aprobará anualmente un anteproyecto de presupuesto, cuyos créditos tendrán carácter limitativo, y lo remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 2. El régimen de variaciones y de vinculación de los créditos de dicho presupuesto será el que se establezca en el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 3. Corresponde al Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobar los gastos y ordenar los pagos, salvo los casos reservados a la competencia del Gobierno, y efectuar la rendición de cuentas del organismo. 4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal formulará y rendirá sus cuentas de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y las normas y principios de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo. 5. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Orgánica, la gestión económico financiera de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estará sujeta al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Artículo 13. Recursos contra las actuaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 1. Los actos y decisiones de los órganos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal distintos del Presidente, podrán ser objeto de recurso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En ningún caso podrán ser objeto de recurso los informes que emita la Autoridad. 2. Los actos y resoluciones del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pondrán fin a la vía administrativa, siendo únicamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. CAPÍTULO II Informes y opiniones Artículo 14. Informe sobre las previsiones macroeconómicas. 1. Las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las Administraciones Públicas o en el programa de estabilidad deberán contar con informe de la Autoridad y se indicará si han sido avaladas por la misma. 2. A tal efecto, las Administraciones Públicas deberán solicitar previamente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la emisión del informe al que se refiere el apartado 1 de este artículo, el cual tendrá en cuenta en la elaboración de las previsiones definitivas a incorporar en sus proyectos de presupuestos o en el programa de estabilidad. 3. Entre otros aspectos, los informes a los que se refiere este artículo, deberán valorar la adecuación de las previsiones realizadas a la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros. 4. El informe incluirá una evaluación de si existe un sesgo importante en las previsiones macroeconómicas en un periodo de cuatro años consecutivos, de acuerdo con el artículo 4.6 de la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros. Si el informe concluye que existe el mencionado sesgo, el Estado tomará las medidas necesarias para corregirlo y las hará públicas. Artículo 15. Informe sobre la metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, y la tasa de referencia de crecimiento. Las modificaciones de la Orden ministerial que regula la metodología utilizada para el cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y para la tasa de referencia de crecimiento a las que alude los artículos 12.3 y 21.1.b) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán ser informadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con carácter previo a su aprobación. Artículo 16. Informe sobre el proyecto de Programa de Estabilidad. 1. Antes del 15 de abril de cada año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal informará el proyecto de Programa de Estabilidad, con especial valoración de los compromisos que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda pública y la regla de gasto. 2. Si hubiera cambios en el objetivo de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda y la regla de gasto que afecten al programa de estabilidad, deberán ser informados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Artículo 17. Informes sobre el análisis de la ejecución presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto. Antes del 15 de julio de cada año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal informará, considerando la ejecución presupuestaria y las medidas previstas en el año en curso y el inmediato anterior, sobre el cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del ejercicio en curso así como de la regla de gasto de todas las Administraciones Públicas. Artículo 18. Informe sobre el establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas. En los diez días siguientes a la aprobación por el Gobierno de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas a los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 19. Informe sobre los planes económicos-financieros y planes de reequilibrio de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas. Con carácter previo a su aprobación, los planes económicos-financieros y planes de reequilibrio de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas serán informados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Artículo 20. Informe de los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de las Administraciones Públicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, elaborará antes del 15 de octubre de cada año el informe al que se refiere el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 21. Informe sobre la aplicación de los mecanismos de corrección previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá informar sobre la conveniencia de activar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en el capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como sobre el seguimiento de las que se hubieran adoptado, especialmente por parte de las Administraciones que ejerzan la tutela financiera de las Entidades Locales, con ocasión de la publicación trimestral en términos de contabilidad nacional de las operaciones no financieras del conjunto del sector de las Administraciones Públicas, por cada uno de sus subsectores y de cada comunidad autónoma, o de los informes de seguimiento de los planes económico financieros. Artículo 22. Informe sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal informará sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con carácter previo a la tramitación parlamentaria prevista en dicho artículo. Artículo 23. Opiniones emitidas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá emitir opiniones sobre los siguientes asuntos: a) El seguimiento de la información sobre la ejecución presupuestaria facilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en aplicación del principio de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto de todas las Administraciones Públicas. b) La sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. c) Sobre cualquier otro asunto cuando así lo disponga una ley. CAPÍTULO III Organización y funcionamiento Artículo 24. Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estará dirigida y representada por un Presidente que será designado, entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio. 2. El Presidente será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, con el fin de que examine si la experiencia, formación y capacidad de la persona propuesta son adecuadas para el cargo. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, aceptará la propuesta. Si transcurridos quince días desde la comparecencia no hubiera aceptación, será suficiente la mayoría simple de la Comisión competente del Senado para manifestar la aceptación. 3. El cargo de Presidente es de dedicación exclusiva, está sujeto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, y será incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional pública o privada, retribuida o no, salvo que sean inherentes a su condición de Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 4. El Presidente asistirá como miembro nato con voz pero sin voto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la Comisión Nacional de la Administración Local y la Comisión Financiera de la Seguridad Social. 5. Al cesar en el cargo y durante los dos años posteriores, no podrá ejercer actividad profesional alguna relacionada con la función de evaluación atribuida a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 6. El Presidente permanecerá en el cargo durante seis años no renovables, y sólo cesará por las siguientes causas: a) Por finalizar el período para el que fue nombrado. b) A petición propia. c) Por estar incurso en alguna causa de incompatibilidad. d) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de sus funciones. e) Por condena por delito doloso. f) Por incumplimiento grave de sus obligaciones. En este caso su separación será acordada por el Gobierno, previa instrucción del expediente por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien lo pondrá en conocimiento de las Cortes Generales, y en el que serán oídos los restantes miembros del comité directivo. 7. El Presidente tendrá la consideración de alto cargo, con rango de Subsecretario. 8. El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal comparecerá, al menos, anualmente ante la Comisión competente del Congreso de los Diputados y del Senado. Artículo 25. Funciones del Presidente. El Presidente ejercerá con plena independencia y objetividad, sin estar sujeto a instrucción alguna, las siguientes funciones en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal: a) Ostentar su representación legal. b) Dirigir y coordinar las actividades de todos sus órganos directivos. c) Desempeñar la jefatura superior de todo su personal. d) Disponer los gastos y ordenar los pagos. e) Celebrar los contratos y convenios. Artículo 26. Organización en divisiones. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se organizará en divisiones. 2. Cada Director de división será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad, entre quienes cuenten con experiencia de al menos diez años en las materias propias de la división correspondiente. 3. Los Directores de división si bien no tendrán la consideración de alto cargo, sí tendrán la consideración de personal directivo profesional de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 27. Comité Directivo. 1. En el ejercicio de sus funciones el Presidente se asiste del Comité Directivo integrado por los Directores de división. 2. Si el Presidente así lo considera, al Comité podrán asistir expertos de reconocido prestigio nacional o internacional en función de los asuntos que se sometan. Disposición adicional primera. Creación del Comité Técnico de Cuentas Nacionales. 1. Para la valoración e imputación de operaciones económicas efectuadas por los diferentes unidades del sector público, así como la delimitación sectorial de las citadas unidades, de acuerdo con los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas, se crea el Comité técnico de cuentas nacionales integrado por representantes del Instituto Nacional de Estadística, Banco de España y de la Intervención General de la Administración del Estado, como órganos competentes en la elaboración de las cuentas nacionales de las unidades que componen el sector de las Administraciones Públicas y de las sociedades financieras y no financieras públicas. 2. El funcionamiento y organización del citado Comité se regulará mediante un reglamento de régimen interior que será aprobado por los órganos indicados y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento. 3. El citado Comité en el ejercicio de sus funciones, podrá efectuar actuaciones directamente encaminadas a la verificación y contraste de la información suministrada por las unidades institucionales pertenecientes a los subsectores de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, clasificadas de acuerdo a los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. 4. Este Comité facilitará para información los informes emitidos, en su caso, en el ejercicio de sus funciones a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 5. Las instituciones que configuran este Comité, mantendrán en todo caso su plena independencia profesional y autonomía funcional en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades y competencias atribuidas en la normativa europea y nacional. Disposición adicional segunda. Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Se establece la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, que se estructura según los siguientes elementos: a) Fuentes normativas. La tasa de análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal se regirá por la presente Ley y por las demás fuentes normativas establecidas por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) Hecho imponible. El hecho imponible de la tasa será la prestación a las Administraciones Públicas de los servicios a que se refiere el capítulo II de esta Ley por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. c) Contribuyentes. Son contribuyentes de esta tasa, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía, las Corporaciones Locales y el Sistema de Seguridad Social, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social. d) Exención. Estarán exentas de la tasa las Entidades Locales cuya base imponible sea inferior a la que se determine en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. e) Devengo. La tasa se devengará el día 1 de enero de cada año. f) Base imponible. La base imponible estará constituida por el importe de los créditos iniciales para operaciones no financieras contempladas en los capítulos 1 a 7, ambos incluidos, del último presupuesto aprobado del contribuyente. En el caso del Estado, se tendrán en cuenta los créditos iniciales no financieros del Estado incluidos en los Presupuestos Generales del Estado. Para la Seguridad Social se tomarán los créditos iniciales no financieros del agregado del Sistema de la Seguridad Social. Para las Comunidades Autónomas se considerarán a estos efectos los créditos iniciales no financieros de la Administración general de la Comunidad Autónoma. Para las Entidades Locales se tomará el importe de los créditos iniciales no financieros del presupuesto general de la propia Entidad Local. g) Tipo de gravamen. El tipo de gravamen aplicable se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 como un porcentaje de la base imponible que permita mantener el equilibrio financiero de las tasas y podrá ser modificado en estos mismos términos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. h) Gestión de la tasa. La gestión de la tasa corresponde a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Los contribuyentes de la tasa declararán, liquidarán e ingresarán la tasa que les corresponda en el modelo, lugar y plazos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, pudiendo establecerse también la presentación y pago de la tasa por medios telemáticos. i) Afectación. El rendimiento de la tasa se ingresará en las cuentas bancarias habilitadas al efecto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en la forma que reglamentariamente se determine. El importe de la tasa quedará afectado a financiar los gastos en los que incurra la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el ejercicio de sus funciones. Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Uno. Se modifica el artículo 16, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 16. Establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas. Aprobados por el Gobierno los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en las condiciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, formulará una propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas. A partir de la mencionada propuesta, el Gobierno previo informe de Consejo de Política Fiscal y Financiera que deberá pronunciarse en el plazo improrrogable de quince días desde la recepción de la propuesta en la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de ellas.» Dos. Se modifican los apartados uno y dos del artículo 17, que quedan redactados en los siguientes términos: «1. Antes del 15 de octubre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hará público, para general conocimiento, el informe elaborado sobre la adecuación a los objetivos de estabilidad, de deuda y a la regla de gasto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de la información a la que se refiere el artículo 27, que podrá incluir recomendaciones en caso de apreciarse alguna desviación. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá formular las recomendaciones adicionales que considere. 2. Antes del 1 de abril de cada año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas. Igualmente, el informe recogerá el cumplimiento de la regla de gasto de los Presupuestos de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá formular las recomendaciones que considere sobre el grado de cumplimiento de los objetivos.» Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en los supuestos en que resulte preceptivo, ante los órganos contemplados en los apartados siguientes en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3. En el cómputo del plazo máximo de un mes previsto anteriormente no se computará el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.» Disposición final segunda. Preceptos con carácter de Ley ordinaria. Tienen el carácter de Ley ordinaria los artículos 5.3, 5.5, 6, 9.2, 9.3 y 10, así como los apartados 2, 4 y 5 de la disposición adicional primera y la disposición adicional segunda. Disposición final tercera. Título competencial. La presente Ley Orgánica se aprueba en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española. Disposición final cuarta. Desarrollo normativo de la Ley. 1. El Consejo de Ministros aprobará, antes del 31 de diciembre de 2013, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 2. Se habilita al Gobierno a dictar las disposiciones reglamentarias y adoptar medidas necesarias para el desarrollo, la aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Ley. Disposición final quinta. Incorporación al Derecho comunitario. Mediante esta Ley se incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros. Disposición final sexta. Regímenes forales. 1. En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta Ley se llevará a cabo, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 2. En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Vasco. Disposición final séptima. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 14 de noviembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

los arts. 16, 17.1 y 2 y 23.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril parcialmente la Directiva 2011/85/UE, de 8 de noviembre con la disposición adicional 2, aprobando el modelo 017 'Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal': Orden HAP/1286/2014, de 14 de julio el art. 8.2 y disposición final 4 y aprueba el estatuto orgánico de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal: Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica: PREÁMBULO La Estrategia de Política Económica del Gobierno se ha elaborado partiendo de un análisis de las dificultades y fortalezas con las que cuenta la economía española y refleja las líneas estratégicas prioritarias de la acción del Gobierno para favorecer la recuperación económica y la creación de empleo. Estas líneas se centran en la consolidación fiscal, la reforma del sistema financiero y las reformas estructurales necesarias para mejorar la flexibilidad y la competitividad de la economía española. En el ámbito de la consolidación fiscal, el Gobierno está desarrollando una mejora de la gobernanza económica, por medio de un mejor control y de una mayor disciplina presupuestaria, sobre la base de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el compromiso de todas las Administraciones Públicas en el estricto cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las autoridades fiscales han demostrado ser un elemento clave para los Gobiernos a la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas fiscales, sobre todo en el actual escenario de crisis financiera donde resulta imprescindible realizar un control exhaustivo y riguroso del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de gasto. Si bien las autoridades fiscales existían ya desde hace algún tiempo en algunos países de nuestro entorno, en los últimos años se aprecia una clara tendencia a la creación de este tipo de entidades, tendencia que se refuerza con el impulso normativo europeo en esta materia. Con esta Ley Orgánica, se refuerza el compromiso de lograr un control eficaz del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto mediante la introducción de nuevos mecanismos de supervisión y transparencia en las políticas fiscales de las distintas Administraciones Públicas. Además, se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/85/EU, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros, en cuanto a la necesidad de contar con instituciones fiscales independientes que realicen el ejercicio de un seguimiento efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales, basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos con autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados Miembros. Su carácter orgánico se justifica en el desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución Española. En este sentido, el constituyente permite la posibilidad de regular mediante ley orgánica aquellos aspectos que afecten al cumplimiento por las Administraciones Públicas de los principios contenidos en dicho artículo, siendo por tanto la presente Ley Orgánica complementaria a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por todo ello, se crea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que velará por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas. Con ese fin, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal valorará las previsiones macroeconómicas que se incorporen a los proyectos de presupuestos y escenarios a medio plazo y analizará la implementación y la ejecución de las políticas fiscales, con la finalidad de detectar de forma temprana las posibles desviaciones en los objetivos perseguidos. Además, podrá formular, cuando considere, las opiniones que estime oportunas sobre los asuntos previstos en ésta u otras leyes. Para garantizar la independencia y efectividad de sus actuaciones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal deberá contar con los medios materiales y humanos necesarios, contando con profesionales cualificados y acreditados de la experiencia necesaria para realizar las especiales tareas encomendadas. La presente Ley Orgánica consta de veintisiete artículos, estructurados en tres capítulos, dos disposiciones adicionales y seis disposiciones finales. El capítulo I de «Naturaleza y régimen jurídico», procede a la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, cuyo objeto es la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas. A este respecto, cabe señalar, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se configura como un ente de naturaleza especial y singular, distinto de los mencionados en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y que es común en su actuación a todas las Administraciones Públicas. Asimismo, entre otros aspectos, en este capítulo se regula también el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley Orgánica, las facultades reconocidas a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre las que destaca su capacidad de cooperar con otras autoridades fiscales independientes de otro ### RESUMEN: Ley de creación de Autoridad de Responsabilidad Fiscal

Contrato del ayuntamiento de Las Rozas con Telefónica por servicios TIC por importe total de 965.005 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicios integrales de tecnologías de la información y de las comunicaciones. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 950.000 euros. Importe total: 1.149.500 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 25 de febrero de 2013. c) Contratista: UTE Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 797.525 euros. Importe total: 965.005 euros. Las Rozas de Madrid, 1 de marzo de 2013.- Concejal de Hacienda y Régimen Interior.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicios integrales de tecnologías de la información y de las comunicaciones. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de agosto de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 950.000 euros. Importe total: 1.149.500 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 25 de febrero de 2013. c) Contratista: UTE Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 797.525 euros. Importe total: 965.005 euros. Las Rozas de Madrid, 1 de marzo de 2013.- Concejal de Hacienda y Régimen Interior. ### RESUMEN: Contrato del ayuntamiento de Las Rozas con Telefónica por servicios TIC por importe total de 965.005 euros.

El Banco Espírito Santo pasa a ser Novo Banco de forma oficial.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito, y a la vista de las comunicaciones recibidas del Banco de Portugal el 21 de agosto y el 24 de septiembre de 2014, se informa de que, con fecha 3 de agosto de 2014, el Banco de Portugal ha aplicado a Banco Espírito Santo, S.A. una medida de resolución consistente en la transmisión parcial de su negocio a un banco puente constituido al efecto y denominado Novo Banco, S.A., que continuará sin interrupción con la actividad ordinaria de Banco Espírito Santo, S.A. Esta medida tiene la consideración de medida de saneamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito. Como resultado de esta medida, la sucursal de Banco Espírito Santo, S.A. en España, inscrita con el número 0131 en el Registro de entidades de crédito del Banco de España, ha pasado a ser sucursal de Novo Banco, S.A. Madrid, 1 de octubre de 2014.- Francisco Javier Priego Pérez, Secretario General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito, y a la vista de las comunicaciones recibidas del Banco de Portugal el 21 de agosto y el 24 de septiembre de 2014, se informa de que, con fecha 3 de agosto de 2014, el Banco de Portugal ha aplicado a Banco Espírito Santo, S.A. una medida de resolución consistente en la transmisión parcial de su negocio a un banco puente constituido al efecto y denominado Novo Banco, S.A., que continuará sin interrupción con la actividad ordinaria de Banco Espírito Santo, S.A. Esta medida tiene la consideración de medida de saneamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito. Como resultado de esta medida, la sucursal de Banco Espírito Santo, S.A. en España, inscrita con el número 0131 en el Registro de entidades de crédito del Banco de España, ha pasado a ser sucursal de Novo Banco, S.A. Madrid, 1 de octubre de 2014.- Francisco Javier Priego Pérez, Secretario General. ### RESUMEN: El Banco Espírito Santo pasa a ser Novo Banco de forma oficial.

Los anuncios de promoción de Fuerzas Armadas durante 6 días de campaña costarán 724.102,74 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. c) Número de expediente: 100/82/14/000200 (2014/SP01010020/00000005). d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Adquisición del plan de medios para la campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400 (Servicios de campañas de publicidad). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18 de Febrero de 2014, DOUE: 13 de febrero de 2014 y DOUE: 13 de febrero de 2014. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 628.099,17 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 628.099,17 euros. Importe total: 760.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 28 de mayo de 2014. c) Contratista: Equmedia XL, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 596.939,67 euros. Importe total: 724.102,74 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la más ventajosa para la Administración. Madrid, 3 de junio de 2014.- Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. c) Número de expediente: 100/82/14/000200 (2014/SP01010020/00000005). d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Adquisición del plan de medios para la campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400 (Servicios de campañas de publicidad). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE, DOUE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18 de Febrero de 2014, DOUE: 13 de febrero de 2014 y DOUE: 13 de febrero de 2014. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 628.099,17 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 628.099,17 euros. Importe total: 760.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 25 de abril de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 28 de mayo de 2014. c) Contratista: Equmedia XL, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 596.939,67 euros. Importe total: 724.102,74 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la más ventajosa para la Administración. Madrid, 3 de junio de 2014.- Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías. ### RESUMEN: Los anuncios de promoción de Fuerzas Armadas durante 6 días de campaña costarán 724.102,74 euros.

La Generalitat compra a los herederos de Esther Tusquets su fondo y correspondencia por importe total de 366.065 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Departamento de Cultura. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación. c) Número de expediente: CU-2013-968. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: contractaciopublica.gencat.cat. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Adquisición del fondo con correspondencia de la señora Esther Tusquets Guillén. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 366.065 euros. Importe total: 366.065 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2013. c) Contratista: Señora Milena Busquets Tusquets y Señor Néstor Busquets i Tusquets. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 366.065 euros. Importe total: 366.065 euros. Barcelona, 18 de diciembre de 2013.- Pilar Pifarré i Matas, Secretaria general.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Departamento de Cultura. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación. c) Número de expediente: CU-2013-968. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: contractaciopublica.gencat.cat. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Adquisición del fondo con correspondencia de la señora Esther Tusquets Guillén. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 366.065 euros. Importe total: 366.065 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2013. c) Contratista: Señora Milena Busquets Tusquets y Señor Néstor Busquets i Tusquets. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 366.065 euros. Importe total: 366.065 euros. Barcelona, 18 de diciembre de 2013.- Pilar Pifarré i Matas, Secretaria general. ### RESUMEN: La Generalitat compra a los herederos de Esther Tusquets su fondo y correspondencia por importe total de 366.065 euros.

Supremo anula la disposición que obligaba a las farmacéuticas a rebajar precios si en Europa vendían más barato

la nulidad de la disposición adicional 2 del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo En el recurso contencioso-administrativo número 389/2014, promovido por Farmaindustria, Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, con fecha 28 de octubre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLAMOS Primero. Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Deza García, en nombre y representación de Farmaindustria, Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, contra la disposición adicional segunda del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los medicamentos y productos sanitarios. Segundo. Anulamos la disposición adicional segunda del indicado Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo. Tercero. Imponemos a la Administración demandada las costas procesales, con el límite expresado en el último fundamento de esta sentencia. Procédase a la publicación de la parte dispositiva de esta resolución en el “Boletín Oficial del Estadoˮ, conforme a lo establecido en el artículo 72.2 de la Ley de esta Jurisdicción. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Segundo Menéndez Pérez.–María del Pilar Teso Gamella.–José Luis Requero Ibáñez.–Jesús Cudero Blas.–Ángel Ramón Arozamena Laso.–Rubricados.»

la nulidad de la disposición adicional 2 del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo En el recurso contencioso-administrativo número 389/2014, promovido por Farmaindustria, Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, con fecha 28 de octubre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLAMOS Primero. Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Deza García, en nombre y representación de Farmaindustria, Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, contra la disposición adicional segunda del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los medicamentos y productos sanitarios. Segundo. Anulamos la disposición adicional segunda del indicado Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo. Tercero. Imponemos a la Administración demandada las costas procesales, con el límite expresado en el último fundamento de esta sentencia. Procédase a la publicación de la parte dispositiva de esta resolución en el “Boletín Oficial del Estadoˮ, conforme a lo establecido en el artículo 72.2 de la Ley de esta Jurisdicción. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Segundo Menéndez Pérez.–María del Pilar Teso Gamella.–José Luis Requero Ibáñez.–Jesús Cudero Blas.–Ángel Ramón Arozamena Laso.–Rubricados.» ### RESUMEN: Supremo anula la disposición que obligaba a las farmacéuticas a rebajar precios si en Europa vendían más barato

Decreto Plan de Empleo 2014-2016 El paro es culpa de la rigidez del mercado de trabajo.

el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre el art. 3.1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre , por Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre en BOE núm. 276, de 14 de noviembre de 2014 y se aprueba la cartera común de servicios del sistema nacional de empleo: Real Decreto 7/2015, de 16 de enero La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, tiene como objetivo estratégico la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales que frene la destrucción de empleo, siente las bases para la creación de empleo estable y de calidad y favorezca la competitividad. Asimismo la reforma del mercado laboral puso en marcha un proceso de transformación de las políticas activas de empleo para posibilitar un diseño de políticas activas y pasivas más dinámicas y eficientes complementario y coherente con el nuevo marco de relaciones laborales y de contratación que permitan reforzar los mecanismos preventivos, mejorar la empleabilidad de los trabajadores, y favorecer la transición al empleo. Por otra parte, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que define un marco de control riguroso sobre el presupuesto de todos los agentes del sector público. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, se acometió un verdadero esfuerzo sistemático y coordinado entre todas las Administraciones Públicas de reducción del déficit público, que desde 2009 se encontraba en unos niveles insostenibles. La Recomendación del Consejo Europeo de junio de 2012 de aumentar la eficacia de las políticas activas de trabajo y de reforzar la coordinación entre los Servicios Públicos de Empleo nacionales y regionales, fue asumida en la V Conferencia de Presidentes Autonómicos, de 2 de octubre de 2012, por el Presidente de Gobierno y los Presidentes de las comunidades autónomas. En el año 2012, bajo el principio de consolidación fiscal se aprobó el primer Plan anual de política de empleo para 2012, instrumento de coordinación de la totalidad de medidas de políticas activas que se llevan a cabo desde los distintos servicios públicos de empleo autonómicos y el Servicio Público de Empleo Estatal, combinando la flexibilidad en la ejecución con la coherencia que otorgan una serie de objetivos comunes establecidos como prioritarios en dicho Plan. Este Plan anual de política de empleo para 2012, fue acorde con la estabilidad presupuestaria, y se elaboró en el marco de la Estrategia española de empleo 2012-2014, vigente en ese momento aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre. No obstante, el marco de la Estrategia no ha resultado acorde con el contexto actual ni con las exigencias europeas. En particular, hay que señalar que la Estrategia 2012-2014 no incluía la evaluación como un aspecto reforzado del diseño, planificación, programación, ejecución y control de los resultados de las políticas de activación para el empleo. En ese contexto y en el seno de la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, acordaron una nueva metodología, unos nuevos objetivos, instrumentos e indicadores para posibilitar el Plan anual de política de empleo para 2013. La clave del cambio al nuevo modelo de políticas activas de empleo está en pasar desde un modelo de financiación y gestión articulado en torno a programas establecidos centralizadamente a un nuevo marco acorde con las competencias de las comunidades autónomas en políticas activas, en el marco de la unidad de mercado, basado en la evaluación. Los citados planes han servido de antesala al Plan anual de política de empleo para 2014. Es más, el Programa Nacional de Reformas, aprobado en el Consejo de Ministros de 30 de abril de 2014, ha sido consciente de la necesidad de consolidar y profundizar en este impulso mediante una nueva Estrategia plurianual de políticas de activación para el empleo. Esta Estrategia es coherente con la Recomendación del 8 de julio de 2013 del Consejo de la UE a España de realizar una reforma de las políticas activas de mercado de trabajo, orientadas a la consecución de resultados, fortaleciendo la focalización y la eficiencia de las orientaciones. Asimismo, recomienda reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación; reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación. Finalmente, recomienda poner en funcionamiento el portal único de empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación. La nueva Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016, ha requerido de cambios legislativos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, introducidos por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta nueva Estrategia se articula en torno a seis ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo) previamente consensuados entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas. Además cuenta con objetivos estratégicos y estructurales. Los objetivos estratégicos se aprobarán por el Gobierno, son selectivos y se dirigen a un ámbito o finalidad concretos. Los objetivos estructurales son estables, exhaustivos y deben cubrir todo el ámbito de las políticas activas. Ambos objetivos (estructurales y estratégicos) están relacionados entre sí, de forma que cada comunidad priorizara los que considere conveniente, para conseguir el objetivo final y ser eficientes con el gasto que realicen en políticas activas. Para ello, cada objetivo tendrá un indicador que medirá al final de cada año si se han cumplido los objetivos y que condicionara el reparto de los fondos destinados a las políticas de activación para el empleo. Por ello, esta nueva Estrategia permitirá la transparencia y anticipación en la propuesta de los programas por parte de todas las comunidades autónomas, que de forma más flexible podrán proponer las medidas que consideren más convenientes destinadas a cumplir objetivos predeterminados y a priorizar en función de su importancia, y todo ello dentro de la necesaria gradualidad que debe imperar entre el sistema anterior y el nuevo modelo. Por otro lado, la nueva Estrategia tiene muy presente el marco trazado por la Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016, en la que se incluye un amplio conjunto de medidas (hasta 100), incluidas muchas de ellas en el ámbito de actuación del Sistema Nacional de Empleo. Asimismo, debe tenerse en cuenta la importancia de la adaptación de los servicios públicos de empleo para dar cumplimiento al compromiso de implantación de la Garantía juvenil, que se articulará en España mediante el Plan nacional de implantación de la garantía juvenil. La aprobación de la Estrategia corresponde al Gobierno, en el ejercicio de las competencias definidas en el artículo 3.1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la cual se lleva a cabo mediante este real decreto, que ha sido sometido a informe de la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, del Consejo general del sistema nacional de empleo, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, del Consejo de fomento de la economía social, y de las organizaciones más representativas del trabajo autónomo. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 5 de septiembre de 2014, DISPONGO: Artículo único. Aprobación de la Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016. Se aprueba la Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016, la cual se configura como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo e intermediación laboral en el conjunto del Estado, y cuyo texto se incluye a continuación. Disposición transitoria única. Aplicación de la Estrategia española de empleo 2012-2014. Lo dispuesto en el apartado 8.1 de la Estrategia española de empleo 2012-2014, aprobada por Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, será de aplicación en los siguientes supuestos, respecto de los fondos asignados de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: a) La justificación en 2015 de la cofinanciación con fondos propios de cada comunidad autónoma del 20 por cien de las cantidades asignadas para financiar el programa de modernización en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. b) La justificación del pago de las cantidades comprometidas en 2012 y 2013 a los beneficiarios o a los proveedores que hubieran ejecutado o realizado los proyectos objeto de financiación por parte de las diferentes comunidades autónomas. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia española de empleo 2012-2014. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo del título competencial previsto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral. Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario. Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto. Asimismo, se faculta a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para la aplicación de este real decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2014. FELIPE R. La Ministra de Empleo y Seguridad Social, FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA [encabezado]1. MARCO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2014-2016: LA ESTRATEGIA EUROPA 2020, DIRECTRICES DE EMPLEO Y PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS La profunda crisis económica y financiera internacional iniciada en 2007, ha tenido un efecto directo sobre los niveles de desempleo en todos los países de la UE-28, y especialmente en España. Así, mientras la tasa de desempleo media de la UE se sitúa en el 11% en el tercer trimestre de 2013, en el caso español esta tasa alcanza casi el 26%. En este sentido, la virulencia con que la crisis económica ha afectado al desempleo en España se debe principalmente a la existencia de debilidades estructurales del mercado de trabajo, derivadas básicamente de la excesiva rigidez en la regulación de las condiciones internas de trabajo, la segmentación en las condiciones laborales entre trabajadores temporales e indefinidos y una estructura de negociación colectiva alejada de las necesidades reales de empresas y trabajadores, tal y como se desprende de los informes y valoraciones del Banco de España, OCDE, Comisión Europea y Fondo Monetario internacional. Otra razón principal la constituye la existencia de un sistema de protección por desempleo, que incluye tanto el abono de prestaciones por desempleo como la ejecución y puesta en práctica de políticas activas de empleo, también rígido y disociado de las necesidades reales de los trabajadores, tanto ocupados como desempleados. Además, el nuevo contexto económico obliga a incrementar la eficiencia en la utilización de fondos públicos. La respuesta a esta necesidad tiene su reflejo inmediato en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que también afecta al desarrollo de las políticas de activación para el empleo. La experiencia muestra que más fondos no necesariamente implican mejores resultados. Debe tenerse en cuenta que en el período 2006-2011 los fondos de los Presupuestos Generales del Estado (esto es, sin tener en cuenta los recursos propios de las Comunidades Autónomas) destinados a financiar estas políticas aumentaron en un 10% sin que este aumento se reflejase en una minoración en el número de desempleados, ya que en el mismo período aumentó un 118,62%. Ante este escenario, la Reforma Laboral aprobada mediante la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, puso en marcha un nuevo marco de relaciones laborales y de contratación sobre la base de la flexibilidad interna, destinado a frenar la destrucción de empleo en el corto plazo y a sentar las bases para una más rápida reversión de la situación ante la recuperación económica. La reforma del mercado de trabajo es una reforma de naturaleza estructural y como tal solo desplegará plenamente sus efectos en el largo plazo. Precisamente por ello, se hace especialmente importante contar con unas políticas de activación eficaces, capaces de reforzar la empleabilidad de los trabajadores y dotarles, así, de herramientas para hacer frente a la situación que atraviesa el mercado de trabajo español. Por ello, la Reforma establecía, además, el inicio de la transformación de las políticas de activación, en especial en lo referente a la formación de los trabajadores y a la intermediación laboral como avance hacia un modelo de flexiseguridad. Sobre esta base, con posterioridad se han aprobado diferentes normas con la finalidad de favorecer la activación e inserción de las personas en desempleo, entre las cuales se deben destacar: – Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. – Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. – Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. – Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y creación de empleo, donde se concretan 15 de las 100 medidas contenidas en el Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven aprobada por el Gobierno el 22 de febrero de 2013, que en cierta medida se anticipaba a la Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, que recomienda a los Estados de la UE que velen por que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal. El cumplimiento de esta Recomendación se articula en España mediante el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, presentado en diciembre de 2013, con el que guarda plena coherencia esta Estrategia Española de Activación para el Empleo. – Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, donde se potencia la flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y el contrato a tiempo parcial, como instrumento de inserción y dinamizador del mercado de trabajo, tal y como sucede en países del entorno europeo. – Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que regula una «tarifa plana» de cien euros de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, para estimular la contratación estable compatible con el mantenimiento de los derechos sociales de los trabajadores contratados. – Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Las Orientaciones Europeas sobre Empleo, basadas en los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para 2010-2014 en materia de empleo, incluyen en sus directrices 7, 8 y 10, las metas a conseguir en materia de empleo por los distintos países miembros, entre las que destaca la reducción del desempleo estructural, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral, cumplir con el objetivo de lograr más empleo y de mayor calidad, así como promover la participación de los colectivos más alejados del mercado de trabajo. Por su parte, el Consejo Europeo recomendó a España en junio de 2012, y de nuevo en julio de 2013, que afrontase una reforma orientada a aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo y reforzar la coordinación entre los Servicios Públicos de Empleo nacionales y regionales. El Gobierno de España ha elaborado y aprobado en el Consejo de Ministros del 30 de abril de 2014, el Programa de Estabilidad 2014-2017 y el Programa Nacional de Reformas 2014, que han sido remitidos al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea dentro de las obligaciones de los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo. Es la tercera vez en esta legislatura que el Gobierno elabora y presenta estos dos Programas, pero es la primera que se realizan en un contexto de recuperación económica. La economía española creció ya en los dos últimos trimestres de 2013 y los datos del primer trimestre de 2014 confirman la aceleración del crecimiento. En este contexto, el Plan Nacional de Reformas 2014, es una continuación de la intensa agenda reformadora del Gobierno, ya plasmada en los PNR 2012 y 2013, cuyo grado de cumplimiento ha sido muy elevado. Pero además, el Plan Nacional de Reformas de 2014 parte como elemento diferencial, de una coyuntura algo más favorable. Por tanto, el PNR 2014 se convierte en un instrumento esencial de política económica para permitir que el cambio de ciclo que parece estar iniciándose se consolide y permita un crecimiento sólido y sostenible que favorezca, de forma decidida, la creación de empleo. En definitiva, en los próximos doce meses, la agenda económica del Gobierno tiene dos grandes líneas de actuación que se refuerzan mutuamente: profundizar en las reformas y favorecer la recuperación económica y la creación de empleo. Las medidas recogidas en el PNR 2014 responden a este enfoque. Se estructuran, como es habitual, en torno a las cinco áreas prioritarias identificadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014 (AGS), del pasado mes de noviembre (13.11.2013): saneamiento fiscal diferenciado y favorecedor del crecimiento; restablecer las condiciones normales de préstamo a la economía; fomentar el crecimiento y la competitividad actual y futura; luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis; y modernizar la Administración Pública. Estas medidas, además, sientan las bases para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Entre las cinco áreas prioritarias señaladas, destacan por su relación con el empleo, la tercera: fomentar el crecimiento y la competitividad presente y futura de la economía, y, especialmente, la cuarta, luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis. Para crecer, es necesario garantizar un funcionamiento competitivo y continuado de la economía española. Para ello es necesario, entre otras medidas, la mejora de la capacitación de los trabajadores. Por ello a lo largo de este año se establecerá un nuevo modelo de formación para el empleo, basado en los principios de transparencia y control en la gestión de los recursos públicos, concurrencia competitiva y evaluación de la calidad de la formación. La cuarta prioridad de dicho Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014 (AGS) es luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, en una coyuntura económica algo más favorable. El crecimiento económico moderado experimentado desde finales de 2013, ha facilitado que en 2014 la economía española haya empezado a crear empleo neto. El éxito, en términos de una reducción sustancial del desempleo, de esta nueva Estrategia, hace imprescindible fundamentarla en unas bases sólidas de recuperación económica sostenible. Por todo ello en atención a las recomendaciones emanadas del Consejo Europeo, lo previsto en el Programa Nacional de Reformas de 2014 y de manera coherente con el nuevo marco normativo es imprescindible la aprobación de una nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo. Esta Estrategia se articula en torno a seis ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional) previamente consensuados con las Comunidades Autónomas. Éstos permitirán clasificar el conjunto de servicios y programas que se desarrollen para reforzar la activación e inserción de los trabajadores desempleados y permitan mejorar sus capacidades y adaptarlas, de manera dinámica, a las necesidades del sistema productivo. El conjunto de servicios y programas se orienta a la consecución de objetivos comunes previamente fijados. Estos objetivos pueden ser de carácter estratégico o estructural, atendiendo los primeros a las prioridades de cada momento, mientras los segundos buscan la mejora en la atención general a prestar por los Servicios Públicos de Empleo. Para garantizar la efectividad de las medidas y el cumplimiento de los objetivos propuestos, se ha diseñado un sistema de indicadores que permite medir el grado de cumplimiento alcanzado cada año en los citados objetivos. De esta forma se garantiza su adecuada evaluación. Precisamente el seguimiento de las medidas que se llevan a cabo, la evaluación de resultados y la toma de decisiones sobre una base fundamentada constituyen las bases de la nueva Estrategia. [precepto]2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y LAS TENDENCIAS DEL MERCADO DE TRABAJO A mediados de 2014 la situación económica ha mejorado sustancialmente respecto a la etapa anterior, de forma que el PIB viene anotando tasas crecientemente positivas, hasta alcanzar en el segundo trimestre el +0,6% en términos trimestrales y el +1,2% en términos anuales. Las previsiones apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos trimestres y de hecho los escenarios macroeconómicos recogidos en la reciente actualización del Programa de Estabilidad 2014/2017 revisan las previsiones al alza, al igual que lo han hecho la Comisión Europea, la OCDE o el FMI respecto a las previsiones formuladas en invierno.   Ministerio Economía Banco de España Comisión UE OCDE FMI Panel Previsión Funcas BBVA (30/04/2014) (23/07/2014) (05/05/2014) (06/05/2014) (16/07/2014) (02/07/2014) (05/08/2014) PIB (∆%)               2013 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 2014 1,2 1,3 1,1 1 1,2 1,2 1,3 2015 1,8 2 2,1 1,5 1,6 1,9 2,3 2016 2,3 n.d. n.d. n.d. 1,7 n.d. n.d. Empleo (∆%)(*)               2013 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 2014 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,8 2015 1,2 1,4 1,2 0,8 0,8 1,3 1,7 2016 1,5 n.d. n.d. n.d. 1,2 n.d. n.d. Tasa de paro (%)               2013 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 2014 24,9 25 25,5 25,4 24,9 24,9 24,5 2015 23,3 23,8 24 24,4 23,8 23,7 23,1 2016 21,7 n.d. n.d. n.d. 22,6 n.d. n.d. A 6 de agosto de 2014. (*) Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo de la Contabilidad Nacional. El empleo, por su parte, ha mostrado signos de fuerte crecimiento en el IIT2014, con un crecimiento trimestral de +2,4% (+402.400 empleos), de forma que alcanza un crecimiento anual positivo (+1,1%) después de 23 trimestres consecutivos en negativo. Es una tendencia positiva más allá de los factores estacionales propios de ese trimestre (crecimiento anual del +1% desestacionalizado según el cálculo del INE). Esta mejora se traduce en una fuerte caída del desempleo (-7,0% anual) simultánea a una cierta recuperación de la población activa en el trimestre. El paro registrado desciende de forma similar en torno a un -6% anual. Sin embargo, los escenarios macroeconómicos ya mencionados apuntan a que a pesar de las buenas perspectivas, el nivel de desempleo todavía permanecerá en niveles muy elevados, incluso superiores al 20% en el horizonte de previsión durante un tiempo. Además, los principales observadores nacionales internacionales han señalado la importancia de que se adopten medidas adicionales dirigidas a promover y facilitar la incorporación de ese elevado número de desempleados a la reactivación del mercado de trabajo. Así, en el escenario más probable de reactivación económica, con creación de empleo y descenso del paro, pero a un ritmo lento en ausencia de medidas adicionales los retos más destacados para las políticas de activación en desarrollo de la Estrategia de Activación son: • El elevado porcentaje de desempleados de larga duración. En el segundo trimestre de 2014 el 62,1% de los desempleados llevaban un año ininterrumpido o más en paro y casi un 42,4% llevaba 2 años o más. Por ello, uno de los aspectos que deben tener en cuenta las políticas de activación a desarrollar por los Servicios Públicos de Empleo y los demás agentes implicados es mejorar la inserción de los parados de larga duración, ya que su volumen se ha incrementado notablemente y las perspectivas económicas existentes en el corto plazo no permiten augurar un reingreso fácil al mercado laboral. • El alto porcentaje de los desempleados con un nivel de cualificación bajo derivado del abandono escolar temprano. Así, en el segundo trimestre de 2014, según la EPA, el 54,9% de los desempleados no había superado más allá de la primera etapa de educación secundaria y el 11,7% no tenía estudios secundarios. Esas cifras son muy elevadas incluso entre los desempleados menores de 30 años: el 52,9% no había superado la primera etapa de educación secundaria y el 11,7% no tenía estudios secundarios. Los bajos niveles de cualificación están asociados con menores tasas de empleo, de paro y de paro de larga duración y con mayores dificultades de reincorporación al mercado de trabajo, especialmente cuando exigen un cambio en el sector de actividad o la ocupación. • El reducido ritmo al que se produce la entrada en el empleo desde el paro o la inactividad. Si antes de la crisis hasta el 9% de los inactivos o desempleados en un trimestre accedían al empleo en el trimestre siguiente, ese porcentaje se había reducido al 4,8% al principio de 2013, si bien es cierto que ha mostrado cierta recuperación desde entonces y al principio de se situó en el 5,1%. Este menor dinamismo ha afectado de forma general a los desempleados, aunque de forma más acusada a los jóvenes, de los que el flujo de inactivos y parados de un trimestre que estaban ocupados al trimestre siguiente ha pasado de medias del 16% antes de la crisis a situarse solo ligeramente por encima del 6%. En todo caso, para que la reactivación económica sea rica en empleo y alcance al elevado número de desempleados que todavía presenta el mercado de trabajo, es necesario que se dinamice su incorporación al empleo. • Los problemas específicos de algunos colectivos, como se detalla a continuación. La evolución de los datos pone de manifiesto la necesidad de continuar prestando una atención adecuada, adaptada las características de determinados colectivos como jóvenes y trabajadores mayores, sobre los que la Estrategia de Activación puede tener especial incidencia. Jóvenes En cuanto a la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo, debe tenerse en cuenta que, por un lado, la población joven está reduciéndose por motivos demográficos. El número de jóvenes menores de 25 años se ha reducido de manera más o menos constante en los últimos años a una tasa anual del -2,3%. De esta forma, en el segundo trimestre de 2014 hay 4.046.100 jóvenes menores de 25 años, 271.600 menos que tres años antes. Este descenso se debe tanto al menor tamaño de las cohortes que se incorporan a la edad activa, como al descenso de la población extranjera joven. Este descenso de población extranjera menor de 25 años viene produciéndose desde 2009 (con una pérdida de 272.100 jóvenes), y se ha acelerado desde 2012 hasta alcanzar una tasa del -13,2% anual en el segundo trimestre de 2014.   Jóvenes de 16 a 24 años Tasa variación anual Total Española Extranjera Total – Porcentaje Española – Porcentaje Extranjera – Porcentaje 2014TII 4.046,1 3.430,1 502,1 -1,9 -0,1 -13,2 2014TI 4.054,0 3.519,7 534,3 -2,3 -0,6 -12,1 2013TIV 4.075,4 3.527,5 547,9 -2,4 -0,8 -11,6 2013TIII 4.096,2 3.532,1 564,2 -2,4 -1,5 -7,8 2013TII 4.126,2 3.547,8 578,4 -2,3 -1,7 -5,8 2013TI 4.150,0 3.542,3 607,7 -2,3 -2,7 0,2 2012TIV 4.175,9 3.556,0 619,9 -2,3 -2,9 1,6 2012TIII 4.196,7 3.584,5 612,1 -2,2 -1,9 -4,2 2012TII 4.223,7 3.609,8 613,9 -2,2 -1,8 -4,4 2012TI 4.248,1 3.641,9 606,2 -2,2 -1,6 -5,8 2011TIV 4.273,6 3.663,6 610,0 -2,2 -1,7 -5,1 2011TIII 4.293,2 3.654,2 639,0 -2,3 -2,3 -2,8 2011TII 4.317,7 3.675,4 642,3 -2,5 -2,1 -4,8 2011TI 4.342,7 3.699,4 643,2 -2,6 -1,8 -6,7 Nota: La población española incluye también las personas con doble nacionalidad. Fuente: INE, EPA. Según las últimas proyecciones de población a corto plazo del INE, presentadas en noviembre de 2013, con las tendencias demográficas actuales es previsible que la población de jóvenes disminuya sensiblemente en los próximos años, lo que tendría un efecto notable sobre los principales indicadores laborales. Al descenso de población joven se añaden las menores tasas de actividad, que hacen que la población activa se haya reducido de manera aún más acusada: -825.100 desde el final de 2007 y -344.400 desde el principio de 2011. Este descenso adicional está relacionado fundamentalmente con la permanencia en los estudios y el descenso del abandono escolar temprano. Por otro lado, la situación del mercado de trabajo de los jóvenes viene marcada en gran medida por la situación general del mercado de trabajo. A pesar de las elevadas tasas de desempleo que se registran entre los menores de 25 años, la ratio de la tasa de paro joven (entre menores de 25 años) respecto a la de los adultos se sitúa en España por debajo de la media de la UE (al final de 2013) y ha permanecido prácticamente estable desde el inicio de la crisis en el entorno del 2. Es decir, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo el doble de la tasa de paro general, como ya lo era antes del inicio de la crisis. Esta es una situación muy similar a la de la media de la UE y dispar de la que presentan otros países, como Italia, en los que la tasa de desempleo juvenil cuadruplica la tasa general de paro, pero también de la situación de Alemania, en la que la tasa de paro juvenil es solo un 50% superior a la de los adultos. No obstante, este contexto no resta motivos de preocupación por las dificultades de acceso al mercado de trabajo de los jóvenes: La tasa de empleo de los jóvenes sigue en niveles históricamente bajos. En el cuarto trimestre de 2013, la tasa de empleo de los jóvenes en España se sitúa en el 18,3%, frente al 41,9% del cuarto trimestre de 2007. Si entonces estaba ligeramente por encima de la media europea (37,3%) medida en términos comparables, en 2013 el nivel medio en la UE es de casi el doble, 32,3%. En 2013 España ha sido, después de Grecia e Italia, el país con la tasa de empleo más baja de todos los países de la UE. No obstante, los datos más recientes apuntan a que se ha frenado el descenso en la tasa de empleo a partir de 2013. Paralelamente, la tasa de paro joven en España ha aumentado en estos años intensamente hasta alcanzar un máximo de 56,9% en el primer trimestre de 2013, más de treinta puntos superior a la tasa de paro media de la Unión Europea. Sin embargo, desde entonces ha habido una evidente mejora. Así, el número de jóvenes menores de 25 años en paro ha descendido hasta el segundo trimestre de 2014 en 140.100 personas, un 14,3%. Al final del segundo trimestre de 2014 buscaban activamente empleo y estaban plenamente disponibles para trabajar según la EPA 840.600 jóvenes menores de 25 años. Además, para poner en un contexto adecuado los datos de paro, debe tenerse en cuenta que sobre el total de la población joven la proporción de parados no supera el 25% y muestra una tendencia decreciente en los últimos trimestres. No obstante, una tendencia preocupante a lo largo de la crisis ha sido el fuerte aumento de la proporción de jóvenes en búsqueda de empleo que son parados de larga duración, que se sitúa en el 50,6% para los menores de 25 años (y en el 56,5% para los jóvenes entre 25 y 30 años). Es decir, un 26,9% de los jóvenes menores de 25 años son parados de larga duración. Estas proporciones no están tan alejadas de la situación para la población general, con una proporción de parados de larga duración del 60%. Aunque, los datos más recientes muestran que la tendencia de aumento en la proporción de parados de larga duración entre los jóvenes ha dejado de crecer hasta estabilizarse a lo largo de 2013, esta situación es preocupante por su contraste con la dinámica previa a la crisis, en la que la incidencia del paro de larga duración entre los jóvenes era mucho menor: solo el 14,3% de los parados menores de 25 años llevaban más de un año buscando empleo (un 2,7% de los jóvenes de esa edad). En cuanto a los jóvenes que no están ocupados ni cursan estudios (reglados o no reglados), conocidos en términos de estadísticas laborales como ninis, España ha sido uno de los países de la UE en los que más ha crecido su proporción sobre el total de jóvenes menores de 25 años, hasta alcanzar un máximo en 2012 del 18,8%, medido en términos comparables. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países europeos, la tasa de jóvenes sin ocupación y que no cursan estudios ha descendido en 2013 al 18,6%, primer descenso que se registra desde el inicio de la crisis. A esta evolución contribuye sin duda la positiva tendencia a la fuerte reducción del abandono escolar temprano que viene produciéndose en estos años y que se ha mantenido durante 2013 hasta situarse en el 23,5%, un nivel históricamente bajo (en 2007 se situaba en el 31%), aunque todavía muy por encima de la media europea del 11,9%. A la mejora de la formación de los jóvenes contribuyen también las medidas a favor de la contratación con el Contrato de Formación y Aprendizaje, que ofrece una vía para la inserción en el mundo laboral a la vez que completa la formación del joven. Estos contratos están experimentando un fuerte aumento desde la reforma laboral que ha permitido alcanzar e incluso superar los niveles de nuevas contrataciones previos a la crisis. Las nuevas contrataciones con este tipo de contrato han aumentado un 109,5% en los 24 meses hasta marzo de 2014, periodo que permite capturar el efecto de la reforma laboral, frente a una caída del 45,4% desde el inicio de la crisis. Así, han superado ya los niveles de 2007 con 102.741 nuevas contrataciones. También han experimentado un fuerte aumento las nuevas contrataciones con contrato de prácticas entre los menores de 30 años, aunque en este caso con un incremento más moderado (8.550 nuevas contrataciones adicionales, un +23,6%) en los 12 meses hasta marzo de 2014. Este mayor dinamismo en la contratación de jóvenes se aprecia también en su incorporación al mercado de trabajo como trabajadores por cuenta propia. Las altas iniciales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los menores de 30 años repuntaron en 2013 un 35% en términos anuales, hasta las 22.370, nivel cercano a 2008, en el que la crisis solo se sintió parcialmente. Este incremento ha sido mayor que el aumento general de nuevas altas (del 20%). Esto ha llevado a que las altas de jóvenes menores de 30 años continúen aumentando su proporción en el total de nuevas altas, hasta superar el 60%, nivel que no se alcanzaba la menos desde 2005. Con este dinamismo en la incorporación como trabajadores por cuenta propia, los jóvenes hasta 30 años han aumentado su peso en el total de afiliados al RETA hasta el 9,2% al final de 2013, frente al 8,8% de un año antes. Mayores de 55 años Durante los últimos diez años, la población mayor de 55 años mantiene un ascenso continuado en su participación en el mercado de trabajo. Desde 2007 a 2013 se han incorporado 600.500 activos, de los que un 73,3% son mujeres. Sin embargo, esa incorporación a la actividad no se ha visto acompañada por un crecimiento similar del empleo, que solo ha aumentado en 154.300 ocupados más. Por tanto, se ha producido un significativo aumento del desempleo en este segmento de edad: 446.300 parados más entre 2007 y 2013. De esta forma, este tramo de edad presenta unas tasas de desempleo del 19,8% en el primer trimestre de 2014 (20,3% para los hombres y 19,1% para las mujeres). Aunque se sitúa por debajo de la media nacional del 25,9%, es casi 14 puntos porcentuales superior a la de 2007. Es preocupante para este colectivo la fuerte incidencia del paro de larga duración. En el primer trimestre de 2014 el 75,4% de los parados de más de 55 años llevaban más de un año en búsqueda de empleo y el 58,1% más de 2, con niveles relativamente similares para hombres y mujeres. Con datos procedentes de los registros de demandantes de empleo puede señalarse que los niveles formativos más representados entre los trabajadores contratados mayores de 45 años son el equivalente a Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que representa el 60,6%, y la Formación Profesional en un 10,3%. Tendencias actuales del mercado de trabajo. Actividades económicas y ocupaciones con mejores perspectivas para el empleo Este apartado se ha elaborado a partir de la explotación estadística de las bases de datos del Sistema Nacional de Empleo, contrastada con la información cualitativa procedente de los principales actores sociales del área del empleo. Los datos han sido obtenidos de distintas fuentes: los relativos a tendencias y evolución reciente en la contratación y afiliación observada en las distintas actividades económicas proceden de fuentes del Sistema Nacional de Empleo, mientras que los datos cualitativos son el resultado de las entrevistas realizadas a expertos provinciales del área del empleo y la formación. También se ha contado con expertos nacionales de ámbito macroeconómico que contribuyen a enmarcar y concretar las opiniones de los expertos provinciales dentro de la situación económica española. La situación actual de las actividades económicas, según coinciden la mayor parte de los expertos, puede categorizarse en tres niveles: a) Actividades sin buenas perspectivas. b) Actividades que muestran indicadores positivos. c) Actividades que han resistido la crisis y muestran buenas perspectivas. a) Actividades sin buenas perspectivas: A lo largo del año 2013 se ha mitigado el comportamiento tan negativo de la mayor parte de actividades económicas, y se ha moderado la pérdida de empleo. Una de las actividades más maltratadas por la crisis ha sido la construcción. En este sector está paralizada la obra nueva, debido a la existencia de un gran «stock» de vivienda terminada y sin salida en el mercado. No obstante, se ven, incluso en este sector, algunas posibilidades, ligadas a los programas de rehabilitación y mantenimiento y a las nuevas exigencias legales de certificación energética. Algunas grandes empresas, ante la falta de demanda interna, han optado por la internacionalización. El comercio, es una actividad que todavía sigue concentrando una disminución de contratos, aunque esta es menor que la de los últimos años, lo que está dibujando un cambio de tendencia. Hay que tener en cuenta, sin embargo un factor muy significativo en esta actividad, como es el del autoempleo, ya que además de tener un peso importante en la actividad, la evolución del último año fue muy positiva, con un crecimiento por encima del que ha tenido el total de autónomos del país. El empuje que el comercio electrónico está teniendo potenciará esta actividad. Las oportunidades en este sector se asocian al aumento del emprendimiento y la puesta en marcha de franquicias solventes. El reto principal al que se enfrentará en los próximos años el comercio al por menor es una alta tasa de reposición, a causa de la elevada edad de sus trabajadores. Este reto supone al mismo tiempo una oportunidad, y plantea la necesidad de atender la cualificación de los nuevos trabajadores que se incorporarán a este sector, proporcionándoles una formación acorde con los requerimientos que ya se han detectado. b) Actividades que muestran indicadores positivos: En el segundo grupo, hay actividades que han sufrido la crisis, pero están mostrando síntomas de invertir la tendencia. La actividad de servicios sociales, muy relacionada con la salud y calidad de vida se está convirtiendo en campo de acción para la iniciativa privada ante el retroceso de la iniciativa pública. El sector de la automoción muestra claros signos de recuperación, y ha contado también con planes de apoyo públicos para la renovación de vehículos, el desarrollo de modelos nuevos (híbridos, eléctricos, etc.). Este sector ha experimentado un notable aumento de las exportaciones. Hay que tener en cuenta, aunque sin esperar llegar a cifras de épocas anteriores, tanto la industria del calzado, como la textil, donde se está empezando a tener una dinámica positiva con ciertas perspectivas, especialmente en perfiles más cualificados. c) Actividades que han resistido la crisis y mantienen buenas perspectivas: Por último, hay actividades que han resistido de forma aceptable la situación económica y tienen perspectivas más favorables, habiendo precisado en algunos casos de grandes esfuerzos y de adaptaciones significativas. El sector agroalimentario ha resistido bien gracias a cambios como la introducción de nuevos métodos, nuevos productos, la búsqueda de nuevos mercados y aprovechando una nueva mentalidad más ecológica, por lo que presenta unas buenas perspectivas. Es un sector que tiene gran peso en la exportación, a pesar del poco valor añadido de gran parte de los productos que comercializa. La actividad turística también está saliendo con solvencia de la crisis, adaptándose a las nuevas necesidades. Ante la caída de la demanda interna, se está centrando en nuevos productos (turismo de naturaleza, de aventura, de congresos, etc.). A esta perspectiva positiva contribuye la consolidación de la demanda externa y una continua política de bajada de precios. El trabajador por cuenta propia tiene gran peso en esta actividad económica, lo que se concreta a apertura de nuevos negocios de hostelería. En relación al comercio y a las exportaciones hay una actividad, logística, que está cobrando protagonismo y tiene buenas perspectivas de desarrollo, especialmente en cuanto a su influencia en la competitividad de las empresas, principalmente por el ahorro que puede suponer en los costes en el aprovisionamiento y en la distribución. A pesar del todavía escaso peso en el tejido productivo, los servicios avanzados a las empresas presentan una evolución positiva en los últimos años, tanto desde el punto de vista de la tecnología, como de la informática y de los servicios financieros. La industria química y farmacéutica ha iniciado su proceso de recuperación, finalizando el año 2013 con cifras más positivas en relación al empleo de años anteriores. Aunque tienen gran peso en el tejido productivo, representan uno menor en el empleo. Sin embargo destaca el gran nivel tecnológico del mismo. Cuadro 1. ¿Qué ocupaciones presentan mejores perspectivas de empleo? De manera coherente con el análisis por actividades, puede ofrecerse el detalle del panorama de ocupaciones con buenas perspectivas de futuro, que es complementario del anterior y determinante para orientar las políticas de activación. Las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo están relacionadas con los sectores y actividades económicas que muestran mayor dinamismo: el turismo, hostelería, ocio y restauración. Aunque son ocupaciones que tienen una alta estacionalidad, pertenecen a unos sectores consolidados por el volumen de empleo y se considera que tienen todavía potencial de crecimiento a corto plazo, para lo que necesitan modernizarse, innovar y profesionalizarse dada la creciente competencia internacional. En hostelería, se necesitan personas cualificadas en las ocupaciones de camarero, cocinero, jefe de sala, ayudante de cocina, preparador de catering y personal de limpieza, todos ellos con buen dominio de idiomas, principalmente el inglés. Debido al auge del turismo deportivo se requieren monitores de actividades acuáticas y rurales, animadores turísticos. Las actividades turísticas en el medio rural pueden generar nuevos emprendedores. Las excelencias gastronómicas de las diferentes zonas geográficas facilitan el desarrollo de un turismo que exige especializaciones en cocina, gastronomía y dietética. Junto al sector turístico, se destaca el buen comportamiento de la actividad agroalimentaria como sostén de la actividad económica en el mundo rural y que tiene perspectivas de crecimiento ligadas al aumento de la exportación y a las innovaciones tecnológicas. Las nuevas formas de consumo y los nuevos métodos de producción requieren trabajadores cualificados en la agricultura (especialmente en agricultura ecológica y técnicas agrarias avanzadas) en las innovaciones de industria alimentaria y en producción integrada. Se destaca la necesidad de ocupaciones como ingeniero agrónomo, trabajador agrícola cualificado, trabajador de la elaboración del vino, técnico en maquinaria agrícola, técnico fitosanitario, trabajador cualificado de conservas, zumos y vegetales congelados. Esta industria, aunque sea de forma estacional (campañas) requiere de personal no cualificado para las campañas agrícolas como es el caso del peón agrícola. En estas ocupaciones no se exige cualificación, pero sí ciertas actitudes como capacidad de aprender, implicación en el trabajo, flexibilidad y polivalencia. En prácticamente todos los ámbitos económicos, las ocupaciones relacionadas con el comercio exterior tienen buenas perspectivas debido a la necesidad de las empresas de buscar mercados internacionales para compensar la todavía débil demanda nacional existente en la actualidad. En este sentido, se necesitan expertos en comercio exterior e internacionalización de las empresas, con dominio de idiomas, fiscalidad y legislación internacional. En general, las empresas necesitan asesoramiento para afrontar la internacionalización y para incrementar las ventas en el exterior. En concreto, está en alza la demanda de analista financiero que conozca el mercado fuera de España desde el punto de vista fiscal, legal y económico. El técnico comercial es una ocupación muy demandada en cualquier actividad. Ahora más que nunca, se busca ofrecer a los clientes productos que tengan un valor diferencial, para lo cual es necesario un conocimiento profundo de los mismos. En esta ocupación, es muy relevante la capacidad de negociación, de cierre de acuerdos, de colaboración y las continuas labores consultivas sobre el producto, en las que los idiomas son conocimientos exigidos. También en un sector sin buenas perspectivas, como el de la construcción, existen algunas ocupaciones destacables debido al empleo de nuevas formas, materiales y tecnologías: instaladores especializados en domótica y energías renovables (certificación energética); profesionales del diseño de arquitectura urbana sostenible y de gestión de calidad medioambiental. Se detectan empresas en las que existen dificultades para encontrar trabajadores formados y adaptados a las nuevas competencias y cambios normativos en ocupaciones relacionadas con las instalaciones, reparaciones y mantenimiento de viviendas. Otras actividades que están generando el empleo, son las que tienen relación con las nuevas tecnologías, la comunicación, la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos. El sector industrial y los servicios avanzados a las empresas se basan en el conocimiento. Las ocupaciones técnicas, los profesionales científicos e intelectuales tienen más oportunidades en el mercado laboral: asesor y gestor de empresas, experto en redes sociales, programador web y diseñador gráfico; creativo, diseñador y consultor de marketing; community manager; gestor de ahorro energético, gestión de residuos y medio ambiente; técnico especializado y programador de sistemas informáticos (help desk); analista y controlador financiero; especialista en tecnología ink-jet; técnico de control numérico computarizado; técnico de ingeniería de las telecomunicaciones. Todos ellos son perfiles cualificados y técnicos relacionados con las ingenierías y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que, además de mantener los índices de ocupación, presentan buenas expectativas futuras ya que aportan innovación a las compañías. El valor añadido de este tipo de ocupaciones no es solo el empleo que se genera por cuenta ajena sino también el que crece por cuenta propia. En general hay buenas perspectivas de empleo para los técnicos de la formación profesional principalmente formados en áreas electro-mecánicas y similares. En este apartado se incluyen también las ocupaciones relacionadas con la salud, la mejora de la calidad de vida y la atención a personas mayores y dependientes: ayudante a domicilio, auxiliar de clínica y geriatría, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médicos especialistas. Éste es un sector considerado ya como yacimiento de empleo y en el que se ha producido una gran profesionalización de la atención (cuidado integral y atención individualizada) como consecuencia de los cambios introducidos en el sistema de ayudas a la dependencia y del incremento de la contratación legal de trabajadores. Seguirá habiendo demanda de estas ocupaciones debido a que sus servicios se dirigen a un amplio sector de personas, y a causa del envejecimiento progresivo de la población junto con el aumento de la esperanza de vida. Incluso en estos momentos de crisis es evidente la reposición de efectivos. Cuadro 2. Necesidades formativas A partir del análisis de las ocupaciones con mejores perspectivas, y de la información proporcionada por los expertos, se han identificado necesidades formativas que se pueden dividir en dos grandes categorías: transversales y sectoriales. a) Necesidades transversales: Dentro de las necesidades genéricas de formación que corresponden a ocupaciones de diferentes actividades están los idiomas más demandados tradicionalmente (inglés, alemán, francés), así como los relacionados con las economías emergentes (chino, ruso, portugués, japonés). La formación en informática (Tecnologías de la información y las comunicaciones, internet). Hay necesidades de formación que se relacionan con competencias generales (trabajo en equipo, habilidades sociales) y con valores individuales y sociales (responsabilidad, seriedad). Otro tipo de necesidades genéricas están vinculadas al reciclaje de trabajadores desempleados (obtención del título en ESO, polivalencia). Se detectan carencias de formación en el área de organización empresarial relacionadas principalmente con gestión de empresas, análisis financiero, mercados exteriores, marketing. Dentro de la gestión de empresas, se ha detectado la necesidad de formación en contabilidad básica, sobre las obligaciones fiscales y tributarias, la negociación de créditos y otros sistemas de financiación, las posibles subvenciones y los organismos y Administraciones competentes a los que dirigirse. Otras necesidades genéricas se relacionan con el área del emprendimiento, la actividad de «community manager», habilidades tecnológicas y, por último, se detecta la necesidad, frente a los cursos más tradicionales, de realizar microformaciones muy especializadas. b) Necesidades sectoriales: En el sector agroalimentario se propone formación en las siguientes especialidades: tratamiento fitosanitario, cultivo ecológico, biotecnología, nuevos métodos de cultivo. En las actividades comerciales, se precisa formación en atención al cliente, técnicas de ventas, gestión comercial, comercio exterior y comercio electrónico. En las actividades industriales, se necesita más formación relacionada con especialidades de mantenimiento, automoción, automatismos, soldadura, fontanería y tratamientos químicos. El sector energético necesita formación en eficiencia energética, biomasa, instalaciones y mantenimiento. Para el sector de la construcción, se solicita formación en rehabilitación de edificios. Relacionada con el Medio ambiente, se pide formación en las especialidades de mantenimiento de plantas de reciclaje residuos y en gestión hídrica. En el sector del turismo y la hostelería, se reclama formación en calidad y atención al público y la formación de guías de turismo. También se ha detectado una necesidad tanto de información como de formación para la creación de las pequeñas empresas de turismo rural, ecológicas, microempresas de productos artesanales diferenciados, etc., cuyos promotores necesitan tener idea de la gestión económica, financiera, tributaria, para la puesta en marcha y la continuidad del negocio. Las especialidades destacadas en los servicios a la comunidad son: atención socio-sanitaria, gestión cultural y gerontología. En el sector de la salud, las áreas formativas con necesidades son: laboratorio, biotecnología y biomedicina. Por último, el conjunto de actividades relacionadas con la logística precisará formación en logística comercial, gestión del transporte y almacenaje. [precepto]3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2014-2016 Marco general La Estrategia de Activación para el Empleo se configura como el primer instrumento de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, según lo previsto por la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. La Ley configura la Estrategia como el marco normativo plurianual para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo, incluyendo las políticas activas de empleo y de intermediación laboral, en el conjunto del Estado. Lo hace de conformidad con el artículo 149.1.7 de la Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas.. Es por tanto, el marco en el que se tienen que determinar por una parte los objetivos comunes a todo el Sistema Nacional de Empleo, y por otra los principios que deben informar todas las actuaciones que se lleven a cabo para el cumplimiento de los citados objetivos. De esta forma, la Estrategia Española de Activación para el Empleo cumple un papel vertebrador de las estrategias individuales de cada uno de los Servicios Públicos de Empleo, en lo que se refiere a la intermediación entre oferta y demanda de empleo y al diseño y gestión de las políticas activas, entendiendo estas, tal y como indica la Ley, como: «el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social». Aspecto clave en este papel vertebrador es su capacidad de reforzar la vinculación efectiva entre las políticas activas y pasivas, mejorando el encaje entre las dos vertientes de la protección frente al desempleo. Marco temporal La presente Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 sustituye a la anterior Estrategia Española de Empleo 2012-2014. Tendrá vigencia durante las anualidades 2014 a 2016, sin perjuicio de las revisiones y mejoras a las que pueda someterse. Principios de actuación Las estrategias individuales y todas las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo en materia de políticas activas de empleo y de intermediación laboral, sin perjuicio de las competencias que les corresponden a las Comunidades Autónomas, se ajustarán a los diez principios rectores que se recogen a continuación: 1. De coordinación, colaboración, transparencia, participación activa, mejora y modernización de todos los agentes integrantes del Sistema Nacional de Empleo y de su marco institucional. 2. De eficacia, servicio a la ciudadanía y orientación a resultados, especialmente los relativos a la inserción efectiva y sostenida, la reducción de los periodos de desempleo, la cobertura de vacantes, los servicios a las empresas y la satisfacción de empleadores y demandantes. 3. De programación, seguimiento detallado de la gestión y evaluación del resultado de las acciones y del cumplimiento de objetivos, de forma que se puedan identificar costes y buenas prácticas, corregir errores, y en suma, mejorar gradualmente el conjunto del Sistema. 4. De garantía del principio de unidad de acceso y atención a los usuarios, así como de garantía de atención a los jóvenes sin ocupación que no cursan formación en los términos de la Garantía Juvenil, de modo que se facilite la movilidad de los trabajadores, se promueva la competitividad y unidad del mercado laboral español y su integración en el mercado laboral de la Unión Europea. 5. De garantía de la igualdad efectiva de oportunidades y la no discriminación en el mercado de trabajo, prestando especial atención a los colectivos que más la precisen. 6. De tratamiento personalizado de los demandantes de empleo a través de la determinación temprana y gestión de su perfil, asociado a las características que definen su empleabilidad y, en particular, sus competencias, tanto las acreditadas formalmente como las determinables por otros medios. 7. De protección ante el desempleo a través, no solo del derecho a la prestación económica, sino de la promoción de la activación y reinserción de los demandantes, reforzando la vinculación entre las políticas activas y pasivas de empleo, como aspectos complementarios de la misma política de protección frente al desempleo. 8. De ajuste y adecuación de los objetivos de las políticas activas de empleo a las necesidades de sus destinatarios y a las del mercado laboral, atendiendo a la realidad del territorio en que se apliquen. 9. De apertura a la sociedad, facilitando la participación de otros agentes y empresas, tanto públicos como privados, incluyendo entidades tales como corporaciones locales, agentes sociales, agencias de colocación y otras entidades colaboradoras. 10. De fomento de la cultura emprendedora y el espíritu empresarial, estableciendo relaciones con las entidades del mundo empresarial que puedan aportar su conocimiento y experiencia, prestando especial atención al asesoramiento y la orientación. Objetivos de la Estrategia: objetivo global y objetivos específicos La finalidad última de la Estrategia es la coordinación, para identificar y canalizar de forma ordenada los esfuerzos que realizan los distintos agentes del sistema para mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas a favor de la activación para el empleo. En definitiva, la Estrategia tiene por objeto la modernización de los Servicios Públicos de Empleo y del propio marco institucional del Sistema Nacional de Empleo. Para atender a este objetivo global, la Estrategia cuenta con objetivos específicos que se recogerán en los Planes Anuales de Políticas de Empleo. Estos objetivos, a su vez, pueden ser de dos tipos: a) Por una parte, los objetivos estratégicos o prioritarios, que son aquellos que adquieren especial relevancia en un momento determinado, y en los cuales se tiene que focalizar la atención y el esfuerzo durante un período de tiempo. Estos objetivos deberán permitir la concentración de recursos en aquellos sectores, colectivos y áreas de interés a los que se quiera prestar mayor dedicación por su especial dificultad para el acceso al mercado laboral o por presentar mayores oportunidades, mayor viabilidad o mejores perspectivas de futuro. Corresponde al Gobierno su determinación con carácter anual, a través de los respectivos Planes Anuales de Política de Empleo, que se describen más adelante. Para proporcionar la estabilidad necesaria que impulse el proceso de modernización de los Servicios Públicos de Empleo, los Objetivos Estratégicos en el período 2014-2016 se orientarán sobre la base de los que se definen a continuación: • Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir lo previsto por la Garantía Juvenil. • Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo (desempleados de larga duración, mayores de 55 años y beneficiarios del PREPARA). • Mejorar la calidad de la Formación Profesional para el Empleo. • Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo. • Impulsar el emprendimiento. b) Por otra, los objetivos estructurales son aquellos de naturaleza estable, por lo que tienen que ser atendidos mediante actividades desarrolladas sostenidamente a lo largo del tiempo. En ocasiones tendrán más o menos relevancia y requerirán un mayor o menor esfuerzo, pero pocas veces se podrán interrumpir por completo. Por su propia naturaleza, los objetivos estratégicos o prioritarios son selectivos. Tienen, no obstante un carácter abierto, que favorece que los sucesivos Planes Anuales de Política de Empleo puedan acomodarlos. Por su parte, el conjunto de todos los objetivos estructurales tiene que ser exhaustivo, de forma que cualquier posible actuación de políticas activas de empleo o de intermediación laboral habrá de encajar en el cumplimiento de uno o varios objetivos estructurales. De esta forma, una actuación que no se ajuste a ningún objetivo estructural no podrá ser considerada de política activa de empleo o de intermediación laboral. Como consecuencia de todo ello, ambos grupos de objetivos, estratégicos y estructurales, necesariamente se refuerzan entre sí, ya que el cumplimiento de cualquier objetivo estratégico o prioritario necesariamente se basará en un desarrollo más intenso de los objetivos estructurales que le afecten. Este hecho se puede representar gráficamente mediante el siguiente esquema: A través de un trabajo realizado conjuntamente durante el año 2013 por representantes del Servicio Público de Empleo Estatal y de los Servicios de Empleo de las Comunidades Autónomas, se han determinado 29 objetivos estructurales. Dado que el conjunto de posibles objetivos estructurales es muy amplio, a efectos metodológicos, estos se agrupan en los seis Ejes de las políticas de activación para el empleo recogidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que de esta forma constituyen la estructura funcional de dicha Estrategia: Eje 1. Orientación Comprende las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas beneficiarias. Este eje comprende los siguientes objetivos estructurales: 1.1 Informar sobre el mercado de trabajo y las medidas y servicios ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo: Informar sobre el mercado de trabajo y las ofertas de empleo existentes, las políticas activas y pasivas de los Servicios Públicos de Empleo, así como los incentivos y medios disponibles para el apoyo a las iniciativas emprendedoras y la mejora de la cualificación. 1.2 Diagnóstico individualizado: Realizar un diagnóstico individualizado o perfil de los demandantes de empleo que incluya toda la información posible sobre las características personales relevantes que permita medir el grado de la empleabilidad y clasificar al demandante según sus necesidades. 1.3 Gestión de itinerarios individuales personalizados: Diseñar, realizar y hacer seguimiento de los itinerarios individuales y personalizados de empleo que incluyen una propuesta de derivación a acciones para la mejora de la empleabilidad (desarrollo de aspectos personales, búsqueda activa de empleo, trayectoria formativa individual, emprendimiento, entre otros). 1.4 Gestión y cobertura de ofertas de empleo: Informar y gestionar ofertas de empleo adecuadas para cada usuario potenciando la captación y la cobertura de ofertas a través de un sistema de intermediación transparente y eficaz. 1.5. Relación con empresas y otros agentes del mercado de trabajo: Contactar con empresas para difundir información sobre las iniciativas para facilitar la inserción laboral, realizando así mismo una prospección de las necesidades de las empresas y el casamiento entre las ofertas y demandas de empleo, y promover el afloramiento de ofertas latentes. Eje 2. Formación Incluye las actuaciones de formación profesional para el empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral. Este eje comprende los siguientes objetivos estructurales: 2.1 Incrementar el esfuerzo formativo en la formación profesional para el empleo: Incrementar la tasa de cobertura, el número de horas de formación por alumno y facilitar la accesibilidad a la formación de personas las desempleadas y ocupadas. 2.2 Promover un mejor ajuste de la formación profesional para el empleo a las necesidades del mercado de trabajo: Revisión y adecuación de la formación profesional para el empleo estableciéndose una oferta que tenga en cuenta las peculiaridades del mercado laboral en ámbitos concretos. 2.3 Promover la formación acreditable: Revisión y adecuación de la formación profesional para el empleo estableciéndose una oferta con especial prioridad a la formación conducente a certificados de profesionalidad. 2.4 Promover la formación en alternancia: Promover la formación en alternancia con el empleo y la experiencia laboral. 2.5 Avanzar y consolidar la evaluación y reconocimiento de las competencias profesionales. 2.6 Promover una oferta formativa dirigida especialmente a los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. 2.7 Mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad de la formación profesional para el empleo. Eje 3. Oportunidades de empleo Incluye las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género. Este eje comprende los siguientes objetivos estructurales: 3.1 Fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades, para proporcionar trabajo, experiencia y sostener la actividad económica: Fomentar la contratación de personas desempleadas, en especial aquellas con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. Proporcionar trabajo o experiencia profesional a las personas desempleadas, en especial con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. 3.2 Fomentar la contratación de personas desempleadas en sectores emergentes con perspectivas de crecimiento de empleo. 3.3 Aflorar empleo en economía sumergida: Fomentar las oportunidades de empleo para personas que se encuentran en situación de empleo no declarado. 3.4 Fomentar la inserción laboral de personas desempleadas perceptoras de prestaciones por desempleo: Fomentar la activación para el empleo de las personas beneficiarias de prestaciones para agilizar su incorporación al mercado de trabajo antes del agotamiento de las prestaciones, evitando con ello la desprotección del desempleado. Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo Comprende las actuaciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente. Este eje comprende los siguientes objetivos estructurales: 4.1 Remover obstáculos en el acceso al empleo: Establecer medidas que eliminen o disminuyan los obstáculos relacionados con el lugar de residencia, la situación socioeconómica o determinadas circunstancias personales, especialmente en aquellos sectores en los que las mujeres se encuentran subrepresentadas. 4.2 Promover la movilidad funcional y sectorial: Promover la movilidad funcional y sectorial, especialmente en aquellos sectores o cualificaciones con baja oferta en el mercado laboral actual y en el entorno de la propia empresa. 4.3 Promover la movilidad geográfica: Promover la movilidad geográfica para aprovechar oportunidades de empleo y formación que existan en otras zonas del país y/o el extranjero. 4.4 Promover medidas de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad. Eje 5. Emprendimiento Comprende las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local. Este eje comprende los siguientes objetivos estructurales: 5.1 Formación y asesoramiento a emprendedores: Formación y asesoramiento integral a las personas emprendedoras que proporcione una mejor viabilidad de los proyectos empresariales. 5.2 Apoyo a las iniciativas empresariales: Apoyo a las iniciativas empresariales, mejorando la eficacia y eficiencia de los servicios y ayudas que se les ofrecen. 5.3 Promover el desarrollo territorial: Promover el desarrollo territorial, apoyando especialmente la creación de nuevas iniciativas empresariales en zonas rurales. 5.4 Fomentar la cultura emprendedora. 5.5 Fomento del empleo autónomo: Incorporar a los desempleados al empleo autónomo y economía social. Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo Este Eje tiene carácter transversal, por lo que afecta a todos los restantes. Recoge las actuaciones que van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización. Este eje comprende los siguientes objetivos estructurales: 6.1 Mejorar la gestión, colaboración, coordinación y comunicación en el Sistema Nacional de Empleo. 6.2 Impulsar la colaboración público-privada. 6.3 Mejorar la calidad de los servicios en el marco del Sistema Nacional de Empleo. 6.4 Impulsar la evaluación, innovación, modernización y mejora del Sistema Nacional de Empleo. [precepto]4. INSTRUMENTOS: PLANES ANUALES DE POLÍTICA DE EMPLEO, DESARROLLOS REGLAMENTARIOS Y ELEMENTOS VERTEBRADORES Planes Anuales de Política de Empleo De acuerdo con lo que establece la Ley de Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo son la concreción anual de la Estrategia. Se confeccionarán cada año conjuntamente entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios de Empleo Autonómicos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y en base a la previsión de servicios y programas de políticas para la activación de empleo que se proponen llevar a cabo las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, cada uno en el ejercicio de sus propias competencias. Una vez informados por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, se someten a la aprobación del Consejo de Ministros. En el último trimestre de cada año, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales conocerá los objetivos estratégicos o prioritarios, además de los estructurales, que deberán tenerse en cuenta para la redacción del Plan Anual de Políticas de Empleo del año siguiente. A continuación, y durante el primer trimestre de ese siguiente año, se llevará a cabo la evaluación del Plan del año anterior y se confeccionará el Plan del año en curso. Finalmente, en una nueva Conferencia Sectorial, que deberá realizarse dentro del primer trimestre de ese año, se aprobarán los criterios objetivos de distribución de fondos, de acuerdo con lo que establece el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Los servicios y programas incluidos en cada Plan Anual podrán ser modificados durante la vigencia del mismo por resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, a petición justificada de la correspondiente Comunidad Autónoma, cuando necesidades de carácter extraordinario lo hagan necesario para la buena gestión y ejecución del Plan. Servicios y programas La presente Estrategia de Activación para el Empleo diferencia conceptualmente entre programas y servicios, y a su vez, entre aquellos que son comunes o de aplicación para todo el Estado, y los que son propios de cada Comunidad Autónoma y del Servicio Público de Empleo Estatal. Los servicios son las actuaciones que se tienen que prestar de forma continuada y sostenida en el tiempo y que quedarán recogidos en el nuevo Reglamento de Servicios, mientras que los programas son actuaciones específicas que refuerzan y focalizan el esfuerzo en objetivos concretos durante un período de tiempo determinado. Servicio: Conjunto coordinado de actividades (que debería estar específicamente identificado como tal en el catálogo o carta de servicios de un Servicio Público de Empleo a que hace referencia el artículo 19 ter de la Ley de Empleo), que se prestan de forma continua y sostenida en el tiempo, y que buscan atender derechos o responder a las necesidades de personas desempleadas, ocupadas y empresas, con objeto de facilitar el empleo o mejorar la empleabilidad de sus destinatarios. El Reglamento de servicios de los Servicios Públicos de Empleo regulará los «servicios comunes o compartidos» por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo, además de los aspectos básicos de los «servicios propios», prestados por cada uno de los integrantes del Sistema Nacional de Empleo en su ámbito propio. Programa: Conjunto coordinado de actuaciones dirigidas a un colectivo, sector o ámbito territorial, a realizar durante un período de tiempo predeterminado, planificado y gestionado a través de un instrumento jurídico o técnico concreto (concesión de una subvención, contratación administrativa, suscripción de convenio, gestión directa, etc.), con coste identificado o identificable, dirigido a la consecución de unos objetivos de empleo preestablecidos. Los Reglamentos de empleo y de formación determinarán los aspectos esenciales de los «programas comunes», que podrán ser aplicados, y en, su caso, desarrollados en sus aspectos no esenciales, por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo. Estos programas se distinguirán de los propios de las CCAA y dirigidos a su ámbito de actuación. Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y desarrollarán los correspondientes servicios y programas de políticas de activación para el empleo, tal y como dispone la Ley de Empleo. De esta forma, la estructura en Ejes, junto con las posibilidades de financiación establecidas en la respectiva normativa, conforman un marco flexible que, permite a las Comunidades Autónomas adaptar el diseño de sus programas y servicios a sus necesidades propias. Desarrollos Normativos En cumplimiento de esta Estrategia se desarrollarán tres reglamentos, uno en materia de servicios, otro de empleo y otro de formación profesional para el empleo, en virtud de la competencia constitucional exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de las competencias de ejecución de las Comunidades Autónomas, establecida en el 149.1.7.ª de la Constitución Española. Se basarán en los principios recogidos en esta Estrategia, y determinarán los contenidos o requisitos comunes mínimos que serán de aplicación en todo el territorio del Estado para los programas y servicios de políticas de activación para el empleo. El Reglamento de Servicios desarrollará, los servicios comunes que deberán ser prestados por todos los Servicios Públicos de Empleo, al considerarse fundamentales y necesarios para una atención adecuada, integral y continuada a los usuarios y para garantizar su acceso a ellos en condiciones de igualdad. Estos servicios deberán ser suficientes para permitir a los demandantes de empleo dar cumplimiento a lo previsto en sus itinerarios personalizados de inserción, así como a las exigencias del compromiso de actividad. Este nuevo reglamento determinará el contenido de cada servicio y fijará las bases del procedimiento de actualización de los mismos. Los servicios incluidos en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo serán los siguientes: a. Servicio de orientación profesional: Los usuarios podrán acceder a un servicio que le ofrecerá información sobre el mercado de trabajo, las políticas activas de empleo y la oferta de los servicios comunes y complementarios de la cartera. Asimismo, podrán recibir información y asesoramiento para la definición de su currículo y perfil profesional en términos de competencias, de técnicas para la búsqueda activa de empleo, de alternativas profesionales, de las condiciones de vida y trabajo en la Unión Europea, la oferta formativa y sobre los instrumentos de apoyo a la contratación e inserción en la empresa. El usuario que lo requiera podrá recibir un diagnóstico individualizado, un itinerario personalizado para el empleo y un acompañamiento también personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento de actividad. Asimismo podrá recibir la identificación de un itinerario formativo, a partir de su perfil, para la mejora de competencias y cualificación profesional. b. Servicio de colocación y de asesoramiento a empresas: Realizará la difusión de las ofertas de empleo en el marco del Sistema Nacional de Empleo y del Portal Único de Empleo establecido en el artículo 8.2.b) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre. Permitirá que los usuarios obtengan la difusión de la información de las ofertas de empleo y su gestión a través de la casación entre ofertas y demandas, y el asesoramiento sobre la contratación y las medidas de fomento, activación e inserción de empleo. El servicio promoverá la captación de ofertas de empleo y dará apoyo en la prospección e identificación de necesidades de los empleadores, en los procesos de recolocación en los supuestos previstos legalmente, así como en la gestión de la movilidad laboral. c. Servicio de formación y cualificación para el empleo: Acorde con sus necesidades, los usuarios podrán disponer de asesoramiento y oferta de formación acreditable y no formal y de procesos de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, así como de los instrumentos europeos para favorecer la movilidad en la formación y cualificación profesional. Los proveedores de formación dispondrán de un sistema de inscripción y acreditación de entidades de formación profesional para el empleo. Se promoverá la garantía de calidad de la formación realizando actuaciones de asesoramiento, seguimiento y evaluación de la misma. d. Servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento: Los usuarios, incluidos los beneficiarios de las Garantía Juvenil, podrán acceder a un servicio especializado que les facilite la implantación de sus actividades de autoempleo y emprendimiento recibiendo un asesoramiento y acompañamiento en los procesos vinculados, basado en la realización de un itinerario emprendedor que contemple todas las fases del emprendimiento, en especial a la fase de consolidación. Asimismo, podrán recibir asesoramiento sobre incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación. Recibirá una especial atención el trabajo autónomo, la economía social y el emprendimiento colectivo. El Reglamento de Empleo establecerá la regulación que dará soporte a los distintos programas que puedan ejecutar las Comunidades Autónomas en materia de fomento del empleo. En este sentido, establecerá, entre otros, los importes máximos de las subvenciones dirigidas a sufragar costes salariales de empresas, y velará por que las subvenciones no puedan interpretarse como ayudas de Estado. Asimismo regulará un marco eficaz de evaluación, seguimiento, control y gestión de calidad de estos programas. En todo caso, este desarrollo reglamentario incluirá un marco normativo de programas estatales de Políticas Activas de Empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que establecerá los contenidos mínimos que serán de aplicación en el conjunto del Estado. Gestión por competencias La modernización de los Servicios Públicos de Empleo debe incorporar de forma transversal las competencias profesionales como un elemento central de los servicios y programas que desarrollan. Para ello será necesario que las competencias profesionales tengan claramente identificadas las ocupaciones que las requieren y la formación que permite adquirirlas. Este enfoque de las acciones de la Cartera de Servicios basado en competencias profesionales implica su consideración en la intermediación, la incorporación en los portales web de los Servicios Públicos de Empleo, fundamentalmente en el «Portal Único de Empleo» y que la búsqueda de oportunidades de empleo y oportunidades de formación pueda realizarse por estos tres criterios: por competencias profesionales, por ocupaciones y por formación. Este planteamiento está en línea con los nuevos instrumentos europeos tales como la Taxonomía ESCO, nuevo portal EURES y el pasaporte europeo de competencias entre otros. Como elemento clave para la implantación de un modelo basado en competencias profesionales, debe asegurarse que estas: – Respondan de forma rápida y adecuada a los cambios del sistema productivo. – Estén actualizadas. – Puedan reconocerse por sistemas flexibles y con garantía de calidad. – Las competencias acreditadas y registradas se recogerán en la Cuenta Formación de los trabajadores. El Reglamento de Formación Profesional para el Empleo velará por la máxima eficiencia en el uso de los recursos, por la adaptación de la formación a las necesidades de capacitación y aptitudes del mercado de trabajo, y por el seguimiento detallado de las acciones formativas, en particular en coherencia con la Cuenta de Formación. También establecerá, entre otros aspectos, estándares de calidad de la formación, las condiciones mínimas de la formación en alternancia, los módulos económicos máximos, los registros y la formación vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad. Se confeccionará en el marco del diálogo social, a partir de los principios de eficiencia, transparencia, concurrencia abierta a todos los proveedores de formación y evaluación acordados en la Mesa del Diálogo Social, con objeto de permitir a los ciudadanos tener conocimiento del destino y uso de los fondos utilizados. Elementos vertebradores La Estrategia cuenta además con elementos vertebradores que refuerzan la capacidad de los agentes del Sistema Nacional de Empleo para alcanzar sus objetivos. Estos instrumentos son plenamente respetuosos con el marco competencial en materia de políticas de activación para el empleo y a la vez son reflejo de las posibilidades que ofrece la colaboración reforzada que se ha puesto en marcha en los últimos años. Entre otros cabe destacar: • El Programa de buenas prácticas inspirado en el proceso de aprendizaje mutuo que existe a nivel europeo. El objetivo del programa es el aprendizaje y la mejora de los Servicios Públicos de Empleo sobre la base de la experiencia constatada. Para ello, se trata de identificar medidas y experiencias de los Servicios Públicos de Empleo que se han mostrado eficaces para que otros agentes del Sistema Nacional de Empleo puedan aprovechar este conocimiento y aplicarlo en sus respectivos ámbitos. • El Acuerdo Marco con agencias de colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo servirá de arquitectura común para coordinar los proyectos de colaboración público-privada en intermediación laboral de todos los Servicios Públicos de Empleo que voluntariamente se han adherido a él, así como del Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales. Es un instrumento diseñado para aprovechar la experiencia y conocimientos de estos agentes especializados en el mercado de trabajo. Su seguimiento deberá ser exhaustivo durante la vigencia del Acuerdo (dos años prorrogable hasta otros dos) para introducir las mejoras oportunas. • El Portal Único de Empleo, como elemento de transparencia del Sistema Nacional de Empleo y con potencial para dinamizar la intermediación, así como la movilidad de los trabajadores a nivel nacional y europeo. Su puesta en marcha permitirá, además, reforzar los sistemas de información necesarios para un adecuado seguimiento y evaluación de la Estrategia tal y como se describe en el apartado siguiente. • Puesta en marcha del sistema de información necesario para la implantación de la Garantía Juvenil. La implantación de la Garantía exige disponer de un sistema de información único que garantice la trazabilidad individual de las solicitudes recibidas y su estado, de las actuaciones ofrecidas y, en su caso, realizadas, así como de sus resultados. Este sistema debe integrar la información de todos los agentes que participan en la atención al colectivo de jóvenes sin ocupación y que no se encuentran cursando formación. Este sistema se pondrá en marcha a lo largo de 2014 de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil. [precepto]5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA Los principios que se establecen en esta Estrategia atribuyen gran importancia a los aspectos de programación, seguimiento y evaluación, ya que son el medio fundamental para ir mejorando gradualmente el Sistema. La detección temprana de errores y el apoyo a los aciertos son los mejores instrumentos para retroalimentar y reconducir cualquier actuación, de cara a mejorar su eficacia y eficiencia. La evaluación se basará en los principios establecidos en esta Estrategia y, muy especialmente, en los de eficacia, servicio a la ciudadanía y consecución de resultados. La Estrategia establece dos niveles de seguimiento y evaluación: Por una parte, en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y estructurales. Y por otra, en el seguimiento detallado y evaluación de los servicios y programas que se desarrollen de cara al cumplimiento de los citados objetivos. Evaluación del cumplimiento de objetivos A lo largo del año 2013 el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios de Empleo Autonómicos trabajaron activamente en el desarrollo de la primera versión de un sistema exhaustivo de indicadores, que servirá para determinar cada año los índices de cumplimiento de los objetivos estructurales y estratégicos establecidos en los Planes Anuales de Política de Empleo, por parte de cada Comunidad Autónoma. Este trabajo se ha desarrollado en base a los principios de transparencia, participación y rigor técnico, y para ello ha sido esencial la utilización un Foro establecido con este fin en la intranet del Sistema Nacional de Empleo. El sistema se ha aplicado por primera vez en la evaluación del Plan Anual de Política de Empleo para 2013, y los resultados de esta evaluación han sido determinantes para el reparto durante el año 2014 de un bloque formado por el 40% de los fondos cuya distribución se ha acordado en Conferencia Sectorial. Tal y como se acordó durante la Conferencia Sectorial de 23 de abril de 2014, los resultados de la evaluación del Plan para 2014 serán determinantes para un 60% de los fondos. En los Planes Anuales de Política de Empleo de cada año se incluirán los indicadores y su definición conceptual que se aplicarán para la evaluación del cumplimiento de objetivos de cada Plan. Este sistema de evaluación se irá mejorando y completando gradualmente durante el período de vigencia de la presente Estrategia. Concretamente, se le irán incorporando los indicadores de eficacia que utiliza la red HoPES (Heads of Public Employment Services) de la Unión Europea, así como los indicadores específicos de seguimiento de la Garantía Juvenil. El resultado de cada evaluación anual se tendrá en cuenta en la adopción de los criterios de distribución de fondos que cada ejercicio apruebe la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Seguimiento y evaluación de servicios y programas El seguimiento continuado (o «trazabilidad») de las políticas de activación para el empleo se realizará, en todo caso, a nivel de proyecto u operación, entendiendo como tales a toda actuación o actividad gestionada en el marco de un servicio o programa, e identificada a efectos de permitir el seguimiento de la gestión, financiación y consecución de objetivos. Es necesario que los datos generados en la gestión de políticas activas de empleo y de intermediación laboral deban quedar recogidos de manera que permitan identificar con el mayor detalle la participación de los beneficiarios en los programas y servicios, más allá de la simple codificación y registro de dicha actividad. Todo ello en plena coherencia con las exigencias de seguimiento y evaluación del Fondo Social Europeo, de forma que se garantice en los casos pertinentes la adecuación del gasto realizado a las condiciones de reembolso. Asimismo, la información contenida en el Sistema puede ser utilizada en la implantación de la Garantía Juvenil. Se realizará un seguimiento de los resultados personales de las actuaciones, que permita medir el grado de empleabilidad de los trabajadores y el impacto de las actuaciones de activación para el empleo de las que sea beneficiario. En particular, en el sistema de Garantía Juvenil se realizará un seguimiento en cuanto a la continuidad en la formación y la inserción y el mantenimiento en el empleo. Para ello se utilizará el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), definido en el artículo 7 bis.c) de la ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que será el instrumento técnico integrador de la gestión que realizan los Servicios Públicos de Empleo. Durante el período de vigencia de la presente Estrategia se llevarán a cabo las adaptaciones, ampliaciones, establecimiento de controles o mejoras necesarias para ello en el citado Sistema de Información. Los Servicios Públicos de Empleo actualizarán la información del Sistema en la forma y tiempo establecidos en cada caso, y velarán por la fiabilidad de la información que incorporen al Sistema. El cumplimiento de este objetivo será objeto de un seguimiento específico. Los tres nuevos reglamentos de Servicios, de Empleo y de Formación Profesional para el Empleo regularán lo necesario para el seguimiento y la evaluación de la calidad, eficacia, eficiencia e impacto del conjunto de los servicios y programas integrados en cada uno de dichos reglamentos, así como de resultados individuales. Para cada Plan Anual de Política de Empleo el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará junto con los Servicios Públicos de Empleo autonómicos, una memoria de los programas y servicios que se incluyeron en el correspondiente Plan Anual y de los resultados obtenidos. [precepto]6. MARCO PRESUPUESTARIO Financiación Las fuentes de financiación de los servicios y programas que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo, de cara al cumplimiento de los objetivos de políticas de activación para el empleo son las siguientes: 1. Fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, que figurarán consignados, en los presupuestos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al que se encuentra adscrito el Servicio Público de Empleo Estatal. En estas cantidades se incluye entre otras la procedente de la cuota de formación profesional para el empleo. Con estas cuotas se podrá financiar la ejecución de servicios y programas de acuerdo a lo que establezca su normativa reguladora y específicamente respetando lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. 2. Fondos procedentes de los recursos propios de las Comunidades Autónomas, entre los que se incluirán en todo caso los necesarios para financiar el personal, los gastos corrientes e inversiones que fueron objeto de traspaso cuando las diferentes Comunidades Autónomas asumieron las competencias de ejecución de la legislación laboral, así como las actualizaciones que estos hubieran sufrido en aplicación de la normativa que en cada momento regule el sistema de financiación autonómico. 3. Fondos procedentes del Fondo Social Europeo, que en el período de vigencia de la presente Estrategia incluirán por un lado, los remanentes del período de programación 2007-2013, que en aplicación de la normativa comunitaria pueden ser utilizados hasta el año 2015. Por otro lado, comprenderán también, las cantidades del período de programación 2014-2020 que se asignen al Estado español para la ejecución de políticas de activación para el empleo. Estos fondos recogen de forma específica para el período 2014-2015 la dotación correspondiente a la Iniciativa de Empleo Juvenil, que se destinará al cumplimiento efectivo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por ello, la dotación anual que se destinará a la financiación de los servicios y programas que se incluyan en el Plan Anual de Política de Empleo de cada ejercicio, se incluirá tanto en los Presupuestos Generales del Estado, como en los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma. Asimismo, el conjunto de los fondos antes mencionados incluyen los importes necesarios para financiar la modernización y mejora de los Servicios Públicos de Empleo, tanto Estatal como Autonómicos, en coherencia con las Recomendaciones de la Unión Europea. En los servicios y programas dirigidos a cumplir los objetivos recogidos en el eje 6 del respectivo Plan Anual de Política de Empleo, se determinarán los aspectos concretos a tener en cuenta en relación con la citada modernización y mejora. Gestión de los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado por las Comunidades Autónomas Los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado no podrán destinarse a financiar gastos que deban ser objeto de financiación con recursos propios de las Comunidades Autónomas. La asignación de los importes entre las distintas Comunidades Autónomas se llevará a cabo, con carácter general, en función de los criterios aprobados en cada ejercicio, por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. No obstante, con carácter excepcional, cabe la posibilidad de que la normativa reguladora del propio servicio o programa establezca el criterio de asignación de cantidades entre las diferentes Comunidades Autónomas. En el período de vigencia de la presente Estrategia (2014-2016) la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales acordará el porcentaje de fondos que se debe distribuir entre las Comunidades Autónomas en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Política de Empleo de cada ejercicio. La medición del grado de cumplimiento de estos objetivos se realizará con periodicidad anual, en base a los indicadores que se aprueben en el propio Plan Anual de Política de Empleo. Tal y como establece el artículo 3.4 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria, las cantidades asignadas a cada Comunidad Autónoma tienen la naturaleza jurídica de subvenciones, y por ello: 1. Se destinarán exclusivamente a financiar los servicios y programas gestionados por las Comunidades Autónomas, que se incluyan en el Plan Anual de Política de Empleo que se apruebe en cada ejercicio. 2. Se garantizará que los fondos previamente librados a cada Comunidad Autónoma, se pagan a las personas o entidades que realizan la acción o colaboran en la prestación del servicio, o bien llevan a cabo el respectivo programa. Esta obligación también será aplicable cuando no se hubiera podido proceder al libramiento de las cantidades asignadas a las respectivas Comunidades Autónomas por no haber justificado estas en plazo las cantidades abonadas en el ejercicio anterior o por incurrir estas en cualquier otro incumplimiento de la normativa económica o presupuestaria. Por ello, los fondos asignados en cada ejercicio deben abonarse a las personas o entidades que realizan la acción o colaboran en la prestación del servicio, o bien llevan a cabo el respectivo programa antes del 31 de marzo del segundo año siguiente al de su asignación. El incumplimiento de este requisito supondrá la obligación de devolver el importe pendiente de pago por el procedimiento que se desarrolle reglamentariamente, salvo que se justifique la imposibilidad de proceder al pago en el plazo previsto. 3. Se justificarán con la información que en cada ejercicio se requiera en las normas o convenios que incorporen los criterios objetivos de distribución y fijen las condiciones necesarias para su otorgamiento. 4. Se identificará el origen de la financiación estatal en los contratos y demás documentación utilizada en la realización de los distintos servicios y programas, para que esta sea conocida por los trabajadores, empresarios y ciudadanía en general. Las Comunidades Autónomas que gestionen los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado serán las responsables de garantizar los cuatro aspectos antes mencionados, sin perjuicio del seguimiento que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda realizar a este respecto. Determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimientos en el ámbito del Fondo Social Europeo Las distintas Administraciones que participan en la gestión de fondos procedentes del Fondo Social Europeo deben ser responsables de las consecuencias que originan sus actos. Por ello, cuando las acciones o medidas se financien por el Fondo Social Europeo, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades del derecho de la Unión Europea, a los efectos de establecer y cuantificar el importe derivado de la sanción o corrección financiera al que deban hacer frente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas. Asimismo, cuando el incumplimiento de las cantidades mínimas a justificar por cada Comunidad Autónoma al Servicio Público de Empleo Estatal o al Ministerio de Empleo y Seguridad Social supusiera una liberación automática de fondos al no cumplirse la senda financiera establecida para los Programas Operativos Plurirregionales, será de aplicación el procedimiento de determinación y repercusión de la responsabilidad financiera incurrida, establecido en la disposición adicional novena de la Ley 35/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, declarado por la propia Ley de vigencia indefinida, así como en la normativa que lo desarrolle. Por último, cuando de la actuación de las Comunidades Autónomas se derivara la imposibilidad para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o para el Servicio Público de Empleo Estatal de recibir importes procedentes del Fondo Social Europeo, se podrá limitar el abono de cantidades a favor de la Comunidad Autónoma que haya dado origen a esta situación, aplicando en todo caso el principio de proporcionalidad.

el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre el art. 3.1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre , por Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre en BOE núm. 276, de 14 de noviembre de 2014 y se aprueba la cartera común de servicios del sistema nacional de empleo: Real Decreto 7/2015, de 16 de enero La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, tiene como objetivo estratégico la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales que frene la destrucción de empleo, siente las bases para la creación de empleo estable y de calidad y favorezca la competitividad. Asimismo la reforma del mercado laboral puso en marcha un proceso de transformación de las políticas activas de empleo para posibilitar un diseño de políticas activas y pasivas más dinámicas y eficientes complementario y coherente con el nuevo marco de relaciones laborales y de contratación que permitan reforzar los mecanismos preventivos, mejorar la empleabilidad de los trabajadores, y favorecer la transición al empleo. Por otra parte, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que define un marco de control riguroso sobre el presupuesto de todos los agentes del sector público. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, se acometió un verdadero esfuerzo sistemático y coordinado entre todas las Administraciones Públicas de reducción del déficit público, que desde 2009 se encontraba en unos niveles insostenibles. La Recomendación del Consejo Europeo de junio de 2012 de aumentar la eficacia de las políticas activas de trabajo y de reforzar la coordinación entre los Servicios Públicos de Empleo nacionales y regionales, fue asumida en la V Conferencia de Presidentes Autonómicos, de 2 de octubre de 2012, por el Presidente de Gobierno y los Presidentes de las comunidades autónomas. En el año 2012, bajo el principio de consolidación fiscal se aprobó el primer Plan anual de política de empleo para 2012, instrumento de coordinación de la totalidad de medidas de políticas activas que se llevan a cabo desde los distintos servicios públicos de empleo autonómicos y el Servicio Público de Empleo Estatal, combinando la flexibilidad en la ejecución con la coherencia que otorgan una serie de objetivos comunes establecidos como prioritarios en dicho Plan. Este Plan anual de política de empleo para 2012, fue acorde con la estabilidad presupuestaria, y se elaboró en el marco de la Estrategia española de empleo 2012-2014, vigente en ese momento aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre. No obstante, el marco de la Estrategia no ha resultado acorde con el contexto actual ni con las exigencias europeas. En particular, hay que señalar que la Estrategia 2012-2014 no incluía la evaluación como un aspecto reforzado del diseño, planificación, programación, ejecución y control de los resultados de las políticas de activación para el empleo. En ese contexto y en el seno de la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales, las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, acordaron una nueva metodología, unos nuevos objetivos, instrumentos e indicadores para posibilitar el Plan anual de política de empleo para 2013. La clave del cambio al nuevo modelo de políticas activas de empleo está en pasar desde un modelo de financiación y gestión articulado en torno a programas establecidos centralizadamente a un nuevo marco acorde con las competencias de las comunidades autónomas en políticas activas, en el marco de la unidad de mercado, basado en la evaluación. Los citados planes han servido de antesala al Plan anual de política de empleo para 2014. Es más, el Programa Nacional de Reformas, aprobado en el Consejo de Ministros de 30 de abril de 2014, ha sido consciente de la necesidad de consolidar y profundizar en este impulso mediante una nueva Estrategia plurianual de políticas de activación para el empleo. Esta Estrategia es coherente con la Recomendación del 8 de julio de 2013 del Consejo de la UE a España de realizar una reforma de las políticas activas de mercado de trabajo, orientadas a la consecución de resultados, fortaleciendo la focalización y la eficiencia de las orientaciones. Asimismo, recomienda reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación; reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación. Finalmente, recomienda poner en funcionamiento el portal único de empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación. La nueva Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016, ha requerido de cambios legislativos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, introducidos por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta nueva Estrategia se articula en torno a seis ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo) previamente consensuados entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas. Además cuenta con objetivos estratégicos y estructurales. Los objetivos estratégicos se aprobarán por el Gobierno, son selectivos y se dirigen a un ámbito o finalidad concretos. Los objetivos estructurales son estables, exhaustivos y deben cubrir todo el ámbito de las políticas activas. Ambos objetivos (estructurales y estratégicos) están relacionados entre sí, de forma que cada comunidad priorizara los que considere conveniente, para conseguir el objetivo final y ser eficientes con el gasto que realicen en po ### RESUMEN: Decreto Plan de Empleo 2014-2016 El paro es culpa de la rigidez del mercado de trabajo.

La retirada de los recursos contra el Cabanyal que planteó el PSOE cuando gobernaba

en los Recursos, acumulados, 2977/2010 y 803/2010 la extinción del proceso por desistimiento del recurrente, en relación con la Ley 2/2010, de 31 de marzo, y el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero , , , El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 17 de diciembre actual, dictado en los recursos de inconstitucionalidad números 803-2010 y 2977-2010 acumulados, ha acordado «Tener por desistido al Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, en los recursos de inconstitucionalidad núms. 803-2010 y 2977-2010 interpuestos, respectivamente, contra el Decreto-ley del Consell de la Generalitat Valenciana 1/2010, de 7 de enero, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia y contra los arts. 1, 2, 3, el apartado 2 de la disposición derogatoria y el párrafo segundo de la disposición final segunda de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/2010, de 31 de marzo, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, declarando extinguido el proceso». Recursos que fueron admitidos a trámite por providencias de 18 de febrero de 2010 y 14 de abril de 2010 («Boletín Oficial del Estado» núms. 51 y 96, de 27 de febrero de 2010 y 21 de abril de 2010) respectivamente. Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

en los Recursos, acumulados, 2977/2010 y 803/2010 la extinción del proceso por desistimiento del recurrente, en relación con la Ley 2/2010, de 31 de marzo, y el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero , , , El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 17 de diciembre actual, dictado en los recursos de inconstitucionalidad números 803-2010 y 2977-2010 acumulados, ha acordado «Tener por desistido al Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, en los recursos de inconstitucionalidad núms. 803-2010 y 2977-2010 interpuestos, respectivamente, contra el Decreto-ley del Consell de la Generalitat Valenciana 1/2010, de 7 de enero, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia y contra los arts. 1, 2, 3, el apartado 2 de la disposición derogatoria y el párrafo segundo de la disposición final segunda de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/2010, de 31 de marzo, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, declarando extinguido el proceso». Recursos que fueron admitidos a trámite por providencias de 18 de febrero de 2010 y 14 de abril de 2010 («Boletín Oficial del Estado» núms. 51 y 96, de 27 de febrero de 2010 y 21 de abril de 2010) respectivamente. Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: La retirada de los recursos contra el Cabanyal que planteó el PSOE cuando gobernaba

Van a demoler parte del cementerio de Bonares (Huelva). Los restos no reclamados irán a un osario común.

Este Ayuntamiento ha acordado, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero del actual, la declaración de ruina de las Cuarteladas Núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29 del Cementerio Municipal; la posterior demolición de las mismas y el traslado forzoso de los restos cadavéricos no reclamados por los familiares de los inhumados a un osario común. El texto íntegro de la Resolución citada se puede consultar en el tablón de anuncios y en la Secretaría de este Ayuntamiento en horario de oficinas y en la página web siguiente: www.bonares.es. A partir de la publicación de anuncios en los distintos Boletines Oficiales y en el periódico Huelva Información, se abre un período de información pública por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, para que puedan presentar alegaciones los familiares de los inhumados o titulares de derechos funerarios, en la Secretaría de este Ayuntamiento, donde podrán consultar el expediente y retirar fotocopias de los documentos obrantes en el mismo. La Resolución objeto de este anuncio resultará definitiva de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública. Bonares, 14 de enero de 2013.- Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente.

Este Ayuntamiento ha acordado, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero del actual, la declaración de ruina de las Cuarteladas Núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29 del Cementerio Municipal; la posterior demolición de las mismas y el traslado forzoso de los restos cadavéricos no reclamados por los familiares de los inhumados a un osario común. El texto íntegro de la Resolución citada se puede consultar en el tablón de anuncios y en la Secretaría de este Ayuntamiento en horario de oficinas y en la página web siguiente: www.bonares.es. A partir de la publicación de anuncios en los distintos Boletines Oficiales y en el periódico Huelva Información, se abre un período de información pública por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, para que puedan presentar alegaciones los familiares de los inhumados o titulares de derechos funerarios, en la Secretaría de este Ayuntamiento, donde podrán consultar el expediente y retirar fotocopias de los documentos obrantes en el mismo. La Resolución objeto de este anuncio resultará definitiva de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública. Bonares, 14 de enero de 2013.- Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. ### RESUMEN: Van a demoler parte del cementerio de Bonares (Huelva). Los restos no reclamados irán a un osario común.

Subvenciones a viajes de presidentes y directivos de federaciones deportivas

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 d) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, entre las competencias del Consejo Superior de Deportes figura la de «conceder las subvenciones económicas que procedan, a las Federaciones Deportivas Españolas y demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento de la presente Ley». Las ayudas a que se refiere la presente Resolución se enmarcan dentro de las subvenciones que este Consejo Superior de Deportes concede a las Federaciones Deportivas Españolas con el fin de desarrollar sus programas y asegurar la presencia de directivos españoles en los Comités Ejecutivos de las Federaciones Internacionales y Europeas. De acuerdo con la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes, y en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre, sobre estructura orgánica y funciones del Consejo Superior de Deportes y de adecuación del Organismo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, esta Presidencia del Consejo Superior de Deportes, previo informe del Servicio Jurídico del Estado y de la Intervención Delegada en el mismo, ha dispuesto: Primero. Objeto de la convocatoria y finalidad. La presente resolución tiene por objeto compensar a las Federaciones Deportivas Españolas los gastos incurridos en la realización de las actividades que a continuación se detallan: 1.1 Participación de directivos españoles en reuniones de Comités Ejecutivos de Organismos Deportivos Internacionales a las que hayan sido convocados en su condición de miembros de dichos Comités Ejecutivos. 1.2 Actividades fuera de España encaminadas al fomento de la presencia de directivos/as españoles de Federaciones Deportivas Españolas en Organismos Deportivos Internacionales, o para el fomento de la ubicación en España de sedes de Federaciones Internacionales y Europeas. Segundo. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas todas las Federaciones Deportivas Españolas que cumplan los siguientes requisitos: 1. Estar reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, a través de su acreditación como miembro de pleno derecho (full member) de SportAccord (Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, reconocida por el CIO) o abarcar alguna modalidad, especialidad, prueba o actividad de las incluidas en el Anexo I: Catálogo de actividades de interés público, de la Resolución de 28 de enero de 2013, de la Presidencia del CSD, por la que se convocan ayudas a las FF.DD.EE. para el año 2013 («BOE» n.º 26, de 30 de enero de 2013). En los casos de Federaciones Europeas deberán acreditar su vinculación directa con una Federación Internacional que acredite el anterior requerimiento. 2. Cumplir con los objetos y finalidad de esta convocatoria, tener aprobado el Código de Buen Gobierno y su desarrollo y cumplir con los requisitos de los beneficiarios indicados en la Resolución de 28 de enero de 2013, de la Presidencia del CSD, por la que se convocan ayudas a las FF.DD.EE. para el año 2013 (BOE nº 26, de 30 de enero de 2013), asumiendo y siendo de aplicación, igualmente, las obligaciones establecidas para los beneficiarios en la resolución antes indicada. 3. Contar con el respaldo de la correspondiente Federación Española a las candidaturas para la participación de los miembros de las Federaciones Deportivas Españolas en los Comités Ejecutivos de organismos deportivos internacionales. 4. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 5. No podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas, las Federaciones Deportivas Españolas que se encuentren en las situaciones expuestas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y quedarán sujetos a las obligaciones que figuran en el artículo 14 y concordantes de la misma Ley, y en la base Decimocuarta de la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes (C.S.D.). Asimismo, de conformidad con la base Decimotercera de la mencionada Orden de bases, esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas u otros ingresos de Organismos o Instituciones públicas o privadas para la misma actividad, siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas u otros ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad subvencionada. El beneficiario está obligado a comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas que financien las actividades subvencionadas, mediante un documento formal y jurídicamente trascendente de las mismas, o en su caso, presentar declaración expresa de no haberlas recibido, o presentar declaración expresa de no haberlas recibido, en su caso. Tercero. Normativa aplicable. La convocatoria se regirá por la presente Resolución, por la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones de la citada Ley, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y supletoriamente por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuarto. Cuantía e imputación presupuestaria. El importe máximo de las subvenciones que se podrán conceder con cargo a la presente convocatoria son la cantidad asignada al CSD en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en la siguiente aplicación presupuestaria: a las Federaciones Deportivas Españolas para asistencia a asambleas internacionales. 144A-482.01 (12.14) 85.000,00 euros. No será necesaria una nueva convocatoria para la concesión de cuantías adicionales en los supuestos previstos en el artículo 58.2, letra a) punto 4.º del Reglamento de la Ley de subvenciones. Quinto. Características de las ayudas. Las ayudas contempladas en la presente resolución responderán a las siguientes modalidades: A) En el caso de solicitudes de subvención para asistencia a Comités Ejecutivos de Organismos Internacionales que figuran en el punto 1.1 del apartado primero, se efectuarán en régimen de concurrencia competitiva abierta de carácter anual a que se refiere el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Subvenciones antes mencionado, y en la que recaerán dos Resoluciones sucesivas ajustándose al siguiente calendario e importe máximo a otorgar: 1.ª Para las reuniones que se realizaron del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2012, así como las que se realicen del 1 de enero al 31 de mayo del año 2013, cuyo último día de admisión de solicitudes será hasta el 30 de junio de 2013. Para los viajes realizados en ese período, el importe máximo a conceder en 2013 será 7.500,00 euros. 2.ª Para las reuniones que se celebren a partir del 1 de junio y hasta el 30 de setiembre de 2013, admitiéndose solicitudes hasta el 30 de octubre. Los viajes realizados con posterioridad a esta última fecha, se solicitarán con cargo al presupuesto del ejercicio 2014. El importe a conceder para los viajes realizados en ese período será de 7.500,00 euros. Si habiendo finalizado el primero de los procedimientos, se hubiesen concedido las subvenciones correspondientes sin agotar el importe máximo a otorgar, el importe restante será automáticamente trasladado y agregado al importe disponible para la posterior resolución que recaiga, siendo de aplicación a los fondos restantes los mismos criterios que rigen con carácter general en la presente convocatoria, conforme a lo estipulado en el artículo 59.5 del Reglamento de Subvenciones. B) En el caso de las solicitudes de subvención para los proyectos de actividades mencionadas en el apartado primero, punto 1.2, su concesión se hará mediante régimen de concurrencia competitiva de carácter anual con un procedimiento único de evaluación y resolución. La cantidad máxima a otorgar para 2013 será de 70.000,00 euros. Si habiendo finalizado este procedimiento, se hubiesen concedido las subvenciones correspondientes sin agotar el importe máximo a otorgar, el importe restante será automáticamente trasladado y agregado al importe disponible para la última resolución que recaiga en el procedimiento de convocatoria abierta correspondiente a los gastos de asistencia a Comités ejecutivos de organismos internacionales (letra A de este mismo apartado quinto), para el mismo programa en el que se hubiera producido el sobrante. Sexto. Plazo y procedimiento de solicitud. 1) En el caso de solicitudes de subvención recogidas en el apartado primero, punto 1.1 de esta convocatoria, deberán presentar la siguiente documentación: – Solicitud de subvención para asistencias a Comités ejecutivos establecida a tal efecto, y que figura adjunto a la presente Resolución como Anexo I, de manera individualizada por cada interesado, con el conforme del Presidente de la Federación Española. – Convocatoria de la reunión del Comité ejecutivo. – Orden del día de la reunión del Comité ejecutivo. – Autorización del CSD, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, para asistencia a cada reunión internacional. – Certificado del Presidente de la Federación Española de que la Federación Internacional correspondiente es miembro de pleno derecho de SportAccord y, para el caso de Federaciones Europeas, de estar vinculadas directamente con una Federación Internacional que reúna el anterior requisito. – Recibo de compensación por asistencia a la reunión (Anexo III de la convocatoria). – Billetes de viaje originales y/o tarjeta de embarque. – Factura y recibo de la agencia de viajes que expidió el billete. – Recibos originales de taxis, aparcamientos o peajes, si se solicitara subvención de los mismos. – Memoria justificativa pormenorizada de las actividades realizadas. – En el supuesto de haber utilizado como medio de transporte el vehículo particular: • Declaración del motivo por el que no se ha utilizado un medio de transporte regular. • Recibo por desplazamiento en vehículo particular (Anexo IV de la convocatoria). • Certificado original del Organismo que convoca donde se acredite fehacientemente la asistencia a la reunión. Las solicitudes de viajes realizados con anterioridad a la publicación de la presente Resolución, deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El resto de solicitudes se enviarán una vez finalizado el viaje, siendo el último día de recepción de las correspondientes a la primera convocatoria, el 30 de junio de 2013 y de la segunda, el 30 de octubre de 2013. 2) En el caso de las solicitudes de subvención para los proyectos de actividades mencionadas en el apartado primero, punto 1.2, deberán acompañarse de la solicitud existente a tal efecto y adjunto a la presente Resolución como Anexo II, donde se concreten: – Objetivo del proyecto y descripción de las actuaciones. – Presupuesto desglosado de las mismas. El plazo de presentación de estas solicitudes para 2013 será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria. La presentación de solicitudes en ambos apartados anteriores (1 y 2) se puede realizar de modo físico o telemático. La presentación de modo físico en soporte papel podrá realizarse personalmente o por correo ante el Registro General del Consejo Superior de Deportes, Calle Martín Fierro, 5 28040 Madrid, o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e irán dirigidas al Presidente del Consejo Superior de Deportes. La presentación de modo telemático se llevará a cabo en el Registro electrónico del CSD regulado por Resolución de 24 de junio de 2009 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, en la dirección electrónica: www.csd.gob.es (Oficina Virtual). Para la presentación de modo telemático ente el Registro electrónico del CSD será necesario alguno de los certificados válidos indicados en la Oficina Virtual. Si se realiza el envío de la solicitud y sus anexos sin certificado electrónico, se deberá presentar sólo el impreso de solicitud en soporte físico y debidamente firmado ante el registro del Consejo Superior de Deportes, o cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. El certificado electrónico con el que se realice la presentación deberá corresponder al presidente de la entidad. Si la documentación exigida en la presente resolución fuera incompleta o presentara errores subsanables, la Subdirección General de Alta Competición requerirá al Presidente de la Federación Española, para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de diez días. Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición, dictándose resolución en la que se declarará tal circunstancia. Séptimo. Instrucción del procedimiento y criterios de valoración. El órgano instructor del procedimiento es la Dirección General de Deportes, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1b) del Real Decreto 2195/2004 sobre estructura orgánica y funciones del Consejo Superior de Deportes. Se creará una Comisión de evaluación que estará compuesta por los siguientes miembros: Presidente: La Subdirectora General de Alta Competición. Vicepresidente: El Subdirector Adjunto de Alta Competición. Vocales: Un representante de la Subdirección General de Alta Competición, que actuará como Secretario, y otros dos más, uno en representación de la Subdirección General de Inspección y otro de la Subdirección General de Régimen Jurídico. Una vez acabado el plazo de remisión de solicitudes para cada uno de los procedimientos, la Comisión procederá a su evaluación, que en el caso de las asistencias a Comités Ejecutivos que figuran en el apartado primero, punto 1.1, tendrá en cuenta lo siguiente: 1. En el caso de que la Federación Internacional esté compuesta por menos de 50 países, o la Federación Europea por menos de 30 países sólo se concederá la ayuda para un máximo de dos miembros españoles en el Comité Ejecutivo. 2. En el caso de que la Federación Internacional esté compuesta por menos de 10 países sólo se abonará la ayuda a un único representante. 3. En el caso de que un miembro español de Federación Olímpica, representada por más de 200 países, pertenezca a alguna otra Comisión deportiva de máximo interés, podrá ser objeto de ayuda con autorización expresa del Consejo Superior de Deportes, previa presentación de la solicitud. 4. La cantidad, objeto de la subvención, comprende: • Viaje en clase turista. • En el supuesto de viaje en automóvil particular, el kilómetro se multiplica por 0,19 euros. • Compensación por asistencia de 100 euros diarios. • Desplazamientos en taxis a estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos o aeropuertos. • Aparcamiento de vehículo particular en las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos o aeropuertos. • Peajes de autopistas. Estas ayudas podrán considerarse desde el día anterior al inicio de la actividad hasta el día siguiente de finalizada la misma, siempre y cuando efectivamente se haya viajado esos días. Si el viaje es transoceánico, podrán considerarse dos días antes del inicio de la reunión y dos después de finalizada la misma, si se ha viajado en esos días. 5. En cualquier caso se establece una ayuda máxima de 4.000 euros anuales por solicitante y Federación Internacional o Europea, salvo autorización expresa del Consejo Superior de Deportes. 6. En ningún caso se abonarán ayudas si los gastos de viaje y estancia corren a cargo de la organización de la reunión. 7. No se tendrá derecho a esta ayuda si el solicitante tiene concedida o ha solicitado otra subvención para la Presidencia de alguna Federación Internacional o Europea. En el caso de las Actuaciones contempladas en el apartado primero, punto 1.2, se reunirá la Comisión de evaluación para valorar los Proyectos presentados de conformidad con los criterios que a continuación se señalan: Interés Deportivo estatal del Proyecto hasta 60 Puntos. Carácter Olímpico de la Federación hasta 10 Puntos. Importancia de la Fed. Internacional correspondiente hasta 25 Puntos. Incremento de la presencia de la mujer en Órganos Directivos hasta 5 Puntos. En ambos procedimientos, la Comisión formulará propuesta provisional de concesión y denegación de subvenciones, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía. Una vez formulada la propuesta provisional, se procederá a evacuar el trámite de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pudiendo obviarse si se cumplen las condiciones previstas en el mencionado artículo. La iniciación del trámite se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para que efectúen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes pertinentes. A fin de agilizar en lo posible el procedimiento de concesión, tanto la notificación individual o colectiva de la resolución provisional, como la presentación de alegaciones, podrán efectuarse mediante fax o por medios telemáticos, de acuerdo con la base novena, punto 4 de la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, de bases reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas por el C.S.D. La notificación al interesado se realizará, de conformidad con lo previsto en el artículo  9 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes a las Federaciones Deportivas Españolas. Octavo. Resolución. 1. La concesión o denegación de estas subvenciones será adoptada por Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de conformidad con lo previsto en la base Undécima de la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes, y resolverá el procedimiento en el plazo de 15 días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución, según lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 2. De acuerdo con lo establecido en la base Undécima, punto 2, de la Orden de bases arriba mencionada, los beneficiarios quedarán obligados a manifestar su aceptación expresa de la concesión de la subvención en el plazo máximo de quince días desde la notificación. La ausencia de aceptación en dicho plazo, determinará la renuncia a la subvención concedida. En el caso de que alguno de los beneficiarios formule su renuncia expresa o tácita a la subvención y siempre y cuando se haya liberado crédito en la cuantía necesaria, podrá acordarse la concesión, al solicitante o solicitantes que se encuentren mejor posicionados en la relación propuesta de concesión. 3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de dos meses en el caso de las convocatorias abiertas mencionadas en el Apartado quinto A), que se computarán a partir del día siguiente al de finalización de cada uno de los períodos de presentación de solicitudes, y en el caso contemplado en el mismo Apartado quinto letra B), no excederá de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria o de los plazos de solicitud indicados en la Base sexta, apartado 2. Una vez transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se entenderá desestimada de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 4. La resolución que ponga fin al procedimiento de concesión será definitiva, y contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativo, y artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente, en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo Órgano que la ha dictado. Noveno. Pagos. El pago se formalizará mediante un pago único, que en el caso de las ayudas recogidas en el apartado primero, punto 1.1 de la presente convocatoria, se efectuará con posterioridad a la realización de la actividad. Asimismo, se podrán realizar pagos anticipados de la subvención concedida, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes de la subvención, en el caso de las ayudas recogidas en el mismo apartado, punto 1.2, según se establece en la base duodécima de la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, de bases reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas por el C.S.D., y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en su artículo 34, apartado 4. Décimo. Forma y plazos de justificación. Las Federaciones Deportivas Españolas preceptoras de este tipo de subvenciones, estarán obligadas a justificar dicho gasto de acuerdo con la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («BOE» de 25 de julio de 2006), y con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, («BOE» de 18 de noviembre de 2003). Las solicitudes presentadas conforme a lo estipulado en el apartado quinto A de esta Convocatoria, se justificarán con carácter previo al pago (pago en firme) mediante la presentación, junto con la solicitud (Anexo I), de los documentos que se relacionan en el apartado sexto 1) de esta Resolución, debiendo presentar una vez concedida la subvención, el correspondiente soporte informático e impreso normalizado de cuenta justificativa de la actividad realizada. Las solicitudes presentadas conforme a lo estipulado en el apartado quinto B de esta Convocatoria, se justificarán dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su percepción sin perjuicio del sometimiento a la verificación contable que fuera pertinente, debiendo acompañar memoria justificativa pormenorizada de las actividades realizadas. El incumplimiento de las obligaciones del beneficiario y demás causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, determinarán el reintegro de la subvención, sin perjuicio del régimen sancionador al que se refiere el Título IV de la mencionada Ley. Undécimo. Recursos. La presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo organismo que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1995, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Madrid, 31 de mayo de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 d) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, entre las competencias del Consejo Superior de Deportes figura la de «conceder las subvenciones económicas que procedan, a las Federaciones Deportivas Españolas y demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento de la presente Ley». Las ayudas a que se refiere la presente Resolución se enmarcan dentro de las subvenciones que este Consejo Superior de Deportes concede a las Federaciones Deportivas Españolas con el fin de desarrollar sus programas y asegurar la presencia de directivos españoles en los Comités Ejecutivos de las Federaciones Internacionales y Europeas. De acuerdo con la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes, y en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre, sobre estructura orgánica y funciones del Consejo Superior de Deportes y de adecuación del Organismo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, esta Presidencia del Consejo Superior de Deportes, previo informe del Servicio Jurídico del Estado y de la Intervención Delegada en el mismo, ha dispuesto: Primero. Objeto de la convocatoria y finalidad. La presente resolución tiene por objeto compensar a las Federaciones Deportivas Españolas los gastos incurridos en la realización de las actividades que a continuación se detallan: 1.1 Participación de directivos españoles en reuniones de Comités Ejecutivos de Organismos Deportivos Internacionales a las que hayan sido convocados en su condición de miembros de dichos Comités Ejecutivos. 1.2 Actividades fuera de España encaminadas al fomento de la presencia de directivos/as españoles de Federaciones Deportivas Españolas en Organismos Deportivos Internacionales, o para el fomento de la ubicación en España de sedes de Federaciones Internacionales y Europeas. Segundo. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas todas las Federaciones Deportivas Españolas que cumplan los siguientes requisitos: 1. Estar reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, a través de su acreditación como miembro de pleno derecho (full member) de SportAccord (Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, reconocida por el CIO) o abarcar alguna modalidad, especialidad, prueba o actividad de las incluidas en el Anexo I: Catálogo de actividades de interés público, de la Resolución de 28 de enero de 2013, de la Presidencia del CSD, por la que se convocan ayudas a las FF.DD.EE. para el año 2013 («BOE» n.º 26, de 30 de enero de 2013). En los casos de Federaciones Europeas deberán acreditar su vinculación directa con una Federación Internacional que acredite el anterior requerimiento. 2. Cumplir con los objetos y finalidad de esta convocatoria, tener aprobado el Código de Buen Gobierno y su desarrollo y cumplir con los requisitos de los beneficiarios indicados en la Resolución de 28 de enero de 2013, de la Presidencia del CSD, por la que se convocan ayudas a las FF.DD.EE. para el año 2013 (BOE nº 26, de 30 de enero de 2013), asumiendo y siendo de aplicación, igualmente, las obligaciones establecidas para los beneficiarios en la resolución antes indicada. 3. Contar con el respaldo de la correspondiente Federación Española a las candidaturas para la participación de los miembros de las Federaciones Deportivas Españolas en los Comités Ejecutivos de organismos deportivos internacionales. 4. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 5. No podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas, las Federaciones Deportivas Españolas que se encuentren en las situaciones expuestas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y quedarán sujetos a las obligaciones que figuran en el artículo 14 y concordantes de la misma Ley, y en la base Decimocuarta de la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes (C.S.D.). Asimismo, de conformidad con la base Decimotercera de la mencionada Orden de bases, esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas u otros ingresos de Organismos o Instituciones públicas o privadas para la misma actividad, siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas u otros ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad subvencionada. El beneficiario está obligado a comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas que financien las actividades subvencionadas, mediante un documento formal y jurídicamente trascendente de las mismas, o en su caso, presentar declaración expresa de no haberlas recibido, o presentar declaración expresa de no haberlas recibido, en su caso. Tercero. Normativa aplicable. La convocatoria se regirá por la presente Resolución, por la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones de la citada Ley, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y supletoriamente por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuarto. Cuantía e imputación presupuestaria. El importe máximo de las subvenciones que se podrán conceder con cargo a la presente convocatoria son la cantidad asignada al CSD e ### RESUMEN: Subvenciones a viajes de presidentes y directivos de federaciones deportivas

El Tribunal de Cuentas juzga unas subvenciones irregulares de consejería de empleo andaluza a CCOO y UGT por valor de 1000 euros

Edicto Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 21 de junio de 2013, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A139/13 del Ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por importe de mil trece euros con cuarenta y tres céntimos (1.013,43 €), como consecuencia de una serie de irregularidades en el cobro de unas subvenciones por parte de los Sindicatos UGT y CCOO, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 21 de junio de 2013.- El Letrado Secretario. Fdo.: Carlos Cubillo Rodríguez.

Edicto Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 21 de junio de 2013, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A139/13 del Ramo de Comunidades Autónomas (Consejería de Empleo), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por importe de mil trece euros con cuarenta y tres céntimos (1.013,43 €), como consecuencia de una serie de irregularidades en el cobro de unas subvenciones por parte de los Sindicatos UGT y CCOO, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 21 de junio de 2013.- El Letrado Secretario. Fdo.: Carlos Cubillo Rodríguez. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas juzga unas subvenciones irregulares de consejería de empleo andaluza a CCOO y UGT por valor de 1000 euros

Decreto de estatuto orgánico de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

el art. 8.2 y disposición final 4 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril los arts. 1.1, 2 y 3; 24.8; 28.1; las referencias indicadas y SE AÑADE el art. 31 bis, por Real Decreto 793/2021, de 14 de septiembre los arts. 4.3, 6, 22.5, 24.8, 25 l), 41.1 y 44.1, por Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo en BOE núm. 106, de 1 de mayo de 2014 sobre delegación de competencias: Resolución de 28 de julio de 2014 La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria ha devenido en un objetivo fundamental de la política económica del Gobierno, al ser la base fundamental para conseguir un crecimiento sostenible y sostenido y fomentar la creación de empleo, a la vez que genera confianza en la economía española y facilita la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos. Así, el Gobierno ha acometido una reforma sustancial del marco presupuestario español, que se ha producido de manera paralela a la reforma del sistema de gobernanza económica de la Unión Europea. De esta manera, este proceso de reforma refleja el compromiso de España no solo con la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria sino también con las nuevas exigencias de coordinación y definición del marco de estabilidad común de la Unión Europea. La definición del nuevo marco se inició con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011. Se consagra de esta manera en la Constitución el equilibrio estructural como principio rector de la política presupuestaria y se establece como límite al endeudamiento de las Administraciones Públicas el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En desarrollo de este precepto se dictó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que tiene dos objetivos fundamentales: garantizar la sostenibilidad de todas las Administraciones Públicas y fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española. Para dar cumplimiento a estos objetivos, se introduce la sostenibilidad presupuestaria como principio rector permanente, y no solo transitorio, de las actuaciones de todas las Administraciones Públicas, ante la creencia de que es un elemento clave para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. A pesar de los grandes avances que introdujo esta Ley Orgánica en la normativa presupuestaria española, el Gobierno consideró necesario seguir avanzando en el proceso de reforma, para profundizar en el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal y el fortalecimiento de la confianza en la estabilidad de la economía española, y, sobre todo, para seguir reforzando el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. De esta manera, se planteó la creación de una autoridad independiente de responsabilidad fiscal, en línea con el resto de países europeos, que asista al Gobierno para poder alcanzar sus objetivos como responsable último del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. La creación de dicha Autoridad permite asimismo dar cumplimiento a las recomendaciones específicas a España del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y a lo dispuesto en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, hecho en Bruselas el 2 de marzo de 2012, la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros y el Reglamento (UE) 473/2013 del parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados Miembros de la zona euro. Todos estos elementos motivaron la aprobación de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que transpone parcialmente la citada Directiva 2011/85/UE. Así, mediante esta Ley Orgánica 6/2913, de 14 de noviembre, se crea un ente con autonomía e independencia funcional cuyo objetivo último es contribuir al cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. Esta Ley Orgánica establece en su artículo 8.2 que el Consejo de Ministros aprobará mediante real decreto, previa consulta al presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que desarrollará su organización y funcionamiento interno. Del mismo modo, la Disposición final cuarta de desarrollo normativo de la Ley determina que el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Estos requerimientos se cumplen a través del presente real decreto por el que se aprueba el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el cual se vertebra sobre los objetivos y principios de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. El Estatuto Orgánico se estructura en seis capítulos, el primero de los cuales, «Disposiciones generales», recoge la naturaleza y régimen jurídico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Se trata de un ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas. En lo relativo a su régimen jurídico, se regirá, entre otras, por la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y su normativa de desarrollo y su Estatuto Orgánico. La Autoridad estará sometida a control parlamentario según lo previsto en la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. En lo relativo al control jurisdiccional, éste no afectará a los estudios, opiniones o informes emitidos por la Autoridad, pero sí podrán ser objeto de impugnación las resoluciones adoptadas en materia laboral, patrimonial y de contratación. Se reconoce su autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones, debiendo actuar siempre con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier otra organización pública o privada. Además, ni su personal ni sus miembros podrán recibir ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. Se establece como fin de la Autoridad contribuir al cumplimiento por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria mediante la evaluación del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. En lo que concierne a sus funciones, la Autoridad las ejercerá en todo el territorio español de forma única y exclusiva y con respecto a todos los sujetos integrantes del sector público en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En el ejercicio de las mismas, la Autoridad elaborará y emitirá informes, opiniones y estudios. Con carácter general, se establece la elaboración, en el primer trimestre del año, de un Plan de Actuaciones en el que se recojan todas las actuaciones que prevé desarrollar la Autoridad. La Autoridad tendrá acceso a toda la información económico-financiera de las Administraciones Públicas sobre las que ejerce sus funciones, a través de la Central de Información, si bien se podrá requerir directamente a la administración correspondiente. Finalmente, se regulan las relaciones internacionales de la Autoridad, siempre en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Capítulo II regula la elaboración y emisión de informes y opiniones así como la realización de estudios por parte de la Autoridad. Se regula la emisión de informes sobre las previsiones macroeconómicas; sobre la metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y la tasa de referencia de crecimiento; sobre el proyecto de Programa de Estabilidad; el análisis de la ejecución presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto; sobre el establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas; sobre los planes económicos-financieros y planes de reequilibrio de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas; y sobre los proyectos y líneas fundamentales los de presupuestos de las Administraciones Públicas. Asimismo, se recoge la posibilidad de que la Autoridad Independiente informe sobre la conveniencia de activar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en el Capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2102, de 27 de abril, y sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de dicha Ley Orgánica. Las opiniones las elaborará a iniciativa propia, correspondiendo la decisión al Presidente. La Autoridad también realizará los estudios que le solicite el Gobierno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de la Administración Local y la Comisión Financiera de la Seguridad Social. Podrá realizar los estudios que le soliciten las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, siempre que se refieran a cuestiones de su competencia y no afecten a ninguna otra Administración. El Capítulo III «Estructura de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal» establece su organización interna. A estos efectos se regula la figura del Presidente, que es un puesto de dedicación exclusiva, tendrá la consideración de alto cargo y será elegido por un plazo de seis años no renovables. Se define su procedimiento de designación, entre personas de reconocido prestigio y con una experiencia mínima de diez años en las materias pertinentes, debiendo ésta ser aprobada por las Cortes Generales. Se definen igualmente las causas de su cese. Por último, se establecen las funciones que debe ejercer, con independencia y objetividad. Del Presidente dependerán tres divisiones, cada una de las cuales estará a cargo del correspondiente Director de División. Los Directores de División tienen la consideración de personal directivo profesional y serán seleccionados conforme a los principios de mérito y capacidad establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El Capítulo IV «Personal al servicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal» establece que el mismo estará constituido con carácter general por funcionarios de carrera o, en su caso, por personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones de control, o análisis económico, fiscal, presupuestario o financiero. La selección, provisión de puestos de trabajo, retribuciones y régimen disciplinario se ajustará a lo dispuesto en este Estatuto orgánico, el Estatuto Básico del Empleado Público y en la legislación vigente del Estado en materia de función pública. En todo caso, la Autoridad contará con una relación de puestos de trabajo en la que constará los puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por personal funcionario, y aquellos de que puedan ser ocupados por personal laboral. El Capítulo V regula su régimen de contratación, patrimonial y de financiación. La actividad contractual de la Autoridad se regirá por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en su normativa de desarrollo, siendo el órgano de contratación su Presidente. Para el ejercicio de sus funciones, la Autoridad dispondrá de un patrimonio propio e independiente del de la Administración General del Estado, cuya gestión se efectuará según lo dispuesto en el Estatuto orgánico y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Por último, el Capítulo VI regula el régimen presupuestario, de contabilidad y de control de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La Autoridad elaborará y aprobará anualmente un anteproyecto de presupuesto que remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su posterior tramitación. El presupuesto tendrá carácter limitativo por su importe global y estimativo para distribución de los créditos por categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal, que tendrán carácter limitativo. La Autoridad deberá aplicar los principios contables públicos e implantará un sistema de contabilidad analítica. La Autoridad estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en lo que concierne a su gestión económico-financiera. El presente Estatuto ha sido sometido a consulta previa del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de marzo de 2014, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 y en la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuyo texto se inserta a continuación. Disposición adicional única. Retribuciones. Las retribuciones del Presidente y el personal directivo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se someterán a los límites retributivos del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 28 de marzo de 2014. JUAN CARLOS R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO [encabezado]ESTATUTO ORGÁNICO DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, creada por el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es un ente de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas y que actúa de forma objetiva, trasparente e imparcial. 2. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal está adscrita, a efectos organizativos y presupuestarios, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sin que en ningún caso dicha adscripción afecte a su autonomía e independencia. 3. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2013 de 14 de noviembre, por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como por las disposiciones que las desarrollen, por este Estatuto y el reglamento de régimen interior que, en su caso, se apruebe para regular, entre otras materias, el reparto interno de funciones entre divisiones, el régimen de suplencias y el funcionamiento del comité directivo, y al que se le deberá dar la oportuna publicidad. Supletoriamente se regirá por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; y por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas así como por las demás normas que resulten de aplicación. 4. El control parlamentario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se desarrollará en los términos previstos en el artículo 24.8 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, y en el artículo 25 de este Estatuto. 5. No estarán sujetos a control jurisdiccional los estudios, opiniones e informes emitidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sin perjuicio del recurso que proceda contra las resoluciones, actos, hechos o actuaciones administrativas que resuelvan los procedimientos en que aquellos fueran emitidos. Artículo 2. Autonomía e independencia. 1. En el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de los fines que le han sido asignados, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuenta con autonomía orgánica y funcional debiendo actuar en todo caso con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier otra organización pública o privada. 2. Ni el Presidente, ni el personal ni los miembros de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrán solicitar ni aceptar instrucciones de las Administraciones Públicas ni de ninguna entidad pública o privada. Artículo 3. Fines. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene como fin garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución Española, en los términos en que ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 2. Para ello realizará una evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y un análisis de las previsiones económicas. Artículo 4. Ejercicio de las funciones asignadas a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ejercerá sus funciones en todo el territorio español de forma única y exclusiva y con respecto a todos los sujetos integrantes del sector público previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 2. En el ejercicio de sus funciones, la Autoridad elaborará y emitirá informes, opiniones y estudios, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y en el presente Estatuto Orgánico. 3. Excepcionalmente, para el desarrollo de las actividades que comporte la emisión de un informe, opinión o estudio, la Autoridad puede celebrar contratos de servicios para la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios. En el caso de que esto pueda suponer el acceso a información no pública, se estará a lo dispuesto en el artículo 6.9. 4. En aplicación del principio de transparencia, los informes y las opiniones de la Autoridad se publicarán de forma inmediata en su página web y, en todo caso, el plazo no podrá exceder de los dos días siguientes al de su suscripción. Artículo 5. Programación. 1. En el primer trimestre del año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará y hará público un Plan de Actuaciones en el que se recogerán, además de aquellos informes que resulten preceptivos, los estudios que se hayan solicitado. 2. Dicho Plan de Actuaciones deberá ser aprobado por el Presidente, previa deliberación del Comité Directivo, y será objeto de publicación en su página web. 3. La Autoridad también publicará en su página web un calendario con la fecha límite de remisión de información completa disponible por parte de las Administraciones Públicas necesaria para la emisión de sus informes. 4. Para la elaboración de esta programación, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá dirigir consulta en el último trimestre del año anterior al Gobierno, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la Comisión Nacional de la Administración Local y a la Comisión Financiera de la Seguridad Social. 5. Sin perjuicio de lo anterior, la programación efectuada no obstaculizará la emisión de los informes, opiniones y estudios que resulten necesarios, aunque no estuvieran previstos inicialmente. Artículo 6. Facultades y deber de colaboración en la remisión de información. 1. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tendrá acceso a la información económico-financiera correspondiente a cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y elaborada en cumplimiento de dicha Ley o de otras disposiciones legales o reglamentarias. Dicho acceso no alcanzará a la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. 2. La remisión de la documentación e información a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se realizará en castellano y mediante medios telemáticos, salvo que por razones excepcionales y justificadas la Autoridad autorice su remisión por otros medios. 3. A tal fin, la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas facilitará a la Autoridad el acceso a toda información de que disponga, para lo cual podrán articularse canales y procedimientos simplificados que permitan la disposición de dicha información con flexibilidad, agilidad e integridad. 4. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se determinarán los datos, documentos y procedimientos de remisión, incluidos los telemáticos, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá con carácter permanente a disposición de la mencionada Autoridad. Lo anterior se entenderá con independencia de las necesidades de información adicional que requiera la Autoridad para el correcto ejercicio de sus funciones y que no esté explícitamente prevista en la citada Orden. 5. El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá remitir solicitud a cualquier Administración Pública, de las citadas en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, a cuyo ámbito se refiera la información requerida, o al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de la Administración Local, para lo que identificará la documentación necesaria y el plazo para su remisión, que, salvo causas justificadas, no podrá ser inferior a cinco días ni superior a quince. En el caso de que la información se refiera a alguna de las entidades recogidas en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la solicitud se dirigirá a la Administración Pública de la que dependa. 6. La falta de aportación de la documentación en tiempo y forma podrá ser calificada como incumplimiento del deber de colaboración, en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, y en este estatuto, en cuyo caso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal incluirá en su página web una advertencia pública de dicha circunstancia. Corresponde al Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal apreciar si se trata de un incumplimiento grave o reiterado, en cuyo caso lo comunicará al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. 7. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá articular, de acuerdo con los sujetos mencionados en este artículo, procedimientos simplificados de acceso o remisión de información, así como la aceptación de unidades de enlace con las correspondientes Administraciones Públicas. Igualmente, la Autoridad, previo acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá definir y exigir que la información solicitada se aporte en un determinado formato para facilitar su tratamiento y análisis. Con el fin de lograr una mejor coordinación para el adecuado ejercicio de sus respectivas competencias, la Autoridad y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas compartirán la información facilitada previa solicitud de la misma. 8. Todas las entidades incluidas en el ámbito de actuación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal deberán prestarle el apoyo, concurso, auxilio y colaboración que le sean precisos, facilitando la documentación necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones. 9. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, mediante Resolución de su Presidente, podrá aprobar, para cada uno de los informes que deba emitir, una Relación Oficial de Información Requerida, que incluirá la relación de documentos e información que necesariamente deben ser remitidos o puestos a disposición específicamente para la emisión del mismo, sin perjuicio de otra información complementaria que pueda requerir posteriormente en el desarrollo de su trabajo. 10. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sólo podrá ceder a terceros la información no pública aportada por los sujetos respecto de los cuales ejerce sus funciones previo consentimiento de la entidad que le hubiera entregado la información. Artículo 7. Relaciones internacionales. 1. Corresponderá al Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la dirección de sus actuaciones en materia de relaciones internacionales, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. La Autoridad informará trimestralmente al Ministerio de las comunicaciones o intercambio de información que realice con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea. 2. La colaboración de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con las autoridades fiscales independientes de otros Estados Miembros, se referirá a las funciones por ella desempeñada, sin que tenga que informar al respecto al Ministerio. 3. En la memoria de actividades de cada año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dará cuenta de las actuaciones desempeñadas en el ámbito de las relaciones internacionales. CAPÍTULO II Informes, opiniones y estudios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Sección 1.ª Emisión de informes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Artículo 8. Elaboración y emisión de informes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará, emitirá y publicará los informes previstos en las leyes. Corresponde a la Autoridad, en el marco de los establecido en la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre y en el presente Estatuto, la definición de la metodología, de los criterios objetivos y de los aspectos específicos a valorar en los respectivos informes, debiendo darse la oportuna publicidad a estas cuestiones. 2. Precisarán de previo envío de la documentación necesaria los siguientes informes: a) Sobre las previsiones macroeconómicas. b) Sobre la metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y la tasa de referencia de crecimiento. c) Sobre el proyecto de Programa de Estabilidad. d) Sobre los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de las Administraciones Públicas. e) Sobre los planes económico financieros y de reequilibrio de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas. f) Sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 9. Plazos para la emisión de informes. 1. Los informes que precisen de envío de documentación deberán emitirse en el plazo previsto en la ley y, en su defecto, en el plazo de 10 días desde su remisión. No obstante, el plazo de 10 días podrá reducirse por razones de urgencia, que deberán ser explicitadas en la remisión de la documentación La Administración deberá remitir la documentación necesaria para la elaboración del informe con un plazo de antelación razonable, atendiendo a la complejidad y los procesos de elaboración de dicha documentación, a efectos de cumplir lo previsto en el párrafo anterior. 2. Los informes emitidos de oficio para los que la Ley no establezca plazo podrán ser emitidos por la Autoridad en el momento en el que, a su juicio, concurran las circunstancias determinantes de su emisión. 3. Cuando el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sea necesario para continuar un procedimiento sometido a plazos legales y reglamentarios y dicho informe no haya sido emitido antes de la finalización de tal plazo, la Administración afectada podrá continuar el procedimiento hasta la finalización del mismo, haciendo constar públicamente esta circunstancia. En estos casos, el informe de la Autoridad podrá incorporarse a la documentación del procedimiento si la Autoridad lo emite con posterioridad, sin que ello afecte a la validez de los procedimientos concluidos por la Administración afectada. Artículo 10. Contenido de los informes. 1. Los informes deberán, al menos, hacer referencia expresa a la norma que prevé su emisión y, en su caso, las recomendaciones que considere. 2. La adopción de cualquier acuerdo, programa o proyecto que haya sido informado por la Autoridad requerirá que, de modo expreso, incluya esta circunstancia en el propio texto, indicando si ha sido o no avalado por la Autoridad, así como la mención expresa al carácter preceptivo y no vinculante de tales informes. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se aparta de las recomendaciones en él contenidas, deberá motivarlo e incorporar dicho informe en el correspondiente expediente. Artículo 11. Remisión de la propuesta de informe. 1. Si el cumplimiento de los plazos establecidos para la emisión del informe lo permite, la Autoridad podrá facilitar a la Administración destinataria una propuesta de informe a efectos de que esta pueda verificar la inexistencia de errores, ambigüedades o inexactitudes manifiestas, que resultaran del contenido del propio informe o por contraste con otras fuentes, y que no podrán referirse a valoraciones, opiniones o recomendaciones. A estos efectos, se entenderá que una Administración es la destinataria de un informe si: a) Solicitó la emisión del informe. b) Se viera en la obligación de seguir las recomendaciones o explicar las razones por las que no lo hace. c) Tiene asignada la función de tutela o seguimiento económico-financiero y presupuestario de una Administración que cumple alguno de los requisitos contenido en los apartados anteriores. 2. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal deberá indicar el plazo para la precisión, corrección o aclaración de errores, ambigüedades o imprecisiones manifiestas de la propuesta de informe, que en ningún caso podrá suponer la ampliación del plazo para emitir el informe. La Autoridad podrá tener en cuenta las cuestiones puestas de manifiesto por la Administración destinataria. Artículo 12. Informe sobre las previsiones macroeconómicas. 1. Las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de las Administraciones Públicas, así como el proyecto de Programa de Estabilidad, deberán contar con un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y se indicará si han sido avaladas o no por la misma. 2. En el caso de que cualquier Administración Pública incorpore o aplique en los correspondientes presupuestos un conjunto de previsiones que se correspondan de forma exacta con las incorporadas por otra Administración Pública en cuyo ámbito territorial aquélla se integra, y que hubieran sido avaladas por la Autoridad, no será necesaria la emisión de informe específico. Esta circunstancia se hará constar expresamente en el propio proyecto de presupuestos. Artículo 13. Informe sobre la metodología para el cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, y la tasa de referencia de crecimiento. 1. Las modificaciones de la Orden Ministerial que regula la metodología utilizada para el cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y para la tasa de referencia de crecimiento a las que alude los artículos 12.3 y 21.2.b) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, deberán ser informadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con carácter previo a su aprobación. 2. El proyecto de la Orden Ministerial será remitido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, acompañado de todos los informes y antecedentes que hayan sido valorados. 3. El preámbulo de la Orden incorporará de forma expresa la conformidad con el criterio de la Autoridad o si ésta se aprueba en contra de las recomendaciones de la Autoridad, motivando en tal caso por qué éstas no han sido atendidas. Artículo 14. Informe sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La remisión de la documentación necesaria para la elaboración de este informe será realizada por el Gobierno, con carácter previo a la iniciación de la tramitación parlamentaria prevista en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Dicha remisión deberá ir acompañada de la identificación de la concreta causa del artículo 11.3 alegada para la aplicación del precepto, los criterios indicados en dicho precepto y la justificación de los supuestos económicos o de hecho en que se pretenda su fundamentación. Artículo 15. Informe sobre el proyecto de Programa de Estabilidad. 1. Antes del 15 de abril, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitirá el informe sobre el proyecto de Programa de Estabilidad. A estos efectos se facilitará a la Autoridad, con la suficiente antelación, el texto del citado proyecto de Programa, acompañado de las correspondientes previsiones presupuestarias a medio plazo, así como de cualquier otra información o documentación que soporte las previsiones y datos incorporados. 2. Tal y como se establece en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, si hubiera cambios en el objetivo de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda y la regla de gasto que afecten al Programa de Estabilidad, deberán ser nuevamente informados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en los términos señalados en el presente artículo. Artículo 16. Informe sobre el establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas. 1. Una vez aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo comunicará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y le remitirá la documentación de base y antecedentes utilizados, acompañada de un análisis inicial con la posible propuesta de fijación de los objetivos individuales para cada una de las Comunidades Autónomas. 2. En la elaboración de este informe se tendrá en cuenta, entre otros elementos, la situación particular de cada Administración en relación con la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y especialmente la existencia de un plan de reequilibrio o plan económico financiero, así como la situación de partida de su endeudamiento. 3. Este informe se incorporará al expediente presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en virtud de lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Artículo 17. Informe de los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de las Administraciones Públicas. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará antes del 15 de octubre de cada año el informe al que se refiere el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 2. Para ello, con carácter previo, y en todo caso antes del 1 de octubre de cada año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pondrá a disposición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal toda la información oficial disponible relativa al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año siguiente. Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pondrá a disposición de la Autoridad la documentación correspondiente a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales de que disponga en virtud del artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Artículo 18. Informe sobre los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas, previsto en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal remitirá, antes del 1 de abril de cada año un informe, sobre la base de la documentación a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 2. En la elaboración de este informe se atenderá a las variaciones que se detecten en la documentación sobre la que previamente se hubiera remitido, en particular con la analizada para la emisión del informe previsto en el artículo 17. Artículo 19. Informe sobre el análisis de la ejecución presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto. 1. Antes del 15 de julio de cada año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitirá un informe que valorará: a) El cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del ejercicio en curso así como de la regla de gasto de todas las Administraciones Públicas, considerando la ejecución presupuestaria y las medidas previstas en el año en curso y el inmediato anterior. b) Los riesgos de incumplimiento de los citados objetivos de estabilidad y deuda pública globales o de los distintos subsectores, así como de la regla de gasto. 2. Si el informe concluye la existencia de riesgos específicos derivados de la situación de una Comunidad Autónoma o Entidad local conforme a lo señalado en el apartado 1 de este artículo, la Autoridad remitirá el informe a la misma y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 20. Informe sobre la aplicación de los mecanismos de corrección previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 1. Este informe se elaborará: a) Cuando, con ocasión de la publicación trimestral en términos de contabilidad nacional de las operaciones no financieras del conjunto de las Administraciones Públicas o de los informes de seguimiento de los planes económico-financieros, del análisis de dicha información se concluya que una Administración Pública se encuentra en una situación que ha supuesto o puede suponer la desviación en el cumplimiento de los objetivos establecidos en términos de estabilidad presupuestaria o sostenibilidad financiera, o el incumplimiento de la regla de gasto. b) Cuando en el desarrollo de cualquiera de los informes previstos en este estatuto se detecte dicho riesgo, esta circunstancia se pondrá de manifiesto como apartado independiente en aquellos informes, a los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. 2. El informe se remitirá a la Administración o autoridad responsable, conforme a la normativa aplicable, de la activación de los correspondientes mecanismos y medidas, así como al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 21. Informe sobre los planes económico-financieros y planes de reequilibrio de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas. 1. Cuando la Administración Central o una Comunidad Autónoma, por concurrir las circunstancias establecidas en los artículos 21 o 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, elabore el correspondiente plan económico-financiero o plan de reequilibrio en los términos previstos en dichos artículos, deberá solicitar informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con carácter previo a su remisión a las Cortes Generales o a la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, respectivamente. 2. Para la elaboración de este informe se tendrá en cuenta, al menos, el grado de cumplimiento de los planes económicos financieros o planes de reequilibrios de ejercicios anteriores, las circunstancias de ejecución de los mismos, la existencia de riesgos contingentes y, en su caso, los informes de seguimiento realizados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y otras actuaciones de coordinación de la estrategia de consolidación fiscal global en el marco del Programa de Estabilidad. Sección 2.ª Emisión de opiniones por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Artículo 22. Elaboración y emisión de opiniones por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá elaborar, emitir y publicar juicios o valoraciones técnicas, que recibirán la denominación de opiniones, sobre cualquier cuestión de entre las materias reguladas en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. Corresponde a la Autoridad, en el marco de lo establecido en la citada Ley Orgánica y en el presente Estatuto, la definición de la metodología, de los criterios objetivos y de los aspectos específicos a valorar en las opiniones, debiendo darse la oportuna publicidad a estas cuestiones. 2. La elaboración de opiniones será acordada por el presidente de la Autoridad por propia iniciativa en los términos del artículo 5.2 de dicha Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. 3. En el proceso de desarrollo de las opiniones, la Autoridad podrá recabar los informes y documentos elaborados en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de aplicación que considere necesarios en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, o de este Estatuto. Dicho acceso no alcanzará a la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. 4. La Autoridad remitirá, con carácter previo a su emisión, una propuesta de opinión a cualquiera de las Administraciones o entidades destinatarias para verificar la inexistencia de errores, ambigüedades o inexactitudes manifiestas, que resultaran del contenido de la opinión o por contraste con otras fuentes, en un plazo de diez días. 5. En aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitirá opinión respecto de los valores calculados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la determinación del índice de revalorización de las pensiones aplicable en cada ejercicio y del factor de sostenibilidad. 6. En el caso de que, en aplicación de lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se previese que las Administraciones de la Seguridad Social incurrieran en déficit estructural, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá elaborar una opinión, que se emitirá en el plazo de un mes desde que se constatase dicha circunstancia. Sección 3.ª Elaboración de estudios por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Artículo 23. Elaboración de estudios por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realizará los estudios que le soliciten el Gobierno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de la Administración Local o la Comisión Financiera de la Seguridad Social. 2. Podrá realizar los estudios que se soliciten por las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales siempre que estos se refieran a cuestiones propias de su competencia y no afecten a ninguna otra Administración, ya sea del mismo o de distinto nivel. Cuando se trate de cuestiones que pudieran afectar a otra Administración, la solicitud deberá cursarse por el Consejo de Política Fiscal y Financiera o por la Comisión Nacional de la Administración Local. 3. Corresponde a la Autoridad, en el marco de los establecido en la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre y en el presente Estatuto, la definición de la metodología, de los criterios objetivos y de los aspectos específicos a valorar en los estudios, debiendo darse la oportuna publicidad a estas cuestiones.. 4. Con carácter previo a la elaboración del estudio, se fijará un presupuesto y calendario de desarrollo, que se remitirá al sujeto interesado para su confirmación. 5. Una vez acordada la elaboración del estudio, el sujeto proponente podrá desistir de su elaboración previa notificación, debiendo liquidarse y abonarse las cantidades correspondientes a unidades de trabajo consumidas, así como un 10 por ciento del importe restante. 6. El resultado del estudio será remitido al sujeto interesado previo pago a la Autoridad de la cantidad fijada. Este sujeto deberá autorizar expresamente a la Autoridad la publicación del estudio en su página web. 7. Todo conocimiento adquirido por la Autoridad en la elaboración de estudios podrá ser aplicado por la ésta, en el desarrollo de cualquier tipo de funciones como elementos intermedios de otros estudios, informes u opiniones. CAPÍTULO III Estructura de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Sección 1.ª De la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Artículo 24. Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estará dirigida por su Presidente, a quien le corresponderá su representación. 2. El Presidente tendrá la consideración de alto cargo, con rango de Subsecretario. 3. El cargo de Presidente es de dedicación exclusiva, está sujeto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, y será incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional pública o privada, retribuida o no, salvo las que sean inherentes a su condición de Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 4. El Presidente será elegido por un plazo de seis años, no pudiendo ser renovado en el cargo. 5. Al cesar en el cargo y durante los dos años posteriores, no podrá ejercer actividad profesional alguna relacionada con la función de evaluación atribuida a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 6. El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal comparecerá, al menos anualmente, ante las Comisiones correspondientes del Congreso de los Diputados y del Senado. 7. El Presidente asistirá como miembro nato con voz pero sin voto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la Comisión Nacional de la Administración Local y a la Comisión Financiera de la Seguridad Social. 8. Del Presidente depende directamente un Gabinete como su órgano de asistencia inmediata, del que formarán parte los asesores a que hace referencia el artículo 38. 9. En la página web se publicará el currículum vítae del Presidente de la Autoridad. Artículo 25. Funciones del Presidente. El Presidente de la Autoridad ejercerá con plena independencia y objetividad, sin estar sujeto a instrucción alguna, las siguientes funciones en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal: a) Ostentar la representación legal de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. b) Comparecer ante la Comisión competente del Congreso de los Diputados y del Senado. c) Proponer al Consejo de Ministros el nombramiento y cese de los Directores de División. d) Convocar y presidir el Comité Directivo, acordando, en su caso, la asistencia de otro personal perteneciente a la Autoridad o de los expertos externos que juzgue conveniente. e) Suscribir los informes, opiniones y estudios. f) Acordar la realización o no de estudios que se soliciten a la Autoridad en los términos previstos en la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, y en este Estatuto. La suscripción de los acuerdos para realizar estos estudios podrá ser delegada por el Presidente en el Director de División competente por la razón de la materia. g) Acordar el nombramiento y cese del restante personal al servicio de la Autoridad. h) Aprobar el anteproyecto de presupuestos del organismo y remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a efectos de su integración en los Presupuestos Generales del Estado. i) Acordar las variaciones en los créditos del presupuesto del organismo. j) Aprobar los gastos, ordenar los pagos y acordar los restantes actos de gestión presupuestaria, salvo los casos reservados por ley al Gobierno. k) Formular, aprobar y rendir las cuentas de la Autoridad. l) Efectuar los requerimientos de información a los sujetos integrantes del sector público en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. m) Acordar la procedencia de advertencia pública por incumplimiento del deber de colaboración, así como su publicación en la página web de la Autoridad. n) Acordar la publicidad de supuestos de incumplimiento grave o reiterado, y su comunicación al Gobierno de la Nación, a las Cortes Generales y a la Administración incumplidora. o) Aprobar la memoria anual de actividades de la Autoridad, previa deliberación del Comité Directivo. p) Ser el órgano de contratación de la Autoridad, si bien podrá delegar esta función para contratos cuyo valor estimado sea inferior a 120.000 euros. Asimismo, suscribirá los contratos laborales. q) Acordar las actuaciones en materia de gestión patrimonial del organismo. r) Acordar, por necesidades del servicio, la redistribución de efectivos entre las Divisiones. s) Suscribir, sin perjuicio de lo previsto en la letra f, en el ámbito de las competencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, convenios con entidades públicas y privadas. t) La dirección de las actuaciones de la Autoridad en materia de relaciones internacionales, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. u) Proponer la relación de puestos de trabajo de la Autoridad. v) Proponer al Ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas la modificación del presente Estatuto. w) Elevar al Ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas informe sobre las modificaciones que estime adecuadas en la estructura orgánica de la Autoridad para un mejor desempeño de las funciones que tiene encomendadas. x).Las restantes facultades que no estén expresamente atribuidas a ningún otro órgano de la Autoridad. Artículo 26. Delegación de funciones. El Presidente podrá delegar en el Director de división que considere todas las funciones establecidas en el artículo anterior, a excepción de las previstas en las letras b), c) y k). Artículo 27. Designación y cese del Presidente. 1. El Presidente de la Autoridad será designado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. 2. El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sólo cesará por las siguientes causas: a) Por finalizar el período para el que fue nombrado. b) A petición propia. c) Por estar incurso en alguna causa de incompatibilidad. d) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de sus funciones. e) Por condena por delito doloso, desde que la sentencia sea firme. f) Por incumplimiento grave de sus obligaciones. 3. En los casos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, el Presidente cesará de forma automática el día que finaliza su mandato o el día que presenta su petición al Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, según corresponda. En los casos previstos en las letras c), d), e) y f, la separación será acordada por el Gobierno, con independencia del régimen sancionador que pudiera corresponder, previa instrucción del expediente por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en el que serán oídos el Presidente y los restantes miembros del Comité Directivo. El Acuerdo de separación se adoptará previo conocimiento de las correspondientes Comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado. Sección 2.ª De las Divisiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Artículo 28. Organización en Divisiones. 1. Para el mejor cumplimiento de las funciones atribuidas a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, existirán tres Divisiones, que dependerán de manera directa del Presidente: a) La División de Análisis Económico. b) La División de Análisis Presupuestario. c) La División Jurídico-Institucional. 2. Cada una de estas Divisiones estará a cargo del correspondiente Director de División. 3. Las divisiones actuarán de forma coordinada y colaborarán para el ejercicio de sus funciones. Artículo 29. Directores de División. 1. Los Directores de División serán nombrados y cesados por el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 2. La selección de las personas que ocupen el cargo de Director de División se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de entre quienes cuenten con experiencia de al menos diez años en las materias propias de la División a cuya dirección se opta. 3. El currículum vítae de los Directores de División se publicará en la página web de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 4. Los Directores de División tienen la consideración de personal directivo profesional de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 30. División de Análisis Económico. La División de Análisis Económico se estructura en dos áreas, cuyos responsables tendrán nivel orgánico de subdirector general: a) Previsiones macroeconómicas. b) Endeudamiento público. Artículo 31. División de Análisis Presupuestario. La División de Análisis Presupuestario se estructura en dos áreas, cuyos responsables tendrán nivel orgánico de subdirector general: a) Estado y Seguridad Social. b) Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Artículo 32. División Jurídico-Institucional. La División Jurídico-Institucional se estructura en una única área, la de gerencia, cuyo responsable tendrá nivel orgánico de subdirector general. Sección 3.ª Del Comité Directivo Artículo 33. Comité Directivo. 1. En el ejercicio de sus funciones el presidente se asiste del Comité Directivo, integrado por los Directores de División. 2. Serán objeto de deliberación en el Comité Directivo, entre otras, las siguientes cuestiones: a) Los informes y opiniones que elabore la Autoridad, con carácter previo a su suscripción por el Presidente. b) La decisión de realizar los estudios que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales le soliciten a la Autoridad. c) El Plan de Actuaciones anual. d) La memoria anual de actividades, que se publicará en la página web de la Autoridad. e) Las instrucciones de organización interna y reparto del trabajo así como la gestión y planificación de los recursos humanos de la Autoridad. Artículo 34. Asistencia de expertos al Comité Directivo. El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá solicitar la asistencia a las reuniones del Comité Directivo de expertos de reconocido prestigio nacional e internacional en las materias relacionadas con las funciones de la Autoridad y en relación a los asuntos que vayan a ser tratados. No se devengará derecho a retribución alguna por la asistencia de expertos a las reuniones del Comité Directivo. CAPÍTULO IV Personal al servicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Artículo 35. Régimen general de personal. 1. El personal al servicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal será, con carácter general, funcionario de carrera de las Administraciones Públicas o, en su caso, personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones de control o análisis económico, fiscal, presupuestario o financiero. 2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos 3. La selección, formación, provisión de puestos de trabajo, movilidad, retribuciones y régimen disciplinario de su personal se regirá por lo previsto en este estatuto, por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la restante legislación del Estado en materia de función pública. 4. El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal presentará anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la propuesta de Oferta de Empleo Público de la Autoridad, para su aprobación e inclusión en la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado. Dicha propuesta tendrá en cuenta las necesidades de recursos humanos de la Autoridad para el adecuado ejercicio de sus funciones. 5. El Presidente de la Autoridad también podrá suscribir convenios para acordar, con carácter temporal, intercambios o estancias de personal procedente del Banco de España o de otras Administraciones u organismos nacionales e internacionales con funciones de control o análisis económico, fiscal, presupuestario o financiero. El personal laboral que proceda del Banco de España y demás Administraciones u organismos nacionales o internacionales podrá percibir su retribución bien del organismo de origen, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón las funciones que desarrolla en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en los términos previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio; o bien percibir sus retribuciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en cuyo caso dicho personal deberá ser, en todo caso, seleccionado por la Autoridad con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, con pleno sometimiento a los principios de igualdad, mérito y capacidad señalados en el artículo 1.3.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 6. Con independencia de la forma en la que el personal preste sus servicios en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y del organismo que satisfaga sus retribuciones, todo el personal al que se refiere este capítulo estará sometido a las normas de incompatibilidades y confidencialidad propias de los empleados públicos, de lo cual se dejará debida constancia en cualquier convenio que se suscriba, sin que pueda facilitarse información conocida como consecuencia de las funciones desempeñadas en la Autoridad ni a los organismos de origen ni a ningún otro. Artículo 36. Personal funcionario. 1. De conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, el personal funcionario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se regirá por las normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. 2. El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal convocará y resolverá los procedimientos de selección y provisión de puestos de trabajo, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación, con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, con pleno sometimiento a los principios de igualdad, mérito y capacidad señalados en el artículo 1.3.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril. Tanto las convocatorias como sus resoluciones se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web de la Autoridad. Artículo 37. Personal laboral. 1. De conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, sólo podrá ser contratado personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones de control o análisis económico, fiscal, presupuestario o financiero para el desempeño de este tipo de funciones con carácter temporal. En particular, con arreglo a lo establecido en el artículo 35, el personal procedente de otros organismos podrá prestar servicios en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal: a) Por ser contratado como personal laboral de carácter temporal de la Autoridad, quien abonará sus retribuciones. b) Por prestar servicios temporalmente en la Autoridad, asumiendo el Banco de España o las otras Administraciones u organismos nacionales o internacionales con funciones de control o análisis económico, fiscal, presupuestario o financiero el pago de sus retribuciones de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora y sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, pudieran corresponder con cargo al presupuesto de la Autoridad, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 2. Corresponderá al Presidente la celebración de los contratos de trabajo del personal laboral que será seleccionado, en ejecución de la Oferta de Empleo Público de la Autoridad prevista en el artículo 35, mediante convocatoria pública que, además de adecuarse a la relación de puestos de trabajo del organismo, se sujetará a los principios de igualdad, mérito y capacidad señalados en el artículo 1.3.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril. Estas convocatorias y su resolución se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web de la Autoridad. Artículo 38. Programas de formación. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá contar con un programa propio de becas que permita que, temporalmente y de conformidad con la normativa reguladora de las mismas, haya personas que completen su formación en la Autoridad. 2. Asimismo, la Autoridad podrá suscribir convenios con Universidades y otros centros académicos o profesionales para contribuir a la formación de nuevos profesionales en las materias relacionadas con las funciones propias de la Autoridad, todo ello de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 3. En ningún caso se entenderá que los becarios están prestando servicios en la Autoridad o que exista relación contractual con ella. Artículo 39. Relación de puestos de trabajo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal contará con una relación de puestos de trabajo, propuesta por el Presidente a los órganos competentes, en la que constarán: a) Los puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por personal funcionario, su denominación, tipo y sistema de provisión, requisitos exigidos para su desempeño, así como el nivel de los complementos que comportan sus retribuciones complementarias. b) Los puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por personal laboral, fijo o temporal, su denominación, los grupos de clasificación profesional a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones. Artículo 40. Incompatibilidades del personal de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El personal de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estará sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Artículo 41. Deber de confidencialidad. 1. Conforme a lo establecido en el artículo 4.4 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, y en el artículo 35.5 del Estatuto, la información de naturaleza confidencial que se pueda conocer por el personal de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el ejercicio de sus funciones o el conocimiento que se obtenga en virtud de cualquier relación con dicha Autoridad, deberá ser tratada respetando los límites y conforme a las normas legales que rigen el acceso y difusión de la misma. 2. A tal efecto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará una política específica para garantizar la confidencialidad de la información que no tenga el carácter de pública, dentro de la cual se integrará el Código de Conducta del personal al servicio de la Autoridad, que será objeto de publicación en su página web. CAPÍTULO V Régimen de contratación, patrimonial y de financiación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Artículo 42. Régimen de contratación. 1. La actividad contractual de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal queda sujeta al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como a su normativa de desarrollo. 2. A los citados efectos, aplicará el régimen previsto en las citadas normas para las Administraciones Públicas. 3. El órgano de contratación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es su Presidente, quien podrá delegar esta competencia salvo para contratos cuyo valor estimado fuera igual o superior a 120.000 euros. 4. La Autoridad podrá acordar su adhesión a sistemas de contratación centralizada o la cofinanciación conjunta de contratos con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando de ello resultase una mayor eficiencia en la asignación de recursos. 5. La Autoridad Independiente recibirá las facturas electrónicas que emitan sus proveedores a través del punto general de entrada de facturas electrónicas correspondiente a la Administración General del Estado, en los términos previstos en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Artículo 43. Patrimonio y régimen de financiación. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tendrá, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio e independiente del de la Administración General del Estado, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sea titular. 2. La gestión y administración de los bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio del Estado que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo señalado en este Estatuto y con lo establecido para los organismos públicos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 3. Corresponde al Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal acordar la adquisición por cualquier título de los bienes inmuebles y derechos que resulten necesarios para los fines de la institución, así como su uso y arrendamiento, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal formará y mantendrá actualizado su inventario de bienes y derechos, tanto de los propios como de los bienes del Patrimonio del Estado adscritos al organismo, que se revisará anualmente, con referencia al 31 de diciembre, y se someterá a la aprobación del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El inventario y sus modificaciones se remitirán anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el primer mes de cada año natural. 5. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal contará con recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones y se financiará con los siguientes recursos: a) Las tasas de supervisión análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal que reciba por la prestación a las Administraciones Públicas de los servicios a los que se refiere el capítulo II de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. b) Los ingresos procedentes de los precios públicos que reciba por la realización de estudios a los que se refiere el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. c) Las asignaciones que se establezcan anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. d) Los productos y rentas que se deriven de los bienes y derechos que constituyen su patrimonio. e) Cualesquiera otros que legalmente le sean atribuidos. CAPÍTULO VI Régimen presupuestario, de contabilidad y de control de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Artículo 44. Régimen presupuestario. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará y aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y lo remitirá a éste para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 2. El presupuesto tendrá carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos por categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal que, en todo caso, tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total, y de las subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y representativas, que tendrán carácter limitativo y vinculante cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al que se establezcan. 3. La autorización de las variaciones que supongan un incremento global de los créditos inicialmente aprobados, se ajustará a lo siguiente: a) Corresponde al Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal autorizar las variaciones presupuestarias siempre que no se incrementen los créditos para gastos de personal ni se financien con aportaciones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado. b) Corresponde al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizar las variaciones presupuestarias que incrementen los créditos para gastos de personal. c) Si la variación afectase a las aportaciones estatales recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, la competencia para autorizar ambas modificaciones corresponderá a la autoridad que tuviera atribuida la modificación en el Presupuesto del Estado. 4. Las variaciones internas entre las diversas partidas presupuestarias, que no incrementen la cuantía global del presupuesto, serán aprobadas por el Presidente Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, salvo que afecten a los créditos para gastos de personal en cuyo caso la autorización será competencia del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 5. Las variaciones del Presupuesto, una vez autorizadas por el Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, serán comunicadas a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 45. Contabilidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 1. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal deberá aplicar los principios contables públicos previstos en el artículo 122 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como el desarrollo de los principios y normas establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública. Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dispondrá de un sistema de información contable que muestre, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto. Este sistema de información estará interrelacionado con el registro contable de facturas, que deberá ser gestionado en los términos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 2. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado, implantará un sistema de contabilidad analítica que proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones y para la determinación de las tasas y precios públicos. La información resultante se incluirá en la memoria anual de actividades desarrolladas por la Autoridad. 3. La Intervención General de la Administración del Estado establecerá los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos relativos al sistema de información contable, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Artículo 46. Cuentas anuales. 1. El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal formulará las cuentas anuales en un plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas dichas cuentas por la Intervención General de la Administración del Estado se someterán al Presidente para su aprobación. 2. Una vez aprobadas, el Presidente rendirá las cuentas anuales a través de la Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. La remisión a la Intervención General de la Administración del Estado se realizará dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Artículo 47. Control económico y financiero. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Orgánica, la gestión económico-financiera de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, bajo la dependencia de la Intervención General de la Administración del Estado.

el art. 8.2 y disposición final 4 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril los arts. 1.1, 2 y 3; 24.8; 28.1; las referencias indicadas y SE AÑADE el art. 31 bis, por Real Decreto 793/2021, de 14 de septiembre los arts. 4.3, 6, 22.5, 24.8, 25 l), 41.1 y 44.1, por Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo en BOE núm. 106, de 1 de mayo de 2014 sobre delegación de competencias: Resolución de 28 de julio de 2014 La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria ha devenido en un objetivo fundamental de la política económica del Gobierno, al ser la base fundamental para conseguir un crecimiento sostenible y sostenido y fomentar la creación de empleo, a la vez que genera confianza en la economía española y facilita la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos. Así, el Gobierno ha acometido una reforma sustancial del marco presupuestario español, que se ha producido de manera paralela a la reforma del sistema de gobernanza económica de la Unión Europea. De esta manera, este proceso de reforma refleja el compromiso de España no solo con la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria sino también con las nuevas exigencias de coordinación y definición del marco de estabilidad común de la Unión Europea. La definición del nuevo marco se inició con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011. Se consagra de esta manera en la Constitución el equilibrio estructural como principio rector de la política presupuestaria y se establece como límite al endeudamiento de las Administraciones Públicas el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En desarrollo de este precepto se dictó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que tiene dos objetivos fundamentales: garantizar la sostenibilidad de todas las Administraciones Públicas y fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española. Para dar cumplimiento a estos objetivos, se introduce la sostenibilidad presupuestaria como principio rector permanente, y no solo transitorio, de las actuaciones de todas las Administraciones Públicas, ante la creencia de que es un elemento clave para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. A pesar de los grandes avances que introdujo esta Ley Orgánica en la normativa presupuestaria española, el Gobierno consideró necesario seguir avanzando en el proceso de reforma, para profundizar en el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal y el fortalecimiento de la confianza en la estabilidad de la economía española, y, sobre todo, para seguir reforzando el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. De esta manera, se planteó la creación de una autoridad independiente de responsabilidad fiscal, en línea con el resto de países europeos, que asista al Gobierno para poder alcanzar sus objetivos como responsable último del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. La creación de dicha Autoridad permite asimismo dar cumplimiento a las recomendaciones específicas a España del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y a lo dispuesto en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, hecho en Bruselas el 2 de marzo de 2012, la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros y el Reglamento (UE) 473/2013 del parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados Miembros de la zona euro. Todos estos elementos motivaron la aprobación de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que transpone parcialmente la citada Directiva 2011/85/UE. Así, mediante esta Ley Orgánica 6/2913, de 14 de noviembre, se crea un ente con autonomía e independencia funcional cuyo objetivo último es contribuir al cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. Esta Ley Orgánica establece en su artículo 8.2 que el Consejo de Ministros aprobará mediante real decreto, previa consulta al presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que desarrollará su organización y funcionamiento interno. Del mismo modo, la Disposición final cuarta de desarrollo normativo de la Ley determina que el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Estos requerimientos se cumplen a través del presente real decreto por el que se aprueba el Estatuto orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el cual se vertebra sobre los objetivos y principios de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre. El Estatuto Orgánico se estructura en seis capítulos, el primero de los cuales, «Disposiciones generales», recoge la naturaleza y régimen jurídico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Se trata de un ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas. En lo relativo a su régimen jurídico, se regirá, entre otras, por la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y su normativa de desarrollo y su Estatuto Orgá ### RESUMEN: Decreto de estatuto orgánico de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Sentencia en la que el Constitucional tumba la rebaja a 35 horas/semana para funcionarios de Castilla La Mancha

en el Recurso 2165/2016 la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 1.1, 10 y disposición adicional 6 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero en la redacción dada por el art. 1 de la Ley 7/2015, de 2 de diciembre , El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2165-2016 promovido por el Presidente del Gobierno contra el art. 1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Han comparecido y formulado alegaciones la Junta de Comunidades y las Cortes de Castilla-La Mancha, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 21 de abril de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en adelante, Ley de Castilla-La Mancha 7/2015). El Abogado del Estado invocó los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se acordase la suspensión del precepto impugnado. a) La demanda se centra primero en precisar el objeto del recurso. A estos efectos transcribe el precepto impugnado. Artículo 1. Modificación de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales. La Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, se modifica en los siguientes términos: «Uno. El artículo 1.1 queda redactado de la siguiente manera: ‘‘1. La jornada general de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su régimen jurídico, será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual. Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán los cambios que fueran necesarios para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.’’ Dos. El artículo 10 queda redactado de la siguiente manera: ‘‘1. La jornada, en cómputo anual, del personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que percibe sus retribuciones conforme al Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Insalud, queda fijada de la siguiente forma: a) Turno diurno: 1.519 horas. b) Turno nocturno: 1.450 horas. c) Turno rotatorio: 1.491 horas. 2. La jornada en turno rotatorio que se establece en 1.491 horas anuales resulta de la ponderación de considerar la realización de 42 noches al año. La jornada anual de cada profesional que realice este turno se determinará en función del número de noches efectivamente trabajadas durante el año, de acuerdo con la ponderación que se establezca por resolución de la Gerencia del Sescam. 3. El personal estatutario con nombramiento para la cobertura de la atención continuada en atención primaria realizará una jornada anual ordinaria de 1.500 horas de trabajo efectivo. 4. Los profesionales sanitarios de emergencias de la unidad móvil de emergencias y del centro coordinador, realizarán una jornada anual efectiva de 1.488 horas distribuidas en módulos de 12 horas. 5. El personal destinado en los servicios de urgencia de atención primaria (SUAP) realizará una jornada anual ordinaria de 1.488 horas de trabajo efectivo.’’ Tres. Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: ‘‘Disposición adicional sexta. La jornada general de trabajo del personal de las entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que se refieren los apartados c), d), e), f), g) y h) de la disposición adicional cuarta de esta ley será la establecida en el artículo 1.’’» La demanda razona que la norma impugnada introduce una regulación de la jornada laboral del personal al servicio del sector público en treinta y cinco horas semanales. Lo hace expresamente en el apartado 1.1 (personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y en el 1.3 (personal de las entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). Pero también lo hace, aunque no lo afirme expresamente, en el 1.2 respecto del personal sanitario, pues las 1.519 horas señaladas para el turno diurno del personal sanitario en el apartado 1.2.1 se corresponde con multiplicar 35 horas por el número de semanas que se trabaja al año. Además, las horas de los turnos nocturno (1.450 horas) y rotatorio (1.491 horas) responden al mismo cálculo, si bien que aplicándole una cierta modulación por las circunstancias especiales de dichos turnos. Lo mismo sucede con las jornadas especiales previstas en los apartados 3, 4 y 5 del art. 1.2. b) La demanda argumenta que esta previsión sobre la jornada laboral del personal al servicio del sector público «contradice de forma directa la regulación estatal sobre la materia contenida en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, dictada con carácter básico al amparo de los artículos 149.1.7, 149.1.13 y 149.1.18 CE, y por la que se establece, en contraposición a lo preceptuado por el artículo cuya impugnación se postula, que la jornada general de trabajo del personal del Sector Público, incluido el personal estatutario, no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual». Esta contradicción supone, según la demanda, por lo que hace al personal al servicio del sector público que tenga la condición de funcionario, que la norma recurrida vulneraría el art. 149.1.18 CE. Recuerda que, según la STC 156/2015, «corresponde al Estado establecer las bases del régimen de derechos y deberes de los funcionarios públicos y a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, de acuerdo con aquella legislación básica, en relación con la función pública autonómica y local. Igualmente, hemos señalado que, en la competencia para regular las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos conferida al Estado por el art. 149.1.18 CE, cabe incluir, por ejemplo, previsiones relativas a las retribuciones de los funcionarios, comunes a todas las Administraciones públicas, pues ello hallaría su fundamento en los principios constitucionales de igualdad y solidaridad (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 4; 103/1997, de 22 de mayo, FJ 2, y 148/2006, de 11 de mayo, FJ 6, entre otras). Del mismo modo, debemos afirmar, ahora, que también quedan encuadradas en el título competencial del mencionado art. 149.1.18 CE las previsiones relativas a los permisos y vacaciones de los funcionarios comunes a todas las Administraciones públicas, pues ello hallaría, igualmente, su fundamento en los principios constitucionales de igualdad y solidaridad». La norma recurrida, en tanto que abarca al personal laboral del sector público, vulneraría, por la contradicción antedicha de la jornada laboral mínima de 37 horas y media semanales fijada en disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, el art. 149.1.7 CE, que atribuye al Estado toda la legislación en materia laboral. Cita al efecto la STC 111/2012, FJ 7. En fin, la demanda expone que imponer una jornada laboral semanal mínima también es un instrumento de contención del gasto público, por lo que la regulación autonómica recurrida, al reducir dicha jornada por debajo del límite mínimo fijado por el Estado, lesiona la competencia de éste de fijar bases de la planificación económica general ex art. 149.1.13 CE. 2. Por providencia de 28 de abril de 2016 el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015; dar traslado de la demanda y documentos presentados, según prevé el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como a la Junta de Comunidades y a las Cortes de Castilla-La Mancha, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso –21 de abril de 2016– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes de la Junta de Comunidades y de las Cortes de Castilla-La Mancha; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla La Mancha». 3. Mediante escrito registrado el día 12 de mayo de 2016 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el sentido de darse por personada en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Idéntica comunicación del Presidente del Senado se registró el 19 de mayo de 2016. 4. El 20 de mayo de 2016, el Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha presentó escrito personándose en el proceso y solicitando la concesión de una prórroga del plazo para formular alegaciones por ocho días más. El 24 de mayo de 2016 hace lo propio la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por providencias de 23 y 25 de mayo de 2016, respectivamente, se accedió a lo interesado por dichas representaciones procesales. 5. El Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha, actuando en nombre de esta Asamblea Legislativa, presentó sus alegaciones el 7 de junio de 2016. Comienza con un capítulo de antecedentes y, al efecto de precisar el objeto del proceso, transcribe la norma autonómica recurrida. Luego articula una serie de argumentos agrupados del siguiente modo. a) Respecto de la ley estatal señalada como parámetro mediato de control constitucional –disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012– dice que es objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad. Su estimación supondría la declaración de nulidad de tal norma estatal y haría decaer el fundamento de este recurso. El eventual rechazo, sin embargo, no supondría, a su juicio, la estimación de este recurso dadas las peculiaridades concurrentes, en especial (a) que en Castilla-La Mancha se haya aprobado una ley autonómica en desarrollo del estatuto básico del empleado público (Ley 4/2011, de 10 de marzo, del empleo público de Castilla-La Mancha) en ejercicio de las competencias exclusivas que su Estatuto le atribuye y (b) que con posterioridad a la Ley estatal 2/2012 se aprobó el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, lo que conlleva la derogación tácita de aquel precepto estatal. Afirma también que dicha disposición adicional septuagésima primera, al fijar la jornada mínima de trabajo en 37 horas y media semanales para todo empleado del sector público, no respeta el orden constitucional de competencias, pues «la jornada de trabajo configura el ámbito temporal dentro del cual se desarrolla la tarea del empleado público, y por este motivo solamente la existencia y la determinación de la tipología y modalidades de la jornada, que es el marco de referencia del deber de trabajar, pueden formar parte de la configuración esencial del deber básico de prestación de servicio del empleado público, pero no así la cuantificación concreta y específica de esta jornada, ni siquiera con carácter mínimo. Lo expuesto supone que la determinación de la duración de la jornada de trabajo que se contiene en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 supone una regulación que excede del contenido propio de la normativa básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos». La disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 vulnera, a su juicio, el art. 134.2 CE, pues «no tiene contenido económico, por ello no está incluida ni en una previsión de ingresos, ni en una habilitación de gastos, de manera que no forma parte del contenido esencial e indisponible de la Ley de presupuestos. Además, tampoco incide directamente en la política de ingresos y gastos del sector público estatal ni la condiciona, sin que de contrario se haya aportado razonamiento alguno en este sentido, por lo que, al no tener ninguna conexión directa con los ingresos o los gastos del Estado, tampoco puede formar parte de su contenido eventual». b) En otro apartado expone que regular la jornada de trabajo de sus empleados se inserta en la competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre función pública. Argumenta que la Ley 7/2007, del estatuto básico del empleado público, limitó la extensión de las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos al efecto de permitir amplios márgenes de actuación al legislador autonómico para que pudiera configurar su propia política de personal. Por su lado, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha dispone que la Junta de Comunidades asume competencia exclusiva sobre organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobiemo (art. 31.1.1), añadiendo en el art. 39.3 que en el ejercicio de tal competencia, y de acuerdo con la legislación del Estado, le incumbe, entre otras materias, definir el régimen estatutario de sus funcionarios, mandato que ha materializado mediante la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del empleo público de Castilla-La Mancha, que incide en buena parte de los aspectos esenciales del régimen estatutario del personal empleado público incluido en su ámbito de aplicación. Señala, además, que las normas estatales y autonómicas vigentes en materia de empleo público, así como sus antecedentes normativos, atribuyen la competencia para fijar la jornada laboral de sus empleados públicos a cada Administración pública. Se refiere, como norma vigente, al Real Decreto Legislativo 5/2015 y, como antecedente, a la Ley 7/2007, así como a las leyes autonómicas que lo desarrollan. Por último, razona que la regulación específica de la jornada mínima de trabajo afecta solo a la propia estructura de cada administración. Por tanto, no se requiere un grado de homogeneidad e igualdad en el horariEo de todos los empleados públicos, sino que prevalece el ajuste a la diversidad de objetivos, tareas, competencias, estacionalidades o situaciones geográficas de cada una de aquellas. En fin, concluye que «la determinación de la jornada y el horario de trabajo que han de realizar los empleados públicos de una Administración constituye una medida amparada dentro de las relativas a la organización del personal al servicio de la Administración regional, con fundamento en la competencia exclusiva de auto organización que goza la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuya base se asienta sobre el art. 31.1.l de su Estatuto y se liga al art. 39.3 del mismo texto legal. Además, está intrínseca y directamente relacionada con el correcto cumplimiento del ejercicio del resto de competencias atribuidas en su Estatuto de Autonomía y en las normas de transferencia, a los efectos de una adecuada prestación de servicios públicos a la ciudadanía por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (educación, sanidad, servicios sociales...)». c) Expone, en tercer lugar, que la Ley autonómica recurrida no invade la competencia del Estado en materia de legislación laboral (149.1.7 CE). Alega que la materia laboral ha de ser entendida en un sentido restrictivo, en el de limitar esta competencia del Estado a la normativa que regula «directamente la relación laboral, es decir, y en los términos de la Ley 8/1980 de 10 de marzo, la relación que media entre los trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta ajena a los empresarios, en favor de los que y bajo la dirección de quienes prestan servicios» (STC 360/1993, FJ4). A partir de esta idea, el Letrado autonómico afirma que la norma recurrida «no constituye una regulación directa de las relaciones que hay entre el trabajador y el empresario, es decir, entre las partes de una relación laboral, sino la concreta determinación de una jornada en un sector económico preciso, el sector público, cuya norma reguladora (Real Decreto Legislativo 5/2015, arts. 47 y 51) la configura como una materia que pertenece a la competencia de la respectiva Administración para organizar sus servicios». d) Niega, por último, que la norma autonómica recurrida invada la competencia del Estado sobre las bases de la ordenación de la economía (149.1.13 CE). Resalta que, como se trata de un título transversal, debe comprenderse de un modo estricto, so pena de invadir las competencias sectoriales autonómicas, por lo que solo ampara aquellas medidas estatales que tengan un importante efecto sobre la economía en general. Afirma, a continuación, que el aumento de la jornada de trabajo no retribuido que dispone la norma estatal de contraste no repercute, siquiera mediatamente, en la contención del gasto público, ya que requiere que concurran otros elementos y circunstancias para que ello ocurra, a diferencia de otras medidas en materia de empleo público como la congelación de las retribuciones de los empleados públicos y las restricciones a la oferta de empleo público que, estas si, tienen una incidencia directa y relevante en la disminución del gasto público, al impedir la utilización de las partidas presupuestarias correspondientes para los incrementos retributivos o para la provisión de nuevos puestos de trabajo. En conclusión, a su juicio, la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, invocada en el recurso de inconstitucionalidad para alegar la invasión de la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE por el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, no regula condiciones económicas sino la extensión horaria de la jornada de trabajo sin aumento retributivo, por tanto en sí misma no constituye una regulación económica y así no concurre el presupuesto necesario para considerar la medida que articula la norma como esencial para el conjunto de la economía. e) El escrito insta la desestimación del recurso y, mediante otrosí, que se levante la suspensión del precepto legal recurrido. 6. La Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presentó sus alegaciones el 9 de junio de 2016, que, de modo extractado, son las siguientes: a) Alega que la norma impugnada no ha infringido el art. 149.1.13 CE. Después de referir la doctrina constitucional relevante acerca de este título competencial, afirma que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 no halla cobertura en él, pues «establece una regulación general y permanente de la duración de la jornada de trabajo en el sector público con carácter mínimo. Se trata, pues, de una regulación material y sustantiva de las condiciones de trabajo de los empleados del sector público sin efectos retributivos. Por otra parte, la ampliación no retribuida de la jornada de trabajo no constituye una limitación directa del gasto público, ya que no tiene un efecto en el gasto efectivo, sino que se sitúa en el ámbito de la necesidad de gasto, limitándola. Y entre esta última y la primera no existe una correlación lineal, sino que el gasto efectivo se da en función de una multiplicidad de factores de muy variada naturaleza». b) Sostiene también que la Ley autonómica recurrida no ha infringido el art. 149.1.18 CE. Sus argumentos, reseñados en el mismo orden que aparecen en la contestación, son: La disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, que es la norma estatal que se ofrece de contraste, no halla cobertura en la competencia estatal sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios porque su regulación «no dejaría espacio normativo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para determinar la jornada de sus empleados públicos, que permitiese adecuarla a sus medios y a sus fines, de conformidad con las políticas de personal que en ejercicio de su competencia legislativa puede llevar a cabo para el cumplimiento del servicio público a la ciudadanía en diversos ámbitos competenciales (sanidad, educación, servicios sociales...)». La normativa básica en materia de función pública, tanto la Ley 7/2007 como las normas anteriores, «nunca han establecido una cuantificación concreta y homogénea de la jornada laboral para todos les empleados del Sector público. En este sentido, las diferentes administraciones públicas, incluida la Administración del Estado respecto a sus funcionarios, han regulado con normativa propia y con plena libertad la cuantificación de la jornada laboral de los empleados públicos a su servicio». Coherentemente, la Comunidad de Castilla-La Mancha fijó en la Ley 1/2012 la duración de la jornada de trabajo del personal del sector público en 37 horas y media semanales, sin que el Estado suscitase ningún problema de constitucionalidad. Esta Ley es la que ahora modifica el precepto autonómico impugnado. Mediante Real Decreto Legislativo 5/2015 se han refundido todas las normas estatales vigentes relativas al régimen jurídico del personal al servicio del sector público, recogiéndose en punto a la jornada de trabajo solamente los arts. 47 y 51 de la Ley 7/2007, por lo que, a juicio de esta parte, la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 debe entenderse tácitamente derogada, lo que conlleva que este precepto estatal decaiga como parámetro de control de constitucionalidad. La disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 no respeta el mandato del art. 134.2 CE. Alega que «al no prever incremento retributivo, la regulación de esta disposición no tiene contenido económico, por ello no está incluida ni en una previsión de ingresos, ni en una habilitación de gastos, por tanto no forma parte del contenido esencial e indisponible de la Ley de presupuestos. También queda demostrado que tampoco incide en la política de ingresos y gastos del sector público estatal ni la condiciona, a diferencia de lo que sucede con la reducción de retribuciones y la limitación de la oferta pública de empleo. En fin, no tiene una conexión directa con los ingresos o los gastos del Estado, por ello tampoco puede formar parte del contenido eventual de la Ley de presupuestos. c) Rechaza, en fin, que la Ley autonómica recurrida haya infringido el art. 149.1.7 CE. Aduce que «la fijación de la jornada laboral de 37 horas y 30 minutos como un mínimo de aplicación al personal laboral del sector público de todas las Administraciones, no forma parte de la regulación directa de las relaciones entre el trabajador y su empleador, y, por tanto, no se encuentra esta determinación en el objeto que la jurisprudencia constitucional ha atribuido como propio de la legislación laboral del Estado a que se refiere el art. 149.1.7 CE. Se trata de una materia propia del ámbito de cada Administración en la ordenación de sus servicios, y como tal la Comunidad de Castilla-La Mancha la estableció y fijo, en 37 horas y 30 minutos en el art. 1 de la Ley 1/2012 y la ha modificado en el art. 1 de la Ley 7/2015». d) El escrito insta la desestimación del recurso y, mediante otrosí, que se levante la suspensión del precepto legal recurrido. 7. Por providencia de 13 de junio de 2016, el Pleno del Tribunal acordó dar audiencia al Abogado del Estado para que, en el plazo de cinco días, expusiera lo que tuviese por conveniente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la norma recurrida, lo que hizo mediante escrito registrado el 21 de junio de 2016 en el que insta que se mantenga la suspensión de la misma. 8. Por providencia de 20 de septiembre se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Este proceso constitucional se interpone por el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, contra el art. 1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (en adelante, Ley de Castilla-La Mancha 7/2015). La demanda razona que los tres apartados de la norma recurrida, al fijar en treinta y cinco horas semanales la jornada general de trabajo de tres tipos de personal del sector público autonómico (personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; personal al servicio de las instituciones sanitarias del servicio de salud de Castilla-La Mancha; y personal de las entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), contradicen la jornada general de trabajo mínima de treinta y siete horas y media semanales del personal del sector público, incluido el personal estatutario, establecida en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012, al amparo de los arts. 149.1.7, 149.1.13 y 149.1.18 CE, con lo que de un modo mediato invaden este ámbito competencial reservado al Estado. El Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha y la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se oponen a la pretensión indicada. Sostienen, de un lado, que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 no halla apoyo competencial en los arts. 149.1.7, 149.1.13 y 149.1.18 CE y, de otro, que el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015 es legítimo ejercicio de la competencia que su Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para organizar sus instituciones (artículo 31.1.1 «Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno») y en especial el personal a su servicio (artículo 39.3 «Régimen estatutario de sus funcionarios»). 2. Antes de resolver el fondo de la controversia suscitada, hay que considerar, por el efecto que ello tiene sobre su delimitación, la alegación que hacen valer tanto el Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha como la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acerca de que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público. La alegada derogación supondría, conforme a la reiterada doctrina de este Tribunal sobre el ius superveniens, que el parámetro mediato de control constitucional de la norma autonómica recurrida no sería ya la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, pues no estaría vigente al tiempo del enjuiciamiento, sino los arts. 47 y 51 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que por lo que aquí interesa no establecen ninguna cuantificación de la jornada de trabajo del personal al servicio del sector público. La cuestión que plantea esta alegación ya ha sido resuelta en la STC 99/2016, de 25 de mayo. El proceso decidido por esta Sentencia tenía por objeto la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, cuya inconstitucionalidad se postulaba por el Gobierno de Cataluña. El Tribunal en dicha Sentencia abordó el análisis del fondo del recurso y resolvió desestimarlo al considerar que la norma estatal no solo estaba vigente, sino que además constituía legítimo ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en los números 7 y 18 del art. 149.1 CE. En fin, en virtud de los motivos indicados, la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, a pesar de haberse aprobado con posterioridad el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, está vigente en la actualidad, lo que conlleva en este proceso que sea el parámetro mediato de control conforme al que corresponde realizar el juicio de constitucionalidad que en este recurso se plantea. 3. La controversia sobre la que tenemos que resolver se encuadra en el ámbito del régimen jurídico del personal del sector público autonómico. Así lo ha resaltado la citada STC 99/2016, FJ 7, en la que se analizaba precisamente si la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, en tanto que impone una jornada general de trabajo mínima para todo el personal del sector público, incluido por tanto el sector público dependiente de una Comunidad Autónoma, constituye un ejercicio legítimo de competencias estatales. Descartamos, en consecuencia, como también hizo el Tribunal en la sentencia referida, la perspectiva de enjuiciamiento del art. 149.1.13 CE, que atiende más a la finalidad de contención del gasto que puede motivar una cierta delimitación de la jornada de trabajo. En el ámbito del régimen jurídico del personal del sector público autonómico inciden ciertas competencias estatales. En primer lugar, el Estado es competente ex art. 149.1.18 CE para establecer la regulación básica de los derechos y deberes del personal del sector público que tenga la condición de funcionario, incluido el que forme parte de la función pública autonómica. Así lo ha declarado este Tribunal en relación a la determinación básica de sus retribuciones (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 4; 103/1997, de 22 de mayo, FJ 2, y 148/2006, de 11 de mayo, FJ 6, entre otras), de sus permisos y vacaciones (STC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8) y, últimamente, de su jornada de trabajo (STC 99/2016,de 25 de mayo, FJ 7). En segundo lugar, en cuanto al personal del sector público autonómico que tenga un vínculo laboral cobra relevancia la competencia exclusiva que atribuye al Estado el art. 149.1.7 CE en materia de legislación laboral. La citada STC 99/2016, FJ 7, ha resuelto «que el título competencial ‘legislación laboral’ tiene ‘un sentido concreto y restringido, coincidente por lo demás con la relación que media entre los trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta ajena y los empresarios’ (SSTC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2; y 95/2002, de 25 de abril, FJ 8, entre otras muchas, y, en el mismo sentido, ATC 228/2015, de 15 de diciembre, FJ 4). En esta materia se incluye la regulación de un elemento esencial del contrato de trabajo como es el tiempo de prestación de servicios (STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 3, con cita de la STC 7/1985, de 25 de enero, FJ 2)». En este ámbito material –el del régimen jurídico del personal del sector público autonómico– también concurren competencias autonómicas junto con las estatales indicadas. Compete a las Comunidades Autónomas, respecto de aquella parte de su personal que tenga la condición de funcionario, el desarrollo legislativo de la regulación básica estatal ex art. 149.1.18 CE y su ejecución (STC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8). Por su parte, cuando se trata de personal laboral a su servicio les incumbe la ejecución de la legislación laboral aprobada por el Estado ex art. 149.1.7 CE. En el ejercicio de estas atribuciones, dada la naturaleza propia de las funciones de desarrollo legislativo y de ejecución, las Comunidades Autónomas no pueden desconocer la legislación que el Estado haya dictado legítimamente con apoyo en las cláusulas 7 y 18 del art. 149.1 CE. Corresponde también a las Comunidades Autónomas, esta vez respecto de todo el personal a su servicio, independientemente de que su vínculo sea funcionarial o laboral, y en virtud de las competencias que sus Estatutos les reconozcan para organizar sus instituciones en general, y el personal a su servicio en particular, la determinación de las condiciones concretas de trabajo de dicho personal (AATC 55/2016, de 1 de marzo, FJ 5; 83/2016, de 26 de abril, FJ 3, y STC 99/2016, FJ 7). Ahora bien, el ejercicio que cada Comunidad Autónoma haga de esta competencia se entiende «sin perjuicio de las competencias estatales ex art. 149.1 CE» (STC 99/2016, FJ 7), esto es, será un ejercicio constitucionalmente legítimo mientras no desconozca o menoscabe las decisiones que el Estado pueda adoptar en virtud de sus competencias propias, entre las que destacan por lo que hace a esta materia, como antes se ha razonado in extenso, las que le atribuyen las cláusulas 7 y 18 del art. 149.1 CE. 4. Procede, conforme al reparto constitucional de competencias descrito en el fundamento jurídico anterior, enjuiciar la controversia planteada en el recurso. La demanda postula una suerte de inconstitucionalidad mediata. Razona que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, que en opinión del demandante es legítimo ejercicio de las competencias estatales atribuidas por los números 7 y 18 del art. 149.1 CE, resultaría contradicha de un modo insalvable por el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015. Las contestaciones del Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha y de la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se oponen a la premisa de ese planteamiento, pues sostienen que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 no encuentra soporte en ninguna de las competencias estatales referidas. Ambas contestaciones argumentan, como una prueba más del acierto de la interpretación que defienden, que la normativa estatal que con carácter previo a la Ley 2/2012 había regulado con apoyo en dichos títulos competenciales el régimen del personal al servicio del sector público, en especial los arts. 47 y 51 de la Ley 7/2007, no había incidido en la determinación de la jornada de trabajo. Esta discrepancia ha sido resuelta por este Tribunal en la citada STC 99/2016, FJ 7, reconociendo que dicha norma del Estado es legítimo ejercicio de las competencias que a éste le asisten en virtud de las cláusulas 7 y 18 del art. 149.1 CE con base en las siguientes razones: «Recordemos que, de acuerdo con el art. 149.1.18 CE y la doctrina constitucional que lo ha interpretado, el Estado tiene competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de entenderse referida a los de todas las Administraciones públicas, incluyendo materialmente en su ámbito, en principio, la normación relativa ‘‘a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios’’ (por todas, STC 165/2013, de 26 de septiembre, FJ 13). No cabe duda de que la fijación de la duración mínima de la jornada de trabajo constituye una previsión integrada en la esfera ‘de los derechos y deberes’ de los funcionarios (STC 163/2012, de 20 de septiembre, FFJJ 6 y 9), quedando justificada su determinación por el Estado como normativa básica en tanto estamos ante una medida que garantiza una mínima homogeneidad en un aspecto central del régimen estatutario funcionarial como es el tiempo de trabajo o dedicación exigible a todo funcionario, sin que además el legislador haya establecido límite en cuanto a su período de aplicación (STC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8). No olvidemos también que ‘[e]ste Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar ‘‘como principio básico la utilización racional del funcionariado existente’’, así como ‘básicas aquellas normas que sean necesarias para garantizar la efectividad de dicho principio’ (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 42)’ (STC 8/2010, de 27 de abril, FJ 4). Asimismo, el hecho de que la previsión examinada no se hubiera contemplado en el estatuto básico del empleado público no constituye obstáculo para que, en virtud de la competencia normativa indicada, el legislador estatal proceda a su posterior incorporación en la disposición ahora cuestionada, debiendo recordar que, según este Tribunal ha señalado, ‘‘siendo mudables las bases (STC 1/2003, de 16 de enero), también lo es, en correspondencia inevitable, el ámbito disponible por la legislación de desarrollo’’ (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 60) … Por su parte, en cuanto al personal laboral del sector público, ha de tenerse en cuenta que el art. 149.1.7 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral. El Tribunal tiene establecido que el título competencial ‘legislación laboral’ tiene ‘un sentido concreto y restringido, coincidente por lo demás con … la relación que media entre los trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta ajena y los empresarios’ (SSTC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2, y 95/2002, de 25 de abril, FJ 8, entre otras muchas, y, en el mismo sentido, ATC 228/2015, de 15 de diciembre, FJ 4). En esta materia se incluye la regulación de un elemento esencial del contrato de trabajo como es el tiempo de prestación de servicios (STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 3, con cita de la STC 7/1985, de 25 de enero, FJ 2). El precepto regula así con carácter general un aspecto de la relación laboral, específicamente en relación a los trabajadores del sector público, y lo hace mediante la fijación de una jornada mínima, lo que conlleva, por su propia naturaleza, una prohibición de que la jornada laboral en el sector público pueda ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Regulación que, por otra parte, no impide que, respetando esa prohibición, las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias para la organización de su propio personal laboral, puedan adoptar las decisiones que estimen oportunas sobre las condiciones de trabajo de ese personal, sin perjuicio de las competencias estatales ex art. 149.1 CE (en un sentido similar, ATC 55/2016, FJ 5)... Además, el carácter mínimo de la jornada prevista en la norma cuestionada deja todavía margen de maniobra a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de su competencia en este ámbito, pues el precepto estatal no cierra ni la posibilidad de ampliar la duración fijada dentro de los topes permitidos, ni tampoco la determinación de los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezca (así, en la STC 156/2015, FJ 8, en relación a la duración de permisos o licencias de los funcionarios públicos).» Las contestaciones del Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha y de la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se oponen a la premisa en que se funda el planteamiento de la demanda –que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 es legítimo ejercicio de las competencias estatales atribuidas por los números 7 y 18 del art. 149.1 CE– por un segundo motivo. Consideran que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 es inconstitucional porque su mandato normativo no reúne las condiciones para formar parte de una ley de presupuestos, objeción que también ha sido descartada por la STC 99/2016, FJ 8, en los siguientes términos: «[L]a jornada mínima de trabajo que el legislador introduce para el personal del sector público va acompañada en la norma cuestionada por la previsión expresa de que las modificaciones de jornada que se lleven a cabo para adaptarse a esta medida ‘no supondrán incremento retributivo alguno’, encontrándonos ante una previsión que, en su conjunto tiene la evidente finalidad de contribuir a la contención del gasto público. No existe duda, por tanto, de que la disposición impugnada tiene una conexión directa con los gastos del Estado y con los criterios de política económica, pues, al tiempo que prohíbe establecer incrementos retributivos en el supuesto regulado, potencia el ahorro económico en la cobertura de las necesidades de personal en el sector público. De este modo la regulación cuestionada es bien distinta a la enjuiciada en otros pronunciamientos… (SSTC 174/1998, 203/1998 y 234/1999), por lo que la conclusión a alcanzar ha de ser diferente, debiendo ahora declarar la idoneidad de la Ley de presupuestos generales del Estado para introducir la medida que aquí se controvierte (SSTC 63/1986, de 21 de mayo, FJ 12; y 96/1990, de 24 de mayo, FJ 4 –respecto a la fijación de límites máximos al aumento de retribuciones del personal del sector público–). Consiguientemente, hemos de desestimar la queja de que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 vulnera el art. 134.2 CE.» En conclusión, de acuerdo con las razones expuestas, la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 es legítimo ejercicio de las competencias estatales atribuidas por los números 7 y 18 del art. 149.1 CE. 5. Este recurso suscita una segunda controversia, que versa sobre si las potestades que su Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para organizar sus instituciones en general [art. 31.1 l)], y en particular el personal a su servicio (art. 39.3), amparan la aprobación de la norma autonómica objeto de impugnación. Este Tribunal aprecia que el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, en tanto que dispone que la duración de la jornada laboral del personal al servicio del sector público autonómico «será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual» y que las jornadas especiales del personal al servicio de las instituciones sanitarias autonómicas tendrán la misma duración salvo las modulaciones que le son propias, está determinando las condiciones concretas de trabajo de dicho personal, lo que, independientemente de que sea personal funcionario o laboral, incumbe a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en virtud de sus competencias exclusivas de organización interna de sus instituciones (STC 99/2016, FJ 8; AATC 55/2016, FJ 5, y 83/2016, FJ 3). Ahora bien, como se destacó en las resoluciones de este Tribunal que acabamos de mencionar y se ha reiterado en el fundamento jurídico tercero de esta Sentencia, el ejercicio de esta competencia exclusiva autonómica para organizar sus propios servicios no puede desconocer las normas que el Estado haya podido aprobar en virtud de los títulos competenciales estatales que, según se ha reseñado ut supra en esta Sentencia, inciden en el ámbito material del régimen jurídico del personal del sector público autonómico. Entre estos títulos se cuenta, en los términos que han quedado expuestos, el de establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18 CE) y el de aprobar la legislación laboral (art. 149.1.7 CE), competencias que, según se razonó en el fundamento jurídico cuarto, amparan la aprobación por el Estado de la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, en la que se prevé que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, debiendo adecuarse también a este criterio las jornadas especiales. 6. Hay que analizar, por tanto, si hay una oposición insalvable entre el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015 y la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, o si el primero supone un menoscabo o detrimento para la plena eficacia del segundo. La norma estatal –la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012– dispone en su apartado Uno que la jornada general de trabajo del personal del Sector Público, que entre otros componentes comprende las Administraciones de las Comunidades Autónomas [apartado 1.a)] y las personas jurídicas públicas [apartados 1.c) y d)] y privadas [apartados 1.e) y f)] dependientes de ellas, no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Prevé también que las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, entre las que se cuentan las del personal al servicio de las instituciones sanitarias, experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria. Por su parte, el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015 introduce una regulación de la jornada general de trabajo del personal al servicio del sector público en treinta y cinco horas semanales en cómputo anual. Lo hace expresamente el artículo 1.1 (personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y el artículo 1.3 (personal de las entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). Ese también es el contenido normativo del artículo 1.2 respecto del personal al servicio de las instituciones sanitarias autonómicas, pues las 1.519 horas allí señaladas para el turno diurno [art.1.2.1 a)] se corresponden con multiplicar 35 horas por el número de semanas que se trabaja al año. Correlativamente, las 1.450 horas del turno nocturno [art.1.2.1 b)] y las 1.491 horas del turno rotatorio [art.1.2.1 c)] responden al mismo cálculo, si bien que aplicándole una cierta modulación por las circunstancias especiales de dichos turnos. Lo mismo sucede con las jornadas especiales previstas en los apartados 3, 4 y 5 del art. 1.2. Este Tribunal aprecia a partir de los datos reseñados que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, al imponer una jornada general de trabajo mínima de «treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual», duración a la que se ajustarán también las jornadas especiales aun con las modulaciones que le sean propias, admite una norma autonómica que iguale o amplíe la duración de dichas jornadas laborales y también que señale los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezcan. Sin embargo, resulta incompatible con aquella norma estatal una norma autonómica que determine una duración de la jornada de trabajo que sea inferior, como sucede con el artículo 1 de la ley autonómica que es objeto de este recurso, que prevé que la jornada general de trabajo del personal del sector público autonómico será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual (artículo 1.1 y 1.3), así como que las jornadas especiales de las distintas modalidades de personal al servicio de las instituciones sanitarias autonómicas responderán igualmente a esta duración en términos anuales, si bien que con las modulaciones que son propias de cada una de ellas (art. 1.2). En conclusión, el art. 1 de la Ley autonómica 7/2015, a pesar de que los arts. 31.1.l y 39.3 de su Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha competencia para dictarlo, no resulta ser un ejercicio constitucionalmente legítimo de la misma porque desconoce una norma que el Estado ha aprobado en uso de las competencias que le corresponden sobre el ámbito material del régimen jurídico del personal del sector público autonómico, como es la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, que ha sido dictada al amparo de las cláusulas 7 y 18 del art. 149.1.1 CE. 7. Procede, en consecuencia, estimar este recurso y declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, quedando sin objeto la pieza de suspensión tramitada al efecto. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2165-2016, al que se adhieren la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Tribunal, formula Voto particular tanto a la fundamentación como al fallo de esta Sentencia. Las razones de mi discrepancia son las que ya quedaron especificadas en mi Voto particular a la STC 99/2016, de 25 de mayo, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1743-2013, que desestimó la impugnación de la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012. La estimación del presente recurso de inconstitucionalidad se basa enteramente en la contradicción del precepto autonómico recurrido con la citada norma estatal que, a mi juicio, ni puede ser considerada norma básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos ex art. 149.1.18 CE, ni respeta los límites fijados por la jurisprudencia constitucional en relación con los límites de las leyes de presupuestos, derivados del art. 134.2 CE. Y en tal sentido emito este Voto particular. Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Adela Asua Batarrita.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.

en el Recurso 2165/2016 la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 1.1, 10 y disposición adicional 6 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero en la redacción dada por el art. 1 de la Ley 7/2015, de 2 de diciembre , El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2165-2016 promovido por el Presidente del Gobierno contra el art. 1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Han comparecido y formulado alegaciones la Junta de Comunidades y las Cortes de Castilla-La Mancha, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 21 de abril de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en adelante, Ley de Castilla-La Mancha 7/2015). El Abogado del Estado invocó los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se acordase la suspensión del precepto impugnado. a) La demanda se centra primero en precisar el objeto del recurso. A estos efectos transcribe el precepto impugnado. Artículo 1. Modificación de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales. La Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, se modifica en los siguientes términos: «Uno. El artículo 1.1 queda redactado de la siguiente manera: ‘‘1. La jornada general de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su régimen jurídico, será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual. Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán los cambios que fueran necesarios para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.’’ Dos. El artículo 10 queda redactado de la siguiente manera: ‘‘1. La jornada, en cómputo anual, del personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que percibe sus retribuciones conforme al Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Insalud, queda fijada de la siguiente forma: a) Turno diurno: 1.519 horas. b) Turno nocturno: 1.450 horas. c) Turno rotatorio: 1.491 horas. 2. La jornada en turno rotatorio que se establece en 1.491 horas anuales resulta de la ponderación de considerar la realización de 42 noches al año. La jornada anual de cada profesional que realice este turno se determinará en función del número de noches efectivamente trabajadas durante el año, de acuerdo con la ponderación que se establezca por resolución de la Gerencia del Sescam. 3. El personal estatutario con nombramiento para la cobertura de la atención continuada en atención primaria realizará una jornada anual ordinaria de 1.500 horas de trabajo efectivo. 4. Los profesionales sanitarios de emergencias de la unidad móvil de emergencias y del centro coordinador, realizarán una jornada anual efectiva de 1.488 horas distribuidas en módulos de 12 horas. 5. El personal destinado en los servicios de urgencia de atención primaria (SUAP) realizará una jornada anual ordinaria de 1.488 horas de trabajo efectivo.’’ Tres. Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: ‘‘Disposición adicional sexta. La jornada general de trabajo del personal de las entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que se refieren los apartados c), d), e), f), g) y h) de la disposición adicional cuarta de esta ley será la establecida en el artículo 1.’’» La demanda razona que la norma impugnada introduce una regulación de la jornada laboral del personal al servicio del sector público en treinta y cinco horas semanales. Lo hace expresamente en el apartado 1.1 (personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y en el 1.3 (personal de las entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunida ### RESUMEN: Sentencia en la que el Constitucional tumba la rebaja a 35 horas/semana para funcionarios de Castilla La Mancha

Renfe gastará hasta 18 mill. en publicidad en 2013.

I: Entidad adjudicadora I.1) Nombre, direcciones y puntos de contacto: Nombre oficial: Renfe - Operadora - Gerencia de Área de Compras y Patrimonio - Dirección General Económico-Financiera Dirección postal: Avda. Pío XII, 110. Caracola 1. Localidad: Madrid Código postal: 28036 Documento Nacional de Identidad: Q-2801659J A la atención de: Gerencia de Área de Compras y Patrimonio (Dirección General Económico-Financiera). Tel. 913007479. Fax. 913007479. Correo electrónico: [email protected]; [email protected]; [email protected] Dirección Internet: http://www.renfe.com Dirección del Perfil de Comprador: http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba El pliego de condiciones y la documentación complementaria pueden obtenerse en: Los puntos de contacto mencionados arriba Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras entidades adjudicadoras: No II: Objeto del Contrato II.1) Descripción II.1.1) Denominación del contrato: Servicios de Gestión e Inversión Publicitaria de Renfe – Operadora en Medios de Comunicación. II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicio - España Categoría de servicio nº:13 II.1.3) El anuncio se refiere a: El establecimiento de un Acuerdo Marco Duración del acuerdo marco: 1 años Valor estimado total de las adquisiciones durante todo el periodo de vigencia del acuerdo marco: 18.000.000,00 euros II.1.5) Breve descripción del contrato o la adquisición(o adquisiciones): Servicios de gestión e inversión publicitaria de Renfe - Operadora en medios de comunicación. II.1.6) Vocabulario Común de Contratos Públicos(CPV): Nomenclatura principal: 79341000-6 II.1.7) Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): No II.1.8) El contrato está dividido en lotes: Si Las ofertas deberán presentarse para: Lote N.º: 1 – Televisión y Radio 1) Breve descripción: El Lote 1 comprende los servicios de Gestión e Inversión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Televisión. - Radio. - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociadas directamente por Renfe-Operadora. 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 12 Lote N.º: 2 – Prensa y Revistas 1) Breve descripción: El Lote 2 comprende los servicios de Gestión e Inversión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Prensa. - Suplementos dominicales. - Revistas. - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociados directamente por Renfe - Operadora. 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 12 Lote N.º: 3 – Internet, Exterior y Cine 1) Breve descripción: El Lote 3 comprende los servicios de Gestión e Inversión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Internet. - Exterior. - Cine. - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociados directamente por Renfe -Operadora (incluye la inserción de anuncios oficiales en el B.O.E.) 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 12 II.1.9) Se aceptarán variantes: No II.2) Cantidad o Extensión del Contrato II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato: 18.000.000,00 II.2.2) Opciones: No II.2.3) Este contrato podrá ser renovado: No II.3) Duración del contrato o fecha límite de ejecución: Duración: 12 meses III: Información de Carácter Jurídico, Económico, Financiero y Técnico III.1) Condiciones Relativas al Contrato III.1.1) Depósitos y garantías exigidos: Garantía provisional: las empresas que se presenten a esta licitación deberán constituir una Garantía Provisional por cada lote, con los importes que a continuación se indican: Lote 1.- 64.000 €. Lote 2.- 66.000 €. Lote 3.- 50.000 € Garantía definitiva: 5 % del importe de inversión en medios para cada lote (sólo se exigirá ala/s empresa/s adjudicataria/s). III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares. III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: Los empresarios que se presenten agrupadamente responderán frente a Renfe-Operadora solidariamente, y a efectos de su presentación deberán estar a lo indicado en el apartado 2.4. Agrupaciones de empresarios, del Capítulo II del Título II de la Instrucción Administrativa IN-SCG-001/08, que se puede consultar en el Perfil del Contratante, en la página web de Renfe-Operadora. En caso de presentación en forma de Agrupación de Empresas, éstas sólo serán admitidas si presentan un compromiso de que, caso de resultar adjudicatarios, se constituirán en U.T.E. III.2) Condiciones de Participación III.2.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o mercantil: La situación personal de las empresas se acreditará según se indica en el apartado 5.5 del Pliego de Condiciones Particulares. III.2.2) Capacidad económica y financiera: La capacidad económica y financiera se acreditarán en la forma que se indica en el apartado 5.5 del Pliego de Condiciones Particulares. III.2.3) Capacidad técnica: La capacidad técnica de las empresas se acreditará según se indica en el apartado 5.5 del Pliego de Condiciones Particulares. III.3) Condiciones Específicas de los Contratos de Servicios III.3.1) La ejecución del servicio se reserva a una profesión determinada: No III.3.2) Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la ejecución del servicio: No IV: Procedimiento IV.1) Tipo de Procedimiento: Abierto IV.2) Criterios de Adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación a li citar o a negociar. IV.3) Información Administrativa IV.3.1) Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al expediente: 2012-01707 IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato: No IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación: 07/02/2013-12:00 IV.3.5) Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación: español IV.3.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta Periodo en meses: 4 IV.3.7) Condiciones para la apertura de ofertas:. 07/02/2013-12:00 Lugar: La fecha de apertura de ofertas es orientativa. VI: Información Complementaria VI.1) Se trata de Contratos Periódicos: No VI.2) Se relacionan el contrato o (contratos) con un proyecto o programa financiado mediante fondos de la UE: No VI.3) Información Adicional: 1. Los gastos de publicidad de la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s. Las cuantías exigibles por tasa de publicación de anuncios pueden ser consultadas en la página Web del Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://www.boe.es. 2. Esta licitación, se rige por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y, respecto a las materias que expresamente se remite el Pliego de Condiciones Particulares, por la Instrucción IN-SGC-001/08 por las que se regulan los Procedimientos de Contratación de Renfe-Operadora. 3. Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer referencia al número de expediente indicado en este anuncio. 4. Las empresas que estén interesadas en participar deberán enviar su Oferta conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 5. El Pliego de Condiciones Particulares de esta licitación puede obtenerse en el Perfil del Contratante, http:/ www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html. 6. La documentación deberá presentarse en español, en caso contrario deberá venir acompañada de una traducción al idioma español, primando esta última en caso de duda o discrepancia. 7. Las ofertas podrán entregarse 'en mano' o enviarse por correo. Para el supuesto de envío por correo, se procederá según lo indicado en el apartado 5 del Capítulo Único del Título V, de la 'Instrucción'. Al presentar la ofertase hará entrega de una carta (fuera del sobre), en la que se facilitarán los datos de la empresa que servirán, a todos los efectos, para mantener o realizar las comunicaciones y notificaciones entre Renfe-Operadora y la empresa licitadora, cumplimentando los datos requeridos en el modelo 'Datos de contacto a efectos de comunicaciones' que se encuentra disponible en 'Modelos de declaración responsable', dentro del 'Perfil del contratante', en la página Web de Renfe-Operadora. 8. El presupuesto de inversión en medios que se ha estimado para el año de vigencia del Acuerdo Marco es de 18.000.000 €. No obstante la cantidad indicada no supone un compromiso de gasto por parte de Renfe Operadora, por lo que ésta se reserva la facultad de no alcanzarla. El presupuesto de inversión en medios anteriormente indicado se desglosa por lotes conforme a lo siguiente: Lote 1.- 6.400.000 €. Lote 2.- 6.600.000 €. Lote 3.- 5.000.000 €. Estas y otras informaciones pueden ser consultadas en la dirección: http://www.renfe.es. 9. La apertura de los sobres 'C' es pública y oportunamente se comunicará a los licitadores lugar y fecha definitiva. VI.4) Procedimientos de Recurso VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso: Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Dirección postal: Avda. General Perón, 38, Planta 8 Código postal: 28020 Localidad: Madrid País: España Correo electrónico: [email protected] Teléfono: 91 349 14 46/47/51 Fax: 91 349 14 41 VI.4.2) Presentación de recursos: Quince días hábiles (Artículo 104 de la Ley 31/2007). Fecha de envío del anuncio al DOUE: 28.12.2012 Madrid, 28 de diciembre de 2012.- La Gerente de Área de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo.

I: Entidad adjudicadora I.1) Nombre, direcciones y puntos de contacto: Nombre oficial: Renfe - Operadora - Gerencia de Área de Compras y Patrimonio - Dirección General Económico-Financiera Dirección postal: Avda. Pío XII, 110. Caracola 1. Localidad: Madrid Código postal: 28036 Documento Nacional de Identidad: Q-2801659J A la atención de: Gerencia de Área de Compras y Patrimonio (Dirección General Económico-Financiera). Tel. 913007479. Fax. 913007479. Correo electrónico: [email protected]; [email protected]; [email protected] Dirección Internet: http://www.renfe.com Dirección del Perfil de Comprador: http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba El pliego de condiciones y la documentación complementaria pueden obtenerse en: Los puntos de contacto mencionados arriba Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras entidades adjudicadoras: No II: Objeto del Contrato II.1) Descripción II.1.1) Denominación del contrato: Servicios de Gestión e Inversión Publicitaria de Renfe – Operadora en Medios de Comunicación. II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicio - España Categoría de servicio nº:13 II.1.3) El anuncio se refiere a: El establecimiento de un Acuerdo Marco Duración del acuerdo marco: 1 años Valor estimado total de las adquisiciones durante todo el periodo de vigencia del acuerdo marco: 18.000.000,00 euros II.1.5) Breve descripción del contrato o la adquisición(o adquisiciones): Servicios de gestión e inversión publicitaria de Renfe - Operadora en medios de comunicación. II.1.6) Vocabulario Común de Contratos Públicos(CPV): Nomenclatura principal: 79341000-6 II.1.7) Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): No II.1.8) El contrato está dividido en lotes: Si Las ofertas deberán presentarse para: Lote N.º: 1 – Televisión y Radio 1) Breve descripción: El Lote 1 comprende los servicios de Gestión e Inversión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Televisión. - Radio. - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociadas directamente por Renfe-Operadora. 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 12 Lote N.º: 2 – Prensa y Revistas 1) Breve descripción: El Lote 2 comprende los servicios de Gestión e Inversión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Prensa. - Suplementos dominicales. - Revistas. - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociados directamente por Renfe - Operadora. 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 12 Lote N.º: 3 – Internet, Exterior y Cine 1) Breve descripción: El Lote 3 comprende los servicios de Gestión e Inversión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Internet. - Exterior. - Cine. - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociados directamente por Renfe -Operadora (incluye la inserción de anuncios oficiales en el B.O.E.) 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 12 II.1.9) Se aceptarán variantes: No II.2) Cantidad o Extensión del Contrato II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato: 18.000.000,00 II.2.2) Opciones: No II.2.3) Este contrato podrá ser renovado: No II.3) Duración del contrato o fecha límite de ejecución: Duración: 12 meses III: Información de Carácter Jurídico, Económico, Financiero y Técnico III.1) Condiciones Relativas al Contrato III.1.1) Depósitos y garantías exigidos: Garantía provisional: las empresas que se presenten a esta licitación deberán constituir una Garantía Provisional por cada lote, con los importes que a continuación se indican: Lote 1.- 64.000 €. Lote 2.- 66.000 €. Lote 3.- 50.000 € Garantía definitiva: 5 % del importe de inversión en medios para cada lote (sólo se exigirá ala/s empresa/s adjudicataria/s). III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares. III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: Los empresarios que se presenten agrupadamente responderán frente a Renfe-Operadora solidariamente, y a efectos de su presentación deberán estar a lo indicado en el apartado 2.4. Agrupaciones de empresarios, del Capítulo II del Título II de la Instrucción Administrativa IN-SCG-001/08, que se puede consultar en el Perfil del Contratante, en la página web de Renfe-Operadora. En caso de presentación en forma de Agrupación de Empresas, éstas sólo serán admitidas si presentan un compromiso de que, caso de resultar adjudicatarios, se constituirán en U ### RESUMEN: Renfe gastará hasta 18 mill. en publicidad en 2013.

Ayudas para curso de inmersión inglesa en Universidad Menéndez Pelayo: desde 14.000 a 568 euros. Tienes que estar becado

El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma esencial a la formación integral de los jóvenes. Hasta tal punto es así, que el propio Consejo de Europa ha planteado como objetivo para el conjunto del alumnado el conocimiento de dos lenguas extranjeras y a proponer el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) y el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), como documentos que promueven y favorecen el plurilingüismo, la diversidad cultural y la movilidad en Europa. Es indudable que este aprendizaje se ha convertido en un objetivo fundamental de las políticas de formación y, singularmente, de quienes se encuentran en edad de prepararse para entrar en el mercado de trabajo y que disponen de un buen nivel de conocimiento teórico y gramatical del idioma pero no han tenido la oportunidad de practicar de forma intensiva la destreza oral y comunicativa. Es precisamente a este sector de jóvenes de entre 16 y 30 años al que se dirigen las ayudas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece a través de la presente convocatoria. Para implementar este programa de ayudas el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuenta con la infraestructura de un Organismo Autónomo adscrito al propio Ministerio, como es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que suma a tal infraestructura, el hecho de ser una entidad dependiente del Ministerio, así como una notoria experiencia en la realización de esta modalidad de cursos A este objeto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo vienen suscribiendo un convenio de colaboración desde el curso 2008-2009 para organizar cursos de inmersión en lengua inglesa dirigidos a jóvenes con un nivel de conocimientos intermedio o avanzado y que, debido a su corta duración, puedan ser compatibles con las actividades normales de los estudiantes. Avalado por los resultados académicos obtenidos desde el inicio del programa en 2008, así como por seis años de demanda ininterrumpida por parte de más de 83.000 alumnos, los programas residenciales de inmersión en inglés han probado ser una fórmula docente muy útil para el desarrollo efectivo de la agilidad lingüística y las estrategias de comunicación eficaz. Por todo ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha considerado conveniente volver a organizar este programa para el año 2014, a cuyo efecto se suscribirá con la UIMP el convenio correspondiente. Por otra parte y, con el fin de seleccionar a los beneficiarios y adjudicar las correspondientes ayudas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realiza esta convocatoria pública dirigida a los estudiantes de todo el territorio nacional que sean becarios del Estado al tiempo que detalla, en el anexo que la acompaña, las diferentes localidades españolas en las que tendrán lugar los cursos, con el fin de facilitar territorialmente el desarrollo del programa. Por todo lo anterior, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con la Orden ECI/1815/2005, de 6 de junio (BOE de 15 de junio) por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia, he resuelto: Artículo 1. Objeto de la convocatoria. Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 14.000 ayudas de 568,30 euros cada una para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en adelante UIMP), por un importe máximo de 7.956.200,00 euros. Artículo 2. Beneficiarios. Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes que no hayan cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2014 y que hayan obtenido la condición de becario para Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros estudios Superiores o Formación Profesional de Grado Superior en alguna de las siguientes convocatorias: – Becas de carácter general para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios en los cursos: 2011-2012 y 2012-2013 convocadas por Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio (BOE de 27 de julio) y por Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (BOE de 14 de agosto), respectivamente. – Becas de carácter general y movilidad para alumnado universitario en los cursos: 2011-2012 y 2012-2013 convocadas por Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio («BOE» de 27 de julio) y Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades («BOE» 14 de agosto) respectivamente. Artículo 3. Características del programa. Los cursos se impartirán en dos modalidades: modalidad de agilidad oral en Inglés General y modalidad de Inglés Especializado. Ambas modalidades tendrán una duración de cinco días y se desarrollarán en régimen de internado de domingo por la tarde a sábado a mediodía en las sedes que se recogen en el Anexo a esta Resolución y en los periodos semanales que asimismo se indican. Las especialidades ofrecidas en la modalidad de Inglés Especializado serán: «Ciencias de la Salud y de la Vida» y «Ciencias Sociales y Humanas». Respetando el número total de ayudas convocadas, la UIMP podrá ajustar la oferta de semanas y sedes en función de la demanda de los estudiantes solicitantes. Artículo 4. Cuantía de la ayuda. El importe de las ayudas se abonará directamente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la UIMP y se financiará con cargo al crédito 18.07.323M 482.05 del presupuesto de gastos de este Ministerio. Adicionalmente, en concepto de reserva de plaza, los estudiantes deberán abonar 100,00 euros a la UIMP. Artículo 5. Presentación y tramitación de solicitudes. 1. Los interesados que puedan acreditar un nivel intermedio o avanzado de conocimiento de la lengua inglesa, por medio de los sistemas de evaluación que establezca la UIMP, y que cumplan los demás requisitos establecidos por esta Resolución, deberán cumplimentar la solicitud mediante el formulario accesible por internet en la dirección www.mecd.gob.es a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el apartado correspondiente a «Trámites y Servicios». Una vez cumplimentada la solicitud se presentará por el procedimiento telemático establecido a través de la Sede electrónica, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, podrán presentarse en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento los interesados podrán consultar la dirección electrónica a que se refiere el apartado anterior. 3. El órgano instructor del procedimiento será la Subdirección General de Becas y Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Artículo 6. Órgano de selección. Se constituirá una Comisión Evaluadora de las solicitudes presentadas que emitirá informe con el resultado de la evaluación efectuada y que estará integrada por: Presidenta: La Subdirectora General de Becas y Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o persona en quien delegue. Vocales: El Vicerrector/a de Extensión Universitaria de Enseñanza del Español y otras Lenguas de la UIMP o persona en quien delegue. La Coordinadora del Programa de la UIMP. La Jefa del Servicio de Becas de la Subdirección General de Becas y Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaria: La Jefa de la Sección de Convocatorias Especiales de la Subdirección General de Becas y Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Artículo 7. Criterios de adjudicación. 1. Tendrán preferencia para la obtención de estas ayudas aquellos solicitantes que no hubieran sido beneficiarios de las ayudas convocadas por el Ministerio para realizar cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en los años anteriores. 2. Las ayudas se adjudicarán en orden inverso a la renta familiar per capita del solicitante que se utilizó para la concesión de la beca general o de movilidad del curso 2011-2012 o 2012-2013. Para equiparar las magnitudes de ambos años, se multiplicarán las rentas correspondientes al curso 2011-2012 por 1,02 En el caso de solicitantes que hayan sido becarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en ambos cursos, se tomará la renta utilizada para la concesión de la beca del curso 2012-2013. La Comisión Evaluadora dirimirá los posibles empates dando preferencia a los solicitantes de mayor edad. Artículo 8. Trámite de audiencia. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en este procedimiento no resulta preceptivo el trámite de audiencia porque no figuran en el procedimiento ni son tenidos en cuenta para la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Artículo 9. Adjudicación provisional y notificaciones. 1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Evaluadora, formulará la propuesta de adjudicación provisional. El Secretario General de Universidades, por delegación de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades contenida en la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, BOE del 9 de marzo de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, adjudicará provisionalmente las ayudas. Esta adjudicación quedará condicionada a la superación por el beneficiario de las dos pruebas de evaluación de nivel a que se refieren los apartados siguientes. 2. La adjudicación de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva; por lo tanto, no será suficiente, para la obtención de la ayuda, reunir todos los requisitos exigidos por la presente convocatoria, sino también obtener un número de orden que le sitúe dentro del total de ayudas a conceder. A estos efectos, se aprobarán tres relaciones: una, en la que se incluirán los candidatos que resulten adjudicatarios de las ayudas; una segunda, en la que se incluirán los candidatos a quienes les sea denegada la ayuda por no reunir alguno o algunos de los requisitos exigidos por la presente convocatoria y una tercera, en la que se incluirán los candidatos que reúnan los requisitos de la misma pero no hayan alcanzado un número de orden que les permita obtener la ayuda, incluyendo en primer lugar a quienes no hubiesen participado en los cursos anteriores. Los solicitantes incluidos en esta última relación quedarán ordenados de acuerdo con su renta familiar per capita y constituirán la lista de espera con la que se irán sustituyendo, por riguroso orden, a los adjudicatarios que, por cualquier causa, no consoliden la ayuda o no realicen el curso. 3. El plazo de resolución será como máximo de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. En el caso de que no se llevase a cabo la resolución de concesión de las ayudas en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las solicitudes. 4. La adjudicación provisional de las ayudas se hará pública a través del «Boletín Oficial del Estado» y en la Sede Electrónica de este Ministerio. Contra dicha adjudicación provisional los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de dicha publicación en el citado Boletín. 5. Acto seguido, los adjudicatarios de la ayuda deberán cumplimentar, en el plazo que establezca la UIMP, un test, a través de Internet, que permitirá evaluar su nivel de conocimientos. Quienes no realicen el citado test en el plazo establecido al efecto, se entenderá que renuncian a la ayuda concedida que será adjudicada al siguiente candidato de la lista de espera. Como resultado de este test, los estudiantes podrán ser excluidos de la participación en el curso o clasificados en alguno de los niveles siguientes: superior 1 o 2; intermedio 1 o 2 y básico. La equivalencia de estos niveles con el Marco Común Europeo de referencia es la siguiente: Nivel superior 1 = C1, Nivel superior 2 = C2, Nivel intermedio 1 = B1, Nivel intermedio 2 = B2 y Nivel básico = A2, siempre para competencia oral. A partir del nivel intermedio 2, la plataforma informática les presentará las opciones de Inglés de especialidad, indicando sede y calendario disponible. Se entenderá que todos aquellos candidatos que no resulten clasificados en alguno de los citados niveles no reúnen los requisitos necesarios para la obtención de las ayudas que se convocan por esta Resolución. 6. Una vez recibida la calificación del test, a través de la página web www.uimp.es los estudiantes dispondrán de la información necesaria para conocer la disponibilidad de las plazas en función del nivel asignado en las distintas sedes y en las diferentes semanas. El ingreso de los 100,00 euros permitirá formalizar la reserva de la opción de sede y semana elegida, que tendrá que ser confirmada mediante un correo electrónico de la UIMP. La falta de abono de dicha cantidad en el plazo establecido al efecto se entenderá como renuncia a la ayuda concedida que será adjudicada al siguiente candidato de la lista de espera. Artículo 10. Notificaciones. Tanto la adjudicación provisional como las denegaciones y los solicitantes en lista de espera se publicarán en la página web del Ministerio, debiendo proceder los interesados a efectuar la descarga de su correspondiente resolución en la dirección electrónica www.mecd.gob.es en el apartado correspondiente a «Notificaciones». Artículo 11. Adjudicación definitiva. 1. El Secretario General de Universidades, por delegación de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, conforme a lo establecido en la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo (BOE del 9), de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, adjudicará con anterioridad a la celebración de los cursos, las ayudas con carácter definitivo a los solicitantes que hayan realizado las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la presente convocatoria. Estos solicitantes, una vez finalizado el curso recibirán un Diploma bilingüe acreditativo de su participación en un curso de inmersión lingüística en lengua inglesa impartido por la UIMP con la duración, el nivel y los créditos correspondientes. 2. La resolución de la convocatoria pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o ser impugnada mediante la interposición de recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. 3. Las relaciones de los adjudicatarios de las ayudas se harán públicas a través del «Boletín Oficial del Estado». 4. En el momento de su incorporación al curso, los estudiantes realizarán otra prueba para confirmar el nivel asignado inicialmente. Si, como resultado de la prueba de confirmación, el nivel de competencia oral del estudiante fuera considerado por los evaluadores de la UIMP insuficiente para seguir el curso, en el nivel más bajo de los ofrecidos, el estudiante decaerá en su derecho y le serán reintegrados los 100,00 euros abonados en concepto de reserva del curso. Asimismo, el nivel asignado inicialmente podrá ser modificado y especificado (Básico, Intermedio 1 o 2 y Superior) en función de los resultados de esta prueba de confirmación. 5. Producida una renuncia, o estimadas las alegaciones, en su caso, la adjudicación de la ayuda a suplentes se publicará, asimismo, de forma sucesiva en la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que los beneficiarios deberán descargarse la resolución de concesión. 6. Los solicitantes recibirán información sobre la publicación de la resolución de su solicitud en la Sede Electrónica de este Ministerio. 7. Los participantes estarán cubiertos, durante el curso, por un seguro de accidentes y responsabilidad civil suscrito por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que será abonado a la empresa que resulte adjudicataria del correspondiente contrato con cargo al crédito 18.07. 323M 482.05 por un importe máximo de 21.000 euros. 8. La falta de obtención del diploma o la baja o abandono del programa se considerará causa de eventual revocación de la ayuda al no haberse destinado a la finalidad para la que fue concedida. Artículo 12. Aceptación de las bases. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria. Artículo 13. Incompatibilidad. Esta ayuda será incompatible con cualquier otra subvención o beca para la misma finalidad. Artículo 14. Normativa aplicable. Serán aplicables a las ayudas objeto de la presente convocatoria la Orden ECI//1815/2005, de 6 de junio por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia y supletoriamente las normas reguladoras de las becas de carácter general. Artículo 15. Recursos. Contra la presente convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Asimismo, podrá ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el Órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Disposición final primera. Ámbito competencial. Esta resolución se dicta en el ejercicio de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1 y 30 de la Constitución, así como lo dispuesto en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Disposición final segunda. Autorización para el desarrollo de esta Resolución. Se autoriza a la Dirección General de Política Universitaria para aplicar y desarrollar lo dispuesto en la presente resolución. Disposición final tercera. Entrada en vigor. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 18 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio Kindelan. La duración del curso será de cinco días, con cuarenta horas lectivas los cursos de inglés general y cuarenta y tres horas lectivas los cursos de inglés especializado. La incorporación será en domingo por la tarde y la salida en sábado y se desarrollará en régimen de internado. Los grupos constarán de 15 alumnos organizados en cinco niveles distintos. Cada grupo dispondrá de 3 profesores nativos que rotarán diariamente así como de 1 auxiliar de conversación por cada 10 alumnos que participarán con los estudiantes en las actividades establecidas, las comidas y otras actividades de tiempo libre. El contenido del curso será exclusivamente oral. Incluirá sesiones de conversación individual con los profesores y/o auxiliares de conversación nativos, sesiones conjuntas en las que no participarán más de 7 estudiantes. La UIMP facilitará a los participantes el material didáctico necesario para el seguimiento del curso. La UIMP expedirá un diploma acreditativo del nivel cursado y los créditos otorgados, siempre que se superen las pruebas que se establezcan y se haya asistido al cien por cien de las clases y actividades programadas. Los participantes deberán abonar 100,00 euros en concepto de reserva de plaza y matrícula. Esta cantidad les será reintegrada a aquellos estudiantes que no puedan participar en el curso porque su nivel de inglés sea considerado por los evaluadores de la UIMP insuficiente para seguir el curso, en el nivel más bajo de los ofrecidos. Correrán, asimismo, por cuenta del participante los gastos de desplazamiento hasta la sede del curso que les sea asignada. El Ministerio abonará directamente a la UIMP el importe de las ayudas que cubrirán los costes del curso así como de alojamiento en habitaciones dobles y la manutención en régimen de pensión completa. La adjudicación de las sedes y semanas se hará atendiendo a las cinco opciones que seleccionen los participantes y, en todo caso, en función de la disponibilidad de plazas. Los participantes estarán cubiertos, durante el curso, por un seguro de accidentes y responsabilidad civil suscrito por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La información relativa a la solicitud y adjudicación de las ayudas podrá consultarse en la dirección www.mecd.gob.es a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el apartado correspondiente a «Trámites y Servicios». La información relativa a la realización del test, cursos, elección de sede y semana, etc., podrá consultarse en la página web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo www.uimp.es. Los participantes quedan obligados al cumplimiento de las normas de régimen interno de la UIMP. El cumplimiento de estas normas será condición indispensable para la obtención del diploma final del curso.

El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma esencial a la formación integral de los jóvenes. Hasta tal punto es así, que el propio Consejo de Europa ha planteado como objetivo para el conjunto del alumnado el conocimiento de dos lenguas extranjeras y a proponer el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) y el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), como documentos que promueven y favorecen el plurilingüismo, la diversidad cultural y la movilidad en Europa. Es indudable que este aprendizaje se ha convertido en un objetivo fundamental de las políticas de formación y, singularmente, de quienes se encuentran en edad de prepararse para entrar en el mercado de trabajo y que disponen de un buen nivel de conocimiento teórico y gramatical del idioma pero no han tenido la oportunidad de practicar de forma intensiva la destreza oral y comunicativa. Es precisamente a este sector de jóvenes de entre 16 y 30 años al que se dirigen las ayudas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece a través de la presente convocatoria. Para implementar este programa de ayudas el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuenta con la infraestructura de un Organismo Autónomo adscrito al propio Ministerio, como es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que suma a tal infraestructura, el hecho de ser una entidad dependiente del Ministerio, así como una notoria experiencia en la realización de esta modalidad de cursos A este objeto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo vienen suscribiendo un convenio de colaboración desde el curso 2008-2009 para organizar cursos de inmersión en lengua inglesa dirigidos a jóvenes con un nivel de conocimientos intermedio o avanzado y que, debido a su corta duración, puedan ser compatibles con las actividades normales de los estudiantes. Avalado por los resultados académicos obtenidos desde el inicio del programa en 2008, así como por seis años de demanda ininterrumpida por parte de más de 83.000 alumnos, los programas residenciales de inmersión en inglés han probado ser una fórmula docente muy útil para el desarrollo efectivo de la agilidad lingüística y las estrategias de comunicación eficaz. Por todo ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha considerado conveniente volver a organizar este programa para el año 2014, a cuyo efecto se suscribirá con la UIMP el convenio correspondiente. Por otra parte y, con el fin de seleccionar a los beneficiarios y adjudicar las correspondientes ayudas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realiza esta convocatoria pública dirigida a los estudiantes de todo el territorio nacional que sean becarios del Estado al tiempo que detalla, en el anexo que la acompaña, las diferentes localidades españolas en las que tendrán lugar los cursos, con el fin de facilitar territorialmente el desarrollo del programa. Por todo lo anterior, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con la Orden ECI/1815/2005, de 6 de junio (BOE de 15 de junio) por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia, he resuelto: Artículo 1. Objeto de la convocatoria. Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 14.000 ayudas de 568,30 euros cada una para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en adelante UIMP), por un importe máximo de 7.956.200,00 euros. Artículo 2. Beneficiarios. Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes que no hayan cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2014 y que hayan obtenido la condición de becario para Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros estudios Superiores o Formación Profesional de Grado Superior en alguna de las siguientes convocatorias: – Becas de carácter general para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios en los cursos: 2011-2012 y 2012-2013 convocadas por Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio (BOE de 27 de julio) y por Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (BOE de 14 de agosto), respectivamente. – Becas de carácter general y movilidad para alumnado universitario en los cursos: 2011-2012 y 2012-2013 convocadas por Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio («BOE» de 27 de julio) y Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades («BOE» 14 de agosto) respectivamente. Artículo 3. Características del programa. Los cursos se impartirán en dos modalidades: modalidad de agilidad oral en Inglés General y modalidad de Inglés Especializado. Ambas modalidades tendrán una duración de cinco días y se desarrollarán en régimen de internado de domingo por la tarde a sábado a mediodía en las sedes que se recogen en el Anexo a esta Resolución y en los periodos semanales que asimismo se indican. Las especialidades ofrecidas en la modalidad de Inglés Especializado serán: «Ciencias de la Salud y de la Vida» y «Ciencias Sociales y Humanas». Respetando el número total de ayudas convocadas, la UIMP podrá ajustar la oferta de semanas y sedes en función de la demanda de los estudiantes solicitantes. Artículo 4. Cuantía de la ayuda. El importe de las ayudas se abonará directamente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la UIMP y se financiará con cargo al crédito 18.07.323M 482.05 del presupuesto de gastos de este Ministerio. Adicionalmente, en concepto de reserva de plaza, los estudiantes deberán abonar 100,00 euros a la UIMP. Artículo 5. Presentación y tramitación de solicitudes. 1. Los interesados que puedan acreditar un nivel intermedio o avanzado de conoc ### RESUMEN: Ayudas para curso de inmersión inglesa en Universidad Menéndez Pelayo: desde 14.000 a 568 euros. Tienes que estar becado

Orden ministerial para liquidar el DiploCAT

El Consejo de Ministros, en aplicación de la habilitación conferida por el Acuerdo adoptado por el Pleno del Senado con fecha 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, ha adoptado en su reunión del día 15 de diciembre de 2017, y a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un Acuerdo por el que se dispone la liquidación del Patronat Cataluña Mon - Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT). Para general conocimiento se dispone su publicación como Anexo a la presente Orden. Madrid, 15 de diciembre de 2017.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso María Dastis Quecedo. ANEXO Acuerdo por el que se dispone la liquidación del Patronat Cataluña Mon - Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido El Consejo de Ministros, en virtud de lo establecido en el apartado quinto, del artículo 1, del Real Decreto 945/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la adopción de diversas medidas respecto de la organización de la Generalitat de Cataluña, y el cese de distintos altos cargos de la Generalitat de Cataluña, adoptó la decisión de suprimir el Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT) en el ejercicio de las competencias que, conforme a lo previsto en el artículo 26.o) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, corresponden al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Acordada la supresión de esta entidad, es preceptivo proceder a su liquidación. Al respecto, el artículo 114 j de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, establece que los Estatutos de los consorcios constituidos por las administraciones públicas de Cataluña establecerán el régimen de aplicación a la extinción y liquidación del consorcio y, en dicho caso, el destino de los bienes y activos del consorcio y las responsabilidades con relación a las deudas. En el presente supuesto, el artículo 27 de los Estatutos de DIPLOCAT establece que: «1. El PCM - DIPLOCAT se puede disolver por iniciativa propia del Gobierno de la Generalitat o por acuerdo de éste, a petición de la mayoría cualificada de las tres quintas partes de los miembros del Pleno del PCM - DIPLOCAT. 2. En caso de disolución, el patrimonio sobrante, una vez satisfechas las obligaciones a las que pueda dar lugar la liquidación del PCM - DIPLOCAT y cobrados los créditos que, en su caso, se puedan tener contra terceros, pasa a integrarse al patrimonio de la Generalitat, excepción hecha de los bienes que hayan podido ceder al PCM - DIPLOCAT sus miembros o terceros, que deben revertir a sus propietarios en las condiciones que establezcan los pactos suscritos al efecto.» Estas disposiciones no clarifican qué órgano debe decidir la liquidación de DIPLOCAT. A este respecto, el párrafo primero del artículo 127.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que «El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.» Ahora bien, en el presente supuesto, la supresión o disolución de PCM - DIPLOCAT no ha sido adoptada por su máximo órgano de gobierno, como señala el precepto citado, sino por el Consejo de Ministros, por medio del Real Decreto 945/2017, en el ejercicio de las competencias que, conforme a lo previsto en el artículo 26.o) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, corresponden al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. De ello se infiere que la decisión de acordar la liquidación de la entidad y de nombrar liquidador para este cometido debe corresponder al mismo órgano que acordó su supresión, es decir, al Consejo de Ministros. En su virtud, a propuesta del titular del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales, Internacionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña (por sustitución el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación), se acuerda: 1. Liquidar el Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT). 2. Designar el órgano liquidador del PCM - DIPLOCAT que estará integrado por: a) El Secretario General del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat de Cataluña. b) Un representante de la Dirección de Patrimonio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña designado por el titular del citado Departamento (por sustitución, por el Ministro de Hacienda y Función Pública). c) Un representante de la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Cataluña designado por el titular del citado Departamento (por sustitución, por el Ministro de Hacienda y Función Pública). 3. El órgano liquidador aprobará la liquidación determinando: a) Los activos y pasivos contabilizados por el Patronato que deben integrarse en la Generalitat de Cataluña, por cumplir con la normativa contable aplicable, de conformidad con el artículo 27.2 de sus estatutos. b) Las provisiones y los activos o pasivos contingentes de los que pudieran derivar obligaciones o derechos de contenido económico si se cumplen determinadas condiciones en el futuro a efectos de que la Generalitat de Cataluña pueda realizar una adecuada gestión de los mismos. c) En el mismo acto, el órgano liquidador determinará el órgano o la entidad de la Generalitat de Cataluña en los que se integrarán los elementos citados anteriormente. 4. Durante el proceso de liquidación PCM - DIPLOCAT no realizara más actividades que las directamente relacionadas con la liquidación. 5. Actuaciones que realizará el órgano liquidador. a) Velar por la integridad del patrimonio, administrarlo durante el periodo de liquidación y llevar y custodiar los libros de la entidad. b) Conservar los libros y la documentación de la entidad durante el plazo legalmente establecido. c) Formular las cuentas anuales de cierre del ejercicio 2017; proponer la liquidación del presupuesto y la aplicación del remanente. d) Someter las cuentas aprobadas por el Pleno a auditoría financiera bajo la dirección de la Intervención General. e) Dar cumplimiento de las Instrucciones de la Intervención General de 11 de enero de 2011 sobre la información económico-financiera a enviar por las unidades institucionales incluidas en el sector administraciones públicas mientras no concluyan las operaciones de liquidación. f) Si fuera el caso, acordar con la Dirección General de Presupuestos el procedimiento y cuantía de los créditos para la financiación del consorcio, por parte de la Generalitat de Catalunya circunscrita a las de las operaciones necesarias para la extinción del consorcio durante el ejercicio 2018. g) Concluir las operaciones pendientes y hacer las que correspondan para realizar la liquidación, incluida la realización de bienes y todas aquellas otras de carácter patrimonial de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio, aprobado por el Decreto Ley 1/2002 y demás normativa aplicable que, incluirían, entre otros las siguientes: i. Reclamar y percibir los derechos pendientes y liquidar todas las deudas y obligaciones de la entidad. ii. Tramitar la rescisión inmediata de los contratos de trabajo de los empleados, liquidar las correspondientes indemnizaciones y gestionar las bajas en la Seguridad Social. iii. Rescindir los contratos formalizados con proveedores y, si corresponde, liquidar las indemnizaciones derivadas de estas. iv. Gestionar las liquidaciones y el pago de los tributos, si corresponde. v. Gestionar la baja de los seguros y mutualidades de trabajo que tenga contratadas la entidad. vi. Gestionar los cambios de titularidad de los derechos de autor, patentes y licencias, en su caso. vii. Tramitar los procedimientos de rescisión de los contratos de arrendamiento y, si corresponde, de levantamiento de los asentamientos en el registro de la propiedad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio, aprobado por el Decreto Ley 1/2002. viii. Formular las cuentas finales de liquidación. ix. Calcular la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro a partir del balance final de liquidación (art. 127 L 40/2015). A los anteriores efectos, debe tenerse en cuenta que, según los Estatutos de la entidad, el patrimonio sobrante pasa a integrarse en el patrimonio de la Generalitat, excepción hecha de los bienes que hayan podido ceder al PCM - DIPLOCAT sus miembros o terceros, conforme al artículo 27.2 de sus estatutos. x. Cancelar las cuentas bancarias, dar de baja tarjetas de crédito y tramitar la baja del NIF de la entidad. h) Tramitar la baja del consorcio en el Registro del Sector Público de la Generalitat de Catalunya, en el Inventario de Entes del Sector Público Estatal, Autonómico y Local y, si fuera el caso en los registros de entes locales, y del registro de convenios de la Generalitat. i) cualquier otra que sea necesaria para el desarrollo de la liquidación. 6. Procedimiento de liquidación. a) En el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de publicación en el el «Boletín Oficial del Estado» de este acuerdo, la Secretaría General del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, remitirá al órgano liquidador un proyecto de cesión de activos y pasivos acompañado de la información y documentación necesaria, con referencia expresa a los activos y pasivos no contabilizados, así como de los contratos o instrumentos que formalicen las relaciones jurídicas con los acreedores del patronato que estuvieran vigentes. Esta información irá acompañada de una declaración responsable de que la información y actuaciones responden a una imagen fiel de la situación económica del PCM - DIPLOCAT. b) Una vez delimitados los activos y pasivos así como las relaciones jurídicas vigentes que tenía el Patronato con sus acreedores, el órgano liquidador aprobará la liquidación y determinará el órgano o entidad de la Generalitat de Cataluña donde se integrarán los distintos elementos del activo y pasivo. La Generalitat de Cataluña quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas que tuviera el Patronato con terceros desde la fecha del presente Acuerdo. c) La liquidación será comunicada al órgano o entidad en el que se haya acordado que se integren los elementos integrantes del activo y pasivo del Patronato. Esta comunicación irá acompañada por una declaración del órgano de liquidación indicando que la misma se ha practicado conforme a la normativa de aplicación. d) El órgano o entidad en el que se integre el activo y el pasivo del Patronato, deberá realizar las actuaciones preceptivas necesarias para garantizar dicha integración así como la correcta subrogación en las relaciones jurídicas que tuviera la entidad con sus acreedores. Entre dichas actuaciones, cuando del procedimiento de liquidación se derive la asunción de obligaciones económicas o la realización de gastos por órganos o entidades de la Generalitat de Cataluña, con carácter previo a la aprobación de la misma, deberá incorporarse al expediente el certificado de existencia de crédito o documento equivalente que acredite la existencia de financiación y la fiscalización previa del órgano de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña. A estos efectos, se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este Acuerdo. e) De las citadas actuaciones se dará traslado al órgano liquidador para su integración en el correspondiente expediente en el plazo de 30 días desde la recepción en el órgano o entidad de integración de la comunicación emitida por el liquidador. f) En el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor del presente Acuerdo deberá haberse realizado la liquidación. 7. A partir de la fecha de publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» PCM - DIPLOCAT deberá poner a continuación de su denominación, en todos sus actos y comunicaciones, la expresión «en liquidación». 8. Completada la liquidación, se extinguirá PCM - DIPLOCAT. 9. El incumplimiento del presente Acuerdo sobre la liquidación dará lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades penales y administrativas que procedan. En particular, debe advertirse que el mantenimiento del funcionamiento de los servicios o de la actividad de los empleados de PCM - DIPLOCAT puede generar la correspondiente responsabilidad contable y/o de otro orden derivada de la gestión de los medios, presupuestos y recursos públicos con grave daño al erario público que se exigirá por las vías procedentes para la definición de las responsabilidades personales. 10. Este Acuerdo surtirá efectos desde su primera publicación en un diario oficial.

El Consejo de Ministros, en aplicación de la habilitación conferida por el Acuerdo adoptado por el Pleno del Senado con fecha 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, ha adoptado en su reunión del día 15 de diciembre de 2017, y a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un Acuerdo por el que se dispone la liquidación del Patronat Cataluña Mon - Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT). Para general conocimiento se dispone su publicación como Anexo a la presente Orden. Madrid, 15 de diciembre de 2017.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso María Dastis Quecedo. ANEXO Acuerdo por el que se dispone la liquidación del Patronat Cataluña Mon - Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido El Consejo de Ministros, en virtud de lo establecido en el apartado quinto, del artículo 1, del Real Decreto 945/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la adopción de diversas medidas respecto de la organización de la Generalitat de Cataluña, y el cese de distintos altos cargos de la Generalitat de Cataluña, adoptó la decisión de suprimir el Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT) en el ejercicio de las competencias que, conforme a lo previsto en el artículo 26.o) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, corresponden al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Acordada la supresión de esta entidad, es preceptivo proceder a su liquidación. Al respecto, el artículo 114 j de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, establece que los Estatutos de los consorcios constituidos por las administraciones públicas de Cataluña establecerán el régimen de aplicación a la extinción y liquidación del consorcio y, en dicho caso, el destino de los bienes y activos del consorcio y las responsabilidades con relación a las deudas. En el presente supuesto, el artículo 27 de los Estatutos de DIPLOCAT establece que: «1. El PCM - DIPLOCAT se puede disolver por iniciativa propia del Gobierno de la Generalitat o por acuerdo de éste, a petición de la mayoría cualificada de las tres quintas partes de los miembros del Pleno del PCM - DIPLOCAT. 2. En caso de disolución, el patrimonio sobrante, una vez satisfechas las obligaciones a las que pueda dar lugar la liquidación del PCM - DIPLOCAT y cobrados los créditos que, en su caso, se puedan tener contra terceros, pasa a integrarse al patrimonio de la Generalitat, excepción hecha de los bienes que hayan podido ceder al PCM - DIPLOCAT sus miembros o terceros, que deben revertir a sus propietarios en las condiciones que establezcan los pactos suscritos al efecto.» Estas disposiciones no clarifican qué órgano debe decidir la liquidación de DIPLOCAT. A este respecto, el párrafo primero del artículo 127.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que «El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.» Ahora bien, en el presente supuesto, la supresión o disolución de PCM - DIPLOCAT no ha sido adoptada por su máximo órgano de gobierno, como señala el precepto citado, sino por el Consejo de Ministros, por medio del Real Decreto 945/2017, en el ejercicio de las competencias que, conforme a lo previsto en el artículo 26.o) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, corresponden al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. De ello se infiere que la decisión de acordar la liquidación de la entidad y de nombrar liquidador para este cometido debe corresponder al mismo órgano que acordó su supresión, es decir, al Consejo de Ministros. En su virtud, a propuesta del titular del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales, Internacionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña (por sustitución el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación), se acuerda: 1. Liquidar el Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT). 2. Designar el órgano liquidador del PCM - DIPLOCAT que estará integrado por: a) El Secretario General del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat de Cataluña. b) Un representante de la Dirección de Patrimonio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña designado por el titular del citado Departamento (por sustitución, por el Ministro de Hacienda y Función Pública). c) Un representante de la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Cataluña designado por el titular del citado Departamento (por sustitución, por el Ministro de Hacienda y Función Pública). 3. El órgano liquidador aprobará la liquidación determinando: a) Los activos y pasivos contabilizados por el Patronato que deben integrarse en la Generalitat de Cataluña, por cumplir con la normativa contable aplicable, de conformidad con el artículo 27.2 de sus estatutos. b) Las provisiones y los activos o pasivos contingentes de los que pudieran derivar obligaciones o derechos de contenido económico si se cumplen determinadas condiciones en el futuro a efectos de que la Generalitat de Cataluña pueda realizar una adecuada gestión de los mismos. ### RESUMEN: Orden ministerial para liquidar el DiploCAT

Los presupuestos generales de 2013

Disposiciones adicionales 72 y 81 y transitoria 8 de la Ley 2/2012, de 29 de junio Disposición adicional 38, MODIFICA la disposición final 12.1.c) y SUSPENDE la disposición adicional 30 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto Disposición final 2 y con efectos de 31 de diciembre de 2012 declara la extinción del fondo del Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo Disposición adicional 44 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre , en la forma indicada la disposición transitoria 5 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre Disposición adicional 1 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre Desde el 1 de enero de 2013 el art. 14.3 y MODIFICA la disposición adicional 4 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo Para el año 2013 el art. 2 ter.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero La rúbrica y el inciso del apartado 1 de la disposición transitoria 12, el párrafo primero de la disposición final 4 y AÑADE la disposición transitoria 16 al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio la disposición adicional 14 y PRORROGA el plazo de la disposición adicional 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre Disposición adicional 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre art. 240.2 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre arts. 3 bis y 28.1 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre art. 15 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio art. 44.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio la disposición adicional 1 de Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre art. 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo la disposición adicional 8 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre Disposiciones adicionales 33 y 42 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre Disposición final 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre Disposición adicional 4 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre art. 23 y SUSPENDE durante el año 2013 los arts. 7.2, 8.2.a), 10, lo indicado del art. 32.3 y la disposición transitoria 1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre Disposición transitoria 12 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo arts. 21, 47, 59, 77, 98.3, 136.4 y la disposición transitoria 1 y AÑADE el 47 bis y la disposición adicional 19 a Ley 47/2003, de 26 de noviembre art. 3.1.c) y 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre art. 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre art. 113 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre arts. 72, 75, 79 y 89.a) de la Ley 21/2003, de 7 de julio art. 8.6 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre Párrafo 5 de la exposición de motivos, art. 4.4 y 6, disposiciónes adicionales 4 y 5 y apartados 2 y 4 del anexo de la Ley 13/1998, de 4 de mayo art. 77 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre la disposición adicional 58, aplazando los efectos por un año, y los arts. 20.5, 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio art. 6 bis de la Ley 13/1994, de 1 de junio art. 43 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre arts. 50.1, 66 y 61.2.a) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre arts. 20.1, 35.2 y 3, 75, 88.2 y 3, 89, 163 ter.1 y 2, 164.2 y 171.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre art. 81.2 de la Ley 4/1990, de 29 de junio arts. 18 y 69.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo arts. 7, 21, 27.2, 38.2, 58 y AÑADE la disposición adicional 14 a la Ley de Clases Pasivas del Estado, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril Arts 14 y 29 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo art. 4 del Decreto 140/1960, de 4 de febrero arts. 32.1, 58 y AÑADE una disposición adicional a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (GAZETA) La aplicación del art. 11 bis.3 del Reglamento (CE) 1794/2006n, de 6 de diciembre art. 2.1.a), c) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre art. 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo el plazo de la disposición transitoria 5 de la Ley 16/1985, de 25 de junio Lo indicado de la disposición final 3 de Ley 39/1992, de 29 de diciembre las Disposiciones adicionales 32 y 65, SE MODIFICA las disposiciones adicionales 5, 60 y 79 y SE PRORROGA el plazo de la disposición adicional 8, por Ley 22/2013, de 23 de diciembre la disposición adicional 13, por Ley 11/2020, de 30 de diciembre la disposición adicional 13, según la redacción dada por la disposición final 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por Ley 6/2018, de 3 de julio la disposición adicional 13.2 y 3, por Ley 3/2017, de 27 de junio , con los efectos indicados, la disposición adicional 13, por Ley 40/2015, de 1 de octubre la disposición adicional 51.2, por Ley 36/2014, de 26 de diciembre el anexo III, por Ley 1/2014, de 28 de febrero la disposición adicional 13, por Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero la disposición adicional 5, por Ley 24/2013, de 26 de diciembre , con efectos de 1 de enero de 2013, los arts. 63 y 64, por Ley 16/2013, de 29 de octubre lo indicado del anexo III, por Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto el art. 54.1 y 2, por Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio el anexo III, por Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio la disposición adicional 13, por Ley 8/2013, de 26 de junio el art. 104.1 y las disposiciones adicionales 70.2 y 73.1 , por Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero en BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2013 con el art. 27.3, determinando el procedimiento de Autorización de la masa salarial para las sociedades, fundaciones, consorcios y organismos del sector público estatal: Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio aprobando la oferta de empleo público: Real Decreto 218/2013, de 22 de marzo disponiendo la creación de deuda pública para 2013: Orden ECC/1/2013, de 2 de enero sobre incremento de las pensiones y otras prestaciones públicas: Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre desarrollando la disposición adicional 38: Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre en el Recurso 1814/2013 la desestimación, por Sentencia 194/2016, de 16 de noviembre en el Recurso 1744/2013, la desestimación en relación con las disposiciones adicionales 81 y 84, por Sentencia 179/2016, de 20 de octubre en la Cuestión 6583/2014 (BOE de 25 de enero de 2015) la INADMISIÓN, por Sentencia 247/2015, de 30 de noviembre en la Cuestión 7403-2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 257/2015, de 30 de noviembre en la Cuestión 7302-2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 256/2015, de 30 de noviembre en la Cuestión 7045/2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 255/2015, de 30 de noviembre Cuestión 6813/2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 253/2015, de 30 de noviembre en la Cuestión 6812/2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 252/2015, de 30 de noviembre en la Cuestión 6811/2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 251/2015, de 30 de noviembre en la Cuestión 6810-2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 250/2015, de 30 de noviembre en la Cuestión 6809-2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 249/2015, de 30 de noviembre Cuestión 6626-2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 248/2015, de 30 de noviembre en la Cuestión 6583/2014, la inadmisión, por Sentencia 247/2015, de 30 de noviembre en la Cuestión 6582/2014, la INADMISIÓN en relación con el art. 17.8, por Sentencia 246/2015, de 30 de noviembre la INADMISIÓN de la Cuestión 6518/2014, planteada en relación con el art. 17.8, por Sentencia 234/2015, de 5 de noviembre en el Recurso 1914/2013, su extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, respecto a la disposición adicional 13, y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 184/2014, de 6 de noviembre en el Recurso 18111/2013, la inconstitucionalidad y nulidad, con el alcance establecido el fj3, de la disposición adicional 13, por Sentencia 164/2014, de 7 de octubre 7562/2014 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 17.8 6583/2014 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 17.8 6518/2014 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 17.8 JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO I Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que se añada un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de la política económica del Gobierno. Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la misma preceptos de carácter plurianual o indefinido. De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea. Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está constitucionalmente acotado –a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo contenido resulta, en principio, ilimitado– dentro del ámbito competencial del Estado y con las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica. Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 regula únicamente, junto a su contenido necesario, aquellas disposiciones que respetan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual. Estos Presupuestos Generales del Estado para 2013, elaborados en el marco de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, persisten en el objetivo de conseguir una mayor racionalización del proceso presupuestario a través de la confluencia de las mejoras introducidas a nivel de sistematización, en tanto que se procede a la ordenación económica y financiera del sector público estatal, a ordenar sus normas de contabilidad y control, y a nivel de eficacia y eficiencia. Se trata de los primeros Presupuestos que se elaboran desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea. Este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo. En esta línea, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 profundizan en la reducción del gasto público dentro de un contexto de consolidación fiscal, de acuerdo con las orientaciones y recomendaciones establecidas por la Unión Europea. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2013-2015, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012, se aprobaron por el Pleno del Congreso el 24 de julio de 2012 y por el Pleno del Senado el 26 de julio siguiente. Este acuerdo establece el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 4,5 por ciento del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 3,8 por ciento; las Comunidades Autónomas del 0,7 por ciento; mientras que las Corporaciones Locales y la Seguridad Social cerrarán el próximo año con déficit cero. El objetivo de deuda pública queda fijado para la Administración Central en un 66 por ciento del PIB en 2013. El límite de gasto no financiero del Estado se fija en 126.792.000 miles de euros. II La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, «De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones», por cuanto que en su Capítulo I, bajo la rúbrica «Créditos iniciales y financiación de los mismos» se aprueban la totalidad de los estados de ingresos y gastos del sector público estatal y se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado. En este Capítulo I se define el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado teniendo en cuenta la clasificación que de los Organismos Públicos realiza la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, clasificación que se hace presente en el resto de la Ley. Igualmente se tiene presente la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los Servicios Públicos. La distribución de los fondos atiende, en cambio, a la finalidad perseguida con la realización del gasto, distribuyéndose por funciones. El ámbito de los Presupuestos Generales del Estado se completa con el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que, de acuerdo con su legislación específica (artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España), no se consolida con los restantes presupuestos del sector público estatal. El Capítulo II contiene las normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios, las limitaciones presupuestarias y los créditos vinculantes que han de operar durante el ejercicio 2013. El Capítulo III, «De la Seguridad Social», regula la financiación de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y de las aportaciones del Estado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales y al Instituto Social de la Marina, así como aquellas que se destinen a la Seguridad Social, para atender la financiación de los complementos para mínimos de pensiones. Finalmente, el Capítulo IV reglamenta la información a las Cortes Generales en materia de inversión y gasto público. III El Título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la «Gestión Presupuestaria», se estructura en tres Capítulos. El Capítulo I regula la gestión de los Presupuestos docentes. En él se fija el módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de Centros concertados y el importe de la autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En el Capítulo II relativo a la «Gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios Sociales», se recogen competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. El Capítulo III recoge «Otras normas de gestión presupuestaria» y en él se establece el porcentaje de participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la recaudación bruta obtenida en 2013 derivada de su actividad propia, fijándose dicho porcentaje en un 5 por ciento. IV El Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se rubrica como «De los gastos de personal», y se estructura en tres Capítulos. La repercusión que el mandato constitucional de estabilidad presupuestaria y la actual situación de nuestra economía tienen sobre el personal al servicio del sector público se refleja en el Capítulo I, relativo a los «Gastos del personal al servicio del sector público», que tras definir lo que constituye «sector público» a estos efectos, establece, con carácter general, que no habrá incremento de las retribuciones de este personal en 2013 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Por lo tanto, en 2013 los empleados públicos tendrán dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y de diciembre. Tampoco podrán realizarse aportaciones a planes de empleo ni contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Asimismo se incluye en este Capítulo la regulación de la Oferta de Empleo Público. La presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la anterior, mantiene su regulación en un único artículo, y establece que a lo largo de 2013 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Se excepciona, aplicando una tasa de reposición del 10 por ciento, a ciertos sectores y administraciones y las plazas de militares profesionales de tropa y marinería cuya plantilla máxima se establece en la propia Ley. Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables. En el Capítulo II, bajo la rúbrica «De los regímenes retributivos», se establece que en el año 2013 las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos Consultivos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012 sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, afectando a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la Nación y de la Administración General del Estado, las correspondientes a los altos cargos del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social, así como a los miembros del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y a los altos cargos de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Guardia Civil, así como a determinados cargos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. La necesidad de inclusión de estas previsiones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado deriva de que la aprobación de los Presupuestos de estos Órganos y, por ende, de las referidas retribuciones, ha de hacerse por las Cortes Generales. Los principios de unidad y universalidad del presupuesto exigen que esa aprobación se realice en un documento único, comprensivo de todos los gastos del Estado, como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este Capítulo se completa con las normas relativas a las retribuciones de los funcionarios del Estado, personal de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, y del personal estatutario y del no estatutario de la Seguridad Social, así como las del personal laboral del sector público. Junto a las normas reguladoras del personal al servicio de la Administración de Justicia, mención específica merecen las relativas a la regulación de las retribuciones de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2003, de 26 de mayo. El Capítulo III de este Título, contiene una norma de cierre, aplicable al personal cuyo sistema retributivo no tenga adecuado encaje en las normas contenidas en el Capítulo II. Junto a ella, recoge, como en Leyes de Presupuestos anteriores, otras disposiciones comunes en materia de régimen de personal activo, así como las relativas a la prohibición de ingresos atípicos y a la congelación de las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación. V El Título IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, bajo la rúbrica «De las pensiones públicas», se divide en seis Capítulos. El Capítulo I contiene la regulación de la revalorización de las pensiones. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, se revalorizarán en 2013, con carácter general, un 1 por ciento. El Capítulo II está dedicado a regular la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y especiales de guerra. El Capítulo III contiene las limitaciones del señalamiento inicial de las pensiones públicas, instrumentando un sistema de limitación máxima. El Capítulo IV regula el «Incremento y modificación de los valores de las pensiones públicas», estableciendo que las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas experimentarán en el año 2013 un incremento del 1 por ciento. Asimismo se determinan las pensiones que no se incrementan y la limitación del importe del incremento de las pensiones públicas. El Capítulo V recoge el sistema de complementos para mínimos, que regula en dos artículos, relativos, respectivamente, a pensiones de Clases Pasivas y pensiones del sistema de la Seguridad Social. El Capítulo VI contiene, de una parte, la determinación inicial e incremento de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y, de otra, la fijación de la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. VI El Título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura en tres Capítulos, relativos, respectivamente, a Deuda Pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial. El objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual el Estado y los Organismos Públicos puedan realizar operaciones de endeudamiento, materia que se regula en el Capítulo I, bajo la rúbrica «Deuda Pública». Estas autorizaciones genéricas se completan con la determinación de la información que han de suministrar los Organismos Públicos y el propio Gobierno sobre evolución de la Deuda Pública y las cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España y otras entidades financieras. En materia de Deuda del Estado, la autorización viene referida a la cuantía del incremento del saldo vivo de la Deuda del Estado a 31 de diciembre. Así, para el ejercicio del año 2013 se autoriza al Ministro de Economía y Competitividad para que incremente la misma, con la limitación de que el saldo vivo de dicha Deuda a 31 de diciembre del año 2013 no supere el correspondiente a 1 de enero de 2013 en más de 71.020.759,50 miles de euros, permitiendo que dicho límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio previa autorización del Ministerio de Economía y Competitividad y estableciendo los supuestos en que quedará automáticamente revisado. Respecto de la Deuda de los Organismos Públicos, se determina el importe autorizado a cada uno de ellos para el ejercicio en el Anexo III de la Ley. En el Capítulo II, relativo a los «Avales Públicos y Otras Garantías» se fija el límite total de los avales a prestar por el Estado y los Organismos Públicos, que no podrá exceder de 161.043.560 miles de euros. En este marco, cabe destacar que se reservan 65.000.000 miles de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones que realice la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria y 92.543.560 miles de euros para garantizar las obligaciones económicas exigibles a la sociedad «Facilidad Europea de Estabilización Financiera». Asimismo, merece especial mención la autorización de avales públicos para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulización de Activos, orientados a mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial, para lo cual se establece una cuantía de 3.000.000 miles de euros. En relación con los avales a prestar por las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, la autorización se circunscribe a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que podrá otorgarlos a las sociedades mercantiles en cuyo capital participe hasta un límite máximo de 1.210.000 miles de euros. Las relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial están recogidas en el Capítulo III, que aborda, en primer lugar, la dotación del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), dotación que en 2013 ascenderá a 245.230 miles de euros. Con independencia de esta dotación anual, se fija también el volumen de las operaciones que el Consejo de Ministros puede autorizar durante el ejercicio con cargo a dicho Fondo, que en el presente ejercicio queda establecido en 385.000 miles de euros. También se establece la dotación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que ascenderá en el año 2013 a 5.000 miles de euros, y se fija en 199.480 miles de euros la dotación para el Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM). Finalmente, se regulan los reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial y se establece, para 2013, la prohibición de realizar operaciones de adquisición de acciones y participaciones de Organismos Financieros Multilaterales o de aportaciones a fondos constituidos en los mismos con impacto en el déficit público. VII En el ámbito tributario la Ley de Presupuestos incorpora diversas medidas, la gran mayoría de las cuales son las que habitualmente recoge esta norma, medidas que inciden en las principales figuras del sistema tributario. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, se incluye la actualización de los coeficientes correctores del valor de adquisición al 1 por ciento. Además, se regula la compensación por la pérdida de beneficios fiscales que afecta a determinados contribuyentes con la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2012 respecto a los establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente hasta 31 de diciembre de 2006. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, las medidas incluidas son la actualización, también al 1 por ciento, de los coeficientes aplicables a los activos inmobiliarios en los supuestos de transmisión, y la regulación de la forma de determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2013. En el Impuesto sobre el Valor Añadido se introducen varias modificaciones de carácter técnico, básicamente como consecuencia de la necesaria adaptación del ordenamiento interno a la normativa y jurisprudencia comunitarias. En el Impuesto sobre Hidrocarburos, el gas licuado de petróleo destinado a usos distintos de los de carburante deja de tributar a tipo impositivo cero. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se procede a actualizar la escala que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobiliarios al 1 por ciento. Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carácter general, al 1 por ciento los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las tasas que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas en el año 2012. Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro. También se mantienen, con carácter general, para el ejercicio 2013, los tipos y cuantías fijas establecidas para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los importes exigibles durante 2012. La tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por emisión de informes de auditoría de cuentas se incrementa con la finalidad de adecuarse al coste real de dichos servicios. La tasa general de operadores, cuyo importe se fija en el 1 por mil de los ingresos brutos de explotación del operador, no sufre variación. También se mantiene con carácter general la cuantificación de los parámetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. De igual modo, se mantienen para el año 2013 las cuantías de la tasa de aproximación exigibles en 2012. Se establecen las bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, así como los coeficientes correctores de aplicación a las mencionadas tasas del buque, del pasaje y de la mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. A su vez, se mantienen las cuantías básicas de las tasas portuarias establecidas en el citado Texto Refundido, sin perjuicio del régimen de actualización propio establecido en dicha norma para la tasa de ocupación y la tasa de actividad. Por último, se lleva a cabo la actualización de determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público de Aena Aeropuertos, S.A. VIII El Título VII se estructura en dos Capítulos, dedicados, respectivamente, a Entidades Locales y Comunidades Autónomas. Dentro del Capítulo I se contienen normas relativas a la financiación de las Entidades Locales, englobando en el mismo a los municipios, provincias, cabildos y consejos insulares, así como Comunidades Autónomas uniprovinciales. El núcleo fundamental está constituido por la articulación de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, tanto en la determinación de su cuantía, como en la forma de hacerla efectiva. Cabe destacar como instrumento la participación, mediante cesión, en la recaudación de determinados impuestos como el IRPF, IVA y los impuestos especiales sobre fabricación de alcoholes, sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco; la participación a través del Fondo Complementario de Financiación con atención específica a las compensaciones a las entidades locales por pérdidas de recaudación en el Impuesto sobre Actividades Económicas, que incluye tanto la inicialmente establecida por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, como la compensación adicional instrumentada a través de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, así como a la participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas insulares no provinciales, y Consejos y Cabildos insulares. Por su parte, en relación con la liquidación de 2011, a practicar en 2013, se volverán a aplicar los mismos criterios de reintegros que se aplicaron hasta la liquidación del año 2007. Finalmente, se recoge la regulación de los regímenes especiales de participación de Ceuta y Melilla, de las entidades locales de las Islas Canarias, así como el relativo a las entidades locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra. No obstante, esta regulación se completa con otras transferencias, constituidas por subvenciones por servicios de transporte colectivo urbano, compensación a los ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Igualmente, se regulan las obligaciones de información a suministrar por las Entidades Locales, las normas de gestión presupuestaria, el otorgamiento de anticipos a los ayuntamientos para cubrir los desfases que puedan ocasionarse en la gestión recaudatoria de los tributos locales y la articulación del procedimiento para dar cumplimiento a las compensaciones de deudas firmes contraídas con el Estado por las Entidades Locales. El Capítulo II regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. El sistema de financiación vigente en el año 2013 fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de 15 de julio de 2009 e incorporado al ordenamiento jurídico mediante la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la aprobación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Los recursos financieros que el sistema asigna para la cobertura de las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma están constituidos por el Fondo de Suficiencia Global, la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y la Capacidad Tributaria. El Presupuesto de gastos del Estado recoge el Fondo de Suficiencia Global y la Aportación del Estado al Fondo de Garantía. La recaudación de los tributos que el Estado les ha cedido total o parcialmente, sin embargo, por su naturaleza, no tiene reflejo en los Presupuestos Generales del Estado. Además, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autónomas y el desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 regula dos Fondos de Convergencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Por otra parte, en el año 2013 se practicará la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2011, regulándose en el indicado Capítulo los aspectos necesarios para su cuantificación. Se regula en el citado capítulo el régimen de transferencia en el año 2013 correspondiente al coste efectivo de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, así como el contenido mínimo de los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias. Por último, se recoge la regulación de los Fondos de Compensación Interterritorial, distinguiendo entre Fondo de Compensación y Fondo Complementario. Ambos Fondos tienen como destino la financiación de gastos de inversión por las Comunidades Autónomas. No obstante, el Fondo Complementario puede destinarse a la financiación de gastos de puesta en marcha o funcionamiento de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado. IX La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en el Título VIII, bajo la rúbrica «Cotizaciones Sociales», la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a la actualización de estas últimas. El Título consta de dos artículos relativos, respectivamente, a «Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2013» y «Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2013». X El contenido de la Ley de Presupuestos se completa con diversas Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatorias y Finales, en las que se recogen preceptos de índole muy variada. Como normas complementarias en relación con la gestión presupuestaria, conviene destacar la relativa a la afectación de los ingresos generados de conformidad con los artículos 5 y 8 del Real Decreto 1207/2006 a la compensación a las Comunidades Autónomas por asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados en otros Estados y desplazados temporalmente a España. También se autoriza la incorporación de remanentes de tesorería del organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública, y se incluyen normas de ejecución presupuestaria del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. Y se prorroga en un año el plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia. Como en el ejercicio anterior, durante 2013 queda en suspenso la aplicación del mecanismo de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, conforme al cual se determinan las compensaciones por los extracostes de generación de los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares. Se establece asimismo, con miras a racionalizar su gasto, que la prestación de los servicios de certificación, firma y de administración electrónica que presta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado se instrumentará con vigencia durante el año 2013, a través de una encomienda general a realizar por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En materia de relaciones con Comunidades Autónomas, se prevé que la suscripción de convenios por parte del sector público estatal con Comunidades Autónomas que hubieran incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto para los ejercicios 2011, 2012 y 2013, exigirán informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre que supongan transferencia de recursos estatales o conlleven un compromiso de realización de gasto. Se incluyen disposiciones en materia de gestión presupuestaria relativas a los préstamos y anticipos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento, así como a los préstamos y anticipos con cargo a créditos de la política de investigación, desarrollo e innovación. Se establecen, también, las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, fijando un porcentaje de bonificación aplicable a los billetes de transporte del 50 por ciento en el caso de desplazamientos entre estas Comunidades y Ciudades Autónomas y el resto del territorio nacional, y del 25 por ciento en los viajes interinsulares. Por lo que se refiere al ámbito de los gastos de personal, se fijan en las adicionales de la Ley las limitaciones a las retribuciones a los cargos directivos y demás personal de las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados, y se determinan las plantillas máximas de Militares profesionales de tropa y marinería a alcanzar a 31 de diciembre del año 2013, que no podrán superar los 80.000 efectivos. Se establece también que la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar, en el año 2013, el límite máximo de 50 plazas. Asimismo, se establecen los módulos para la compensación económica por la actuación de Jueces de Paz y Secretarios de Juzgados de Paz. Con el firme objetivo de profundizar en el proceso de consolidación fiscal, y siguiendo el criterio establecido en años anteriores, se prevé que en el año 2013, las sociedades mercantiles públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público definido en el artículo 22, apartado Uno de la Ley de Presupuestos no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en los cuales podrán llevar a cabo contrataciones temporales. No obstante, se establece, como novedad tendente a potenciar la reactivación económica de las sociedades públicas con posibilidades de expansión, racionalizando al mismo tiempo las estructuras del sector público, que dicha prohibición no será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público o consorcios participados mayoritariamente por el sector público cuando se trate de contratación de personal funcionario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que se integre la sociedad, fundación o consorcio de que se trate. Asimismo, con el objeto de reducir el gasto público, queda suspendida la eficacia del art. 26.3 del Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio durante el ejercicio 2013, y se suspenden las previsiones de los convenios, pactos y acuerdos contrarios a la minoración de los gastos de acción social previstos en la Ley de Presupuestos. Por último, se introduce la previsión de que los límites retributivos fijados en el artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado serán también de aplicación a los contratos mercantiles del personal del sector público. En relación con las pensiones públicas y prestaciones asistenciales, y entre otras medidas, se establecen las cuantías de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo –incrementando el importe de las prestaciones previstas para los casos en que el hijo a cargo esté afectado por una discapacidad superior al 65 por ciento–, de las pensiones asistenciales y subsidios económicos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y pensiones asistenciales, así como la cuantía para el año 2013 de las ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.), y se fija la actualización de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a las personas de origen español desplazadas al extranjero durante la Guerra Civil. Asimismo se introducen normas relativas al incremento de las pensiones por gran invalidez del Régimen especial de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, respecto de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas y del Régimen Especial de Guerra, se incorporan una serie de reglas tendentes a clarificar su régimen y dotarlo de mayor seguridad jurídica; así, profundizando en el proceso de armonización con el Régimen General de la Seguridad Social, se prevé que los efectos económicos de las solicitudes de prestaciones que se presenten se retrotraerán, como máximo, tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, y, de otra parte, se incluye expresa referencia a que el plazo de prescripción, tanto del derecho de la Administración a solicitar el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, como para el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la aplicación de este régimen, será de cuatro años, en consonancia con la normativa tributaria y de Seguridad Social. En esta misma línea, se incorpora una disposición tendente a regularizar los encuadramientos indebidos que hayan podido producirse respecto de personal que presta sus servicios en el sector público; con esta regla se pretende evitar que en el momento de la jubilación o fallecimiento el funcionario, o quienes puedan resultar beneficiarios de las prestaciones, vean perjudicado su derecho al no reconocérsele éstas o producirse una minoración en su importe como consecuencia del indebido encuadramiento, y, complementariamente, se asegura el reconocimiento de las cotizaciones efectuadas durante el tiempo de encuadramiento indebido. Además, se cierra definitivamente el 31 de diciembre de 2013 el plazo de presentación de solicitudes de las indemnizaciones por tiempo de prisión y a favor de ex presos sociales establecidas en la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1990, y en la disposición adicional decimoctava de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Y, de otra parte, se prevé que a partir de 1 de enero de 2013 y con vigencia indefinida, no se efectuarán nuevos reconocimientos de pensiones en favor de huérfanos mayores de veintiún años no incapacitados en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Las normas de índole económica se refieren, en primer lugar, al interés legal del dinero, que queda establecido para el año 2013 en un 4 por ciento, y al interés de demora, que se fija en un 5 por ciento. En relación con el Seguro de Crédito a la Exportación, se establece el límite máximo de cobertura para nueva contratación que puede asegurar y distribuir CESCE en el ejercicio 2013 en 9.000.000 miles de euros, excluida la modalidad de Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones (PAGEX), Póliza 100 y Póliza Master. Por lo que se refiere al fomento de la inversión exterior, se establece una dotación para el Fondo de Inversiones en el Exterior de 15.000 miles de euros y una dotación al Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de 5.000 miles de euros. El importe total máximo de las operaciones que pueden aprobar los respectivos Comités Ejecutivos, se fija en 300.000 miles de euros para el primero y en 35.000 miles de euros para el segundo. Se regula la participación de las empresas españolas en los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto y se recogen los preceptos relativos a la Garantía del Estado para obras de interés cultural cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De otra parte, tiene su oportuno reflejo en las disposiciones adicionales de la Ley el apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, con una doble manifestación; de una parte, la concesión de ayudas reembolsables para la financiación de actuaciones concertadas; y de otra, a través del establecimiento de las normas relativas a la instrumentación de las medidas del apoyo financiero a las actuaciones en Parques Científicos y Tecnológicos y a las empresas de base tecnológica. Igualmente se reglamenta el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas con una dotación de 56.170,75 miles de euros a la línea de financiación prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley 2/2004, y a los jóvenes emprendedores, dónde se prevé una aportación de 20.000 miles de euros la línea de financiación creada en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 39/2010. Además, se crea una línea de financiación destinada a favorecer la puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por emprendedores y PYMEs del sector de las TIC, apoyo que se instrumentará a través de la concesión de préstamos participativos. Se aprueba una dotación de 5.000 miles de euros al Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven a cabo dicha actividad. Asimismo, se incorporan normas sobre los pagos correspondientes a la financiación de actuaciones recogidas en el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y se prevé la extinción del Fondo de Apoyo a la República Helénica. En materia tributaria, se establecen las actividades y programas prioritarios de mecenazgo y se regulan las bonificaciones por apertura de rutas aéreas a nuevos destinos en las prestaciones patrimoniales públicas de AENA Aeropuertos, S.A. y los beneficios fiscales aplicables a la celebración de la «3ª Edición de la Barcelona World Race» y al Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos «Río de Janeiro 2016». Además, se fija el porcentaje sobre el rendimiento de la tasa de reserva de dominio público radioeléctrico a percibir por la Corporación RTVE, se recogen las disposiciones relativas a la asignación de cantidades a fines de interés social y a financiación de la Iglesia católica, y se regula la actualización de los límites máximos de la cuantía de aportación mensual de los usuarios en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud. Respecto de la financiación de los Entes Territoriales quedan fijados los criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado a que se refiere el Capítulo I del Título VII de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se prevé también que el importe de los gastos por la asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas, así como los relativos a la asistencia sanitaria cubierta por el Fondo de Garantía Asistencial se satisfaga mediante compensación de los saldos positivos o negativos, resultantes de su liquidación, relativos a cada Comunidad Autónoma. Finalmente, en relación con las cotizaciones sociales, resulta oportuno destacar que se incluye la regulación de la aportación financiera que el Servicio Público de Empleo Estatal realiza a la financiación del IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias y al Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Además, se mantiene, en los mismos términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, la reducción del 50 por ciento en la cotización empresarial en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional. Asimismo se recogen normas sobre el pago de las deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad corresponda a las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro. Por lo que respecta al Servicio Público de Empleo Estatal, se contemplan las reglas relativas a la gestión por parte de éste de las acciones, medidas y programas previstos en la letra h) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. De otra parte, se prevé la aplicación de los fondos provenientes de la cuota de formación profesional a la financiación de la formación profesional para el desempleo, con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Se determina el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2013, que queda fijado en los mismos términos que para el ejercicio 2012. Por último se establece que durante 2013 no se crearán Agencias Estatales y se declaran de interés general varias infraestructuras rurales en Teruel. A continuación se recogen una serie de Disposiciones transitorias entre las que destacamos las relativas al régimen transitorio aplicable a las pensiones de orfandad de Clases Pasivas, reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984; al reintegro de beneficios en la cotización no deducidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para 2013; a la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal; a los complementos personales y transitorios; a la compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2012; y a los complementos para mínimos en pensiones de Clases Pasivas. Se incluyen igualmente, cuatro disposiciones derogatorias, que se refieren a la disposición final segunda del Real Decreto-Ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de Apoyo a la República Helénica; a la disposición adicional trigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social; a la disposición adicional octogésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012; y a diversas disposiciones en materia de subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La Ley se cierra con un conjunto de Disposiciones finales, en las que se recogen las modificaciones realizadas a varias normas legales. Entre ellas, merecen citarse el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril; el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España; la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria; la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea; la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007; la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida; el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la Ley Orgánica 6/2011, 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando; el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa; el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre; el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre; y el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Del contenido de estas Disposiciones finales pueden destacarse algunas de las establecidas en el ámbito tributario. Así, en materia de tributos locales, se amplía el plazo para la asunción por los Ayuntamientos de la competencia para determinar la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el fin de facilitar la asunción gradual de dicha competencia. Como consecuencia del incremento del abuso de derecho que se viene detectando en el uso de las franquicias aduaneras y las exenciones fiscales relativas a las labores de tabaco previstas en el régimen de viajeros por las personas que entran en el resto del territorio español procedentes de Gibraltar, se considera necesario reducir las cantidades de cigarrillos establecidas en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, que los residentes fronterizos y los trabajadores fronterizos con Gibraltar puedan introducir con beneficios aduaneros y fiscales en el resto del territorio español cuando procedan de Gibraltar, fijándose una cantidad que cubre más que satisfactoriamente el posible consumo diario que pudieran tener. Se mantiene o reduce el importe de determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público a percibir por AENA Aeropuertos, S.A. La Ley finaliza con la tradicional disposición relativa a la gestión de créditos presupuestarios en materia de Clases Pasivas, entrada en vigor y habilitación al Gobierno para llevar a cabo el desarrollo reglamentario que requiera. TÍTULO I De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones CAPÍTULO I Créditos iniciales y financiación de los mismos Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado. En los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio del año 2013 se integran: a) El presupuesto del Estado. b) Los presupuestos de los Organismos autónomos de la Administración General del Estado. c) El presupuesto de la Seguridad Social. d) Los presupuestos de las Agencias Estatales. e) Los presupuestos de los Organismos Públicos cuya normativa especifica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. f) Los presupuestos de las restantes entidades del sector público administrativo estatal. g) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. h) Los presupuestos de las Sociedades mercantiles estatales. i) Los presupuestos de las Fundaciones del sector público estatal. j) Los presupuestos de las Entidades públicas empresariales y restantes Organismos públicos de esta naturaleza. Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley. Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de los Entes mencionados en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo anterior, se aprueban créditos en los Capítulos económicos I a VIII por importe de 345.445.693,91 miles de euros, según la distribución por programas detallada en el anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los créditos de estos programas es la siguiente:   Miles de euros Justicia 1.542.847,29 Defensa 5.786.011,87 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 7.903.484,72 Política exterior 1.495.268,38 Pensiones 121.556.511,11 Otras prestaciones económicas 11.880.256,25 Servicios sociales y promoción social 2.844.993,57 Fomento del empleo 3.771.510,86 Desempleo 26.993.695,96 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 765.875,88 Gestión y administración de la Seguridad Social 4.436.298,79 Sanidad 3.855.771,11 Educación 1.944.852,76 Cultura 721.711,65 Agricultura, pesca y alimentación 7.661.865,98 Industria y energía 4.574.993,90 Comercio, turismo y PYMES 889.556,63 Subvenciones al transporte 1.180.030,35 Infraestructuras 5.965.819,49 Investigación, desarrollo e innovación 5.925.838,17 Otras actuaciones de carácter económico 901.304,57 Alta dirección 595.636,49 Servicios de carácter general 29.843.770,65 Administración financiera y tributaria 5.501.588,04 Transferencias a otras Administraciones Públicas 48.316.649,44 Deuda Pública 38.589.550,00 Dos. En los estados de ingresos de los Entes a que se refiere el aparado anterior, se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, expresado en miles de euros, se recoge a continuación: ENTES Capítulos económicos Capítulos I a VII Ingresos no financieros Capítulo VIII Activos financieros TOTAL INGRESOS Estado 126.615.865,34 1.519.810,00 128.135.675,34 Organismos autónomos 31.922.775,54 1.035.602,43 32.958.377,97 Seguridad Social 110.128.164,79 2.554.304,07 112.682.468,86 Agencias Estatales 291.490,23 193.578,57 485.068,80 Organismos del artículo 1.e) de la presente Ley 147.956,40 42.002,37 189.958,77 TOTAL 269.106.252,30 5.345.297,44 274.451.549,74 Tres. Para las transferencias internas entre los Entes a que se refiere el apartado Uno de este artículo, se aprueban créditos por importe de 34.022.288,36 miles de euros con el siguiente desglose por Entes: Miles de euros Transferencias según origen Transferencias según destino ESTADO Organismos Autónomos Seguridad Social Agencias Estatales Organismos del artículo 1.e) de la presente Ley TOTAL Estado — 12.547.493,05 15.557.292,60 632.554,78 1.202.843,04 29.940.183,47 Organismos autónomos 225.471,09 67.373,80 — 2.079,95 — 294.924,84 Agencias estatales 30.366,00 1.050,00 — — — 31.416,00 Seguridad Social 153.017,67 1.205,60 3.601.540,78 — — 3.755.764,05 Organismos del art. 1.e) de la presente Ley — — — — — — TOTAL 408.854,76 12.617.122,45 19.158.833,38 634.634,73 1.202.843,04 34.022.288,36 Cuatro. Los créditos incluidos en los programas y transferencias entre subsectores de los estados de gastos aprobados en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente, expresados en miles de euros, según se indica a continuación:   Capítulos económicos Entes Capítulos I a VII Gastos no financieros Capítulo VIII Activos financieros TOTAL GASTOS Estado 165.087.323,11 34.477.966,49 199.565.289,60 Organismos autónomos 45.541.687,00 11.228,59 45.552.915,59 Seguridad Social 129.404.468,70 2.436.803,04 131.841.271,74 Agencias estatales 1.114.990,62 712,91 1.115.703,53 Organismos del artículo 1.e) de la presente Ley 1.391.444,35 1.357,46 1.392.801,81 TOTAL 342.539.913,78 36.928.068,49 379.467.982,27 Cinco. Para la amortización de pasivos financieros, se aprueban créditos en el Capítulo IX de los estados de gastos de los Entes a que se refiere el apartado Uno, por importe de 62.588.224,30 miles de euros cuya distribución por programas se detalla en el Anexo I de esta Ley. Artículo 3. De los beneficios fiscales. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 38.986.370,00 miles de euros. Su ordenación sistemática se incorpora como anexo al estado de ingresos del Estado. Artículo 4. De la financiación de los créditos aprobados en el artículo 2 de la presente Ley. Los créditos aprobados en el apartado Uno del artículo 2 de esta Ley, que ascienden a 345.445.693,91 miles de euros se financiarán: a) Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y que se estiman en 274.451.549,74 miles de euros; y b) Con el endeudamiento neto resultante de las operaciones que se regulan en el Capítulo I del Título V de esta Ley. Artículo 5. De la cuenta de operaciones comerciales. Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones comerciales de los Organismos autónomos que, a la entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se encontraban incluidos en el apartado b) del artículo 4.1 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, así como las del Organismo público Instituto Cervantes. Artículo 6. De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 1 de esta Ley. Uno. Se aprueban los presupuestos de las restantes entidades del sector público administrativo estatal que se relacionan en el Anexo XII, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a las mismas y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación. Dos. Se aprueban los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria que se relacionan en el Anexo XIII, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los mismos y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación. Tres. Se aprueban los presupuestos de las Sociedades mercantiles estatales con mayoría de capital público, que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, presentado de forma individualizada o consolidados con el grupo de empresas al que pertenecen, relacionándose en este último caso las Sociedades objeto de presentación consolidada. Sin perjuicio de lo anterior, se incluyen, en cualquier caso, de forma separada los de las Sociedades mercantiles estatales que reciben subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Cuatro. Se aprueban los presupuestos de las Fundaciones del sector público estatal que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos que se relacionan en el Anexo XIV. Cinco. Se aprueban los presupuestos de las Entidades públicas empresariales y de los Organismos públicos que se especifican en el Anexo X, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los mismos y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación. Artículo 7. Presupuesto del Banco de España. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, se aprueba el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que se une a esta Ley. Artículo 8. Presupuesto de los Consorcios de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. De conformidad con la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se unen a esta Ley los presupuestos de explotación y capital de los Consorcios en los que el porcentaje de participación del Sector Público Estatal es igual o superior al de cada una de las restantes Administraciones Públicas consorciadas. CAPÍTULO II Normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios Artículo 9. Principios generales. Con vigencia exclusiva para el año 2013, las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán a las siguientes reglas: Primera. Las modificaciones de créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en esta Ley, y a lo que al efecto se dispone en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los extremos que no resulten modificados por aquella. Segunda. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en los artículos 43 y 44 de la Ley General Presupuestaria, todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u Órgano público a que se refiera así como el programa, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma. Artículo 10. Créditos vinculantes. Uno. Con vigencia exclusiva durante el año 2013, se considerarán vinculantes en el presupuesto del Estado, Organismos Autónomos, Agencias Estatales y otros Organismos Públicos los siguientes créditos: 1. Los créditos consignados para atender obligaciones de ejercicios anteriores, con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 2. Los créditos 162.00 «Formación y perfeccionamiento del personal» y 162.04 «Acción Social». Dos. Con vigencia exclusiva durante el año 2013, se considerarán vinculantes en el presupuesto del Estado, Organismos Autónomos y otros Organismos Públicos el crédito 221.09 «Labores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre». Tres. Con vigencia exclusiva durante el año 2013, se considerarán vinculantes los siguientes créditos: 1. El crédito 16.03.132A.221.10 «A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes». 2. En el Presupuesto de la Sección 20 «Ministerio de Industria, Energía y Turismo» vincularán a nivel de capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas, y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el Capítulo 7 «Transferencias de capital», para el Servicio 12 «Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información», Programa 467G «Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información» y 467I «Innovación tecnológica de las telecomunicaciones». 3. En el presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», el crédito 23.18.456C.602 «Actuaciones de restauración forestal y medioambiental. RDL 25/2012». 4. El crédito 26.18.231A.227.11 «Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo». 5. En el presupuesto de la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad» vincularán a nivel de capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el Capítulo 7 «Transferencias de capital», para los siguientes servicios y programas: Servicio 13 «Dirección General de Investigación Científica y Técnica», programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica», Servicio 14 «Dirección General de Innovación y Competitividad», programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica» y programa 467C «Investigación y desarrollo tecnológico-industrial». Artículo 11. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias. Uno. Con vigencia exclusiva para el año 2013, corresponden al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias: 1. Autorizar las transferencias que afecten a los créditos contemplados en el artículo 10.Uno.1 de la presente Ley, cuando su nivel de vinculación sea distinto del establecido con carácter general para los capítulos en los que estén consignados y los contemplados en el artículo 10.Dos de la presente Ley. En el presupuesto de la Seguridad Social dicha autorización corresponderá a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, salvo en los presupuestos de INGESA y del IMSERSO que corresponderá a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al crédito 26.18.231A.227.11 «Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo», cuando se destinen a otros Departamentos ministeriales. 3. Autorizar las generaciones de crédito que impliquen la creación de conceptos nuevos en los Capítulos 4 «Transferencias corrientes» y 7 «Transferencias de capital» o para el resto de capítulos cuando no se encuentren previamente contemplados en los códigos que definen la clasificación económica. 4. Autorizar las transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para la distribución de los créditos del Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica, del Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas y el Fondo Internacional para la Investigación Científica y Técnica. 5. Autorizar transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para hacer efectiva la redistribución, reasignación o movilidad de los efectivos de personal o de los puestos de trabajo, en los casos previstos en el Capítulo IV del Título III del Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como para hacer efectiva la movilidad forzosa del personal laboral de la Administración General del Estado de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. 6. Autorizar las modificaciones de crédito a realizar en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal que afecten a los créditos que se especifican en los apartados a), b), c), d) y e) del Anexo II. Segundo. Ocho. Dos. Con vigencia exclusiva para el año 2013, corresponde al Ministro de Defensa autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, motivadas por ingresos procedentes de ventas de productos farmacéuticos o de prestación de servicios hospitalarios, así como por ingresos procedentes de suministros de víveres, combustibles o prestaciones alimentarias debidamente autorizadas, y prestaciones de servicios a ejércitos de países integrados en la OTAN. Tres. Con vigencia exclusiva para el año 2013, corresponde al Ministro de Industria, Energía y Turismo autorizar en el presupuesto de su departamento las transferencias de crédito que afectan a las transferencias de capital entre subsectores, cuando estas sean consecuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias publicas y se financien desde los Programas 467G «Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información» y 467I «Innovación tecnológica de las comunicaciones». Cuatro. Con vigencia exclusiva para el año 2013, corresponde a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, como consecuencia de los ingresos a que se refiere la disposición adicional vigésima segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Al objeto de reflejar las repercusiones que en el Presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria hubieran de tener las transferencias del Estado a la Seguridad Social, por la generación de crédito que se hubiera producido como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá autorizar las ampliaciones de crédito que fueran necesarias en el Presupuesto de gastos de dicha Entidad. En todo caso, una vez autorizadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere el párrafo anterior, se remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General de Presupuestos, para su conocimiento. Cinco. Con vigencia exclusiva para el año 2013 corresponden al Ministro de Economía y Competitividad las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias: 1. Autorizar generaciones de crédito en las aplicaciones 27.13.463B.740, 27.13.463B.750, 27.13.463B.760, 27.13.463B.770 y 27.13.463B.780 por los ingresos que se deriven de la devolución de las ayudas reembolsables contempladas en la disposición adicional cuadragésima primera de esta Ley, relativa a las ayudas reembolsables con fines de investigación científica y desarrollo tecnológico. 2. Autorizar en el presupuesto de su Departamento las transferencias de crédito que afecten a las transferencias corrientes y de capital entre subsectores, cuando estas sean consecuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias públicas y se financien desde los Programas de investigación 463B «Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica» y 467C «Investigación y desarrollo tecnológico-industrial». Seis. Con vigencia exclusiva para el año 2013, en el caso de modificaciones de crédito en el presupuesto de los organismos públicos del apartado e) del artículo 1 de la presente Ley cuya financiación se realice con cargo al presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado. Siete. De todas las transferencias a que se refiere este artículo, se remitirán trimestralmente información a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado, identificando las partidas afectadas, su importe y finalidad de las mismas. Artículo 12. De las limitaciones presupuestarias. Uno. La limitación para realizar transferencias de crédito desde operaciones de capital a corrientes, a que se refiere el artículo 52.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no será de aplicación para las siguientes transferencias: a) Las que sean necesarias para atender obligaciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia declaradas por normas con rango de Ley. b) Las que sean necesarias para distribuir los créditos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, del Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas y del Fondo Internacional para la Investigación Científica y Técnica. c) Las que resulten procedentes en el presupuesto del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para posibilitar el ingreso en el Estado de fondos destinados a atender necesidades operativas y de inversión de las Fuerzas Armadas. Dos. Las limitaciones contenidas en el artículo 52.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no serán de aplicación cuando las transferencias se efectúen en uso de la autorización contenida en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 11.Uno de la presente Ley. Tres. Con vigencia exclusiva para el año 2013, las generaciones de crédito que supongan incrementos de los créditos para incentivos al rendimiento y cuya autorización no sea competencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, requerirán informe favorable previo de dicho Departamento. Cuatro. Con vigencia exclusiva para el año 2013, no serán de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de la financiación de las ampliaciones de crédito que se realicen en la aplicación presupuestaria 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores» y en la aplicación presupuestaria 27.04.923O.355 «Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro», cuando sean consecuencia de las medidas financieras contenidas en el Real Decreto-Ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, en el artículo único del Real Decreto-Ley 9/2010, de 28 de mayo, por el que se autoriza a la Administración General del Estado al otorgamiento de avales a determinadas operaciones de financiación en el marco del mecanismo europeo de estabilización financiera, en el apartado Dos.b) del artículo 49 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en el apartado Dos.b) del artículo 52 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y en el apartado Dos.b) del artículo 52 de esta Ley. Cinco. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado las operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado realizadas en dicho período de tiempo, a los efectos de informar del cumplimiento de lo previsto en este artículo. Artículo 13. De las ampliaciones e incorporaciones de crédito. Uno. A efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tendrán la condición de ampliables los créditos que se relacionan en el Anexo II. Dos. A efectos de lo dispuesto en el artículo 58.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, podrán incorporarse a los créditos del ejercicio 2013 los remanentes que se recogen en el Anexo VII de esta Ley. Artículo 14. Imputaciones de crédito. Con vigencia exclusiva para el año 2013, podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia sin que sea de aplicación el procedimiento de imputación establecido en el artículo 34.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo podrán atenderse con cargo a créditos del presente presupuesto obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, en los casos en que figure dotado un crédito específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado en el ejercicio de procedencia. CAPÍTULO III De la Seguridad Social Artículo 15. De la Seguridad Social. Uno. La financiación de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, se efectuará con dos aportaciones finalistas del Estado, una para operaciones corrientes, por un importe de 205.352,63 miles de euros y otra para operaciones de capital, por un importe de 11.191,18 de euros y con cualquier otro ingreso afectado a aquella entidad, por importe estimado de 1.072,46 miles de euros. Dos. El Estado aporta al sistema de la Seguridad Social 7.895.330,00 miles de euros para atender a la financiación de los complementos para mínimos de las pensiones de dicho sistema. Tres. El Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se financiará en el ejercicio del año 2013 con aportaciones del Estado para operaciones corrientes por un importe de 4.991.181,09 miles de euros y para operaciones de capital por un importe de 7.625,25 miles de euros, así como por cualquier otro ingreso afectado a los servicios prestados por la Entidad, por un importe estimado de 56.860,19 miles de euros. Cuatro. La asistencia sanitaria no contributiva del Instituto Social de la Marina se financia con una aportación finalista del Estado de 3.323,39 miles de euros. Asimismo, se financiarán por aportación del Estado los servicios sociales de dicho Instituto, a través de una transferencia corriente por un importe de 13.004,44 miles de euros y de una transferencia para operaciones de capital por valor de 1.200,00 miles de euros. CAPÍTULO IV Información a las Cortes Generales Artículo 16. Información a las Cortes Generales en materia de inversión y gasto público. El Gobierno remitirá semestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado información del grado de ejecución de la inversión, en su caso, con el detalle de la distribución territorial del Estado y de sus Organismos Autónomos. TÍTULO II De la gestión presupuestaria CAPÍTULO I De la gestión de los presupuestos docentes Artículo 17. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados. Uno. De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 117 y de la disposición adicional vigesimoséptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2013 es el fijado en el Anexo IV de esta Ley. A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 116.1 en relación con el 15.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las unidades que se concierten en las enseñanzas de Educación Infantil, se financiarán conforme a los módulos económicos establecidos en el Anexo IV de esta Ley. Los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior se financiarán con arreglo a los módulos económicos establecidos en el Anexo IV de la presente Ley. En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formación profesional que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado. La financiación de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) correspondiente a los ciclos formativos de grado medio y superior, en lo relativo a la participación de las empresas en el desarrollo de las prácticas de los alumnos, se realizará en términos análogos a los establecidos para los centros públicos. Las unidades concertadas de Programas de Cualificación Profesional Inicial se financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo IV de la presente Ley, si bien los conciertos de los Programas de Cualificación Profesional Inicial tendrán carácter singular. Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachillerato, se financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo IV de esta Ley. Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de competencias educativas, podrán adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo IV a las exigencias derivadas del currículo establecido por cada una de las enseñanzas, siempre que ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos en ninguna de las cantidades en que se diferencian, fijadas en la presente Ley. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2013, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos Convenios Colectivos de Empresas de Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados Convenios Colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2013. El componente del módulo destinado a «Otros Gastos» surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2013. Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los «Gastos Variables» se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos. La cuantía correspondiente a «Otros Gastos» se abonará mensualmente pudiendo los centros justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro. En los ciclos formativos de grado medio y superior cuya duración sea de 1.300 o 1.400 horas, las Administraciones educativas podrán establecer el abono de la partida de otros gastos del segundo curso, fijada en el módulo contemplado en el Anexo IV, de forma conjunta con la correspondiente al primer curso; sin que ello suponga en ningún caso un incremento de la cuantía global resultante. Dos. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria que tengan concertadas. En el ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, las Administraciones educativas podrán incrementar la financiación de los servicios de orientación educativa. Tres. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán fijar las relaciones profesor/unidad concertada, adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales. La Administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo IV. Asimismo, la Administración no asumirá los incrementos retributivos, fijados en Convenio Colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido para el profesorado de la enseñanza pública en los distintos niveles de enseñanza salvo que, en aras a la consecución de la equiparación gradual a que hace referencia el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se produzca su reconocimiento expreso por la Administración y la consiguiente consignación presupuestaria. Cuatro. Las Administraciones educativas podrán, en el ámbito de sus competencias, incrementar las relaciones profesor/unidad de los centros concertados, en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayan venido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momento incluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equipos docentes. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en los centros concertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos. Cinco. A los centros concertados se les dotará de las compensaciones económicas y profesionales para el ejercicio de la función directiva a que hace referencia el artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Seis. Las cantidades máximas a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación: a) Ciclos formativos de grado superior: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. b) Bachillerato: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros Gastos». Los centros que en el año 2012 estuvieran autorizados para percibir cuotas superiores a las señaladas podrán mantenerlas para el ejercicio 2013. La cantidad abonada por la Administración, no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente al componente de «Otros Gastos» de los módulos económicos establecidos en el Anexo IV de la presente Ley, pudiendo las Administraciones educativas competentes establecer la regulación necesaria al respecto. Siete. Financiación de la enseñanza concertada en las Ciudades de Ceuta y Melilla: al objeto de dotar a los centros de los equipos directivos en los términos establecidos en el artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de proceder al aumento de la dotación de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la misma Ley, sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 16 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria, el importe del módulo económico por unidad escolar para el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla será el que se establece en el Anexo V de la presente Ley. Ocho. Lo establecido en este artículo será plenamente aplicable a la financiación de todos los centros concertados incluidos los de educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo, y ello, con independencia del modelo de agrupamiento de alumnos que realicen los centros docentes en el ejercicio de sus competencias. Artículo 18. Autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y con sujeción a lo establecido en el Título III de esta ley, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado) y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral fijo) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el año 2013 y por los importes consignados en el Anexo VI de esta Ley. CAPÍTULO II De la gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios Sociales Artículo 19. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas autorizar respecto de los presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales las siguientes modificaciones presupuestarias: 1) Las transferencias de crédito que afecten a gastos de personal o a los demás créditos presupuestarios que enumera el apartado Dos del artículo 44 de la Ley General Presupuestaria. 2) Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58 de la Ley General Presupuestaria. Artículo 20. Aplicación de remanentes de tesorería en el Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Los remanentes de tesorería, a favor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, existentes en la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de cada año se podrán destinar a financiar el presupuesto de gasto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Así mismo, podrán ser utilizados para financiar posibles modificaciones en el ejercicio siguiente al que se produzcan. CAPÍTULO III Otras normas de gestión presupuestaria Artículo 21. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Uno. El porcentaje de participación en la recaudación bruta obtenida en el 2013 derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria será del 5 por 100. Dos. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del punto Cinco.b) del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, la variación de recursos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria derivada de la indicada participación, se instrumentará a través de una generación de crédito que será autorizada por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya cuantía será la resultante de aplicar el porcentaje señalado en el punto anterior. Tres. La recaudación derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aplicada al Presupuesto de Ingresos del Estado en el mes de diciembre de 2012 podrá generar crédito en el mismo concepto, o equivalente, del Presupuesto del Estado para 2013, en el porcentaje establecido en el apartado Uno de este artículo, según el procedimiento previsto en la Orden de 4 de marzo de 1993, que desarrolla el artículo 97 de la Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1993. TÍTULO III De los gastos de personal CAPÍTULO I De los gastos del personal al servicio del sector público Artículo 22. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su competencia. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las Universidades de su competencia. c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. d) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social. e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la Constitución. f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico y local. h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público. i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Dos. En el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las menciones de esta Ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 2/2002, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Tres. Durante el ejercicio 2013, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2013, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo. Se exceptúan, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto en los términos de la disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2013, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación: Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo Euros Trienios Euros A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 6.581,64 161,64 2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2013, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación: Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo Euros Trienios Euros A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 548,47 13,47 Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007. Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007. Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007. Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007. Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. Diez. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 23. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de esta Ley, a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional décima octava. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 10 por ciento: A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud. C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, y en el ámbito de la Administración Local a las correspondientes al personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas. En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, los respectivos Plenos de las Entidades locales deberán aprobar un plan económico financiero en el que se incluya la medida a la que se refiere la presente norma y se ponga de manifiesto que, igualmente, se da cumplimiento al citado principio de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas. D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar. E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social. F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico, la gestión y el control de la asignación eficiente de los recursos públicos. G) A la Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado. H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios. I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. J) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen. K) A la Agencia Estatal de Seguridad Aérea respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo, siempre que se acredite, con carácter previo, que no ha resultado posible la cobertura de las plazas objeto de oferta por empleados públicos con una relación preexistente de carácter fijo e indefinido en el Sector Público Estatal. Esta excepción será también de aplicación a las plazas de los cuerpos de personal investigador de las Universidades, siempre que por parte de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dos. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Tres. La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado Uno.2 de este artículo que corresponda a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pudiendo, al efecto, proponerse la acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición correspondiente a cada sector, en aquellos Cuerpos o Escalas cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal. Durante 2013 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas. Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías de Estado podrán autorizar a las entidades públicas empresariales y entes públicos a contratar a personal funcionario o laboral fijo procedente del sector público estatal. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado Dos de este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cinco. Durante el año 2013 se amortizará en Departamentos, Organismos autónomos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal, un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el caso de personal funcionario las plazas amortizadas serán del mismo Grupo y Subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación, conforme a la clasificación prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y área funcional o categoría equivalente. Se habilita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a establecer los términos y el alcance de esta amortización. Seis. Los apartados Uno y Dos de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. CAPÍTULO II De los regímenes retributivos Artículo 24. Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración General del Estado y otro personal directivo. Uno. En el año 2013 las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos Consultivos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, quedando, por lo tanto, establecidas en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias, y sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente:   Euros Presidente del Gobierno 78.185,04 Vicepresidente del Gobierno 73.486,32 Ministro del Gobierno 68.981,88 Presidente del Consejo de Estado 77.808,96 Presidente del Consejo Económico y Social 85.004,28 Dos. En el año 2013 las retribuciones de los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio quedando, por lo tanto, establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino, referidas a doce mensualidades, y complemento específico anual que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.Dos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008.   Secretario de Estado y asimilados (Euros) Subsecretario y asimilados (Euros) Director General y asimilados (Euros) Sueldo 12.990,72 13.054,68 13.117,44 Complemento de destino 21.115,92 17.080,44 13.814,76 Complemento específico 32.948,67 29.316,27 23.900,13 Las pagas extraordinarias de los meses de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que se recoge en el cuadro siguiente:   Secretario de Estado y asimilados (Euros) Subsecretario y asimilados (Euros) Director General y asimilados (Euros) Sueldo 655,84 703,38 751,45 Dichos Altos Cargos percibirán el complemento de productividad que, en su caso, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.Uno.E de la presente Ley, les asigne el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía destinada a los Altos Cargos no experimentará incremento, en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos, en relación con la asignada a 31 de diciembre de 2012, y sin perjuicio de que las cantidades individuales que se abonen puedan ser diferentes de acuerdo con la normativa reguladora de este complemento. Tres. En 2013 no experimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012 las retribuciones de los siguientes cargos: los Presidentes de las Agencias estatales; los Presidentes y Vicepresidentes de las entidades públicas empresariales y demás entes públicos o, en su caso, los Directores Generales y Directores de los citados organismos, cuando les corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la fijación de dichas retribuciones, sin que puedan superarse los límites máximos previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades y en las órdenes dictadas en aplicación del mismo. Las retribuciones de los máximos responsables de las fundaciones del sector público estatal y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus Organismos se fijarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y en las órdenes dictadas en aplicación del mismo, sin que puedan experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012. A efectos de lo establecido en este apartado no se tendrá en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Cuatro. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados Dos y Tres de este artículo se percibirá, en catorce mensualidades, la retribución por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa vigente. Cinco. 1. En el año 2013 las retribuciones de los Consejeros Permanentes y del Secretario General del Consejo de Estado no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, quedando establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino referidas a doce mensualidades y de complemento específico anual que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26. Cuatro.1 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre.   Euros Sueldo 13.054,68 Complemento de Destino 22.817,28 Complemento Específico 35.521,60 Las pagas extraordinarias de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro anterior, la cuantía en concepto de sueldo que se recoge a continuación:   Euros Sueldo 703,38 2. El Presidente del Consejo de Estado podrá asignar complemento de productividad a los Consejeros Permanentes y Secretario General del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.Uno.E) de la presente Ley. La cuantía destinada a los citados cargos no experimentará incremento, en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos en relación con la asignada a 31 de diciembre de 2012. 3. Además dichos Altos Cargos, con el límite previsto en el número 1 de este mismo apartado, percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio Órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos. Artículo 25. Retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Uno. En el año 2013 continúan vigentes las retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. A tales efectos en el siguiente cuadro se reflejan, en términos anuales, las citadas cuantías: 1. Consejo General del Poder Judicial. 1.1 Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.448,38 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 103.704,24 € TOTAL 130.152,62 € 1.2 Vocal del Consejo General del Poder Judicial: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 28.004,20 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 84.245,40 € TOTAL 112.249,60 € 1.3 Secretario General del Consejo General del Poder Judicial: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.825,40 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 82.836,60 € TOTAL 109.662,00 € 2. Tribunal Constitucional. 2.1 Presidente del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.428,10 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 87.843,36 € TOTAL 129.271,46 € 2.2 Vicepresidente del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.428,10 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 80.437,68 € TOTAL 121.865,78 € 2.3 Presidente de Sección del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.428,10 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 74.764,80 € TOTAL 116.192,90 € 2.4 Magistrado del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.428,10 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 69.091,92 € TOTAL 110.520,02 € 2.5 Secretario General del Tribunal Constitucional: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 34.620,04 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 62.023,56 € TOTAL 96.643,60 € 3. Tribunal de Cuentas. 3.1 Presidente del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades) 112.578,34 € 3.2 Presidente de Sección del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades) 112.578,34 € 3.3 Consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades) 112.578,34 € 3.4 Secretario General del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades) 96.921,72 € Dos. Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en el apartado anterior dichos cargos percibirán, en su caso, con el limite previsto en el apartado anterior, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio Órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos. Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Uno. En el año 2013 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes: A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías reflejadas en el artículo 22.Cinco.1 de esta Ley. B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 22.Cinco.2 de esta Ley y del complemento de destino mensual que se perciba. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: Nivel Importe - Euros 30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28 9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00 En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada en la escala anterior podrá ser modificada, en los casos en que así proceda de acuerdo con la normativa vigente, sin que ello implique variación del nivel de complemento de destino asignado al puesto de trabajo. D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual no experimentará incremento respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.Siete de la presente Ley. El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente. Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías, y en todo caso la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984 y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicación del artículo 33.Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. E) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo. Cada Departamento ministerial determinará, dentro del crédito total disponible, que no experimentará ningún incremento, en términos anuales, respecto al establecido a 31 de diciembre de 2012, las cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas: 1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa. 2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal fin que no experimentarán aumento respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2012. Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. G) Se mantienen a título personal las retribuciones, en los importes vigentes a 31 de diciembre de 2012, del personal del grupo E/agrupaciones profesionales de la Ley 7/2007, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno.B).b) de la Ley 26/2009. Dos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las cuantías individuales de dichos incentivos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, especificando los criterios de concesión aplicados. Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el caso de los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado Uno de este artículo. Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado Uno de este artículo. Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos, al personal estatutario temporal y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera. Seis. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos y/o subgrupos de titulación inferior a aquél en que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivo, éstos seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos. Siete. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas en euros que corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extranjero, sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la normativa vigente. Artículo 27. Personal laboral del sector público estatal. Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarial del personal laboral del sector público estatal será la definida en su artículo 22.Cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para cada ejercicio presupuestario. Dos. Con efectos de 1 de enero de 2013 la masa salarial del personal laboral del sector público estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.Dos de la presente Ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Departamento ministerial, Organismo público, resto de entes públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional, previo el informe señalado en el apartado anterior. Tampoco experimentarán incremento alguno las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, no se tendrá en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Tres. Durante 2013 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizará la masa salarial de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como la de las fundaciones del sector público estatal y la de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral afectado. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2013. En el caso de las sociedades mercantiles estatales, la masa salarial, una vez autorizada, será remitida a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, presidida por quien acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Igualmente se remitirá a la Dirección General de la Función Pública, para su autorización previa, el reconocimiento de créditos horarios u otros derechos sindicales que puedan establecerse en relación con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio. Los acuerdos que hubieran sido adoptados con anterioridad, requerirán de dicha aprobación para su aplicación durante el ejercicio de 2013. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará, para las sociedades mercantiles estatales, para las fundaciones del sector público estatal y para los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización regulado en este apartado. Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2012. Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa específica, no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2012. Artículo 28. Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. Uno. En el año 2013 las retribuciones y otras remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado y de sus organismos públicos, no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, y sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de dedicación especial o de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada al personal citado no experimentará incremento respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2012 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. Dos. En el año 2013 las retribuciones a percibir por los militares profesionales contemplados en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, no incluidos en el apartado anterior, serán las siguientes: A) El sueldo y los trienios, excluidos éstos en los casos en que la normativa así lo prevea, que correspondan al grupo o subgrupo de equivalencia en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 22.Cinco.1. B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 22.Cinco.2 de esta Ley, en función del grupo o subgrupo en el que esté clasificado el empleo correspondiente, y el complemento de empleo mensual que se perciba. La valoración y devengo de los trienios, en su caso, y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa específica aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. C) Las retribuciones complementarias de carácter general, el componente singular del complemento específico y el complemento por incorporación, en su caso, no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 22. Siete de esta Ley. D) El complemento de dedicación especial, incluido el concepto de atención continuada, y la gratificación por servicios extraordinarios, cuyas cuantías serán determinadas por el Ministro de Defensa dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades; estos créditos no experimentarán incremento respecto a los establecidos a 31 de diciembre de 2012 en términos anuales. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá modificar la cuantía de los créditos destinados a atender la dedicación especial y la gratificación por servicios extraordinarios, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de dedicación especial o por gratificación por servicios extraordinarios originarán derechos individuales respecto de valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. E) El incentivo por años de servicio, cuyas cuantías y requisitos, para su percepción, serán fijadas por el Ministro de Defensa, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Tres. Cuando el Ministerio de Defensa haya suscrito conciertos con las Universidades para la utilización de las Instituciones sanitarias del Departamento según las bases establecidas para el régimen de los mismos en el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, el personal militar médico y sanitario que ocupe puestos de trabajo, en dichos centros, con la condición de plazas vinculadas percibirá, en el año 2013, las retribuciones básicas que le corresponda y, en concepto de retribuciones complementarias, los complementos de destino, específico y de productividad en las cuantías establecidas en aplicación de la base decimotercera.ocho, 4, 5 y 6.a) y b) del citado Real Decreto. Dicho personal podrá percibir, asimismo, la ayuda para vestuario, y el complemento de dedicación especial en concepto de atención continuada, según lo establecido en el apartado D) del número anterior, así como las pensiones por recompensas y las prestaciones familiares que pudieran corresponderles. Cuatro. Los miembros de las Fuerzas Armadas que ocupen puestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de trabajo del Ministerio o sus Organismos autónomos, percibirán en el año 2013 las retribuciones básicas correspondientes a su empleo militar y las complementarias asignadas al puesto que desempeñen, de acuerdo con las cuantías establecidas en la presente Ley para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de continuar percibiendo las pensiones y gratificaciones que sean consecuencia de recompensas militares así como la ayuda para vestuario en la misma cuantía y condiciones que el resto del personal de las Fuerzas Armadas. Lo dispuesto en el presente artículo debe entenderse sin perjuicio de la regulación específica que para determinados conceptos y personal de las Fuerzas Armadas se establece en la normativa vigente. Artículo 29. Retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Uno. En el año 2013 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para este fin. La cuantía de tales créditos destinada al personal citado no experimentará incremento respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2012 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. Dos. En el año 2013 las retribuciones a percibir por el personal del Cuerpo de la Guardia Civil no incluido en el apartado anterior serán las siguientes: A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 22.Cinco.1 de esta Ley. B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 22.Cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que corresponda al empleo que se ostente y el complemento de destino mensual que se perciba. La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 22.Siete de esta Ley. D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 26 de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos no experimentarán incremento respecto del asignado a 31 de diciembre de 2012, en términos anuales. Artículo 30. Retribuciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía. Uno. En el año 2013 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado y de sus organismos públicos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada a este personal no experimentará incremento respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2012 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. Dos. En el año 2013 las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía no incluidos en el apartado anterior serán las siguientes: A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia en que se halle clasificada, a efectos económicos, la categoría correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 22.Cinco.1 de esta Ley. B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 22.Cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que corresponda a la categoría que se ostente, y el complemento de destino mensual que se perciba. La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.Siete de esta Ley. D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el artículo 26 de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos no experimentarán incremento respecto de los asignados a 31 de diciembre de 2012, en términos anuales. Artículo 31. Retribuciones de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, de los del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Uno. En el año 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.Dos de esta Ley, las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal, que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, serán las siguientes: 1. El sueldo, a que se refieren los Anexos I y IV, respectivamente, de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, queda establecido para el año 2013, en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:   Euros Carrera Judicial – Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 23.937,24 Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 22.676,88 Presidente del Tribunal Superior Justicia 23.108,76 Magistrado 20.541,84 Juez 17.973,60 Carrera Fiscal – Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma 23.108,76 Fiscal 20.541,84 Abogado Fiscal 17.973,60 2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, corresponda. 3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía que se señala en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 4. Las retribuciones complementarias y las variables y especiales de los miembros de las carreras judicial y fiscal que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012 sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. El crédito total destinado a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de las carreras judicial y fiscal señaladas en el Capítulo III del Título I y en el Título II de la Ley 15/2003, no podrá exceder del 5 por ciento de la cuantía global de las retribuciones fijas de los miembros de las carreras judicial y fiscal, respectivamente. 5. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.2 de la precitada Ley 15/2003. Dos. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sean nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área creada donde exista una sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia, percibirán el complemento de destino por el criterio de grupo de población correspondiente a los Fiscales destinados en la Sede de la Fiscalía Provincial y el complemento de destino en concepto de representación, el complemento específico y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden al Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial. Los restantes Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área percibirán el complemento específico correspondiente al Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial. Los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial percibirán las retribuciones complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que hubieran correspondido a los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Audiencia Provincial, respectivamente. El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado percibirá las retribuciones complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden al Teniente Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado. Los Fiscales adscritos a Fiscales de Sala de la Fiscalía General del Estado y los Fiscales de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado percibirán en concepto de complemento específico el correspondiente a los Fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Los Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial percibirán, en concepto de complemento específico, el correspondiente a los Fiscales Coordinadores. Los Fiscales Decanos de secciones especializadas percibirán las retribuciones complementarias y paga extraordinaria correspondientes a los Fiscales Decanos de secciones territoriales. Los Fiscales de la categoría segunda, no coordinadores, de las Fiscalías de Comunidad Autónoma, incluidos los de las secciones territoriales de dichas fiscalías, percibirán el complemento de destino y la cuantía a incluir en la paga extraordinaria correspondientes a los Tenientes Fiscales de Fiscalía de Comunidad Autónoma, salvo en aquellas Comunidades Autónomas en que la Fiscalía no esté disgregada orgánicamente en Fiscalía de la Comunidad Autónoma y Fiscalía Provincial de la provincia donde tenga su sede. Tres. En el año 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.Dos de esta Ley, las retribuciones de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, serán las siguientes: 1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, les corresponda. a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales queda establecido para el año 2013 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:   Euros Secretarios Judiciales de primera categoría 17.973,60 Secretarios Judiciales de segunda categoría 17.083,44 Secretarios Judiciales de tercera categoría 15.872,16 b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia queda establecido para el año 2013 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:   Euros Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 15.406,20 Gestión Procesal y Administrativa 13.303,32 Tramitación Procesal y Administrativa 10.934,16 Auxilio Judicial 9.917,88 Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 13.303,32 Ayudantes Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 10.934,16 c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, en los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos para el año 2013, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:   Euros Cuerpo de Oficiales 532,56 Cuerpo de Auxiliares 410,52 Cuerpo de Agentes Judiciales 354,48 Cuerpo de Técnicos Especialistas 532,56 Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio 410,52 Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir 354,48 Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios con mas de 7.000 habitantes a extinguir 599,16 Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 1995 por el personal encuadrado en los Cuerpos de Médicos Forenses y Técnicos Facultativos, quedan establecidos para el año 2013 en 642,12 euros anuales, referidos a doce mensualidades. 2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía complementaria que se señala en el Anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 3.a) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales, cuando les resulte de aplicación el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, queda establecido para el año 2013 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:   Euros Puestos de tipo I 16.107,48 Puestos de tipo II 13.758,36 Puestos de tipo III 13.136,16 Puestos de tipo IV 13.036,92 Puestos de tipo V 9.427,20 Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios del párrafo anterior, no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, y sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 22.Siete de esta Ley. Los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales que ocupen puestos distintos de los señalados en el primer párrafo de este número 3.a) percibirán las retribuciones complementarias, variables y especiales establecidas en el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, que no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. 3.b) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a que se refiere el apartado Tres.1.b) de este mismo artículo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, queda establecido para el año 2013 en las cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades:   Tipo Subtipo Euros Gestión Procesal y Administrativa y Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses I A 3.982,92 I B 4.757,76 II A 3.667,20 II B 4.442,04 III A 3.509,40 III B 4.284,24 IV C 3.351,60 IV D 3.509,76 Tramitación Procesal y Administrativa y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses I A 3.456,96 I B 4.231,92 II A 3.141,48 II B 3.916,32 III A 2.983,56 III B 3.758,40 IV C 2.825,88 Auxilio judicial I A 2.715,48 I B 3.490,44 II A 2.399,76 II B 3.174,72 III A 2.241,96 III B 3.016,92 IV C 2.084,16 Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses I 18.808,32 II 18.565,68 III 18.322,92 Escala a extinguir de Gestión Procesal y Administrativa, procedentes del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Municipios de más de 7.000 habitantes 5.085,96 Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22. Siete de esta Ley. 4. En las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los números 3.a) y 3.b) anteriores, se entenderán incluidas las cantidades que, en cada caso, se reconocen, en concepto de paga adicional complementaria en el apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009 publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. Cuatro. En el año 2013 las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a los funcionarios a que se refiere el artículo 145.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, no experimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.Siete de esta Ley. Cinco. En el año 2013 las retribuciones de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refieren los números siguientes, no experimentarán variación respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Se percibirán según las cuantías que se reflejan a continuación para cada uno de ellos: 1. Las de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y del Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo) en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 27.518,12 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 82.261,44 € TOTAL 109.779,56 € Las de los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo), en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.069,96 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 80.853,00 € TOTAL 106.922,96 € 2. Las del Fiscal General del Estado, en la cuantía de 113.838,96 euros a percibir en doce mensualidades sin derecho a pagas extraordinarias. Las del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 27.518,12 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 82.261,44 € TOTAL 109.779,56 € Las del Fiscal Jefe Inspector, del Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y del Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.069,96 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 82.261,44 € TOTAL 108.331,40 € Las de los Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la criminalidad organizada y las de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo en las siguientes cuantías: Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.069,96 € Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 80.853,00 € TOTAL 106.922,96 € 3. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refieren los números anteriores de este apartado, a excepción del Fiscal General del Estado que se regula en el párrafo siguiente, percibirán 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que les corresponda. Asimismo, percibirán dos pagas al año por la cuantía que se detalla, para cada uno de los cargos, en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de este apartado, 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que le corresponda y las derivadas de la aplicación del artículo 32.Cuatro, número 3, párrafo segundo, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, en las cuantías previstas en el número 3, segundo párrafo, del artículo 32.Cinco.B), de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. 4. El sueldo y las retribuciones complementarias de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a los que se refieren los puntos 1 y 2 del presente apartado, serán las establecidas en los mismos y en el punto 3 del mismo apartado, quedando excluidos, a estos efectos, del ámbito de aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sin perjuicio del derecho al devengo de las retribuciones especiales que les correspondan en las cuantías previstas en el número 4 del artículo 32.Cinco.B) de la citada Ley 26/2009. Artículo 32. Retribuciones del personal estatutario y del personal de la Seguridad Social no estatutario. Uno. En el año 2013 las retribuciones del personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social, ya homologado con el resto del personal de la Administración General del Estado, serán las establecidas en el artículo 26 de esta Ley. Dos. En el año 2013 el personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino, en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.Uno.A), B) y C) de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, dos, de dicho Real Decreto-Ley y de que la cuantía anual del complemento de destino, fijado en la letra C) del citado artículo 26.Uno se satisfaga en catorce mensualidades. A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo 26.Uno.B) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 26.Uno.C). El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de atención continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal, no experimentará ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.Siete de esta Ley. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y disposición transitoria tercera del Real Decreto-Ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Tres. En el año 2013 las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario del ámbito de aplicación de este artículo no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. CAPÍTULO III Otras disposiciones en materia de régimen del personal activo Artículo 33. Prohibición de ingresos atípicos. Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción de aquéllos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado. Artículo 34. Recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación. Uno. En el año 2013 las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación, no experimentarán incremento respecto de las reconocidas a 31 de diciembre de 2012. Dos. La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar individual se regirán por su legislación especial. Tres. La Cruz a la Constancia y las diferentes categorías de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Artículo 35. Otras normas comunes. Uno. El personal contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos de Sanitarios Locales, así como el personal cuyas retribuciones en 2012 no correspondieran a las establecidas con carácter general en el Título III de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, y no les fueran de aplicación las establecidas expresamente en el mismo Título de la presente Ley, continuarán percibiendo, durante el año 2013, las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Dos. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, en los casos de adscripción durante el año 2013 de un funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho funcionario percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna asimilación de las retribuciones básicas que se autorice por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de los Departamentos ministeriales interesados. A los solos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo anterior, se podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen retributivo de origen del funcionario. Tres. Las indemnizaciones por razón del servicio seguirán percibiéndose en las cuantías vigentes en 2012. Artículo 36. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario. Uno. Durante el año 2013 será preciso informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de: a) La Administración General del Estado y sus Organismos autónomos. b) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social. c) Las Agencias estatales, de conformidad con su normativa específica. d) Las restantes entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes públicos, en las condiciones y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la Comisión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquéllas. Dos. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones: a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado Uno anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos. c) Aplicación del Convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado y de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos. d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante convenio colectivo, con excepción del personal temporal sujeto a la relación laboral de carácter especial regulada en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, se deberá facilitar información de las retribuciones de este último personal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se exceptúa, igualmente, la fijación de las retribuciones del personal al que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, que se atendrá a lo dispuesto en dicha norma. e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos. f) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior. Tres. El informe citado en el apartado Uno de este artículo afectará a todos los Organismos, Entidades y Agencias señalados en las letras a), b), c) y, para los del apartado d) en los términos en que se determine por la Comisión Interministerial de Retribuciones, y será emitido por el procedimiento y con el alcance previsto en los puntos siguientes: 1. Los organismos afectados remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el correspondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de los convenios colectivos o contratos individuales, acompañando la valoración de todos sus aspectos económicos. 2. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares, será evacuado en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2013 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley. Cuatro. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará y, en su caso, actualizará las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país. Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2013 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo. Artículo 37. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones. Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales y Entidades Gestoras de la Seguridad Social podrán formalizar durante el año 2013, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones. b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado. c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal. Dos. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en esta propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Tres. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Abogacía del Estado en el Departamento, organismo o entidad que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral. Cuatro. Los contratos regulados en el presente artículo serán objeto de fiscalización previa en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 a 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A estos efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados para la contratación de personal eventual si no existe crédito suficiente para ello en el concepto presupuestario destinado específicamente a dicha finalidad. En los Organismos autónomos del Estado con actividades industriales, comerciales, financieras o análogas, y en las entidades públicas empresariales, esta contratación requerirá informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no disponibilidad de crédito en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. En caso de disconformidad con el informe emitido, el organismo autónomo o la Entidad pública empresarial podrán elevar el expediente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su resolución. Artículo 38. Competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de costes del personal al servicio del sector público. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, adoptados en el ámbito de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos del sector público estatal requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones. TÍTULO IV De las pensiones públicas CAPÍTULO I Revalorización de pensiones Artículo 39. Revalorización de pensiones. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, experimentarán en 2013 con carácter general un incremento del 1 por ciento, en los términos que se indican en los artículos correspondientes de esta Ley. CAPÍTULO II Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las especiales de guerra Artículo 40. Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Uno. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las pensiones ordinarias y extraordinarias que, en propio favor o en el de sus familiares, cause el personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se relaciona a continuación agrupado de acuerdo con su legislación reguladora: 1. Personal al que se aplica el Título I del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril: a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con posterioridad a 31 de diciembre de 1984, se encuentre en cualquier situación administrativa y no haya sido declarado jubilado o retirado antes de dicha fecha. b) El personal que, a partir de 1 de enero de 1986, se encontrara como funcionario en prácticas y el que, a partir de 1 de enero 1985, fuera alumno de alguna Escuela o Academia Militar y hubiera sido promovido a Caballero Alférez Cadete, Alférez-alumno, Sargento-alumno o Guardiamarina. c) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con posterioridad a 31 de diciembre de 1985. 2. Personal al que se aplica la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones que se recogen en el Título II del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado: a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con anterioridad a 1 de enero de 1985, haya fallecido o haya sido declarado jubilado o retirado. b) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con anterioridad al 1 de enero de 1986. Dos. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado Uno.1 de este artículo, se tendrán en cuenta para 2013 los haberes reguladores que se indican a continuación: a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985: Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Haber regulador Euros/año A1 40.058,07 A2 31.526,72 B 27.606,75 C1 24.213,06 C2 19.156,55 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 16.332,48 b) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985: ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO Índice de proporcionalidad Haber regulador Euros/año 10 40.058,07 8 31.526,72 6 24.213,06 4 19.156,55 3 16.332,48 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Índice multiplicador Haber regulador Euros/año 4,75 40.058,07 4,50 40.058,07 4,00 40.058,07 3,50 40.058,07 3,25 40.058,07 3,00 40.058,07 2,50 40.058,07 2,25 31.526,72 2,00 27.606,76 1,50 19.156,55 1,25 16.332,48 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cuerpo Haber regulador Euros/año Secretario General 40.058,07 De Letrados 40.058,07 Gerente 40.058,07 CORTES GENERALES Cuerpo Haber regulador Euros/año De Letrados 40.058,07 De Archiveros-Bibliotecarios 40.058,07 De Asesores Facultativos 40.058,07 De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas 40.058,07 Técnico-Administrativo 40.058,07 Administrativo 24.213,06 De Ujieres 19.156,55 Tres. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado Uno.2 de este artículo, que surtan efectos económicos a partir de 1 de enero de 2013, se tendrán en cuenta las bases reguladoras que resulten de aplicar las siguientes reglas: a) Se tomará el importe que corresponda al causante por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, en función del cuerpo o de los índices multiplicador o de proporcionalidad y grado de carrera administrativa que tuviera asignado a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría al que perteneciese aquél, y que se recogen a continuación: ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO Índice de proporcionalidad Grado Grado especial Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo anual – Euros 10 (5,5) 8   26.853,95 10 (5,5) 7   26.115,90 10 (5,5) 6   25.377,91 10 (5,5) 3   23.163,80 10 5   22.786,95 10 4   22.048,96 10 3   21.310,95 10 2   20.572,87 10 1   19.834,84 8 6   19.162,05 8 5   18.571,75 8 4   17.981,42 8 3   17.391,08 8 2   16.800,78 8 1   16.210,43 6 5   14.597,97 6 4   14.155,36 6 3   13.712,82 6 2   13.270,17 6 1 (12 por 100) 14.313,78 6 1   12.827,55 4 3   10.801,79 4 2 (24 por 100) 12.889,21 4 2   10.506,65 4 1 (12 por 100) 11.403,85 4 1   10.211,48 3 3   9.326,61 3 2   9.105,27 3 1   8.883,97 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Índice multiplicador Importe por concepto de sueldo en cómputo anual – Euros 4,75 43.853,25 4,50 41.545,18 4,00 36.929,03 3,50 32.312,90 3,25 30.004,85 3,00 27.696,77 2,50 23.080,64 2,25 20.772,58 2,00 18.464,53 1,50 13.848,39 1,25 11.540,33 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cuerpo Importe por concepto de sueldo en cómputo anual – Euros Secretario General 41.545,18 De Letrados 36.929,03 Gerente 36.929,03 CORTES GENERALES Cuerpo Importe por concepto de sueldo en cómputo anual – Euros De Letrados 24.167,79 De Archiveros-Bibliotecarios 24.167,79 De Asesores Facultativos 24.167,79 De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas 22.193,61 Técnico-Administrativo 22.193,61 Administrativo 13.365,78 De Ujieres 10.572,48 b) A la cantidad resultante de lo establecido en la letra anterior, se sumará la cuantía que se obtenga de multiplicar el número de trienios acreditados por el valor unitario de cada trienio en función del cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría en los que hubiera prestado servicios el causante, atendiendo, en su caso, a los índices de proporcionalidad o multiplicadores asignados a los mismos en los cuadros siguientes: ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO Índice de proporcionalidad Valor unitario del trienio en cómputo anual – Euros 10 867,51 8 694,02 6 520,48 4 347,03 3 260,26 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Índice multiplicador Valor unitario del trienio en cómputo anual – Euros 3,50 1.615,63 3,25 1.500,25 3,00 1.384,84 2,50 1.154,01 2,25 1.040,05 2,00 923,24 1,50 692,42 1,25 577,03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cuerpo Valor unitario del trienio en cómputo anual – Euros Secretario General 1.615,63 De Letrados 1.615,63 Gerente 1.615,63 CORTES GENERALES Cuerpo Valor unitario del trienio en cómputo anual – Euros De Letrados 988,17 De Archiveros-Bibliotecarios 988,17 De Asesores Facultativos 988,17 De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas 988,17 Técnico-Administrativo 988,17 Administrativo 592,92 De Ujieres 395,25 Cuatro. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este artículo se obtendrá dividiendo por 14 la cuantía anual calculada según lo dispuesto en las reglas contenidas en los apartados precedentes y de acuerdo con la legislación que resulte aplicable. Artículo 41. Determinación inicial de las pensiones especiales de guerra. Uno. El importe de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, no podrá ser inferior, para 2013, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, excepto para las pensiones causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados, cuya cuantía será de 1.819,82 euros anuales. Dos. 1. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra excombatientes de la zona republicana, cuyos causantes no tuvieran la condición de militar profesional de las Fuerzas e Institutos Armados, se fijan para 2013 en las siguientes cuantías: a) La pensión de mutilación será la que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cantidad de 4.949,93 euros anuales. b) La suma de la remuneración básica, la remuneración sustitutoria de trienios y las remuneraciones suplementarias en compensación por retribuciones no percibidas será de 13.349,85 euros anuales. c) Las pensiones en favor de familiares serán iguales a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, excepto para las pensiones en favor de huérfanos no incapacitados, cuya cuantía será de 1.819,82 euros anuales. 2. El importe de las pensiones en favor de familiares de excombatientes que tuvieran la condición de militar profesional, reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, no podrá ser inferior, para 2013, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. Tres. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre retribución básica a mutilados civiles de guerra, se fijan, para 2013, en las siguientes cuantías: a) La retribución básica para quienes tengan reconocida una incapacidad de segundo, tercero o cuarto grado, en 9.344,89 euros anuales. b) Las pensiones en favor de familiares, en la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. Cuatro. Las pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976, de 5 de marzo, en favor de mutilados de guerra que no pudieron integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria, se establecerán, para 2013, en el importe que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cuantía de 5.930,64 euros anuales. Cinco. La cuantía para 2013 de las pensiones causadas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, se fijará aplicando el importe por los conceptos de sueldo y grado que proceda de entre los contenidos en el precedente artículo 40.Tres.a). Las cuantías de estas pensiones no podrán ser inferiores a las siguientes: a) En las pensiones en favor de causantes, a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. b) En las pensiones de viudedad, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. Seis. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este artículo se obtendrá dividiendo por 12 la cuantía anual establecida según lo dispuesto en los apartados precedentes y de acuerdo con la legislación que resulte aplicable. Junto a las doce mensualidades ordinarias se abonarán dos mensualidades extraordinarias del mismo importe, excepto en las pensiones de mutilación reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio. No obstante lo establecido en el último inciso del párrafo anterior, cuando el mutilado fuera clasificado como útil conforme a lo dispuesto en la citada Ley, tendrá derecho a las referidas mensualidades extraordinarias. CAPÍTULO III Limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas Artículo 42. Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas. Uno. El importe a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de las pensiones públicas enumeradas en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, no podrá superar, durante el año 2013, la cuantía íntegra de 2.548,12 euros mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular, cuya cuantía también estará afectada por el citado límite. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el pensionista tuviera derecho a percibir menos o más de 14 pagas al año, incluidas las extraordinarias, dicho límite mensual deberá ser adecuado a efectos de que se alcance o no supere la cuantía íntegra anual de 35.673,68 euros. Dos. Cuando un mismo titular cause simultáneamente derecho a dos o más pensiones públicas, el importe conjunto a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de todas ellas estará sujeto a los mismos límites que se establecen en el apartado anterior. A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro de cada una de las pensiones públicas de que se trate y, si la suma de todas ellas excediera de 2.548,12 euros mensuales, se reducirán proporcionalmente hasta absorber dicho exceso. No obstante, si alguna de las pensiones que se causen estuviera a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en el artículo 42.1.c) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, la minoración o supresión se efectuará preferentemente sobre el importe íntegro de esta pensión y, de ser posible, en el momento de su reconocimiento, procediéndose con posterioridad, si fuera necesario, a reducir proporcionalmente las restantes pensiones para que la suma de todas ellas no supere el indicado límite máximo. Tres. Cuando se efectúe el señalamiento inicial de una pensión pública en favor de quien ya estuviera percibiendo otra u otras pensiones públicas, si la suma conjunta del importe íntegro de todas ellas superase los límites establecidos en el apartado Uno de este artículo, se minorará o suprimirá del importe íntegro de la nueva pensión la cuantía que exceda del referido límite. No obstante, si la nueva pensión, en el presente o en anteriores ejercicios económicos, tuviera la consideración de renta exenta de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a solicitud de su titular, se minorará o suprimirá la pensión o pensiones públicas que el interesado hubiera causado anteriormente. En tales supuestos, los efectos de la regularización se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se solicite o a la fecha inicial de abono de la nueva pensión, si ésta fuese posterior. Cuatro. Si en el momento del señalamiento inicial a que se refieren los apartados anteriores, los organismos o entidades competentes no pudieran conocer la cuantía y naturaleza de las otras pensiones que correspondan al beneficiario, dicho señalamiento inicial se realizará con carácter provisional hasta que se practiquen las oportunas comprobaciones. La regularización definitiva de los señalamientos provisionales supondrá, en su caso, la exigencia del reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión. Cinco. Si con posterioridad a la minoración o supresión del importe del señalamiento inicial a que se refieren los apartados Dos y Tres de este artículo, se modificase, por cualquier circunstancia, la cuantía o composición de las otras pensiones públicas percibidas por el titular, se revisarán de oficio o a instancia de parte las limitaciones que se hubieran efectuado, con efectos del primer día del mes siguiente al de la variación. En todo caso, los señalamientos iniciales realizados en supuestos de concurrencia de pensiones públicas estarán sujetos a revisión periódica. Seis. La minoración o supresión del importe en los señalamientos iniciales de pensiones públicas que pudiera efectuarse por aplicación de las normas limitativas no significará merma o perjuicio de otros derechos anejos al reconocimiento de la pensión. Siete. El límite máximo de percepción establecido en este artículo no se aplicará a las siguientes pensiones públicas que se causen durante el año 2013: a) Pensiones extraordinarias del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado originadas por actos terroristas. b) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. c) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas al amparo del Real Decreto-Ley 6/2006, de 23 de junio. Ocho. Cuando en el momento del señalamiento inicial de las pensiones públicas concurran en un mismo titular alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el apartado anterior, o de las reconocidas por actos terroristas en favor de quienes no tengan derecho a pensión en cualquier régimen público de Seguridad Social al amparo del Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, con otra u otras pensiones públicas, las normas limitativas de este artículo sólo se aplicarán respecto de las no procedentes de actos terroristas. CAPÍTULO IV Incremento y modificación de los valores de las pensiones públicas Artículo 43. Incremento y modificación de los valores de las pensiones públicas. Uno. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en el año 2013 un incremento del 1 por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de esta Ley, sin perjuicio de las excepciones contenidas en los artículos siguientes de este capítulo y de los importes de garantía que figuran en el precedente artículo 41, respecto de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de la guerra civil. La cuantía inicial de las pensiones de jubilación y retiro y de viudedad de Clases Pasivas del Estado causadas durante 2013 al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, calculada de acuerdo con las bases reguladoras establecidas para esta clase de pensiones en el presente ejercicio económico, se corregirá mediante la aplicación del porcentaje del 1 y 2 por ciento según corresponda, establecido para los años 2004, 2006, 2007 y 2008 en el apartado cuatro de las disposiciones adicionales quinta y sexta, así como en la disposición adicional décima de las Leyes 61/2003, de 30 de diciembre; 30/2005, de 29 de diciembre; 42/2006, de 28 de diciembre; y 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para los años 2004, 2006, 2007 y 2008, respectivamente. Dos. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, punto Uno, del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2007, experimentarán el 1 de enero del año 2013 una reducción, respecto de los importes percibidos a 31 de diciembre de 2012, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978 –o de 1977, si se tratase del Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical– y la de 31 de diciembre de 1973. Tres. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, y no indicadas en los apartados anteriores de este artículo, experimentarán en el año 2013 el incremento o modificación que en su caso proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2012, salvo las excepciones contenidas en los siguientes artículos de este Capítulo. Artículo 44. Pensiones que no se incrementan. Uno. En el año 2013 no experimentarán incremento las pensiones públicas siguientes: a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de 2.548,12 euros íntegros en cómputo mensual, entendiéndose esta cantidad en los términos expuestos en el precedente artículo 42. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y del sistema de la Seguridad Social originadas por actos terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo del Real Decreto-Ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. b) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas antes del 1 de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal caminero. c) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2012, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973. Dos. En el caso de Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social de cualquier tipo que integren a personal de empresas o sociedades con participación mayoritaria del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales u Organismos autónomos y se financien con fondos procedentes de dichos órganos o entidades públicas, o en el caso de que éstos estén abonando directamente al personal incluido en la acción protectora de aquellas pensiones complementarias por cualquier concepto sobre las que les correspondería abonar a los regímenes generales que sean de aplicación, los incrementos a que se refiere el artículo 43 serán considerados como límite máximo, pudiendo aplicarse coeficientes menores e, incluso, inferiores a la unidad, a dichas pensiones complementarias, de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pactos que se produzcan. Artículo 45. Limitación del importe del incremento de las pensiones públicas. Uno. Para el año 2013 el importe del incremento de las pensiones públicas no podrá suponer un valor íntegro anual superior a 35.673,68 euros. Dos. Cuando un mismo titular perciba dos o más pensiones públicas, la suma del importe anual íntegro de todas ellas, una vez incrementadas las que procedan, no podrá superar el límite máximo señalado. Si lo superase, se minorará proporcionalmente la cuantía del incremento hasta absorber el exceso sobre dicho límite. A tal efecto, cada entidad u organismo competente para incrementar determinará el límite máximo de percepción anual para las pensiones a su cargo. Este límite consistirá en una cifra que guarde con la cuantía íntegra de 35.673,68 euros anuales la misma proporción que mantenga la pensión o pensiones con la suma de todas las pensiones públicas percibidas por el titular. El referido límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: L = (P/T) × 35.673,68 euros anuales siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2012 por la pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad competente, y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro anual de las restantes pensiones concurrentes del mismo titular en la misma fecha. No obstante lo anterior, si alguna de las pensiones públicas que percibiese el interesado estuviera a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en el artículo 42.1.c) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, o se tratase de las pensiones que no se incrementan a cargo de alguna de las Entidades a que se refiere el artículo 44.Dos de esta Ley, la aplicación de las reglas recogidas en los párrafos anteriores se adaptará reglamentariamente para alcanzar el límite máximo de percepción. Tres. Lo dispuesto en los apartados Cuatro a Ocho, ambos inclusive, del precedente artículo 42 será aplicable cuando así proceda a los supuestos de incremento de pensiones concurrentes. CAPÍTULO V Complementos para mínimos Artículo 46. Reconocimiento de complementos para mínimos en las pensiones de Clases Pasivas. Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos económicos necesarios para alcanzar la cuantía mínima los pensionistas de Clases Pasivas del Estado que no perciban, durante 2013, ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no excedan de 7.063,07 euros al año. A tal efecto, se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales. Para acreditar los ingresos de trabajo o de capital, se podrá exigir al pensionista una declaración de los mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. Se presumirá que concurren los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando el interesado hubiera percibido durante 2012 ingresos por cuantía igual o inferior a 6.993,14 euros anuales. Esta presunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas obtenidas por la Administración. A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social. Cuando, de conformidad con las previsiones legales, se tenga reconocida una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos se aplicará, en su caso, en la misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión. Los efectos económicos del reconocimiento de los complementos se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se soliciten o a la fecha de inicio de la pensión, si ésta fuese posterior al 1 de enero. No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el derecho al cobro de una pensión cuyo hecho causante se produjo en el ejercicio anterior, los efectos económicos podrán ser los de la fecha de inicio de la misma, con una retroactividad máxima de un año desde la solicitud. Dos. Los reconocimientos de complementos económicos que se efectúen en 2013 por declaraciones del interesado tendrán carácter provisional hasta que se compruebe la realidad o efectividad de lo declarado. La Administración podrá revisar periódicamente, de oficio o a instancia del interesado, las resoluciones de reconocimiento de complementos económicos, pudiendo suponer, en su caso, la exigencia del reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión. Tres. Con respecto a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, será necesario residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía de 5.058,20 euros anuales, fijada para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva en el artículo 48.Uno de esta Ley. Cuatro. Durante 2013 las cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas quedan fijadas, en cómputo anual, en los importes siguientes: Clase de pensión Importe Con cónyuge a cargo Euros/año Sin cónyuge: unidad económica unipersonal Euros/año Con cónyuge no a cargo Euros/año Pensión de jubilación o retiro 10.798,20 8.751,40 8.300,60 Pensión de viudedad 8.751,40 Pensión familiar distinta de la de viudedad, siendo N el número de beneficiarios de la pensión o pensiones 8.528,80 ------------ N Cinco. Los complementos económicos regulados en los apartados precedentes de este artículo no se aplicarán a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial derivada de la guerra civil, cuyas cuantías se fijan en el artículo 41 de esta Ley, excepto a las pensiones de orfandad reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, así como a las reconocidas a favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio. Artículo 47. Reconocimiento de los complementos para mínimos en las pensiones de la Seguridad Social. Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones los pensionistas del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no perciban durante 2013 rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o que, percibiéndolos, no excedan de 7.063,07 euros al año. Para acreditar las rentas e ingresos, la Entidad Gestora podrá exigir al pensionista una declaración de los mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas. No obstante, los pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, que perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo primero de este apartado, tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya incrementada resulte inferior a la suma de 7.063,07 euros más el importe, en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales. A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social. Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter compensatorio, a los pensionistas españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el Reino Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán a ningún efecto para el reconocimiento de los complementos para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones. Dos. A efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe cónyuge a cargo del titular de una pensión cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente de él. Se entenderá que existe dependencia económica cuando concurran las circunstancias siguientes: a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto las pensiones reconocidas por otro Estado así como los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, ambos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio. b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge, computados en la forma señalada en el apartado Uno de este artículo, resulten inferiores a 8.239,15 euros anuales. Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el párrafo anterior y del importe, también en cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar resulte inferior a la suma de 8.239,15 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades que corresponda. Tres. Con respecto a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, será necesario residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía a que se refiere el apartado 2 del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. Cuatro. Durante el año 2013 las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, quedan fijadas, en cómputo anual, clase de pensión y requisitos concurrentes en el titular, en los importes siguientes: Clase de pensión Titulares Con cónyuge a cargo – Euros/año Sin cónyuge: unidad económica unipersonal – Euros/año Con cónyuge no a cargo – Euros/año Jubilación Titular con sesenta y cinco años Titular menor de sesenta y cinco años Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez 10.798,20 10.119,20 16.198,00 8.751,40 8.185,80 13.127,80 8.300,60 7.735,00 12.451,60 Incapacidad Permanente Gran invalidez Absoluta Total: Titular con sesenta y cinco años Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años 16.198,00 10.798,20 10.798,20 10.119,20 5.443,20 10.798,20 13.127,80 8.751,40 8.751,40 8.185,80 5.443,20 8.751,40 12.451,60 8.300,60 8.300,60 7.735,00 55 % Base mínima R. General 8.300,60 Viudedad Titular con cargas familiares Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años Titular con menos de sesenta años   10.119,20 8.751,40 8.185,80 6.624,80   Clase de pensión Euros/año Orfandad Por beneficiario En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.624,80 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. 2.672,60 5.259,80 En favor de familiares Por beneficiario Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: – Un solo beneficiario con sesenta y cinco años – Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 3.952,20 euros/año entre el número de beneficiarios 2.672,60 6.461,00 6.085,80 CAPÍTULO VI Otras disposiciones en materia de pensiones públicas Artículo 48. Determinación inicial e incremento de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Uno. Para el año 2013, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fijará en 5.058,20 euros íntegros anuales. Dos. Para el año 2013, se establece un complemento de pensión, fijado en 525 euros anuales, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. En el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos. Se autoriza al Gobierno a dictar las normas de desarrollo necesarias para regular el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de este complemento, sin perjuicio de que el mismo surta efectos económicos desde el 1 de enero de 2013, o desde la fecha de reconocimiento de la pensión para aquellos pensionistas que vean reconocida la prestación durante 2013. Las normas para el reconocimiento de este complemento serán las establecidas en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, entendiéndose que las referencias hechas al año 2012, deben considerarse realizadas al año 2013. Artículo 49. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Uno. A partir del 1 de enero del año 2013, la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no concurrentes con otras pensiones públicas, queda fijada en cómputo anual en 5.595,80 euros. A dichos efectos no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo. Dos. El importe de las pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez será, en cómputo anual, de 5.437,60 euros cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de todas ellas, del límite establecido en la disposición transitoria séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo que los interesados tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad a 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso se aplicarán las normas generales sobre incremento, siempre que, por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado límite. Tres. Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no experimentarán incremento en 2013 cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas diferentes a las mencionadas en el precedente apartado. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma en cómputo anual de todas las pensiones concurrentes, una vez incrementadas, y las del referido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez sea inferior a la cuantía fijada para la pensión de tal Seguro en el apartado Dos de este artículo, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se incrementará en un importe igual a la diferencia resultante entre ambas cantidades. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de incrementos o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico. Cuatro. Cuando, para el reconocimiento de una pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, se hayan totalizado períodos de seguro o de residencia cumplidos en otros países vinculados a España por norma internacional de Seguridad Social que prevea dicha totalización, el importe de la pensión prorrateada a cargo de España no podrá ser inferior al 50 por 100 de la cuantía de la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que en cada momento corresponda. Esta misma garantía se aplicará en relación con los titulares de otras pensiones distintas de las del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que opten por alguna de estas pensiones, siempre que en la fecha del hecho causante de la pensión que se venga percibiendo hubieran reunido todos los requisitos exigidos por dicho Seguro. TÍTULO V De las operaciones financieras CAPÍTULO I Deuda Pública Artículo 50. Deuda Pública. 1. Se autoriza al Ministro de Economía y Competitividad para que incremente la Deuda del Estado, con la limitación de que el saldo vivo de la misma a 31 de diciembre del año 2013 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2013 en más de 71.020.759,50 miles de euros. 2. Este límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo, y quedará automáticamente revisado: a) Por el importe de las modificaciones netas de créditos presupuestarios correspondientes a los Capítulos I a VIII. b) Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos contenidas en la presente Ley y la evolución real de los mismos. c) Por la diferencia entre los créditos presupuestarios totales de los Capítulos I a VIII y el importe global de las obligaciones reconocidas de los citados capítulos en el ejercicio. d) Por los anticipos de tesorería y la variación neta de las operaciones no presupuestarias previstas legalmente. e) Por la variación neta en los derechos y las obligaciones del Estado reconocidos y pendientes de ingreso o pago. Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en el apartado anterior según supongan un aumento o una disminución, respectivamente, de la necesidad de financiación del Estado. Artículo 51. Operaciones de crédito autorizadas a organismos públicos. Uno. Se autoriza a los Organismos públicos que figuran en el Anexo III de esta Ley a concertar operaciones de crédito durante el año 2013 por los importes que, para cada uno, figuran en el Anexo citado. Asimismo, se autoriza a las entidades públicas empresariales que figuran en ese mismo Anexo III a concertar operaciones de crédito durante el año 2013 por los importes que, para cada una, figuran en dicho Anexo. La autorización se refiere, en este caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111.4 de la Ley General Presupuestaria, a las operaciones de crédito que no se concierten y cancelen dentro del año. Dos. Los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Economía y Competitividad (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Instituto Geológico y Minero de España; Instituto de Salud Carlos III; Instituto de Astrofísica de Canarias; Instituto Español de Oceanografía; y Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, dependiente del Ministerio de Defensa, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, podrán concertar operaciones de crédito como consecuencia de los anticipos reembolsables que se les concedan con cargo al Capítulo 8 del presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad o del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta autorización será aplicable únicamente a los anticipos que se concedan con el fin de facilitar la disponibilidad de fondos para el pago de la parte de los gastos que, una vez justificados, se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tres. Los Organismos dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que figuran en el citado Anexo III, con carácter previo a la concertación de las operaciones correspondientes y a fin de verificar el destino del endeudamiento, deberán solicitar autorización de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, aportando un plan económico-financiero justificativo de la operación, incluidos los supuestos en que el endeudamiento se solicite para cubrir déficits de Tesorería que se produzcan por desfase entre los pagos que realice el Organismo en actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos y los retornos comunitarios correspondientes a dichos pagos. Artículo 52. Información de la evolución de la Deuda del Estado al Ministerio de Economía y Competitividad y al Congreso de los Diputados y al Senado; y de las cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras al Congreso de los Diputados y al Senado. Los Organismos públicos que tienen a su cargo la gestión de la Deuda del Estado o asumida por éste, aun cuando lo asumido sea únicamente la carga financiera, remitirán a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad la siguiente información: trimestralmente, sobre los pagos efectuados y sobre la situación de la Deuda el día último del trimestre, y al comienzo de cada año, sobre la previsión de gastos financieros y amortizaciones para el ejercicio. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado el saldo detallado de las operaciones financieras concertadas por el Estado y los Organismos Autónomos. Asimismo, el Gobierno comunicará trimestralmente el número de cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras, así como los importes y la evolución de los saldos. Artículo 53. Recursos ajenos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, durante el ejercicio presupuestario de 2013 los recursos ajenos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria no superarán el importe de 120.000.000 de miles de euros. CAPÍTULO II Avales Públicos y Otras Garantías Artículo 54. Importe de los Avales del Estado. Uno. El importe máximo de los avales a otorgar por la Administración General del Estado durante el ejercicio del año 2013 no podrá exceder de 161.043.560 miles de euros. Dos. Dentro del total señalado en el apartado anterior, se reservan los siguientes importes: a) 92.543.560 miles de euros para garantizar las obligaciones económicas exigibles a la sociedad denominada «Facilidad Europea de Estabilización Financiera», derivadas de las emisiones de instrumentos financieros, de la concertación de operaciones de préstamo y crédito, así como de cualesquiera otras operaciones de financiación que realice dicha sociedad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2010, de 28 de mayo, por el que se autoriza a la Administración General del Estado al otorgamiento de avales a determinadas operaciones de financiación en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera de los Estados miembros de la Zona del Euro. b) 65.000.000 miles de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones de obligaciones y valores que realice la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a la que se refiere la disposición adicional séptima del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. El aval garantizará el principal de la emisión y los intereses ordinarios. c) 3.000.000 miles de euros para los avales destinados a garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos que se regulan en el artículo siguiente. Tres. Dentro del importe de 500.000 miles de euros no reservados en el apartado anterior, se establece un limite máximo de 40.000 miles de euros para garantizar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas por empresas navieras domiciliadas en España destinadas a la renovación y modernización de la flota mercante española mediante la adquisición por compra, por arrendamiento con opción a compra o por arrendamiento financiero con opción a compra, de buques mercantes nuevos, en construcción o usados cuya antigüedad máxima sea de cinco años. Las solicitudes de aval que se presenten transcurridos seis meses desde la fecha de formalización de la adquisición del buque no podrán ser tenidas en cuenta. La efectividad del aval que sea otorgado con anterioridad a la formalización de la adquisición del buque quedará condicionada a que dicha formalización se produzca dentro de los seis meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento del aval. El importe avalado no podrá superar el 35 por ciento del precio total del buque financiado. Las condiciones de los préstamos asegurables bajo este sistema serán, como máximo, las establecidas en el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval o disposiciones posteriores que lo modifiquen. En todo caso, la autorización de avales se basará en una evaluación de la viabilidad económico-financiera de la operación y del riesgo. Las solicitudes, otorgamiento y condiciones de estos avales se regirán conforme a lo establecido en la presente Ley y en la Orden PRE/2986/2008, de 14 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establece el procedimiento para la concesión de avales del Estado para la financiación de operaciones de crédito destinadas a la renovación y modernización de la flota mercante española, o en las disposiciones posteriores que la modifiquen. Cuatro. Se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que, en la ejecución de los avales del Estado a los que se refieren el apartado Dos.b) de este mismo artículo, el apartado Dos.b) de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, el apartado Dos.b) de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y el artículo 1 del Real Decreto-Ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, pueda efectuar los pagos correspondientes a las obligaciones garantizadas mediante operaciones de tesorería con cargo al concepto específico establecido a tal fin. Con posterioridad a su realización, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados en el mes de diciembre de cada año, que se aplicarán al presupuesto en el año siguiente. Artículo 55. Avales para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulización de activos. Uno. El Estado podrá otorgar avales hasta una cuantía máxima, durante el ejercicio de 2013, de 3.000.000 miles de euros, con el objeto de garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos constituidos al amparo de los convenios que suscriban la Administración General del Estado y las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el fin de mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial. Se podrá avalar hasta un 80 por ciento del valor nominal de los bonos de cada serie o clase de valores de renta fija que se emita por los fondos de titulización de activos con calificación crediticia efectuada sin tomar en consideración la concesión del aval que, como mínimo, sea de A1, A+ o asimilados. Los activos cedidos al fondo de titulización serán préstamos o créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España. No obstante, el activo cedido correspondiente a un mismo sector, de acuerdo con el nivel de división de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, no podrá superar el 25 por ciento del total del activo cedido al fondo de titulización. A estos efectos se considerarán también préstamos o créditos los activos derivados de operaciones de leasing. Los fondos de titulización de activos se podrán constituir con carácter abierto, en el sentido del artículo 4 del Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización, por un período máximo de dos años desde su constitución, siempre y cuando los activos cedidos al fondo de titulización sean préstamos o créditos concedidos a partir del 1 de enero de 2008. Para la constitución de un fondo de titulización, las entidades de crédito interesadas deberán ceder préstamos y créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España. Al menos, el 50 por ciento de los préstamos y créditos cedidos deberán haberse concedido a pequeñas y medianas empresas y, al menos, el 25 por ciento del saldo vivo de los préstamos y créditos deberán tener un plazo de amortización inicial no inferior a un año. La entidad que ceda los préstamos y créditos deberá reinvertir la liquidez obtenida como consecuencia del proceso de titulización en préstamos o créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España, de las que, al menos, el 80 por ciento sean pequeñas y medianas empresas. La reinversión deberá realizarse, al menos, el 50 por ciento, en el plazo de un año a contar desde la efectiva disposición de la liquidez, y el resto en el plazo de dos años. A estos efectos, se entenderá por liquidez obtenida, el importe de los activos que la entidad cede al fondo de titulización en el momento de su constitución así como, en su caso, en las posteriores cesiones que se realicen como consecuencia del carácter abierto del fondo, durante el período anteriormente indicado de dos años. Dos. El importe vivo acumulado de todos los avales otorgados por el Estado a valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de activos señalados en el apartado anterior no podrá exceder de 13.000.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2013. Tres. El otorgamiento de los avales señalados en el apartado 1 de este artículo deberá ser acordado por el Ministerio de Economía y Competitividad, con ocasión de la constitución del fondo y previa tramitación del preceptivo expediente. Cuatro. Las Sociedades Gestoras de fondos de titulización de activos deberán remitir a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la información necesaria para el control del riesgo asumido por parte del Estado en virtud de los avales, en particular la referente al volumen total del principal pendiente de amortización de los valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de activos y a la tasa de activos impagados o fallidos de la cartera titulizada. Cinco. La constitución de los fondos de titulización de activos a que se refieren los apartados anteriores estará exenta de todo arancel notarial y, en su caso, registral. Seis. Se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que, en la ejecución de los avales del Estado a los que se refiere el presente artículo y los otorgados en ejercicios anteriores, pueda efectuar los pagos correspondientes a las obligaciones garantizadas mediante operaciones no presupuestarias con cargo al concepto específico que cree a tal fin. Con posterioridad a su realización, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados al final del ejercicio, que se aplicarán al presupuesto en el año siguiente. Siete. Se faculta al titular del Ministerio de Economía y Competitividad para que establezca las normas y requisitos a los que se ajustarán los convenios a que hace mención el apartado 1 de este artículo. Ocho. Se autoriza al titular de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa para que, previo acuerdo con la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se reabra el plazo de solicitudes en el caso de que en los procesos anteriores no se hubiera agotado la dotación presupuestaria prevista en el apartado Uno. Artículo 56. Avales de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales. Se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a prestar avales en el ejercicio del año 2013, en relación con las operaciones de crédito que concierten y con las obligaciones derivadas de concursos de adjudicación en que participen durante el citado ejercicio las sociedades mercantiles en cuyo capital participe directa o indirectamente, hasta un límite máximo de 1.210.000 miles de euros. Artículo 57. Información sobre avales públicos otorgados. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado el importe y características principales de los avales públicos otorgados. CAPÍTULO III Relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial Artículo 58. Fondo de Cooperación para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Uno. La dotación al Fondo para la Promoción del Desarrollo ascenderá en el año 2013 a 245.230 miles de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.143A.874 «Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)» que se destinarán a los fines previstos en el artículo 2 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo. Dos. El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al FONPRODE por un importe de hasta 385.000 miles de euros a lo largo del año 2013. Durante el año 2013 sólo se podrán autorizar con cargo al FONPRODE operaciones de carácter reembolsable, así como aquellas operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo o de otros gastos asociados a las operaciones formalizadas por el fondo. Podrán autorizarse igualmente las operaciones de refinanciación de créditos concedidos con anterioridad con cargo al Fondo que se lleven a cabo en cumplimiento de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales de renegociación de la deuda exterior de los países prestatarios, en los que España sea parte. Tres. Serán recursos adicionales a la dotación prevista para el FONPRODE todos los retornos procedentes de sus activos y que tengan su origen en operaciones aprobadas a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Serán igualmente recursos del fondo, los importes depositados en las cuentas corrientes del FONPRODE, así como aquellos importes fiscalizados y depositados en Tesoro a nombre de FONPRODE con cargo a dotaciones presupuestarias de anteriores ejercicios, con independencia de su origen. Estos recursos podrán ser utilizados para atender cualquier compromiso, cuya aprobación con cargo al FONPRODE haya sido realizada de acuerdo con los procedimientos previstos en la normativa aplicable al Fondo. Cuatro. La compensación anual al ICO establecida en el artículo 14 de la Ley 13/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, será efectuada con cargo a los recursos del propio FONPRODE, previa autorización por acuerdo del Consejo de Ministros, por los gastos en los que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomienda. Artículo 59. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. La dotación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a que se refiere la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, ascenderá en el año 2013 a 5.000 miles de euros, y se destinará exclusivamente a las operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo. El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al Fondo por un importe de hasta 5.000 miles de euros a lo largo del año 2013. El Gobierno informará al Congreso y al Senado durante el primer semestre del año, de las operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros con cargo a este Fondo del año anterior. Artículo 60. Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Uno. La dotación al Fondo para la Internacionalización de la Empresa ascenderá en el año 2013 a 199.480 miles de euros con cargo a la aplicación presupuestaria 27.09.431A.871 «Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)», que se destinarán a los fines previstos en el artículo 4 de la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española. Dos. Se podrán autorizar operaciones con cargo al FIEM por un importe de hasta 500.000 miles de euros a lo largo del año 2013. Quedan expresamente excluidas de esta limitación las operaciones de refinanciación de créditos concedidos con anterioridad con cargo al Fondo que se lleven a cabo en cumplimiento de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales de renegociación de la deuda exterior de los países prestatarios, en los que España sea parte. El Consejo de Ministros podrá autorizar proyectos individuales de especial relevancia para la internacionalización atendiendo a su importe, acordando en su caso la imputación de parte del proyecto dentro del límite previsto en el párrafo anterior, quedando los sucesivos importes del proyecto para imputación en ejercicios posteriores, dentro de los límites previstos en las correspondientes leyes de presupuestos anuales. Durante el año 2013 no se podrán autorizar con cargo al FIEM operaciones de carácter no reembolsable, quedando expresamente excluidas de esta limitación las operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo. Tres. Serán recursos adicionales a la dotación prevista para el FIEM, los retornos que tengan lugar durante el ejercicio económico 2013 y que tengan su origen en operaciones del FIEM o en operaciones aprobadas con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, a iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad. Cuatro. La compensación anual al ICO establecida en el artículo 11.4 de la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española, será efectuada con cargo a los recursos del propio FIEM, previa autorización por acuerdo del Consejo de Ministros, por los gastos en los que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomienda. Cinco. El Gobierno informará anualmente a las Cortes Generales y al Consejo Económico y Social de las operaciones, proyectos y actividades autorizadas con cargo al FIEM, de sus objetivos y beneficiarios de la financiación, condiciones financieras y evaluaciones, así como sobre el desarrollo de las operaciones en curso a lo largo del periodo contemplado. Artículo 61. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial. Uno. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial como consecuencia de la gestión de sistema CARI. El Estado reembolsará durante el año 2013 al Instituto de Crédito Oficial tanto las cantidades que éste hubiera satisfecho a las instituciones financieras en pago de las operaciones de ajuste de intereses previstas en la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de Medidas financieras de estímulo a la exportación, como los costes de gestión de dichas operaciones en que aquél haya incurrido. Para este propósito, la dotación para el año 2013 al sistema CARI (Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses), será la que figure en la partida presupuestaria 27.09.431A.444. En el caso de que existan saldos positivos del sistema a favor del Instituto de Crédito Oficial a 31 de diciembre del año 2013, una vez deducidos los costes de gestión en los que haya incurrido el ICO, éstos se ingresarán en el Tesoro. Dentro del conjunto de operaciones de ajuste de intereses aprobadas a lo largo del ejercicio 2013, el importe de los créditos a la exportación a que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo, que podrán ser aprobados durante el año 2013, asciende a 480.000 miles de euros. Con la finalidad de optimizar la gestión financiera de las operaciones de ajuste recíproco de intereses, el Instituto de Crédito Oficial podrá, con cargo a los mismos ingresos y dotaciones señaladas en el párrafo anterior y conforme a sus Estatutos y normas de actuación, concertar por sí o a través de agentes financieros de intermediación, operaciones de intercambio financiero que tengan por objeto cubrir el riesgo que para el Tesoro pueda suponer la evolución de los tipos de interés, previo informe favorable de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y autorización de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad. Dos. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial como consecuencia de otras actividades: En los supuestos de intereses subvencionados por el Estado, en operaciones financieras instrumentadas a través del Instituto de Crédito Oficial, los acuerdos del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos incluirán información acerca de la reserva de créditos en los Presupuestos Generales del Estado. Artículo 62. Adquisición de acciones y participaciones de Organismos Financieros Multilaterales. Uno. Durante el año 2013 no se podrán realizar operaciones de adquisición de acciones y participaciones de Organismos Financieros Multilaterales o de aportaciones a fondos constituidos en los mismos con impacto en déficit público y financiadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 27.04.923O.869 y 27.06.923P.869 «De Organismos Financieros Multilaterales». Dos. A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional acompañarán a las propuestas de financiación con cargo a dichas aplicaciones presupuestarias un informe sobre su impacto en el déficit público, que será elaborado previa la correspondiente solicitud por la Intervención General de la Administración del Estado. TÍTULO VI Normas Tributarias CAPÍTULO I Impuestos Directos Sección 1.ª Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Artículo 63. Coeficientes de actualización del valor de adquisición. Uno. A efectos de lo previsto en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas que se efectúen durante el año 2013, los coeficientes de actualización del valor de adquisición serán los siguientes: Año de adquisición Coeficiente 1994 y anteriores 1,3167 1995 1,3911 1996 1,3435 1997 1,3167 1998 1,2912 1999 1,2680 2000 1,2436 2001 1,2192 2002 1,1952 2003 1,1719 2004 1,1489 2005 1,1263 2006 1,1042 2007 1,0826 2008 1,0614 2009 1,0406 2010 1,0303 2011 1,0201 2012 1,0100 2013 1,0000 No obstante, cuando las inversiones se hubieran efectuado el 31 de diciembre de 1994, será de aplicación el coeficiente 1,3911. La aplicación de un coeficiente distinto de la unidad exigirá que la inversión hubiese sido realizada con más de un año de antelación a la fecha de la transmisión del bien inmueble. Dos. A efectos de la actualización del valor de adquisición prevista en el apartado anterior, los coeficientes aplicables a los bienes inmuebles afectos a actividades económicas serán los previstos para el Impuesto sobre Sociedades en el artículo 64 de esta Ley. Tres. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, se aplicarán las siguientes reglas: 1.ª Los coeficientes de actualización a que se refiere el apartado anterior se aplicarán sobre el precio de adquisición y sobre las amortizaciones contabilizadas correspondientes al mismo, sin tomar en consideración el importe del incremento neto del valor resultante de las operaciones de actualización. 2.ª La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en el número anterior se minorará en el importe del valor anterior del elemento patrimonial. Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que hayan sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes de actualización. 3.ª El importe que resulte de las operaciones descritas en el número anterior se minorará en el incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real Decreto-Ley 7/1996, siendo la diferencia positiva así determinada el importe de la depreciación monetaria. 4.ª La ganancia o pérdida patrimonial será el resultado de minorar la diferencia entre el valor de transmisión y el valor contable en el importe de la depreciación monetaria a que se refiere el número anterior. Sección 2.ª Impuesto sobre Sociedades Artículo 64. Coeficientes de corrección monetaria. Uno. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien durante el año 2013, los coeficientes previstos en el artículo 15.9.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en función del momento de adquisición del elemento patrimonial transmitido, serán los siguientes:   Coeficiente Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,3130 En el ejercicio 1984 2,1003 En el ejercicio 1985 1,9397 En el ejercicio 1986 1,8261 En el ejercicio 1987 1,7396 En el ejercicio 1988 1,6619 En el ejercicio 1989 1,5894 En el ejercicio 1990 1,5272 En el ejercicio 1991 1,4750 En el ejercicio 1992 1,4423 En el ejercicio 1993 1,4235 En el ejercicio 1994 1,3978 En el ejercicio 1995 1,3418 En el ejercicio 1996 1,2780 En el ejercicio 1997 1,2495 En el ejercicio 1998 1,2333 En el ejercicio 1999 1,2247 En el ejercicio 2000 1,2186 En el ejercicio 2001 1,1934 En el ejercicio 2002 1,1790 En el ejercicio 2003 1,1591 En el ejercicio 2004 1,1480 En el ejercicio 2005 1,1328 En el ejercicio 2006 1,1105 En el ejercicio 2007 1,0867 En el ejercicio 2008 1,0530 En el ejercicio 2009 1,0303 En el ejercicio 2010 1,0181 En el ejercicio 2011 1,0181 En el ejercicio 2012 1,0080 En el ejercicio 2013 1,0000 Dos. Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera: a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año en que se hubiesen realizado. b) Sobre las amortizaciones contabilizadas, atendiendo al año en que se realizaron. Tres. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, los coeficientes se aplicarán sobre el precio de adquisición y sobre las amortizaciones contabilizadas correspondientes al mismo, sin tomar en consideración el importe del incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización. La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en el apartado anterior se minorará en el importe del valor anterior del elemento patrimonial y al resultado se aplicará, en cuanto proceda, el coeficiente a que se refiere la letra c) del apartado 9 del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El importe que resulte de las operaciones descritas en el párrafo anterior se minorará en el incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real Decreto-Ley 7/1996, siendo la diferencia positiva así determinada el importe de la depreciación monetaria a que hace referencia el apartado 9 del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que hayan sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes establecidos en el apartado Uno. Artículo 65. Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades. Respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2013, el porcentaje a que se refiere el apartado 4 del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será el 18 por ciento para la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 2 del mismo. Las deducciones y bonificaciones a las que se refiere dicho apartado incluirán todas aquellas otras que le fueren de aplicación al sujeto pasivo. Para la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el porcentaje será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto. Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el párrafo anterior los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2013. A efectos de la aplicación de la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 3 del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.Primero.Uno del Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, en el artículo 1.Primero.Cuatro del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, y en el artículo 26.Segundo.Uno del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. CAPÍTULO II Impuestos Indirectos Sección 1.ª Impuesto sobre el Valor Añadido Artículo 66. Devengo de determinadas operaciones intracomunitarias. Con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica el número 7.º, y se incluye un nuevo número 8.º, en el apartado Uno del artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedan redactados de la siguiente forma: «7.º En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha. Cuando los referidos suministros constituyan entregas de bienes comprendidas en los apartados Uno y Tres del artículo 25 de esta Ley, y no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se haya establecido con una periodicidad superior al mes natural, el devengo del Impuesto se producirá el último día de cada mes por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha. Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las operaciones a que se refiere el párrafo segundo del número 1.º precedente. 8.º En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 25 de esta Ley, distintas de las señaladas en el número anterior, el devengo del Impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a aquél en el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente. No obstante, si con anterioridad a la citada fecha se hubiera expedido factura por dichas operaciones, el devengo del Impuesto tendrá lugar en la fecha de expedición de la misma.» Artículo 67. Obligaciones en materia de facturación. Con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: Uno. Se modifican los apartados Dos y Tres del artículo 88, que quedan redactados de la siguiente forma: «Dos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura en las condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente. A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado. Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado las operaciones que se determinen reglamentariamente. Tres. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente.» Dos. Se modifica el apartado Dos del artículo 89, que queda redactado de la siguiente forma: «Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese expedido la factura correspondiente a la operación.» Tres. Se modifican la letra e) del apartado Uno y el apartado Dos del artículo 163 ter, que quedan redactados de la siguiente forma: «e) Expedir y entregar factura cuando el destinatario de las operaciones se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto. Dos. En caso de que el empresario o profesional no establecido hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto de España para presentar la declaración de inicio en este régimen especial, y en relación con las operaciones que, de acuerdo con lo dispuesto por el número 4.º del apartado Uno del artículo 70 de esta Ley, deban considerarse efectuadas en el territorio de aplicación del Impuesto, el ingreso del Impuesto correspondiente a las mismas deberá efectuarse mediante la presentación en el Estado miembro de identificación de la declaración a que se hace referencia en el apartado anterior. Además, el empresario o profesional no establecido deberá cumplir el resto de obligaciones contenidas en el apartado Uno anterior en el Estado miembro de identificación y, en particular, las establecidas en la letra d) de dicho apartado. Asimismo, el empresario o profesional deberá expedir y entregar factura cuando el destinatario de las operaciones se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto.» Cuatro. Se modifica el apartado Dos del artículo 164, que queda redactado de la siguiente forma: «Dos. La obligación de expedir y entregar factura por las operaciones efectuadas por los empresarios o profesionales se podrá cumplir, en los términos que reglamentariamente se establezcan, por el cliente de los citados empresarios o profesionales o por un tercero, los cuales actuarán, en todo caso, en nombre y por cuenta del mismo. Cuando la citada obligación se cumpla por un cliente del empresario o profesional, deberá existir un acuerdo previo entre ambas partes. Asimismo, deberá garantizarse la aceptación por dicho empresario o profesional de cada una de las facturas expedidas en su nombre y por su cuenta, por su cliente. La expedición de facturas por el empresario o profesional, por su cliente o por un tercero, en nombre y por cuenta del citado empresario o profesional, podrá realizarse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, siempre que, en este último caso, el destinatario de las facturas haya dado su consentimiento. La factura, en papel o electrónica, deberá garantizar la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde la fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación. Reglamentariamente se determinarán los requisitos a los que deba ajustarse la expedición, remisión y conservación de facturas.» Cinco. Se modifica el número 3.º del apartado Uno del artículo 171, que queda redactado de la siguiente forma: «3.º Las establecidas en el ordinal 3.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de las cuotas indebidamente repercutidas, con un mínimo de 300 euros por cada factura en que se produzca la infracción.» Artículo 68. Exención de los servicios prestados por las uniones y agrupaciones de interés económico a sus miembros. Con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifican los números 6.º y 12.º del apartado Uno y el apartado Tres, ambos del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedan redactados de la siguiente forma: «6.º Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las Agrupaciones de Interés Económico, constituidas exclusivamente por personas que ejerzan una actividad exenta o no sujeta al Impuesto que no origine el derecho a la deducción, cuando concurran las siguientes condiciones: a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de la misma. b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda en los gastos hechos en común. La exención también se aplicará cuando, cumplido el requisito previsto en la letra b) precedente, la prorrata de deducción no exceda del 10 por ciento y el servicio no se utilice directa y exclusivamente en las operaciones que originen el derecho a la deducción. La exención no alcanza a los servicios prestados por sociedades mercantiles.» «12.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas directamente a sus miembros por organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean exclusivamente de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica, realizadas para la consecución de sus finalidades específicas, siempre que no perciban de los beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatutos. Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los Colegios profesionales, las Cámaras Oficiales, las Organizaciones patronales y las Federaciones que agrupen a los organismos o entidades a que se refiere este número. La aplicación de esta exención quedará condicionada a que no sea susceptible de producir distorsiones de competencia.» «Tres. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán entidades o establecimientos de carácter social aquéllos en los que concurran los siguientes requisitos: 1.º Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza. 2.º Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta. 3.º Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de condiciones especiales en la prestación de los servicios. Este requisito no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios a que se refiere el apartado Uno, números 8.º y 13.º, de este artículo. Las entidades que cumplan los requisitos anteriores podrán solicitar de la Administración tributaria su calificación como entidades o establecimientos privados de carácter social en las condiciones, términos y requisitos que se determinen reglamentariamente. La eficacia de dicha calificación, que será vinculante para la Administración, quedará subordinada, en todo caso, a la subsistencia de las condiciones y requisitos que, según lo dispuesto en esta Ley, fundamentan la exención. Las exenciones correspondientes a los servicios prestados por entidades o establecimientos de carácter social que reúnan los requisitos anteriores se aplicarán con independencia de la obtención de la calificación a que se refiere el párrafo anterior, siempre que se cumplan las condiciones que resulten aplicables en cada caso.» Artículo 69. Limitación de la exención en los contratos de arrendamiento financiero. Con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la letra A) del número 22.º del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactada de la siguiente forma: «22.ºA) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones. Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán aquéllos en los que se hayan realizado las obras de urbanización accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados. Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el número 1.º del artículo 7 de esta Ley no tendrán, en su caso, la consideración de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este número. La exención prevista en este número no se aplicará: a) A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio de la opción de compra inherente a un contrato de arrendamiento, por empresas dedicadas habitualmente a realizar operaciones de arrendamiento financiero. A estos efectos, el compromiso de ejercitar la opción de compra frente al arrendador se asimilará al ejercicio de la opción de compra. Los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el párrafo anterior tendrán una duración mínima de diez años. b) A las entregas de edificaciones para su rehabilitación por el adquirente, siempre que se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan. c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demolición con carácter previo a una nueva promoción urbanística.» Sección 2.ª Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados Artículo 70. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios. Con efectos desde 1 de enero del año 2013, la escala a que hace referencia el párrafo primero del artículo 43 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, será la siguiente: Escala Transmisiones Directas – Euros Transmisiones Transversales – Euros Rehabilitaciones y reconocimiento de títulos extranjeros – Euros 1.º Por cada título con grandeza 2.646 6.633 15.902 2.º Por cada grandeza sin título 1.892 4.742 11.352 3.º Por cada título sin grandeza 753 1.892 4.551 Sección 3.ª Impuestos Especiales Artículo 71. Modificación de los niveles de imposición aplicables a los GLP destinados a usos distintos a los de carburante. Con efectos desde 1 de enero del año 2013 y vigencia indefinida, se modifica el epígrafe 1.8 de la Tarifa 1.ª del artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que queda redactado de la siguiente forma: «Epígrafe 1.8. GLP destinados a usos distintos a los de carburante: 15 euros por tonelada.» Artículo 72. Exención para vehículos matriculados en otro Estado miembro de la Unión Europea. Con efectos desde el 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 66 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: Uno. Se modifica la letra f) del apartado 1, que queda redactada de la siguiente forma: «f) Los vehículos automóviles matriculados en otro Estado miembro, puestos a disposición de una persona física residente en España por personas o entidades establecidas en otro Estado miembro, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1.º) Que la puesta a disposición se produzca como consecuencia de la relación laboral que se mantenga con la persona física residente, ya sea en régimen de asalariado o no. 2.º) Que no se destine el vehículo a ser utilizado esencialmente en el territorio de aplicación del impuesto con carácter permanente. A estos efectos se considera que el vehículo no se destina a ser utilizado esencialmente en el territorio de aplicación del impuesto con carácter permanente cuando es puesto a disposición de un residente en España cuyo centro de trabajo está en otro Estado miembro limítrofe y lo utiliza para ir al mismo diariamente y volver, sin perjuicio de los periodos vacacionales.» Como consecuencia de la anterior modificación, la anterior letra f) del apartado 1, del artículo 66, pasa a ser la letra g) y así sucesivamente. Dos. Se modifica el primer párrafo del apartado 2, que queda redactado de la siguiente forma: «2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a), b), c), d), f), g), j) y l) del apartado anterior estará condicionada a su previo reconocimiento por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente. En particular, cuando se trate de la exención a que se refiere la letra d) será necesaria la previa certificación de la minusvalía o de la invalidez por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes.» CAPÍTULO III Otros Tributos Artículo 73. Tasas. Uno. Se elevan, a partir del 1 de enero de 2013, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año 2012, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 73.uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas que hubieran sido creadas u objeto de actualización específica por normas dictadas en el año 2012. Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro. Dos. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinen por un porcentaje de la base o cuya base no se valore en unidades monetarias. Tres. Se mantienen para el año 2013 los tipos y cuantías fijas establecidos en el apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, en el importe exigible durante el año 2012, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.Tres de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 74. Tasas en materia de telecomunicaciones. Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en el apartado 3 del Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante Ley General de Telecomunicaciones), ha de calcularse mediante la expresión: T = [N × V] / 166,386= [S (km2) × B (kHz) × F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386 en donde: T = importe de la tasa anual en euros. N = número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) calculado como el producto de S × B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por ancho de banda reservado expresado en kHz. V = valor de la URR, determinado en función de los cinco coeficientes Ci, establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de conformidad con dicha Ley, será establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. F (C1, C2, C3, C4, C5) = esta función es el producto de los cinco coeficientes indicados anteriormente. En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectando a todo el territorio nacional, el valor de la superficie S a considerar para el cálculo de la tasa, es el de 505.990 kilómetros cuadrados. En los servicios de radiocomunicaciones que proceda, la superficie S a considerar podrá incluir, en su caso, la correspondiente al mar territorial español o espacio aéreo bajo jurisdicción española. Para fijar el valor de los coeficientes C1 a C5 en cada servicio de radiocomunicaciones, se ha tenido en cuenta el significado que les atribuye la Ley General de Telecomunicaciones y las normas reglamentarias que la desarrollan, a saber: 1.º Coeficiente C1: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas. Se valoran los siguientes conceptos: Número de frecuencias por concesión o autorización. Zona urbana o rural. Zona de servicio. 2.º Coeficiente C2: Tipo de servicio para el que se pretende utilizar y, en particular, si éste lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas en el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones. Se valoran los siguientes conceptos: Soporte a otras redes (infraestructura). Prestación a terceros. Autoprestación. Servicios de telefonía con derechos exclusivos. Servicios de radiodifusión. 3.º Coeficiente C3: Banda o sub-banda del espectro. Se valoran los siguientes conceptos: Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la banda para el servicio solicitado). Previsiones de uso de la banda. Uso exclusivo o compartido de la sub-banda. 4.º Coeficiente C4: Equipos y tecnología que se emplean. Se valoran los siguientes conceptos: Redes convencionales. Redes de asignación aleatoria. Modulación en radioenlaces. Diagrama de radiación. 5.º Coeficiente C5: Valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público reservado. Se valoran los siguientes conceptos: Experiencias no comerciales. Rentabilidad económica del servicio. Interés social de la banda. Usos derivados de la demanda de mercado. Densidad de población. Considerando los distintos factores que afectan a la determinación de la tasa, se han establecido diversas modalidades para cada servicio a cada una de las cuales se le asigna un código identificativo. A continuación se indican cuáles son los factores de ponderación de los distintos coeficientes, así como su posible margen de valoración respecto al valor de referencia. El valor de referencia se toma por defecto, y se aplica en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio o de la reserva efectuada, el coeficiente correspondiente no es de aplicación. Coeficiente C1: Mediante este coeficiente se tiene en cuenta el grado de ocupación de las distintas bandas de frecuencia para un determinado servicio. A estos efectos se ha hecho una tabulación en márgenes de frecuencia cuyos extremos inferior y superior comprenden las bandas típicamente utilizadas en los respectivos servicios. También contempla este coeficiente la zona geográfica de utilización, distinguiendo generalmente entre zonas de elevado interés y alta utilización, las cuales se asimilan a las grandes concentraciones urbanas, y zonas de bajo interés y escasa utilización como puedan ser los entornos rurales. Se parte de un valor unitario o de referencia para las bandas menos congestionadas y en las zonas geográficas de escasa utilización, subiendo el coste relativo hasta un máximo de dos por estos conceptos para las bandas de frecuencia más demandadas y en zonas de alto interés o utilización. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores 1 a 2 — Zona alta/baja utilización + 25 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Demanda de la banda Hasta + 20 % Concesiones y usuarios Hasta + 30 % Coeficiente C2: Mediante este coeficiente se hace una distinción entre las redes de autoprestación y las que tienen por finalidad la prestación a terceros de un servicio de radiocomunicaciones con contraprestación económica. Dentro de estos últimos se ha tenido en cuenta, en su caso, la consideración de servicio público, tomándose en consideración en el valor de este coeficiente la bonificación por servicio público que se establece en el Anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones, que queda incluida en el valor que se establece para este parámetro. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores 1 a 2 — Prestación a terceros/ autoprestación Hasta + 10 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Coeficiente C3: Con el coeficiente C3 se consideran las posibles modalidades de otorgamiento de la reserva de dominio público radioeléctrico de una determinada frecuencia o sub-banda de frecuencias, con carácter exclusivo o compartido con otros usuarios en una determinada zona geográfica. Estas posibilidades son de aplicación en el caso del servicio móvil. Para otros servicios la reserva de dominio público radioeléctrico ha de ser con carácter exclusivo por la naturaleza del mismo. Aquellas reservas solicitadas en bandas no adecuadas al servicio, en función de las tendencias de utilización y previsiones del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), se penalizan con una tasa más elevada, con el fin de favorecer la tendencia hacia la armonización de las utilizaciones radioeléctricas, lo cual se refleja en la valoración de este coeficiente. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores 1 a 2 — Frecuencia exclusiva/compartida Hasta + 75 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Idoneidad de la banda de frecuencia Hasta + 60 % Coeficiente C4: Con este coeficiente es posible ponderar de una manera distinta las diferentes tecnologías o sistemas empleados, favoreciendo aquellas que hacen un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Así, por ejemplo, en redes móviles, se favorece la utilización de sistemas de asignación aleatoria de canal frente a los tradicionales de asignación fija. En el caso de radioenlaces, el tipo de modulación utilizado es un factor determinante a la hora de valorar la capacidad de transmisión de información por unidad de anchura de banda y esto se ha tenido en cuenta de manera general, considerando las tecnologías disponibles según la banda de frecuencias. En radiodifusión se han contemplado los nuevos sistemas de radiodifusión sonora, además de los clásicos analógicos. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia 2 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores 1 a 2 — Tecnología utilizada / tecnología de referencia Hasta + 50 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Coeficiente C5: Este coeficiente considera los aspectos de relevancia social de un determinado servicio frente a otros servicios de similar naturaleza desde el punto de vista radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad del servicio prestado, gravando más por unidad de anchura de banda aquellos servicios de alto interés y rentabilidad frente a otros que, aun siendo similares desde el punto de vista radioeléctrico, ofrezcan una rentabilidad muy distinta y tengan diferente consideración desde el punto de vista de relevancia social. En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio, se ha considerado un factor determinante para fijar la tasa de una determinada reserva de dominio público radioeléctrico, la densidad de población dentro de la zona de servicio de la emisora considerada. Cuando la reserva de frecuencias se destine a la realización de emisiones de carácter experimental y sin contraprestación económica para el titular de la misma, ni otra finalidad que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías durante un período de tiempo limitado y definido, el valor del coeficiente C5 en estos casos será el 15 por ciento del valor general. Concepto Escala de valores Observaciones Valor de referencia 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio. Margen de valores > 0 — Rentabilidad económica Hasta + 30 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados. Interés social servicio Hasta – 20 % Población Hasta + 100 % Experiencias no comerciales – 85 % Cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico. Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas. Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones: 1. Servicios Móviles. 1.1. Servicio móvil terrestre y servicios asociados. 1.2. Servicio móvil terrestre con cobertura nacional. 1.3. Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros). 1.4. Servicio móvil marítimo. 1.5. Servicio móvil aeronáutico. 1.6. Servicio móvil por satélite. 1.7. Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha. 1.8. Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R). 2. Servicio Fijo. 2.1. Servicio fijo punto a punto. 2.2. Servicio fijo punto a multipunto. 2.3. Servicio fijo por satélite. 3. Servicio de Radiodifusión. 3.1. Radiodifusión sonora. 3.2. Televisión. 3.3. Servicios auxiliares a la radiodifusión. 4. Otros servicios. 4.1. Radionavegación. 4.2. Radiodeterminación. 4.3. Radiolocalización. 4.4. Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones espaciales y otros. 5. Servicios no contemplados en apartados anteriores. Teniendo en cuenta estos grupos de servicios radioeléctricos, las posibles bandas de frecuencias para la prestación del servicio y los cinco coeficientes con sus correspondientes conceptos o factores a considerar para calcular la tasa de diferentes reservas de dominio público radioeléctrico de un servicio dado, se obtienen las modalidades que se indican a continuación. 1. SERVICIOS MÓVILES. 1.1. Servicio móvil terrestre y servicios asociados. Se incluyen en esta clasificación las reservas de dominio público radioeléctrico para redes del servicio móvil terrestre y otras modalidades como operaciones portuarias y de movimiento de barcos y los enlaces monocanales de banda estrecha. Los cinco coeficientes establecidos en el apartado 3.1 del Anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones obligan a distinguir en redes del servicio móvil terrestre, diversas modalidades, y evaluar diferenciadamente los criterios para fijar la tasa de una determinada reserva. En cada modalidad se han tabulado los márgenes de frecuencia que es preciso distinguir a efectos de calcular la tasa para tener en cuenta la ocupación relativa de las distintas bandas de frecuencia y otros aspectos contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones, como por ejemplo la idoneidad o no de una determinada banda de frecuencias para el servicio considerado. Dentro de estos márgenes de frecuencia, únicamente se otorgarán reservas de dominio público radioeléctrico en las bandas de frecuencias reservadas en el CNAF al servicio considerado. Con carácter general, para redes del servicio móvil se aplica, a efectos de calcular la tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización, siempre que la cobertura de la red comprenda, total o parcialmente, poblaciones con más de 50.000 habitantes. Para redes con frecuencias en diferentes bandas el concepto de zona geográfica se aplicará de forma independiente para cada una de ellas. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.1.9, para las modalidades incluidas en este epígrafe, el ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz ó 25 kHz) por el número de frecuencias utilizadas. 1.1.1. Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de baja utilización/ autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,2 1,25 1 1,3 0,4707 1111 100-200 MHz 1,7 1,25 1 1,3 0,5395 1112 200-400 MHz 1,6 1,25 1,1 1,3 0,4937 1113 400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,2 1,3 0,4590 1114 1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,1 1,3 0,4590 1115 > 3.000 MHz 1 1,25 1,2 1,3 0,4590 1116 1.1.2. Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de alta utilización/autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,25 1 1,3 0,4707 1121 100-200 MHz 2 1,25 1 1,3 0,5395 1122 200-400 MHz 1,8 1,25 1,1 1,3 0,4937 1123 400-1.000 MHz 1,7 1,25 1,2 1,3 0,4590 1124 1.000-3.000 MHz 1,25 1,25 1,1 1,3 0,4590 1125 > 3.000 MHz 1,15 1,25 1,2 1,3 0,4590 1126 1.1.3. Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,2 1,25 1,5 1,3 0,4707 1131 100-200 MHz 1,7 1,25 1,5 1,3 0,5395 1132 200-400 MHz 1,6 1,25 1,65 1,3 0,4937 1133 400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,8 1,3 0,4590 1134 1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,65 1,3 0,4590 1135 > 3.000 MHz 1 1,25 1,8 1,3 0,4590 1136 1.1.4. Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,25 1,5 1,3 0,4707 1141 100-200 MHz 2 1,25 1,5 1,3 0,5395 1142 200-400 MHz 1,8 1,25 1,65 1,3 0,4937 1143 400-1.000 MHz 1,7 1,25 1,8 1,3 0,4590 1144 1.000-3.000 MHz 1,25 1,25 1,65 1,3 0,4590 1145 > 3.000 MHz 1,15 1,25 1,8 1,3 0,4590 1146 1.1.5. Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros. La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,375 1,5 1,3 0,4707 1151 100-200 MHz 2 1,375 1,5 1,3 0,5395 1152 200-400 MHz 1,8 1,375 1,65 1,3 0,4937 1153 400-1.000 MHz 1,7 1,375 1,8 1,3 0,4590 1154 1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 1,65 1,3 0,4590 1155 > 3.000 MHz 1,15 1,375 1,8 1,3 0,4590 1156 1.1.6. Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,1 1,25 2 1 0,1491 1161 100-200 MHz 1,6 1,25 2 1 0,21498 1162 200-400 MHz 1,7 1,25 2 1 0,1491 1163 400-1.000 MHz 1,4 1,25 2 1 0,1491 1164 1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 2 1 0,1491 1165 > 3.000 MHz 1 1,25 2 1 0,1491 1166 1.1.7. Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1171 100-200 MHz 1,6 1,375 2 1 0,1491 1172 200-400 MHz 1,7 1,375 2 1 0,1097 1173 400-1.000 MHz 1,4 1,375 2 1 0,1491 1174 1.000-3.000 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1175 > 3.000 MHz 1 1,375 2 1 0,1491 1176 1.1.8. Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros). La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 50 MHz 1 2 1 2 19,5147 1181 50 - 174 MHz 1 2 1 1,5 0,3444 1182 > 174 MHz 1 2 1,3 1 0,3444 1183 1.1.9. Dispositivos de corto alcance: Telemandos, alarmas, datos, etc. /cualquier zona. Se incluyen en este apartado los sistemas de corto alcance siempre que el radio de servicio de la red no sea mayor que 3 kilómetros. La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio. Para redes de mayor cobertura se aplicará la modalidad correspondiente entre el resto de servicios móviles o servicio fijo en función de la naturaleza del servicio y características propias de la red. El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización (10, 12,5, 25, 200 kHz, etc.) en los casos que sea de aplicación por el número de frecuencias utilizadas. Si en virtud de las características técnicas de la emisión no es aplicable ninguna canalización entre las indicadas se tomará el ancho de banda de la denominación de la emisión o, en su defecto, se aplicará la totalidad de la correspondiente banda de frecuencias destinada en el CNAF para estas aplicaciones. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 50 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1191 50-174 MHz 2 1,25 1,5 1 19,5147 1192 406-470 MHz 2 1,25 1,5 1 19,5147 1193 862-870 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1194 > 1.000 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1195 1.2. Servicio móvil terrestre de cobertura nacional. El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas. 1.2.1. Servicio móvil asignación fija/redes de cobertura nacional. La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,375 2 1,25 11,64510 -3 1211 100-200 MHz 1,6 1,375 2 1,25 11,64510 -3 1212 200-400 MHz 1,44 1,375 2 1,25 11,64510 -3 1213 400-1.000 MHz 1,36 1,375 2 1,25 11,64510 -3 1214 1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 2 1,25 11,64510 -3 1215 > 3.000 MHz 1,15 1,375 2 1,25 11,64510 -3 1216 1.2.2. Servicio móvil asignación aleatoria/redes de cobertura nacional. La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1221 100-200 MHz 1,6 1,375 2 1 0,21468 1222 200-400 MHz 1,7 1,375 2 1 0,1491 1223 400-1.000 MHz 1,4 1,375 2 1 0,1491 1224 1.000-3.000 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1225 > 3.000 MHz 1 1,375 2 1 0,1491 1226 1.3. Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros). 1.3.1. Sistemas terrestres de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros). La superficie S y el ancho de banda B a considerar serán los que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Bandas 790 a 821 MHz, 832 a 862 MHz, 880 a 915 MHz, y 925 a 960 MHz 2 2 1 1,8 3,543 10 -2 1321 Bandas 1710 a 1785 MHz y 1805 a 1880 MHz 2 2 1 1,6 3,190 10 -2 1331 Bandas 1900 a 1980, 2010 a 2025, y 2110 a 2170 MHz 2 2 1 1,5 4,251 10 -2 1351 Banda de 2500 a 2690 MHz 2 2 1 1,5 9,182 10 -3 K 1381 En la banda de 2500 a 2690 MHz, para las concesiones de ámbito autonómico otorgadas por un procedimiento de licitación, en aquellas Comunidades Autónomas con bajos niveles de población, el coeficiente C5 se pondera con un factor K función de la población. Los valores puntuales del coeficiente K y las Comunidades Autónomas afectadas son las siguientes: Castilla-La Mancha, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Castilla y León, K=0,293; Aragón, K=0,304; Navarra, K=0,66; y La Rioja K=0,688. 1.3.2. Servicios de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves (prestación a terceros). La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 aeronaves o fracción. El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la tecnología utilizada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1,4 2 1 1 1,20 1371 1.3.3. Servicios de comunicaciones móviles a bordo de buques (prestación a terceros). La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 buques o fracción. El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la tecnología utilizada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1,4 2 1 1 1,40 1391 1.4. Servicio móvil marítimo. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 30 MHz 1 1,25 1,25 1 0,1146 1411 f ≥ 30 MHz 1,3 1,25 1,25 1 0,9730 1412 1.5. Servicio móvil aeronáutico. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. El ancho de banda a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 30 MHz 1 1,25 1,25 1 0,1146 1511 f ≥ 30 MHz 1,3 1,25 1,25 1 0,1146 1512 1.6. Servicio móvil por satélite. La superficie S a considerar será la correspondiente al área de la zona de servicio autorizada del sistema o de la estación de que se trate, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados. El ancho de banda B a tener en cuenta será la suma de la anchura de banda reservada al sistema para cada frecuencia, computándose tanto el enlace ascendente como el descendente. 1.6.1. Servicio móvil terrestre por satélite. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1,25 1 1 1,950 10 -3 1611 1.6.2. Servicio móvil aeronáutico por satélite. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Banda 10-15 GHz 1 1 1 1 0,865 10 -5 1621 Banda 1500-1700 MHz 1 1 1 1 7,852 10 -5 1622 1.6.3. Servicio móvil marítimo por satélite. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Banda 1500-1700 MHz 1 1 1 1 2,453 10 -4 1631 1.6.4 Sistemas de comunicaciones electrónicas por satélite incluyendo, en su caso, componente terrenal subordinada (prestación a terceros). Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas integrados de móvil por satélite incluyendo, en su caso, una red terrenal subordinada que utiliza las mismas frecuencias acordes con la Decisión 2008/626/CE. La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional. El ancho de banda B a considerar será el que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Bandas 1980 a 2010 MHz y 2170 a 2200 MHz 1 1,25 1 1 0,65 10-3 1641 1.7. Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas terrenales de comunicaciones móviles, que funcionen en bandas de frecuencia distintas de las especificadas en el epígrafe 1.3.1 y que utilicen canales radioeléctricos con anchos de banda de transmisión superiores a 1 MHz y radios de la zona de servicio superiores a 3 kilómetros. La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 500 kilómetros cuadrados. El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 100 MHz 1,4 1,375 1,5 1 9,6 1711 100-200 MHz 2 1,375 1,5 1 11 1712 200-400 MHz 1,8 1,375 1,6 1 11 1713 400-1.000 MHz 1,7 1,375 1,8 1 9,2 1714 1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 1,6 1 9 1715 > 3.000 MHz 1,15 1,375 1,6 1 9 1716 1.8. Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R). La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de todos los trayectos viarios para los que se efectúa la reserva de las frecuencias, expresados en kilómetros, por una anchura de diez kilómetros. El ancho de banda B a tener en cuenta será el ancho de banda total que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 CNAF UN 40 2 2 1 1,8 0,02812 1361 2. SERVICIO FIJO. Se incluyen en este apartado, además de las reservas puntuales de frecuencias para los diferentes modalidades del servicio, las denominadas reservas de banda en las que la reserva alcanza a porciones de espectro que permiten la utilización de diversos canales radioeléctricos de forma simultánea por el operador en una misma zona geográfica. Las reservas de banda están justificadas, exclusivamente, en casos de despliegues masivos de infraestructuras radioeléctricas por un operador, para redes de comunicaciones electrónicas de prestación de servicios a terceros o, transportes de señal de servicios audiovisuales, en aquellas zonas geográficas en las que por necesidades de concentración de tráfico se precise disponer de grupos de canales radioeléctricamente compatibles entre sí. 2.1. Servicio fijo punto a punto. Con carácter general, se aplicará la modalidad de zona geográfica de alta utilización en aquellos vanos, individuales o que forman parte de una red radioeléctrica extensa, en los que alguna de las estaciones extremo del vano se encuentra ubicada en alguna población de más de 250.000 habitantes, o en sus proximidades o el haz principal del radioenlace del vano atraviese la vertical de dicha zona. Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y si este valor nominal coincide con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que resulte una menor cuantía de la tasa. 2.1.1. Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación. El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las características de dicho vano. La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud en kilómetros por una anchura de un kilómetro. El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 por ciento al valor de la tasa individual. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 0,28926 2111 1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,45 1,2 0,28926 2112 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,27126 2113 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,24408 2114 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,24408 2115 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,05535 2116 2.1.2. Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación. El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las características de dicho vano. La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud en kilómetros por una anchura de un kilómetro. El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 por ciento al valor de la tasa individual. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,6 1 1,3 1,25 0,28926 2121 1.000-3.000 MHz 1,55 1 1,45 1,2 0,28926 2122 3.000-10.000 MHz 1,55 1 1,15 1,15 0,27126 2123 10-24 GHz 1,5 1 1,1 1,15 0,24408 2124 24-39,5 GHz 1,3 1 1,05 1,1 0,24408 2125 > 39,5 GHz 1,2 1 1 1 0,05535 2126 2.1.3. Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/prestación a terceros. El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las características de dicho vano. La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud en kilómetros por una anchura de un kilómetro. El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 por ciento al valor de la tasa individual. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 0,20806 2151 1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,7 1,2 0,20806 2152 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,195185 2153 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,175615 2154 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,175615 2155 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,039964 2156 2.1.4. Servicio fijo punto a punto/reservas de banda en todo el territorio nacional. A efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de banda reservado, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 2,430 10-3 2161 1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,2 1,2 2,430 10-3 2162 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 2,430 10-3 2163 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 2,430 10-3 2164 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 2,430 10-3 2165 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,595 10-3 2166 2.1.5. Servicio fijo punto a punto, de alta densidad en cualquier zona. Para el servicio fijo punto a punto de alta densidad, en frecuencias no coordinadas con otras autorizaciones de uso en la misma zona, la superficie S a considerar por cada vano autorizado, será el resultado de multiplicar una longitud nominal de 1,5 kilómetros por una anchura de un kilómetro. El ancho de banda B a tener en cuenta para cada canal autorizado es el correspondiente a la canalización utilizada en el enlace (50 MHz, 100 MHz, etc.), y en su defecto el ancho de banda según de la denominación de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 CNAF UN 126 1,12 1 1,10 2 0,1103 2171 64-66 GHz 1,12 1 1,05 2 0,1103 2172 > 66 GHz 1,12 1 1 2 0,1103 2173 2.1.6. Servicio fijo punto a punto/reservas de banda de ámbito provincial o multiprovincial. Este apartado es de aplicación a las reservas de banda para una o más provincias con un límite máximo de zona de cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados. A efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de banda reservado, sobre la superficie de la zona de servicio, independientemente de la reutilización efectuada de toda o parte de las frecuencias asignadas. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 4,627 10-3 2181 1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,2 1,2 4,627 10-3 2182 3-10 GHz 1,25 1 1,15 1,15 4,627 10-3 2183 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 4,627 10-3 2184 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 4,627 10-3 2185 > 39,5 GHz 1 1 1 1 1,157 10-3 2186 2.2. Servicio fijo punto a multipunto. Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y, si este valor nominal coincidiera con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que resulte una menor cuantía de la tasa. 2.2.1. Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación. La superficie S a considerar será la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico. El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,5 1 1,3 1,25 0,085255 2211 1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,072420 2212 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,04267 2213 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,064005 2214 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,064005 2215 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,010455 2216 2.2.2 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros. La superficie S a considerar es la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, con la excepción de las reservas código de modalidad 2235 para las que se establece una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 80 kilómetros cuadrados. El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,5 1 1,3 1,25 0,0505 2231 1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,0428 2232 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,0253 2233 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,0377 2234 24-39,5 GHz 1,38 1 1,05 1,1 0,0377 2235 > 39,5-105 GHz 1 1 1 1 0,0062 2236 2.2.3. Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional. El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico sobre la superficie S correspondiente a todo el territorio nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 2,649 10-3 2241 1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 2,649 10-3 2242 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 2,649 10-3 2243 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 2,649 10-3 2244 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 2,649 10-3 2245 > 39,5 GHz 1 1 1 1 0,649 10-3 2246 2.2.4. Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda de ámbito provincial ó multiprovincial. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para una o más provincias con un límite máximo de zona de servicio de 250.000 kilómetros cuadrados. El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico sobre la superficie cubierta, independientemente de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 90,81 10-3 2251 1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 90,81 10-3 2252 3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 90,81 10-3 2253 10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 90,81 10-3 2254 24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 90,81 10-3 2255 > 39,5 GHz 1 1 1 1 22,698 10-3 2256 2.3. Servicio fijo por satélite. La superficie S a considerar será la correspondiente a la de la zona de servicio que, en general o en caso de no especificarse otra, corresponderá con la superficie de todo el territorio nacional. En cualquier caso, a efectos de cálculo, serán de aplicación las superficies mínimas que a continuación se especifican para los distintos epígrafes. El ancho de banda a considerar para cada frecuencia será el especificado en la denominación de la emisión, computándose tanto el ancho de banda del enlace ascendente como el ancho de banda del enlace descendente, cada uno con sus superficies respectivas; se exceptúan los enlaces de conexión de radiodifusión que, por tratarse de un enlace únicamente ascendente, solo se computará el ancho de banda del mismo. 2.3.1. Servicio fijo por satélite punto a punto, incluyendo enlaces de conexión del servicio móvil por satélite, y enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite (punto a multipunto). En los enlaces punto a punto, tanto para el enlace ascendente como para el descendente, se considerará una superficie S de 31.416 kilómetros cuadrados. En esta categoría se consideran incluidos los enlaces de contribución de radiodifusión punto a punto. En los enlaces de contribución punto a multipunto se considerará una superficie S de 31.416 kilómetros cuadrados para el enlace ascendente y para el enlace descendente se considerará el área de la zona de servicio que, en general, corresponderá con la superficie de todo el territorio nacional, estableciéndose en cualquier caso una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,950 10-4 2311 3-17 GHz 1,25 1,25 1,15 1,15 1,950 10-4 2312 > 17 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 0,360 10-4 2315 2.3.2. Enlaces de conexión del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite. Para los enlaces de conexión (enlace ascendente) del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite, se considerará una superficie S, a efectos de cálculo, de 31.416 kilómetros cuadrados. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4 2321 3-30 GHz 1,25 1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4 2322 > 30 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 1,7207 10-4 2324 2.3.3. Servicios tipo VSAT (redes de datos por satélite) y SNG (enlaces transportables de reportajes por satélite). Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose una superficie mínima a efectos de cálculo, de 10.000 kilómetros cuadrados. En el caso de los enlaces SNG se considerará una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. En todos los casos anteriores, la superficie se tomará tanto en transmisión como en recepción y todo ello independientemente del número de estaciones transmisoras y receptoras. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4 2331 3-17 GHz 1,25 1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4 2332 > 17 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 4,21 10-5 2334 3. SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN. Las consideraciones siguientes son de aplicación al servicio de radiodifusión, tanto en su modalidad de radiodifusión sonora como de televisión. La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio. Por lo tanto, en los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional, la superficie de la zona de servicio será la superficie del territorio nacional y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura. Igualmente, en los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que tienen por objeto la cobertura autonómica, la superficie de la zona de servicio será la superficie del territorio autonómico correspondiente y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura. En los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional o cualquiera de las coberturas autonómicas, la anchura de banda B a aplicar será la correspondiente al tipo de servicio de que se trate e igual a la que se aplicaría a una estación del servicio considerada individualmente. En las modalidades de servicio para las que se califica la zona geográfica, se considera que se trata de una zona de alto interés y rentabilidad cuando la zona de servicio incluya alguna capital de provincia o autonómica u otras localidades con más de 50.000 habitantes. En el servicio de radiodifusión, el coeficiente C5 se pondera con un factor k, función de la densidad de población, obtenida en base al censo de población en vigor, en la zona de servicio, de acuerdo con la siguiente tabla: Densidad de población Factor k Hasta 100 habitantes/km2 0,015 Superior a 100 hb/km2 y hasta 250 hb/km2 0,050 Superior a 250 hb/km2 y hasta 500 hb/km2 0,085 Superior a 500 hb/km2 y hasta 1.000 hb/km2 0,120 Superior a 1.000 hb/km2 y hasta 2.000 hb/km2 0,155 Superior a 2.000 hb/km2 y hasta 4.000 hb/km2 0,190 Superior a 4.000 hb/km2 y hasta 6.000 hb/km2 0,225 Superior a 6.000 hb/km2 y hasta 8.000 hb/km2 0,450 Superior a 8.000 hb/km2 y hasta 10.000 hb/km2 0,675 Superior a 10.000 hb/km2 y hasta 12.000 hb/km2 0,900 Superior a 12.000 hb/km2 1,125 Las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión serán, en cualquier caso, las especificadas en el CNAF; sin embargo, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá autorizar usos de carácter temporal o experimental diferentes a los señalados en dicho cuadro que no causen perturbaciones a estaciones radioeléctricas legalmente autorizadas. Dichos usos, de carácter temporal o experimental, estarán igualmente gravados con una tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, cuyo importe se evaluará siguiendo los criterios generales del servicio al que se pueda asimilar o, en su caso, los criterios que correspondan a la banda de frecuencias reservada. Para el servicio de radiodifusión por satélite se considerarán únicamente los enlaces ascendentes desde el territorio nacional, que están tipificados como enlaces de conexión dentro del apartado 2.3.2 del servicio fijo por satélite. Los enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite, están igualmente tipificados como tales dentro del apartado 2.3.1 del servicio fijo por satélite. 3.1. Radiodifusión sonora. 3.1.1. Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media: La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 148,5 a 283,5 kHz 1 1 1 1,25 650,912 k 3111 526,5 a 1.606,5 kHz 1 1 1,5 1,25 650,912 k 3112 3.1.2. Radiodifusión sonora de onda corta. Se considerará la superficie S correspondiente a la superficie del territorio nacional y la densidad de población correspondiente a la densidad de población nacional. La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 3 a 30 MHz según CNAF 1 1 1 1,25 325,453 k 3121 3.1.3. Radiodifusión sonora con modulación de frecuencias en zonas de alto interés y rentabilidad. La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas estereofónicos y 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 87,5 a 108 MHz 1,25 1 1,5 1,25 13,066 k 3131 3.1.4. Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en otras zonas. La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas estereofónicos y de 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 87,5 a 108 MHz 1 1 1,5 1,25 13,066 k 3141 3.1.5. Radiodifusión sonora digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad. La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 195 a 223 MHz 1,25 1 1,5 1 0,3756 k 3151 1.452 a 1.492 MHz 1,25 1 1 1 0,3756 k 3152 3.1.6. Radiodifusión sonora digital terrenal en otras zonas. La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio. La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 195 a 223 MHz 1 1 1,5 1 0,3756 k 3161 1.452 a 1.492 MHz 1 1 1 1 0,3756 k 3162 3.2. Televisión. La superficie S será en todos los casos la correspondiente a la zona de servicio. 3.2.1. Televisión digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y autonómico. La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 470 a 862 MHz 1,25 1 1,3 1 0,7023 k 3231 3.2.2. Televisión digital terrenal en otras zonas. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y autonómico. La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 470 a 862 MHz 1 1 1,3 1 0,7023 k 3241 3.2.3. Televisión digital terrenal de ámbito local en zonas de alto interés y rentabilidad. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local. La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 470 a 862 MHz 1,25 1 1,3 1 0,3512 k 3251 3.2.4. Televisión digital terrenal de ámbito local en otras zonas. Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local. La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 470 a 862 MHz 1 1 1,3 1 0,3512 k 3261 3.3. Servicios auxiliares a la radiodifusión. 3.3.1. Enlaces móviles de fonía para reportajes y transmisión de eventos radiofónicos. La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 100 kilómetros cuadrados. La anchura de banda B computable es la correspondiente al canal utilizado (300 kHz, 400 kHz, etc.). Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 2 0,8017 3311 3.3.2. Enlaces de transporte de programas de radiodifusión sonora entre estudios y emisoras. La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de todos los vanos por una anchura de un kilómetro, estableciéndose una superficie mínima de 10 kilómetros cuadrados. La anchura de banda B es la correspondiente al canal utilizado (300 kHz, 400 kHz, etc.). Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 CNAF UN 111 1,25 1 1,25 2 5,72 3321 CNAF UN 47 1,15 1 1,10 1,90 5,72 3322 CNAF UN 88 1,05 1 0,75 1,60 5,72 3323 CNAF UNs 105 y 106 1,5 1 1,3 2 5,72 3324 3.3.3. Enlaces móviles de televisión (ENG). Se establece, a efectos de cálculo, una superficie de 10 kilómetros cuadrados por cada reserva de frecuencias, independientemente del número de equipos funcionando en la misma frecuencia y uso en cualquier punto del territorio nacional. La anchura de banda B a considerar será la correspondiente al canal utilizado. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1,25 1 1,25 2 0,7177 3331 4. OTROS SERVICIOS. 4.1. Servicio de radionavegación. La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado. El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,0100 4111 4.2. Servicio de radiodeterminación. La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado. El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,0602 4211 4.3. Servicio de radiolocalización. La superficie S a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado. El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,03090 4311 4.4. Servicios por satélite, tales como operaciones espaciales, exploración de la tierra por satélite y otros. La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 31.416 kilómetros cuadrados, tanto en transmisión como en recepción. El ancho de banda B a considerar, tanto en transmisión como en recepción, será el exigido por el sistema solicitado en cada caso. Frecuencias Coeficientes Código de modalidad C1 C2 C3 C4 C5 Operaciones espaciales (Telemando, telemedida y seguimiento) 1 1 1 1 1,977 10 -4 4412 Exploración de la Tierra por satélite 1 1 1 1 0,7973 10 -4 4413 Otros servicios espaciales. 1 1 1 1 3,904 10 -3 4411 5. SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN APARTADOS ANTERIORES. Para los servicios y sistemas que puedan presentarse y no sean contemplados en los apartados anteriores o a los que razonablemente no se les puedan aplicar las reglas anteriores, se fijará la tasa en cada caso en función de los siguientes criterios: • Comparación con alguno de los servicios citados anteriormente con características técnicas parecidas. • Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria. • Superficie cubierta por la reserva efectuada. • Importe de la tasa devengada por sistemas que, bajo tecnologías diferentes, resulten similares en cuanto a los servicios que prestan. Dos. Las disposiciones reglamentarias reguladoras de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico conservarán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo previsto en el presente artículo. Tres. El importe de la tasa general de operadores establecida en el apartado 1, del Anexo I, de la Ley General de Telecomunicaciones, será el resultado de aplicar el tipo del 1 por mil a la cifra de los ingresos brutos de explotación que obtengan aquéllos. Artículo 75. Tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por emisión de informes de auditoría de cuentas. Con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 4 del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción: «4. La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija de 99,85 euros por cada informe de auditoría emitido y 199,70 euros por cada informe de auditoría sobre una Entidad de Interés Público en el caso de que el importe de los honorarios facturados por el informe de auditoría sea inferior o igual a 30.000 euros. Dicha cuantía fija será de 199,70 euros por cada informe de auditoría emitido y 399,40 euros por cada informe de auditoría sobre una Entidad de Interés Público, en el caso de que el importe de los honorarios facturados por el informe de auditoría sea superior a 30.000 euros. A estos efectos, se entiende por Entidad de Interés Público lo establecido en el artículo 2.5 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011 de 1 de julio.» Artículo 76. Tasa de aproximación. No obstante lo dispuesto en el artículo 73 se mantienen para el año 2013 las cuantías de la tasa de aproximación en el importe exigible durante el año 2012 de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 77. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general. Los coeficientes correctores previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas del buque, de la mercancía y del pasaje, serán los indicados en el siguiente cuadro: AUTORIDAD PORTUARIA Tasa Buque Tasa Mercancía Tasa Pasaje A Coruña 1,30 1,30 1,05 Alicante 1,20 1,25 1,20 Almería 1,20 1,20 1,20 Avilés 1,13 1,10 1,00 Bahía de Algeciras 1,00 1,00 0,98 Bahía de Cádiz 1,18 1,18 1,10 Baleares 1,00 0,95 1,00 Barcelona 1,00 1,00 1,00 Bilbao 1,00 1,00 1,00 Cartagena 0,95 0,98 0,80 Castellón 1,00 1,10 1,00 Ceuta 1,30 1,30 1,30 Ferrol-San Cibrao 1,10 0,95 0,92 Gijón 1,25 1,20 1,10 Huelva 1,00 0,98 0,87 Las Palmas 1,20 1,30 1,30 Málaga 1,20 1,30 1,30 Marín y Ría de Pontevedra 1,10 1,15 1,00 Melilla 1,30 1,30 1,30 Motril 1,30 1,30 1,10 Pasajes 1,15 1,10 1,00 Sta. Cruz Tenerife 1,20 1,30 1,30 Santander 1,00 1,00 1,00 Sevilla 1,18 1,18 1,10 Tarragona 0,95 1,00 0,70 Valencia 1,17 1,15 1,00 Vigo 1,10 1,20 1,00 Villagarcía 1,25 1,10 1,00 Artículo 78. Bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía. Las bonificaciones previstas en los artículos 182 y 245 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas de ocupación, del buque, de la mercancía y del pasaje y, en su caso, sus condiciones de aplicación, serán las indicadas en el Anexo IX de esta Ley. Artículo 79. Cuantías básicas de las tasas aplicables al sistema portuario de interés general. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima segunda del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, las cuantías básicas de las tasas del buque, del pasaje, de la mercancía, de las embarcaciones deportivas y de recreo, de la tasa por utilización de la zona de tránsito y de la tarifa fija por el servicio de recepción de desechos generados por buques, establecidas en la citada norma, se mantienen sin actualización alguna, sin perjuicio del régimen de actualización propio establecido en la referida norma para la tasa de ocupación y la tasa de actividad. Artículo 80. Tasas por informes y otras actuaciones previstas en el Decreto 140/1960, de 4 de febrero Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la cuantía de los siguientes conceptos recogidos en el artículo 4 del Decreto 140/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por informes y otras actuaciones, quedando redactados en los siguientes términos: Concepto Euros A1. Certificación a instancia de parte 17,61 B. Informes facultativos sin toma de datos de campo 64,00 C1. Informes facultativos con toma de datos de campo. Primer día 191,45 C2. Informes facultativos con toma de datos de campo. Cada día siguiente 127,39 F. Por registro de concesiones y autorizaciones administrativas 86,52 Artículo 81. Actualización de las prestaciones patrimoniales de carácter público de Aena Aeropuertos, S.A. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida la cuantía de las prestaciones patrimoniales de carácter público establecidas en el Título VI, Capítulos I y II de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea se incrementan en el porcentaje que resulte de aplicar a la variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2012, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, un incremento de cinco puntos. No será de aplicación el incremento señalado en el párrafo anterior al importe mínimo por operación en concepto de aterrizaje y servicios de tránsito de aeródromo, que será el establecido en el artículo 75.4 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, en la redacción dada por la disposición final décima de esta Ley. TÍTULO VII De los Entes Territoriales CAPÍTULO I Entidades Locales Sección 1.ª Liquidación Definitiva de la Participación en Tributos del Estado correspondiente al año 2011 Artículo 82. Régimen jurídico y saldos deudores. Uno. Una vez conocida la variación de los ingresos tributarios del Estado del año 2011 respecto de 2004, y los demás datos necesarios, se procederá al cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado, correspondiente al ejercicio 2011, en los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo además en cuenta las normas recogidas en los artículos 100 a 103, 105 y 106, 108 a 111, 113 y 115 a 118 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Dos. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el apartado anterior, en el componente de financiación que no corresponda a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades Locales afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en concepto de participación en los tributos del Estado definida en la Sección 3.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 5.ª de este Capítulo, se perciban con posterioridad a la mencionada liquidación, en un periodo máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la cuantía de las retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta situación. Tres. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el apartado Uno anterior, en el componente de financiación que corresponda a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades Locales afectadas mediante compensación con cargo a los posibles saldos acreedores que se deriven de la liquidación del componente correspondiente al concepto de participación en los tributos del Estado definida en la Sección 3.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 5.ª de este Capítulo. Los saldos deudores restantes después de aplicar la compensación anteriormente citada, serán reembolsados por las Entidades Locales mediante compensación en las entregas a cuenta que, por cada impuesto estatal incluido en aquella cesión, perciban, sin las limitaciones de porcentajes y plazos establecidos en el apartado anterior. Cuatro. Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el apartado Dos de este artículo fuera a favor del Estado, se reflejará como derecho en el Capítulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado. Cinco. El importe de la liquidación definitiva de las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas a favor de las Comunidades Autónomas uniprovinciales de Cantabria, Madrid y la Rioja podrán ser objeto de integración en las cuantías que les correspondan en aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, por acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios. Seis. Cuando las retenciones citadas en este artículo concurran con las reguladas en el artículo 108 tendrán carácter preferente frente a aquellas y no computarán para el cálculo de los porcentajes establecidos en el apartado Dos del citado artículo. Sección 2.ª Cesión a favor de los municipios de la recaudación de impuestos estatales en el año 2013 Artículo 83. Cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga en 2013 mediante doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIRPFm = 0,021336 × CL2010m × IA2013/2010 × 0,95 Siendo: ECIRPFm: Importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del municipio m. CL2010m: Cuota líquida estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el municipio m en el año 2010, último conocido. IA2013/2010: Índice de actualización de la cuota líquida estatal entre el año 2010, último conocido, y el año 2013. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, para 2013, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2010, último del que se conocen las cuotas líquidas de los municipios. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada municipio, determinada en los términos del artículo 115 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 84. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo precedente participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIVAm = PCIVA* × RPIVA × ICPi × (Pm / Pi) × 0,95 Siendo: PCIVA*: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre el Valor Añadido a favor de los municipios, que, para estas entregas a cuenta, será del 2,3266 por ciento. ECIVAm: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión de la recaudación de Impuesto sobre el Valor Añadido prevista para el año 2013. RPIVA: Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida que corresponde al Estado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2013. ICPi: Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2013. A estos efectos se tendrá en cuenta el último dato disponible, que corresponde al utilizado para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2010. Pm y Pi: Poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2013 y aprobado oficialmente por el Gobierno. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por IVA que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 85. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 83, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIIEE(h)m = PCIIEE* × RPIIEE(h) × ICPi(h) × (Pm / Pi) × 0,95 Siendo: PCIIEE*: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, que, para estas entregas a cuenta, será del 2,9220 por ciento. ECIIEE(h)m: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2013. RPIIEE(h): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida que corresponde al Estado del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2013. ICPi(h): Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece el municipio m, elaborado, para el año 2013, a efectos de la asignación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2010. Pm y Pi: Poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2013 y aprobado oficialmente por el Gobierno. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 117 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 86. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 83 participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El cálculo para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIIEE(k)m = PCIIEE* × RPIIEE(k) × IPm(k) × 0,95 Siendo: PCIIEE*: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, que, para estas entregas a cuenta, será del 2,9220 por ciento. ECIIEE(k)m: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2013. RPIIEE(k): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida que corresponde al Estado del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2013. IPm(k): Índice provisional, para el año 2013, referido al municipio m, de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, ponderadas ambas por los correspondientes tipos impositivos. A estos efectos se considerará índice provisional el que corresponda al último año disponible. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Sección 3.ª Participación de los municipios en los tributos del Estado Subsección 1.ª Participación de los municipios en el Fondo Complementario de Financiación Artículo 87. Determinación de las entregas a cuenta. Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada municipio incluido en el ámbito subjetivo del artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2013, se reconocerá con cargo al crédito específico consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado. Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financiación del año base 2004 multiplicado por el índice de evolución correspondiente según el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y teniendo en cuenta la disposición adicional septuagésima de la presente norma. Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior para cada municipio, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2004. b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2006. Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de Financiación para el ejercicio 2013 serán abonadas mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de las normas recogidas en los apartados anteriores. Artículo 88. Liquidación definitiva. Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación del año 2013 a favor de los municipios, se realizará con cargo al crédito que se dote en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 119 y 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dos. A la cuantía calculada para cada municipio en los términos del apartado anterior, se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2004. b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2006. Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre los importes de las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y de la participación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores. Subsección 2.ª Participación del resto de los municipios Artículo 89. Participación de los municipios en los tributos del Estado para el ejercicio 2013. Uno. El importe total destinado a pagar las entregas a cuenta a los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 122 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será el equivalente al 95 por ciento de su participación total en los tributos del Estado para el año base 2004, multiplicado por el índice de evolución correspondiente según el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y teniendo en cuenta la disposición adicional septuagésima de la presente norma. Se reconocerá con cargo al crédito específico consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado. Dos. La práctica de la liquidación definitiva correspondiente al año 2013 a favor de los municipios antes citados se realizará con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 123 y 124 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con cargo al crédito que se dote en el Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, incluido en la Sección, Servicio y Programa citados en el apartado anterior. Tres. El importe total que resulte de la aplicación de las reglas contenidas en los apartados anteriores, se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios: a. Como regla general, cada ayuntamiento percibirá una cantidad igual a la resultante de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del año 2003, calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. b. El resto se distribuirá proporcionalmente a las diferencias positivas entre la cantidad que cada ayuntamiento obtendría de un reparto en función de las variables y porcentajes que a continuación se mencionan y las cantidades previstas en el párrafo anterior. A estos efectos, las variables y porcentajes a aplicar serán los siguientes: 1. El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón de la población municipal vigente a 31 de diciembre de 2013 y aprobado oficialmente por el Gobierno, ponderado por los siguientes coeficientes, según estratos de población: Estrato Número de habitantes Coeficientes 1 De más de 50.000 1,40 2 De 20.001 a 50.000 1,30 3 De 5.001 a 20.000 1,17 4 Hasta 5.000. 1,00 2. El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio en el ejercicio 2011 ponderado por el número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2013 y oficialmente aprobado por el Gobierno. A estos efectos, se considera esfuerzo fiscal municipal en el año 2011 el resultante de la aplicación de la fórmula siguiente: Efm = [∑ a(RcO/RPm)] × Pi En el desarrollo de esta fórmula se tendrán en cuenta los siguientes criterios: A. El factor a representa el peso medio relativo de cada tributo en relación con la recaudación líquida total obtenida en el ejercicio económico de 2011, durante el período voluntario, por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Económicas, excluidas las cantidades percibidas como consecuencia de la distribución de las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas y el recargo provincial atribuible a las respectivas Diputaciones Provinciales, y por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para todos los municipios integrados en esta forma de financiación. B. La relación RcO/RPm se calculará, para cada uno de los tributos citados en el párrafo precedente y en relación a cada municipio, de la siguiente manera: «i. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos o rústicos, multiplicando el factor a por el tipo impositivo real fijado por el Pleno de la Corporación para el período de referencia, dividido por 0,4 ó 0,3, respectivamente, que representan los tipos mínimos exigibles en cada caso y dividiéndolo a su vez por el tipo máximo potencialmente exigible en cada municipio. A estos efectos, se aplicarán los tipos de gravamen real y máximo, según lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El resultado así obtenido en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos se ponderará por la razón entre la base imponible media por habitante de cada Ayuntamiento y la base imponible media por habitante del estrato en el que se encuadre, incluyendo, en su caso, la que corresponda a los bienes inmuebles de características especiales. A estos efectos, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional novena del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y que, además, los tramos de población se identificarán con los utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la variable población. ii. En el Impuesto sobre Actividades Económicas, multiplicando el factor a por el importe del Padrón municipal del impuesto incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente de situación a que se refiere el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vigente en el período impositivo de 2011, y dividiéndolo por la suma de las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del impuesto, en relación con cada supuesto de sujeción al mismo, y ponderadas por los coeficientes recogidos en el artículo 86 de la misma norma. iii. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, multiplicando el factor a por 1. iv. La suma ∑a(RcO/RPm) se multiplicará por el factor Pi, siendo éste su población de derecho deducida del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2013 y aprobado oficialmente por el Gobierno.» C. El coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante, para cada municipio, en ningún caso podrá ser superior al quíntuplo del menor valor calculado del coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante de los ayuntamientos incluidos en el estrato de población superior a 50.000 habitantes. 3. El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria. Se entenderá como capacidad tributaria la resultante de la relación existente entre las bases imponibles medias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos por habitante de cada Ayuntamiento y la del estrato en el que este se encuadre, ponderada por la relación entre la población de derecho de cada municipio y la población total de los incluidos en esta modalidad de participación, deducidas del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2013 y aprobado oficialmente por el Gobierno. A estos efectos, los tramos de población se identificarán con los utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la variable población. Para el cálculo de esta variable se tendrán en cuenta los datos relativos a las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y de características especiales, de las entidades locales, correspondientes al ejercicio 2011. Cuatro. En la cuantía que resulte de la aplicación de las normas del apartado anterior, se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2004. b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2006. Cinco. La participación de los municipios turísticos se determinará con arreglo al apartado 4 del artículo 125 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y a lo dispuesto en los apartados Tres y Cuatro anteriores. El importe de la cesión así calculada no podrá suponer, en ningún caso, minoración de la participación que resulte de la aplicación de los apartados Tres y Cuatro del presente artículo. Se considerarán municipios turísticos los que cumplan las condiciones recogidas en el apartado 1 del mencionado artículo 125, referidas a 1 de enero de 2013. Seis. Para los municipios turísticos resultantes de la revisión efectuada a 1 de enero de 2012, la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada para el año base 2004, a que hace referencia el artículo 125.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será el resultado de dividir la cesión de la recaudación líquida de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco correspondiente a cada municipio en el ejercicio 2012 por la evolución de los ingresos tributarios del Estado en este último respecto de 2004. Artículo 90. Entregas a cuenta. Uno. Las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para el ejercicio de 2013 a que se refiere el artículo anterior serán abonadas a los ayuntamientos mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del respectivo crédito. Dos. La participación individual de cada municipio se determinará de acuerdo con los criterios establecidos para la distribución de la liquidación definitiva, con las siguientes variaciones: a. Se empleará la población del Padrón Municipal vigente y oficialmente aprobado por el Gobierno a 1 de enero del año 2013. Las variables esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad tributaria se referirán a los datos de la última liquidación definitiva practicada. En todo caso, se considerará como entrega mínima a cuenta de la participación en los tributos del Estado para cada municipio una cantidad igual al 95 por ciento de la participación total definitiva correspondiente al año 2003, calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. b. A la cuantía calculada según el párrafo anterior para cada municipio, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: 1. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2004. 2. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2006. Tres. La participación individual de cada municipio turístico se determinará de acuerdo con el apartado anterior. El importe resultante se reducirá en la cuantía de la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada en el año base 2004, incrementada en los mismos términos que la previsión de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto de 2004, sumándose al resultado anterior la cesión que, por aquellos impuestos, les correspondiese, en concepto de entregas a cuenta en 2013, aplicando las normas del apartado Uno del artículo 82 de esta Ley, sin que, en ningún caso, la cuantía a transferir sea inferior a la calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior. Sección 4.ª Cesión a favor de las provincias, comunidades autónomas uniprovinciales, cabildos y consejos insulares, de la recaudación de impuestos estatales Artículo 91. Cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga en 2013, mediante el pago de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El cálculo global de la cuantía de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIRPFp = 0,012561 × CL2010p × IA2013/2010 × 0,95 Siendo: ECIRPFp: Importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la entidad provincial o asimilada p. CL2010p: Cuota líquida estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la entidad provincial o asimilada p en el año 2010, último conocido. IA2013/2010: Índice de actualización de la cuota líquida estatal entre el año 2010, último conocido, y el año 2013. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, para 2013, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2010, último del que se conocen las cuotas líquidas en el ámbito de la entidad provincial o asimilada. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada mediante transferencia por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada provincia o ente asimilado, determinada en los términos del artículo 137 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 92. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Las provincias y entes asimilados a los que se refiere el artículo precedente participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. La determinación, para cada una de aquellas entidades, de la cuantía global de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIVAp = PCIVA** × RPIVA × ICPi × (Pp/Pi) × 0,95 Siendo: PCIVA**: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre el Valor Añadido a favor de las provincias y entes asimilados, que, para estas entregas a cuenta, será del 1,3699 por ciento. ECIVAp: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o entidad asimilada p, en concepto de cesión de la recaudación de Impuesto sobre el Valor Añadido prevista en el año 2013. RPIVA: Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida correspondiente al Estado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2013. ICPi: Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2013. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2010. Pp y Pi: Poblaciones de la provincia o ente asimilado p y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2013 y aprobado oficialmente por el Gobierno. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 93. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Las entidades incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El cálculo, para cada provincia o ente asimilado, de la cuantía global de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIIEE(h)p = PCIIEE** × RPIIEE(h) × ICPi (h) × (Pp / Pi) × 0,95 Siendo: PCIIEE**: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas a favor de las provincias y entes asimilados, que, para estas entregas a cuenta, será del 1,7206 por ciento. ECIIEE(h)p: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2013. RPIIEE(h): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida correspondiente al Estado del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2013. ICPi(h): Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece la provincia o entidad asimilada p, elaborado, para el año 2013, a efectos de la asignación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2010. Pp y Pi: Poblaciones de la provincia o entidad asimilada p y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2013 y aprobado oficialmente por el Gobierno. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación del artículo 139 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 94. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva. Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El cálculo, para cada provincia o entidad asimilada, del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación: ECIIEE(k)p = PCIIEE** × RPIIEE(k) × IPp(k) × 0,95 Siendo: PCIIEE**: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco a favor de las provincias y entes asimilados, que, para estas entregas a cuenta, será del 1,7206 por ciento. ECIIEE(k)p: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2013. RPIIEE(k): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida correspondiente al Estado del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2013. IPp(k): Índice provisional, para el año 2013, referido a la provincia o ente asimilado p, de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, ponderadas ambas por los correspondientes tipos impositivos. A estos efectos se tendrán en cuenta datos correspondientes al último año disponible. El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada entidad, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado. Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el artículo anterior, que resulte de la aplicación del artículo 139 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Sección 5.ª Participación de las provincias, comunidades autónomas uniprovinciales y consejos y cabildos insulares en los tributos del Estado Subsección 1.ª Participación en el Fondo Complementario de Financiación Artículo 95. Determinación de las entregas a cuenta. Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada provincia y entidad asimilada incluida en el ámbito subjetivo del vigente artículo 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2013, y teniendo en cuenta la disposición adicional septuagésima de la presente norma. Se reconocerá con cargo al crédito Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares. Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares, por su participación en los ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado, por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas, consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado. Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financiación del año 2004 aplicando el índice de evolución correspondiente según el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2004. b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2006. Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de Financiación para el ejercicio 2013 serán abonadas a las entidades locales a las que se refiere este artículo, mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de las normas recogidas en los apartados anteriores. Artículo 96. Liquidación definitiva. Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación del año 2013 a favor de las provincias y entidades asimiladas, se realizará con cargo al crédito que se dote en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 141 y 143 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dos. La cuantía anterior se incrementará, en su caso, en el importe de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes: a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2004. b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2013 respecto a 2006. El importe de la liquidación definitiva de las compensaciones anteriores a favor de las Comunidades Autónomas uniprovinciales de Cantabria, Madrid y La Rioja, podrán ser objeto de integración en las cuantías que les corresponden en aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, por acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios. Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre la suma de los importes de las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y de la participación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores. Subsección 2.ª Participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria Artículo 97. Determinación de las entregas a cuenta. Uno. Para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos Insulares se asigna, con cargo al crédito Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares. Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas consignado en la Sección 36, Servicio 21 Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, la cantidad de 677,1 millones de euros en concepto de entregas a cuenta. Las entregas a cuenta de la participación en este fondo para el año 2013 serán abonadas a las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares, Cabildos y Consejos Insulares mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del crédito. La asignación para el mantenimiento de los centros sanitarios se realizará en proporción a las cuantías percibidas por este concepto en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2004, y se librará simultáneamente con las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de Financiación regulado en la Subsección anterior. Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las correspondientes Comunidades Autónomas, se asignará a dichas entidades las entregas a cuenta de la participación del ente transferidor del servicio, pudiendo ser objeto de integración en su participación en los tributos del Estado por acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios. Artículo 98. Liquidación definitiva. Uno. La práctica de la liquidación definitiva de la asignación del fondo de aportación a la asistencia sanitaria del año 2013, correspondiente a las Provincias, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares e Islas, se realizará con cargo al crédito que se dote en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 143 y 144 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tomando como base de cálculo las cuantías que, por este concepto, resultaron de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2004. Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las correspondientes Comunidades Autónomas, se procederá en la misma medida a asignar a dichas entidades la participación del ente transferidor del servicio en el citado fondo. Sección 6.ª Regímenes especiales Artículo 99. Participación de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra en los tributos del Estado. Uno. La participación de los municipios del País Vasco y de Navarra en los tributos del Estado se fijará con arreglo a las normas contenidas en la Subsección 2.ª, de la Sección 3.ª de este Capítulo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, respectivamente. Dos. La participación de las Diputaciones Forales del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra en los tributos del Estado se determinará según lo establecido en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, respectivamente. Artículo 100. Participación de las entidades locales de las Islas Canarias en los tributos del Estado. Uno. La cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales a favor de los municipios de las Islas Canarias incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de los Cabildos Insulares, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 158 de esta última norma. Dos. La participación en el Fondo Complementario de Financiación de las entidades locales citadas en el apartado anterior se determinará con arreglo a lo dispuesto en la Subsección 1.ª, de la Sección 3.ª, y en la Subsección 1.ª, de la Sección 5.ª, de este Capítulo, teniendo en consideración lo dispuesto en el mencionado artículo 158 de aquella norma. Tres. La participación del resto de municipios de las Islas Canarias en los tributos del Estado se determinará mediante la aplicación de las normas contenidas en la Subsección 2.ª, de la Sección 3.ª, de este Capítulo y con arreglo a la misma proporción que los municipios de régimen común. Artículo 101. Participación de las Ciudades de Ceuta y de Melilla en los tributos del Estado. Uno. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a los municipios, participarán en los tributos del Estado con arreglo a las normas generales contenidas en este Capítulo. Dos. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a las provincias, participarán en los tributos del Estado según lo establecido en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Sección 7.ª Compensaciones, subvenciones y ayudas Artículo 102. Subvenciones a las Entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano. Uno. Para dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, Programa 942N, Concepto 462 figura un crédito por importe de 51,05 millones de euros destinado a subvencionar el servicio de transporte colectivo urbano prestado por las Entidades locales que reúnan los requisitos que se especifican en el siguiente apartado. Dos. En la distribución del crédito podrán participar las Entidades locales que dispongan de un servicio de transporte público colectivo urbano interior, cualquiera que sea la forma de gestión, que cumplan los siguientes requisitos: a) Tener más de 50.000 habitantes de derecho, según el Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2012 y aprobado oficialmente por el Gobierno. b) Tener más de 20.000 habitantes de derecho, según las cifras de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2012 y aprobado oficialmente por el Gobierno, en los que concurran simultáneamente que el número de unidades urbanas censadas en el catastro inmobiliario urbano sea superior a 36.000 en la fecha señalada. c) Los municipios que, aun no reuniendo alguna de las condiciones anteriores, sean capitales de provincia. d) Se exceptúan los municipios que, cumpliendo los requisitos anteriores, participen en un sistema de financiación alternativo del servicio de transporte público urbano interior, en el que aporte financiación la Administración General del Estado. Esta excepción será, en todo caso, de aplicación al Convenio de colaboración instrumentado en el ámbito territorial de las Islas Canarias y los contratos programas concertados con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona. Tres. La dotación presupuestaria, una vez satisfechas las obligaciones de pago correspondientes a sentencias judiciales firmes del mismo concepto, se distribuirá conforme a los siguientes criterios, que se aplicarán con arreglo a los datos de gestión económica y financiera que se deduzcan del modelo al que se refiere el apartado seis del presente artículo: A. El 5 por ciento del crédito en función de la longitud de la red municipal en trayecto de ida y expresada en kilómetros. Las líneas circulares que no tengan trayecto de ida y vuelta se computarán por la mitad. B. El 5 por ciento del crédito en función de la relación viajeros/habitantes de derecho de cada municipio ponderada por la razón del número de habitantes citado dividido por 50.000. La cifra de habitantes de derecho será la de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2012 y oficialmente aprobado por el Gobierno. C. El 90 por ciento del crédito en función del déficit medio por título de transporte emitido, con arreglo al siguiente procedimiento: a) El importe a subvencionar a cada municipio vendrá dado por el resultado de multiplicar el número de títulos de transporte por la subvención correspondiente a cada uno de dichos títulos. b) La subvención correspondiente a cada título se obtendrá aplicando a su déficit medio las cuantías y porcentajes definidos en la escala siguiente: 1.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que no supere el 12,5 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 100 por cien. 2.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no supere el 25 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 55 por ciento. 3.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no supere el 50 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 27 por ciento. 4.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no supere el 100 por ciento del déficit medio global se subvencionará con el porcentaje de financiación que resulte de dividir el resto del crédito no atribuido a los tramos anteriores entre el total del déficit incluido en este tramo, considerando todos los municipios que tengan derecho a subvención. 5.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del déficit medio global no será objeto de subvención. El porcentaje de financiación del 4.º tramo de la escala no podrá exceder del 27 por ciento. El exceso de crédito que pudiera resultar de la aplicación de esta restricción se distribuirá proporcionalmente a la financiación obtenida por cada municipio, correspondiente a los tramos 2.º y 3.º En ningún caso, de la aplicación de estas normas se podrá reconocer una subvención que, en términos globales, exceda del 90 por ciento del crédito disponible. Si se produjera esta circunstancia se ajustará de forma sucesiva, en la proporción necesaria el porcentaje correspondiente a los tramos 3.º, 2.º y, en su caso, 1.º, en la forma dispuesta en el tramo 4.º, hasta agotar el citado crédito. c) El déficit medio de cada municipio será el resultado de dividir el déficit de explotación entre el número de títulos de transporte. El déficit medio global será el resultado de dividir la suma de los déficit de todos los municipios que tengan derecho a la subvención entre el total de títulos de transporte de dichos municipios. d) El importe de la subvención por título vendrá dada por la suma de la cuantía a subvencionar en cada tramo, que se obtendrá multiplicando la parte del déficit medio incluida en cada tramo por el porcentaje de financiación aplicable en dicho tramo. El déficit de explotación estará determinado por el importe de las pérdidas de explotación que se deduzca de las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas o entidades que presten el servicio de transporte público, elaboradas con arreglo al Plan de Contabilidad y a las normas y principios contables generalmente aceptados que, en cada caso, resulten de aplicación, con los siguientes ajustes: a’) En cuanto a los gastos de explotación se excluirán aquellos que se refieran a tributos, con independencia del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria. b’) En cuanto a los gastos e ingresos de explotación se excluirán aquellos que tengan su origen en la prestación de servicios o realización de actividades ajenas a la del transporte público urbano por la que se solicita la subvención. Asimismo, se excluirán cualesquiera subvenciones y aportaciones que reconozca, a favor de la empresa o entidad que preste el servicio de transporte público urbano, el Ayuntamiento en cuyo término municipal se realice la prestación. c’) En todo caso se deducirán del déficit para el cálculo de la financiación correspondiente a este apartado los importes atribuidos como subvención por los criterios de longitud de la red y relación viajeros/habitantes de derecho. Cuatro. Las subvenciones deberán destinarse a financiar la prestación de este servicio. Cinco. Para los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, la subvención que les corresponda se corregirá en la misma proporción aplicable a su participación en tributos del Estado. Seis. Antes del 1 de julio del año 2013, con el fin de distribuir el crédito destinado a subvencionar la prestación de los servicios de transporte público colectivo urbano, las respectivas Entidades locales deberán facilitar, en la forma que se determine por los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente documentación: 1. En todos los casos, el número de kilómetros de calzada de la red en trayecto de ida, el número de viajeros al año, el número de plazas ofertadas al año, recaudación y precios medios referidos al ejercicio 2012, según el modelo definido por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. 2. Tratándose de servicios realizados por la propia entidad u organismo autónomo dependiente en régimen de gestión directa, documento detallado de las partidas de ingresos y gastos imputables al servicio de transporte y del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2012, según el modelo definido por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. 3. Tratándose de servicios realizados en régimen de gestión directa por una sociedad mercantil municipal o de empresas o particulares que presten el servicio en régimen de concesión o cualquier otra modalidad de gestión indirecta, se adjuntarán las cuentas anuales con su correspondiente informe de auditoría. Asimismo, los administradores deberán elaborar un documento en el que se detallen las partidas de ingresos y gastos del servicio de transporte y del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2012, y los criterios de imputación de los referidos ingresos y gastos, según el modelo definido por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Deberá ser objeto de revisión por un auditor el documento con las partidas de ingresos y gastos imputables al servicio y del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2012 y los criterios de imputación de los ingresos y gastos, entendiendo que está auditado cuando dicha información esté incluida en la Memoria de las Cuentas Anuales y éstas hayan sido auditadas. 4. En cualquier caso, el documento oficial en el que se recojan, actualizados, los acuerdos reguladores de las condiciones financieras en que la actividad se realiza. 5. En todos los casos, justificación de encontrarse el ayuntamiento solicitante de la subvención y la empresa, organismo o entidad que preste el servicio, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 6. Certificación del Interventor de la aplicación del importe recibido como subvención al transporte colectivo urbano en el ejercicio inmediato anterior a la finalidad prevista en el apartado Cuatro del artículo 105 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. A los Ayuntamientos que no cumplieran con el envío de la documentación en la forma prevista en este artículo no se les reconocerá el derecho a percibir la ayuda destinada a financiar el servicio de transporte público colectivo de viajeros por causa de interés general y con el fin de evitar perjuicios financieros a los demás perceptores. 7. Las subvenciones que se concedan a partir del año 2014 (que corresponden a los servicios de transporte colectivo urbano prestados durante el año 2013 y siguientes) tendrán en cuenta criterios medioambientales. El Plan de Medidas Urgentes para la Estrategia Española de cambio climático y energía limpia contempla la incorporación de criterios de eficiencia energética para la concesión de subvenciones al transporte público urbano. Esta medida, definida en el Plan de Activación de Ahorro y Eficiencia Energética ejecutado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del IDAE, consiste en establecer un mecanismo de valoración de la eficiencia energética aplicada a los sistemas de transporte público, que permita evaluar de forma homogénea los avances producidos, y tenerlos en cuenta para la distribución de estas ayudas. A este respecto, un cinco por ciento de la subvención se repartirá en función de la puntuación obtenida por el cumplimiento de criterios medioambientales, que podrá ser elevado en ejercicios sucesivos, a medida que los Ayuntamientos y las empresas se adecuen a dichos criterios, y que serán los que figuran en el cuadro que se indica a continuación, teniendo en cuenta que el importe que se distribuya por este concepto reducirá la cuantía del importe a repartir en concepto de déficit de explotación. Municipios gran población Resto de municipios Puntuación máxima Criterios Ratio cumplimiento Criterios Ratio cumplimiento Porcentaje autobuses urbanos GNC/GLP/BIOCOMBUSTIBLES > 20 % Porcentaje autobuses urbanos GNC/GLP/BIOCOMBUSTIBLES > 5 % 20 Incremento en el nº total de viajeros respecto al año anterior. > 1 % Incremento en el nº total de viajeros respecto al año anterior. SI/NO 15 Plazas-km ofertadas en transporte público: incremento con respecto a la media de los tres años anteriores > 1 % Plazas-km ofertadas en transporte público: incremento con respecto al año anterior SI/NO 15 Existencia de vehículos eléctricos o híbridos en la flota de autobuses SI/NO Existencia de vehículos eléctricos o híbridos en la flota de autobuses SI/NO 10  % Autobuses con accesibilidad a PMR >50 % % Autobuses con accesibilidad a PMR >20 % 10 Densidad de las líneas de autobús urbano (km/1000 hab.) > 2 Densidad de las líneas de autobús urbano (km/1000 hab.) > 1 10 Incremento en nº de viajes de TP respecto a la media de los tres años anteriores > 1 % Incremento en nº de viajes de TP respecto al año anterior SI/NO 5 Red de carriles bici: nº de habitantes por km de carril bici < 8.000 Red de carriles bici: n.º de habitantes por km de carril bici < 6.000 3 Longitud carriles bus (% s/longitud total de la red) >2 % Existen carriles bus SI/NO 3 Porcentaje de conductores Bus Urbano con formación en conducción eficiente (%) > 20 % Porcentaje de conductores Bus Urbano con formación en conducción eficiente (%) > 15 % 3 Paradas con información en tiempo real de llegada de autobuses (%/ sobre total de paradas) > 3 % Paradas con información en tiempo real de llegada de autobuses (%/ sobre total de paradas) > 3 % 3 Personas con capacitación en Gestión de flotas con criterios de eficiencia energética (nº personas formadas/100 vehículos) > 1 Personas con capacitación en Gestión de flotas con criterios de eficiencia energética (nº personas formadas/100 vehículos) SI/NO 3 TOTAL 100 Artículo 103. Compensación a los Ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se dota en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, Programa 942N, concepto 461.00 del vigente Presupuesto de Gastos del Estado un crédito con la finalidad de compensar los beneficios fiscales en tributos locales de exacción obligatoria que se puedan conceder por el Estado mediante Ley y en los términos previstos en el apartado dos del citado artículo 9. Las solicitudes de compensación serán objeto de comprobación previa a su pago, en el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas con la información existente en las bases de datos de la matrícula de dicho impuesto, y en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en las bases de datos del Catastro Inmobiliario. A dichos efectos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado y la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, facilitarán la intercomunicación informática con la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar las normas necesarias para el establecimiento del procedimiento a seguir en cada caso, con el fin de proceder a la compensación, en favor de los municipios, de las deudas tributarias efectivamente condonadas y de las exenciones legalmente concedidas. Artículo 104. Otras compensaciones y subvenciones a las Entidades locales. Uno. Con cargo a los créditos consignados en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, Programa 942N, Concepto 461.01, se hará efectiva la compensación de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2013, como consecuencia de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988. El cálculo de la cantidad a compensar se realizará con arreglo a los Convenios suscritos con los ayuntamientos afectados. Dos. Con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Otras aportaciones a Entidades Locales, concepto 463, se concede una ayuda de 8 millones de euros para su asignación a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, destinada a los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras instaladas para el abastecimiento de agua. Las ayudas a las que se refiere el párrafo anterior, se harán efectivas en la forma que se establezca en el instrumento regulador correspondiente, que para el otorgamiento de subvenciones nominativas establece el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. La anterior cuantía se repartirá entre las Ciudades de Ceuta y Melilla en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero del ejercicio inmediatamente anterior. A la Ciudad de Ceuta le corresponden 4,10 millones de euros y a la de Melilla 3,90 millones de euros. Tres. La compensación correspondiente al año 2012 por la que se garantiza la evolución de la recaudación por el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, correspondiente a las importaciones y al gravamen complementario sobre las labores del tabaco, de las Ciudades de Ceuta y Melilla, calculada con arreglo al artículo 11.Dos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se liquidará y transferirá en 2013 una vez se disponga de la documentación necesaria para su cálculo. Dentro del primer trimestre de 2013 se transferirá a las citadas Ciudades un anticipo a cuenta de aquella liquidación, que será equivalente al 50 por ciento de la compensación definitiva correspondiente a 2011, que se ha debido transferir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 105. Anticipos a favor de los Ayuntamientos por desfases en la gestión recaudatoria de los tributos locales. Uno. Cuando por circunstancias relativas a la emisión de los padrones no se pueda liquidar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles antes del 1 de agosto del año 2013, los ayuntamientos afectados podrán percibir del Tesoro Público anticipos a cuenta del mencionado impuesto, a fin de salvaguardar sus necesidades mínimas de tesorería, previa autorización del Pleno de la respectiva corporación. Tales anticipos serán concedidos a solicitud de los respectivos municipios, previo informe de la Dirección General del Catastro y serán tramitados y resueltos por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. En la tramitación de los expedientes se tendrán en cuenta los siguientes condicionamientos: a. Los anticipos no podrán exceder del 75 por ciento del importe de la recaudación previsible como imputable a cada padrón. b. El importe anual a anticipar a cada corporación mediante esta fórmula no excederá del doble de la última anualidad percibida por la misma en concepto de participación en los tributos del Estado. c. En ningún caso podrán solicitarse anticipos correspondientes a más de dos períodos impositivos sucesivos con referencia a un mismo tributo. d. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales y otros organismos públicos recaudadores que, a su vez, hayan realizado anticipos a los Ayuntamientos de referencia, en la forma prevista en el artículo 149.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán ser perceptores de la cuantía que corresponda del anticipo, hasta el importe de lo efectivamente anticipado y con el fin de poder cancelar en todo o en parte las correspondientes operaciones de tesorería, previa la oportuna justificación. e. Una vez dictada la correspondiente resolución definitiva, los anticipos se librarán por su importe neto a favor de los Ayuntamientos o entidades a que se refiere la letra d anterior por cuartas partes mensuales, a partir del día 1 de septiembre de cada año, y se suspenderán las correlativas entregas en el mes siguiente a aquel en que se subsanen las deficiencias señaladas en el párrafo primero de este apartado. Los anticipos concedidos con arreglo a lo dispuesto en este apartado, estarán sometidos, en su caso, a las mismas retenciones previstas en la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y serán reintegrados por las respectivas entidades locales una vez recibido informe de la Dirección General del Catastro comunicando la rectificación de los mencionados padrones. Dos. Mediante resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local se podrán conceder a los Ayuntamientos, en caso de urgente y extraordinaria necesidad de tesorería, anticipos a reintegrar dentro del ejercicio corriente con cargo a su participación en los tributos del Estado. Para la concesión de estos anticipos se deberán cumplir los siguientes requisitos: a. Acuerdo del Pleno de la Corporación, autorizando a su Presidente la solicitud del anticipo y fijando los términos de tal solicitud. b. Informe de la Intervención municipal en el que se concrete la situación económico-financiera de la Entidad Local que justifique con precisión la causa extraordinaria que hace necesario el anticipo. c. Informe de la Tesorería municipal de la previsión de ingresos y los gastos del ejercicio correspondiente. Sección 8.ª Normas instrumentales en relación con las disposiciones incluidas en este Capítulo Artículo 106. Normas de gestión presupuestaria de determinados créditos a favor de las Entidades locales. Uno. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a comprometer gastos con cargo al ejercicio de 2014, hasta un importe máximo equivalente a la doceava parte de los créditos consignados en el Presupuesto para 2013, destinados a satisfacer las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado a favor de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales o entes asimilados, del mes de enero de 2014. Las diferencias que pudieran surgir en relación con la determinación de las entregas a cuenta definitivas imputables al mencionado ejercicio serán objeto de ajuste en las entregas a cuenta del mes de febrero del ejercicio citado. Dos. Los expedientes de gasto y las órdenes de pago conjuntas que se expidan a efectos de cumplir los compromisos que se establecen en los artículos precedentes del presente Capítulo se tramitarán, simultáneamente, a favor de las Corporaciones locales afectadas, y su cumplimiento, en cuanto a la disposición efectiva de fondos, podrá realizarse con cargo a las cuentas de acreedores no presupuestarios que, a estos fines, están habilitadas en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de forma que se produzca el pago conjunto y simultáneo de las respectivas obligaciones a todos los perceptores en razón de la fecha de las correspondientes resoluciones y en igualdad de condiciones. Se declaran de urgente tramitación: Los expedientes de modificación de crédito con relación a los compromisos señalados. Los expedientes de gasto, vinculados a los compromisos de referencia, a que se refiere la Orden de 27 de diciembre de 1995. A estos efectos, deberán ser objeto de acumulación las distintas fases del procedimiento de gestión presupuestaria, adoptándose en igual medida procedimientos especiales de registro contable de las respectivas operaciones. Tres. En los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando proceda la tramitación de expedientes de ampliación de crédito y a los efectos previstos en el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las solicitudes de incrementos de crédito se justificarán, en todo caso, en base a las peticiones adicionales formuladas por las Entidades Locales afectadas. Cuatro. Los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos a los fines señalados en el apartado Uno anterior se podrán transferir con la periodicidad necesaria a la cuenta extrapresupuestaria correspondiente, habilitada a estos efectos en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Este procedimiento se podrá aplicar al objeto de materializar el pago simultáneo de las obligaciones que se deriven de la participación de las Entidades locales en los tributos del Estado, tanto en concepto de entregas a cuenta como de liquidación definitiva, así como para proceder al pago simultáneo de las obligaciones que traigan causa de las solicitudes presentadas por las Corporaciones locales, una vez se dicten las resoluciones pertinentes que den origen al reconocimiento de dichas obligaciones por parte del Estado. Artículo 107. Información a suministrar por las Corporaciones locales. Uno. Con el fin de proceder a la liquidación definitiva de la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado, correspondiente a 2013 las respectivas Corporaciones locales deberán facilitar, antes del 30 de junio del año 2013, en la forma que se determine por los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente documentación: 1. Una certificación comprensiva de la recaudación líquida obtenida en 2011 por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Económicas y por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se especificará la recaudación correspondiente a los bienes inmuebles de características especiales. 2. Una certificación comprensiva de las bases imponibles deducidas de los padrones del año 2011, así como de las altas producidas en los mismos, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, urbanos, y de los tipos exigibles en el municipio en los tributos que se citan en el párrafo precedente. En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se especificará la información tributaria correspondiente a los bienes inmuebles de características especiales. Además, se especificarán las reducciones que se hubieren aplicado en 2011, a las que se refiere la disposición adicional novena del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 3. Una certificación de las cuotas exigibles en el Impuesto sobre Actividades Económicas en 2011, incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente a que se refiere el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vigentes en aquel período impositivo. Dos. El procedimiento de remisión de la documentación en papel podrá sustituirse por la transmisión electrónica de la información en los modelos habilitados para tal fin, siempre que el soporte utilizado para el envío incorpore la firma electrónica del Interventor o, en su caso, del titular del órgano de la Corporación local que tenga atribuida la función de contabilidad. La firma electrónica reconocida, entendida en los términos previstos por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, tendrá respecto de los datos transmitidos por la Entidad local el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel, por lo que su aplicación en la transmisión electrónica de la información eximirá de la obligación de remitir la citada documentación en soporte papel. Tres. Por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local se procederá a dictar la correspondiente resolución estableciendo los modelos que contengan el detalle de la información necesaria, así como la regulación del procedimiento para la presentación telemática de la documentación y la firma electrónica de la misma. Cuatro. A los municipios que, estando en el ámbito de aplicación de la Subsección 2.ª de la Sección 3.ª de este Capítulo, no aportaran la documentación que se determina en las condiciones señaladas anteriormente se les aplicará, en su caso, un módulo de ponderación equivalente al 60 por ciento del esfuerzo fiscal medio aplicable al municipio con menor coeficiente por este concepto, dentro del tramo de población en que se encuadre, a efectos de practicar la liquidación definitiva de su participación en los tributos del Estado para el año 2013. Artículo 108. Retenciones a practicar a las Entidades locales en aplicación de la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Uno. Previa solicitud del órgano competente que tenga atribuida legalmente la gestión recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local aplicará las retenciones que deban practicarse en la participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado. Si concurrieran en la retención deudas derivadas de tributos del Estado y deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta con las mismas, y la cuantía de todas ellas superase la cantidad retenida, aquella se prorrateará en función de los importes de éstas. Dos. El importe de la retención será el 50 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva entidad local, tanto en cada entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual correspondiente a la participación en los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esa cantidad. Cuando se trate de deudas derivadas de tributos del Estado que hayan sido legalmente repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie, de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto, o de cotizaciones sociales que hayan sido o hubieran debido ser objeto de retención, la retención a practicar será del 100 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva entidad local, tanto en cada entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual correspondiente a la participación en los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esa cantidad. Tres. La cuantía a retener en el conjunto del ejercicio podrá reducirse cuando se justifique la existencia de graves desfases de tesorería generados por la prestación de aquellas obligaciones relativas: a. Al cumplimiento regular de las obligaciones de personal; b. A la prestación de los servicios públicos obligatorios en función del número de habitantes del municipio; c. A la prestación de servicios sociales, protección civil y extinción de incendios, para cuya realización no se exija contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado. En ningún caso podrá establecerse un porcentaje de retención inferior al 25 por ciento de la entrega a cuenta. No será aplicable la reducción de retenciones a aquellas entidades locales que se hayan integrado en consorcios de saneamiento financiero del que formen parte instituciones de otras administraciones públicas. En los procedimientos de reducción del porcentaje de retención, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local dictará la resolución correspondiente, teniendo en cuenta la situación financiera de la entidad y la necesidad de garantizar la prestación de los servicios públicos obligatorios. Para ello, la entidad local deberá aportar, con carácter imprescindible y no exclusivo: — Certificado expedido por los órganos de recaudación de las Entidades acreedoras por el que se acredite haber atendido el pago de las obligaciones corrientes en los doce meses precedentes al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de la certificación; — Informe de la situación financiera actual suscrito por el Interventor local que incluya el cálculo del remanente de tesorería a la fecha de solicitud de la reducción del porcentaje de retención y ponga de manifiesto los términos en los que dicha situación afecta al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el párrafo primero del presente apartado; — Plan de Saneamiento, aprobado por el Pleno, que incluya el ejercicio en curso. En la resolución se fijará el período de tiempo en que el porcentaje de retención habrá de ser reducido, sin que quepa la extensión de este más allá de la finalización del ejercicio económico. En todo caso, tal reducción estará condicionada a la aprobación por la entidad local de un plan de saneamiento, o a la verificación del cumplimento de otro en curso. Cuatro. Cuando la deuda nazca como consecuencia del reintegro de anticipos de financiación a cargo del Tesoro Público, la retención habrá de adecuarse a las condiciones fijadas en la resolución de concesión del correspondiente anticipo, ya sea mediante la cancelación total del débito en forma singular, o en retenciones sucesivas hasta la definitiva extinción de éste. Cinco. Las resoluciones declarando la extinción de las deudas con cargo a las cantidades que se hayan retenido corresponderán, en cada caso, al órgano legalmente competente que tenga atribuida la gestión recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable, produciendo sus efectos, en la parte concurrente de la deuda, desde el momento en que se efectuó la retención. Seis. Las normas contenidas en este artículo serán de aplicación en los supuestos de deudas firmes contraídas por las Entidades Locales con el Instituto de Crédito Oficial, por la línea de crédito instruida por este último a las que se refiere la Sección Segunda del Capítulo II del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio. Asimismo, serán de aplicación las normas de este precepto en los supuestos de deudas firmes contraídas con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, que pudieran derivarse de la aplicación del artículo 8 del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. CAPÍTULO II Comunidades Autónomas Artículo 109. Entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global. Los créditos presupuestarios destinados a hacer efectivas las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global establecidas en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, una vez tenidas en cuenta las revisiones, correcciones y demás preceptos aplicables a las mismas son, para cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía, los que se incluyen en los correspondientes Servicios de la Sección 36 «Sistemas de financiación de Entes Territoriales», Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», concepto 451 «Fondo de Suficiencia Global». Artículo 110. Liquidación definitiva de los recursos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y participación en los Fondos de Convergencia. Uno. De conformidad con lo que establece el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, cuando se conozcan los valores definitivos en el año 2013 de todos los recursos correspondientes al año 2011 regulados en el Título I de la citada Ley, se practicará la liquidación de dicho ejercicio. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del citado artículo 11, en ese momento se determinará, según lo establecido en los artículos 23 y 24 y en la disposición adicional primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, la participación de cada Comunidad o Ciudad con Estatuto de Autonomía en los Fondos de Convergencia Autonómica regulados en el Título II de la citada Ley correspondientes a 2011. Dos. La liquidación definitiva conjunta de los recursos del sistema de financiación y de las participaciones en los Fondos de Convergencia Autonómica correspondiente a 2011 de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía, a la que se refiere el artículo 11.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, estará compuesta por los importes de las liquidaciones definitivas de todos los recursos del sistema y de las participaciones en los fondos de convergencia autonómica enumeradas en el apartado Uno del presente artículo, una vez deducido el importe de los pagos realizados en 2011 a cada Comunidad Autónoma por las recaudaciones de ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio, a los que se refiere el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Si las devoluciones imputadas en 2011 a la correspondiente Comunidad por este Impuesto hubieran superado al importe de la recaudación imputada a la misma en dicho año, el saldo de dichas operaciones se adicionará al saldo de la liquidación. Tres. En el supuesto de que el saldo global de la liquidación anterior fuera a favor de la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía, se realizarán los pagos de las liquidaciones positivas descontando de ellos, mediante compensación, el importe de las liquidaciones a favor del Estado, y el importe de los pagos realizados en 2011 a cada Comunidad Autónoma por las recaudaciones de ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio, a los que se refiere el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Cuatro. En el supuesto de que el saldo global de la liquidación del apartado Dos fuera a favor del Estado, se realizarán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, los pagos de las liquidaciones a favor de la Comunidad descontando en ellos, por este mismo orden de prelación, el saldo a favor del Estado de la Transferencia del Fondo de Garantía, el importe de los pagos realizados en 2011 a cada Comunidad Autónoma por las recaudaciones de ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio, a los que se refiere el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, el saldo del Fondo de Suficiencia Global y el saldo de los tributos cedidos. Los saldos restantes de la liquidación que no hubieran podido ser objeto de compensación se compensarán conforme a lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Cinco. Los ingresos derivados de compensar los pagos realizados en 2011 a cada Comunidad Autónoma por las recaudaciones de ingresos procedentes del Impuesto sobre el Patrimonio a que se refiere el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, según lo señalado en los apartados anteriores, se reflejarán como derecho en el Capítulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado. En caso de que dicho saldo resultara a favor de la Comunidad, su pago se realizará con cargo a la dotación consignada en la Sección 36, Servicio 20 «Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Varias CCAA», Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», concepto 452 «Liquidación definitiva de la financiación de las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía de ejercicios anteriores», subconcepto 02 «Otros conceptos de liquidación del sistema de financiación». Seis. En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, el Estado compensará, en el supuesto legalmente previsto, a las Comunidades Autónomas cuyos importes, tanto de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales como del Fondo de Suficiencia Global, correspondientes a 2011, sean negativos, a través del crédito presupuestario señalado en el apartado Siete. El importe de esta compensación, que tendrá signo positivo, para cada Comunidad Autónoma acreedora de la misma, será aquel que permita que, después de haberse repartido la totalidad de los recursos del Fondo de Competitividad, el índice de financiación descrito en el apartado 5 del artículo 23 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, alcance la unidad, con el límite del importe del valor definitivo de su Fondo de Suficiencia Global negativo. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores de este artículo, el importe de esta compensación se incluirá en la liquidación definitiva de la participación de la Comunidad en el Fondo de Competitividad. Siete. A los créditos de los subconceptos que corresponda dotados en la Sección 36, Servicio 20 «Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Varias CCAA», Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», concepto 452 «Liquidación definitiva de la financiación de las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía de ejercicios anteriores», se aplicarán según su naturaleza: 1) El importe de las liquidaciones definitivas del año 2011 del Fondo de Suficiencia Global, regulado en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que resulten a favor de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el párrafo anterior fuera a favor del Estado, se reflejará, una vez compensado o pagado, como derecho en el Capítulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado. 2) El importe de las liquidaciones definitivas del año 2011 de las participaciones de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en los fondos de convergencia autonómica, regulados en los artículos 23, 24 y disposición adicional primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, determinado conforme el apartado Uno de este artículo. 3) La compensación prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, si resultara esta compensación aplicable, determinada conforme el apartado Seis de este artículo. 4) La liquidación de la aportación del Estado al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales correspondiente al ejercicio 2011 para cancelar el saldo de operaciones no presupuestarias derivado de la liquidación definitiva de la transferencia de dicho Fondo. 5) El saldo a favor de las Comunidades por los pagos realizados en 2011 de la recaudación de ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio. Artículo 111. Transferencias a Comunidades Autónomas correspondientes al coste de los nuevos servicios traspasados. Si a partir de 1 de enero de 2013 se efectuaran nuevas transferencias de servicios a las Comunidades Autónomas, se dotarán en los conceptos específicos de la Sección 36 que, en su momento, determine la Dirección General de Presupuestos, los créditos que se precisen para transferir a las Comunidades Autónomas el coste efectivo de los servicios asumidos. A estos efectos, los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias de servicios contendrán como mínimo los siguientes extremos: a) Fecha en que la Comunidad Autónoma debe asumir efectivamente la gestión del servicio transferido. b) La financiación anual, en euros del ejercicio 2013, desglosada en los diferentes capítulos de gasto que comprenda. c) La valoración referida al año base 2007, correspondiente al coste efectivo anual del mismo, a efectos de la revisión del valor del Fondo de Suficiencia Global de la Comunidad Autónoma que corresponde prevista en el artículo 21.1 de la Ley 22/2009. Artículo 112. Fondos de Compensación Interterritorial. Uno. En la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado se dotan dos Fondos de Compensación lnterterritorial ascendiendo la suma de ambos a 571.580,00 miles de euros, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial modificada por la Ley 23/2009, de 18 de diciembre. Dos. El Fondo de Compensación, dotado con 428.695,71 miles de euros, se destinará a financiar gastos de inversión de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 22/2001. Tres. El Fondo Complementario, dotado con 142.884,29 miles de euros, podrá aplicarse por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía propio a la financiación de los gastos de puesta en marcha o funcionamiento de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado en los términos previstos en el artículo 6.2 de la Ley 22/2001. Cuatro. El porcentaje que representa el Fondo de Compensación destinado a las Comunidades Autónomas sobre la base de cálculo constituida por la inversión pública es del 29,34 por 100, de acuerdo al artículo 2.1.a) de dicha Ley. Además, en cumplimiento de la disposición adicional única de la Ley 22/2001, el porcentaje que representan los Fondos de Compensación Interterritorial destinados a las Comunidades Autónomas es del 39,12 por ciento elevándose al 39,73 por ciento si se incluyen las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla y alcanzando el 40,12 por ciento teniendo en cuenta la variable «región ultraperiférica» definida en la Ley 23/2009 de modificación de la Ley 22/2001. Cinco. Los proyectos de inversión que pueden financiarse con cargo a los Fondos anteriores son los que se detallan en el anexo a la Sección 33. Seis. En el ejercicio 2013 serán beneficiarias de estos Fondos las Comunidades Autónomas de: Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León y las Ciudades de Ceuta y Melilla de acuerdo con la disposición adicional única de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre. Siete. Los remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial de ejercicios anteriores se incorporarán automáticamente al Presupuesto del año 2013 a disposición de la misma Administración a la que correspondía la ejecución de los proyectos en 31 de diciembre de 2012. Para la financiación de las incorporaciones a que se refiere el párrafo anterior se dota un crédito en la Sección 33 «Fondos de Compensación Interterritorial», Servicio 20 «Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Varias CC.AA.», programa 941N «Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial», Concepto 759 «Para financiar la incorporación de remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial». En el supuesto de que los remanentes a 31 de diciembre de 2012 fueran superiores a la dotación del indicado crédito, la diferencia se financiará mediante baja en el Fondo de Contingencia conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Ocho. En tanto los remanentes de créditos presupuestarios de ejercicios anteriores se incorporan al vigente, el Tesoro Público podrá efectuar anticipos de tesorería a las Comunidades Autónomas por igual importe a las peticiones de fondos efectuadas por las mismas «a cuenta» de los recursos que hayan de percibir una vez que se efectúe la antedicha incorporación. Los anticipos deberán quedar reembolsados antes de finalizar el ejercicio económico. TÍTULO VIII Cotizaciones Sociales Artículo 113. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2013. Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir de 1 de enero de 2013, serán los siguientes: Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado, a partir de 1 de enero de 2013, en la cuantía de 3.425,70 euros mensuales. 2. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, durante el año 2013, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes: a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde el 1 de enero de 2013 y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2012, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones. b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2013, serán de 3.425,70 euros mensuales o de 114,19 euros diarios. 2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2013, los siguientes: a) Para las contingencias comunes el 28,30 por 100, siendo el 23,60 por 100 a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador. b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 3. Durante el año 2013, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes tipos de cotización: a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por 100, del que el 12,00 por 100 será a cargo de la empresa y el 2,00 por 100 a cargo del trabajador. b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30 por 100, del que el 23,60 por 100 será a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador. 4. A partir de 1 de enero de 2013, la base máxima de cotización por contingencias comunes aplicable a los representantes de comercio será la prevista con carácter general en el apartado Dos.1.b). 5. A efectos de determinar, durante el año 2013, la base máxima de cotización por contingencias comunes de los artistas, se aplicará lo siguiente: a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías profesionales será de 3.425,70 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere el artículo 32.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. 6. A efectos de determinar, durante el año 2013, la base máxima de cotización por contingencias comunes de los profesionales taurinos, se aplicará lo siguiente: a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías profesionales será de 3.425,70 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a que se refiere el artículo 33.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Tres. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 1. Durante el año 2013, los importes de las bases mensuales de cotización tanto por contingencias comunes como profesionales de los trabajadores incluidos en este Sistema Especial, que presten servicios durante todo el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas: a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde el 1 de enero de 2013 y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2012, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2013, serán de 2.161,50 euros mensuales. Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de al menos 30 días naturales consecutivos, esta modalidad de cotización se realizará con carácter proporcional a los días en que figuren en alta en este Sistema Especial durante el mes. 2. Durante el año 2013, los importes de las bases diarias de cotización tanto por contingencias comunes como profesionales por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el apartado anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dividiendo a tal efecto, entre 23, los importes de las bases máximas y mínimas establecidos en el apartado Tres.1. Independientemente del número de horas realizadas en cada jornada, la base de cotización no podrá tener una cuantía inferior a la base mínima diaria del grupo 10 de cotización. Cuando se realicen en el mes natural 23 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado Tres.1. 3. Durante el año 2013, el importe de la base mensual de cotización de los trabajadores agrarios por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial será, durante los períodos de inactividad dentro del mes natural, el establecido para la base mínima por contingencias comunes correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social. A estos efectos, se entenderá que existen períodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el número de jornadas reales realizadas durante el mismo sea inferior al 76,67 por ciento de los días naturales en que el trabajador figure de alta en el Sistema Especial en dicho mes. La cotización respecto a estos períodos de inactividad se determinará aplicando la siguiente fórmula: C = [(n/N) – (jr × 1,304/N)] bc × tc En la que: C= Cuantía de la cotización. n= Número de días en el Sistema Especial sin cotización por bases mensuales de cotización. N= Número de días de alta en el Sistema Especial en el mes natural. jr= Número de días en el mes natural en los que se han realizado jornadas reales. bc= Base de cotización mensual. tc= Tipo de cotización aplicable, conforme a lo indicado en el apartado Tres. 4.b). En ningún caso, la aplicación de la fórmula anterior podrá dar lugar a que C alcance un valor inferior a cero. A efectos de la aplicación de esta fórmula, cuando los trabajadores no figuren en alta en el Sistema Especial durante un mes natural completo, la cotización respecto de los períodos de inactividad se realizará con carácter proporcional a los días en alta en dicho mes. 4. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial serán los siguientes: a) Durante los períodos de actividad: Para la cotización por contingencias comunes respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el 28,30 por 100, siendo el 23,60 por 100 a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador. Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 21,10 por 100, siendo el 16,40 por 100 a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador. Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de cotización de la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por 100, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador. 5. Durante el año 2013 se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este Sistema Especial durante los períodos de actividad con prestación de servicios: a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 por 100. En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,13 euros por jornada real trabajada. b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas: 1.ª) Para bases de cotización iguales o inferiores a 986,70 euros mensuales o a 42,90 euros por jornada realizada, se aplicará una reducción de 6,33 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 10,07 por 100. 2.ª) Para bases de cotización superiores a las cuantías indicadas en el apartado anterior, y hasta 2.161,50 euros mensuales o 93,98 euros por jornada realizada, les será de aplicación el porcentaje resultante de aplicar las siguientes fórmulas: Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será: % reducción mes = 6,33% × ( 1 + ( ( Base mes – 986,70 ) / Base mes ) × 2,52 × ( 6,15% / 6,33% ) ) Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será: % reducción jornada = 6,33% × ( 1 + ( ( Base jornada – 42,90 ) / Base jornada ) × 2,52 × ( 6,15% / 6,33% ) ) No obstante la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 55,21 euros mensuales o 2,40 euros por jornada real trabajada. 6. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la modalidad de contratación de los trabajadores: a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen General de la Seguridad Social. El tipo resultante a aplicar será: 1.º) Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por 100, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. 2.º) Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por 100, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. Para todos los trabajadores, cualquiera que sea su grupo de cotización, en la cotización por desempleo se aplicará una reducción en la cuota equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización. b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de aplicación lo establecido en el apartado a) en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas. En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por maternidad y paternidad, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. 7. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este Sistema Especial, el tipo de cotización será el 11,50 por 100. 8. Con relación a los trabajadores incluidos en este Sistema Especial no resultará de aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el apartado Dos.3. 9. Se autoriza al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a regular los procedimientos y adaptaciones normativas necesarios para articular la armonización de la cotización en situación de actividad e inactividad, así como la comprobación de los requisitos necesarios para la aplicación de las reducciones previstas y la regularización de la cotización resultante de ellas. Cuatro. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. En este Sistema Especial, las bases y los tipos de cotización serán, a partir de 1 de enero de 2013, los siguientes: 1. Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán con arreglo a la escala establecida en el apartado Cuatro.1 del artículo 120 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. En dicha escala, a partir de 1 de enero de 2013, se incrementarán tanto las retribuciones mensuales como las bases de cotización en el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo interprofesional, estableciéndose un nuevo tramo 16º en la escala, para retribuciones superiores a la base mínima del Régimen General en dicho ejercicio, para el que la base de cotización será la correspondiente al tramo 15.º incrementada en un 5 por 100. 2. Durante el año 2013, el tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado anterior, será el 22,90 por 100, siendo el 19,05 por 100 a cargo del empleador y el 3,85 por 100 a cargo del empleado. 3. Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sobre la base de cotización que corresponda, según lo indicado en el apartado Cuatro.1, se aplicará el tipo de cotización previsto al efecto en la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo lo resultante a cargo exclusivo del empleador. 4. Durante el año 2013 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este Sistema Especial. Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a un empleado de hogar a partir de 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011. Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 por 100 para familias numerosas, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. Cinco. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases máxima y mínima y los tipos de cotización serán, desde el 1 de enero de 2013, los siguientes: 1. La base máxima de cotización será de 3.425,70 euros mensuales. La base mínima de cotización será de 858,60 euros mensuales. 2. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2013, tengan una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el apartado anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2012 haya sido igual o superior a 1.870,50 euros mensuales, o que causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a la citada fecha. Los trabajadores autónomos que a 1 de enero de 2013 tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.870,50 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.888,80 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2013, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá esta limitación. 3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2013, tuvieran 48 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 925,80 y 1.888,80 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 858,60 y 1.888,80 euros mensuales. No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas: a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.870,50 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 858,60 euros mensuales y 1.888,80 euros mensuales. b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.870,50 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 858,60 euros mensuales y el importe de aquélla, incrementado en un 1 por ciento, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.888,80 euros mensuales. Lo previsto en el apartado Cinco.3. b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 ó 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el párrafo segundo del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. 4. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización durante el año 2013 la establecida con carácter general en el apartado Cinco.1, o la base mínima de cotización vigente para el Régimen General. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán elegir como base mínima de cotización durante el año 2013 la establecida con carácter general en el apartado Cinco.1, o una base de cotización equivalente al 55 por 100 de esta última. 5. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 por 100 o el 29,30 por 100 si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por 100. Los trabajadores incluidos en este Régimen Especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos IV quáter y IV quinquies, del Título II, de la Ley General de la Seguridad Social. 6. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 7. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen, respecto de las contingencias comunes, en régimen de pluriactividad y lo hagan en el año 2013, teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual o superior a 11.633,68 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por 100 del exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por 100 de las cuotas ingresadas en el citado Régimen Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. La devolución se efectuará a instancias del interesado, que habrá de formularla en los cuatro primeros meses del ejercicio siguiente. 8. Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores, quedarán incluidos, a efectos de la Seguridad Social, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siéndoles de aplicación, a efectos de la cotización, lo previsto en el apartado Cinco.4, párrafo primero. En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por la base mínima establecida en el apartado Cinco.1 o una base equivalente al 55 por 100 de esta última. En cualquier caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base de cotización elegida, la tarifa de primas contenida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 9. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en aplicación de lo establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, tendrán derecho, durante 2013, a una reducción del 50 por 100 de la cuota a ingresar. También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado Régimen Especial a partir del 1 de enero de 2009. La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado Cinco.8, el tipo de cotización vigente en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 10. Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Cinco.8, será de aplicación a las personas que se dediquen, de forma individual, a la venta ambulante, en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan. 11. Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2012 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a cincuenta, la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General. Seis. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 1. Desde el 1 de enero de 2013, los tipos de cotización de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, serán los siguientes: a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 858,60 euros mensuales y 1.030,20 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por 100. Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a 1.030,20 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por 100. b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será del 3,30 por 100, o el 2,80 por 100 si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad. 2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se estará a lo dispuesto en el apartado Cinco.6. En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá abonando en concepto de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización indicada en el apartado Seis.1.a) el tipo del 1,00 por 100. 3. Los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por 100, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos IV quáter y IV quinquies, del Título II, de la Ley General de la Seguridad Social. Siete. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos será de aplicación en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y para la cotización por contingencias comunes, de lo dispuesto en el artículo 19.6 del Texto Refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, de lo que se establece en el apartado 2 siguiente, y con excepción del tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia, que será del 29,30 por 100 o del 29,80 por 100 si el interesado no está acogido al sistema de protección por cese de actividad. 2. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este Régimen Especial de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero a que se refiere el artículo 19.5 del Texto Refundido aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, se efectuará sobre las remuneraciones que se determinen anualmente mediante Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas del sector. Tal determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente. Las bases que se determinen serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a las que se establezcan para las distintas categorías profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del apartado Dos. Ocho. Cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. 1. A partir de 1 de enero de 2013, la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón se determinará mediante la aplicación de lo previsto en el apartado Dos, sin perjuicio de que, a efectos de la cotización por contingencias comunes, las bases de cotización se normalicen de acuerdo con las siguientes reglas: Primera. Se tendrá en cuenta el importe de las remuneraciones percibidas o que hubieran tenido derecho a percibir los trabajadores, computables a efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante el período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2012, ambos inclusive. Segunda. Dichas remuneraciones se totalizarán agrupándolas por categorías, grupos profesionales y especialidades profesionales y zonas mineras, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Los importes obtenidos, así totalizados, se dividirán por la suma de los días a que correspondan. Tercera. Este resultado constituirá la base normalizada diaria de cotización por contingencias comunes, cuyo importe no podrá ser inferior al fijado para el ejercicio inmediatamente anterior para esa categoría profesional, incrementado en el mismo porcentaje experimentado en el presente ejercicio por el tope máximo de cotización a que se refiere el apartado Uno.1 ni superior a la cantidad resultante de elevar a cuantía anual el citado tope máximo y dividirlo por los días naturales del año 2012. 2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social fijará la cuantía de las bases normalizadas, mediante la aplicación de las reglas previstas en el número anterior. Nueve. Base de cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo y durante la percepción de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el apartado 1 del artículo 211 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional y, a efectos de las prestaciones de Seguridad Social, dicha base tendrá consideración de base de contingencias comunes. Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, será equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar. La reanudación de la prestación por desempleo, en los supuestos de suspensión del derecho, supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los párrafos anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho. Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del apartado 3 del artículo 210 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la base reguladora de la prestación por desempleo correspondiente al momento del nacimiento del derecho inicial por el que se opta. Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará la base de cotización indicada en los párrafos anteriores, cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope. 2. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la base de cotización será la fijada con carácter general en el apartado Nueve.1. 3. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. La base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización o categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. 4. Durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la base de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, al régimen correspondiente, será la base reguladora de dicha prestación, determinada según lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima o base única de cotización prevista en el correspondiente régimen. Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la percepción de la prestación por cese de actividad. Diez. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos. La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y por Cese de Actividad se llevará a cabo, a partir de 1 de enero de 2013, de acuerdo con lo que a continuación se señala: 1. La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A las bases de cotización para Desempleo en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 19.6 del Texto Refundido aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, y en las normas de desarrollo de dicho precepto, sin perjuicio de lo señalado en el apartado Siete. Las bases de cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social serán las fijadas en el apartado Tres.1 y 2, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda a cada trabajador. La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje será la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el citado Régimen Especial, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos en tales Régimen y Sistema Especiales. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la base de cotización por cese de actividad será la que corresponda al trabajador por cuenta propia incluido en el mismo, siéndole de aplicación los coeficientes correctores a los que se refieren el Texto Refundido de las Leyes 16/1969, de 30 de diciembre y 24/1972, de 21 de junio, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y la Orden de 22 de noviembre de 1974. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación a los armadores de embarcaciones a que se refiere la disposición adicional sexta del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, excepto para los incluidos en el grupo primero de dicho régimen especial, cuya base de cotización será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 2. A partir de 1 de enero de 2013, los tipos de cotización serán los siguientes: A) Para la contingencia de desempleo: a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados: el 7,05 por 100, del que el 5,50 por 100 será a cargo del empresario y el 1,55 por 100 a cargo del trabajador. b) Contratación de duración determinada: 1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por 100, del que el 6,70 por 100 será a cargo del empresario y el 1,60 por 100 a cargo del trabajador. 2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 9,30 por 100, del que el 7,70 por 100 será a cargo del empresario y el 1,60 por 100 a cargo del trabajador. El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, será el fijado en el inciso 1.º, del párrafo b) anterior, para la contratación de duración determinada a tiempo completo, salvo cuando sea de aplicación el tipo de cotización previsto en el párrafo a) anterior, para contratos concretos de duración determinada o para trabajadores discapacitados. B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por 100 a cargo exclusivo de la empresa. El tipo aplicable para la cotización al Fondo de Garantía Salarial en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,10 por 100, que será a cargo exclusivo de la empresa. C) Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por 100, siendo el 0,60 por 100 a cargo de la empresa y el 0,10 por 100 a cargo del trabajador. El tipo aplicable para la cotización por Formación Profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,18 por 100, del que el 0,15 por 100 será a cargo de la empresa, y el 0,03 por 100 a cargo del trabajador. D) Para la protección por cese de actividad el tipo será del 2,20 por 100. Once. Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje. Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por contingencias profesionales, por desempleo, al Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional de los contratos para la formación y el aprendizaje se incrementarán, desde el 1 de enero de 2013 y respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2012, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General. Doce. Cotización del personal investigador en formación. La cotización del personal investigador en formación incluido en el campo de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, durante los dos primeros años se llevará a cabo aplicando las reglas contenidas en el apartado anterior, respecto de la cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje, en lo que se refiere a la cotización por contingencias comunes y profesionales. El sistema de cotización previsto en este apartado no afectará a la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas a que se tenga derecho, respecto de la cual se seguirá aplicando el importe de la base mínima correspondiente al Grupo 1 de cotización del Régimen General. Trece. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los bomberos. En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. Durante el año 2013 el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 7,30 por 100, del que el 6,09 por 100 será a cargo de la empresa y el 1,21 por 100 a cargo del trabajador. Catorce. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza. En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional cuadragésima séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. Durante el año 2013, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 6,80 por 100, del que el 5,67 por 100 será a cargo de la empresa y el 1,13 por 100 a cargo del trabajador. Quince. Salvo lo establecido en los apartados anteriores, en ningún caso y por aplicación del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las bases mínimas o únicas de cualquiera de los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen General. Dieciséis. Durante el año 2013, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual. A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo. Diecisiete. Se faculta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo. Artículo 114. Cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2013. Uno. Con efectos de 1 de enero de 2013, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a que se refiere el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en el párrafo h), de la citada disposición, serán los siguientes: 1. El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en MUFACE, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2012 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,00 por ciento. 2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2000, representará el 4,31 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el año 2012 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,00 por ciento. De dicho tipo del 4,31, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 0,21 a la aportación por pensionista exento de cotización. Dos. Con efectos de 1 de enero de 2013, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, gestionado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán los siguientes: 1. El porcentaje de cotización y de aportación del personal militar en activo y asimilado integrado en ISFAS, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2012 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,00 por ciento. La cuantía de la aportación del Estado regulada en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/2000, representará el 8,82 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el año 2012 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,00 por ciento. De dicho tipo del 8,82, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 4,72 a la aportación por pensionista exento de cotización. Tres. Con efectos de 1 de enero de 2013, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración de Justicia, gestionado por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán los siguientes: 1. El porcentaje de cotización del personal de la Administración de Justicia en activo y asimilado, integrado en MUGEJU, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2012 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,00 por ciento. 2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2000, representará el 4,72 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el año 2012 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,00 por ciento. De dicho tipo del 4,72, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 0,62 a la aportación por pensionista exento de cotización. Cuatro. Durante el año 2013, de acuerdo con las previsiones establecidas en los apartados anteriores, el importe de la cuota de derechos pasivos y de la correspondiente a las mutualidades generales de funcionarios, respecto del personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de los Regímenes Especiales de Funcionarios, se determinará mediante la aplicación del tipo porcentual del 3,86 por ciento y del 1,69 por ciento, respectivamente, sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2012 a efectos de cotización de derechos pasivos, incrementados en un 1 por ciento, y que se consignan a continuación: CUOTAS MENSUALES DE DERECHOS PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE LOS MIEMBROS DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL, DE LOS DEL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES Y DE LOS CUERPOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Cuota mensual en euros A1 109,04 A2 85,82 B 75,14 C1 65,91 C2 52,15 E (Ley 30/1984) y Agrup. Profesionales (Ley 7/2007) 44,46 CUOTAS MENSUALES DE COTIZACIÓN A LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, AL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y A LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Cuota mensual en euros A1 47,74 A2 37,57 B 32,91 C1 28,86 C2 22,83 E (Ley 30/1984) y Agrup. Profesionales (Ley 7/2007) 19,46 Las citadas cuantías mensuales se abonarán doblemente en los meses de junio y diciembre. Con la excepción establecida en el último inciso del párrafo primero del artículo 23.1 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, el personal militar profesional que no sea de carrera y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva Naval abonará las cuotas mensuales de derechos pasivos minoradas al cincuenta por ciento. [encabezado]DISPOSICIONES ADICIONALES [precepto]Primera. Afectación de ingresos al Fondo de Cohesión Sanitaria. Los ingresos que se produzcan en el Presupuesto del Estado por aplicación de lo establecido en los artículos 5 y 8 del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, se afectarán a la compensación a las Comunidades Autónomas por la asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados en otro Estado desplazados temporalmente a España, conforme a lo fijado en dicho Real Decreto. [precepto]Segunda. Incorporación de remanentes de tesorería del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública. Se autoriza al Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a incorporar al remanente de tesorería propio del Organismo los importes no utilizados a final del ejercicio 2012, hasta un límite máximo de 188,75 miles de euros, de los fondos destinados a ejecución de los Planes de Formación para el Empleo asignados al INAP como promotor, y de los destinados a las actividades complementarias que tengan relación con el programa de formación para el empleo en las Administraciones Públicas. [precepto]Tercera. Normas de ejecución presupuestaria del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Uno.1. Durante el ejercicio 2013 la concesión de préstamos y anticipos por parte del CDTI se ajustará a las normas previstas en la disposición adicional décima primera de esta Ley para los préstamos y anticipos que se financien con cargo al Capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado. 2. No se requerirá la autorización prevista en la letra a) del apartado Uno de la citada disposición adicional cuando el tipo de interés aplicable a los préstamos y anticipos sea igual o superior al tipo de interés euríbor a un año publicado por el Banco de España correspondiente al mes anterior a la aprobación de su convocatoria o, en su caso, al mes anterior a su concesión. Dos. El CDTI ajustará su actividad de forma que no presente necesidad de financiación medida según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales. Tres. Trimestralmente el CDTI informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la ejecución de las operaciones realizadas a efectos de verificar el cumplimiento de los límites regulados en los apartados anteriores. [precepto]Cuarta. Extracoste de generación de energía eléctrica insular y extrapeninsular. Durante el ejercicio 2013, queda en suspenso la aplicación del mecanismo de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, sin que se genere derecho alguno ni proceda realizar compensación con cargo a los Presupuestos del ejercicio 2013 como consecuencia de los extracostes de generación eléctrica de los sistemas insulares y extrapeninsulares correspondientes al ejercicio 2012. [precepto]Quinta. Aportaciones para la financiación del Sector Eléctrico. 1. En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 16 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, un importe equivalente a la suma de los siguientes: a) La estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos incluidos en la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. b) El 90 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de euros. 2. El 10 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 50 millones de euros, se afecta a la política de lucha contra el cambio climático. 3. Dichas aportaciones se realizarán mediante libramientos mensuales por un importe máximo de la cifra de recaudación efectiva correspondiente al Estado por dichos tributos, cánones e ingresos por subasta de derechos de emisión, en el mes inmediato anterior, según certificación de los Órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y siempre que no se supere la cifra indicada en el caso de los derechos de emisión. La aportación que haya de realizarse en función de la recaudación del mes de diciembre se efectuará con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. [precepto]Sexta. Encomienda general por la que se reestructura la prestación de servicios de administración electrónica realizados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado. Uno. Con el objeto de racionalizar su gasto, la prestación de los servicios de certificación, firma y de administración electrónica que la entidad pública empresarial viene realizando en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en el de los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, se instrumentará con vigencia durante el año 2013, a través de una encomienda general a realizar por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se unificarán, sin solución de continuidad, las diferentes encomiendas que la Entidad tiene formalizadas y en vigor en ese ámbito; todo ello, sin perjuicio de que los órganos y organismos públicos encomendantes puedan acordar, al vencimiento de las respectivas encomiendas vigentes, la extinción de las mismas o su prórroga, o la contratación con entidades públicas o privadas distintas a la entidad encomendataria. En esta encomienda, podrán incorporarse además, otros servicios o funcionalidades derivados del desarrollo de la Administración Electrónica, si así lo acordara el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dos. El importe total de la encomienda referida en el apartado anterior deberá ser, en todo caso, inferior a la suma de las diferentes encomiendas de gestión vigentes que la entidad tiene suscritas individualmente con cada uno de los órganos, entidades y organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, que se incluyan en el ámbito de la encomienda general, salvo que se incluyeran nuevos servicios o funcionalidades no previstas. Al expediente o expedientes que se tramiten con motivo de la formalización o, en su caso, modificación de la encomienda general habrá de incorporarse un certificado a expedir por el órgano encomendante acreditativo de la observancia de lo dispuesto en el párrafo anterior. Las tarifas a aplicar a esta actividad de la Entidad se aprobarán de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Entidad, aprobado por el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio. Tres. La Entidad percibirá, de acuerdo con las tarifas establecidas, la contraprestación por la actividad realizada directamente de los Departamentos y Centros directivos destinatarios de esta actividad o, en su caso, de los organismos públicos correspondientes. Cuatro. El Gobierno podrá acordar la prórroga de la encomienda general siempre que las condiciones que han motivado la encomienda general se mantuvieran en ejercicios posteriores al 2013. [precepto]Séptima. Enajenación de bienes inmuebles. Los ingresos procedentes de la venta de bienes inmuebles podrán destinarse a la financiación de contratos accesorios a la enajenación de bienes de dicha naturaleza. A los efectos previstos en el párrafo anterior podrán autorizarse generaciones de crédito en el Capítulo 2, correspondiente a gastos corrientes en bienes y servicios, sin que la suma del crédito generado para esta finalidad y del crédito que, en su caso, se genere en el capítulo de inversiones reales, pueda superar el importe de los ingresos que justifican la generación. [precepto]Octava. Modificación del plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia. Se prorroga por un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el plazo a que se refiere la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público y, a su vez, en relación con la disposición transitoria primera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y con la disposición transitoria quinta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. [precepto]Novena. Concesión de subvenciones o suscripción de convenios con Comunidades Autónomas que incumplan su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2013, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de cualquiera de los sujetos que conforman el sector público estatal al que se refiere el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la administración de una Comunidad Autónoma o los entes dependientes y vinculados a ella que hubiera incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria de deuda pública o de la regla de gasto, en su caso, para los ejercicios 2011, 2012 ó 2013 cuando aquellos conlleven una transferencia de recursos de los sujetos del sector público estatal a los de la Comunidad Autónoma incumplidora, impliquen un compromiso de realización de gastos de esta última, o se den ambas circunstancias simultáneamente, precisarán con carácter previo a su autorización informe favorable, preceptivo y vinculante, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Respecto de la ejecución de los presupuestos de 2011 se entiende que se ha producido el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria cuando así haya resultado del informe presentado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Respecto de la ejecución de los presupuestos de 2012, en tanto no se emita el informe al que se refiere el párrafo anterior, se entenderá, a los efectos que se derivan de esta disposición adicional, que se produce el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de deuda pública cuando así resulte de las previsiones de cierre del ejercicio 2012 de cada una de las Comunidades Autónomas que, en su caso, se publiquen por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Respecto de los presupuestos de 2013 se entiende que se ha producido el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto cuando así haya resultado de los informes a los que se refiere el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La verificación en este informe del cumplimiento por una Comunidad Autónoma en los presupuestos de 2013 no eximirá de la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en este artículo, en el caso en que ésta hubiera incumplido en 2011 ó 2012 de conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores. Dos. La misma exigencia respecto de la concesión de subvenciones o suscripción de convenios resultará de aplicación si, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno de la Nación formula una advertencia a una Comunidad Autónoma en el caso de que aprecie un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de deuda pública o de la regla de gasto. Esta limitación se aplicará desde el momento en que se formule la advertencia. Tres. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicará el incumplimiento o la advertencia a los que se refieren los apartados anteriores a los distintos departamentos ministeriales, que lo comunicarán a su vez a las entidades adscritas o vinculadas a ellos. Cuatro. En los supuestos previstos en los apartados anteriores y respecto de los convenios suscritos y en ejecución, no procederá su prorroga o modificación sin el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Así mismo, la modificación de la concesión de subvenciones, en el caso que así estuviera previsto en su normativa reguladora, no procederá sin el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cinco. El informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al que se hace referencia en los apartados anteriores, que será emitido por la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos una vez consultada la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, podrá tener en cuenta, entre otros criterios: a) La amplitud de la desviación que se hubiera producido respecto del objetivo de estabilidad, de deuda pública o de la regla de gasto establecido. En el caso del apartado Dos, la desviación se referirá a la estimación que motivó la advertencia respecto del objetivo. b) Las causas de dicha desviación. c) Las medidas que se hubieran adoptado para corregirla. d) El efecto respecto del déficit o la deuda pública que se pudiera derivar de la subvención o del convenio, así como su objeto. e) La forma de financiación del gasto que se propone. [precepto]Décima. Convenios de colaboración entre las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas para el control y seguimiento de la incapacidad temporal. En los convenios de colaboración que formalicen las Entidades Gestoras de la Seguridad Social con las Comunidades Autónomas para el control y seguimiento de la incapacidad temporal podrá preverse el anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiación de las actuaciones a desarrollar por las Comunidades Autónomas. A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá la aprobación del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros. [precepto]Décima primera. Préstamos y anticipos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Uno. Con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento, la concesión de préstamos y anticipos financiados directa o indirectamente con cargo al Capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado se ajustará, con vigencia indefinida, a las siguientes normas: a. Salvo autorización expresa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no podrán concederse préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la Deuda emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar. En el supuesto de préstamos y anticipos a conceder a través de procedimientos de concurrencia competitiva, el citado requisito deberá cumplirse en el momento anterior a la aprobación de la convocatoria. La determinación del tipo de interés deberá quedar justificada en el expediente por el correspondiente órgano gestor. En los supuestos en que no fuera posible una relación directa con la referencia indicada, se acompañará informe de la Secretaría General de Tesoro y Política Financiera. Esta norma no será de aplicación a los siguientes casos: – Anticipos que se concedan al personal. – Anticipos reembolsables con fondos comunitarios. – Préstamos o anticipos cuyo tipo de interés se regule en normas de rango legal. – Préstamos al Consorcio de Compensación de Seguros para el Seguro de Crédito a la Exportación. b. Los beneficiarios de los préstamos o anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde al centro gestor del gasto comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si éste fuere una administración pública. Dos. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se dictarán las instrucciones que sean precisas para el cumplimiento de lo previsto en esta disposición. [precepto]Décima segunda. Préstamos y anticipos de la política de investigación, desarrollo e innovación. Durante el ejercicio 2013 la concesión de préstamos y anticipos con cargo a créditos de la política 46 «Investigación, desarrollo e innovación» no requerirá de la autorización prevista en la letra a) del apartado Uno de la disposición adicional décima primera de esta Ley cuando el tipo de interés aplicable a los préstamos y anticipos sea igual o superior al tipo de interés euríbor a un año publicado por el Banco de España correspondiente al mes anterior a la aprobación de su convocatoria o, en su caso, al mes anterior a su concesión. [precepto]Décima tercera. Subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Uno. Con vigencia indefinida tendrán derecho a obtener bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo y aéreo de pasajeros, los ciudadanos españoles, así como los de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Suiza, sus familiares nacionales de terceros países beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración, que acrediten su condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. El derecho de residencia de los familiares de ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo se acreditará conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo. El derecho de residencia de larga duración de los nacionales de terceros países a que se refiere el párrafo anterior se acreditará conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su normativa de desarrollo. Dos. El porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte marítimo, con vigencia indefinida, para los trayectos directos, ya sean de ida o de ida y vuelta, entre las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional será del 50 por ciento de la tarifa bonificable y en los viajes interinsulares será del 25 por ciento de dicha cuantía. La Ministra de Fomento podrá fijar mediante Orden Ministerial las cuantías máximas bonificables por cada trayecto. La parte de la tarifa que supere dichas cuantías máximas no será objeto de bonificación. Cuanto la tarifa sea inferior a la cuantía máxima bonificable para el cálculo de la bonificación se aplicará a dicha tarifa la bonificación correspondiente. Tres. El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional, así como en los viajes interinsulares será, con vigencia indefinida, del 50 por ciento de la tarifa bonificable por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta. A estos efectos, se considera trayecto directo de ida aquél que se realiza desde el aeropuerto o helipuerto del punto de origen en los archipiélagos, Ceuta o Melilla, al de destino final, distinto del anterior, en el territorio nacional y viceversa, sin escalas intermedias o con escalas, siempre que estas no superen las 12 horas de duración, salvo aquéllas que vinieran impuestas por las necesidades técnicas del servicio o por razones de fuerza mayor. La Ministra de Fomento podrá fijar mediante Orden Ministerial cuantías máximas bonificables para el transporte aéreo distinguiendo entre los diferentes mercados afectados. La parte de la tarifa que supere dichas cuantías máximas no será objeto de bonificación. Cuando la tarifa sea inferior a la cuantía máxima bonificable para el cálculo de la bonificación se aplicará a dicha tarifa la bonificación del 50 por ciento. Cuatro. La condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los efectos de las bonificaciones reguladas en esta disposición se acreditará mediante el certificado de empadronamiento en vigor. Reglamentariamente podrán establecerse otros medios para la acreditación de la condición de residente, en sustitución del previsto en este apartado o como adicionales de éste. Cinco. Desde la entrada en vigor de esta Ley: a) Los órganos gestores de las bonificaciones del Ministerio de Fomento podrán acceder a los servicios de verificación y consulta de datos de identidad, domicilio, residencia, nacionalidad y régimen de extranjería de la Plataforma de Intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la subvención y realizar las funciones de control encomendadas a dichos órganos, con las garantías previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) Los órganos gestores podrán facilitar por vía telemática a las agencias, las compañías aéreas o marítimas o sus delegaciones, que comercialicen los títulos de transporte bonificados y lo soliciten, la confirmación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la subvención. La cesión de datos prevista en los párrafos precedentes y su tratamiento, no requerirá el consentimiento de los interesados ni requerirá informarles sobre dicho tratamiento, de conformidad con lo previsto, respectivamente, en los artículos 11.2, letra a), y 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos. Seis. Cuando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario de estas subvenciones no pueda acreditarse a través de la Plataforma de Intermediación conforme a lo previsto en el apartado Cinco, dichos requisitos se acreditarán por cualquiera de los medios previstos en la normativa de aplicación. A estos efectos, el certificado de empadronamiento se ajustará a lo previsto reglamentariamente en la normativa de desarrollo de estas bonificaciones. Siete. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición las bonificaciones previstas en él para familiares nacionales de terceros países beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración, que acrediten su condición de residente en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla surtirán efectos a partir del 1 de abril de 2013. [precepto]Décima cuarta. Subvención estatal para gastos de funcionamiento y asignación anual para gastos de seguridad de partidos políticos para 2013. Con base en lo expuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, durante el año 2013 la subvención estatal para gastos de funcionamiento a partidos políticos (aplicación presupuestaria 16.01.924M.485.01) ascenderá a 52.704,14 miles de euros y la asignación anual a partidos políticos para gastos de seguridad (aplicación presupuestaria 16.01.924M.484) ascenderá a 2.706,20 miles de euros. [precepto]Décima quinta. Convenios en materia de carreteras con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Se autoriza al Gobierno para que en el marco de lo dispuesto en los vigentes convenios de colaboración suscritos con el Consell de Govern de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, pueda iniciar las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos adoptados para la financiación de los proyectos en materia de carreteras, ejecutados de conformidad con lo dispuesto en los citados convenios. [precepto]Décima sexta. Retribuciones de los cargos directivos y restante personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados. Uno. Las retribuciones que perciban las personas que a la entrada en vigor de esta Ley ostenten cargos directivos en las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados, integrantes del sector público estatal de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que sean abonadas con cargo al concepto 130 «Laboral fijo», subconceptos 0 «Altos cargos» y 1 «Otros directivos», del presupuesto de gastos de la correspondiente entidad, no podrán exceder del importe más alto de los que correspondan a los altos cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración General del Estado, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. No obstante la limitación anterior, los citados cargos directivos podrán percibir retribuciones complementarias por encima de la cantidad que resulte de aplicar la misma, en cuyo caso dichas retribuciones tendrán la naturaleza de absorbibles por las retribuciones básicas, y quedará determinada la exclusiva dedicación de aquellos y, por consiguiente, su incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad retribuida. En ningún supuesto, las retribuciones que, por cualquier concepto, perciban las personas a que se refiere el párrafo anterior, podrán experimentar incremento en el ejercicio 2013 respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2012 sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Dos. En aquellos supuestos en los que la prestación de los servicios de los cargos directivos de las mutuas y de sus entidades y centros mancomunados se inicie a partir de 1 de enero de 2010, las retribuciones básicas por cualquier concepto a percibir por los mismos con cargo al concepto 130 «Laboral fijo», subconceptos 0 «Altos cargos» y 1 «Otros directivos», del presupuesto de gastos de la correspondiente entidad, no podrán exceder las cuantías establecidas en el régimen retributivo de los directores generales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Tres. Las retribuciones del resto del personal al servicio de las mutuas y de sus entidades y centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo establecido en el artículo 27 de esta Ley. Cuatro. A efectos de aplicación de las limitaciones previstas en los apartados Uno y Dos, serán computables igualmente las retribuciones que provengan del patrimonio histórico de las mutuas o de las entidades vinculadas a dicho patrimonio. [precepto]Décima séptima. Módulos para la compensación económica por la actuación de Jueces de Paz y Secretarios de Juzgados de Paz. Uno. Los Jueces de Paz, nombrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, percibirán, de acuerdo con el número de habitantes de derecho del municipio, las retribuciones anuales que se indican a continuación, que no varían respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012:   Anual De 1 a 1.999 habitantes 1.072,78 De 2.000 a 4.999 habitantes 1.609,11 De 5.000 a 6.999 habitantes 2.145,45 De 7.000 a 14.999 habitantes 3.218,15 De 15.000 o más habitantes 4.290,85 Dos. El personal, excluido el perteneciente a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe funciones de Secretario de un Juzgado de Paz, con nombramiento expedido al efecto, percibirá, de acuerdo con el número de habitantes de derecho del municipio, las cuantías anuales que se indican a continuación, que no varían respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.   Anual De 1 a 499 habitantes 531,28 De 500 a 999 habitantes 789,11 De 1.000 a 1.999 habitantes 945,37 De 2.000 a 2.999 habitantes 1.101,55 De 3.000 a 4.999 habitantes 1.414,02 De 5.000 a 6.999 habitantes 1.726,50 Tres. Las cuantías anteriores se financiarán con cargo a las correspondientes aplicaciones presupuestarias, y se devengarán por periodos trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. [precepto]Décima octava. Militares de tropa y marinería. Las plantillas máximas de militares de tropa y marinería a alcanzar el 31 de diciembre del año 2013 no podrán superar los 80.000 efectivos. Se autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos de selección y reclutamiento a partir de la aprobación de la presente Ley. [precepto]Décima novena. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal. La Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal que pueda derivarse de la acumulación de plazas prevista en el artículo 23.Tres de esta Ley, no podrá superar, en el año 2013, el límite máximo de 50 plazas. [precepto]Vigésima. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas en 2013. Uno. En el año 2013, las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 22, apartado Uno de esta Ley, no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales que estén en ejecución a la entrada en vigor de esta Ley. Esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la correspondiente sociedad mercantil. Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales. Dos. En el caso de las sociedades mercantiles estatales, la contratación temporal teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por el accionista mayoritario de las respectivas sociedades. Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. [precepto]Vigésima primera. Acumulación tasa de reposición de efectivos. Excepcionalmente, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 23.Tres de esta Ley, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá proponer la acumulación de parte de las plazas resultantes de la tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores prioritarios definidos en el artículo 23.Uno, en aquellos Cuerpos o Escalas cuya cobertura se considere prioritaria en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto. [precepto]Vigésima segunda. Contratación de personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios en 2013. Uno. En el año 2013, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público definido en el artículo 22, apartado Uno de esta Ley, no podrán proceder a la contratación de nuevo personal. Esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la correspondiente fundación del sector público o consorcio. Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales. Dos. En el caso de las fundaciones del sector público estatal y de los consorcios con participación mayoritaria del sector público estatal, la contratación temporal teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por los departamentos u organismos de tutela o con participación mayoritaria en los mismos. Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. [precepto]Vigésima tercera. Indemnizaciones por razón del servicio del personal destinado en el extranjero. Durante el próximo ejercicio presupuestario 2013 queda suspendida la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. [precepto]Vigésima cuarta. Otros gastos de personal en la Administración del Estado en 2013. Uno. Para hacer efectiva la minoración de los gastos de acción social previstos en esta Ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32.2 y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden las previsiones de los convenios, pactos y acuerdos contrarias a dicha minoración. Dos. La autorización de la masa salarial por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las entidades y organismos de los apartados a), d) y g) del artículo 22. Uno de esta Ley, se hará teniendo en cuenta la minoración del concepto de acción social. [precepto]Vigésima quinta. Limitación retributiva de los contratos mercantiles del personal del sector público. Los límites establecidos en el artículo 22 de esta Ley serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. [precepto]Vigésima sexta. Análisis sistemas retributivos de las Administraciones Públicas. Por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se procederá al análisis de los sistemas retributivos de las distintas Administraciones Públicas, dando cuenta del resultado del mismo a la Conferencia Sectorial de Administración Pública, a los efectos de lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. [precepto]Vigésima séptima. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario y laboral al que hace referencia el Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, por el que, en ejecución de sentencia, se integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, se aprobará por la Comisión Ejecutiva de la Comisión lnterministerial de Retribuciones, con efectos de 1 de enero de 2013, manteniéndose hasta dicha fecha las retribuciones que se vinieran percibiendo. [precepto]Vigésima octava. Prestaciones familiares de la Seguridad Social. A partir de 1 de enero de 2013, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, regulados en la Sección Segunda del Capítulo IX del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, serán los siguientes: Uno. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 182 bis.1 será en cómputo anual de 291 euros. Dos. La cuantía de las asignaciones establecidas en el artículo 182 bis.2 para los casos en que el hijo o menor acogido a cargo tenga la condición de discapacitado será: a) 1.000 euros cuando el hijo o menor acogido a cargo tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. b) 4.335,60 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. c) 6.504,00 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años, esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Tres. La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el artículo 186.1, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres discapacitadas, será de 1.000 euros. Cuatro. Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 182.1.c), quedan fijados en 11.490,43 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 17.293,82 euros, incrementándose en 2.801,12 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. [precepto]Vigésima novena. Subsidios económicos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y pensiones asistenciales. Uno. A partir del 1 de enero del año 2013, los subsidios económicos a que se refiere la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, se fijarán, según la clase de subsidio, en las siguientes cuantías:   Euros/mes Subsidio de garantía de ingresos mínimos 149,86 Subsidio por ayuda de tercera persona 58,45 Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte 62,10 Dos. A partir del 1 de enero del año 2013, las pensiones asistenciales reconocidas en virtud de lo dispuesto en la Ley de 21 de julio de 1960 y en el Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros íntegros mensuales, abonándose dos pagas extraordinarias del mismo importe que se devengarán en los meses de junio y diciembre. Tres. Las pensiones asistenciales serán objeto de revisión periódica, a fin de comprobar que los beneficiarios mantienen los requisitos exigidos para su reconocimiento y, en caso contrario, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá instar la incoación de los procedimientos de revisión, a efectos de practicar el ajuste económico y presupuestario del gasto generado. Los resultados que ofrezcan aquellos procedimientos serán comunicados al citado Departamento ministerial. [precepto]Trigésima. Ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.). Durante el año 2013 las cuantías mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.), establecidas en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo, se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre el importe de 607,13 euros. [precepto]Trigésima primera. Actualización de la cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo. A partir del 1 de enero de 2013, la cuantía de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional ascenderá, en cómputo anual, a la diferencia entre 7.129,69 euros y el importe anual que perciba cada beneficiario por las pensiones a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 3/2005, o a la diferencia entre 7.129,69 euros y las rentas o ingresos anuales que perciban los beneficiarios a que se refiere el apartado d) del artículo 2 de la Ley 3/2005. [precepto]Trigésima segunda. Plazos en Clases Pasivas. Uno. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, los efectos económicos derivados del reconocimiento de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora, así como de la legislación especial de guerra, se retrotraerán, como máximo, tres meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la presentación de la correspondiente solicitud. Dos. El derecho de la Administración a solicitar el reintegro de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas indebidamente percibidas, cualquiera que sea su legislación reguladora, así como de las prestaciones causadas al amparo de la legislación especial de guerra, y, en general, de cualesquiera otras prestaciones abonadas con cargo a los créditos de la sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado, prescribirá a los cuatro años a partir de la fecha de su percepción o de aquélla en que pudo ejercitarse la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida. Para el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, el plazo de prescripción será, asimismo, de cuatro años. [precepto]Trigésima tercera. Indemnizaciones por tiempo de prisión y a favor de expresos sociales. El plazo de presentación de solicitudes de los beneficios establecidos en la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1990, y en la disposición adicional decimoctava de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, finalizará definitivamente el 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de que el reconocimiento del derecho se efectúe en una fecha posterior. [precepto]Trigésima cuarta. Regularización de encuadramientos indebidos en el sector público. Uno. Los órganos competentes en materia de personal serán responsables de comprobar, a efectos de las futuras pensiones que se puedan causar, que los funcionarios sobre los que ejercen sus competencias están incluidos en el régimen de protección social que legalmente les corresponde. Si se pusiera de manifiesto alguna situación de encuadramiento indebido, procederán a declarar mediante resolución administrativa que el funcionario está indebidamente encuadrado, regularizando de forma inmediata su situación en el régimen que corresponda. A efectos de la referida regularización, se procederá a solicitar el alta o la baja correspondiente en el Régimen General de la Seguridad Social a la Tesorería General de la Seguridad Social, quien resolverá con arreglo al Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de datos de Trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. Dos. Los servicios prestados y las cotizaciones efectuadas conforme a las normas del régimen cuyo encuadramiento se declare indebido serán computados por el régimen que haya de reconocer la pensión, de acuerdo con el procedimiento regulado en el Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social. [precepto]Trigésima quinta. Incremento para el año 2013 de las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, causadas hasta el 31 de diciembre de 2012, experimentarán en 2013 un incremento del 1 por ciento. [precepto]Trigésima sexta. Pensiones de orfandad de Clases Pasivas. Uno. A partir de 1 de enero de 2013 y con vigencia indefinida, no se efectuarán nuevos reconocimientos de pensiones en favor de huérfanos mayores de veintiún años no incapacitados al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, ni de la legislación especial de guerra. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo anterior las pensiones extraordinarias de orfandad causadas por actos de terrorismo; así como las pensiones ya reconocidas que, por cualquier causa, no se percibieran a 31 de diciembre de 2012, las cuales podrán incluirse en nómina después de dicha fecha. Dos. Los procedimientos iniciados y no resueltos en la fecha de entrada en vigor de esta Ley y las solicitudes de coparticipación o acumulación que se formulen con posterioridad a la misma, se regirán por la legislación vigente a 31 de diciembre de 2012. [precepto]Trigésima séptima. Régimen de Protección Social del Personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia. 1. El personal que haya obtenido la condición de personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia con anterioridad a 1 de enero de 2011, mantendrá su inclusión en el régimen de protección social previsto en el Régimen de Clases Pasivas del Estado frente a los riesgos de vejez, incapacidad y muerte y supervivencia, y por la acción específica que la Ley encomienda al Instituto Social de las Fuerzas Armadas frente a las contingencias de necesidad de asistencia sanitaria, incapacidad temporal, inutilidad para el servicio y cargas familiares. 2. El personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia que haya obtenido dicha condición con posterioridad a 1 de enero de 2011, y no ostentara previamente a esta fecha la condición de personal incluido en el ámbito de aplicación del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, estará obligatoriamente incluido, a los exclusivos efectos de lo dispuesto en ese texto legal y en sus disposiciones de desarrollo, en el Régimen General de la Seguridad Social. La citada inclusión respetará las especificidades relativas al régimen de las pensiones extraordinarias previsto en la normativa de Clases Pasivas del Estado con las adaptaciones que sean precisas. 3. El personal estatutario del Centro Nacional de lnteligencia, con independencia de su fecha de ingreso en este organismo público, cesará en su vinculación al mismo al cumplir la edad de jubilación forzosa establecida legalmente para los funcionarios de la Administración General del Estado, momento a partir del cual tendrán derecho a la prestación económica por causa de jubilación prevista en el Régimen General de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, según corresponda y siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello. En atención a las aptitudes psicofísicas y al nivel de disponibilidad requerido para prestar servicios en el Centro Nacional de Inteligencia, se excluye expresamente para todo el personal del Centro Nacional de lnteligencia cualquiera que fuera la fecha de ingreso en el mismo, la posibilidad de prolongar voluntariamente el servicio activo más allá de la edad establecida legalmente para la jubilación forzosa del personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado. 4. Todo el personal estatutario del Centro Nacional de lnteligencia realizará sus aportaciones, ante los organismos que en cada supuesto corresponda, en lista clasificada, sirviéndoles de abono, en su caso, para causar las correspondientes prestaciones asistenciales y económicas, los tiempos de servicios y las aportaciones o las cotizaciones ya realizadas en el régimen de procedencia, de acuerdo con lo que dispone la normativa vigente sobre cómputo recíproco de cuotas entre los distintos regímenes. 5. Con independencia del régimen de protección social al que se adscriba el personal del Centro Nacional de Inteligencia, los tribunales médicos competentes en el ámbito del Ministerio de Defensa continuarán siendo competentes para emitir los dictámenes que correspondan dentro del procedimiento para determinar la incapacidad o inutilidad de dicho personal. [precepto]Trigésima octava. Descuento en la nómina de los empleados públicos por ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal. Uno. La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, por parte del personal al que se refiere el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, comportará, la aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal, en los términos y condiciones que establezcan respecto a su personal cada una de las Administraciones Públicas. Dos. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, en el caso de la Administración del Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma y órganos constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural no supere la cifra que se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los requisitos y condiciones determinados en la misma. Tres. Desde la entrada en vigor de este precepto, se suspenden y quedan sin efecto los acuerdos, pactos y convenios para el personal de su ámbito de aplicación, que contengan cláusulas que se opongan a su contenido. Cuatro. Las referencias contenidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, al personal comprendido en el régimen general de Seguridad Social, resultan de aplicación al personal comprendido en el régimen especial de Seguridad Social de Trabajadores del Mar que esté incluido en su ámbito de aplicación. Cinco. Se habilita al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, adopte las medidas necesarias con objeto de que el contenido de la presente disposición resulte aplicable al personal al servicio de la Administración de Justicia comprendido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Seis. El apartado Uno de la presente disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª, 149.1.18ª y 156 de la Constitución. [precepto]Trigésima novena. Interés legal del dinero. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero, éste queda establecido en el 4 por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2013. 2. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será del 5 por ciento. 3. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será del 5 por ciento. [precepto]Cuadragésima. Seguro de Crédito a la Exportación. El límite máximo de cobertura para nueva contratación, excluidas la Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones (PAGEX), la Póliza 100 y la Póliza Master, que podrá asegurar y distribuir la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima (CESCE) será, para el ejercicio del año 2013, de 9.000.000 miles de euros. [precepto]Cuadragésima primera. Ayudas reembolsables. Las ayudas públicas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1.b) de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se conceden a empresas para la financiación de actuaciones de las previstas en el citado artículo, podrán configurarse como ayudas reembolsables total o parcialmente, en este último caso con cesión a la Administración General del Estado de los derechos sobre los resultados, en función de lo conseguido en la ejecución de dichas actuaciones, y en los términos que establezcan las respectivas bases reguladoras. Los ingresos derivados de los reembolsos de las ayudas públicas con fines de investigación científica y desarrollo tecnológico a que se refiere este precepto podrán generar crédito en las aplicaciones 27.13.463B.740, 27.13.463B.750, 27.13.463B.760, 27.13.463B.770 y 27.13.463B.780 del estado de gastos. [precepto]Cuadragésima segunda. Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En relación con las Ayudas reguladas por el art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General Presupuestaria, los pagos correspondientes a la financiación de actuaciones recogidas en el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad regulados en el art. 74 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, podrán librarse en su totalidad una vez hayan sido acordados en Conferencia Sectorial los criterios objetivos de distribución y la distribución resultante así como el refrendo mediante Acuerdo del Consejo de Ministros. [precepto]Cuadragésima tercera. Apoyo financiero a las actuaciones en Parques Científicos y Tecnológicos. Las entidades promotoras de Parques Científicos y Tecnológicos que acrediten encontrarse en una situación financiera que les impida cumplir con las correspondientes obligaciones de pago podrán solicitar el aplazamiento de cuotas de amortización con vencimiento en 2013 derivadas de préstamos o anticipos concedidos en virtud de las convocatorias realizadas desde el año 2000. El aplazamiento podrá ser concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que se le solicitará una vez comprobada la viabilidad económica y financiera de la Entidad solicitante o, en su caso, constatada la asunción subsidiaria de la deuda por la Administración pública de dependencia, con arreglo a las siguientes condiciones: 1. Se respetarán los límites de intensidad de ayuda permitidos por la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. 2. No variará el plazo máximo de vencimiento de los préstamos, pudiendo las cuotas aplazadas ser objeto de fraccionamiento. 3. Las cuotas aplazadas devengarán el tipo de interés de la deuda emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar. 4. Deberán aportarse las garantías adicionales que en cada caso se determinen. 5. En el caso de entidades del sector público, la operación deberá contar con la autorización de la Administración a la que la entidad pertenezca y adicionalmente dicha Administración deberá asumir subsidiariamente el pago de la deuda cuyo aplazamiento se solicita. Así mismo, las cuotas aplazadas podrán ser objeto de compensación con cualquier pago que debiera realizarse desde el Estado a la citada Administración. Mediante orden del Ministerio de Economía y Competitividad podrán dictarse las instrucciones que sean precisas para el cumplimiento de esta disposición. [precepto]Cuadragésima cuarta. Participación de empresas españolas en Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto. Cuando el Fondo del Carbono creado por el artículo 91 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se dedique a la adquisición de créditos de carbono derivados de proyectos realizados o promovidos por empresas, en el marco de los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto en los términos establecidos reglamentariamente, con la finalidad de incentivar la participación de las empresas españolas en dichos mecanismos, la aprobación de cualquier convenio o convocatoria de ayudas o préstamos (incluidas las órdenes de bases y demás normativa que las regulen) a realizar para dicho fin necesitarán informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. [precepto]Cuadragésima quinta. Extinción del Fondo de Apoyo a la República Helénica. Con efectos a 31 de diciembre de 2012 queda extinguido el Fondo de Apoyo a la República Helénica constituido mediante el Real Decreto-Ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de Apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación. La Administración General del Estado queda subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondieran al Fondo en la fecha señalada en el párrafo anterior. [precepto]Cuadragésima sexta. Garantía del Estado para obras de interés cultural. Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, durante el ejercicio 2013, el importe total acumulado, en todo momento, de los compromisos otorgados por el Estado respecto a todas las obras o conjuntos de obras cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y sus Organismos públicos adscritos no podrá exceder de 2.250.000 miles de euros. Se excluirá del cómputo de dicho importe máximo la cuantía contemplada en el punto dos de esta disposición adicional. El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen por primera vez en el año 2013 para obras o conjuntos de obras destinadas a su exhibición en una misma exposición será de 231.000 miles de euros. Una vez devueltas las obras a los cedentes y acreditado por los responsables de las exposiciones el término de la Garantía otorgada sin incidencia alguna, las cantidades comprometidas dejarán de estarlo y podrán ser de nuevo otorgadas a una nueva exposición. Excepcionalmente este límite máximo podrá elevarse por encima de los 231.000 miles de euros por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, por iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El importe máximo comprometido en una obra, a efectos de su cobertura por la Garantía del Estado, no podrá superar los 100.000 miles de euros. Dos. El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza respecto a las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la Fundación ubicadas en España en relación con el «Contrato de Préstamo de Obras de arte entre de una parte la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de otra Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt, y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza», para el 2013 será de 400.000 miles de euros. Tres. En el año 2013 también será de aplicación la Garantía del Estado a las exposiciones organizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y por la «Sociedad Estatal de Acción Cultural S.A. (AC/E)» siempre y cuando se celebren en instituciones de las que la Administración General del Estado sea titular. Asimismo, le será de aplicación a las exposiciones organizadas por la Fundación Lázaro Galdiano en la sede de su Museo. Cuatro. Con carácter excepcional para 2013, se podrán acoger a la Garantía del Estado las exposiciones organizadas por la «Fundación El Greco 2014» en instituciones de titularidad estatal. [precepto]Cuadragésima séptima. Apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas. El importe de la aportación del Estado a la línea de financiación creada en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, será de 56.170,75 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.16.433M.821.10. La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará del informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. [precepto]Cuadragésima octava. Apoyo financiero a empresas de base tecnológica. El importe total máximo que podrá aprobarse durante el año 2013 para las operaciones a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, será de 18.579,76 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 27.14.467C.831.15. La aprobación de cualquier convenio o convocatoria de ayudas o préstamos (incluidas las órdenes de bases y demás normativa que las regule) a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior, necesitará del informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. [precepto]Cuadragésima novena. Apoyo financiero a empresas de base tecnológica. El importe total máximo de las operaciones que podrán aprobarse durante el año 2013 para las operaciones de la línea de financiación creada en el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, será de 20.000 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.16.433M.821.11. La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará del informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. [precepto]Quincuagésima. Apoyo financiero a jóvenes emprendedores. El importe de la aportación del Estado a la línea de financiación creada en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, será de 20.000 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.16.433M.821.12. La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará del informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos. [precepto]Quincuagésima primera. Apoyo financiero a emprendedores y empresas TIC-Agenda Digital. Uno. Se crea una línea de financiación destinada a favorecer la puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por emprendedores y PYMEs del sector de las TIC con objeto de impulsar la creación de empresas y el lanzamiento de nuevos productos y servicios, contribuyendo a la generación de empleo en un sector de alto potencial y futuro en los próximos años. Para apoyar estos proyectos empresariales se utilizará la figura del préstamo participativo, instrumento financiero regulado por el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, y modificado por la disposición adicional segunda de la Ley 10/1996, de 18 de diciembre y la disposición adicional tercera de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Dos. Para la aplicación de esta línea, la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA), recibirá préstamos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo previstos para esta línea de financiación, los cuales tendrán un período máximo de amortización de diez años, a tipo de interés cero y sin necesidad de garantías. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo regulará, mediante convenio con ENISA, las condiciones, criterios, y procedimientos de control que ésta deberá establecer para la concesión de los préstamos participativos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado fijará cada año, en su caso, el importe de la aportación del Estado a la línea de financiación que se crea en virtud del presente artículo. Tres. Para la aprobación de cualquier acto o negocio jurídico que se lleve a cabo en el marco de lo dispuesto en este precepto, será necesario el previo informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante fondos comunitarios europeos. Cuatro. La dotación máxima para el ejercicio 2013 de la línea establecida en los artículos anteriores será de 30.000,00 miles de euros y se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.12.467I.821.11. [precepto]Quincuagésima segunda. Apoyo financiero a las actuaciones en materia de infraestructuras de telecomunicaciones en colaboración con las Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas responsables de la ejecución de planes de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones (Plan Avanza) que acrediten encontrarse en una situación financiera que les impida cumplir con las correspondientes obligaciones de pago podrán solicitar el aplazamiento de cuotas de amortización con vencimiento en 2013 derivadas de préstamos concedidos en virtud de convenios de colaboración realizados desde el año 2008. El aplazamiento podrá ser concedido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo previo informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con arreglo a las siguientes condiciones: 1.ª Se respetarán los límites de intensidad de ayuda permitidos por la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. 2.ª No variará el plazo máximo de vencimiento de los préstamos, pudiendo las cuotas aplazadas ser objeto de fraccionamiento. 3.ª Las cuotas aplazadas devengarán el tipo de interés correspondiente al Euríbor publicado por el Banco de España en el mes de enero de 2013 incrementado en 25 puntos básicos. Mediante resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrán dictarse las instrucciones que sean precisas para el cumplimiento de esta disposición. [precepto]Quincuagésima tercera. Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Uno. El Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, creado en la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para 2009 y que tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven a cabo dicha actividad, tendrá una dotación para el ejercicio 2013 de 5.000 miles de euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dicha dotación será desembolsada y transferida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2013. Dos. El procedimiento y condiciones aplicables a la gestión del Fondo, así como los criterios y procedimientos de selección, concesión y control de la financiación a otorgar por el mismo, serán los establecidos en el convenio firmado para el ejercicio 2009 entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), salvo que por las Instituciones firmantes se considere necesario efectuar alguna modificación para su mejor funcionamiento. Tres. El Fondo podrá utilizar remanentes de convocatorias anteriores en la financiación a conceder a empresas en convocatorias posteriores. El Fondo podrá utilizar los recursos procedentes de las amortizaciones y los rendimientos financieros de financiaciones concedidas en la financiación a conceder a empresas en nuevas convocatorias. Cuatro. El Fondo podrá dedicar parte de sus recursos a la constitución de Fondos que tendrían el mismo fin pero limitarían su ámbito de actuación a una Comunidad Autónoma, previa decisión por unanimidad de la Comisión de Inversiones y Seguimiento prevista en el citado Convenio. Estos nuevos Fondos, constituidos a través de un Convenio de las partes, contarían con los recursos aportados por el Fondo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Comunidad Autónoma correspondiente y las entidades económico-financieras que pudieran estar interesadas. Cinco. A la liquidación del Fondo, que se producirá a los diez años a contar desde la primera aportación del Ministerio de Sanidad y Política Social, SEPI ingresará en el Tesoro Público la dotación percibida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, menos el importe correspondiente a las operaciones de financiación fallidas, si las hubiere, y los gastos derivados de la gestión del Fondo desde su creación, más los rendimientos financieros que puedan generar las cantidades aportadas al mismo. Seis. Este Fondo carece de personalidad jurídica. Las responsabilidades del Fondo se limitarán exclusivamente a aquéllas que la entidad gestora haya contraído por cuenta del mismo. Igualmente, los posibles acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra el patrimonio de la entidad gestora. [precepto]Quincuagésima cuarta. Dotación de los fondos de fomento a la inversión española con interés español en el exterior. Uno. La dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior se establece en 15.000 miles de euros en el año 2013. El Comité Ejecutivo del Fondo para Inversiones en el Exterior podrá aprobar durante el año 2013 operaciones por un importe total máximo equivalente a 300.000 miles de euros. Dos. La dotación del Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa se establece en 5.000 miles de euros en el año 2013. El Comité Ejecutivo del Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa podrá aprobar durante el año 2013 operaciones por un importe total máximo equivalente a 35.000 miles de euros. [precepto]Quincuagésima quinta. Porcentaje sobre el rendimiento de la tasa de reserva de dominio público radioeléctrico a percibir por la Corporación RTVE. Con efectos 1 de enero de 2013, el porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico a percibir por la Corporación RTVE, según el artículo 4.2 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, queda fijado en el 100 por ciento, con un importe máximo de 330 millones de euros. [precepto]Quincuagésima sexta. Actividades prioritarias de mecenazgo. Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, durante el año 2013 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las siguientes: 1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios. 2.ª La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del Estado español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia. 3.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan en el Anexo VIII de esta Ley, así como las actividades y bienes que se incluyan, previo acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español «patrimonio.es» al que se refiere el artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 4.ª Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas. 5.ª Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a través de Internet. 6.ª La investigación, desarrollo e innovación en las Instalaciones Científicas que, a este efecto, se relacionan en el Anexo XI de esta Ley. 7.ª La investigación, desarrollo e innovación en los ámbitos de las nanotecnologías, la salud, la genómica, la proteómica y la energía, y en entornos de excelencia internacional, realizados por las entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad. 8.ª El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la innovación, llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 9.ª Los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas o se realicen en colaboración con éstas. 10.ª Las donaciones y aportaciones vinculadas a la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca. Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación con las actividades incluidas en el apartado anterior. [precepto]Quincuagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables a la celebración de la «3.ª edición de la Barcelona World Race». Uno. La celebración de la «3.ª edición de la Barcelona World Race», tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2013 a 30 de septiembre de 2015. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Quincuagésima octava. Beneficios fiscales aplicables al Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de «Río de Janeiro 2016». Uno. El Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de «Río de Janeiro 2016» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración de este programa será de 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2016. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. No obstante, las cantidades satisfechas, en concepto de patrocinio, por los espónsores o patrocinadores al Consorcio, entidades de titularidad pública o entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, encargadas de la realización de programas y actividades del acontecimiento, se tendrán en cuenta a efectos del cálculo del límite previsto en el segundo párrafo del número primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, antes mencionada. Las cantidades satisfechas en concepto de patrocinio, a las que se hace referencia en el párrafo anterior, no tendrán la consideración de gasto deducible en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. [precepto]Quincuagésima novena. Beneficios Fiscales aplicables a los actos de celebración del VIII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014). Uno. Los actos relacionados con la celebración del Vlll Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014), tendrán la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2015. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuarto. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa a celebrar en Ávila en el año 2015». Uno. La celebración del «V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa a celebrar en Ávila en el año 2015» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2015. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima primera. Beneficios fiscales aplicables al «Año Junípero Serra 2013». Uno. La celebración de los actos del «Año Junípero Serra 2013» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios de este programa serán los máximos previstos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables al evento de salida de la vuelta al mundo a vela «Alicante 2014». Uno. El evento de la salida desde la ciudad de Alicante de la vuelta al mundo a vela «Alicante 2014» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios de este programa serán los máximos previstos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 en la Real Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena en la ciudad de Sevilla». Uno. La celebración del «Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 en la Real Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena en la ciudad de Sevilla» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de junio de 2013 a 31 de mayo de 2014. Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002. Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. [precepto]Sexagésima cuarta. Prórroga de los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas para Lorca, Murcia. Se prorrogan para el ejercicio 2013 los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas por el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. [precepto]Sexagésima quinta. Bonificaciones en las prestaciones patrimoniales públicas por apertura de rutas a nuevos destinos. Uno. La apertura de rutas aéreas a nuevos destinos dará derecho a las compañías aéreas que operen en los aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A. a obtener las bonificaciones previstas en esta disposición en las prestaciones públicas por salida de pasajeros y por seguridad. Dos. A efectos de lo previsto en esta disposición, se considera ruta aérea a nuevo destino, el conjunto de operaciones comerciales de transporte aéreo de pasajeros con origen en un aeropuerto de Aena Aeropuertos S.A. y destino en otro aeropuerto diferente, siempre que no haya sido explotada durante la temporada equivalente inmediatamente anterior. Se considera que en la temporada inmediata anterior se ha explotado una ruta aérea con el nuevo destino previsto, cuando durante dicha temporada se hayan explotado rutas con el mismo aeropuerto de origen y destino en otro aeropuerto que se encuentre en la misma área de influencia del aeropuerto de destino, siempre que el número de operaciones de tales rutas haya superado las 30 operaciones de salida, en la temporada de verano, y las 20 operaciones de salida, en la temporada de invierno, por el conjunto de compañías que operan en el aeropuerto de Aena Aeropuertos S.A. considerado. Se considerará que los aeropuertos de destino se encuentran en la misma área de influencia cuando disten entre sí menos de 150 Km. Tres. Para tener derecho a la bonificación, la compañía aérea deberá acreditar durante los dos años consecutivos a los que se extiende ésta y para cada una de las respectivas temporadas de verano e invierno, los siguientes requisitos: a) En el primer año se deberá acreditar: 1.º En la temporada de verano, un incremento de, al menos, 15 operaciones de salida por ruta respecto a la temporada de verano anterior, siempre que se mantengan, al menos, 30 operaciones de salida por ruta en la temporada. 2.º En la temporada de invierno, un incremento de, al menos, 10 operaciones de salida por ruta respecto a la temporada de invierno anterior, siempre que se mantengan, al menos, 20 operaciones de salida por ruta en la temporada. En el segundo año, se deberán mantener, al menos, los mismos niveles de operaciones de salida por ruta durante cada temporada. b) Incrementar el número neto de rutas en el conjunto de los aeropuertos de Aena Aeropuertos S.A. para cada temporada y zona de operación. A estos efectos, se consideran dos zonas de operación: el Espacio Económico Europeo (EEE) y las rutas Internacionales, esto es, las realizadas fuera del EEE. El cálculo del incremento de rutas netas se realizará separadamente para cada zona de operación. Se consideran incremento neto de rutas el resultado de restar a las rutas de más de 30 operaciones de salida abiertas en la temporada de verano, las rutas de más de 30 operaciones de salida cerradas en dicha temporada, o a las rutas de más de 20 operaciones de salida abiertas en la temporada de invierno, las rutas de más de 20 operaciones de salida cerradas en esta temporada. c) Mantener, al menos, el número de operaciones de salida de la compañía en el conjunto de Aena Aeropuertos S.A. correspondiente a la temporada equivalente anterior para cada zona de operación en la que es susceptible de recibir la subvención. Cuatro. El importe de la bonificación será, en el primer año, el 50 por ciento y, en el segundo año, el 25 por ciento del importe de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y seguridad, liquidadas por Aena Aeropuertos S.A., por los pasajeros transportados a nuevos destinos en cada temporada con derecho a subvención. El importe de la bonificación se aplicará como máximo al número de rutas neto incrementado por la compañía en cada zona de operación. En el caso de que una compañía haya operado en una temporada más rutas a nuevos destinos de aquellos a los que tiene derecho a bonificación, ésta se aplicará sobre aquellas rutas a nuevos destinos que más beneficien a la compañía. Cinco. Las bonificaciones se devengarán por temporadas vencidas y deberán solicitarse durante el mes siguiente a la finalización de la respectiva temporada de invierno o verano. El abono de las bonificaciones se realizará por Aena Aeropuertos S.A. compensando su importe con cualesquiera cantidades que le adeuden la compañía aérea beneficiaria y, no siendo ello posible en todo o en parte, mediante su pago en efectivo antes de transcurridos seis meses desde la finalización de la temporada correspondiente. Seis. El incumplimiento o no mantenimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el plazo de los dos años que dan derecho a la bonificación, supondrá su pérdida durante todo el periodo, procediendo Aena Aeropuertos S.A. a solicitar a la compañía aérea beneficiaria la devolución de las subvenciones correspondientes por nuevas rutas que hayan sido percibidas con anterioridad. Siete. En el caso de los pasajeros en conexión, el importe de la subvención se minorará en la bonificación aplicada en base a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 78 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. [precepto]Sexagésima sexta. Excepción de la aplicación del Reglamento (CE) nº 1794/2006, de la Comisión, de 6 de diciembre de 2006, por el que se establece un sistema común de tarificación de los servicios de navegación aérea, en el cálculo de la tarifa unitaria de base aplicable por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea y en el cálculo e imputación de costes de la tasa de aproximación. 1. Hasta el 31 de diciembre de 2014, se exime de la aplicación del artículo 11bis, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1794/2006, de la Comisión, de 6 de diciembre de 2006, por el que se establece un sistema común de tarificación de los servicios de navegación aérea, a la tarifa por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea establecida en el artículo 3 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público. 2. Hasta el 31 de diciembre de 2014, se exime de aplicar al cálculo e imputación de costes de la tasa de aproximación, regulado en el artículo 22, apartado 5, de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, las modificaciones introducidas en el Reglamento (CE) nº 1794/2006 por el Reglamento 1191/2010, de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010. 3. Con vigencia indefinida, la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), llevará una contabilidad, debidamente auditada, y publicará los informes anuales de dicha auditoría, e identificará y revelará los gastos e ingresos derivados de los servicios de navegación aérea, desglosándolos de acuerdo con el sistema de tarificación de los servicios de navegación contemplados en el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004 y sus modificaciones. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá acceder a la contabilidad de la entidad empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para el ejercicio de las funciones de supervisión que le atribuye la normativa vigente. A tal fin, siempre que le sea requerido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se someterá a una auditoría sobre su contabilidad analítica. [precepto]Sexagésima séptima. Actualización de los límites máximos de la cuantía de aportación mensual de los usuarios en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud. La actualización de los límites máximos de la cuantía de aportación mensual de los usuarios en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud a la que se refiere el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se actualizará, de forma automática, cada mes de enero en función del índice de precios al consumo de los doces meses anteriores. Dicha actualización se hará pública mediante resolución de la unidad competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [precepto]Sexagésima octava. Financiación a la Iglesia Católica. Durante el año 2013 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados Uno y Dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Antes del 30 de noviembre de 2014, se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2013, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2015. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente. [precepto]Sexagésima novena. Asignación de cantidades a fines sociales. El Estado destinará a subvencionar actividades de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013 correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido. A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto la formada por la suma de la cuota íntegra estatal y de la cuota íntegra autonómica en los términos previstos en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2013 se llevará a cabo antes del 30 de abril de 2015, efectuándose una liquidación provisional el 30 de noviembre de 2014 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la concesión de las subvenciones. [precepto]Septuagésima. Criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado mencionado en el Capítulo I, del Título VII de la presente Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A los efectos del cálculo de las entregas a cuenta de la participación de las Entidades locales en los tributos del Estado del artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el índice provisional de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2013, se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que consisten en: 1. Los ingresos tributarios del Estado del año 2013 están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas por IRPF, IVA e IIEE, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009. 2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004, se utilizarán los criterios de homogeneización establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009. Esto es, se procederá a simular la entrega a cuenta del año 2004 de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión correspondientes al año 2013. Por lo que respecta a la liquidación del 2002 se calculará por diferencia entre el rendimiento definitivo de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión del año 2013 y las entregas realmente efectuadas en 2002. Igualmente para la determinación del resto de los índices de evolución regulados en el Capítulo I, del Título VII de la presente Ley, distintos del anterior, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sustituyendo, si procede, el año base 2007 por el que corresponda. [precepto]Septuagésima primera. Fondo de Cohesión Sanitaria. Uno. Se suspende la aplicación de los apartados a, c y d del artículo 2.1 del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula el Fondo de Cohesión Sanitaria. Dos. 1. A partir del 1 de enero de 2013, el importe de los gastos por la asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas contemplada en el artículo 2.1.a, c y d del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, así como los relativos a la asistencia sanitaria cubierta por el Fondo de Garantía Asistencial creado por el artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se satisfará en base a la compensación de los saldos positivos o negativos resultantes de la liquidación realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos a cada Comunidad Autónoma tomando como período de referencia la actividad realizada en el año anterior. A tal efecto, el Fondo de Cohesión Sanitaria tendrá la misma naturaleza extrapresupuestaria que el Fondo de Garantía Asistencial. 2. El pago a las Comunidades Autónomas de los saldos positivos resultantes se realizará extrapresupuestariamente una vez que los saldos negativos resultantes sean compensados, deducidos o retenidos, según proceda, de los pagos que el Instituto Nacional de la Seguridad Social deba efectuar a las Comunidades Autónomas en concepto de saldo neto positivo por cuota global por la cobertura de la asistencia sanitaria a que se refiere la disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, o de los pagos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de los recursos del sistema de financiación cuando se cumplan las condiciones legales previstas para ello. [precepto]Septuagésima segunda. Retenciones en las centrales de compras u otros instrumentos de cooperación interadministrativa. El Estado, para el funcionamiento de las centrales de compras y demás instrumentos de cooperación interadministrativa que se creen con la finalidad de ahorrar costes o de gestionar más eficientemente las competencias de cada Administración, podrá retener o deducir de los importes satisfechos por todos los recursos del sistema de financiación a las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, las cantidades necesarias para atender al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Comunidad Autónoma respectiva, previa aceptación expresa de ésta en el acto o convenio a través del cual se formalice la incorporación al instrumento de cooperación. En todo caso la previsión de esta retención o deducción en los indicados instrumentos requerirá de autorización previa del Secretario de Estado de Administraciones Públicas. Cualquier pago estará condicionado a la efectiva deducción o retención. En ningún caso el Estado responderá de las obligaciones asumidas por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía a través del mecanismo de central de compras de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no pudiendo los terceros ejercitar acción alguna frente al Estado. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se desarrollará lo previsto en los párrafos anteriores. La gestión financiera de las obligaciones económicas satisfechas por el Estado por cuenta de las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía en las centrales de compras y demás instrumentos de cooperación interadministrativa antes mencionados, se realizará de forma extrapresupuestaria. [precepto]Septuagésima tercera. Refinanciación de operaciones de crédito. Uno. Como excepción a lo dispuesto en la disposición final trigésima primera de esta Ley, se autoriza la formalización de operaciones de refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, siempre que tengan por finalidad la disminución de la carga financiera, la ampliación del período de amortización o el riesgo de aquellas operaciones, respecto a las obligaciones derivadas de las pendientes de vencimiento. En las anteriores operaciones se podrán incluir las formalizadas en aplicación del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. No se podrán incluir en la citada refinanciación las operaciones formalizadas en aplicación de los artículos 177 y 193 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Para la formalización de las operaciones de refinanciación citadas será preciso la adopción de un acuerdo del órgano competente de la corporación local, con los requisitos de quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Además, en el caso de que las entidades locales presenten ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la disposición final trigésima primera de esta Ley, las corporaciones locales, mediante acuerdo de sus respectivos Plenos, deberán aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de tres años, el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Los citados planes deberán comunicarse, para su aprobación, por las entidades locales al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo que la Comunidad Autónoma correspondiente tenga atribuida en el Estatuto de Autonomía la tutela financiera de dichas entidades, en cuyo caso se comunicará a ésta. El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y el correspondiente al último año de aquellos planes deberá, además, remitirlo al órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas. En el caso de que por éstas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dos. Se deja sin efecto desde el día 1 de enero de 2013, y con carácter indefinido, el apartado Tres del artículo 14 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. [precepto]Septuagésima cuarta. Regulación del destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales. Durante el año 2013, el Gobierno, previo acuerdo con las Asociaciones de Entidades Locales más representativas e informe de la Comisión Nacional de Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades locales. [precepto]Septuagésima quinta. Aportación financiera del Servicio Público de Empleo Estatal a la financiación del IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Uno. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, durante el año 2013, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará a la financiación del IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad de 10.000 miles de euros. La mencionada aportación financiera tiene el carácter de subvención nominativa, habida cuenta de su consignación en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal con la correspondiente identificación desagregada, expresada a nivel de subconcepto, de la clasificación económica del gasto público estatal. Dos. La mencionada cantidad se destinará, junto con la aportación financiera que realice la Comunidad Autónoma de Canarias, a financiar las acciones y las medidas de fomento de empleo que se describen en el Convenio de Colaboración que le es de aplicación, suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración de la citada Comunidad Autónoma el 1 de agosto de 2011. La articulación de la aportación financiera, que se hará efectiva en la forma indicada en el apartado Tres, se instrumentará mediante la suscripción de la pertinente adenda entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias. Tres. La aportación financiera se librará en el segundo mes de cada cuatrimestre natural del año 2013 previa solicitud documentada de la Comunidad Autónoma de Canarias al Servicio Público de Empleo Estatal de la aplicación de los fondos. No obstante lo anterior, el Servicio Público de Empleo Estatal no dará curso a la tramitación de los libramientos hasta en tanto no haya sido justificada ante dicho Organismo, con la correspondiente aportación documental, la ejecución de los fondos librados en el ejercicio anterior. Cuatro. La aplicación por la Comunidad Autónoma de la aportación financiera, así como su seguimiento y evaluación se regirá por lo estipulado, al efecto, en el citado Convenio de Colaboración. Cinco. Finalizado el ejercicio 2013 y con anterioridad al 1 de abril de 2014, la Comunidad Autónoma de Canarias remitirá a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal información de los colectivos de desempleados atendidos con las aportaciones hechas efectivas, las acciones realizadas, así como la documentación necesaria a efectos de la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Seis. No obstante lo indicado en el apartado Cinco, el remanente de la aportación financiera no comprometido por la Comunidad Autónoma en el ejercicio 2013 será reintegrado al Servicio Público de Empleo Estatal en la forma que se determine en la resolución de concesión que adopte dicho Organismo para la efectividad de los libramientos a que se refiere el apartado Tres, con sujeción a las prescripciones que, en materia de subvenciones, establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. [precepto]Septuagésima sexta. Aportación financiera del Servicio Público de Empleo Estatal a la financiación del Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Uno. Durante el año 2013, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará para la financiación del Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura la cantidad de 4.000 miles de euros. La mencionada aportación financiera tiene el carácter de subvención nominativa habida cuenta de su consignación en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal expresada a nivel de subconcepto de la clasificación del gasto público estatal. Dos. La citada cantidad se destinará conjuntamente con la aportación financiera que realice la respectiva Comunidad Autónoma, a la financiación de acciones y medidas de fomento de empleo que se describirán en el Convenio de Colaboración que suscriban la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tres. La citada aportación se librará en el segundo mes de cada cuatrimestre natural del año 2013, previa solicitud documentada de la Comunidad Autónoma de Extremadura al Servicio Público de Empleo Estatal, en los términos que establezca el Convenio de Colaboración que suscriban ambas Administraciones. Cuatro. La aplicación por la Comunidad Autónoma de Extremadura de la aportación financiera, así como su seguimiento y evaluación se regirá por lo estipulado en el Convenio de Colaboración que se suscriba. Cinco. Finalizado el ejercicio 2013, y en las fechas y términos que establezca el Convenio de Colaboración que se suscriba entre ambas Administraciones, la Comunidad Autónoma de Extremadura remitirá al Servicio Público de Empleo Estatal información de los colectivos de trabajadores atendidos con las aportaciones hechas efectivas, así como las acciones realizadas con cargo a los mencionados fondos. Seis. El remanente de la aportación financiera no comprometido por la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio 2013 será reintegrado al Servicio Público de Empleo Estatal en la forma que se determine en la resolución de concesión, que adopte dicho Organismo para la efectividad de los libramientos a que se refiere el apartado Tres, con sujeción a las prescripciones que en materia de subvenciones establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Siete. Asimismo, se deberán reintegrar al Servicio Público de Empleo Estatal las cantidades comprometidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio 2012 que no se hubieran abonado efectivamente a los beneficiarios de las acciones y medidas desarrolladas en el Plan Integral de Empleo regulado en la presente disposición, en el mismo ejercicio en que se hubiera justificado adecuadamente estas acciones y medidas o en el ejercicio siguiente a que se hubiera producido la justificación señalada en el caso de que la misma se hubiera realizado en el último trimestre del ejercicio natural. La justificación de los proyectos y acciones financiados con cargo al Plan Integral de Empleo para la Comunidad Autónoma de Extremadura se considerará adecuada, cuando así se manifieste por la citada Comunidad Autónoma, bien prestando su conformidad al proyecto realizado o bien realizando la liquidación del respectivo expediente. [precepto]Septuagésima séptima. Reducción en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional. En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una reducción, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. Esa misma reducción será aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador. [precepto]Septuagésima octava. Cotización de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicadas a la venta ambulante. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicadas a la venta ambulante a que se refiere el artículo 113.Cinco.9 de esta Ley que no se encuentren al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, podrán no obstante aplicar la reducción prevista en dicho artículo si regularizasen su situación antes del 31 de marzo de 2013. [precepto]Septuagésima novena. Bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a favor del personal investigador. 1. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida y en los términos que reglamentariamente se establezcan, se autoriza al Gobierno para que establezca bonificaciones en las cotizaciones correspondientes al personal investigador que, con carácter exclusivo, se dedique a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se refiere el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 2. La bonificación equivaldrá al 40 por ciento de las cotizaciones por contingencias comunes a cargo del empresario y la misma será compatible, en los términos que reglamentariamente se establezcan, con la aplicación del régimen de deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica establecido en el mencionado artículo 35. 3. Se tendrá derecho a la bonificación en los casos de contratos de carácter indefinido, así como en los supuestos de contratación temporal, en los términos que reglamentariamente se establezcan. [precepto]Octogésima. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro. Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a diecinueve años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales. [precepto]Octogésima primera. Gestión de las acciones, medidas y programas establecidos en la letra h) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, realizará la gestión de las acciones, medidas y programas financiados con cargo a la reserva de crédito de su presupuesto de gastos, que comprenderá las aplicaciones 19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401, 19.101.000-X.402, 19.101.000-X.410, 19.101.000-X.411, 19.101.000-X.412, 19.101.000-X.431 y 19.101.241-A.482, desagregadas a través de varios subconceptos, según los diferentes ámbitos funcionales de las políticas activas de empleo, para financiar las siguientes actuaciones: a) Acciones y medidas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una Comunidad Autónoma, cuando éstas exijan la movilidad geográfica de las personas desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra Comunidad Autónoma distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada. b) Acciones y medidas dirigidas tanto a las personas demandantes de empleo como a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, entre otras, aquellas que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado. c) Acciones y medidas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus países de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios. d) Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de las mismas, así como idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios. Dicha reserva presupuestaria opera como reserva de gestión de políticas activas de empleo en los supuestos anteriormente señalados en favor del Servicio Público de Empleo Estatal, no obstante las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, los fondos que integran la reserva de crédito no estarán sujetos a distribución territorial entre las Comunidades Autónomas con competencias de gestión asumidas. [precepto]Octogésima segunda. Determinación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2013. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2013: a) El IPREM diario, 17,75 euros. b) El IPREM mensual, 532,51 euros. c) El IPREM anual, 6.390,13 euros. d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros. [precepto]Octogésima tercera. Aplazamiento de la aplicación de la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social. Se aplaza la aplicación de lo establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social. [precepto]Octogésima cuarta. Suspensión de la aplicación de determinados preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Durante 2013 se suspende la aplicación del artículo 7.2, del artículo 8.2.a), del artículo 10, del artículo 32.3, párrafo primero, y de la disposición transitoria primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. [precepto]Octogésima quinta. Financiación de la formación profesional para el empleo. Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la cuota de formación profesional se destinarán a financiar el subsistema de formación profesional para el empleo regulado por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, incluyendo los programas públicos de empleo y formación establecidos en su artículo 28, todo ello con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. En el ejercicio inmediato al que se cierre el presupuesto, se efectuará una liquidación en razón de las cuotas de formación profesional efectivamente percibidas, cuyo importe se incorporará al presupuesto del ejercicio siguiente, en caso de existir signo positivo respecto a las inicialmente previstas para dicho ejercicio. Dos. El 50 por ciento, como mínimo, de los fondos previstos en el apartado anterior se afectará a la financiación de las siguientes iniciativas y conceptos: – Formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación. – Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados. – Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. – Formación en las Administraciones Públicas. – Gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. A la financiación de la formación en las Administraciones Públicas se destinará un 6,165 por 100 de la cuantía indicada en el párrafo primero de este apartado. Esta cuantía, previamente minorada en el porcentaje correspondiente al índice de imputación utilizado para el cálculo del cupo de acuerdo con la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se incluirá como dotación diferenciada en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para su aportación dineraria al Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en tres libramientos en los meses de febrero, abril y junio. En el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública figurarán territorializados los fondos correspondientes a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de la formación continua de sus empleados públicos. El abono de dichos fondos se realizará desde el Instituto Nacional de Administración Pública mediante transferencia nominativa a cada Comunidad y Ciudad Autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo los fondos para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. El citado libramiento se efectuará por cuartas partes, en la segunda quincena natural de cada trimestre. La Fundación deberá presentar anualmente y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente ante el Servicio Público de Empleo Estatal, la justificación contable de los gastos realizados con cargo a los fondos asignados para su funcionamiento. El 50 por ciento restante se destinará inicialmente a financiar las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, así como los programas públicos de empleo formación. La financiación de la formación teórica del contrato para la formación y el aprendizaje se realizará de conformidad con lo que se establezca en la normativa reglamentaria que regule la impartición y las características de la formación recibida por los trabajadores. Tres. Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en materia de políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones en el ámbito de la formación profesional para el empleo gestionadas por dichas Comunidades, en la cuantía que resulte de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Cuatro. Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2012 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, se establece a continuación: a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento. b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento. c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento. d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento. Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las empresas que durante el año 2013 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros. Las empresas que durante el año 2013 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo primero de este apartado, por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El crédito adicional asignado al conjunto de las empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por ciento del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional para el empleo. [precepto]Octogésima sexta. Suspensión normativa. Queda sin efecto para el ejercicio 2013 lo previsto en el artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. [precepto]Octogésima séptima. Creación de Agencias Estatales. Uno. Durante el ejercicio 2013 no se crearán Agencias Estatales de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. Dos. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior la creación de la Agencia Estatal para la Investigación, según lo previsto en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se realizará sin aumento de gasto público, no se financiará con créditos del presupuesto financiero del Estado y cuyo régimen de vinculación y de variaciones se establecerá en Ley de presupuestos. Los estatutos de la Agencia deberán garantizar que todas sus funciones de financiación y fomento de la investigación se desarrollen de acuerdo con el modelo de los programas de investigación europeos, estrictamente competitivos y sometidos exclusivamente a criterios de evaluación científica y técnica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La creación de esta Agencia no podrá suponer, en ningún caso, incremento neto de estructura o de personal, dotándose, exclusivamente, mediante la correspondiente redistribución de efectivos, y su funcionamiento tendrá que realizarse con los medios materiales de que dispone actualmente la Administración. [precepto]Octogésima octava. Obras de interés general. 1. Se declaran de interés general las siguientes obras: Obras de mejora de infraestructuras rurales en: Aragón: – Forniche Bajo (Teruel). – Berge (Teruel). – Lidón a Visiedo (Teruel). – Loscos-Santa Cruz Nogueras (Teruel). – Guadalaviar (Teruel). – Puente Valacloche-Cascante (Teruel). Ampliación del Canal de Navarra, 1.ª fase Se aprueban y declaran de interés general las obras hidráulicas correspondientes a la ampliación de la 1.ª fase del Canal de Navarra mediante la incorporación de 15.275 Ha. en los interfluvios de los ríos Ega y Arga, que se incorporarán al conjunto de obras hidráulicas declaradas de interés general del embalse de Itoiz y el Canal de Navarra. Obras de mejora de calidad de las aguas superficiales en la cuenca del Duero: – Emisario de Fuentespina a la EDAR de Aranda de Duero y medidas correctoras del vertido de Villalba de Duero. – Ampliación, mejora y adecuación de la EDAR de Guijuelo y emisario. – Nueva EDAR y emisario de La Bañeza – Nueva EDAR y emisario de Canicosa de la Sierra – Nueva EDAR y emisario de Palacios de la Sierra-Castrovido-Hacinas y Castrillo de la Reina – Remodelación EDAR y emisario de Quintanar de la Sierra – Nuevo EDAR y emisario de Vilvestre del Pinar – Emisario de Pelabravo-Azud de Villagonzalo – Emisario de Arapiles-Las Torres-Carbajosa – Nueva EDAR de El Payo – Nueva EDAR de El Sahugo – Colector de El Bodón – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR de Zamora y emisarios del alfoz (Morales del Vino, Monfarracinos, Villaralbo y otros) – Eliminación de nutrientes y ampliación de EDAR de Venta de Baños y emisario – Mejora EDAR y emisario de Cuellar – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR y emisarios de Medina del Campo – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR y emisarios de Iscar – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR y emisarios de Tordesillas – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR y emisarios de Tudela de Duero – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR y emisarios de Cantalejo – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR y emisarios de Benavente – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR y emisarios de Toro – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR y emisarios de Arévalo – Eliminación de nutrientes y mejora de EDAR y emisarios de Peñaranda de Bracamonte – Nueva EDAR y emisarios de El Barco de Ávila – Mejora y remodelación EDAR, terciario y emisario de La Granja de San Ildefonso 2. Las obras incluidas en esta disposición adicional llevarán implícitas las declaraciones siguientes: a) La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. [precepto]Octogésima novena. Régimen aplicable a los servicios ferroviarios gestionados por FEVE que discurran sobre red ferroviaria de interés general de ancho métrico, a partir de su fecha de extinción. A partir de la fecha de extinción de FEVE según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, con la finalidad de garantizar la eficiencia en la gestión de los servicios públicos que exige la actual situación económica y la adecuada continuidad en la prestación de los mismos, se producirán los siguientes efectos: a) Se deroga la disposición transitoria quinta de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. b) La entidad pública empresarial RENFE-Operadora, en cuanto se subroga legalmente en la prestación de los servicios realizados en dicha red por la entidad pública empresarial FEVE, conserva el derecho a explotar la capacidad de red que ésta estuviera utilizando efectivamente en dicha fecha. Igual facultad corresponderá a ADlF para los trabajos inherentes a su propia actividad. c) Serán de aplicación a las Iíneas de ancho métrico de titularidad estatal las disposiciones aplicables a la Red Ferroviaria de Interés General en materia de seguridad en la circulación, autorización y mantenimiento de material rodante, personal ferroviario, centros médicos y de formación del personal ferroviario. No obstante, en tanto no se desarrolle la nueva normativa técnica específica para el sistema ferroviario de ancho métrico, regirán las disposiciones actualmente aplicables en dicho sistema ferroviario. d) Además, se entenderá que la autorización de seguridad y certificado de seguridad de que disponen, respectivamente, ADlF y RENFE-Operadora extienden sus mismos efectos a las Iíneas de ancho métrico. Asimismo, se entenderán homologados los centros de formación y de reconocimiento médico del personal ferroviario y los centros de mantenimiento de material rodante que venían realizando estas funciones en FEVE, así como, para circular por las mismas líneas, el material rodante autorizado por FEVE. e) Como consecuencia de lo establecido en el apartado anterior, todo el personal procedente de FEVE que siga desempeñando su actividad en relación con los servicios que se presten sobre la red ferroviaria de interés general de ancho métrico, se considerará debidamente autorizado para la realización de las mismas funciones y cometidos que vinieran realizando relacionadas con la seguridad en la circulación y les serán de aplicación los mismos requisitos psicofísicos y funcionales que se les vinieran aplicando hasta la fecha de extinción de FEVE. Sin perjuicio de lo anterior, todo el personal procedente de FEVE mantendrá sus condiciones retributivas y socio-laborales en los términos establecidos en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, sin que se pueda generar incremento de la masa salarial global. [precepto]Nonagésima. Participación de la Comunidad Foral de Navarra en los grupos de trabajo del ECOFIN. El Gobierno de la Nación se compromete a iniciar los cauces de diálogo y adoptar los acuerdos oportunos con el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra con el objeto de garantizar la participación de ésta en los grupos de trabajo del ECOFIN, integrada en la delegación correspondiente del Estado, cuando en ellos se traten asuntos vinculados a la singularidad financiero-fiscal de Navarra, derivada de su carácter foral amparado en la Constitución Española, la Ley Orgánica de Amejoramiento y Reintegración del Régimen Foral de Navarra y la Ley que regula el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. [precepto]Nonagésima primera. Infraestructuras educativas de Ceuta y Melilla. En el marco de la normativa aplicable en la materia, el Gobierno iniciará las actuaciones necesarias para adecuar las infraestructuras educativas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla a las necesidades en relación con los centros públicos de educación primaria y secundaria. [encabezado]DISPOSICIONES TRANSITORIAS [precepto]Primera. Régimen transitorio aplicable a las pensiones de orfandad de Clases Pasivas, reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984. Los pensionistas de orfandad de Clases Pasivas reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984 que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, vinieran compatibilizando el percibo de dicha pensión con cualesquiera rentas o ingresos sustitutivos del salario, deberán optar por percibir una u otra. El derecho de opción al que hace referencia el párrafo anterior se podrá ejercer, por una sola vez, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente norma. Transcurrido dicho plazo sin que se haya ejercitado la opción, se entenderá que optan por percibir las rentas o ingresos sustitutivos del salario y se suspenderá el abono de la pensión de orfandad por meses completos hasta que cese la referida causa de incompatibilidad, sin perjuicio de que se tramite, conforme al procedimiento establecido, el reintegro de las mensualidades de pensión indebidamente percibidas. [precepto]Segunda. Reintegro de beneficios en la cotización no deducidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. El plazo de tres meses para solicitar el reintegro del importe de los beneficios en la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en el supuesto a que se refiere el artículo 77.Tres de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, se computará a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley cuando la falta de deducción de tales beneficios se haya producido con anterioridad a esa fecha. [precepto]Tercera. Indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal. Durante el año 2013, la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal continuará devengándose en las áreas del territorio nacional que la tienen reconocida, en las mismas cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2012. No obstante, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a las establecidas para el personal del sector público estatal continuarán devengándola sin incremento alguno en el año 2013. [precepto]Cuarta. Complementos personales y transitorios. Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter, se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley. Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2012 siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo. Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo. En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios. Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y restante personal con derecho a percibir dichos complementos, se regirán por las mismas normas establecidas en el apartado Dos anterior. Cuatro. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado en el extranjero se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste servicios en territorio nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado cambie de país de destino. [precepto]Quinta. Compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2012. Uno. Tendrán derecho a la deducción regulada en esta disposición los contribuyentes que en el período impositivo 2012 integren en la base imponible del ahorro cualquiera de los siguientes rendimientos del capital mobiliario: a) Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, procedentes de instrumentos financieros contratados con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación el porcentaje de reducción del 40 por ciento previsto en el artículo 24.2.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por tener un período de generación superior a dos años. b) Rendimientos derivados de percepciones en forma de capital diferido a que se refiere el artículo 25.3.a) 1.º de la Ley 35/2006 procedentes de seguros de vida o invalidez contratados con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación los porcentajes de reducción del 40 ó 75 por ciento previstos en los artículos 24.2.b) y 94 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dos. La cuantía de esta deducción será la diferencia positiva entre la cantidad resultante de aplicar los tipos de gravamen del ahorro previstos en el apartado 2 del artículo 66 de la Ley 35/2006 al saldo positivo resultante de integrar y compensar entre sí el importe total de los rendimientos netos previstos en el apartado anterior, y el importe teórico de la cuota íntegra que hubiera resultado de haber integrado dichos rendimientos en la base liquidable general con aplicación de los porcentajes indicados en el apartado anterior. Tres. El importe teórico de la cuota íntegra a que se refiere el apartado anterior será el siguiente: a) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos a que se refiere el apartado uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 94 y disposición transitoria sexta del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea cero o negativo, el importe teórico de la cuota íntegra será cero. b) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos previstos en el apartado uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 94 y disposición transitoria sexta del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea positivo, el importe teórico de la cuota íntegra será la diferencia positiva entre la cuota resultante de aplicar a la suma de la base liquidable general y del saldo positivo anteriormente señalado lo dispuesto en los artículos 63.1.1.º y 74.1.1.º así como la escala prevista en la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional trigésima quinta de la Ley 35/2006, y la cuota correspondiente de aplicar lo señalado en dichos preceptos a la base liquidable general. Cuatro. Para la determinación del saldo a que se refiere el apartado Tres anterior, solamente se aplicarán las reducciones previstas en los artículos 24.2.b) y 94 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto a la parte del rendimiento neto que corresponda a primas satisfechas hasta el 19 de enero de 2006, y las posteriores cuando se trate de primas ordinarias previstas en la póliza original del contrato de seguro. A efectos de determinar la parte del rendimiento total obtenido que corresponde a cada prima del contrato de seguro de capital diferido, se multiplicará dicho rendimiento total por el coeficiente de ponderación que resulte del siguiente cociente: En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente por el número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción. En el denominador, la suma de los productos resultantes de multiplicar cada prima por el número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción. Cinco. La entidad aseguradora comunicará al contribuyente el importe de los rendimientos netos derivados de percepciones en forma de capital diferido procedentes de seguros de vida e invalidez correspondientes a cada prima, calculados según lo dispuesto en el apartado anterior y con la aplicación de los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 94 y disposición transitoria sexta del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Seis. La cuantía de la deducción así calculada se restará de la cuota líquida total, después de la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas a que se refiere el artículo 80 bis de la Ley 35/2006. [precepto]Sexta. Complementos para mínimos en pensiones de Clases Pasivas causadas antes de 1 de enero de 2013. El requisito de residencia en territorio español y la limitación de la cuantía del complemento para mínimos a los que hace referencia el artículo 27.2 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, no se exigirá ni será de aplicación, respectivamente, a las pensiones cuyo hecho causante sea anterior a 1 de enero de 2013. [precepto]Séptima. Aplazamiento de entrada en vigor. Los efectos de la disposición adicional quincuagésima octava de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, introducida por el artículo 7 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, en cuya virtud se amplía la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a todos los Regímenes de la Seguridad Social respecto de los trabajadores que causen alta a partir del 1 de enero de 2013, se aplazan por un año. Hasta entonces seguirá vigente el régimen jurídico existente al 31 de diciembre de 2012. [precepto]Octava. Asociación y adhesión a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 1. La asociación de las empresas y la adhesión de los trabajadores por cuenta propia a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para la gestión por las mismas de las prestaciones y servicios de la Seguridad Social que tienen atribuida por el artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor de la norma por la que se actualiza el régimen jurídico de aquéllas, prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en la que se regulará el periodo de vigencia y los términos y condiciones de la asociación y adhesión. Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación, asimismo, a las asociaciones y adhesiones que se formalicen a partir del 1 de enero de 2013. 2. Durante el periodo transitorio establecido en el apartado anterior, los empresarios asociados y los trabajadores adheridos podrán resolver anticipadamente su vinculación a la Mutua en los supuestos de irregularidades en la dispensación de las prestaciones y servicios públicos debidos, de insuficiencia financiera de la entidad en los términos del artículo 74.1 de la Ley General de la Seguridad Social o de la adopción de las medidas cautelares previstas en el mismo, en los términos que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quién asimismo regulará el procedimiento administrativo para acordar la misma. [precepto]Novena. Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. La modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, introducida por la disposición final vigésima séptima, surtirá efectos desde el 23 de septiembre de 2011. [encabezado]DISPOSICIONES DEROGATORIAS [precepto]Primera. Derogación de la disposición final segunda del Real Decreto-Ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de Apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación. Se deroga la disposición final segunda «Vigencia del Fondo de Apoyo a la República Helénica» del Real Decreto-Ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de Apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación. [precepto]Segunda. Derogación de la disposición adicional trigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Queda derogada la disposición adicional trigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. [precepto]Tercera. Derogación de la disposición adicional octogésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Se deroga la disposición adicional octogésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. [precepto]Cuarta. Derogación en materia de subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Se derogan la disposición adicional primera de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 y la disposición adicional septuagésima segunda y disposición transitoria octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. [encabezado]DISPOSICIONES FINALES [precepto]Primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en los siguientes términos: Uno. Se modifica el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda redactado como sigue: «Artículo 7. Ejercicio. 1. El reconocimiento de los derechos pasivos habrá de instarse por los propios interesados o por sus representantes legales, por sí o por medio de mandatario designado en forma, sin perjuicio de los supuestos en que reglamentariamente se determine la incoación de oficio del procedimiento administrativo correspondiente. 2. El derecho al reconocimiento de las prestaciones podrá ejercitarse desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de que la retroactividad máxima de los efectos económicos de tal reconocimiento sea de tres meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la presentación de la correspondiente solicitud.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, con la siguiente redacción: «Artículo 21. Embargo de las pensiones y suspensión de su pago. … 3. Asimismo, los beneficiarios de pensiones de Clases Pasivas que perciban complementos económicos cuyo disfrute se encuentre condicionado a la residencia efectiva en España, podrán ser citados a comparecencia en las oficinas de la Administración competente con la periodicidad que ésta determine. Si no se presenta la documentación requerida en el plazo establecido o no se comparece ante la Administración, previa citación de ésta, el complemento económico, será objeto de suspensión cautelar. Si se presenta la información solicitada o se comparece transcurridos más de 90 días desde su solicitud o citación, se podrá rehabilitar el complemento económico, si procede, con una retroactividad máxima de 90 días.» Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda redactado como sigue: «Artículo 27. Revalorización de pensiones, complementos económicos y limitaciones en el crecimiento de las mismas. ... 2. Las pensiones de clases pasivas reconocidas al amparo de las disposiciones de este texto que no alcancen el importe mínimo de protección, establecido en atención a su clase en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico, podrán ser complementadas hasta dicho importe, en los términos y en la forma que reglamentariamente se determine, siempre que sus beneficiarios residan en territorio español. El importe del complemento económico en ningún caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva y será incompatible con la percepción por el pensionista de ingresos anuales superiores a los fijados al efecto por la citada Ley.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. Cuatro. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda redactado como sigue: «Artículo 38. Condiciones del derecho a pensión. ... 2. En los casos de separación o divorcio, con independencia de las causas que los hubieran determinado, el derecho a la pensión de viudedad, o en su caso a la prestación temporal, corresponderá a quien, reuniendo los requisitos exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado 4. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad, o de la prestación temporal a que hubiere lugar, fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última, sin que la pensión resultante pueda ser objeto del complemento regulado en el número 2 del artículo 27 del presente Texto Refundido. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. ...». El resto del artículo permanece con la misma redacción. Cinco. Se modifica el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda redactado como sigue: «Artículo 58. Incompatibilidad con ingresos. 1. Las pensiones de orfandad de Clases Pasivas en favor de mayores de veintiún años reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984 y que se hubieran causado con anterioridad al 3 de agosto de 1984 en el caso del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o con anterioridad a 1 de enero de 1985 en otro caso, siempre que sus perceptores no estuvieran incapacitados para todo tipo de trabajo desde antes de cumplir dicha edad o a la fecha del fallecimiento del causante, serán incompatibles con la percepción de ingresos por trabajo activo que permita la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, así como con cualesquiera otras rentas o ingresos sustitutivos del salario. 2. La percepción de las pensiones afectadas por la incompatibilidad señalada en el apartado anterior quedará en suspenso por meses completos, desde el día primero del mes siguiente al inicio de la actividad o del abono de las rentas o ingresos que determinan la incompatibilidad hasta el último día del mes en que se finalice, sin que ello afecte a los incrementos que deban experimentar tales pensiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de este texto. Como excepción a los efectos de la suspensión señalados en el párrafo anterior, si la actividad o pago incompatible se inicia el día primero de un mes la suspensión del abono de la pensión procede desde el día primero del mes en que se realice la actividad incompatible.» Seis. Se añade una nueva disposición adicional, la decimocuarta, al Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimocuarta. Dependencia económica en las pensiones en favor de padres. A efectos del reconocimiento de las pensiones en favor de padres, tanto ordinarias como extraordinarias, se presumirá que concurre el requisito de dependencia económica cuando la suma en cómputo anual de todas las rentas e ingresos de cualquier naturaleza que perciba la unidad familiar sea inferior al doble del salario mínimo interprofesional vigente. En el caso de familias monoparentales, se presumirá que concurre el requisito de dependencia económica cuando la suma indicada en el párrafo anterior sea inferior al salario mínimo interprofesional vigente.» [precepto]Segunda. Modificación de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se modifica la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado b) del artículo 32.1: «b) Dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de la provincia, que serán nombrados según la naturaleza de los bienes a expropiar.» Dos. Se añade al artículo 32.1 el siguiente apartado e): «e) El Interventor territorial de la provincia o persona que legalmente le sustituya.» Tres. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se modifica el artículo 58 que queda redactado como sigue: «Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en el Capítulo III del presente Título. Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya trascurrido el plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la retasación.» Cuatro. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se introduce la siguiente disposición adicional: «En caso de nulidad del expediente expropiatorio, independientemente de la causa última que haya motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser indemnizado estará justificado siempre que éste acredite haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.» [precepto]Tercera. Modificación de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión. Uno. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión: a) El artículo 14 quedará redactado como sigue: «Artículo 14. 1. El concesionario de la autopista tiene derecho a percibir de los usuarios de la vía, por la utilización de las instalaciones viarias, el peaje que corresponda por aplicación de las tarifas aprobadas. 2. Los usuarios de las autopistas vendrán obligados a abonar el importe del peaje que corresponda según la tarifa aprobada. El impago del peaje por parte del usuario constituye una infracción administrativa que será objeto de la correspondiente sanción conforme a la normativa de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Texto Articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, previa denuncia por los agentes de policía encargados de la vigilancia del tráfico o del personal del concesionario. 3. El personal de la sociedad concesionaria de la autopista denunciará el impago del peaje del presunto infractor, pudiendo solicitar el auxilio de la autoridad pública encargada de la vigilancia del tráfico en casos de resistencia a la identificación por parte del usuario. 4. La denuncia deberá reunir los requisitos suficientes en relación con la identidad y elementos constitutivos de la infracción y tendrá valor probatorio. 5. Antes de la entrada en servicio de cualquiera de los tramos que componen la autopista, el concesionario deberá constituir la fianza de explotación en las condiciones establecidas en los pliegos de concesión y en cuantía no inferior al 2 por ciento de la inversión total de cada tramo en servicio.» b) El artículo 29 quedará redactado como sigue: «Artículo 29. 1. El concesionario de la autopista y su personal deberán cuidar la perfecta aplicación de las normas y reglamentos sobre uso, policía y conservación de la autopista concedida. 2. El personal encargado de la vigilancia de la autopista, en ausencia de los agentes públicos competentes, y cuando por la excepcionalidad de la situación se requiera, podrá adoptar las disposiciones necesarias en orden a la regulación y ordenación del tráfico formulando, en su caso, las denuncias procedentes conforme a la normativa de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, y quedando investidos temporalmente de carácter de autoridad. Las denuncias formuladas por el personal de la empresa concesionaria tendrán valor de medio de prueba para acreditar los hechos denunciados. 3. En las autopistas que tengan implantado el sistema de peaje dinámico o telepeaje, para acreditar los hechos podrá utilizarse, previa homologación por la Administración, cualquier sistema o medio técnico, mecánico o de reproducción de imagen que identifique a los vehículos, que constituirá medio de prueba suficiente en la denuncia que formule el personal de la empresa concesionaria, debidamente autorizado al efecto, en el procedimiento sancionador por infracción de la obligación relativa a la utilización de estos sistemas contenida en el artículo 53.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.» Dos. Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se introduce un tercer apartado en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con el siguiente contenido: «3. La circulación por autopistas o autovías sujetas a peaje, tasa o precio público requerirá el pago del correspondiente peaje, tasa o precio público.» Tres. Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se modifica el apartado g) del artículo 69.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que quedará redactado del siguiente modo: «g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será responsable de las infracciones por estacionamiento o de impago de los peajes de las vías que lo tengan regulado salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.» [precepto]Cuarta. Modificación de la Ley 4/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Se da nueva redacción al apartado Dos del artículo 81 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que queda redactado como sigue: «Dos. 1. La sociedad Paradores de Turismo de España, S. A. se regirá por lo dispuesto en el presente precepto y por las normas de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que le resulten de aplicación. Corresponde la tutela funcional de Paradores de Turismo de España, S.A. al Ministerio competente en materia de Turismo. 2. Paradores de Turismo de España tendrá por finalidad la gestión y explotación, directa o indirecta, de la red de establecimientos e instalaciones turísticas del Estado, o de los que la entidad adquiera bajo cualquier forma jurídica que posibilite su gestión, operativa o explotación. Paradores de Turismo de España podrá realizar actividades relacionadas a las anteriores que sean complementarias o compatibles con su objeto social. En el cumplimiento de sus fines, la sociedad actuará de acuerdo con los principios de rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad financiera. 3. Las modificaciones del objeto social y de la tutela funcional se regirán por lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.» [precepto]Quinta. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sobre el aplazamiento de pago de las deudas con la Seguridad Social, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 20. Aplazamiento de pago. 5. El principal de la deuda, los recargos sobre la misma y las costas del procedimiento que fueran objeto de aplazamiento devengarán interés, que será exigible desde su concesión hasta la fecha de pago, conforme al interés de demora que se encuentre vigente cada momento durante la duración del aplazamiento. Dicho interés se incrementará en 2 puntos si el deudor fuera eximido de la obligación de constituir garantías por causas de carácter extraordinario.» Dos. Se modifica el párrafo segundo del artículo 128.1.a) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado como sigue: «Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días previsto en el párrafo anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta días más, o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la antes citada alta médica por la misma o similar patología, con los efectos previstos en los párrafos siguientes.» [precepto]Sexta. Modificación de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se modifica el párrafo primero del artículo 6 bis de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, que queda redactado como sigue: «El personal del Banco de España será seleccionado respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y está vinculado al mismo por una relación de Derecho laboral. Sin perjuicio de su autonomía en materia de política de personal, el Banco de España deberá aplicar para su personal medidas en materia de los gastos de personal equivalentes a las establecidas con carácter general para el personal al servicio del sector público, principalmente en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año, no pudiendo acordar, en ningún caso, incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados para dicho colectivo.» El resto del artículo mantiene su redacción. [precepto]Séptima. Modificación del artículo 77 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se añade un nuevo apartado Tres al artículo 77 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, con la siguiente redacción: «Tres. Cuando, por causa no imputable a la Administración, los beneficios en la cotización no se hubieran deducido en los términos reglamentariamente establecidos, podrá solicitarse el reintegro de su importe dentro del plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse. De no efectuarse la solicitud en dicho plazo se extinguirá este derecho. De proceder el reintegro en este supuesto, si el mismo no se efectuase dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la respectiva solicitud, el importe a reintegrar se incrementará con el interés de demora previsto en el artículo 28.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que se aplicará al del beneficio correspondiente por el tiempo transcurrido desde la fecha en que se presente la solicitud hasta la de la propuesta de pago». [precepto]Octava. Modificación de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria. Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria: Uno. El quinto párrafo de la exposición de motivos queda redactado como sigue: «Se establece que el acceso a la titularidad de una expendeduría se realizará previa convocatoria de un procedimiento de subasta, en la que se adjudicará al mejor precio ofertado y referida a zonas o polígonos definidos con criterios comerciales, de rentabilidad, de servicio público, de distancias entre expendedurías y de población. A la mencionada subasta podrán concurrir quienes con plena capacidad de obrar acrediten unos criterios de selección mínimos determinados reglamentariamente tales como la solvencia técnica y económica, las características del local, del entorno y de distancias entre expendedurías que se especifiquen, entre otros. Las condiciones de ejercicio de tal actividad se configurarán en el Estatuto Concesional que aprobará el Gobierno, en el cual se potenciará el carácter comercial de las expendedurías para la mejor atención del servicio público en el tiempo y el espacio.» Dos. Los apartados Cuatro y Seis del artículo 4 quedan redactados como sigue: «Cuatro. La concesión de expendedurías se realizará previa convocatoria de un procedimiento de subasta, en la que se adjudicará al mejor precio ofertado, y referida a zonas o polígonos definidos con criterios comerciales, de rentabilidad, de servicio público, de distancias entre expendedurías y de población. La subasta se convocará por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que corresponderá igualmente, en su caso, su revocación, previo informe en ambos supuestos del Comisionado para el Mercado de Tabacos. A la mencionada subasta podrán concurrir quienes con plena capacidad de obrar acrediten unos criterios de selección mínimos determinados reglamentariamente tales como la solvencia técnica y económica, las características del local, del entorno y de distancias entre expendedurías que se especifiquen, entre otros. La concesión tendrá una duración de veinticinco años. Vencido el plazo de vigencia, se convocará subasta para la provisión de nuevas expendedurías. Hasta la nueva adjudicación, el anterior concesionario podrá seguir prestando el servicio previa autorización del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Dentro del plazo de concesión, las expendedurías pueden ser transmitidas a cualquier persona física que reúna los requisitos exigidos para ser concesionario, previa autorización del Comisionado para el Mercado de Tabacos. No podrán solicitar la transmisión ni participar en subastas aquellos titulares de expendedurías que hayan sido sancionados por una infracción muy grave en los últimos cinco años, o dos graves, en los últimos tres años, siempre que sean firmes.» «Seis. La concesión se instrumentará con arreglo a un pliego concesional que establecerá las condiciones del contrato, incluido el canon o prestación patrimonial de carácter público a satisfacer por el concesionario de expendedurías de tabaco y timbre en el ámbito del monopolio de tabacos. El importe del canon, basado en criterios de población y de volumen de negocios, se determinará en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Las bases de la subasta, las cláusulas-tipo de los pliegos concesionales, las condiciones y requisitos para ser concesionario, los requisitos para la transmisión de la concesión, las causas de revocación de la misma, las obligaciones del expendedor y, en general, todo lo relativo al estatuto concesional serán objeto de desarrollo por vía reglamentaria.» Tres. La disposición adicional cuarta quedará redactada como sigue: «Disposición adicional cuarta. Las subastas que se convoquen para la adjudicación de expendedurías a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se ajustarán a los criterios establecidos en los apartados Tres, Cuatro y Seis del artículo 4.» Cuatro. La disposición transitoria quinta queda redactada como sigue: «Disposición transitoria quinta. Transmisión y vigencia de las concesiones administrativas existentes con anterioridad a 1 de enero de 2013. Todas aquellas concesiones existentes que con anterioridad a 1 de enero de 2013 tuvieran un plazo de vigencia inferior a veinticinco años, por haber sido transmitidas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, prorrogarán su vigencia otros cinco años más a contar desde el día de su extinción. Asimismo, todas aquellas concesiones existentes con anterioridad a 1 de enero de 2013 sin plazo de vigencia limitada, por no haber sido objeto de transmisión al amparo de la autorización concedida en el artículo 21 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, tendrán una vigencia temporal de 30 años a contar desde la fecha de la primera transmisión que se produzca a partir de 1 de enero de 2013. Vencido el plazo de treinta años, en ambos casos referidos en los dos párrafos anteriores las nuevas concesiones de expendeduría se convocarán, en su caso, mediante el procedimiento de subasta. Hasta la nueva adjudicación, el anterior concesionario podrá seguir prestando el servicio previa autorización del Comisionado para el Mercado de Tabacos. No podrán solicitar la transmisión ni participar en subastas aquellos titulares de expendedurías que hayan sido sancionados por una infracción muy grave en los últimos cinco años, o dos graves en los últimos tres años, siempre que sean firmes. Las concesiones administrativas existentes cuyo titular sea una persona jurídico privada tendrán una vigencia de treinta años desde el 19 de noviembre de 2005.» Cinco. Los apartados 2 y 4 del Anexo quedan redactados como sigue: «2. Serán sujetos pasivos: a) Los solicitantes que concurran a las subastas para la adjudicación de expendedurías de tabaco y timbre. b) Las personas físicas y jurídicas a cuyo favor se otorguen las autorizaciones de venta con recargo o sus renovaciones. c) Los concesionarios que insten el obligatorio reconocimiento, homologación y revisión de locales y almacenes con ocasión del cambio o modificación de emplazamiento, transmisión de expendedurías y autorización de obras o almacenes. 4. Devengo. Las tasas se devengarán, según los casos, en el momento de depositar las instancias para la subasta de concesión de expendedurías, de acordarse la autorización o renovación de la actividad de venta con recargo o de dictarse el acto de homologación de las instalaciones.» [precepto]Novena. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se da una nueva redacción al apartado 6 del artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, que queda redactado como sigue: «6. Las contingencias por las que se satisfarán las prestaciones anteriores podrán ser: a) Jubilación: para la determinación de esta contingencia se estará a lo previsto en el Régimen de Seguridad Social correspondiente. Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a partir de que cumpla los 65 años de edad, en el momento en que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación para ningún Régimen de la Seguridad Social. No obstante, podrá anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a partir de los sesenta años de edad, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Los planes de pensiones podrán prever el pago de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en los casos contemplados en los artículos 49.1.g), 51, 52 y 57.bis del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Reglamentariamente podrán establecerse condiciones para el mantenimiento o reanudación de las aportaciones a planes de pensiones en este supuesto. A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir realizando aportaciones al plan de pensiones. No obstante, una vez iniciado el cobro de la prestación de jubilación o el cobro anticipado de la prestación correspondiente a jubilación, las aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y dependencia. El mismo régimen se aplicará cuando no sea posible el acceso a la jubilación, a las aportaciones que se realicen a partir de que se cumplan los 65 años de edad. Reglamentariamente podrán establecerse las condiciones bajo las cuales podrán reanudarse las aportaciones para jubilación con motivo del alta posterior en un Régimen de Seguridad Social por ejercicio o reanudación de actividad. Lo dispuesto en la letra a) se entenderá sin perjuicio de las aportaciones a favor de beneficiarios que realicen los promotores de los planes de pensiones del sistema de empleo al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 5 de esta Ley. b) Incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo, y la gran invalidez, determinadas conforme al Régimen correspondiente de Seguridad Social. Reglamentariamente podrá regularse el destino de las aportaciones para contingencias susceptibles de acaecer en las personas incursas en dichas situaciones. c) Muerte del partícipe o beneficiario, que puede generar derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o personas designadas. d) Dependencia severa o gran dependencia del partícipe regulada en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. A efectos de lo previsto en la disposición adicional primera de esta Ley, las contingencias que deberán instrumentarse en las condiciones establecidas en la misma serán las de jubilación, incapacidad, fallecimiento y dependencia previstas respectivamente en las letras a), b), c) y d) anteriores. Los compromisos asumidos por las empresas con los trabajadores que extingan su relación laboral con aquéllas y pasen a situación legal de desempleo en los casos contemplados en el párrafo tercero de la letra a) anterior, que consistan en el pago de prestaciones con anterioridad a la jubilación, podrán ser objeto de instrumentación, con carácter voluntario, de acuerdo con el régimen previsto en la disposición adicional primera de esta Ley, en cuyo caso se someterán a la normativa financiera y fiscal derivada de ésta.» El resto del artículo mantiene la redacción actual. [precepto]Décima. Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea en los siguientes términos: Uno. Se modifica el artículo 72 para adicionarle los apartados 14 a 17 del siguiente tenor: «14. Pasajero en conexión: Pasajero que desembarcando en un aeropuerto gestionado por Aena Aeropuertos S.A. en un vuelo, vuelve a embarcar con el mismo billete y en el mismo aeropuerto, en un plazo máximo de 12 horas, al objeto de realizar un nuevo trayecto con un número de vuelo diferente y destino distinto al de origen. 15. Aeropuerto estacional: Aeropuerto en el que en las temporadas de verano e invierno, inmediatas anteriores y cerradas, la media mensual de tráfico de pasajeros durante una temporada con respecto a la media mensual de la otra temporada esté en la proporción 65 por ciento-35 por ciento o superior. 16. Temporada: El periodo de tiempo correspondiente a los meses de abril a octubre, considerado como temporada de verano, y a los meses de noviembre a marzo, considerado como temporada de invierno. 17. Vuelo carguero: Vuelo para el transporte exclusivo de mercancías en el que no se admite el transporte conjunto de éstas y de pasajeros.» Dos. Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 75: 1. Se modifica el apartado 4, que queda redactado en los siguientes términos: «4. El importe mínimo a pagar por operación en concepto de aterrizaje y de servicios de transito de aeródromo, será el siguiente: Aeropuerto Importe mínimo por operación-aterrizaje Importe mínimo por operación-servicios tránsito de aeródromo Madrid-Barajas. 154,62 € 71,88 € Barcelona-El Prat. 136,19 € 71,48 € Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur. 96,92 € 51,20 € Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia. 16,29 € 8,71 € A Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza. 10,82 € 6,18 € Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A. 5,86 € 4,31 € El mínimo por operación en concepto de aterrizaje y servicios de tránsito aéreo de aeródromo no serán de aplicación a los vuelos de escuela y entrenamiento.» 2. Se adiciona un nuevo apartado 8, con la siguiente redacción: «8. No obstante lo establecido en el apartado 6, a los vuelos cargueros que operen fuera del horario operativo de los aeropuertos del grupo V se les aplicarán las cuantías recogidas en los apartados 3 y 4 del presente artículo.» Tres. Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 78: 1. Se adiciona un párrafo final al apartado 1, del siguiente tenor: «Las cuantías unitarias de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y por seguridad para los pasajeros en conexión se reducirán en un 20 por ciento.» 2. Se adiciona un nuevo apartado 4 con la siguiente redacción: «4. En los aeropuertos estacionales de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, las cuantías unitarias de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y seguridad se bonificarán en un 20 por ciento durante los meses de la temporada de menor tráfico.» Cuatro. Se adiciona un número al artículo 89, letra a), con la siguiente redacción: «5 Servicios de asistencia de mayordomía (“catering”), grupo de servicios número 11: las cuantías en euros por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción serán las siguientes: Aeropuerto EEE Internacional Madrid-Barajas 29,88 49,80 Barcelona-El Prat 20,92 34,86 Alicante, Gran Canaria, Tenerife Sur, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca 19,42 32,37 Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia 14,94 24,90 Almería, Asturias, Coruña, Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza 10,46 17,43 Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Pamplona, Torrejón, Vitoria y Valladolid 5,98 9,96 Cinco. No obstante lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, las cuantías correspondientes a la prestación por salida de pasajeros en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava, serán las establecidas en el apartado 2 de la disposición final vigésima primera de la Ley 2/2012, incrementadas en el porcentaje que resulte de aplicar a la variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2012, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, un incremento de cinco puntos. [precepto]Décima primera. Modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica el artículo 113 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que queda redactado como sigue: «Artículo 113. Formalización. 1. Con las salvedades establecidas en el apartado siguiente, los negocios jurídicos de adquisición o enajenación de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en escritura pública. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de explotación de inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad, deberán formalizarse en escritura pública, para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización. 2. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, cuando el cesionario sea otra Administración pública, organismo o entidad vinculada o dependiente, así como las enajenaciones de inmuebles rústicos cuyo precio de venta sea inferior a 150.000 euros se formalizarán en documento administrativo, que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 3. Compete a la Dirección General del Patrimonio del Estado realizar los trámites conducentes a la formalización notarial de los contratos y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos de la Administración General del Estado a que se refiere este título. En el otorgamiento de las escrituras ostentará la representación de la Administración General del Estado el Director General del Patrimonio del Estado o funcionario en quien delegue. 4. Los actos de formalización que, en su caso, se requieran en las adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad de expropiación y del derecho de reversión, serán efectuados por el ministerio u organismo que los inste. 5. El arancel notarial que deba satisfacer la Administración pública por la formalización de los negocios patrimoniales se reducirá en el porcentaje previsto en la normativa arancelaria notarial.» [precepto]Décima segunda. Con efectos 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se da nueva redacción al apartado a) del número 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que queda redactado como sigue: «2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.» [precepto]Décima tercera. Modificación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica el artículo 3.1.c) y 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que queda redactada como sigue: «1. Para que se reconozca y mantenga el derecho a ostentar la condición de familia numerosa, los hijos o hermanos deberán reunir las siguientes condiciones: c) Depender económicamente del ascendiente o ascendientes. Se considerará que se mantiene la dependencia económica cuando:» «2. El hijo esté incapacitado para el trabajo y la cuantía de su pensión, si la percibiese, no exceda en cómputo anual, al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, incluidas 14 pagas, salvo que percibiese pensión no contributiva por invalidez, en cuyo caso no operará tal límite.» El resto del artículo permanece con la misma redacción. [precepto]Décima cuarta. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de la siguiente forma: Uno. Se da nueva redacción al artículo 21 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que queda redactada como sigue: «1. Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. 2. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación. 3. En el ámbito de la Hacienda Pública estatal, no podrá efectuarse el desembolso anticipado de las aportaciones comprometidas en virtud de convenios de colaboración y encomiendas de gestión con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en los mismos, sin perjuicio de lo que puedan establecer las disposiciones especiales con rango de Ley que puedan resultar aplicables en cada caso. No obstante lo anterior, el acreedor de la Administración, en los términos que se determinen en el convenio de colaboración o encomienda de gestión, podrá tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar la actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 10 por ciento de la cantidad total a percibir. En tal caso, se deberán asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía salvo cuando el acreedor de la Administración sea una entidad del sector público estatal o la normativa reguladora del gasto de que se trate establezca lo contrario.» Dos. Se modifica el artículo 47, de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «Artículo 47. Compromisos de gasto de carácter plurianual. 1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente. 2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento. En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo. Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. 3. El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta Ley. 4. Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización separada.» Tres. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 47 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, con la siguiente redacción: «5. No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.» El resto del artículo mantiene la misma redacción. Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 47 bis en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, con la siguiente redacción: «Artículo 47 bis. Modificación y resolución de compromisos de gasto plurianuales. En relación con las obligaciones nacidas de negocios o actos jurídicos, formalizados de conformidad con el ordenamiento jurídico y de los que derivasen compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de esta Ley, cuando, excepcionalmente, en alguno de los ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de dichas obligaciones, se actuará de la siguiente manera: 1.º) El órgano competente para aprobar y comprometer el gasto estará obligado a comunicar tal circunstancia al tercero, tan pronto como se tenga conocimiento de ello. 2.º) Siempre que lo permitan las disponibilidades de los créditos, se acordará, de acuerdo con el procedimiento establecido en las correspondientes normas, la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte, con el consiguiente reajuste de anualidades, ajustándolo a las nuevas circunstancias. 3.º) Cuando no resulte posible proceder en los términos indicados en el punto 2.º) anterior, el órgano competente acordará la resolución del negocio siguiendo el procedimiento establecido en las correspondientes normas, y fijando las compensaciones que, en su caso, procedan. En aquellos supuestos en los que la obligación de la Hacienda Pública estuviera condicionada, en el propio negocio o acto jurídico del que derive, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los ejercicios para los que se comprometió, el órgano administrativo, con carácter previo a acordar la resolución de la relación jurídica, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado de ejecución del objeto del negocio, a fin de considerar soluciones alternativas antes de que opere la condición resolutoria, para lo cual deberá notificar de forma fehaciente al tercero tal circunstancia.» Cinco. Se modifica el artículo 59 de la Ley General Presupuestaria que queda redactado de la siguiente forma: «A las modificaciones relativas al pago de la Deuda Pública, a las que afecten a los créditos destinados a financiar a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación, así como a las que no reduzcan la capacidad de financiación del Estado en el ejercicio, computadas en la forma establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no les será de aplicación respecto de su financiación lo establecido en los artículos 50, 54 y 58 de la presente Ley, con excepción de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito a que se refiere el artículo 58.c) anterior.» Seis. Se da nueva redacción al artículo 77 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 77. Pagos indebidos y demás reintegros. 1. A los efectos de esta Ley se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor. 2. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de oficio, la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, con arreglo al que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o el de Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la Seguridad Social. 3. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el Capítulo II del Título I de esta Ley. 4. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado anterior devengará el interés previsto en el artículo 17 de esta Ley, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o, en su caso, hasta la fecha en que el perceptor proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos sin el previo requerimiento de la Administración. Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará también de aplicación en los casos en los que proceda el reintegro de las cantidades percibidas de la Hacienda Pública estatal por haber incumplido el perceptor de los fondos las condiciones establecidas para su entrega o por no haberse justificado correctamente su cumplimiento.» Siete. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 98 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «3. Las operaciones relativas a la Deuda del Estado se realizarán en los mercados financieros conforme a las normas, reglas, técnicas, condiciones y cláusulas usuales en tales mercados, pudiendo acordar el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o tribunales extranjeros, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley. En todo caso, la Orden en la que se disponga la creación de Deuda del Estado incluirá las cláusulas de acción colectiva adoptadas en virtud de lo previsto en el artículo 12.3 del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, reconociéndose la legitimación, en juicio y fuera de él, a quienes fueren designados, por los procedimientos en ellas establecidos, representantes de los tenedores de los títulos emitidos.» Ocho. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 136 de la Ley General Presupuestaria, de la siguiente forma: «4. Las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el “Boletín Oficial del Estado”, el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial o cuenta de pérdidas y ganancias, un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales y el informe de auditoría de cuentas. Cuando las entidades anteriores formulen cuentas anuales consolidadas, publicarán anualmente en el “Boletín Oficial del Estado”, además de la información indicada en el párrafo anterior, el balance consolidado y la cuenta del resultado económico-patrimonial o cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales consolidadas y el informe de auditoría de cuentas. A estos efectos, la Intervención General de la Administración del Estado determinará el contenido mínimo de la información a publicar.» Nueve. Se introduce una nueva disposición adicional, la decimonovena, en la Ley General Presupuestaria, de la siguiente forma: «Disposición adicional decimonovena. Imputación al presupuesto de las anualidades de los compromisos de gasto de carácter plurianual. 1. Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos de gasto de carácter plurianual contabilizados en años anteriores se imputarán a los créditos autorizados en el presupuesto de dicho ejercicio. Cuando en el citado presupuesto no hubiera crédito o éste fuera insuficiente para imputar dichas anualidades a los créditos del Departamento ministerial u Organismo del sector público administrativo estatal, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición. 2. La oficina de contabilidad obtendrá una relación de los compromisos indicados en el apartado anterior que no se hubiesen podido imputar al nuevo presupuesto con la especificación de los distintos expedientes afectados, que remitirá al respectivo Servicio gestor con la indicación de que en el plazo de treinta días deberá comunicar a dicha oficina las actuaciones a realizar con respecto a los compromisos pendientes de registro contable incluidos en la relación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 3. Si dichas actuaciones conllevan anulaciones de operaciones o reajustes de anualidades, el Servicio gestor deberá remitir los justificantes y documentos contables que acrediten las mismas. 4. Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el Servicio gestor deberá comunicar a la oficina de contabilidad, excepto en el caso de que se trate de transferencias de crédito, las retenciones de crédito que deberán ser registradas en otros créditos de su Presupuesto por un importe igual al de los compromisos pendientes de registro. El Servicio gestor aplicará dichas retenciones de crédito a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputados los compromisos pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito. 5. Si cumplido el citado plazo de los treinta días, el Servicio gestor no hubiere comunicado a la oficina de contabilidad las actuaciones a realizar con respecto a los compromisos pendientes de registro contable, dicha oficina de contabilidad procederá a registrar de oficio las retenciones de crédito por un importe igual al de dichas operaciones. Dichas retenciones de crédito se aplicarán a los créditos que la oficina de contabilidad determine, preferentemente dentro del mismo capítulo y programa del presupuesto a los que correspondan las mismas. La oficina de contabilidad comunicará al Servicio gestor las retenciones de crédito realizadas de oficio. 6. Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a los compromisos pendientes de registro, el Servicio gestor podrá solicitar a la oficina de contabilidad la anulación de las retenciones de crédito indicadas en los apartados anteriores, siempre que simultáneamente se registren por dicha oficina nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del Servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. 7. El registro en el sistema de información contable de las retenciones de crédito y de las anulaciones de retenciones de crédito a que se refieren los apartados 4, 5 y 6 anteriores se efectuará por las oficinas de contabilidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todos los compromisos pendientes de registro. 8. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará las normas reguladoras del procedimiento y operatoria a seguir para la imputación contable al nuevo presupuesto de los compromisos a que se refiere la presente disposición, así como de aquellas otras operaciones contabilizadas en los ejercicios anteriores que deban imputarse a dicho presupuesto. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas determinará la información a incluir en las cuentas anuales sobre los compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al nuevo presupuesto de acuerdo con lo establecido en esta disposición.» Diez. Se modifica el segundo párrafo del punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactado como sigue: «A partir del 1 de enero de 2014, al Presupuesto de los organismos autónomos a que se refiere esta disposición no se acompañará la cuenta de operaciones comerciales. A estos efectos, las citadas operaciones se integrarán en los correspondientes estados de gastos e ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.» El resto de la disposición permanece con la misma redacción. [precepto]Décima quinta. Modificación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se modifica la disposición transitoria duodécima del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que queda redactada en los siguientes términos: «Disposición transitoria duodécima. Determinación de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Hasta el 31 de diciembre de 2014 la determinación de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, atribuida a los ayuntamientos en el apartado 3 del artículo 77 de esta Ley, se realizará por la Dirección General del Catastro, salvo que el ayuntamiento comunique a dicho centro directivo que la indicada competencia será ejercida por él. Esta comunicación deberá realizarse antes de que finalice el mes de febrero del año en el que asuma el ejercicio de la mencionada competencia.» [precepto]Décima sexta. Modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Se añade un último párrafo al artículo 23 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con la siguiente redacción: «Excepcionalmente y de forma justificada, los servicios señalados en los apartados anteriores, podrán prestarse separadamente, cuando así se disponga en el Programa Individual de Atención. La Administración competente deberá motivar esta excepción en la resolución de concesión de la prestación.» [precepto]Décima séptima. Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en la redacción dada por la disposición final octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que queda redactada como sigue: Uno. La cotización a la Seguridad Social de los empresarios, cualquiera que sea el régimen de encuadramiento, y, en su caso, de los trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se llevará a cabo, a partir del 1º de enero de 2013, en función de la correspondiente actividad económica, ocupación o situación, mediante la aplicación de la siguiente tarifa: TARIFA PARA LA COTIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CUADRO I Tipos de cotización Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica IT IMS TOTAL 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas Excepto: 1,50 1,10 2,60 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 1,15 1,10 2,25 0119 Otros cultivos no perennes 1,15 1,10 2,25 0129 Otros cultivos perennes 2,25 2,90 5,15 0130 Propagación de plantas 1,15 1,10 2,25 014 Producción ganadera (Excepto el 0147) 1,80 1,50 3,30 0147 Avicultura 1,25 1,15 2,40 015 Producción agrícola combinada con la producción ganadera 1,60 1,20 2,80 016 Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha (Excepto 0164) 1,60 1,20 2,80 0164 Tratamiento de semillas para reproducción 1,15 1,10 2,25 017 Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas 1,80 1,50 3,30 02 Silvicultura y explotación forestal 2,25 2,90 5,15 03 Pesca y acuicultura (Excepto v, w y 0322) 3,05 3,35 6,40 v Grupo segundo de cotización del Régimen especial del Mar 2,10 2,00 4,10 w Grupo tercero de cotización del Régimen especial del Mar 1,65 1,70 3,35 0322 Acuicultura en agua dulce 3,05 3,20 6,25 05 Extracción de antracita, hulla y lignito (Excepto y) 2,30 2,90 5,20 y Trabajos habituales en interior de minas 3,45 3,70 7,15 06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 2,30 2,90 5,20 07 Extracción de minerales metálicos 2,30 2,90 5,20 08 Otras industrias extractivas (Excepto 0811) 2,30 2,90 5,20 0811 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra 3,45 3,70 7,15 09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 2,30 2,90 5,20 10 Industria de la alimentación (Excepto 101,102,106, 107 y 108) 1,60 1,60 3,20 101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 2,00 1,90 3,90 102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 1,80 1,50 3,30 106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 1,70 1,60 3,30 107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 1,05 0,90 1,95 108 Fabricación de otros productos alimenticios 1,05 0,90 1,95 11 Fabricación de bebidas 1,60 1,60 3,20 12 Industria del tabaco 1,00 0,80 1,80 13 Industria textil (Excepto 1391) 1,00 0,85 1,85 1391 Fabricación de tejidos de punto 0,80 0,70 1,50 14 Confección de prendas de vestir (Excepto 1411, 1420 y 143) 0,50 0,40 0,90 1411 Confección de prendas de vestir de cuero 1,50 1,10 2,60 1420 Fabricación de artículos de peletería 1,50 1,10 2,60 143 Confección de prendas de vestir de punto 0,80 0,70 1,50 15 Industria del cuero y del calzado 1,50 1,10 2,60 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (Excepto 1624 y 1629) 2,25 2,90 5,15 1624 Fabricación de envases y embalajes de madera 2,10 2,00 4,10 1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería 2,10 2,00 4,10 17 Industria del papel (Excepto 171) 1,00 1,05 2,05 171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 2,00 1,50 3,50 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1,00 1,00 2,00 19 Coquerías y refino de petróleo 1,90 2,55 4,45 20 Industria química (Excepto 204 y 206) 1,60 1,40 3,00 204 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos 1,50 1,20 2,70 206 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 1,50 1,20 2,70 21 Fabricación de productos farmacéuticos 1,30 1,10 2,40 22 Fabricación de productos de caucho y plástico 1,75 1,25 3,00 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (Excepto 231, 232, 2331, 234 y 237) 2,10 2,00 4,10 231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1,60 1,50 3,10 232 Fabricación de productos cerámicos refractarios 1,60 1,50 3,10 2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 1,60 1,50 3,10 234 Fabricación de otros productos cerámicos 1,60 1,50 3,10 237 Corte, tallado y acabado de la piedra 2,75 3,35 6,10 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 2,00 1,85 3,85 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2,00 1,85 3,85 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 1,50 1,10 2,60 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 1,60 1,20 2,80 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 2,00 1,85 3,85 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 1,60 1,20 2,80 30 Fabricación de otro material de transporte (Excepto 3091 y 3092) 2,00 1,85 3,85 3091 Fabricación de motocicletas 1,60 1,20 2,80 3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad 1,60 1,20 2,80 31 Fabricación de muebles 2,00 1,85 3,85 32 Otra industria manufacturera (Excepto 321, 322) 1,60 1,20 2,80 321 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 1,00 0,85 1,85 322 Fabricación de instrumentos musicales 1,00 0,85 1,85 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo (Excepto 3313 y 3314) 2,00 1,85 3,85 3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos 1,50 1,10 2,60 3314 Reparación de equipos eléctricos 1,60 1,20 2,80 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1,80 1,50 3,30 36 Captación, depuración y distribución de agua 2,10 1,60 3,70 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 2,10 1,60 3,70 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 2,10 1,60 3,70 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 2,10 1,60 3,70 41 Construcción de edificios (Excepto 411) 3,35 3,35 6,70 411 Promoción inmobiliaria 0,85 0,80 1,65 42 Ingeniería civil 3,35 3,35 6,70 43 Actividades de construcción especializada 3,35 3,35 6,70 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (Excepto 452 y 454) 1,00 1,05 2,05 452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 2,45 2,00 4,45 454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios 1,70 1,20 2,90 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. Excepto: 1,40 1,20 2,60 4623 Comercio al por mayor de animales vivos 1,80 1,50 3,30 4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles 1,80 1,50 3,30 4632 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 1,80 1,50 3,30 4638 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios 1,60 1,40 3,00 4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 1,80 1,50 3,30 4673 Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios 1,80 1,50 3,30 4674 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 1,80 1,55 3,35 4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 1,80 1,55 3,35 4690 Comercio al por mayor no especializado 1,80 1,55 3,35 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (Excepto 473) 0,95 0,70 1,65 473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados 1,00 0,85 1,85 49 Transporte terrestre y por tubería (Excepto 494) 1,80 1,50 3,30 494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza 2,00 1,70 3,70 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 2,00 1,85 3,85 51 Transporte aéreo 1,90 1,70 3,60 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte (Excepto x, 5221) 1,80 1,50 3,30 x Carga y descarga; estiba y desestiba 3,35 3,35 6,70 5221 Actividades anexas al transporte terrestre 1,00 1,10 2,10 53 Actividades postales y de correos 1,00 0,75 1,75 55 Servicios de alojamiento 0,75 0,50 1,25 56 Servicios de comidas y bebidas 0,75 0,50 1,25 58 Edición 0,65 1,00 1,65 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 0,75 0,50 1,25 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 0,75 0,50 1,25 61 Telecomunicaciones 0,70 0,70 1,40 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 0,65 1,00 1,65 63 Servicios de información (Excepto 6391) 0,65 1,00 1,65 6391 Actividades de las agencias de noticias 0,75 0,50 1,25 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 0,65 0,35 1,00 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 0,65 0,35 1,00 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 0,65 0,35 1,00 68 Actividades inmobiliarias 0,65 1,00 1,65 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 0,65 1,00 1,65 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 1,00 0,80 1,80 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 0,65 1,00 1,65 72 Investigación y desarrollo 0,65 0,35 1,00 73 Publicidad y estudios de mercado 0,90 0,80 1,70 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (Excepto 742) 0,90 0,85 1,75 742 Actividades de fotografía 0,50 0,40 0,90 75 Actividades veterinarias 1,50 1,10 2,60 77 Actividades de alquiler 1,00 1,00 2,00 78 Actividades relacionadas con el empleo (Excepto 781) 1,55 1,20 2,75 781 Actividades de las agencias de colocación 0,95 1,00 1,95 79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 0,80 0,70 1,50 80 Actividades de seguridad e investigación 1,40 2,20 3,60 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería (Excepto 811) 2,10 1,50 3,60 811 Servicios integrales a edificios e instalaciones 1,00 0,85 1,85 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (Excepto 8220 y 8292) 1,00 1,05 2,05 8220 Actividades de los centros de llamadas 0,70 0,70 1,40 8292 Actividades de envasado y empaquetado 1,80 1,50 3,30 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (Excepto 842) 0,65 1,00 1,65 842 Prestación de servicios a la comunidad en general 1,40 2,20 3,60 85 Educación 0,65 0,35 1,00 86 Actividades sanitarias (Excepto 869) 0,80 0,70 1,50 869 Otras actividades sanitarias 0,95 0,80 1,75 87 Asistencia en establecimientos residenciales 0,80 0,70 1,50 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 0,80 0,70 1,50 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 0,75 0,50 1,25 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. (Excepto 9104) 0,75 0,50 1,25 9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales 1,75 1,20 2,95 92 Actividades de juegos de azar y apuestas 0,75 0,50 1,25 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (Excepto u) 1,70 1,30 3,00 u Espectáculos taurinos 2,85 3,35 6,20 94 Actividades asociativas 0,65 1,00 1,65 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (Excepto 9524) 1,50 1,10 2,60 9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 2,00 1,85 3,85 96 Otros servicios personales (Excepto 9602, 9603 y 9609) 0,85 0,70 1,55 9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 0,65 0,45 1,10 9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 1,80 1,50 3,30 9609 Otros servicios personales n.c.o.p. 1,50 1,10 2,60 97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 0,65 0,45 1,10 99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 1,60 1,50 3,10 CUADRO II Tipos de cotización Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades IT IMS TOTAL a Personal en trabajos exclusivos de oficina. 0,65 0,35 1,00 b Representantes de Comercio. 1,00 1,00 2,00 d Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general. 3,35 3,35 6,70 f Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm. 3,35 3,35 6,70 g Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles. 2,10 1,50 3,60 h Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad. 1,40 2,20 3,60 Dos. En orden a la aplicación de lo establecido en el apartado Uno anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Primera. En los períodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación. Segunda. Para la determinación del tipo de cotización aplicable en función a lo establecido en la tarifa contenida en esta disposición se tomará como referencia lo previsto en su Cuadro I para identificar el tipo asignado en el mismo en razón de la actividad económica principal desarrollada por la empresa o por el trabajador por cuenta propia o autónomo, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, y a los códigos que en la misma se contienen en relación con cada actividad. Cuando en una empresa concurran, junto con la actividad principal, otra u otras que deban ser consideradas auxiliares respecto de aquélla, el tipo de cotización será el establecido para dicha actividad principal. Cuando la actividad principal de la empresa concurra con otra que implique la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la primera, disponiendo de medios de producción diferentes, el tipo de cotización aplicable con respecto a los trabajadores ocupados en éste será el previsto para la actividad económica en que la misma quede encuadrada. Cuando los trabajadores por cuenta propia realicen varias actividades que den lugar a una única inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el tipo de cotización aplicable será el más elevado de los establecidos para las actividades que lleve a cabo el trabajador. Tercera. No obstante lo indicado en la regla anterior, cuando la ocupación desempeñada por el trabajador por cuenta ajena, o la situación en que éste se halle, se correspondan con alguna de las enumeradas en el Cuadro II, el tipo de cotización aplicable será el previsto en dicho Cuadro para la ocupación o situación de que se trate, en tanto que ésta difiera del que corresponda en razón de la actividad de la empresa. Tres. La determinación del tipo de cotización aplicable será efectuada, en los términos que reglamentariamente se establezca, por la Tesorería General de la Seguridad Social en función de la actividad económica declarada por la empresa o por el trabajador autónomo o, en su caso, por las ocupaciones o situaciones de los trabajadores, con independencia de que, para la formalización de la protección frente a las contingencias profesionales, se hubiera optado en favor de una entidad gestora de la Seguridad Social o de una entidad colaboradora de la misma. Cuatro. El Gobierno procederá al correspondiente ajuste anual de los tipos de cotización incluidos en la tarifa recogida en la presente disposición, así como a la adaptación de las actividades económicas a las nuevas clasificaciones CNAE que se aprueben y a la supresión progresiva de las ocupaciones que se enumeran en la clasificación contenida en la referida tarifa. [precepto]Décima octava. Modificación de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. Se da nueva redacción a la disposición final segunda de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, en los siguientes términos: «Disposición final segunda. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014.» [precepto]Décima novena. Modificación de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Uno. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, que queda redactada como sigue: «Durante el año 2013 la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. podrá financiar acuerdos de colaboración y patrocinio con la Cruz Roja Española y la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer suscritos con anterioridad a 31 de diciembre de 2012, en las condiciones que en los mismos se hayan establecido, garantizando para cada una de las anteriores una aportación económica equivalente a la media de los ingresos percibidos de forma individual, como resultado de los sorteos finalistas de Lotería Nacional en beneficio de las respectivas instituciones, de los cuatro últimos ejercicios en que se celebraron estos sorteos. Adicionalmente, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. podrá suscribir acuerdos en 2013, con otras entidades para el fomento de actividades, entre otras, de carácter social, cultural y deportivo. Asimismo, podrá financiar acuerdos de esta naturaleza ya suscritos antes del 31 de diciembre de 2012. Las aportaciones contempladas en los dos párrafos anteriores no podrán superar en su conjunto el 2 por ciento del beneficio después de impuestos de la Sociedad Estatal correspondiente al ejercicio 2012.» Dos. Con efectos de 1 de enero de 2013 se modifica el apartado Cuatro de la disposición adicional cuadragésima segunda de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que queda redactado como sigue: «Cuatro. Niveles de tráfico. Durante un periodo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, se unifican en un solo nivel máximo los niveles máximos ofertados por las concesionarias para el tráfico ligero y pesado, a razón de 1,4 vehículos ligeros por vehículo pesado.» [precepto]Vigésima. Modificación de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se da nueva redacción a la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 8/2010, que queda redactada como sigue: «Cuarta. Registro de personal directivo del sector público estatal. Se crea, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el registro de personal directivo del sector público estatal que incluirá al personal que tenga tal condición de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, de los entes públicos, de las entidades públicas empresariales, de las fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus Organismos y de las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.» [precepto]Vigésima primera. Modificación de la disposición adicional octava de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. Con efectos de 1 de enero de 2013, se modifica la disposición adicional octava de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado 1.B) «Ámbito de aplicación», quedando incluidas en el mismo las tres sociedades concesionarias de las siguientes autopistas de peaje dependientes de la Administración General del Estado: Autopista de peaje Alicante-Cartagena. Tramo: desde la autopista A-7, Alicante-Murcia, hasta Cartagena. Adjudicada por Real Decreto 1808/1998, de 31 de julio. Autopista de peaje Santiago de Compostela-Ourense. Tramo: Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo. Adjudicada por Real Decreto 1702/1999, de 29 de octubre. Autopista de peaje León-Astorga. Adjudicada por Real Decreto 309/2000, de 25 de febrero. Dos. Se modifica el subapartado C.1) del apartado 1.C), quedando con la siguiente redacción: «C.1) Consignación y abono a favor de la sociedad concesionaria. Hasta el año 2018, inclusive, la sociedad concesionaria consignará anualmente, en la cuenta de compensación, la diferencia entre los ingresos de peaje que se hubieran producido de haberse alcanzado el 80 por 100 del tráfico previsto en el plan económico-financiero presentado en la oferta de licitación por dicha sociedad y los ingresos de peaje reales. La cantidad a consignar anualmente en la cuenta no podrá superar el 49 por 100 del importe resultante de sumar a los ingresos anuales de peaje de la concesión la cantidad a consignar y por lo que restare hasta alcanzar el 80 por 100 referido en el párrafo anterior, cada sociedad concesionaria de las incluidas en el apartado 1.B) de esta disposición octava, podrá solicitar dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio, un préstamo participativo al Ministerio de Fomento. Estos préstamos participativos tendrán las mismas características que los definidos en el apartado Dos.b), de la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado 2010 y se procederá al reequilibrio de la concesión para el único fin de permitir la devolución del importe del préstamo y sus intereses en las condiciones indicadas en ese mismo apartado. El Ministerio de Fomento, en los tres meses siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior, otorgará los mencionados préstamos participativos a las sociedades concesionarias que lo hubieran solicitado. Dichas cantidades estarán sujetas al límite de disponibilidades presupuestarias fijadas cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para estos conceptos. A estos efectos, los ingresos reales de peaje de cada año serán los que figuran en las últimas cuentas auditadas. En el mes de enero de cada año, la sociedad concesionaria presentará a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje el importe consignado en la cuenta de compensación para su aprobación y posterior abono a la sociedad concesionaria por la Administración en dicho año.» Tres. Se modifica el subapartado D.1) del apartado 1.D), quedando con la siguiente redacción: «1.D) Facultades normativas y de aplicación. D.1) Autorización al Gobierno y devengo de intereses. Se autoriza al Gobierno para que, si las circunstancias económicas de las sociedades concesionarias así lo aconsejan, y mediante Real Decreto a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Fomento, pueda excluir a la sociedad concesionaria en cuestión de las ayudas previstas en el subapartado C1 del apartado 1C. En todo caso, el saldo de la cuenta de compensación devengará intereses a partir del 1 de enero de 2014, excepto en las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje Alicante-Cartagena, Tramo: desde la autopista A-7, Alicante-Murcia, hasta Cartagena; Santiago de Compostela-Ourense, Tramo: Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo; y León-Astorga, en las que tal devengo se producirá a partir del 1 de enero de 2016.» [precepto]Vigésima segunda. Modificación del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Uno. Para el año 2013, y con vigencia indefinida, se modifica el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en los siguientes términos: «1. En el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la regularización de la citada remisión, así como la de las liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de aplicación la presente norma, el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda. A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la disposición adicional cuarta del mencionado Texto Refundido.» Dos. Las referencias del citado artículo a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales y a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera deberán considerarse realizadas a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local y a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. [precepto]Vigésima tercera. Modificación de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se modifica la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, que queda redactada en los siguientes términos: «Disposición adicional primera. Reducción de las exenciones fiscales previstas en los artículos 35.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y 61.2.a) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en relación con las labores de tabaco para los residentes de la zona fronteriza con Gibraltar y de los trabajadores fronterizos de la citada zona. Se reducen a 80 cigarrillos las exenciones fiscales previstas en el artículo 35.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 61.2.a) de la Ley 38/1992, de 28 de noviembre, de Impuestos Especiales, para los viajeros residentes y trabajadores fronterizos de la zona fronteriza con Gibraltar y en relación con las labores de tabaco que introduzcan en España, con las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Directiva 2007/74/CE. A estos efectos, se entenderá como zona fronteriza el territorio español que se extiende a 15 kilómetros en línea recta a partir de la frontera con Gibraltar y que incluirá la totalidad del territorio de los municipios cuya demarcación territorial forma parte, aunque fuese parcial, de esta zona.» [precepto]Vigésima cuarta. Modificación del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se da nueva redacción al artículo 15 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, que quedará redactado como sigue: «Artículo 15. Medidas de fomento a la producción de largometrajes. 1. El apartado 2 del artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, mantendrá su vigencia hasta los períodos impositivos que se hayan iniciado antes de 1 de enero de 2015, y quedará derogado con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de esa fecha. 2. Las deducciones establecidas en el citado apartado 2 del artículo 38, pendientes de aplicación al comienzo del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015, podrán aplicarse en el plazo y con los requisitos establecidos en el Capítulo IV del Título VI de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2014. Dichos requisitos son igualmente aplicables para consolidar las deducciones practicadas en períodos impositivos iniciados antes de aquella fecha.» [precepto]Vigésima quinta. Modificación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica la letra c) del apartado 1 de la disposición final duodécima, de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que a su vez modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo que queda redactada como sigue: «c) El apartado Tres del artículo 3 y la disposición final décima, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2014.» [precepto]Vigésima sexta. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se modifica el apartado 2 del artículo 240 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que queda redactado en los siguientes términos: «2. El valor de la cuantía básica de la tasa de ayudas a la navegación (A) se establece en 0,29 €. El valor de la cuantía básica podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos en función de la evolución de los costes del servicio de ayudas a la navegación en todo el litoral español.» [precepto]Vigésima séptima. Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. Con efectos de 1 de enero y vigencia indefinida, se modifica la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, en los siguientes términos: Uno. Se da nueva redacción al artículo 3 bis de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que queda redactado como sigue: «Artículo 3 bis. Requisitos para el reconocimiento de las ayudas y prestaciones previstas en la Ley. 1. Serán destinatarios de las ayudas y prestaciones reguladas en la presente ley aquellas personas en las que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: a) Cuando en virtud de sentencia firme, se les hubiere reconocido el derecho a ser indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en esta Ley. b) Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. En estos casos, la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos podrán acreditarse ante el órgano competente de la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 2. La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos.» Dos. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 28, que queda redactado como sigue: «Artículo 28. Procedimiento para la indemnización por daños corporales o materiales. 1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la indemnización por los daños a que se refiere este Título será tramitado y resuelto por el Ministerio del Interior. Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde que se produjeron los daños. A efectos de plazos, se computa el daño corporal a fecha de alta o consolidación de secuelas, conforme acredite el Sistema Nacional de Salud. En los supuestos en que, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo plazo de igual duración para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones y la que correspondiera por fallecimiento. De igual modo se procederá cuando, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese una situación de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior. En los casos de daños psicológicos, el plazo de un año empezará a contar desde el momento en el que existiera un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela. Si la víctima incapacitada hubiera fallecido por causa distinta a las secuelas derivadas del atentado, resultarán beneficiarios de la indemnización que hubiera correspondido al causante las personas a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley, según el orden de preferencia establecido en el mismo.» [precepto]Vigésima octava. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se añade un apartado nuevo, el 3, a la disposición adicional vigésima octava del citado Texto Refundido, con la siguiente redacción: «3. A los efectos previstos en esta disposición adicional, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá, a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, encomendar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada, con miras al Sistema Nacional de Salud, para todos o algunos de los medicamentos y productos sanitarios.» El resto de la disposición mantiene la redacción actual. [precepto]Vigésima novena. Modificación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de la siguiente forma: Uno. Se modifica la rúbrica y el inciso del apartado 1 de la disposición transitoria duodécima, que quedan redactados en los siguientes términos: «Disposición transitoria duodécima. Intensidad de protección del servicio de ayuda a domicilio. 1...., las intensidades de protección del Servicio de Ayuda a Domicilio establecidas...». El resto de la disposición permanece con la misma redacción. Dos. El párrafo primero de la disposición final cuarta queda redactado como sigue: «El Título I de este Real Decreto-ley tiene carácter básico en virtud de los artículos 149.1.13ª, 149.1.17ª, 149.1.18ª y 156.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, excepto los artículos 3, 4 y 6, el artículo 12, los apartados 2 a 7 del artículo 13 y los artículos 14 y 15, que son sólo de aplicación a la Administración General del Estado.» Tres. Se introduce una disposición transitoria decimosexta nueva, con la siguiente redacción: «Lo dispuesto en el párrafo primero de la disposición final cuarta tendrá efectos desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.» [precepto]Trigésima. Gestión de créditos presupuestarios en materia de Clases Pasivas. Se prorroga durante el año 2013 la facultad conferida en la disposición final tercera de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993. [precepto]Trigésima primera. Modificación del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue: «Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria. Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo. Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado. Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que participen en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el informe de la Intervención local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el que se incluirán los cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes que afecten a la medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos que resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5 de la citada norma y en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras, en su caso, modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe.» Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 27 de diciembre de 2012. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ANEXO I Distribución de los créditos por programas Clasif. por programas Explicación Cap. 1 a 8 Cap. 9 Total 111M Gobierno del Poder Judicial 32.995,11   32.995,11 111N Dirección y Servicios Generales de Justicia 50.871,79   50.871,79 111O Selección y formación de jueces 21.483,24   21.483,24 111P Documentación y publicaciones judiciales 8.300,62   8.300,62 111Q Formación del Personal de la Administración de Justicia 8.185,70   8.185,70 111R Formación de la Carrera Fiscal 3.390,17   3.390,17 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.390.682,23   1.390.682,23 113M Registros vinculados con la Fe Pública 26.938,43   26.938,43 121M Administración y Servicios Generales de Defensa 1.160.309,38   1.160.309,38 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 387.211,59   387.211,59 121O Personal en reserva 554.417,11   554.417,11 122A Modernización de las Fuerzas Armadas 178.654,79   178.654,79 122B Programas especiales de modernización 6.842,50   6.842,50 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 2.165.010,44   2.165.010,44 122N Apoyo Logístico 1.333.566,06 1,29 1.333.567,35 131M Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil 67.118,90   67.118,90 131N Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 75.051,37   75.051,37 131O Fuerzas y Cuerpos en reserva 615.365,14   615.365,14 131P Derecho de asilo y apátridas 3.141,54   3.141,54 132A Seguridad ciudadana 5.192.497,09 72,72 5.192.569,81 132B Seguridad vial 709.648,05   709.648,05 132C Actuaciones policiales en materia de droga 83.097,41   83.097,41 133A Centros e Instituciones Penitenciarias 1.102.129,38   1.102.129,38 133B Trabajo, formación y asistencia a reclusos 27.614,35   27.614,35 134M Protección Civil 14.297,42   14.297,42 135M Protección de datos de carácter personal 13.524,07   13.524,07 141M Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 77.449,16   77.449,16 142A Acción del Estado en el exterior 764.171,09   764.171,09 142B Acción diplomática ante la Unión Europea 21.043,52   21.043,52 143A Cooperación para el desarrollo 523.370,82   523.370,82 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 109.233,79   109.233,79 211M Pensiones contributivas de la Seguridad Social 106.504.905,02   106.504.905,02 211N Pensiones de Clases Pasivas 11.824.304,53   11.824.304,53 211O Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 41.314,01   41.314,01 212M Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 2.497.810,27   2.497.810,27 212N Pensiones de guerra 284.381,46   284.381,46 219M Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social 396.272,75   396.272,75 219N Gestión de pensiones de Clases Pasivas 7.523,07   7.523,07 221M Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social 10.602.112,94   10.602.112,94 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo 360.447,25 2,00 360.449,25 223M Prestaciones de garantía salarial 868.394,96   868.394,96 224M Prestaciones económicas por cese de actividad 49.301,10   49.301,10 231A Plan Nacional sobre Drogas 14.844,48   14.844,48 231B Acciones en favor de los emigrantes 76.702,34   76.702,34 231C Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad 68.779,82   68.779,82 231D Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores 114.775,21   114.775,21 231E Otros servicios sociales de la Seguridad Social 40.556,22   40.556,22 231F Otros servicios sociales del Estado 155.636,16   155.636,16 231G Atención a la infancia y a las familias 4.427,63   4.427,63 231H Acciones en favor de los inmigrantes 62.412,85   62.412,85 231I Autonomía personal y Atención a la Dependencia 2.205.750,95   2.205.750,95 232A Promoción y servicios a la juventud 28.541,86   28.541,86 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 18.952,81   18.952,81 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 22.197,34   22.197,34 239M Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social 31.415,90   31.415,90 241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral 3.765.341,59   3.765.341,59 241N Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad soc. de las empresas 6.169,27   6.169,27 251M Prestaciones a los desempleados 26.993.695,96   26.993.695,96 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda 738.042,53 300,00 738.342,53 261O Ordenación y fomento de la edificación 26.378,88   26.378,88 261P Urbanismo y política del suelo 1.454,47   1.454,47 291A Inspección y control de Seguridad y Protección Social 122.113,88   122.113,88 291M Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social 4.314.184,91 30,50 4.314.215,41 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 83.897,73   83.897,73 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional 9.426,94   9.426,94 312A Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 149.654,26   149.654,26 312B Atención primaria de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 57.634,47   57.634,47 312C Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 140.732,19   140.732,19 312D Medicina marítima 32.146,50   32.146,50 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo 2.056.075,12   2.056.075,12 312F Atención primaria de salud de Mutuas de Accidentes de Trabajo y E.P e I.S.M 817.533,56   817.533,56 312G Atención especializada de salud de Mutuas de Accidentes de Trabajo y E.P e I.S.M 369.400,24   369.400,24 313A Prestaciones sanitarias y farmacia 87.224,42   87.224,42 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad 33.138,19   33.138,19 313C Seguridad alimentaria y nutrición 14.936,50   14.936,50 313D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células 3.970,99   3.970,99 321M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte 107.877,05   107.877,05 321N Formación permanente del profesorado de Educación 3.451,03   3.451,03 322A Educación infantil y primaria 159.836,74   159.836,74 322B Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas 108.494,15   108.494,15 322C Enseñanzas universitarias 122.468,73   122.468,73 322E Enseñanzas artísticas 5.369,08   5.369,08 322F Educación en el exterior 100.098,81   100.098,81 322G Educación compensatoria 53.257,60   53.257,60 322I Enseñanzas especiales 2.198,65   2.198,65 322K Deporte en edad escolar y en la Universidad 1.850,00   1.850,00 322L Otras enseñanzas y actividades educativas 52.338,77   52.338,77 323M Becas y ayudas a estudiantes 1.222.166,11   1.222.166,11 324M Servicios complementarios de la enseñanza 5.446,04   5.446,04 332A Archivos 31.080,16   31.080,16 332B Bibliotecas 47.208,77   47.208,77 333A Museos 136.728,45   136.728,45 333B Exposiciones 2.403,21   2.403,21 334A Promoción y cooperación cultural 9.988,75   9.988,75 334B Promoción del libro y publicaciones culturales 7.615,84   7.615,84 334C Fomento de las industrias culturales 14.467,05   14.467,05 335A Música y danza 70.567,89   70.567,89 335B Teatro 36.864,05   36.864,05 335C Cinematografía 55.035,74   55.035,74 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas 160.803,84   160.803,84 337A Administración del Patrimonio Histórico-Nacional 112.514,53 100,00 112.614,53 337B Conservación y restauración de bienes culturales 31.009,86   31.009,86 337C Protección del Patrimonio Histórico 5.423,51   5.423,51 412C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios 39.450,21   39.450,21 412D Competitividad y calidad de la sanidad agraria 47.356,91   47.356,91 412M Regulación de los mercados agrarios 6.203.907,69   6.203.907,69 413A Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria 28.695,25   28.695,25 414A Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 47.237,66   47.237,66 414B Desarrollo del medio rural 1.007.761,23   1.007.761,23 414C Programa de Desarrollo Rural Sostenible 20.265,00   20.265,00 415A Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 13.809,62   13.809,62 415B Mejora de estructuras y mercados pesqueros 48.485,12   48.485,12 416A Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras 204.897,29   204.897,29 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 63.499,36   63.499,36 421N Regulación y protección de la propiedad industrial 46.231,50   46.231,50 421O Calidad y seguridad industrial 3.838,35   3.838,35 422A Incentivos regionales a la localización industrial 81.585,03   81.585,03 422B Desarrollo industrial 425.879,08   425.879,08 422M Reconversión y reindustrialización 467.222,60   467.222,60 423M Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón 45.000,00   45.000,00 423N Explotación minera 457.738,67   457.738,67 424M Seguridad nuclear y protección radiológica 47.311,67   47.311,67 425A Normativa y desarrollo energético 2.936.687,64   2.936.687,64 431A Promoción comercial e internacionalización de la empresa 389.537,59   389.537,59 431N Ordenación del comercio exterior 9.337,27   9.337,27 431O Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 14.690,86   14.690,86 432A Coordinación y promoción del turismo 330.618,54   330.618,54 433M Apoyo a la pequeña y mediana empresa 145.372,37   145.372,37 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 827.340,74   827.340,74 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 58.326,31   58.326,31 441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 274.523,30   274.523,30 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 19.840,00   19.840,00 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo 32.545,09   32.545,09 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento 854.790,38   854.790,38 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 148.284,01   148.284,01 452A Gestión e infraestructuras del agua 839.333,80 236.897,56 1.076.231,36 452M Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 56.854,14   56.854,14 453A Infraestructura del transporte ferroviario 856.741,68   856.741,68 453B Creación de infraestructura de carreteras 1.576.579,98   1.576.579,98 453C Conservación y explotación de carreteras 993.341,80   993.341,80 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre 23.307,64   23.307,64 454M Regulación y seguridad del tráfico marítimo 48.417,13   48.417,13 455M Regulación y supervisión de la aviación civil 54.423,86   54.423,86 456A Calidad del agua 134.507,41 24.569,02 159.076,43 456B Protección y mejora del medio ambiente 14.541,57   14.541,57 456C Protección y mejora del medio natural 165.877,66   165.877,66 456D Actuación en la costa 74.935,52   74.935,52 456M Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático 49.058,21   49.058,21 457M Infraestructuras en comarcas mineras del carbón 42.279,61   42.279,61 462M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales 11.520,55   11.520,55 462N Investigación y estudios estadísticos y económicos 6.218,03   6.218,03 463A Investigación científica 689.431,80 4.000,00 693.431,80 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica 1.411.161,29   1.411.161,29 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 145.231,91 56,00 145.287,91 464B Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa 218.152,52   218.152,52 465A Investigación sanitaria 281.965,92   281.965,92 467A Astronomía y astrofísica 16.587,19 150,00 16.737,19 467B Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras 732,90   732,90 467C Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 2.243.579,61   2.243.579,61 467D Investigación y experimentación agraria 69.391,98 2.000,00 71.391,98 467E Investigación oceanográfica y pesquera 56.754,75 182,96 56.937,71 467F Investigación geológico-minera y medioambiental 25.111,69   25.111,69 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 106.040,20   106.040,20 467H Investigación energética, medioambiental y tecnológica 82.664,07   82.664,07 467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 561.293,76   561.293,76 491M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 35.062,47   35.062,47 491N Servicio postal universal 318.930,00   318.930,00 492M Defensa de la competencia 12.679,90   12.679,90 492N Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos 8.756,43   8.756,43 492O Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios 16.598,98   16.598,98 493M Dirección, control y gestión de seguros 238.068,94   238.068,94 493O Regulación contable y de auditorias 8.310,14   8.310,14 494M Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 36.074,30   36.074,30 495A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española 32.103,21   32.103,21 495B Meteorología 82.692,56   82.692,56 495C Metrología 5.694,91   5.694,91 496M Regulación del juego 6.332,73   6.332,73 497M Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar 100.000,00   100.000,00 911M Jefatura del Estado 7.933,71   7.933,71 911N Actividad legislativa 201.393,03 20,00 201.413,03 911O Control externo del Sector Público 61.334,93   61.334,93 911P Control Constitucional 24.284,22   24.284,22 911Q Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 6.148,67   6.148,67 912M Presidencia del Gobierno 38.919,64   38.919,64 912N Alto asesoramiento del Estado 9.888,16   9.888,16 912O Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección 33.654,39   33.654,39 912P Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral 8.392,56   8.392,56 912Q Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales 203.687,18   203.687,18 921N Dirección y organización de la Administración Pública 47.170,88   47.170,88 921O Formación del personal de las Administraciones Públicas 67.941,87   67.941,87 921P Administración periférica del Estado 280.377,44   280.377,44 921Q Cobertura informativa 60.265,83   60.265,83 921S Publicidad de las normas legales 33.764,04   33.764,04 921S Asesoramiento y defensa intereses del Estado 31.697,99   31.697,99 921T Servicios de transportes de Ministerios 41.369,57   41.369,57 921U Publicaciones 162,64   162,64 921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo 4.163,38   4.163,38 922M Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración 3.305,56   3.305,56 922N Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales 23.005.996,60   23.005.996,60 923A Gestión del Patrimonio del Estado 211.046,90   211.046,90 923C Elaboración y difusión estadística 184.922,71   184.922,71 923M Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas 597.564,59   597.564,59 923N Formación del personal de Economía y Hacienda 8.952,25   8.952,25 923O Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 512.194,15   512.194,15 923P Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 272.257,20   272.257,20 923Q Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad 66.781,85   66.781,85 924M Elecciones y Partidos Políticos 67.439,96   67.439,96 929M Imprevistos y funciones no clasificadas 1.750.933,45   1.750.933,45 929N Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 2.595.461,79   2.595.461,79 931M Previsión y política económica 4.285.662,72   4.285.662,72 931N Política presupuestaria 58.490,83   58.490,83 931O Política tributaria 6.170,65   6.170,65 931P Control interno y Contabilidad Pública 75.294,58   75.294,58 932A Aplicación del sistema tributario estatal 948.189,15   948.189,15 932M Gestión del catastro inmobiliario 98.348,52   98.348,52 932N Resolución de reclamaciones económico-administrativas Transferencias a Comunidades Autónomas por 29.431,59   29.431,59 941M participación en los ingresos del Estado 19.771.673,52   19.771.673,52 941N Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial 671.580,00   671.580,00 941O Otras transferencias a Comunidades Autónomas 197.700,00   197.700,00 942A Cooperación económica local del Estado 15.162,81   15.162,81 942M Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado 15.542.559,94   15.542.559,94 942N Otras aportaciones a Entidades Locales 217.373,17   217.373,17 943M Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea 11.601.600,00   11.601.600,00 943N Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo 299.000,00   299.000,00 951M Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda nacional 37.519.124,94 61.028.994,19 98.548.119,13 951N Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera 1.070.425,06 1.290.848,06 2.361.273,12   TOTAL 345.445.693,91 62.588.224,30 408.033.918,21 ANEXO II Créditos Ampliables Se considerarán ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que se reconozcan, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan, los créditos que, incluidos en el Presupuesto del Estado, en los de los Organismos autónomos y en los de los otros Organismos públicos aprobados por esta Ley, se detallan a continuación: Primero. Aplicables a todas las Secciones y Programas. Uno. Los destinados a satisfacer: a) Las cuotas de la Seguridad Social, de acuerdo con los preceptos en vigor, y la aportación del Estado al régimen de previsión social de los funcionarios públicos, civiles o militares, establecida por los Reales Decretos Legislativos 1/2000, de 9 de junio, 3/2000 y 4/2000, de 23 de junio. b) Los créditos de transferencias a favor del Estado que figuren en los presupuestos de gastos de los Organismos autónomos, hasta el importe de los remanentes que resulten como consecuencia de la gestión de los mismos. Segundo. Aplicables a las Secciones y Programas que se indican. Uno. En la Sección 07, «Clases Pasivas»: Los créditos relativos a atender obligaciones de pensiones e indemnizaciones. Dos. En la Sección 12, «Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación»: El crédito 12.000X.03.431 «A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para los fines sociales que se realicen en el campo de la cooperación internacional (artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio). Porcentaje IRPF». Tres. En la Sección 13, «Ministerio de Justicia»: El crédito 13.112A.02.830.10 «Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable». Cuatro. En la Sección 14, «Ministerio de Defensa»: a) El crédito 14.121M.01.489 «Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad». b) Los créditos 14.122M.03.128, 14.122M.03.228 y 14.122M.03.668 para gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz. Cinco. En la Sección 15, «Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas»: a) El crédito 15.231G.13.875, «Fondo de Garantía del Pago de Alimentos». b) El crédito 15.22.922N.879. Aportación patrimonial al Fondo de Liquidez Autonómica. Seis. En la Sección 16, «Ministerio del Interior»: a) El crédito 16.131M.01.487, «Indemnizaciones en aplicación de los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, de Protección de medios de transporte que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional». b) El crédito 16.131M.01.483, «Indemnizaciones, ayudas y subvenciones derivadas de la aplicación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo». c) Los créditos 16.134M.01.461, 16.134M.01.471, 16.134M.01.472, 16.134M.01.482, 16.134M.01.761, 16.134M.01.771 y 16.134M.01.782, destinados a la cobertura de necesidades de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia. d) El crédito 16.924M.01.227.05, «Procesos electorales y consultas populares». e) El crédito 16.924M.01.485.02, «Subvención gastos electorales de los partidos políticos (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General)». Siete. En la Sección 18, «Ministerio de Educación, Cultura y Deporte»: Los créditos 18.337B.11.631 y 18.337C.11.621, por la diferencia entre la consignación inicial para inversiones producto del «1 por 100 cultural» (artículo 68, Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español y artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, en la redacción dada por el artículo único del Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero) y las retenciones de crédito no anuladas a que se refiere el apartado Tres del artículo 20 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Ocho. En la Sección 19, «Ministerio de Empleo y Seguridad Social»: a) El crédito 19.241A.101.487.03, «Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral». b) El crédito 19.251M.101.480.00, «Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». c) El crédito 19.251M.101.480.01, «Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». d) El crédito 19.251M.101.480.02, «Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». e) El crédito 19.251M.101.487.00, «Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». f) El crédito 19.251M.101.487.01, «Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». g) El crédito 19.251M.101.487.05, «Cuotas de beneficiarios por desempleo para eventuales SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». h) El crédito 19.251M.101.488, «Renta Activa de Inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores». i) El crédito 19.231B.07.483.01, «Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados». Nueve. En la Sección 23, «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente»: a) El crédito 23.416A.01.440, «Al Consorcio de Compensación de Seguros para la cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado». b) El crédito 23.451O.01.485, «Para fines de interés social regulados por el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio». Diez. En la Sección 26, «Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad»: a) El crédito 26.231F.16.484, «Para los fines de interés social regulados por el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio». b) El crédito 26.232C.22.480, «Ayudas Sociales, para mujeres (artículo 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre)». Once. En la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad»: a) El crédito 27.931M.03.873, «Aportación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)». b) El crédito 27.923O.04.351, «Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores». c) El crédito 27.923O.04.355, «Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro Público». d) El crédito 27.493M.07.821.10, «Al Consorcio de Compensación de Seguros. Seguros de Crédito a la Exportación». e) El crédito 27.431A.09.444, «Para cobertura de las diferencias producidas por operaciones autorizadas al amparo de la Ley 11/1983, de subvención al crédito a la exportación a librar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)». Doce. En la Sección 32, «Otras relaciones financieras con Entes Territoriales»: a) Los créditos 32.942N.02.461.00 y 32.942N.02.461.01, por razón de otros derechos legalmente establecidos o que se establezcan a favor de las Corporaciones Locales. b) El crédito 32.941O.01.450, «Compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las labores de tabaco, incluso liquidación definitiva del ejercicio anterior». c) El crédito 32.941O.01.455, «Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca». Trece. Los créditos de la Sección 34, «Relaciones Financieras con la Unión Europea», ampliables tanto en función de los compromisos que haya adquirido o que pueda adquirir el Estado Español con la Unión Europea o que se deriven de las disposiciones financieras de las mismas, como en función de la recaudación efectiva de las exacciones agrarias, derechos de aduanas por la parte sujeta al arancel exterior comunitario, y cotizaciones del azúcar e isoglucosa. Catorce. En la Sección 36, «Sistemas de financiación de Entes Territoriales»: a) El crédito 36.941M.20.452.00, «Fondo de Competitividad», 36.941M.20.452.01, «Fondo de Cooperación» y 36.941M.20.452.02, «Otros conceptos de liquidación del sistema de financiación». b) El crédito 36.942M.21.468, en la medida que lo exija la liquidación definitiva de la participación de las Corporaciones Locales en los ingresos del Estado correspondiente a ejercicios anteriores y las compensaciones derivadas del nuevo Modelo de Financiación Local. c) Los créditos que se habiliten para hacer frente a las transferencias a las Comunidades Autónomas por el coste de los servicios asumidos. Tercero. Todos los créditos de este presupuesto en función de los compromisos de financiación exclusiva o de cofinanciación que puedan contraerse con las Comunidades Europeas. Cuarto. En el presupuesto de la Seguridad Social, los créditos que sean necesarios en los programas de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para reflejar las repercusiones que en los mismos tengan las modificaciones de los créditos, que figuran en el estado de transferencias entre Subsectores de los Presupuestos Generales del Estado. ANEXO III Operaciones de crédito autorizadas a Organismos Públicos   Miles de Euros Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:   Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 400.000,00 Ministerio de Fomento:   Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (1) 84.753,00 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (2) 1.109.220,00 RENFE-Operadora (3) 153.350,00 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:   Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 100.000,00 Confederación Hidrográfica del Júcar 65.000,00 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 4.940,00 Confederación Hidrográfica del Cantábrico 24.000,00 Confederación Hidrográfica del Tajo 10.200,00 Mancomunidad de los Canales del Taibilla 37.064,00 Ministerio de Economía y Competitividad:   Instituto de Crédito Oficial (ICO) (4) 18.000.000,00 (1) Importe máximo a contraer con entidades de crédito durante el ejercicio 2013, si bien el importe de la deuda viva con entidades de crédito a 31 de diciembre no podrá exceder de 2.543.638 miles de euros. (2) Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a largo plazo con entidades financieras, proveedores y por emisiones de valores de renta fija entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. (3) Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a corto y largo plazo con entidades de crédito, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. (4) Este límite no afectará a las operaciones de tesorería que se concierten y amorticen dentro del año, ni a la refinanciación de la deuda contraída a corto y largo plazo. ANEXO IV Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los Centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos con efectos de 1 de enero, y hasta el 31 de diciembre de 2013 de la siguiente forma:   Euros EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 27.480,35 Gastos variables 3.740,29 Otros gastos 5.856,66 IMPORTE TOTAL ANUAL 37.077,30 EDUCACIÓN ESPECIAL * (niveles obligatorios y gratuitos)   I. Educación Básica/Primaria.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 27.480,35 Gastos variables 3.740,29 Otros gastos 6.247,14 IMPORTE TOTAL ANUAL 37.467,78 Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social), según deficiencias:.     Psíquicos 19.914,76 Autistas o problemas graves de personalidad 16.153,95 Auditivos 18.529,92 Plurideficientes 22.998,27 II. Programas de formación para la transición a la vida adulta.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 54.960,68 Gastos variables 4.907,57 Otros gastos 8.899,87 IMPORTE TOTAL ANUAL 68.768,12 Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social), según deficiencias:     Psíquicos 31.796,69 Autistas o problemas graves de personalidad 28.440,12 Auditivos 24.636,12 Plurideficientes 35.357,53 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   I. Primer y segundo curso 1   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 32.976,40 Gastos variables 4.400,15 Otros gastos 7.613,71 IMPORTE TOTAL ANUAL 44.990,26 I. Primer y segundo curso     Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 38.724,47 Gastos variables 7.435,56 Otros gastos 7.613,71 IMPORTE TOTAL ANUAL 53.773,74 II. Tercer y cuarto curso.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 43.887,73 Gastos variables 8.426,97 Otros gastos 8.403,58 IMPORTE TOTAL ANUAL 60.718,28 BACHILLERATO   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 52.923,46 Gastos variables 10.161,93 Otros gastos 9.264,21 IMPORTE TOTAL ANUAL 72.349,60 CICLOS FORMATIVOS   I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales.   Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas.   Primer curso 49.144,09 Segundo curso 0,00 Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas.   Primer curso 49.144,09 Segundo curso 49.144,09 Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas.   Primer curso 45.363,78 Segundo curso 0,00 Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas.   Primer curso 45.363,78 Segundo curso 45.363,78 II. Gastos variables.   Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas.   Primer curso 6.636,31 Segundo curso 0,00 Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas.   Primer curso 6.636,31 Segundo curso 6.636,31 Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas.   Primer curso 6.593,36 Segundo curso 0,00 Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas.   Primer curso 6.593,36 Segundo curso 6.593,36 III. Otros gastos.   Grupo 1. Ciclos formativos de:   – Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural.   – Animación Turística.   – Estética Personal Decorativa.   – Química Ambiental.   – Higiene Bucodental.   Primer curso 10.178,78 Segundo curso 2.380,58 Grupo 2. Ciclos formativos de:   – Secretariado.   – Buceo a Media Profundidad.   – Laboratorio de Imagen.   – Comercio.   – Gestión Comercial y Marketing.   – Servicios al Consumidor.   – Elaboración de Productos Lácteos.   – Matadero y Carnicería-Charcutería.   – Molinería e Industrias Cerealistas.   – Laboratorio.   – Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines.   – Cuidados Auxiliares de Enfermería.   – Documentación Sanitaria.   – Curtidos.   – Procesos de Ennoblecimiento Textil.   Primer curso 12.376,05 Segundo curso 2.380,58 Grupo 3. Ciclos formativos de:   – Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado.   – Transformación de Madera y Corcho.   – Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos.   – Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho.   – Industrias de Proceso de Pasta y Papel.   – Plástico y Caucho.   – Operaciones de Ennoblecimiento Textil.   Primer curso 14.729,24 Segundo curso 2.380,58 Grupo 4. Ciclos formativos de:.   – Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón.   – Impresión en Artes Gráficas.   – Fundición.   – Tratamientos Superficiales y Térmicos.   – Calzado y Marroquinería.   – Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada.   – Producción de Tejidos de Punto.   – Procesos de Confección Industrial.   – Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada.   – Procesos Textiles de Tejeduría de Punto.   – Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados.   – Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.   Primer curso 17.041,30 Segundo curso 2.380,58 Grupo 5. Ciclos formativos de:   – Realización y Planes de Obra.   – Asesoría de Imagen Personal.   – Radioterapia.   – Animación Sociocultural.   – Integración Social.   Primer curso 10.178,78 Segundo curso 3.849,67 Grupo 6. Ciclos formativos de:   – Operaciones de Cultivo Acuícola.   Primer curso 14.729,24 Segundo curso 3.849,67 Grupo 7. Ciclos formativos de:   – Aceites de oliva y vinos.   – Actividades Comerciales.   – Gestión Administrativa.   – Explotaciones Ganaderas.   – Jardinería y Floristería.   – Jardinería.   – Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural.   – Paisajismo y Medio Rural.   – Gestión Forestal y del Medio Natural.   – Animación Sociocultural y Turística.   – Marketing y Publicidad.   – Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias.   – Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos.   – Administración y Finanzas.   – Asistencia a la Dirección.   – Pesca y Transporte Marítimo.   – Transporte Marítimo y Pesca de Altura.   – Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.   – Producción de Audiovisuales y Espectáculos.   – Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.   – Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.   – Comercio Internacional.   – Gestión del Transporte.   – Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera.   – Transporte y Logística.   – Obras de Albañilería.   – Obras de Hormigón.   – Construcción.   – Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción.   – Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción.   – Proyectos de Obra Civil.   – Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.   – Óptica de Anteojería.   – Gestión de alojamientos turísticos.   – Servicios en restauración.   – Caracterización y Maquillaje Profesional.   – Caracterización.   – Peluquería Estética y Capilar.   – Peluquería.   – Estética Integral y Bienestar.   – Estética.   – Estética y Belleza.   – Estilismo y Dirección de Peluquería.   – Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.   – Elaboración de Productos Alimenticios.   – Panadería, repostería y confitería.   – Operaciones de Laboratorio.   – Administración de Sistemas Informáticos.   – Administración de Sistemas Informáticos en Red.   – Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.   – Administración de Aplicaciones Multiplataforma.   – Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.   – Prevención de riesgos profesionales.   – Anatomía Patológica y Citología.   – Salud Ambiental.   – Laboratorio de análisis y de control de calidad.   – Química industrial.   – Planta química.   – Dietética.   – Imagen para el Diagnóstico.   – Laboratorio de Diagnóstico Clínico.   – Ortoprotésica.   – Audiología protésica.   – Emergencias Sanitarias.   – Farmacia y Parafarmacia.   – Interpretación de la Lengua de Signos.   – Atención a Personas en Situación de Dependencia.   – Atención Sociosanitaria.   – Educación Infantil.   – Desarrollo de Aplicaciones Web.   – Dirección de Cocina.   – Guía de Información y Asistencia Turísticas.   – Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.   – Dirección de Servicios de Restauración.   – Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles.   – Vestuario a Medida y de Espectáculos.   – Calzado y Complementos de Moda.   – Diseño Técnico en Textil y Piel.   – Diseño y Producción de Calzado y Complementos.   – Proyectos de Edificación.   Primer curso 9.167,25 Segundo curso 11.074,12 Grupo 8. Ciclos formativos de:   – Producción Agroecológica.   – Producción Agropecuaria.   – Explotaciones Agrarias Extensivas.   – Explotaciones Agrícolas Intensivas.   – Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque.   – Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.   – Equipos Electrónicos de Consumo.   – Desarrollo de Productos Electrónicos.   – Mantenimiento Electrónico.   – Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.   – Instalaciones Electrotécnicas.   – Sistemas de Regulación y Control Automáticos.   – Automatización y Robótica Industrial.   – Instalaciones de Telecomunicación.   – Instalaciones eléctricas y automáticas.   – Sistemas microinformático y redes.   – Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.   – Acabados de Construcción.   – Cocina y Gastronomía.   – Mantenimiento de Aviónica.   – Educación y Control Ambiental.   – Prótesis Dentales.   – Confección y Moda.   – Patronaje y Moda.   – Energías Renovables.   – Centrales Eléctricas.   Primer curso 11.290,71 Segundo curso 12.887,91 Grupo 9. Ciclos formativos de:   – Animación de Actividades Físicas y Deportivas.   – Artista Fallero y Construcción de Escenografías.   – Diseño y Producción Editorial.   – Producción en Industrias de Artes Gráficas.   – Imagen.   – Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.   – Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos.   – Realización de Audiovisuales y Espectáculos.   – Video Disc Jockey y Sonido.   – Sonido en Audiovisuales y Espectáculos.   – Sonido.   – Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.   – Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.   – Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.   – Desarrollo de Proyectos Mecánicos.   – Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros.   – Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros.   – Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.   – Programación de la producción en fabricación mecánica.   – Diseño en fabricación mecánica.   – Instalación y Amueblamiento.   – Fabricación a medida e instalación de Madera y Mueble.   – Diseño y Amueblamiento.   – Carpintería y Mueble.   – Producción de Madera y Mueble.   – Montaje y Mantenim. de Instalaciones de Frío, Climatización y Produc. de Calor.   – Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.   – Instalaciones de Producción de Calor.   – Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y Fluidos.   – Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.   – Carrocería.   – Electromecánica de maquinaria.   – Electromecánica de vehículos automóviles.   – Electromecánica de vehículos.   – Automoción.   – Piedra Natural.   – Excavaciones y Sondeos.   – Mantenimiento Aeromecánico.   – Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.   Primer curso 13.279,90 Segundo curso 14.733,80 Grupo 10. Ciclos formativos de:   – Cultivos Acuícolas.   – Acuicultura.   – Producción Acuícola.   – Vitivinicultura.   – Preimpresión Digital.   – Preimpresión en Artes Gráficas.   – Postimpresión y Acabados Gráficos.   – Impresión Gráfica.   – Joyería.   – Mecanizado.   – Soldadura y Calderería.   – Construcciones Metálicas.   – Industria Alimentaria.   – Procesos de Calidad en la Industria Alimentaria.   – Instalación y Mantenim. Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas.     – Mantenimiento Electromecánico.   – Mantenimiento Ferroviario.   – Mecatrónica Industrial.   – Mantenimiento de Equipo Industrial.   – Fabricación de Productos Cerámicos.   – Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.   Primer curso 15.361,16 Segundo curso 16.471,77 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL   I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 49.144,09 II. Gastos variables 6.636,31 III. Otros Gastos.   Grupo 1 7.297,84 * Sobre Cualificaciones Nivel 1 de las Familias Profesionales de:   – Administración.   – Administración y Gestión.   – Artesanías.   – Comercio y Marketing.   – Hostelería y Turismo.   – Imagen Personal.   – Química.   – Sanidad.   – Seguridad y Medio Ambiente.   – Servicios Socioculturales y a la Comunidad.   Grupo 2 8.343,61 * Sobre Cualificaciones Nivel 1 de las Familias Profesionales de:   – Actividades Agrarias.   – Agraria.   – Artes Gráficas.   – Comunicación, Imagen y Sonido.   – Imagen y Sonido.   – Edificación y Obra Civil.   – Electricidad y Electrónica.   – Energía y Agua.   – Fabricación Mecánica.   – Industrias Alimentarias.   – Industrias Extractivas.   – Madera y Mueble.   – Madera, Mueble y Corcho.   – Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.   – Transporte y Mantenimiento de Vehículos.   – Mantenimiento y Servicios a la Producción.   – Marítimo-Pesquera.   – Instalación y Mantenimiento.   – Textil, Confección y Piel.   1 A los maestros que imparten 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria las Administraciones Educativas abonarán en 2013 la misma cuantía del complemento que para esta finalidad se les abona a los maestros de la enseñanza pública. 2 A los licenciados que impartan 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará el módulo indicado. (*) Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de competencias educativas podrán adecuar los módulos de Personal Complementario de Educación Especial, a las exigencias derivadas de la normativa aplicable en cada una de ellas. ANEXO V Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados ubicados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, quedan establecidos con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2013 de la siguiente forma:   Euros EDUCACIÓN INFANTIL   Relación profesor / unidad: 1,17:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 34.014,84 Gastos variables 3.740,29 Otros gastos 6.587,97 IMPORTE TOTAL ANUAL 44.343,10 EDUCACIÓN PRIMARIA   Relación profesor / unidad: 1,17:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 34.014,84 Gastos variables 3.740,29 Otros gastos 6.587,97 IMPORTE TOTAL ANUAL 44.343,10 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   I. Primer y segundo curso 1.   Relación profesor / unidad: 1,49:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 43.468,51 Gastos variables 4.400,15 Otros gastos 8.564,39 IMPORTE TOTAL ANUAL 56.433,05 I. Primer y segundo curso 2.   Relación profesor / unidad: 1,49:1   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 49.037,86 Gastos variables 7.609,82 Otros gastos 8.564,39 IMPORTE TOTAL ANUAL 65.212,07 II. Tercer y cuarto curso.   Relación profesor / unidad: 1,65:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 54.303,67 Gastos variables 8.426,98 Otros gastos 9.452,85 IMPORTE TOTAL ANUAL 72.183,50 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL   – Auxiliar de Comercio y Almacén.   Relación profesor / unidad: 1,20:1.   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 49.144,09 Gastos variables 8.426,98 Otros gastos 9.452,85 IMPORTE TOTAL ANUAL 67.023,92 La cuantía del componente del módulo de «Otros gastos» para las unidades concertadas en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Programas de Cualificación Profesional Inicial será incrementada en 1.181,09 euros en los centros ubicados en Ceuta y Melilla, en razón del mayor coste originado por el plus de residencia del Personal de Administración y Servicios. Al personal docente de los Centros concertados ubicados en Ceuta y Melilla, se le abonará la cantidad correspondiente al plus de residencia establecido en el correspondiente Convenio Colectivo, si bien la Administración Educativa no asumirá incrementos superiores al porcentaje de incremento global fijado en la presente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 1 A los maestros que imparten 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, se les abonará en el año 2013 la misma cuantía que se establezca para los maestros de los mismos cursos en los centros públicos. 2 A los licenciados que impartan 1,º y 2,º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará este módulo ANEXO VI Costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, el coste del personal docente (funcionario y contratado) y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral fijo) tiene el siguiente detalle, en miles de euros, sin incluir trienios ni Seguridad Social. Personal Docente (funcionario y contratado) – Miles de euros Personal no Docente (funcionario y laboral fijo) – Miles de euros 55.574,64 26.909,36 ANEXO VII Remanentes de crédito incorporables en el ejercicio 2013 Podrán incorporarse a los créditos del ejercicio, los remanentes que se recogen a continuación: a) El del crédito 19.291M.01.628 para adquisiciones y acondicionamiento de inmuebles afectos al Patrimonio Sindical Acumulado. b) El del crédito 19.291M.01.638 «Patrimonio Sindical Acumulado». c) Los de los créditos 20.423M.101.771, 20.457M.101.751, 20.457M.101.761 y 20.457M.101.781 para reactivación económica de las comarcas mineras del carbón. d) El del crédito 23.452A.05.611 que corresponda a la anualidad establecida en el Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias para actuaciones de infraestructuras hidráulicas y de calidad de las aguas, siempre que sea inferior al remanente que se produzca en el crédito 23. 452A. 05. Capítulo 6. e) El del crédito 23.456A.05.601 que corresponda a la anualidad establecida en el Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias para actuaciones de infraestructuras hidráulicas y de calidad de las agua, siempre que sea inferior al remanente que se produzca en el crédito 23. 456A.05. Capítulo 6. f) El del crédito 23.456D.06.601 que corresponda a la anualidad establecida en el Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias para actuaciones en las costas, siempre que sea inferior al remanente que se produzca en el crédito 23. 456D. 06. Capítulo 6. g) En la Sección 33, los procedentes de los Fondos de Compensación Interterritorial, en los términos establecidos en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre. h) Los de la Sección 36, procedentes de las transferencias realizadas como consecuencia de los Reales Decretos de traspasos de servicios. i) El del crédito 26.231F.16.484 «Para los fines de interés social regulados por el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio». ANEXO VIII Bienes del Patrimonio Histórico Español De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quincuagésima sexta de esta Ley, se especifican a continuación los bienes del Patrimonio Histórico a los que la misma es aplicable. Grupo I. Bienes singulares declarados Patrimonio Mundial Todos los bienes declarados de interés cultural integrados en la siguiente relación: Andalucía: Mezquita de Córdoba (noviembre 1984). Alhambra y Generalife. Granada (noviembre 1984). Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla (diciembre 1987). Parque Nacional de Doñana (1994). Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): Los Molinos I (Vélez Blanco, Almería). Los Molinos II (Vélez Blanco, Almería). Gabar ( Vélez Blanco, Almería). Abrigo Central de Tello (Vélez Blanco, Almería). Abrigo de Manuel Vallejo (Quesada, Jaén). Aragón: Arquitectura Mudéjar de Aragón (noviembre 1986 y diciembre de 2001): Torre e Iglesia de San Pedro (Teruel). Torres y artesonado, Catedral (Teruel). Torre de San Salvador (Teruel). Torre de San Martín (Teruel). Palacio de la Aljafería (Zaragoza). Seo de San Salvador (Zaragoza). Iglesia de San Pablo (Zaragoza). Iglesia de Santa María (Tobed). Iglesia de Santa Tecla (Cervera de la Cañada). Colegiata de Santa María (Calatayud). Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): Cueva de la Fuente del Trucho (Asque, Colunga, Huesca). Abrigo del plano del pulido (Caspe, Zaragoza). Cueva del Chopo (Obón, Teruel). Abrigo de Santa Ana I (Castillonroy, Huesca). Abrigos del Conjunto de las tajadas de Bezas (Bezas, Teruel). Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre de 1993): Iglesia y torre de Aruej. Granja de San Martín. Pardina de Solano. Asturias: Prerrománico Asturiano (diciembre 1985 y ampliación de 2000): Santa María del Naranco. San Miguel de Lillo. Santa Cristina de Lena. San Salvador de Valdediós. Cámara Santa Catedral de Oviedo. San Julián de los Prados. Baleares: Paisaje Cultural de la Serra de Tramuntana (junio 2011). Canarias: Parque Nacional de Garajonay. Gomera (diciembre 1986). Parque Nacional del Teide. Tenerife (junio 2007). Cantabria: Cueva de Altamira. Santillana del Mar (diciembre 1985). Ampliación: La Cueva de Altamira y el Arte Rupestre de la Cornisa Cantábrica (junio 2008). Castilla y León: Catedral de Burgos (noviembre 1984). Iglesias extramuros de Ávila (diciembre 1985): San Pedro. San Vicente. San Segundo. San Andrés. Las Médulas, León (diciembre 1997). El Yacimiento Arqueológico de la Sierra de Atapuerca (diciembre 2000). Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993): Iglesia de San Juan de Ortega. Monasterio de San Zoilo, Carrión de los Condes, Palencia. Iglesia Colegiata de San Isidoro, León. Yacimientos de Arte Rupestre Prehistórico del Valle del Côa y Siega Verde (2010). Castilla-La Mancha: Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): Conjunto de arte rupestre de Alpera, en el término municipal de Alpera (Albacete). Conjunto de arte rupestre de Minateda, en el término municipal de Hellín (Albacete). Conjunto de arte rupestre «Torcal de las Bojadillas», en el término municipal de Nerpio (Albacete). Abrigo de Solana de las Covachas, en el término municipal de Nerpio (Albacete). Conjunto de arte rupestre de Villar del Humo, en el término municipal de Villar del Humo (Cuenca). Cataluña: Parque Güell, Palacio Güell, Casa Milá en Barcelona (noviembre 1984). Monasterio de Poblet. Vimbodí. Tarragona (diciembre 1991). Palau de la Música Catalana (diciembre 1997). Hospital de San Pau de Barcelona (diciembre 1997). El Conjunto arqueológico de Tarraco (diciembre 2000). Las Iglesias Románicas del Vall de Boí (diciembre 2000). Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica: (diciembre 1998): La Roca dels Moros (El Cogul, Les Garrigues). Conjunt Abrics d’Ermites de la Serra de la Pietat (Ulldecona, El Montsia). Cova dels Vilasos o dels Vilars (Os de Balaguer, La Noguera). Cabra Feixet (El Perelló, El Baix Ebre). La Vall de la Coma (L´Albí, Les Garrigues). Fachada de la Natividad y la Cripta de la Sagrada Familia, Casa Vicens, Casa Batlló y Cripta de la Colonia Güell (julio 2005). Extremadura: Monasterio de Guadalupe. Cáceres (diciembre 1993). Conjunto Arqueológico de Mérida. Badajoz (diciembre 1993). Galicia: La Muralla Romana de Lugo (diciembre 2000). Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993): Conjunto etnográfico de pallozas en O’Cebrero, Lugo. Monasterio de Samos, Lugo. Núcleo rural, iglesia y puente medieval de Leboreiro, Melide, La Coruña. Torre de Hércules (2009). Madrid: Monasterio de El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. Madrid (noviembre 1984). Paisaje Cultural de Aranjuez (diciembre 2001). Murcia: El Anfiteatro romano de Cartagena. El yacimiento arqueológico de San Esteban. Navarra: Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993): San Pedro de la Rúa, Estella. Santa María la Real, Sangüesa. Santa María, Viana. La Rioja: Monasterios de Suso y Yuso, San Millán de la Cogolla. La Rioja (diciembre 1997). Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993): Iglesia de Santiago, Logroño. Iglesia Imperial de Santa María de Palacio, Logroño. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Navarrete. País Vasco: Puente Vizcaya (julio 2006). Valencia: La Lonja de Valencia, Valencia (diciembre 1996). El Palmeral de Elche (diciembre 2000). Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998): Cova Remigia (Ares del Maestra, Castellón). Galería Alta de la Masía (Morella, Castellón). Las Cuevas de la Araña (Bicorp, Valencia). La Sarga (Alcoi, Alicante). Grupo II. Edificios eclesiásticos incluidos en el Plan Nacional de Catedrales. Andalucía: — Almería. Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación. — Cádiz. Catedral de Santa Cruz. — Cádiz. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la Frontera. Catedral. — Córdoba. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Mezquita. — Granada. Catedral de la Anunciación. — Huelva. Nuestra Señora de la Merced. Catedral. — Guadix, Granada. Catedral de la Encarnación de la Asunción. — Jaén. Catedral de la Asunción de la Virgen. — Málaga. Catedral de la Encarnación. — Sevilla. Catedral de Santa María. — Concatedral de Baza. — Cádiz Vieja. Ex Catedral. — Baeza, Jaén.La Natividad de Nuestra Señora. Ex Catedral. Aragón: — Huesca. Catedral de la Transfiguración del Señor. — Teruel. El Salvador. Albarracín.Catedral. — Barbastro, Huesca. Catedral de Santa María. — Jaca, Huesca. Catedral de San Pedro Apóstol. — Teruel. Catedral de Santa María de Mediavilla. — Zaragoza. Salvador. Catedral. — Tarazona, Zaragoza. Catedral de Santa María. — Zaragoza. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. — Monzón. Huesca.Santa María del Romeral. Concatedral. — Huesca. Ex Catedral de Roda de Isábena. Asturias: — Oviedo. Catedral de San Salvador. Baleares: — Mallorca. Catedral de Santa María de Palma. — Menorca. Catedral de Ciudadela. — Ibiza. Catedral de Santa María de Ibiza. Castilla y León: — Ávila. Catedral del Salvador. — Burgos. Catedral de Santa María. — León. Catedral de Santa María. — Astorga, León. Catedral de Santa María. — Palencia. Catedral de San Antolín. — Salamanca. Catedral nueva de la Asunción de la Virgen. — Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa María. — Segovia. Catedral de Santa María. — Burgo de Osma, Soria. Catedral de la Asunción. — Valladolid. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. — Zamora. Catedral de la Transfiguración. — Soria. Concatedral de San Pedro. — Salamanca. Catedral vieja de Santa María. Castilla-La Mancha: — Albacete. Catedral de San Juan Bautista. — Ciudad Real. Catedral de Santa María del Prado. — Cuenca. Catedral de Santa María y San Julián. — Sigüenza, Guadalajara. Catedral de Nuestra Señora. — Toledo. Catedral de Santa María. — Guadalajara. Concatedral. Canarias: — Las Palmas de Gran Canaria. Catedral Basílica de Canarias. Iglesia de Santa Ana. — La Laguna. Catedral de La Laguna, Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Cataluña: — Barcelona. Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia. — Vic. Catedral de Sant Pere. — Girona. Catedral de Santa María. — Lleida. Catedral de Santa María de la Seu Nova. — La Seu d’Urgell. Catedral de Santa María. — Solsona. Catedral de Santa María. — Tarragona. Catedral de Santa María. — Tortosa. Catedral de Santa María. — Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Vella. — Sagrada Familia, Barcelona. Cantabria: — Santander. Catedral de la Asunción de la Virgen. Extremadura: — Badajoz. Catedral de San Juan Bautista. — Coria, Cáceres. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. — Plasencia, Cáceres. Catedral de Santa María. — Cáceres. Concatedral de Santa María. — Mérida. Concatedral de Santa María. Galicia: — Santiago de Compostela, Coruña. Catedral Basílica Metropolitana. — Lugo. Catedral de Santa María. — Mondoñedo, Lugo. Catedral de Nuestra Señora de los Remedios. — Orense. Catedral de San Martín. — Tuy, Pontevedra. Catedral de la Asunción. — Concatedral de Vigo. — Concatedral de Ferrol. — San Martiño de Foz, Lugo. Madrid: — Madrid. La Almudena. Catedral. — Alcalá de Henares. La Magistral. Catedral. — Getafe. Santa María Magdalena. Catedral. — San Isidro, Madrid. Ex-Catedral. Murcia: — Cartagena. Iglesia Antigua de Santa María Catedral. — Murcia. Concatedral de Santa María. Navarra: — Pamplona. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. — Tudela. Virgen María. Catedral. País Vasco: — Bilbao. Catedral de Santiago Apóstol. — Vitoria. Catedral vieja de Santa María. — San Sebastián. Buen Pastor. Catedral. La Rioja: — Calahorra. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. — Santo Domingo de la Calzada. Catedral del Salvador. — Logroño. Concatedral de Santa María de la Redonda. Valencia: — Orihuela, Alicante. Catedral del Salvador y Santa María. — Valencia. Catedral de San Pedro y Santa María. — Castellón. Segorbe. Catedral. — Alicante. Concatedral de San Nicolás. — Castellón. Santa María. Concatedral. Ceuta: — La Asunción. Catedral. Grupo III. Otros bienes culturales Andalucía: Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra (Córdoba). Aragón: La Cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei en Peñaflor (Zaragoza). Asturias: Monasterio de San Salvador de Cornellana. Salas. Baleares: La Lonja de Palma. Canarias: Convento de Santa Clara, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Cantabria: Universidad Pontificia de Comillas. Castilla-La Mancha: Yacimiento de la Villa romana de Noheda. Villar de Domingo García (Cuenca). Castilla y León: Cartuja de Miraflores (Burgos). Cataluña: Murallas de Tarragona. Extremadura: Monasterio de Guadalupe (Cáceres). Galicia: Monasterio de San Salvador de Celanova ( Ourense). Madrid: La Ermita Virgen del Puerto. Murcia: Anfiteatro romano de Cartagena y Yacimiento arqueológico de San Esteban. Navarra: Monasterio de Leyre en Yesa. País Vasco: Salinas de Añana (Añana, Álava). La Rioja: Castillo de Leiva (La Rioja). Valencia: Monasterio de Santa María de la Valldigna. Simat de Valldigna (Valencia). Ceuta: Fortines neomedievales y Puerta Califal del siglo XI. Melilla: Fuerte de Victoria Chica y Fuerte del Rosario. ANEXO IX Bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía (Tablas omitidas. Consúltese el documento PDF original.) ANEXO X Entidades Públicas Empresariales y otros organismos públicos Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Consorcio para la Construcción del Auditorio de Música de Málaga. Consorcio Valencia 2007. Consorcio Zona Franca Cádiz. Consorcio Zona Franca Gran Canaria. Consorcio Zona Franca Vigo. Ente Público RTVE en liquidación. Entidad Pública Empresarial Red.es (RED.ES). Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Gerencia del Sector de la Construcción Naval. Instituto de Crédito Oficial (ICO). ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX). Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. RENFE-Operadora. SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo (EPE SUELO). Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). ANEXO XI Instalaciones científicas Instalaciones científicas a las que se refiere la disposición adicional quincuagésima sexta de esta Ley: Plataforma solar de Almería. Centro astronómico de Calar Alto. Radio Telescopio del Instituto de Radioastronomía Milimétrica en el pico Veleta. Reserva Biológica de Doñana. Observatorio del Teide. Observatorio del Roque de los Muchachos. Centro astronómico de Yebes. Centro de Computación y Comunicaciones de Cataluña (CESCA). Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear del Parque Científico de Barcelona. Sala Blanca del Centro Nacional de Microelectrónica. Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y Red Española de Supercomputación (RES). Canal de Investigación y Experimentación Marítima (CIEM). Dispositivo de Fusión Termonuclear TJ-II del CIEMAT. Instalación de alta seguridad biológica del CISA (INIA). Instalaciones singulares de ingeniería civil en el CEDEX. Red IRIS. Central de Tecnología del Instituto de Sistemas Opto-electrónicos de la Universidad Politécnica de Madrid. Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR). Buque de investigación Oceanográfica Cornide de Saavedra. Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides. Base antártica española Juan Carlos I. Base antártica española Gabriel de Castilla. Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Buque de Investigación Oceanográfica Sarmiento de Gamboa. Centro Nacional de Aceleradores. Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). Instalación de Imagen Molecular CIC-BIOMAGUNE. Plataformas aéreas del INTA. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Gran Telescopio CANARIAS. Laboratorio de Luz Sincrotrón Alba. Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB). Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNETHPC). Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU). Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria. Consorcio ESS-Bilbao. Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). ANEXO XII Entidades del sector público administrativo Consorcio Centro Sefarad-Israel. Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán. Consorcio Casa del Mediterráneo. Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas. Consorcio Ciudad de Cuenca. Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela. Consorcio Ciudad de Toledo. Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC). Comisión Nacional del Sector Postal. Comisión Nacional de la Energía (CNE). Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Consorcio Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza. Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Consorcio para la Creación, Construcción, Equipamiento y Explotación del Barcelona. Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación. Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER). Consorcio CIBER para el Área Temática de Salud Mental. Consorcio CIBER para el Área Temática de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Consorcio CIBER para el Área Temática de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Consorcio CIBER para el Área Temática de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Consorcio CIBER para el Área Temática de Enfermedades Neurodegenerativas. Consorcio CIBER para el Área Temática de Enfermedades Raras. Consorcio CIBER para el Área Temática de Enfermedades Respiratorias. Consorcio CIBER para el Área Temática de Epidemiología y Salud Pública. Consorcio CIBER para el Área Temática de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ANEXO XIII Fondos sin personalidad jurídica Fondo para la Promoción del Desarrollo. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Fondo de Garantía de Alimentos. Fondo Estatal de Inversión Local. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Fondo de Liquidez Autonómico. Fondo Financiero para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT). Fondo de Apoyo a la diversificación del Sector Pesquero y Acuícola. Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (FAAD). Fondo para Inversiones en el exterior (FIEX). Fondo para Inversiones en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME). Fondo de Ayuda al Comercio Interior (FACI). Fondo para la Internacionalización de la Empresa. ANEXO XIV Fundaciones estatales Fundación AENA. Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Fundación Almadén-Francisco Javier Villegas. Fundación Biodiversidad. Fundación Canaria Puertos de las Palmas. Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO). Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN). Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC). Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO). Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Basadas en Fuentes Abiertas (CENATIC). Fundación Centro Nacional del Vidrio. Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL). Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN). Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID. Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Fundación del Teatro Real. Fundación ENRESA. Fundación Escuela de Organización Industrial. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social (CSAI). Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. Fundación General de la UNED. Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar. Fundación ICO. Fundación Instituto de Cultura Gitana. Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara. Fundación Laboral SEPI. Fundación Museo Lázaro Galdiano. Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla. Fundación Observatorio Español de Acuicultura. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (UNIVERSIDAD.ES). Fundación Pluralismo y Convivencia. Fundación Residencia de Estudiantes. Fundación SEPI. Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Fundación Víctimas del Terrorismo. (Cuadros-resúmenes omitidos. Consúltese el documento PDF original.)

Disposiciones adicionales 72 y 81 y transitoria 8 de la Ley 2/2012, de 29 de junio Disposición adicional 38, MODIFICA la disposición final 12.1.c) y SUSPENDE la disposición adicional 30 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto Disposición final 2 y con efectos de 31 de diciembre de 2012 declara la extinción del fondo del Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo Disposición adicional 44 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre , en la forma indicada la disposición transitoria 5 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre Disposición adicional 1 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre Desde el 1 de enero de 2013 el art. 14.3 y MODIFICA la disposición adicional 4 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo Para el año 2013 el art. 2 ter.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero La rúbrica y el inciso del apartado 1 de la disposición transitoria 12, el párrafo primero de la disposición final 4 y AÑADE la disposición transitoria 16 al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio la disposición adicional 14 y PRORROGA el plazo de la disposición adicional 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre Disposición adicional 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre art. 240.2 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre arts. 3 bis y 28.1 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre art. 15 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio art. 44.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio la disposición adicional 1 de Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre art. 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo la disposición adicional 8 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre Disposiciones adicionales 33 y 42 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre Disposición final 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre Disposición adicional 4 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre art. 23 y SUSPENDE durante el año 2013 los arts. 7.2, 8.2.a), 10, lo indicado del art. 32.3 y la disposición transitoria 1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre Disposición transitoria 12 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo arts. 21, 47, 59, 77, 98.3, 136.4 y la disposición transitoria 1 y AÑADE el 47 bis y la disposición adicional 19 a Ley 47/2003, de 26 de noviembre art. 3.1.c) y 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre art. 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre art. 113 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre arts. 72, 75, 79 y 89.a) de la Ley 21/2003, de 7 de julio art. 8.6 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre Párrafo 5 de la exposición de motivos, art. 4.4 y 6, disposiciónes adicionales 4 y 5 y apartados 2 y 4 del anexo de la Ley 13/1998, de 4 de mayo art. 77 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre la disposición adicional 58, aplazando los efectos por un año, y los arts. 20.5, 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio art. 6 bis de la Ley 13/1994, de 1 de junio art. 43 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre arts. 50.1, 66 y 61.2.a) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre arts. 20.1, 35.2 y 3, 75, 88.2 y 3, 89, 163 ter.1 y 2, 164.2 y 171.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre art. 81.2 de la Ley 4/1990, de 29 de junio arts. 18 y 69.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo arts. 7, 21, 27.2, 38.2, 58 y AÑADE la disposición adicional 14 a la Ley de Clases Pasivas del Estado, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril Arts 14 y 29 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo art. 4 del Decreto 140/1960, de 4 de febrero arts. 32.1, 58 y AÑADE una disposición adicional a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (GAZETA) La aplicación del art. 11 bis.3 del Reglamento (CE) 1794/2006n, de 6 de diciembre art. 2.1.a), c) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre art. 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo el plazo de la disposición transitoria 5 de la Ley 16/1985, de 25 de junio Lo indicado de la disposición final 3 de Ley 39/1992, de 29 de diciembre las Disposiciones adicionales 32 y 65, SE MODIFICA las disposiciones adicionales 5, 60 y 79 y SE PRORROGA el plazo de la disposición adicional 8, por Ley 22/2013, de 23 de diciembre la disposición adicional 13, por Ley 11/2020, de 30 de diciembre la disposición adicional 13, según la redacción dada por la disposición final 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por Ley 6/2018, de 3 de julio la disposición adicional 13.2 y 3, por Ley 3/2017, de 27 de junio , con los efectos indicados, la disposición adicional 13, por Ley 40/2015, de 1 de octubre la disposición adicional 51.2, por Ley 36/2014, de 26 de diciembre el anexo III, por Ley 1/2014, de 28 de febrero la disposición adicional 13, por Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero la disposición adicional 5, por Ley 24/2013, de 26 de diciembre , con efectos de 1 de enero de 2013, los arts. 63 y 64, por Ley 16/2013, de 29 de octubre lo indicado del anexo III, por Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto el art. 54.1 y 2, por Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio el anexo III, por Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio la disposició ### RESUMEN: Los presupuestos generales de 2013

Las fragatas Asturias y Extremadura irán al desguace. Y Defensa cobrará casi un millón y medio por ellas

Entidad adjudicataria: a) Organismo que tramita el expediente: Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico. b) Expedientes n.º: 3115.0001.15.01.11 (Lote 1) y 3115.0001.15.02.11 (Lote 2). c) Domicilio: Avenida Irmandiños s/n, 15490 Ferrol-Naval La Coruña. Objeto del contrato: a) Descripción del objeto: Enajenación de las ex fragatas 'Asturias' y 'Extremadura'. b) Medio de publicación del anuncio: BOE (n.º 45/2015). c) Fecha de publicación del anuncio: 21 de febrero de 2015. Tramitación y Procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Subasta Pública. Importe de la licitación: Quinientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cinco euros (559.595,00 euros), para cada uno de los lotes. Formalización de los contratos: a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2016. b) Fecha de formalización: 17 de junio de 2016. c) Adjudicatario: DESGUACES Y GRÚAS PARÍS, S.L. Importe adjudicación: a) Lote 1: Setecientos sesenta y un mil doscientos euros (761.200,00 euros). b) Lote 2: Setecientos treinta y un mil trescientos euros (731.300,00 euros). Ferrol, 27 de junio de 2016.- El Presidente de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico.

Entidad adjudicataria: a) Organismo que tramita el expediente: Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico. b) Expedientes n.º: 3115.0001.15.01.11 (Lote 1) y 3115.0001.15.02.11 (Lote 2). c) Domicilio: Avenida Irmandiños s/n, 15490 Ferrol-Naval La Coruña. Objeto del contrato: a) Descripción del objeto: Enajenación de las ex fragatas 'Asturias' y 'Extremadura'. b) Medio de publicación del anuncio: BOE (n.º 45/2015). c) Fecha de publicación del anuncio: 21 de febrero de 2015. Tramitación y Procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Subasta Pública. Importe de la licitación: Quinientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cinco euros (559.595,00 euros), para cada uno de los lotes. Formalización de los contratos: a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2016. b) Fecha de formalización: 17 de junio de 2016. c) Adjudicatario: DESGUACES Y GRÚAS PARÍS, S.L. Importe adjudicación: a) Lote 1: Setecientos sesenta y un mil doscientos euros (761.200,00 euros). b) Lote 2: Setecientos treinta y un mil trescientos euros (731.300,00 euros). Ferrol, 27 de junio de 2016.- El Presidente de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico. ### RESUMEN: Las fragatas Asturias y Extremadura irán al desguace. Y Defensa cobrará casi un millón y medio por ellas

Interior comprará 6 helicópteros (3 a policía y 3 guardia civil) a un máximo de 5,4 millones cada uno de ellos. El importe total es de 32.400.000 de euros

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Ministerio del Interior. 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 4) Teléfono: 915371388 5) Telefax: 915371653 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: M-11-132N. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Fabricación y suministro de seis helicópteros. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 32.400.000,- euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 32.400.000,- euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver apartado 7 del Cuadro de características. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro general del Ministerio del Interior. 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7, planta baja. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura pública sobre n.º 2. b) Dirección: Amador de los Ríos, 7, entreplanta. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: 8 de agosto de 2013, a las 10 h. 10. Gastos de publicidad: Ver apartado 16 del Cuadro de características. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 10 de junio de 2013. Madrid, 11 de junio de 2013.- El Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril, modificada por Orden INT/1797/2019), el Subdirector Gral. de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Felipe del Pozo Blanco.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Ministerio del Interior. 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 4) Teléfono: 915371388 5) Telefax: 915371653 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: M-11-132N. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Fabricación y suministro de seis helicópteros. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 32.400.000,- euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 32.400.000,- euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver apartado 7 del Cuadro de características. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro general del Ministerio del Interior. 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7, planta baja. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura pública sobre n.º 2. b) Dirección: Amador de los Ríos, 7, entreplanta. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: 8 de agosto de 2013, a las 10 h. 10. Gastos de publicidad: Ver apartado 16 del Cuadro de características. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 10 de junio de 2013. Madrid, 11 de junio de 2013.- El Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril, modificada por Orden INT/1797/2019), el Subdirector Gral. de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Felipe del Pozo Blanco. ### RESUMEN: Interior comprará 6 helicópteros (3 a policía y 3 guardia civil) a un máximo de 5,4 millones cada uno de ellos. El importe total es de 32.400.000 de euros

Acuerdo para proteger información clasificada entre España e Israel

en BOE núm. 254, de 20 de octubre de 2014 ACUERDO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA (EN ADELANTE DENOMINADO «ESPAÑA»), DE UNA PARTE, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL/EL MINISTERIO DE DEFENSA ISRAELÍ (EN LO SUCESIVO DENOMINADO «IMOD»), POR LA OTRA Se hace constar que Considerando que España y el IMOD (en lo sucesivo denominados las «Partes») tienen el propósito de cooperar en proyectos conjuntos relativos a asuntos militares y de defensa; y Considerando que las Partes desean custodiar el secreto de los proyectos de defensa y militares, así como proteger la Información Clasificada intercambiada entre las Partes; y Considerando que ambas Partes convienen en que es esencial para sus intereses recíprocos la firma de un Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada; y Considerando que las Partes en el presente Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada convienen en que la simple existencia de relaciones en materia de defensa y asuntos militares entre las Partes no está clasificada. No obstante, el contenido clasificado de las relaciones no se revelará a ningún tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte; y Considerando que las Partes en el presente Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada desean establecer los términos y condiciones que rigen el presente Acuerdo. En consecuencia, las partes acuerdan por la presente lo siguiente: Artículo 1. Incorporación del preámbulo. El Preámbulo del presente Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo») forma parte integral del presente instrumento y es vinculante para las Partes. Artículo 2. Definiciones. Para los fines del presente Acuerdo 1. El término «Información Clasificada» incluye la información o el material de cualquier tipo que precisen protección contra su divulgación no autorizada en interés de la seguridad nacional del Gobierno que los cede y hayan sido clasificados, de conformidad con sus leyes y reglamentos aplicables, por las Autoridades de Seguridad oportunas según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 del presente Acuerdo; 2. El término «Información» comprende toda Información Clasificada y materiales de cualquier tipo, ya sean escritos, orales o visuales, y puede ser cualquier documento, producto o sustancia sobre los que, o en los cuales, la información pueda ser registrada o incorporada y comprenderá, sin tener en cuenta su aspecto físico, y sin que ello sea excluyente, la totalidad de: los escritos, máquinas, equipos, maquinaria, aparatos, dispositivos, modelos, fotografías, grabaciones, reproducciones, mapas y cartas, así como otros productos, sustancias u objetos de los que pueda extraerse información; 3. Por «Parte de Origen» se entiende la Parte que proporciona o transmite Información Clasificada a la otra Parte; 4. Por «Parte Receptora» se entiende la Parte a la que se proporciona o transmite Información Clasificada por la Parte de Origen; 5. Por «Autoridad de Seguridad» se entiende la autoridad designada por una Parte como responsable de la ejecución y supervisión del presente Acuerdo; 6. Por «Tercero» se entienden países o nacionales de otros países, empresas, entidades o personas que no queden definidas como «Partes» en el presente Acuerdo. Artículo 3. Ejecución del presente Acuerdo. 1. Se considerará que el presente Acuerdo forma parte integrante de cualquier Contrato que se celebre o se suscriba en el futuro entre las Partes o entre cualesquiera entidades relacionadas con la seguridad y el secreto de proyectos entre las Partes y/o entidades relacionadas con las Partes en cuanto a los siguientes asuntos: A. Cooperación entre las Partes y/o entidades relacionadas con las Partes en asuntos de defensa y militares. B. Cooperación y/o intercambio de Información Clasificada en cualquier campo entre las Partes y sus entidades respectivas, C. Cooperación, intercambio de Información Clasificada, empresas conjuntas, Contratos o cualquier otra relación entre entidades gubernamentales, públicas o privadas de las Partes en asuntos militares o de defensa. D. Venta por una Parte a la otra de equipo y conocimientos técnicos relacionados con entidades de defensa. E. Información Clasificada que sea transmitida entre las Partes por cualquier representante, empleado o consultor (privado o no) en asuntos militares y de defensa. 2. Cada Parte notificará la existencia del presente Acuerdo a los organismos y entidades pertinentes de su país. 3. El presente Acuerdo será de aplicación a cualquier negociación o contrato futuros entre las Partes u otros organismos o entidades relacionados con las Partes referentes a los asuntos y materias que se especifican en el apartado 1 del presente artículo. 4. Las Partes aceptarán las habilitaciones de seguridad emitidas de conformidad con la legislación nacional de la otra Parte. La equivalencia de las habilitaciones de seguridad se ajustará a lo previsto en el presente artículo. 5. Cada Parte acuerda y asume que las disposiciones del presente Acuerdo serán vinculantes para todos los organismos, unidades y entidades de las Partes respectivas, que las respetarán en la forma debida. 6. Cada Parte será responsable de la Información Clasificada desde el momento de su recepción. Tal responsabilidad estará sujeta a las disposiciones y prácticas pertinentes del presente Acuerdo. 7. Previa solicitud, las Autoridades de Seguridad de las Partes, teniendo en cuenta su legislación nacional, se asistirán mutuamente en los procedimientos de habilitación de sus ciudadanos residentes en el territorio de la otra Parte o de sus instalaciones situadas en dicho territorio. Artículo 4. Clasificación de seguridad y divulgación. 1. La Información Clasificada quedará comprendida en una de las siguientes categorías de clasificación de seguridad: Israel España רתויב ידוס (Top Secret) SECRETO ידוס (Secret) RESERVADO רומש (Confidential) CONFIDENCIAL (Sin equivalente israelí) DIFUSIÓN LIMITADA La Parte israelí se compromete a conceder a la Información Clasificada de DIFUSIÓN LIMITADA la misma protección que a su información clasificada רומש (Confidential). 2. Las Partes no están autorizadas a revelar Información Clasificada en virtud del presente Acuerdo a ningún tercero sin consentimiento previo y por escrito de la Parte de Origen. Todo tercero así autorizado utilizará la Información Clasificada exclusivamente para los fines específicos que se hayan acordado entre las Partes. 3. Ambas Partes tomarán las medidas oportunas para la protección de la Información Clasificada de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales. Las Partes asignarán a toda la Información Clasificada mencionada el mismo grado de protección de seguridad que el que asignen a su propia Información Clasificada de clasificación equivalente. 4. El acceso a la Información Clasificada estará limitado únicamente a aquellas personas cuyas funciones así lo exijan y que hayan sido habilitadas y autorizadas por la Parte a la que pertenezcan. 5. Se conviene en que la existencia del presente Acuerdo y de las mutuas relaciones referentes a asuntos militares y de defensa entre las Partes no están clasificadas. 6. Cada Parte acuerda y se compromete a abstenerse de realizar publicaciones de ningún tipo en relación con los ámbitos de mutua cooperación y las actividades sujetas al presente Acuerdo. Sin que suponga menoscabo de lo anterior, para todo anuncio o desmentido importante que cualquiera de las Partes efectúe en el futuro deberán celebrarse previamente consultas y contarse con el consentimiento mutuo. Artículo 5. Traducción, reproducción y destrucción. 1. La Información Clasificada marcada como רתויב ידוס (Top Secret)/SECRETO se traducirá o reproducirá únicamente previa autorización por escrito de la Autoridad de Seguridad de la Parte de Origen. 2. Las traducciones y reproducciones de Información Clasificada se llevarán a cabo de conformidad con los siguientes procedimientos: a) Las personas que se ocupen de las traducciones o las reproducciones deberán gozar de la oportuna habilitación de seguridad; b) Las traducciones y reproducciones deberán ser marcadas y sometidas a la misma protección que la información original; c) Las traducciones y el número de copias deberán limitarse a lo que sea necesario con fines oficiales; d) Las traducciones deben llevar la oportuna nota en el idioma al que se haya traducido que indique que contiene Información Clasificada recibida de la Parte de Origen y la clasificación de seguridad. 3. La Información Clasificada marcada como רתויב ידוס (Top Secret)/SECRETO no se destruirá, sino que se devolverá a la Autoridad de Seguridad de la Parte de Origen. 4. La Información Clasificada marcada como ידוס (Secret)/RESERVADO podrá destruirse con la aprobación previa por escrito de la Parte de Origen. 5. La Información Clasificada marcada como רומש (Confidential)/CONFIDENCIAL o DIFUSIÓN LIMITADA se destruirá de conformidad con la legislación nacional de cada Parte. Artículo 6. Seguridad industrial. 1. Una Parte que desee adjudicar un contrato clasificado a un contratista de la otra Parte, o que desee autorizar la adjudicación a uno de sus propios contratistas de un contrato clasificado en el territorio de la otra Parte en el ámbito de un proyecto clasificado deberá obtener, a través de su Autoridad de Seguridad, garantías previas por escrito de la Autoridad de Seguridad de la otra Parte de que el contratista propuesto goza de la habilitación de seguridad para el grado oportuno de la clasificación de seguridad. 2. Cada Parte garantizará el cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que las instalaciones del contratista reúnen las condiciones adecuadas para la conservación de Información Clasificada; b) La concesión de un grado de habilitación de seguridad adecuado a dichas instalaciones; c) La concesión del grado adecuado de habilitación personal de seguridad a las personas que desarrollen funciones que exijan el acceso a Información Clasificada; d) Que todas las personas con acceso a Información Clasificada sean informadas de su responsabilidad en la protección de Información Clasificada, de conformidad con la legislación nacional en vigor; e) Realizar inspecciones de seguridad periódicas de sus instalaciones. 3. Todo subcontratista debe cumplir las mismas obligaciones en materia de seguridad que el contratista. 4. Tan pronto como se inicien las negociaciones precontractuales entre una entidad situada en el territorio de una de las Partes y otra entidad situada en el territorio de la otra Parte con la finalidad de suscribir un contrato clasificado, la Autoridad de Seguridad pertinente informará a la otra Parte de la clasificación de seguridad otorgada a la Información Clasificada relacionada con dichas negociaciones precontractuales. 5. Todo contrato clasificado celebrado entre entidades de las Partes en virtud de lo dispuesto en el presente Acuerdo, deberá incluir las disposiciones pertinentes en materia de seguridad. 6. Se remitirá a la Autoridad de Seguridad de la Parte en que vayan a realizarse las actividades una copia de las disposiciones sobre seguridad de cualquier contrato clasificado, con objeto de hacer posible una supervisión y control de seguridad adecuados. 7. Los representantes de las Autoridades de Seguridad podrán visitarse mutuamente con el fin de tratar las medidas de seguridad adoptadas por un contratista para la protección de la Información Clasificada incluida en un contrato clasificado. La visita se notificará con antelación. Artículo 7. Visitas de un país al otro. 1. El acceso a Información Clasificada y a las instalaciones en las que se lleven a cabo proyectos clasificados se concederá por una de las Partes a cualquier persona de la otra Parte únicamente con la autorización previa de la Autoridad de Seguridad de la Parte que acoja la visita. Dicha autorización se concederá únicamente, mediante la oportuna solicitud de visita, a personas que hayan sido habilitadas y dispongan de autorización para tratar Información Clasificada (en lo sucesivo denominadas «los Visitantes»). 2. La Autoridad de Seguridad de la Parte de Origen notificará a la Autoridad de Seguridad de la Parte anfitriona, al menos tres semanas antes de la visita prevista, la información relativa a los visitantes esperados. En caso de que exista especial necesidad, la autorización de seguridad de la visita se concederá tan pronto como sea posible, con la debida coordinación previa. 3. Las solicitudes de visita incluirán al menos los datos siguientes: a) Nombre del Visitante, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y número de pasaporte. b) Cargo oficial del Visitante y el nombre de la entidad, planta industrial u organización que representa. c) La habilitación de seguridad del Visitante, otorgada por sus Autoridades de Seguridad. d) Fecha prevista y duración de la visita. e) Finalidad de la visita. f) Nombre de las plantas industriales, instalaciones y locales que se solicita visitar. g) Nombre de las personas que se visitarán en el País anfitrión, nombre de las entidades, plantas industriales u organizaciones. 4. Las solicitudes de visita se cursarán por los conductos adecuados que convengan las Partes. 5. Sin menoscabo del contenido general del presente artículo, los requisitos detallados en el apartado 3 anterior serán de aplicación a todas las actividades que se recogen en el apartado 1 del artículo 3 anterior. 6. Una vez aprobado por la Autoridad de Seguridad, el permiso de visita puede concederse para un periodo concreto de tiempo y para una relación de personas, según las necesidades de un proyecto específico. Las visitas recurrentes se autorizarán por plazo no superior a 12 meses. 7. La Autoridad de Seguridad de la Parte anfitriona deberá notificar a la Parte Visitante cualquier alarma concreta referente a posibles hostilidades, incluidos actos de terrorismo, que puedan poner en peligro a la Parte Visitante o amenacen su seguridad. 8. En caso de alarmas como las mencionadas más arriba, se tomarán las necesarias medidas de seguridad y precauciones para garantizar la seguridad de los representantes del personal de la otra Parte que se encuentre de visita en el país de la Parte anfitriona. Artículo 8. Transmisión de información clasificada. 1. La Información Clasificada se transmitirá normalmente entre las Partes mediante valija diplomática. 2. Si la utilización de dicha valija resultara poco práctica o retrasara de forma indebida la recepción de la Información Clasificada, las Autoridades de Seguridad de las Partes convendrán otro tipo de transmisión a través de vías seguras. 3. En caso de que una de las Partes desee utilizar la Información Clasificada fuera de su territorio, tal transmisión y uso se realizarán en coordinación previa con la Parte de Origen. El presente Acuerdo también será de aplicación a tales transmisiones o usos. 4. Las Partes podrán transmitir la Información Clasificada a través de medios electrónicos seguros de conformidad con los procedimientos de seguridad que hayan aprobado de mutuo acuerdo las Autoridades de Seguridad de las Partes. 5. El envío de elementos o volúmenes grandes de Información Clasificada se acordará caso por caso y deberá ser aprobado por las Autoridades de Seguridad de ambas Partes. Artículo 9. Infracción de las medidas de seguridad relativas a la información clasificada. 1. En caso de cualquier infracción de las medidas de seguridad relativas a la Información Clasificada, la Parte Receptora investigará todos los casos en los que se tenga constancia o haya motivos para sospechar que la Información Clasificada de la Parte de Origen se haya extraviado o revelado a personas no autorizadas. La Parte Receptora deberá también informar a la Parte de Origen, de forma inmediata y completa, de los detalles de tales hechos, de los resultados definitivos de las investigaciones y de las acciones correctivas tomadas para evitar que se repitan. 2. La Parte que lleve a cabo la investigación asumirá todos los costes derivados de la misma, que no serán objeto de reembolso por la otra Parte. Artículo 10. Autoridades de seguridad designadas y coordinación. 1. Cada Parte designará una Autoridad de Seguridad debidamente facultada, que supervisará la ejecución del presente Acuerdo en todos sus extremos. Por España: El Centro Nacional de Inteligencia. Oficina Nacional de Seguridad. Por el IMOD: The Directorate of Security for the Defence Establishment. 3. Las Partes se informarán mutuamente por escrito de cualquier modificación que afecte a sus Autoridades de Seguridad. 4. Ambas Autoridades de Seguridad, cada una en el ámbito de su propio país, prepararán y distribuirán Instrucciones y Procedimientos de Seguridad para la protección de la Información Clasificada como se concreta en el artículo 3 del presente Acuerdo. 5. Cada Parte conviene y se compromete a coordinar con la otra Parte, con carácter previo, las disposiciones, instrucciones, procedimientos y prácticas relacionadas de algún modo con la ejecución del presente Acuerdo, en general, y con todos los contratos entre entidades públicas o privadas o empresas concertados por ambas Partes, en particular. 6. Cada Parte permitirá a expertos en seguridad de la otra Parte visitar su territorio, cuando resulte mutuamente conveniente, para tratar con sus Autoridades de Seguridad sus procedimientos e instalaciones para protección de la Información Clasificada proporcionada por la otra Parte. Artículo 11. Solución de controversias. 1. En caso de que surja cualquier controversia entre las Partes en el presente Acuerdo, ya sea referente a la interpretación del presente Acuerdo o a la ejecución de sus disposiciones o a cualquier asunto que se derive del mismo, las Partes, en primera instancia, harán todos los esfuerzos razonables para alcanzar un acuerdo amistoso. 2. De darse el caso, no obstante, de que las Partes no logren alcanzar tal entendimiento, las Partes convienen en someter la controversia al Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia y al Director of Security for the Israel Defence Establishment. Cualquier decisión que se adopte será definitiva y vinculante para las Partes en el presente Acuerdo. 3. Durante la existencia de la diferencia y/o controversia, ambas Partes continuarán cumpliendo todas sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo. 4. Queda convenido entre las Partes que cualquier controversia y/ o interpretación del presente Acuerdo no se someterá a ningún Tribunal nacional ni internacional ni a normativa nacional o internacional alguna. Artículo 12. Fecha de entrada en vigor y aplicación. 1. El presente Acuerdo entrará en vigor tras la firma del mismo por las Partes y el cumplimiento de los procedimientos internos de las Partes. El presente Acuerdo tendrá validez por un periodo indefinido de tiempo. En caso de que cualquiera de las Partes deseara denunciar el Acuerdo, la denuncia tendrá lugar de mutuo acuerdo entre las Partes. No obstante, el presente Acuerdo permanecerá en vigor y será de aplicación a todas y cada una de las actividades, los contratos o el intercambio de Información Clasificada que hayan tenido lugar con anterioridad a la denuncia. 2. El presente Acuerdo podrá someterse, caso por caso, a los acuerdos administrativos de seguridad que convengan, de forma separada del presente Acuerdo, las Autoridades de Seguridad de las Partes. 3. El presente Acuerdo, tras su entrada en vigor, sustituirá al «Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada entre el Reino de España y el Estado de Israel», firmado en Madrid el 13 de febrero de 1995. Artículo 13. Otras disposiciones. 1. La no exigencia por cualquiera de las Partes, en una o más ocasiones, del estricto cumplimiento de cualquiera de los términos del presente Acuerdo o del ejercicio de cualquiera de los derechos que en él se otorgan, no debe entenderse como renuncia en medida alguna al derecho de cualquiera de las Partes a invocar o basarse en tales términos o derechos en cualquier ocasión en el futuro. 2. Los encabezamientos de los artículos del presente instrumento tienen por objeto únicamente facilitar la referencia y no tienen por objeto ni deben interpretarse en el sentido de que se limite o amplíe en modo alguno el contenido de las disposiciones a las que el título se refiera. 3. Ninguna de las Partes tendrá derecho a ceder o transmitir de otra manera sus derechos u obligaciones derivados del presente Acuerdo sin el consentimiento por escrito de la otra Parte. 4. Cada Parte asistirá al personal de la otra Parte en la prestación de los servicios y/o el ejercicio de sus derechos en la Parte contraria de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. Artículo 14. Notificaciones. 1. Toda notificación o comunicación que se deba o se permita efectuar en virtud del presente Acuerdo se remitirá a las direcciones que figuran a continuación, con sujeción a las restricciones de seguridad. 2. Toda comunicación generada por cualquiera de las Partes en el presente Acuerdo deberá hacerse por escrito, en lengua inglesa. 3. Todas las notificaciones arriba mencionadas se efectuarán como sigue: España: Jefe de la Oficina Nacional de Seguridad. Centro Nacional de Inteligencia. IMOD: The State of Israel-Ministry of Defence. Principal Deputy Director-DSDE & Director Information Security. Directorate of Security for the Defence Establishment. Artículo 15. Integridad del acuerdo. El presente Acuerdo constituye la integridad del acuerdo entre las Partes en el mismo y sustituye toda comunicación o manifestación previa, ya sean verbales o escritas, hechas hasta ahora entre las Partes respecto a las materias objeto del Acuerdo. El presente Acuerdo no podrá modificarse más que por escrito, suscrito por los representantes debidamente autorizados de cada Parte. En fe de lo cual, las Partes en el presente documento lo suscriben y firman en la fecha mencionada más arriba, en dos ejemplares en lengua española, hebrea e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En Madrid, a 7 de febrero de 2011. Por el Reino de España, Por el IMOD, Félix Sanz Roldán, Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia Amir Kain, Subdirector General del Ministerio de Defensa y Director de la Autoridad de Defensa * * * El presente Acuerdo entró en vigor el 12 de agosto de 2014, tras el cumplimiento de los procedimientos internos de las Partes, según se establece en su artículo 12. Madrid, 25 de septiembre de 2014.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.

en BOE núm. 254, de 20 de octubre de 2014 ACUERDO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA (EN ADELANTE DENOMINADO «ESPAÑA»), DE UNA PARTE, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL/EL MINISTERIO DE DEFENSA ISRAELÍ (EN LO SUCESIVO DENOMINADO «IMOD»), POR LA OTRA Se hace constar que Considerando que España y el IMOD (en lo sucesivo denominados las «Partes») tienen el propósito de cooperar en proyectos conjuntos relativos a asuntos militares y de defensa; y Considerando que las Partes desean custodiar el secreto de los proyectos de defensa y militares, así como proteger la Información Clasificada intercambiada entre las Partes; y Considerando que ambas Partes convienen en que es esencial para sus intereses recíprocos la firma de un Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada; y Considerando que las Partes en el presente Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada convienen en que la simple existencia de relaciones en materia de defensa y asuntos militares entre las Partes no está clasificada. No obstante, el contenido clasificado de las relaciones no se revelará a ningún tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte; y Considerando que las Partes en el presente Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada desean establecer los términos y condiciones que rigen el presente Acuerdo. En consecuencia, las partes acuerdan por la presente lo siguiente: Artículo 1. Incorporación del preámbulo. El Preámbulo del presente Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo») forma parte integral del presente instrumento y es vinculante para las Partes. Artículo 2. Definiciones. Para los fines del presente Acuerdo 1. El término «Información Clasificada» incluye la información o el material de cualquier tipo que precisen protección contra su divulgación no autorizada en interés de la seguridad nacional del Gobierno que los cede y hayan sido clasificados, de conformidad con sus leyes y reglamentos aplicables, por las Autoridades de Seguridad oportunas según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 del presente Acuerdo; 2. El término «Información» comprende toda Información Clasificada y materiales de cualquier tipo, ya sean escritos, orales o visuales, y puede ser cualquier documento, producto o sustancia sobre los que, o en los cuales, la información pueda ser registrada o incorporada y comprenderá, sin tener en cuenta su aspecto físico, y sin que ello sea excluyente, la totalidad de: los escritos, máquinas, equipos, maquinaria, aparatos, dispositivos, modelos, fotografías, grabaciones, reproducciones, mapas y cartas, así como otros productos, sustancias u objetos de los que pueda extraerse información; 3. Por «Parte de Origen» se entiende la Parte que proporciona o transmite Información Clasificada a la otra Parte; 4. Por «Parte Receptora» se entiende la Parte a la que se proporciona o transmite Información Clasificada por la Parte de Origen; 5. Por «Autoridad de Seguridad» se entiende la autoridad designada por una Parte como responsable de la ejecución y supervisión del presente Acuerdo; 6. Por «Tercero» se entienden países o nacionales de otros países, empresas, entidades o personas que no queden definidas como «Partes» en el presente Acuerdo. Artículo 3. Ejecución del presente Acuerdo. 1. Se considerará que el presente Acuerdo forma parte integrante de cualquier Contrato que se celebre o se suscriba en el futuro entre las Partes o entre cualesquiera entidades relacionadas con la seguridad y el secreto de proyectos entre las Partes y/o entidades relacionadas con las Partes en cuanto a los siguientes asuntos: A. Cooperación entre las Partes y/o entidades relacionadas con las Partes en asuntos de defensa y militares. B. Cooperación y/o intercambio de Información Clasificada en cualquier campo entre las Partes y sus entidades respectivas, C. Cooperación, intercambio de Información Clasificada, empresas conjuntas, Contratos o cualquier otra relación entre entidades gubernamentales, públicas o privadas de las Partes en asuntos militares o de defensa. D. Venta por una Parte a la otra de equipo y conocimientos técnicos relacionados con entidades de defensa. E. Información Clasificada que sea transmitida entre las Partes por cualquier representante, empleado o consultor (privado o no) en asuntos militares y de defensa. 2. Cada Parte notificará la existencia del presente Acuerdo a los organismos y entidades pertinentes de su país. 3. El presente Acuerdo será de aplicación a cualquier negociación o contrato futuros entre las Partes u otros organismos o entidades relacionados con las Partes referentes a los asuntos y materias que se especifican en el apartado 1 del presente artículo. 4. Las Partes aceptarán las habilitaciones de seguridad emitidas de conformidad con la legislación nacional de la otra Parte. La equivalencia de las habilitaciones de seguridad se ajustará a lo previsto en el presente artículo. 5. Cada Parte acuerda y asume que las disposiciones del presente Acuerdo serán vinculantes para todos los organismos, unidades y entidades de las Partes respectivas, que las respetarán en la forma debida. 6. Cada Parte será responsable de la Información Clasificada desde el momento de su recepción. Tal responsabilidad estará sujeta a las disposiciones y prácticas pertinentes del presente Acuerdo. 7. Previa solicitud, las Autoridades de Seguridad de las Partes, teniendo en cuenta su legislación nacional, se asistirán mutuamente en los procedimientos de habilitación de sus ciudadanos residentes en el territorio de la otra Parte o de sus instalaciones situadas en dicho territorio. Artículo 4. Clasificació ### RESUMEN: Acuerdo para proteger información clasificada entre España e Israel

Red.es contrata a Moon Media la difusión de ocho talleres de venta online para pymes en 2013 por importe total de 187.241,40 euros

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial. c) Número de expediente: 142/12-CO. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Dar la máxima difusión, a través de un Plan de Medios, a la realización de talleres sectoriales informando al público objetivo sobre las temáticas, fechas y celebración en distintas ciudades de ocho talleres cuyo objetivo será exponer las ventajas que supone el comercio electrónico para las PYMES de distintos sectores empresariales. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000; 79341000; 79341100; 79341200; 79341400. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/01/2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Simplificado. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 154.744,96 euros. Importe total: 187.241,40 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 28/02/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 6/03/2013. c) Contratista: Moon Media Advertising, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 154.744,96 euros. Importe total: 187.241,40 euros. Madrid, 11 de marzo de 2013.- D. Luis Santa-María Pérez, Secretario General.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial. c) Número de expediente: 142/12-CO. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Dar la máxima difusión, a través de un Plan de Medios, a la realización de talleres sectoriales informando al público objetivo sobre las temáticas, fechas y celebración en distintas ciudades de ocho talleres cuyo objetivo será exponer las ventajas que supone el comercio electrónico para las PYMES de distintos sectores empresariales. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000; 79341000; 79341100; 79341200; 79341400. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/01/2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Simplificado. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 154.744,96 euros. Importe total: 187.241,40 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 28/02/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 6/03/2013. c) Contratista: Moon Media Advertising, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 154.744,96 euros. Importe total: 187.241,40 euros. Madrid, 11 de marzo de 2013.- D. Luis Santa-María Pérez, Secretario General. ### RESUMEN: Red.es contrata a Moon Media la difusión de ocho talleres de venta online para pymes en 2013 por importe total de 187.241,40 euros

Contrato para Copisa para Obras de remodelación de la avenida Paral·lel de Barcelona por importe total de 5.739.855,87 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos y de Contratación. c) Número de expediente: 220.1215.011. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bimsa.cat/perfilcontractant. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de remodelación de la avenida Paral·lel de Barcelona. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45220000 g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Boc, Boe, y Perfil del Contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de enero de 2014. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto armonizado. 4. Valor estimado del contrato: 9.851.078,01 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 7.851.078,01 euros. Importe total: 7.851.078,01 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 8 de mayo de 2014. c) Contratista: Copisa Constructora Pirenaica, Sociedad Anónima. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.739.855,87 euros. Importe total: 5.739.855,87 euros. Barcelona, 9 de mayo de 2014.- El Director General.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos y de Contratación. c) Número de expediente: 220.1215.011. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bimsa.cat/perfilcontractant. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de remodelación de la avenida Paral·lel de Barcelona. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45220000 g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Boc, Boe, y Perfil del Contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de enero de 2014. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto armonizado. 4. Valor estimado del contrato: 9.851.078,01 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 7.851.078,01 euros. Importe total: 7.851.078,01 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 8 de mayo de 2014. c) Contratista: Copisa Constructora Pirenaica, Sociedad Anónima. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.739.855,87 euros. Importe total: 5.739.855,87 euros. Barcelona, 9 de mayo de 2014.- El Director General. ### RESUMEN: Contrato para Copisa para Obras de remodelación de la avenida Paral·lel de Barcelona por importe total de 5.739.855,87 euros.

Convenio entre Educación y La Liga para fomentar la lectura.

La Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y la Liga Nacional de Fútbol Profesional, han suscrito, con fecha 20 de marzo de 2018, un Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 27 de marzo de 2018.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández Muñoz. ANEXO Convenio de colaboración entre la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y la Liga Nacional de Fútbol Profesional para el desarrollo del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020. En Madrid, a 20 de marzo de 2018. REUNIDOS De una parte D. Javier Tebas Medrano, como Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en lo sucesivo, La Liga), domiciliada en Madrid, Calle Hernández de Tejada, n.º 10, 28027, según resulta de su nombramiento recogido en poder otorgado ante el notario de Madrid, D. Tomás Pérez Ramos, con N.º de Protocolo 438, de fecha 17 de octubre de 2016. De otra parte, D. Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso, como Director General de Industrias Culturales y del Libro nombrado por Real Decreto 45/2017, de 27 de enero, en ejercicio de la competencia delegada por el Secretaría de Estado de Cultura, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 c) de la Orden ECD/602/2017, de 20 de junio, sobre delegación de competencias. Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto EXPONEN I. Que corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte proponer y ejecutar de la política del Gobierno en materia de promoción, protección y difusión del libro, la lectura y la creación literaria, según dispone el artículo 8 del Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. En particular, la Secretaría de Estado de Cultura tiene, entre otras funciones, el fomento del libro y la lectura y el estímulo a la creación literaria, de acuerdo con el artículo 8.1.f del Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de este Departamento. II. Que con fecha 3 de mayo de 2017 la Secretaría de Estado de Cultura, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, ha hecho público el nuevo Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020, con el lema «leer te da vidas extra», basado en la colaboración público-privada, y cuyas líneas estratégicas son las siguientes: • La promoción de los hábitos lectores entre la población infantil y juvenil, entre los sectores sociales desfavorecidos, las personas con discapacidad y, más en general, aquellos segmentos de población con índices de lectura más reducidos • El impulso de la lectura en el ámbito educativo. • La consolidación de las bibliotecas públicas como espacios de igualdad en el acceso a la lectura. • El fortalecimiento del sector del libro. • El fomento del respeto a la propiedad intelectual. • La mejora de las herramientas de análisis disponibles. III. Que La Liga es una entidad deportiva comprometida con la mejora del acceso a la cultura del conjunto de la sociedad y que, en este sentido, se encuentra interesada en constituirse como una entidad colaboradora del mencionado Plan de Fomento de la Lectura dado el impacto directo que tiene el fútbol en la vida de las personas. La Liga desea formar parte de la promoción, extensión y consolidación del hábito de lectura. IV. Que es deseo de ambas partes suscribir este Convenio de Colaboración en atención a la concurrencia de intereses comunes en materia de fomento de la lectura. En consecuencia y reconociéndose las partes, en la representación que ostentan, la capacidad suficiente para formalizar este Convenio de Colaboración, ACUERDAN Que el objeto del presente Convenio de Colaboración es dejar constancia del interés de las partes en mantener una colaboración de mutuo aprovechamiento, que se traducirá en las actuaciones que se recogen en el Anexo del presente Convenio que queda sometido a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio de colaboración. El objeto del presente Convenio es establecer un área de colaboración entre La Liga y la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, en el marco de la actuación 1.1.3 del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 aprobado por la Secretaría de Estado de Cultura: «Acciones de fomento de la lectura en el sector del deporte». Segunda. Alcance de la colaboración. La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de los medios de cada institución, así como a la prioridad que requieran sus propios programas en curso. Tercera. Naturaleza jurídica del convenio de colaboración. El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El presente Convenio estará sujeto al régimen jurídico previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Cuarta. Comisión mixta de coordinación. A partir de la firma del presente Convenio de Colaboración se constituirá una Comisión Mixta de Coordinación, compuesta por dos representantes de La Liga y dos representantes de la Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, cuyo fin será supervisar el desarrollo de las actuaciones concretadas en el Anexo del presente Convenio. Corresponden a la Comisión Mixta de Coordinación las funciones de vigilancia, control y gestión del Convenio de Colaboración. Igualmente, le corresponde valorar la evolución del mismo y de las distintas iniciativas y proyectos en marcha. La designación de los miembros de la Comisión Mixta quedará fijada en el Anexo del presente Convenio. La presidencia de la Comisión Mixta corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Quinta. Aportaciones económicas. El presente acuerdo no conlleva traspaso alguno de aportación económica entre las Partes, quedando obligada cada una a financiar respectivamente la ejecución de las actividades que deban llevar a cabo conforme a las actuaciones recogidas en el Anexo del presente Convenio. Sexta. Obligaciones de las partes. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se compromete a llevar a cabo las actuaciones detalladas en el Anexo al presente Convenio, colaborando con su personal en la realización y organización de cuantas actividades se desarrollen entre ambas entidades. De igual forma, también La Liga se compromete a desarrollar las actuaciones contempladas en Anexo. La utilización de los logotipos del Plan del Fomento de la Lectura se realizará de acuerdo con el Manual de marca que será proporcionado por la Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas Séptima. Comienzo y duración. La duración del presente Convenio de Colaboración será de un año y entrará en vigor una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el Boletín Oficial del Estado. El Convenio de Colaboración podrá ser objeto de prórroga por un año adicional mediante acuerdo expreso de las partes. Octava. Denuncia. Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio de Colaboración comunicándolo a la otra parte interviniente por escrito con dos meses de antelación a la terminación del mismo. En caso de que existiera alguna actuación pendiente de las detalladas en el Anexo del Convenio de Colaboración en vigor, continuará vigente hasta la finalización de la actividad concreta que restara por llevar a cabo. Novena. Causas de resolución. Este Convenio de colaboración se podrá resolver por: a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable de la Comisión Mixta de coordinación del Convenio y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. En los supuestos de extinción se realizará un informe de las actuaciones realizadas hasta la fecha de extinción y se aportará documentación justificativa de las actuaciones desarrolladas. Décima. Cuestiones litigiosas. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio de Colaboración, deberán de solventarse por la Comisión Mixta a que se refiere la Cláusula cuarta. Si no se llegara a un pacto dichas cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo de Madrid capital. Undécima. Portal de transparencia. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno, este Convenio se pondrá a disposición de los ciudadanos en el Portal de Transparencia, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y las obligaciones económicas convenidas. Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman el presente Convenio de Colaboración en ejemplar duplicado en todas sus hojas y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados. En prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente anexo en dos ejemplares originales el 20 de marzo de 2018.–El Director General de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso.–El Presidente de La Liga, Javier Tebas Medrano. ANEXO Primero. Composición de la Comisión Mixta de Coordinación del Convenio. De acuerdo con lo previsto en la cláusula cuarta del Convenio, la Comisión Mixta de Coordinación del Convenio estará formada por: – Por parte del Ministerio de Educación de Cultura y Deporte: ○ La persona que ocupe el puesto de Subdirector General Adjunto de la Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. ○ La persona que ocupe el puesto de Jefe de Área de Promoción de la Lectura. – Por parte de La Liga: ○ Javier Baena (Departamento Audiovisual). ○ Juan Carlos Santamaría (Fundación LaLiga). Segundo. Obligaciones de las partes. 1. La Liga se compromete en las condiciones previstas en la Cláusula Segunda a desarrollar alguna de las siguientes acciones: • Apoyar el Plan de Fomento de la Lectura de la Secretaría de Estado de Cultura poniendo a disposición un espacio en alguno de los soportes digitales para la difusión de los contenidos y piezas de la campaña «Leer te da vidas extra». • Utilización de parte de los soportes digitales de La Liga para dar visibilidad al Plan de Fomento de la Lectura. • Incorporación del logotipo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Plan de Fomento de la Lectura en el apartado de la web de La Liga que habla de «entidades asociadas». • Desarrollo, dentro de la disposición de medios que tenga La Liga para el desarrollo de alguna de las siguientes acciones: ○ «El libro en la red», consistente en piezas audiovisuales en las que algunos futbolistas hablan de su relación con los libros o de algún libro que hayan leído recientemente. ○ «El deporte de leer», consistente en piezas audiovisuales en las que algunos deportistas hablan de su relación con los libros o de algún libro que hayan leído recientemente. ○ «Banderines por libros», consistente en que la jornada previa al Día internacional del libro, en los partidos de La Liga Santander y LaLiga 1,2,3, los capitanes al inicio del partido intercambiarán en vez del clásico banderín un libro, si es posible escogido por los aficionados mediante concurso público. 2. Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones: • Cesión gratuita del logotipo del Plan de Fomento de la Lectura «Leer te da vidas extra» en los términos señalados en la cláusula sexta de Convenio. • Difusión de las acciones que desarrollará La Liga en materia de fomento de la lectura a través de las redes sociales del Observatorio de la Lectura y del Libro, órganos administrativo dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura.

La Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y la Liga Nacional de Fútbol Profesional, han suscrito, con fecha 20 de marzo de 2018, un Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 27 de marzo de 2018.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández Muñoz. ANEXO Convenio de colaboración entre la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y la Liga Nacional de Fútbol Profesional para el desarrollo del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020. En Madrid, a 20 de marzo de 2018. REUNIDOS De una parte D. Javier Tebas Medrano, como Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en lo sucesivo, La Liga), domiciliada en Madrid, Calle Hernández de Tejada, n.º 10, 28027, según resulta de su nombramiento recogido en poder otorgado ante el notario de Madrid, D. Tomás Pérez Ramos, con N.º de Protocolo 438, de fecha 17 de octubre de 2016. De otra parte, D. Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso, como Director General de Industrias Culturales y del Libro nombrado por Real Decreto 45/2017, de 27 de enero, en ejercicio de la competencia delegada por el Secretaría de Estado de Cultura, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 c) de la Orden ECD/602/2017, de 20 de junio, sobre delegación de competencias. Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto EXPONEN I. Que corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte proponer y ejecutar de la política del Gobierno en materia de promoción, protección y difusión del libro, la lectura y la creación literaria, según dispone el artículo 8 del Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. En particular, la Secretaría de Estado de Cultura tiene, entre otras funciones, el fomento del libro y la lectura y el estímulo a la creación literaria, de acuerdo con el artículo 8.1.f del Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de este Departamento. II. Que con fecha 3 de mayo de 2017 la Secretaría de Estado de Cultura, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, ha hecho público el nuevo Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020, con el lema «leer te da vidas extra», basado en la colaboración público-privada, y cuyas líneas estratégicas son las siguientes: • La promoción de los hábitos lectores entre la población infantil y juvenil, entre los sectores sociales desfavorecidos, las personas con discapacidad y, más en general, aquellos segmentos de población con índices de lectura más reducidos • El impulso de la lectura en el ámbito educativo. • La consolidación de las bibliotecas públicas como espacios de igualdad en el acceso a la lectura. • El fortalecimiento del sector del libro. • El fomento del respeto a la propiedad intelectual. • La mejora de las herramientas de análisis disponibles. III. Que La Liga es una entidad deportiva comprometida con la mejora del acceso a la cultura del conjunto de la sociedad y que, en este sentido, se encuentra interesada en constituirse como una entidad colaboradora del mencionado Plan de Fomento de la Lectura dado el impacto directo que tiene el fútbol en la vida de las personas. La Liga desea formar parte de la promoción, extensión y consolidación del hábito de lectura. IV. Que es deseo de ambas partes suscribir este Convenio de Colaboración en atención a la concurrencia de intereses comunes en materia de fomento de la lectura. En consecuencia y reconociéndose las partes, en la representación que ostentan, la capacidad suficiente para formalizar este Convenio de Colaboración, ACUERDAN Que el objeto del presente Convenio de Colaboración es dejar constancia del interés de las partes en mantener una colaboración de mutuo aprovechamiento, que se traducirá en las actuaciones que se recogen en el Anexo del presente Convenio que queda sometido a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio de colaboración. El objeto del presente Convenio es establecer un área de colaboración entre La Liga y la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, en el marco de la actuación 1.1.3 del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 aprobado por la Secretaría de Estado de Cultura: «Acciones de fomento de la lectura en el sector del deporte». Segunda. Alcance de la colaboración. La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de los medios de cada institución, así como a la prioridad que requieran sus propios programas en curso. Tercera. Naturaleza jurídica del convenio de colaboración. El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El presente Convenio estará sujeto al régimen jurídico previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Cuarta. Comisión mixta de coordinación. A partir de la firma del presente Convenio de Colaboración se constituirá una Comisión Mixta de Coordinación, compuesta por dos representantes de La Liga y dos representantes de la Subdirección General de ### RESUMEN: Convenio entre Educación y La Liga para fomentar la lectura.

La CNMC rebaja los precios de Telefónica de ORLA (alquiler de líneas de alta capacidad)

En el marco del procedimiento de referencia OFE/DTSA/008/16/REVISIÓN PRECIOS ORLA, con fecha 23 de marzo de 2017, se ha aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la Resolución referenciada en el título de esta publicación, poniendo fin a este expediente administrativo. En virtud de lo dispuesto en el resuelve cuarto de la Resolución referenciada, así como en el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (de aplicación a este procedimiento de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 3.ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de Administraciones Públicas), en relación con el artículo 13.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que establece la necesaria publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por las que se definan los mercados de referencia relativos a redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas, así como las medidas asociadas, se acuerda publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el resuelve de la Resolución de 23 de marzo de 2017, que aparece como anexo de esta publicación. De conformidad con el artículo 24.2 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», se publica un extracto de la citada. No obstante, el texto íntegro del citado acto estará disponible para su conocimiento en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, http://www.cnmc.es, así como en la sede de la misma, sita en la calle Bolivia, 56, 08018 Barcelona. Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución de referencia, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación. Madrid, 23 de marzo de 2017.–El Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Joaquim Hortalà i Vallvé. ANEXO Resolución sobre la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas (ORLA) de Telefónica de España, S.A.U. (Los apartados relativos a los antecedentes, fundamentos jurídicos y los anexos, no son objeto de publicación) Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en uso de las competencias que tiene atribuidas, resuelve: Primero. Aprobar la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas de Telefónica de España, S.A.U., en los términos expuestos en el documento que se adjunta a la presente Resolución y cuyo texto consolidado para los anexos de precios se incluye como anexos 2 y 3 del citado documento adjunto. La presente Resolución por la que se aprueba la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas de Telefónica de España, S.A.U., y el texto consolidado de dicha oferta entrarán en vigor el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Segundo. Comunicar a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) la aprobación de la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas de Telefónica de España, S.A.U. Tercero. En el plazo de cinco días desde la entrada en vigor de la presente Resolución, Telefónica de España, S.A.U., deberá publicar en su web el texto consolidado de la oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas según lo dispuesto en el resuelve primero. Cuarto. Aprobar el nuevo procedimiento aplicable para la determinación de las condiciones no estándar (alto coste) en la prestación de líneas alquiladas terminales tradicionales de acuerdo en los términos expuestos en el apartado II.4, titulado «Circuitos de alto coste» del documento I que se adjunta a la presente Resolución. Quinto. Requerir a Telefónica para que remita anualmente, a partir de 2017 y en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la remisión de su contabilidad de costes del año anterior, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la información que se especifica en el apartado VIII, titulado «Futuras revisiones de precios para servicios mayoristas Ethernet» del documento I que se adjunta a la presente Resolución. Sexto. La oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas es un contrato de adhesión que se perfecciona por la simple aceptación de sus términos por parte de los operadores interesados. La aceptación por parte de un operador entrante del contenido de cualquiera de los términos de la oferta o de los textos presentados por Telefónica en cumplimiento de la presente Resolución, supondrá la aplicación automática e incondicional del objeto de la aceptación desde la fecha en que Telefónica tuviera conocimiento de esta. Séptimo. A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, los operadores podrán solicitar, mediante petición por escrito, la revisión automática de las condiciones económicas establecidas en los acuerdos de líneas alquiladas que hubieran resultado afectadas por las modificaciones económicas introducidas por la presente Resolución en la oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas, conforme a lo dispuesto en el contrato-tipo. La modificación de dichas condiciones económicas entrará en vigor desde la fecha de la notificación de la solicitud. Ambas partes habrán de formalizar por escrito la modificación del acuerdo en el plazo de cinco días desde la fecha de recepción de la solicitud efectuada por una de las partes a la otra. Octavo. Acordar la publicación del presente acto en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

En el marco del procedimiento de referencia OFE/DTSA/008/16/REVISIÓN PRECIOS ORLA, con fecha 23 de marzo de 2017, se ha aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la Resolución referenciada en el título de esta publicación, poniendo fin a este expediente administrativo. En virtud de lo dispuesto en el resuelve cuarto de la Resolución referenciada, así como en el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (de aplicación a este procedimiento de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 3.ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de Administraciones Públicas), en relación con el artículo 13.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que establece la necesaria publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por las que se definan los mercados de referencia relativos a redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas, así como las medidas asociadas, se acuerda publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el resuelve de la Resolución de 23 de marzo de 2017, que aparece como anexo de esta publicación. De conformidad con el artículo 24.2 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», se publica un extracto de la citada. No obstante, el texto íntegro del citado acto estará disponible para su conocimiento en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, http://www.cnmc.es, así como en la sede de la misma, sita en la calle Bolivia, 56, 08018 Barcelona. Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución de referencia, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación. Madrid, 23 de marzo de 2017.–El Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Joaquim Hortalà i Vallvé. ANEXO Resolución sobre la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas (ORLA) de Telefónica de España, S.A.U. (Los apartados relativos a los antecedentes, fundamentos jurídicos y los anexos, no son objeto de publicación) Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en uso de las competencias que tiene atribuidas, resuelve: Primero. Aprobar la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas de Telefónica de España, S.A.U., en los términos expuestos en el documento que se adjunta a la presente Resolución y cuyo texto consolidado para los anexos de precios se incluye como anexos 2 y 3 del citado documento adjunto. La presente Resolución por la que se aprueba la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas de Telefónica de España, S.A.U., y el texto consolidado de dicha oferta entrarán en vigor el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Segundo. Comunicar a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) la aprobación de la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas de Telefónica de España, S.A.U. Tercero. En el plazo de cinco días desde la entrada en vigor de la presente Resolución, Telefónica de España, S.A.U., deberá publicar en su web el texto consolidado de la oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas según lo dispuesto en el resuelve primero. Cuarto. Aprobar el nuevo procedimiento aplicable para la determinación de las condiciones no estándar (alto coste) en la prestación de líneas alquiladas terminales tradicionales de acuerdo en los términos expuestos en el apartado II.4, titulado «Circuitos de alto coste» del documento I que se adjunta a la presente Resolución. Quinto. Requerir a Telefónica para que remita anualmente, a partir de 2017 y en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la remisión de su contabilidad de costes del año anterior, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la información que se especifica en el apartado VIII, titulado «Futuras revisiones de precios para servicios mayoristas Ethernet» del documento I que se adjunta a la presente Resolución. Sexto. La oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas es un contrato de adhesión que se perfecciona por la simple aceptación de sus términos por parte de los operadores interesados. La aceptación por parte de un operador entrante del contenido de cualquiera de los términos de la oferta o de los textos presentados por Telefónica en cumplimiento de la presente Resolución, supondrá la aplicación automática e incondicional del objeto de la aceptación desde la fecha en que Telefónica tuviera conocimiento de esta. Séptimo. A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, los operadores podrán solicitar, mediante petición por escrito, la revisión automática de las condiciones económicas establecidas en los acuerdos de líneas alquiladas que hubieran resultado afectadas por las modificaciones económicas introducidas por la presente Resolución en la oferta de referencia de líneas alquiladas mayoristas, conforme a lo dispuesto en el contrato-tipo. La modificación de dichas condiciones económicas entrará en vigor desde la fecha de la notificación de la solicitud. Ambas partes habrán de formalizar por escrito la modificación del acuerdo en el plazo de cinco días desde la fecha de recepción de la solicitud efectuada por una de las partes a la otra. ### RESUMEN: La CNMC rebaja los precios de Telefónica de ORLA (alquiler de líneas de alta capacidad)

Aragón declara conjunto de interés cultural las tumbas de Galán y García, líderes de la Sublevación de Jaca.

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, define el patrimonio cultural aragonés como el integrado por todo los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico, o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas. La ley clasifica estos bienes en bienes de interés cultural, bienes catalogados y bienes inventariados. Siendo los bienes de interés cultural los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural Aragonés. Dentro de los bienes de interés cultural existe la categoría de conjunto de interés cultural donde está la figura de sitio histórico, definida en el artículo 12.2.B).c) como el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones humanas o de la naturaleza, que posean valores históricos o de singularidad natural o cultural. Las sepulturas de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca están vinculadas a dos personajes que han pasado a la historia como los artífices de la sublevación republicana de Jaca del 12 de diciembre de 1930, la cual supuso un impulso decisivo para el advenimiento de la Segunda República Española en abril de 1931, hechos de notable relevancia en nuestra historia reciente. Según el artículo 21 de la ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la declaración de un conjunto de interés cultural, contendrá al menos la delimitación y entorno de protección. En este caso la delimitación y su entorno de protección son coincidentes. Este expediente se ha tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Texto Refundido de la ley de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobada por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, se ha solicitado informe al Ayuntamiento de Huesca, a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Huesca y al Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca. El procedimiento se inició mediante Resolución de 11 de febrero de 2017, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio por la que se inicia procedimiento y se abre un periodo de información pública para la declaración de las sepulturas de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca como bien de interés cultural, en la categoría de conjunto de interés cultural, sitio histórico. Esta Resolución fue publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» del 28. Durante el proceso de información pública se presentaron alegaciones que fueron contestadas en tiempo y forma. Posteriormente, mediante Resolución de 2 de junio de 2017, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» del 15 y en el «Boletín Oficial del Estado» del 19, se abrió trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento. Donde no se presentaron alegaciones. En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, y previa deliberación, del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 3 de octubre de 2017, dispongo: Primero. Objeto. Es objeto del presente decreto es declarar bien de interés cultural, en la categoría de conjunto de interés cultural, figura de sitio histórico, las sepulturas de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca. La descripción de los hechos históricos vinculados a las sepulturas y el plano de delimitación se recogen en los anexos I y II respectivamente, de este decreto. Segundo. Régimen jurídico. El régimen jurídico aplicable al conjunto de interés cultural, sitio histórico de las sepulturas de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca, es el previsto en la sección Segunda, del capítulo I, del título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, los títulos Sexto y Séptimo de la misma norma, así como cuantos preceptos sean de aplicación general a los bienes de interés cultural. Tercero. Plan Especial de Protección. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la declaración de sitio histórico determina la obligación para el Ayuntamiento afectado de redactar y aprobar uno o varios planes especiales de protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento urbanístico que cumpla, en todo caso, las exigencias establecidas en la citada ley, así como en el anexo II del presente decreto. Desde la aprobación definitiva del plan especial de protección del sitio histórico o instrumento similar, el Ayuntamiento interesado será competente para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles no declarados bien de interés cultural en la categoría de monumento o comprendidos en el entorno de protección de estos, debiendo dar cuenta al Departamento responsable de Patrimonio Cultural de las autorizaciones que otorgue. Cuarto. Publicidad. El presente decreto se notificará al Ayuntamiento de Huesca y será publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado». Esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Zaragoza, 3 de octubre de 2017.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.–La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, María Teresa Pérez Esteban. ANEXO I Hechos históricos vinculados a las sepulturas de los Capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca La Sublevación republicana de Jaca del 12 de diciembre de 1930 fue un pronunciamiento militar contra la monarquía de Alfonso XIII durante la «Dictablanda» del general Dámaso Berenguer. Aunque fue sofocada y fueron fusilados los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández, sus efectos se dejaron sentir en la proclamación de la Segunda República Española cuatro meses después, esto es, el 14 de abril de 1931. La sublevación se inició con la proclamación de la República desde los balcones del Ayuntamiento de Jaca y con el nombramiento de la primera Alcaldía republicana como símbolo de su carácter estrictamente civil. Al mismo tiempo se organizan las dos columnas militares dirigidas por los capitanes Galán y Sediles que parten hacia Huesca, siendo neutralizadas por las tropas gubernamentales en el combate de Cillas. El 14 de diciembre, un Consejo de Guerra condena a morir fusilados a los capitanes Galán y García Hernández. En marzo serían juzgados y condenados un número significativo de militares que habían participado en la sublevación de Jaca. El capitán Sediles, condenado a muerte, fue indultado ante las movilizaciones populares. Poco después, tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, la monarquía se exilia y se proclama la República y se les reconocerá como «mártires» por la República. Las ejecuciones de los capitanes Galán y García Hernández causan gran conmoción en toda España, despertando un sentimiento antimonárquico que se extiende rápidamente por toda la geografía. Los ejecutados se convierten, así, en los mártires de la causa republicana, lo que precipitará el curso de los acontecimientos con la llegada, cuatro meses después, de la Segunda República. Durante toda la República los retratos de Galán y de García Hernández se convertirán en las imágenes de «Los mártires de la República». Manuel Azaña anotó en su diario: «La monarquía cometió el disparate de fusilar a Galán y García Hernández, disparate que influyó no poco en la caída del trono». En la línea de los homenajes a Fermín Galán y a García Hernández, el actual Parque de la Constitución de la ciudad de Jaca pasará a denominarse durante la Segunda República Española «Paseo de Fermín Galán», donde comenzó a instalarse el monumento que ideó el artista Ramón Acín que en los fatídicos días de julio de 1936 fue destruido. De igual modo, en muchas ciudades de España se honró a los héroes de Jaca dedicándoles calles y avenidas en su nomenclátor urbano, denominaciones que fueron suprimidas durante la dictadura franquista. El Cementerio de Huesca, entre 1931 y 1936, se convirtió en lugar de peregrinación: Partidos políticos, organizaciones sindicales y entidades cívicas de distinta naturaleza, Ayuntamientos en pleno de todo el país se daban cita a los pies de la tumba de Fermín Galán. El 14 de abril y el Primero de Mayo se convirtieron en fechas de conmemoración y homenaje. Durante la dictadura franquista los enterramientos se abandonaron a su suerte, aunque manos anónimas cuidaban la sepultura y repintaban los epígrafes. La tapia oeste del antiguo recinto civil del Cementerio de Huesca alberga la tumba de Galán y fue lugar de fusilamientos en agosto de 1936 y entre octubre de 1938 hasta enero de 1945. En agosto del 1936 fueron fusilados hombres y mujeres de todas las adscripciones políticas. Se continuaron los fusilamientos en el antiguo Cementerio de los Mártires hasta 1945. Junto a la tumba de Galán se localizan otras de relevancia histórica como la de Sixto Coll, Presidente republicano de la Diputación Provincial de Huesca, o personas del campo de las letras o las artes, entre ellas, el artista Ramón Acín. El Pabellón de Nichos (grupo C) donde yace Ángel García Hernández, acoge a diferentes personajes conocidos que aportan diferentes datos históricos. ANEXO II Plano de delimitación de las sepulturas de los Capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, define el patrimonio cultural aragonés como el integrado por todo los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico, o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas. La ley clasifica estos bienes en bienes de interés cultural, bienes catalogados y bienes inventariados. Siendo los bienes de interés cultural los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural Aragonés. Dentro de los bienes de interés cultural existe la categoría de conjunto de interés cultural donde está la figura de sitio histórico, definida en el artículo 12.2.B).c) como el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones humanas o de la naturaleza, que posean valores históricos o de singularidad natural o cultural. Las sepulturas de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca están vinculadas a dos personajes que han pasado a la historia como los artífices de la sublevación republicana de Jaca del 12 de diciembre de 1930, la cual supuso un impulso decisivo para el advenimiento de la Segunda República Española en abril de 1931, hechos de notable relevancia en nuestra historia reciente. Según el artículo 21 de la ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la declaración de un conjunto de interés cultural, contendrá al menos la delimitación y entorno de protección. En este caso la delimitación y su entorno de protección son coincidentes. Este expediente se ha tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Texto Refundido de la ley de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobada por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, se ha solicitado informe al Ayuntamiento de Huesca, a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Huesca y al Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca. El procedimiento se inició mediante Resolución de 11 de febrero de 2017, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio por la que se inicia procedimiento y se abre un periodo de información pública para la declaración de las sepulturas de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca como bien de interés cultural, en la categoría de conjunto de interés cultural, sitio histórico. Esta Resolución fue publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» del 28. Durante el proceso de información pública se presentaron alegaciones que fueron contestadas en tiempo y forma. Posteriormente, mediante Resolución de 2 de junio de 2017, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» del 15 y en el «Boletín Oficial del Estado» del 19, se abrió trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento. Donde no se presentaron alegaciones. En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, y previa deliberación, del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 3 de octubre de 2017, dispongo: Primero. Objeto. Es objeto del presente decreto es declarar bien de interés cultural, en la categoría de conjunto de interés cultural, figura de sitio histórico, las sepulturas de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca. La descripción de los hechos históricos vinculados a las sepulturas y el plano de delimitación se recogen en los anexos I y II respectivamente, de este decreto. Segundo. Régimen jurídico. El régimen jurídico aplicable al conjunto de interés cultural, sitio histórico de las sepulturas de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández del Cementerio de Huesca, es el previsto en la sección Segunda, del capítulo I, del título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, los títulos Sexto y Séptimo de la misma norma, así como cuantos preceptos sean de aplicación general a los bienes de interés cultural. Tercero. Plan Especial de Protección. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la declaración de sitio histórico determina la obligación para el Ayuntamiento afectado de redactar y aprobar uno o varios planes especiales de protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento urbanístico que cumpla, en todo caso, las exigencias establecidas en la citada ley, así como en el anexo II del presente decreto. Desde la aprobación definitiva del plan especial de protección del sitio histórico o instrumento similar, el Ayuntamiento interesado será competente para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles no declarados bien de interés cultural en la categoría de monumento o comprendidos en el entorno de protección de estos, debiendo dar cuenta al Departamento responsable de Patrimonio Cultural de las autorizaciones que otorgue. Cuarto. Publicidad. El presente decreto se notificará al Ayuntamiento de Huesca y será publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado». Esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octu ### RESUMEN: Aragón declara conjunto de interés cultural las tumbas de Galán y García, líderes de la Sublevación de Jaca.

Sentencia del Constitucional que anula las plusvalías municipales si no ha subido el valor del inmueble

en la Cuestión 4864/2016 inconstitucionales y nulos, en los términos indicados, los arts. 107.1 y 2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ECLI:ES:TC:2017:59 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con el artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El día 14 de septiembre de 2016 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal Constitucional un escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera (recurso núm. 174-2015), al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de 25 de julio de 2016, por el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad con relación al artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por presunta vulneración del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE). 2. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) La entidad mercantil Rentas y Vitalicios, S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria, adquirió un serie de terrenos en 2003 sobre los que procedió a la construcción de 73 viviendas. Estas serían luego adjudicadas a la entidad financiera Unicaja Banco, S.A.U., por el 50 por 100 de su valor de tasación, excepto una que lo fue por un valor superior, mediante procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 85-2004, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Jerez de la Frontera. b) Como consecuencia de las anteriores transmisiones, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera giró con fecha de 14 de julio de 2014 una serie de liquidaciones por el concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. c) Al considerar la mercantil ejecutada que no había existido un aumento de valor de los terrenos, contra las liquidaciones anteriores interpuso los correspondientes recursos de reposición que fueron desestimados por decreto del teniente de Alcalde, delegado de economía, de fecha 21 de octubre de 2014, argumentando que «el legislador desarrolló esta normativa reguladora a sabiendas que siempre se podría obtener una cuota positiva». d) Promovido recurso contencioso-administrativo (núm. 174-2015) contra el anterior decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, una vez concluso el correspondiente procedimiento, mediante providencia con fecha de 8 de junio de 2016, se dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen sobre la posible inconstitucionalidad de la norma de valoración objetiva establecida en el artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; pero solo en la medida en que grava consecuencias no reales, en contra del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE). e) Evacuado el trámite de alegaciones conferido, tanto la recurrente en el proceso a quo, mediante escrito registrado el día 22 de junio de 2016, como el Ministerio Fiscal, por informe de 24 de octubre de 2016, no se opusieron al planteamiento de la cuestión. Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, también por escrito de 22 de junio de 2016, se opuso al planteamiento. 3. En la fundamentación jurídica del Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial proponente, tras precisar los antecedentes de hecho, delimitar la forma de cuantificación del incremento del valor de los terrenos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto Legislativo 2/2004 y subrayar el alcance del principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE en la doctrina constitucional (STC 194/2000), considera que la resolución administrativa impugnada pone de manifiesto con nitidez la situación planteada. Pues reconoce que el citado Real Decreto Legislativo 2/2004 solo admite como resultado en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana la existencia de cuotas positivas. Según el Juzgado promotor de la cuestión, el artículo 107 del citado texto legal acoge una regla para la determinación de los incrementos de valor que tiene un carácter imperativo, sin que exista ningún precepto que prevea la posibilidad de utilizar otro método alternativo de cuantificación de las plusvalías municipales. Así las cosas, según el órgano judicial, la entidad recurrente en el proceso a quo adquirió unos terrenos en un momento de alza en los precios en el mercado inmobiliario, ajustándose las ponencias de valores en el municipio a tales precios, para luego, en una situación de bajada sustancial y sostenida de los precios, transmitirlos en ejecución hipotecaria. Sin embargo, el precepto cuestionado no contempla el supuesto de una minusvaloración en la venta de inmuebles, determinando siempre un incremento de valor por el que tributar, lo que parece contravenir la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de capacidad económica, como requisito de partida de toda prestación tributaria. En suma la ley atribuye, en todo caso, un resultado positivo de incremento de valor por la aplicación de unas reglas de determinación de la base imponible que no pueden dejar de aplicarse, dado su carácter imperativo. No contempla la posible existencia de una minusvaloración al momento de la transmisión de los inmuebles, con lo que estaría haciendo depender la prestación tributaria de situaciones que no son expresivas de capacidad económica y, en consecuencia, estaría sometiendo a tributación manifestaciones de riqueza no ya potenciales, sino inexistentes o ficticias. 4. Mediante providencia de fecha 31 de enero de 2017, el Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión planteada y, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), reservar para sí el conocimiento de la cuestión, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de 15 días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes, así como publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» (lo que tuvo lugar en el «BOE» núm. 34, de 9 de febrero). 5. Por escrito registrado en este Tribunal el día 16 de febrero de 2017 se recibió una comunicación del Presidente del Senado por la que se trasladaba a este Tribunal el acuerdo de personación de esta Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Posteriormente, por escrito registrado el día 17 siguiente se recibió otra comunicación de la Presidenta del Congreso de los Diputados por la que se ponía también en conocimiento de este Tribunal el acuerdo de personación de esta Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC, con remisión a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones, y a la asesoría jurídica de la Secretaría General. 6. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones en el registro general de este Tribunal el día 28 de febrero de 2017. En este escrito, y con carácter previo al análisis de los vicios de inconstitucionalidad imputados a las normas cuestionadas, realiza dos precisiones previas: i) El artículo 107 de la Ley reguladora de haciendas locales (LHL) cuestionado, como reconoce el propio órgano judicial promotor de la cuestión, no sería inconstitucional en todo caso, sino solo en la medida que no hubiese un incremento de valor ni real ni cierto; para que dicho artículo sea contrario a la Constitución deberá partirse de que en el supuesto concreto haya quedado demostrado dicho presupuesto: que el incremento de valor del terreno no es real ni cierto. ii) Aun cuando en el Auto de planteamiento se cuestiona el citado artículo 107 LHL, en su totalidad, sin embargo, al estarse en presencia de una liquidación por la transmisión en ejecución hipotecaria de dos fincas, debería quedar fuera del planteamiento el apartado 2, subapartados b), c) y d), de ese precepto, pues no serían relevantes para adoptar una resolución en el proceso. Una vez hechas las anteriores precisiones, pasa el Abogado del Estado a analizar la denunciada inconstitucionalidad del artículo 107 LHL. Señala a tal fin que este precepto, en la redacción que le ha dado la Ley 51/2002, establece que la base imponible estará constituida por el «incremento del valor de los terrenos» puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años; a diferencia de la redacción anterior a la Ley 51/2002, que señalaba que la base imponible era el «incremento real del valor de los terrenos». Para el Abogado del Estado, antes de la reforma, el legislador había configurado la determinación del incremento real mediante la utilización de una regla de valoración que sólo podía ofrecer un valor referencial; lo que justificaba que un contribuyente pudiese impugnar la liquidación si podía acreditar la ausencia de un incremento gravable. Por el contrario, tras la reforma, al haberse suprimido el término «real», no se está condicionando nada. Aunque se evidencie «por una revisión catastral de los terrenos» que el contribuyente ha obtenido una minusvalía, siempre va a existir una renta potencial gravable; por lo que el principio de capacidad económica quedaría siempre a salvo. El fundamento del impuesto no es gravar el incremento «real» provocado por la diferencia de precios de venta y compra, sino la riqueza potencial, esto es, el incremento del valor del terreno experimentado por la acción urbanística del municipio en el que se encuentra, devolviendo a la colectividad parte del beneficio obtenido con fundamento en el artículo 47 CE, que dispone que «la comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos». Para el Abogado del Estado, el valor del terreno a tomar en consideración es el que tenga determinado al momento de la transmisión a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, esto es, el valor catastral, habiendo asumido así el legislador unos criterios objetivos para la fijación de la base imponible del impuesto, que no atienden a las circunstancias particulares o subjetivas. En este sentido, el artículo 107 de la Ley de haciendas locales dispone que la base imponible del impuesto se determinará aplicando al valor del terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, es decir, el valor catastral. Se trata de un porcentaje que, a su vez, es el resultado de multiplicar el coeficiente establecido por el ayuntamiento, dentro del límite legal, por el número de años de generación del incremento. De este modo, la cuantía del impuesto aumenta en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión del terreno (con un máximo de 20 años); siempre con total independencia de la ganancia real obtenida con la transmisión del terreno. Aunque el legislador pudo escoger entre diversas fórmulas para determinar el incremento de valor del terreno como, por ejemplo, el precio de la transmisión o el valor de mercado, sin embargo, optó por calcular el incremento del valor con relación al valor catastral. Prefirió establecer una regla de determinación de la base imponible que ni es presuntiva ni probatoria, sino objetiva (disociada de la realidad), lo que simplifica su determinación, aunque pueda dar lugar a un base inferior o superior al incremento real del terreno. Es cierto, entonces, para el Abogado del Estado, que en una situación como la actual, en la que los precios de los inmuebles han bajado respecto a años anteriores y en la que el titular de un inmueble puede verse obligado a enajenarlo por un precio inferior al de adquisición, puede ocurrir que, pese a haber obtenido una pérdida económica, a efectos del impuesto municipal se aprecie un incremento del valor del terreno. Pero ello no es contrario, a su juicio, al principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE. Durante las décadas anteriores y sobre todo en los años del llamado «boom inmobiliario», el valor de mercado de los inmuebles se incrementaba muy por encima de los valores catastrales, mientras que en el impuesto municipal se tributaba igualmente en función del valor catastral y no del valor de mercado. Eso sí, para paliar los efectos negativos de la crisis del mercado inmobiliario la normativa reguladora del impuesto ha previsto dos medidas que pueden aplicar los ayuntamientos: de un lado, una reducción de valor catastral de hasta un 60 por 100 de su valor durante los cinco años siguientes a su revisión; de otro, la actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales. Dado que el valor catastral del bien inmueble se tiene en cuenta para calcular la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (como también es la base del impuesto sobre bienes inmuebles y el valor que se toma como referencia en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre el patrimonio), subraya el Abogado del Estado, que si se considera que los valores catastrales están mal determinados, ello no es un problema de capacidad económica, sino de articular los mecanismos previstos en la normativa vigente para impugnar esos valores. 7. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones en el registro general de este Tribunal el día 16 de marzo de 2017, considerando que procede declarar que los artículos 107.1 y 2 a), y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero «únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor», al no permitir a las corporaciones locales prescindir de la regla de cálculo legalmente establecida, aunque en las transmisiones de los terrenos de naturaleza urbana se produzca una minusvaloración en el momento de la transmisión. Tras precisar los antecedentes de hecho del planteamiento de la cuestión, el contenido del precepto cuestionado, el cumplimiento de los requisitos procesales, las dudas de constitucionalidad manifestadas por el órgano promotor de la cuestión y la estructura del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, subraya el Fiscal General del Estado que este Tribunal ha dictado las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, con relación, respectivamente, a los arts. 1, 4 y 7.4 de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, y 46/1989, de 19 de julio, reguladoras del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. Los ha declarado inconstitucionales y nulos, pero «únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor». Pues bien, puesto que la redacción de los apartados de los preceptos cuestionados en el presente caso es idéntica a la de las normas forales declaradas inconstitucionales y dado que las dudas expuestas por el órgano judicial también son idénticas a las ya analizadas en las Sentencias citadas, procede declarar igualmente la inconstitucionalidad y nulidad del art. 107.1 y 2 a) de la Ley reguladora de las haciendas locales, «únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor». Por último, señala el Fiscal General del Estado que aun cuando el órgano judicial se ha limitado a cuestionar el artículo 107 de la Ley de haciendas locales, en la providencia de audiencia previa al planteamiento de la cuestión declaraba también aplicable a la controversia el artículo 110.4 de la misma Ley, que impide tomar en consideración los supuestos de decremento del valor, habiendo sido objeto de las alegaciones de las partes y del Ministerio Fiscal. Sin embargo, la obligación de las corporaciones locales de estar a las reglas del impuesto «sin admitir prueba en contrario» es consecuencia de la redacción del artículo 110.4, razón por la cual, en las Sentencias citadas se declaró también inconstitucional el artículo 7.4 de las Normas forales enjuiciadas. Aunque en el posterior Auto de planteamiento no exista referencia alguna al citado artículo 110.4, el artículo 39.1 LOTC permite extender la declaración de inconstitucionalidad, «por conexión o consecuencia», a otros preceptos de la misma Ley, lo que debería producirse en este caso al existir una íntima conexión entre las reglas de determinación de la base imponible y ese artículo 110.4, que impide a las corporaciones locales prescindir de la regla de cálculo legalmente establecida, aun cuando se haya producido una minusvaloración del valor del terreno en el momento de la transmisión. Por todo ello, considera el Fiscal General del Estado que debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 8. Mediante escrito de 24 de enero de 2017, el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos comunicó su voluntad de abstenerse en el conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por entenderse incluido en el epígrafe 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (tener interés indirecto en la causa). Por ATC 13/2017, de 31 de enero, el Pleno de este Tribunal acordó estimar justificada la abstención formulada, apartándole definitivamente del conocimiento de la cuestión y de todas sus incidencias. 9. Por escrito de 11 de mayo de 2017, el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar anunció su intención de abstenerse del conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por entenderse incluido en el epígrafe 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (tener interés indirecto en la causa). Por Auto de 11 de mayo de 2017, el Pleno de este Tribunal acordó apreciar justificada la abstención formulada, apartándole definitivamente del conocimiento de la cuestión y de todas sus incidencias. 10. Mediante providencia de 9 de mayo de 2017 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera ha planteado una cuestión inconstitucionalidad en relación con el artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, LHL), por posible infracción del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE). Antes de entrar a dar respuesta a la duda que se plantea en el presente proceso constitucional hemos de precisar que, como señala el Abogado del Estado, aun cuando se cuestiona por el órgano judicial el artículo 107 LHL en su totalidad, en la medida en que la liquidación impugnada en el proceso a quo deriva de la transmisión onerosa de unos terrenos, deben quedar fuera del objeto las letras b), c) y d) de su apartado 2. En ellas se acogen las reglas para la determinación del valor de terreno en la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio [letra b)]; en la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie [letra c)]; y en las expropiaciones forzosas [letra d)]. En consecuencia, al no ser de aplicación al supuesto de hecho del que trae causa el presente proceso constitucional, dado que el órgano judicial no ha fundado su aplicabilidad ni tampoco la medida en la que la decisión del proceso a quo depende de la validez de los apartados b), c) y d) del artículo 107.2 LHL, estos deben quedar excluidos del objeto de la cuestión. 2. Considera el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera que la ley atribuye, en todo caso, un resultado positivo (un incremento de valor) por la aplicación de unas reglas de determinación de la base imponible que no pueden dejar de aplicarse (dado su carácter imperativo), no contemplando la posible existencia de una minusvaloración al momento de la transmisión de los inmuebles. Con ello estaría haciendo depender la prestación tributaria de situaciones que no son expresivas de capacidad económica y, en consecuencia, sometiendo a tributación manifestaciones de riqueza no ya potenciales, sino inexistentes o ficticias. El Abogado del Estado sostiene, sin embargo, que se confunde el «valor real» con el «valor catastral», pues el tributo no pretende gravar incrementos reales, al haber optado el legislador por calcular el incremento de valor derivado de la transmisión de un bien inmueble de naturaleza urbana de forma objetiva, sin atender a las circunstancias del caso concreto. Esto permite que incluso quien transmita un inmueble por un precio inferior al de adquisición, habiendo obtenido una pérdida económica, tenga un incremento de valor sometido a tributación. A su juicio, la circunstancia de que con la transmisión se evidencie una minusvalía, no convierte al tributo en contrario al principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE y, por tanto, es inconstitucional; porque con el hecho mismo de la transmisión se pone de manifiesto una capacidad económica susceptible de gravamen. El Fiscal General del Estado, con fundamento en las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, relativas a los arts. 1, 4 y 7.4, respectivamente, de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, y 46/1989, de 19 de julio, reguladoras del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava, considera que debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 LHL, «únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor»; habida cuenta que la redacción de los preceptos ahora cuestionados es idéntica a la declarada inconstitucional en aquellas Sentencias. 3. Como señala el Fiscal General del Estado, sobre una duda de constitucionalidad sustancialmente idéntica a la ahora planteada nos hemos pronunciado recientemente en las SSTC 26/2017 y 37/2017. En estas Sentencias llegamos a la conclusión de que el tratamiento que otorgaban las citadas normas forales «a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carecía de toda justificación razonable, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que correspondía a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, con lo que se estaban sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica en contra del principio garantizado en el artículo 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3, y 37/2017, FJ 3). En efecto, declaramos en una y otra Sentencia que, siendo constitucionalmente admisible que «el legislador establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica, estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza», bastando con que «dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquél principio constitucional quede a salvo», ello debe hacerse sin que en ningún caso pueda «establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Por esta razón precisamos a renglón seguido que, aun cuando «es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto», sin embargo, «una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal» (STC 26/2017, FJ 3). Resulta, entonces, que aun cuando de conformidad con su regulación normativa, el objeto del impuesto analizado es el «incremento de valor» que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, el gravamen, sin embargo, no se anuda necesariamente a la existencia de ese «incremento» sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo). Por consiguiente, basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Sin embargo, parece claro que la circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se hiciese depender, entonces y también ahora, de la transmisión de un terreno, «podría ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el ‘incremento de valor’ de un terreno. Al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)» (STC 37/2017, FJ 3). Enjuiciando aquella regulación foral consideramos que «los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente ‘de acuerdo con su capacidad económica’ (art. 31.1 CE)». De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, «lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado artículo 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). No hay que descuidar que «la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado ‒la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos‒ en un efecto generalizado, al que necesariamente la regulación normativa del impuesto debe atender», pues las concretas disfunciones que genera vulneran «las exigencias derivadas del principio de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 4; y 37/2017, FJ 4). Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos cuestionados de la Ley reguladora de haciendas locales otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el artículo 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). 4. No salva la conclusión alcanzada anteriormente ninguna de las dos medidas invocadas por el Abogado del Estado que los ayuntamientos podrían adoptar de conformidad con la normativa reguladora del impuesto: de un lado, la reducción de valor catastral en hasta un 60 por 100 durante los cinco años siguientes a su revisión; de otro, la actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales. a) Es cierto que los ayuntamientos pueden reducir el valor catastral de los bienes inmuebles que hubiesen sido objeto de modificación como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, con carácter potestativo, hasta en un 60 por 100, provocando con ello, como efecto inmediato, una reducción del importe del tributo cuestionado. En este sentido, el artículo 107.3 LHL autoriza a los ayuntamientos a introducir —con carácter potestativo— una reducción de hasta el 60 por 100 en el valor catastral del terreno cuando se haya modificado como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general (esa misma reducción era obligatoria hasta el año 2012; el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, la convirtió en potestativa). De acuerdo a lo anterior, no sólo en aquellos supuestos en los que los Ayuntamientos no hayan previsto aquella reducción no quedaría sanada la situación que se considera inconstitucional, sino que también en aquellos otros en los que eventualmente hubieran podido prever la citada reducción, lo único que se estaría consiguiendo, caso de no estimarse un incremento, sería aminorar su importe, pero no evitarlo, lo que en modo alguno sanaría la vulneración del principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE. b) También es cierto que los valores catastrales (los que sirven para la determinación del incremento de valor sometido a tributación) pueden ser objeto de una actualización, incluso a la baja, por aplicación de los coeficientes previstos en las leyes de presupuestos generales, consiguiéndose con ello, eventualmente, la reducción del importe del tributo cuestionado. En efecto, siendo consciente el legislador estatal de que las circunstancias del mercado inmobiliario han cambiado como consecuencia de la crisis económica y, por tanto, de que los valores catastrales a partir de los cuales se determina el incremento del valor sometido a tributación se han visto afectados negativamente, introdujo —desde el ejercicio 2014— la posibilidad de aplicar unos coeficientes de actualización del valor catastral que no sólo sirven, en unos casos, para aumentarlo, sino también, en otros supuestos, para reducirlo. A diferencia de lo que venía sucediendo hasta el año 2013, cuando se aplicaba un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes inmuebles, el artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, dio nueva redacción al artículo 32 del texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, para prever la posibilidad de actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos, a petición de los ayuntamientos, siempre que se hubiesen puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, y siempre que hubiesen transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Tradicionalmente se vino aplicando un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes inmuebles. Sin embargo, tras la modificación operada por el artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, la ley de presupuestos generales del Estado ha venido introduciendo unos coeficientes de actualización de los valores catastrales para su adecuación con el mercado inmobiliario, que pueden ser al alza o a la baja. La reducción prevista en las diferentes leyes de presupuestos para aquellos inmuebles cuyas ponencias de valores fueron aprobadas a partir del año 2005 intenta adecuar el valor catastral al valor del mercado inmobiliario, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. De esta manera, en la medida que el valor catastral que tiene asignado el terreno al momento del devengo es el parámetro fundamental para determinar el incremento de valor que ha experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años (art. 107 LHL), no cabe duda de que la actualización de aquel valor, cuando lo sea a la baja, mediante la aplicación del coeficiente previsto en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado (en el caso de que el ayuntamiento lo haya solicitado a la Dirección General del Catastro), provocará como consecuencia inmediata la reducción de la base imponible (incremento de valor) en el impuesto controvertido. Sin embargo, la reducción del incremento imputable al obligado tributario, en el supuesto de no estimarse un incremento, nuevamente solo serviría para minorar su importe, pero no para evitarlo, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE. 5. Antes de pronunciar el fallo al que conduce la presente Sentencia, deben efectuarse una serie de precisiones últimas sobre su alcance: a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5). b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del artículo 107 LHL, debemos extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al artículo 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos, cuya existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, el cual «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene» [SSTC 26/2017, FJ 6, y 37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5). c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5). FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a once de mayo de dos mil diecisiete.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.

en la Cuestión 4864/2016 inconstitucionales y nulos, en los términos indicados, los arts. 107.1 y 2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ECLI:ES:TC:2017:59 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con el artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El día 14 de septiembre de 2016 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal Constitucional un escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera (recurso núm. 174-2015), al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de 25 de julio de 2016, por el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad con relación al artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por presunta vulneración del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE). 2. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) La entidad mercantil Rentas y Vitalicios, S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria, adquirió un serie de terrenos en 2003 sobre los que procedió a la construcción de 73 viviendas. Estas serían luego adjudicadas a la entidad financiera Unicaja Banco, S.A.U., por el 50 por 100 de su valor de tasación, excepto una que lo fue por un valor superior, mediante procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 85-2004, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Jerez de la Frontera. b) Como consecuencia de las anteriores transmisiones, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera giró con fecha de 14 de julio de 2014 una serie de liquidaciones por el concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. c) Al considerar la mercantil ejecutada que no había existido un aumento de valor de los terrenos, contra las liquidaciones anteriores interpuso los correspondientes recursos de reposición que fueron desestimados por decreto del teniente de Alcalde, delegado de economía, de fecha 21 de octubre de 2014, argumentando que «el legislador desarrolló esta normativa reguladora a sabiendas que siempre se podría obtener una cuota positiva». d) Promovido recurso contencioso-administrativo (núm. 174-2015) contra el anterior decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, una vez concluso el correspondiente procedimiento, mediante providencia con fecha de 8 de junio de 2016, se dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen sobre la posible inconstitucionalidad de la norma de valoración objetiva establecida en el artículo 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; pero solo en la medida en que grava consecuencias no reales, en contra del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE). e) Evacuado el trámite de alegaciones conferido, tanto la recurrente en el proceso a quo, mediante escrito registrado el día 22 de junio de 2016, como el Ministerio Fiscal, por informe de 24 de octubre de 2016, no se opusieron al planteamiento de la cuestión. Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, también por escrito de 22 de junio de 2016, se opuso al planteamiento. 3. En la fundamentación jurídica del Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial proponente, tras precisar los antecedentes de hecho, delimitar la forma de cuantificación del incremento del valor de los terrenos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto Legislativo 2/2004 y subrayar el alcance del principio de capacidad económica del artículo 31.1 CE en la doctrina constitucional (STC 194/2000), considera que la resolución administrativa impugnada pone de manifiesto con nitidez la situación planteada. Pues reconoce que el citado Real Decreto Legislativo 2/2004 solo admite como resultado en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana la existencia de cuotas positivas. Según el Juzgado promotor de la cuestión, el artículo 107 del citado texto legal acoge una regla para la determinación de los incrementos de valor que tiene un carácter imperativo, sin que exista ningún precepto que prevea la posibilidad de utilizar otro método alternativo de cuantificación de las plusvalías municipales. Así las cosas, según el órgano judicial, la entidad recurrente en el proceso a quo adquirió unos terrenos en un momento de alza en los precios en el mercado inmobiliario, ajustándose las ponencias de valores en el municipio a tales precios, para luego, en una situación de bajada sustancial y sostenida de los precios, transmitirlos en ejecución hipotecaria. Sin embargo, el precepto cuestionado no contempla el supuesto de una minusvaloración en la venta de inmuebles, determinando siempre un incremento de valor por el que tribu ### RESUMEN: Sentencia del Constitucional que anula las plusvalías municipales si no ha subido el valor del inmueble

Catalunya ya está entera, desde este momento, en fase 3. Solo quedan en fase 2 Madrid, Ávila, Salamanca, Segovia y Soria.

el anexo de la Orden SND/458/2020, de 20 de mayo el anexo de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo los arts. 3 y 6 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo los arts. 4, 7 y 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo cuatro, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual ha sido prorrogado en seis ocasiones, la última mediante el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, en los términos expresados en dicha norma. El artículo 4.2.d) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad competente delegada. En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma, el Ministro de Sanidad se designa como única autoridad competente delegada en el período correspondiente a la nueva prórroga. Por su parte, el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, limita la libertad de circulación de las personas a determinados supuestos, contemplando en su apartado 6 que el Ministro de Sanidad pueda, en atención a la evolución de la emergencia sanitaria, dictar órdenes e instrucciones en relación con las actividades y desplazamientos a que se refieren los apartados 1 a 4 de ese artículo, con el alcance y ámbito territorial que en aquellas se determine. Asimismo, el artículo 10 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, recoge las medidas de contención en el ámbito de establecimientos y locales comerciales, actividades de hostelería y restauración, o archivos entre otros, contemplando su apartado 6 una habilitación al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública, pudiendo por tanto ampliar esta suspensión a aquellos otros supuestos que se consideren necesarios. En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad. Este proceso, articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. El objetivo fundamental del citado Plan para la transición es conseguir que, preservando la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar. Asimismo, según lo recogido en el artículo 3 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, en aplicación del citado Plan, el Ministro de Sanidad, a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, podrá acordar, en el ámbito de su competencia, la progresión de las medidas aplicables en un determinado ámbito territorial. La regresión de las medidas hasta las previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento. En este contexto, se han aprobado, entre otras, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, que tiene por objeto establecer las condiciones para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas por el estado de alarma, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Por todo ello, ante la evolución epidemiológica positiva y el oportuno cumplimiento de los criterios establecidos, y de acuerdo con lo previsto en la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad, procede adoptar una nueva orden para incorporar las regiones sanitarias de Barcelona y Lleida a la fase 3 y establecer a la Comunidad Autónoma de Cataluña como unidad territorial en dicha fase. Corresponde al Ministro de Sanidad la adopción de esta orden, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4.3, 7.6 y 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como los artículos 3 y 6 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En su virtud, dispongo: Artículo primero. Modificación de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Se modifica el anexo de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que queda redactado como sigue: «ANEXO Unidades territoriales 7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. 19. En la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid.» Artículo segundo. Modificación de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Se modifica el anexo de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que queda redactado como sigue: «ANEXO Unidades territoriales 1. La Comunidad Autónoma de Andalucía. 2. La Comunidad Autónoma de Aragón. 3. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 4. La Comunidad Autónoma de Illes Balears. 5. La Comunidad Autónoma de Canarias. 6. La Comunidad Autónoma de Cantabria. 7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la unidad territorial formada por la provincia de Burgos, la unidad territorial formada por la provincia de León, la unidad territorial formada por la provincia de Palencia, la unidad territorial formada por la provincia de Valladolid y la unidad territorial formada por la provincia de Zamora. 8. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la unidad territorial formada por las provincias de Guadalajara y Cuenca, la unidad territorial formada por la provincia de Albacete, la unidad territorial formada por la provincia de Ciudad Real y la unidad territorial formada por la provincia de Toledo. 9. La Comunidad Autónoma de Cataluña. 10. La Comunidad Valenciana. 11. La Comunidad Autónoma de Extremadura. 12. La Comunidad Autónoma de Galicia. 13. La Región de Murcia. 14. La Comunidad Foral de Navarra. 15. La Comunidad Autónoma del País Vasco. 16. La Comunidad Autónoma de La Rioja. 17. La Ciudad Autónoma de Ceuta. 18. La Ciudad Autónoma de Melilla.» Disposición final primera. Régimen de recursos. Contra la presente orden, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Disposición final segunda. Efectos y vigencia. La presente orden surtirá plenos efectos desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. Madrid, 17 de junio de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.

el anexo de la Orden SND/458/2020, de 20 de mayo el anexo de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo los arts. 3 y 6 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo los arts. 4, 7 y 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo cuatro, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual ha sido prorrogado en seis ocasiones, la última mediante el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, en los términos expresados en dicha norma. El artículo 4.2.d) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad competente delegada. En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma, el Ministro de Sanidad se designa como única autoridad competente delegada en el período correspondiente a la nueva prórroga. Por su parte, el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, limita la libertad de circulación de las personas a determinados supuestos, contemplando en su apartado 6 que el Ministro de Sanidad pueda, en atención a la evolución de la emergencia sanitaria, dictar órdenes e instrucciones en relación con las actividades y desplazamientos a que se refieren los apartados 1 a 4 de ese artículo, con el alcance y ámbito territorial que en aquellas se determine. Asimismo, el artículo 10 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, recoge las medidas de contención en el ámbito de establecimientos y locales comerciales, actividades de hostelería y restauración, o archivos entre otros, contemplando su apartado 6 una habilitación al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública, pudiendo por tanto ampliar esta suspensión a aquellos otros supuestos que se consideren necesarios. En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad. Este proceso, articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. El objetivo fundamental del citado Plan para la transición es conseguir que, preservando la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar. Asimismo, según lo recogido en el artículo 3 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, en aplicación del citado Plan, el Ministro de Sanidad, a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, podrá acordar, en el ámbito de su competencia, la progresión de las medidas aplicables en un determinado ámbito territorial. La regresión de las medidas hasta las previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento. En este contexto, se han aprobado, entre otras, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, que tiene por objeto establecer las condiciones para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas por el estado de alarma, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Por todo ello, ante la evolución epidemiológica positiva y el oportuno cumplimiento de los criterios establecidos, y de acuerdo con lo pre ### RESUMEN: Catalunya ya está entera, desde este momento, en fase 3. Solo quedan en fase 2 Madrid, Ávila, Salamanca, Segovia y Soria.

La Ley Orgánica de la Justicia Universal entra en vigor desde mañana

los arts. 23.2, 4 y 5 y 57.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio , en el Recurso 3754/2014, la desestimación, por Sentencia 140/2018, de 20 de diciembre JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, se produjo un cambio en la regulación y planteamiento de la llamada justicia universal. En el planteamiento de dicha reforma latía la idea de perfilar la competencia de la jurisdicción española, ampliando por un lado los delitos que, habiéndose cometido fuera del territorio nacional, e independientemente de la nacionalidad de su autor son susceptibles de ser investigados por la jurisdicción española y por otro lado, definiendo las condiciones que debían darse para que la justicia española fuera competente, adaptando la justicia universal al principio de subsidiariedad y a la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo. Han pasado cuatro años desde que la mencionada reforma entrara en vigor y la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y exigencias propias del Derecho Internacional. La extensión de la jurisdicción nacional fuera de las propias fronteras, adentrándose en el ámbito de la soberanía de otro Estado, debe quedar circunscrita a los ámbitos que, previstos por el Derecho Internacional, deban ser asumidos por España en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos: la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la comunidad internacional. Al tiempo, la regulación de la materia debe ajustarse a los compromisos derivados de la ratificación por España el 19 de octubre de 2000 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como instrumento esencial en la lucha por un orden internacional más justo basado en la protección de los derechos humanos. En esa misma línea de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por los Tratados internacionales que España ha ratificado, se hace necesario ampliar la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española. Tal es el caso, por ejemplo, de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los delitos de corrupción de agente público extranjero previstos en el Convenio de la OCDE, delitos cuyas previsiones se incorporaron al Código Penal, si bien quedaba pendiente la definición de los aspectos de jurisdicción que ahora se incorporan en la presente Ley. Ese es el sentido que inspira la reforma que ahora se lleva a cabo, delimitar con claridad, con plena aplicación del principio de legalidad y reforzando la seguridad jurídica, los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía. Con esta finalidad, se precisan los límites positivos y negativos de la posible extensión de la jurisdicción española: es necesario que el legislador determine, de un modo ajustado al tenor de los tratados internacionales, qué delitos cometidos en el extranjero pueden ser perseguidos por la justicia española y en qué casos y condiciones. La persecución de delitos cometidos fuera de España tiene además un carácter excepcional que justifica que la apertura de los procedimientos deba condicionarse a la presentación de querella por el Ministerio Fiscal o la persona agraviada por el delito. También se delimita con carácter negativo la competencia de los tribunales españoles, definiendo con claridad el principio de subsidiariedad. En ese sentido, se excluye la competencia de los tribunales españoles cuando ya se hubiese iniciado un procedimiento en un Tribunal Internacional o por la jurisdicción del país en que hubieran sido cometidos o de nacionalidad de la persona a la que se impute su comisión, en estos dos últimos casos siempre que la persona a que se imputen los hechos no se encuentre en España o, estando en España vaya a ser extraditado a otro país o transferido a un Tribunal Internacional, en los términos y condiciones que se establecen. En todo caso, los jueces y tribunales españoles se reservan la posibilidad de continuar ejerciendo su jurisdicción si el Estado que la ejerce no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo. La valoración de estas circunstancias, que por su relevancia corresponderá a la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, se llevará a cabo conforme a los criterios recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. La regulación introduce límites a la jurisdicción española que deben ser aplicados a las causas actualmente en trámite, pues los Tribunales españoles no pueden continuar procedimientos sobre los que ya carezcan de jurisdicción. Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se modifica en los siguientes términos: Uno. Se modifican los apartados 2, 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y se introduce un nuevo apartado 6 en dicho artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedando todos ellos redactados de la siguiente manera: «2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos: a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes. b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles. c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.» «4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas: a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal, cuando: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o, 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español. c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o, 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español. d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte. e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; 3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España; 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; 5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española; 6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España; 7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o, 8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados. A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles. f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que: 1.º el delito haya sido cometido por un ciudadano español; o, 2.º el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español. g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo. h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español. i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o, 2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español. j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión. k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o, 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España. l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o, 3.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. m) Trata de seres humanos, siempre que: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o, 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; 3.º el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España; o, 4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España. o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública, cuando: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; o, 5.º el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos. p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos. Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.» «5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos: a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte. b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que: 1.º la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio español; o, 2.º se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a disposición de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada. Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el Juez o Tribunal. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso: a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal. b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.» «6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.» Dos. Se introduce un número 4.º en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: «4.º De los demás asuntos que le atribuya esta Ley.» Disposición transitoria única. Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 13 de marzo de 2014. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

los arts. 23.2, 4 y 5 y 57.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio , en el Recurso 3754/2014, la desestimación, por Sentencia 140/2018, de 20 de diciembre JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, se produjo un cambio en la regulación y planteamiento de la llamada justicia universal. En el planteamiento de dicha reforma latía la idea de perfilar la competencia de la jurisdicción española, ampliando por un lado los delitos que, habiéndose cometido fuera del territorio nacional, e independientemente de la nacionalidad de su autor son susceptibles de ser investigados por la jurisdicción española y por otro lado, definiendo las condiciones que debían darse para que la justicia española fuera competente, adaptando la justicia universal al principio de subsidiariedad y a la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo. Han pasado cuatro años desde que la mencionada reforma entrara en vigor y la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y exigencias propias del Derecho Internacional. La extensión de la jurisdicción nacional fuera de las propias fronteras, adentrándose en el ámbito de la soberanía de otro Estado, debe quedar circunscrita a los ámbitos que, previstos por el Derecho Internacional, deban ser asumidos por España en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos: la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la comunidad internacional. Al tiempo, la regulación de la materia debe ajustarse a los compromisos derivados de la ratificación por España el 19 de octubre de 2000 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como instrumento esencial en la lucha por un orden internacional más justo basado en la protección de los derechos humanos. En esa misma línea de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por los Tratados internacionales que España ha ratificado, se hace necesario ampliar la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española. Tal es el caso, por ejemplo, de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los delitos de corrupción de agente público extranjero previstos en el Convenio de la OCDE, delitos cuyas previsiones se incorporaron al Código Penal, si bien quedaba pendiente la definición de los aspectos de jurisdicción que ahora se incorporan en la presente Ley. Ese es el sentido que inspira la reforma que ahora se lleva a cabo, delimitar con claridad, con plena aplicación del principio de legalidad y reforzando la seguridad jurídica, los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía. Con esta finalidad, se precisan los límites positivos y negativos de la posible extensión de la jurisdicción española: es necesario que el legislador determine, de un modo ajustado al tenor de los tratados internacionales, qué delitos cometidos en el extranjero pueden ser perseguidos por la justicia española y en qué casos y condiciones. La persecución de delitos cometidos fuera de España tiene además un carácter excepcional que justifica que la apertura de los procedimientos deba condicionarse a la presentación de querella por el Ministerio Fiscal o la persona agraviada por el delito. También se delimita con carácter negativo la competencia de los tribunales españoles, definiendo con claridad el principio de subsidiariedad. En ese sentido, se excluye la competencia de los tribunales españoles cuando ya se hubiese iniciado un procedimiento en un Tribunal Internacional o por la jurisdicción del país en que hubieran sido cometidos o de nacionalidad de la persona a la que se impute su comisión, en estos dos últimos casos siempre que la persona a que se imputen los hechos no se encuentre en España o, estando en España vaya a ser extraditado a otro país o transferido a un Tribunal Internacional, en los términos y condiciones que se establecen. En todo caso, los jueces y tribunales españoles se reservan la posibilidad de continuar ejerciendo su jurisdicción si el Estado que la ejerce no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo. La valoración de estas circunstancias, que por su relevancia corresponderá a la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, se llevará a cabo conforme a los criterios recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. La regulación introduce límites a la jurisdicción española que deben ser aplicados a las causas actualmente en trámite, pues los Tribunales españoles no pueden continuar procedimientos sobre los que ya carezcan de jurisdicción. Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se modifica en los siguientes términos: Uno. Se modifican los apartados 2, 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y se introduce un nuevo apartado 6 en dicho artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedando todos ellos redactados de la siguiente manera: «2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad es ### RESUMEN: La Ley Orgánica de la Justicia Universal entra en vigor desde mañana

Contrato de la Generaridad de Catalunya con Microsoft para el Suministro de productos de software y soluciones de uso común.por importe total de 23.010.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del a Generalitat de Catalunya (CTTI). b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Calidad, Seguridad y Relación con Proveedores. c) Número de expediente: SU/CTTI/04/12. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=11110&. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de productos de software y soluciones de uso común de la empresa Microsoft. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 26.000.000,00 euros (IVA no incluido). 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 19.500.000,00 euros. Importe total: 23.010.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 30 de marzo de 2012. c) Contratista: Microsoft Ireland Operations Limited. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 19.500.000,00 euros. Importe total: 23.010.000,00 euros. L'Hospitalet de Llobregat, 2 de julio de 2013.- Director de Servicios Corporativos.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del a Generalitat de Catalunya (CTTI). b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Calidad, Seguridad y Relación con Proveedores. c) Número de expediente: SU/CTTI/04/12. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=11110&. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de productos de software y soluciones de uso común de la empresa Microsoft. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 26.000.000,00 euros (IVA no incluido). 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 19.500.000,00 euros. Importe total: 23.010.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 30 de marzo de 2012. c) Contratista: Microsoft Ireland Operations Limited. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 19.500.000,00 euros. Importe total: 23.010.000,00 euros. L'Hospitalet de Llobregat, 2 de julio de 2013.- Director de Servicios Corporativos. ### RESUMEN: Contrato de la Generaridad de Catalunya con Microsoft para el Suministro de productos de software y soluciones de uso común.por importe total de 23.010.000,00 euros.

Reglamento de Comisión de vigilancia de financiación del terrorismo, encargada de bloquear cuentas si hay sospechas

la disposición final 1 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo Ley 10/2010, de 28 de abril La Ley 12/2003, de 21 mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo, en su disposición final primera, habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para su ejecución y desarrollo, especialmente en materia de funcionamiento y régimen jurídico de adopción de acuerdos por parte de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Este real decreto viene a dar cumplimiento a tal habilitación y sirve de instrumento para cumplir los compromisos adquiridos por nuestro país en el ámbito internacional en esta materia, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, solucionó la disfuncionalidad existente entre la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo, y la Ley 12/2003, de 21 mayo, por cuanto esta última reproducía obligaciones de la primera. Además, supuso la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. A partir de entonces el bloqueo de carácter administrativo queda configurado como una medida de prevención de la financiación del terrorismo, resultando tipificadas las infracciones derivadas del incumplimiento por parte de los sujetos obligados que no adopten las medidas necesarias para hacer efectivo ese bloqueo. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo es el órgano con potestad para acordar cualquier bloqueo, atribuyendo al Consejo de Ministros la potestad para imponer las sanciones correspondientes, a propuesta del Ministro del Interior; reservándose el resto de competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo al Ministerio de Economía y Competitividad. La entrada en vigor de dicha ley supuso de otro lado la modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. Dicha modificación se contempla en su disposición final primera, afectando principalmente a la propia denominación de la citada norma legal, suprimiéndose el término «prevención»; así como a las obligaciones de personas y entidades, a la supervisión y al régimen sancionador. Recoge igualmente esta disposición final la constitución, competencias y funcionamiento de la aludida Comisión, la cual es precisamente objeto de desarrollo en este Reglamento; así como su relación de colaboración con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la participación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en las reuniones de la Comisión. De otra parte, deben tenerse presentes los compromisos adquiridos por España en el ámbito internacional como son las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a «Al Qaeda», individuos y entidades asociadas y al Reglamento de la Comunidad Europea para la aplicación de las medidas adoptadas por el Comité de Sanciones de Naciones Unidas, que reproduce las listas de las sucesivas Resoluciones a efectos de congelación de fondos. Asimismo, la Posición Común 931/2001/PESC del Consejo Europeo, de 27 de diciembre de 2001, y el Reglamento n.º 2580/2001, como norma propia de la Unión Europea para hacer efectiva la congelación de fondos de la lista europea de terroristas. Con este reglamento se da un paso más en la regulación y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo como instrumento encaminado a desarrollar la dirección e impulso de las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero para la comisión de las acciones terroristas. Este real decreto consta de una parte expositiva, un artículo único por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, una disposición adicional y dos disposiciones finales, la primera habilita al Ministro del Interior a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del reglamento aprobado y la segunda se refiere a la entrada en vigor del real decreto. Respecto al reglamento, consta de tres capítulos, el capítulo I referido a las disposiciones generales, el capítulo II a la composición y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y el capítulo III relativo a los acuerdos de dicha Comisión, con un total de 15 artículos. Este real decreto ha sido sometido a informe de la Agencia Española de Protección de Datos. En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 2015, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, que se inserta a continuación. Disposición adicional única. Funcionamiento. El funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano superior al cual se encuentra adscrito. Disposición final primera. Habilitación normativa. El Ministro del Interior dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el Reglamento que se aprueba por el presente real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2015. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo 1. Objeto. Este Reglamento regula la naturaleza, composición, funciones y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (en adelante, la Comisión), en desarrollo de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo. CAPÍTULO II Composición y funcionamiento de la Comisión Artículo 2. Naturaleza y composición. 1. La Comisión es un órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior. Estará presidida por el Secretario de Estado de Seguridad e integrada por los vocales que a continuación se detallan, así como por el Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en su condición de secretario, que actuará con voz pero sin voto y que será el encargado de dirigir la Unidad orgánica que desempeñe la Secretaría de la Comisión. 2. Serán vocales de la Comisión: Un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado. Un representante de los Ministerios de Justicia, del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad, designados por los titulares de los departamentos respectivos. 3. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias asistirá a las reuniones de la Comisión con voz pero sin voto. 4. A las reuniones de la Comisión podrán asistir expertos independientes, con voz pero sin voto, cuando el Presidente lo juzgue preciso a los fines de asesoramiento específico en los asuntos a tratar. 5. Los miembros de la Comisión serán nombrados por un período de dos años. Si en el transcurso de este tiempo hubiera algún cambio, tanto en lo concerniente a los ministerios representados como a las estructuras administrativas en las que se integran los vocales, se mantendrá la composición de la Comisión hasta agotar el período correspondiente. En todo caso, si se produjera el cese de algún vocal por cualquier circunstancia no variará el período de dos años para el que fue designado el vocal al que sustituya. Artículo 3. Secretaría de la Comisión. 1. La Secretaría de la Comisión, prevista en el artículo 9 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, será ejercida por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. 2. Corresponderá a la Secretaría: a) Instruir los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por las infracciones a la Ley 12/2003, de 21 de mayo, incluyendo la formulación de propuesta de resolución para la Comisión. b) Recibir de las Administraciones Públicas y personas obligadas la información relacionada con el bloqueo de la financiación de actividades del terrorismo a que se refiere el artículo 4 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. c) Recibir y tramitar, conforme a las normas de este Reglamento, las solicitudes de autorización de liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados en ejecución de un acuerdo de la Comisión. d) Recibir y tramitar las peticiones de supresión de personas y entidades de las listas de terroristas elaboradas por la Unión Europea y Naciones Unidas. e) Elaborar informes que permitan a la Comisión decidir sobre las solicitudes de verificación de identidad a que se refiere el artículo 12. f) Cualesquiera otras tareas que le encomiende la Comisión. Artículo 4. Régimen supletorio. En relación con el régimen de sustituciones y suplencias, convocatoria, y quórum necesario en las reuniones, la Comisión sujetará su actividad a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Respecto al plazo máximo para resolver y notificar a los interesados y a los efectos del silencio administrativo, se estará, igualmente, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 5. Funciones. Son funciones de la Comisión: a) Acordar el bloqueo en los términos del artículo 2 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. b) Recibir los informes de inteligencia financiera que le sean remitidos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en el marco de las competencias que le atribuye la Ley 12/2003, de 21 de mayo. c) Cursar al Ministro del Interior las propuestas de resolución, junto con los expedientes, en los procedimientos sancionadores instruidos por la Secretaría de la Comisión. d) Autorizar la liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados en los términos establecidos en el artículo 13 de este reglamento. e) Auxiliar a los órganos jurisdiccionales penales y al Ministerio Fiscal en el ejercicio de las funciones que les son propias. Artículo 6. Deber de confidencialidad. 1. Todas las personas que desempeñen una actividad para la Comisión y tengan conocimiento de actuaciones o de datos de carácter reservado estarán obligadas a mantener el debido secreto. Este deber implicará la prohibición de comunicar, publicar, o difundir datos o documentos reservados, incluso después de haber cesado en el servicio, salvo autorización expresa otorgada por la Comisión. El incumplimiento de este deber dará lugar a las responsabilidades previstas por las leyes. 2. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder de la Comisión tienen carácter reservado y no podrán ser divulgados, salvo en los siguientes supuestos, y siempre que no ponga en peligro una investigación policial, judicial o del Ministerio Fiscal, o la ejecución de una medida de bloqueo de fondos y recursos económicos acordados por la Comisión: a) La difusión, publicación o comunicación de datos cuando el interesado lo consienta expresamente. b) La publicación de datos agregados para fines estadísticos, o las comunicaciones en forma sumaria o agregada, de manera que las personas o sujetos interesados no puedan ser identificados ni siquiera indirectamente. c) Las comunicaciones de información practicadas a requerimiento de una Comisión Parlamentaria de investigación del Congreso de los Diputados, del Senado o de ambas Cámaras. d) La aportación de información a requerimiento del Ministerio Fiscal o de una autoridad judicial e) La aportación de informaciones o requerimientos de autoridad administrativa u órgano o unidad administrativa que, en virtud de lo establecido en normas con rango de ley, estén facultadas a tales efectos. En este caso, la autoridad requirente invocará expresamente el precepto legal que habilite la petición de información, y será responsable de la regularidad del requerimiento. f) La solicitud de informes o los requerimientos de información practicados por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o por sus órganos de apoyo. g) La comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el cumplimiento de las funciones que tiene legalmente atribuidas, de los acuerdos adoptados por la Comisión referentes al bloqueo de saldos, cuentas y posiciones, así como los de cese de las medidas de bloqueo y las autorizaciones de liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados. 3. Las autoridades, personas o entidades públicas que reciban información de carácter reservado procedente de la Comisión o de cualquiera de sus órganos quedarán, asimismo, sujetas al deber de secreto regulado en el presente artículo, debiendo adoptar las medidas pertinentes que garanticen su reserva. Únicamente podrán utilizarla en el marco del cumplimiento de las funciones que tengan atribuidas por razón de su cargo. CAPÍTULO III Acuerdos de la Comisión Artículo 7. Régimen de adopción de acuerdos. 1. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad de los miembros asistentes en el caso de las funciones recogidas en los párrafos a) y d) del artículo 5, y por mayoría, también de los miembros asistentes, en los restantes supuestos. 2. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos sus miembros y sea declarada la urgencia del asunto por unanimidad. 3. El procedimiento de votación permitirá conocer el sentido del voto o la abstención de los miembros de la Comisión, salvo que de manera motivada solicite lo contrario alguno de ellos y dicha solicitud sea aprobada por unanimidad. Artículo 8. Acta de las reuniones. De cada sesión que celebre la Comisión se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados y, si hubiese votaciones, su forma de celebración y resultado. Artículo 9. Notificación de los acuerdos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, para garantizar la efectividad del acuerdo de bloqueo la Comisión podrá realizar, con la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, notificaciones de la medida acordada a los sujetos del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Artículo 10. Bloqueo de saldos, cuentas y posiciones. 1. De conformidad con la Ley 12/2003, de 21 de mayo, corresponde a la Comisión la facultad de acordar el bloqueo de los saldos, cuentas y posiciones, incluidos los bienes depositados en cajas de seguridad, abiertas por personas o entidades vinculadas a organizaciones terroristas en cualquiera de las entidades enumeradas en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, así como la prohibición de la apertura de nuevas cuentas en las que figure como titular, autorizada para operar o representante, alguna de dichas personas o entidades. Igualmente la Comisión podrá acordar el bloqueo de efectivo, valores y demás instrumentos provenientes de transacciones u operaciones financieras que el ordenante o el beneficiario, directamente o a través de persona interpuesta, hubiera realizado con motivo u ocasión de la perpetración de actividades terroristas o para contribuir a los fines u objetivos perseguidos por los grupos u organizaciones terroristas. 2. Para la adopción de estos acuerdos la Comisión podrá actuar de oficio o en virtud de informaciones que pudieran ser remitidas por otros organismos nacionales, de la Unión Europea o extranjeros. La Comisión fijará la forma en la que las propuestas deberán ser presentadas y los criterios que determinarán su valoración. 3. En relación con la duración de los efectos de los acuerdos de bloqueo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. El cese del bloqueo será acordado cuando no quede acreditada la relación con financiación de actividades terroristas o cuando desaparezcan las causas que lo motivaron. 4. Acordado por la Comisión el cese de la medida de bloqueo o cuando el órgano judicial competente resuelva la nulidad del acuerdo o deniegue su prórroga, dicha circunstancia habrá de ser comunicada inmediatamente, con la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a los sujetos previstos en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. 5. Cuando la Comisión considere que se cumplen los requisitos previstos en la normativa de las Naciones Unidas o de la Unión Europea podrá proponer la inclusión de la persona física o jurídica en las listas de terroristas aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por la Unión Europea. La propuesta de la Comisión será remitida al Ministerio del Interior que, si la estima procedente, la cursará al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Artículo 11. Ejecución de las medidas de bloqueo. 1. Los sujetos obligados previstos en el artículo 2 la Ley 10/2010, de 28 de abril, deberán ejecutar, en el marco de sus respectivos ámbitos de actuación, el acuerdo de bloqueo de los fondos o recursos económicos adoptado y notificado por la Comisión, comunicando sin dilación y por escrito su cumplimentación, para su traslado a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 2. La ejecución de la medida de bloqueo no impedirá que las entidades financieras o de crédito reciban fondos transferidos a las cuentas bloqueadas y los abonen en ellas, siempre y cuando todo nuevo aporte resulte igualmente bloqueado. Las entidades financieras o de crédito informarán de dichas operaciones sin dilación a la Comisión y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 3. La medida de bloqueo no se aplicará al abono en cuentas bloqueadas de intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o de pagos debidos en razón de contratos, acuerdos u obligaciones, siempre que tales intereses, beneficios y pagos sean, asimismo bloqueados, de manera inmediata. No obstante, existirá obligación de retener e ingresar en la Administración Tributaria correspondiente, los importes que, de acuerdo con la normativa fiscal, fueran exigibles en relación con tales pagos. Artículo 12. Solicitudes de verificación de identidad. 1. Las personas físicas o jurídicas que ejecuten la medida de bloqueo de fondos o recursos económicos acordada por la Comisión podrán solicitar a ésta la realización de las gestiones necesarias a fin de verificar si la identidad de la persona sobre la que se ha ejecutado la medida de bloqueo se corresponde con la de la persona a la que se refiere el acuerdo, sin perjuicio de la ejecución de la medida hasta que se produzca la verificación. 2. A estos efectos, el Secretario de la Comisión recabará cuantos datos e informes sean necesarios para verificar la identidad de los sujetos, elevando informe a la Comisión que, en vista de su contenido, decidirá sobre la procedencia o no del mantenimiento de la medida de bloqueo. Artículo 13. Autorizaciones de liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, la Comisión podrá acordar la liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos que hayan sido sometidos a bloqueo, por acuerdo de la propia Comisión, en los casos señalados en este artículo. 2. Se podrá acordar la liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos que hayan sido objeto de embargo judicial o administrativo, establecido antes de la fecha en que la persona, entidad o grupo haya sido objeto de cualquier tipo de medida por parte de la Comisión, y siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) Cuando los fondos o recursos económicos vayan a ser empleados exclusivamente para satisfacer las cantidades garantizadas por tales embargos. b) Cuando el embargo no beneficie a la persona, entidad u organismo que haya sido sometida a la medida de bloqueo de fondos o recursos económicos por acuerdo de la Comisión, por Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por un Reglamento de la Unión Europea; 3. La Comisión podrá autorizar, igualmente, la liberación o puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos bloqueados para el pago derivado de un contrato celebrado por la persona, entidad u organismo que haya sido sometida a la medida de bloqueo de fondos o recursos económicos, o de una obligación que corresponda a una persona, entidad u organismo que haya sido objeto de cualquier tipo de medida por parte de la Comisión, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) Cuando la fecha del contrato o de nacimiento de la obligación de que se trate sea anterior a aquella en la que dicha persona, entidad u organismo haya sido objeto de alguna de las citadas medidas b) Cuando los fondos o los recursos económicos sean utilizados para efectuar un pago por una persona, entidad u organismo objeto de las mencionadas medidas a un tercero de buena fe. c) Cuando el pago no contribuya a una actividad prohibida y, en particular, cuando no coadyuve al desarrollo de actividades o grupos terroristas. 4. La Comisión podrá autorizar la liberación o puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos bloqueados, en el caso de que se determine, mediante acuerdo adoptado al efecto sobre dichos fondos o recursos económicos, cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Que sean necesarios para sufragar necesidades básicas de la persona y de los familiares a su cargo, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, deudas y sanciones tributarias y primas de seguros. b) Que sean destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos relacionados con asistencia letrada. c) Que sean destinados exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados. d) Que tengan por finalidad la satisfacción de las deudas de carácter salarial, tributarias, de seguridad social o cualesquiera de otra naturaleza con las que se evite el perjuicio a terceros de buena fe. e) Que tenga la condición de inembargables de conformidad con la legislación vigente. 5. No obstante, respecto a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, si la obligación para cuyo pago se van a liberar fondos no está contemplada en el artículo 5 del Reglamento CE 2580/2001 del Consejo de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, será necesaria la previa consulta con los Estados miembros de la Unión Europea en cuyo territorio hayan sido congelados los fondos o recursos económicos. 6. La competencia para resolver sobre las peticiones de autorización de liberación o puesta a disposición de fondos o recursos económicos bloqueados corresponderá a la Comisión. Sus resoluciones agotarán la vía administrativa, sin perjuicio de que se pueda interponer el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 14. Peticiones de supresión de un nombre de las listas de terroristas elaboradas por la Unión Europea o las Naciones Unidas. Toda persona física o jurídica de nacionalidad española o residente en España incluida en una lista de personas vinculadas con la financiación del terrorismo aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por el Consejo de la Unión Europea, y que considere que, o bien no existe fundamento jurídico para la adopción de dicha decisión, o bien las circunstancias que motivaron la adopción han cesado, podrá dirigirse a la Comisión, la cual valorará si dicha petición está justificada. En caso afirmativo o de carencia de datos para pronunciarse, lo remitirá al órgano competente. En caso negativo, la Comisión deberá contestar motivadamente al interesado, quien podrá interponer el correspondiente recurso contra esa decisión.

la disposición final 1 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo Ley 10/2010, de 28 de abril La Ley 12/2003, de 21 mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo, en su disposición final primera, habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para su ejecución y desarrollo, especialmente en materia de funcionamiento y régimen jurídico de adopción de acuerdos por parte de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Este real decreto viene a dar cumplimiento a tal habilitación y sirve de instrumento para cumplir los compromisos adquiridos por nuestro país en el ámbito internacional en esta materia, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, solucionó la disfuncionalidad existente entre la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo, y la Ley 12/2003, de 21 mayo, por cuanto esta última reproducía obligaciones de la primera. Además, supuso la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. A partir de entonces el bloqueo de carácter administrativo queda configurado como una medida de prevención de la financiación del terrorismo, resultando tipificadas las infracciones derivadas del incumplimiento por parte de los sujetos obligados que no adopten las medidas necesarias para hacer efectivo ese bloqueo. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo es el órgano con potestad para acordar cualquier bloqueo, atribuyendo al Consejo de Ministros la potestad para imponer las sanciones correspondientes, a propuesta del Ministro del Interior; reservándose el resto de competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo al Ministerio de Economía y Competitividad. La entrada en vigor de dicha ley supuso de otro lado la modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo. Dicha modificación se contempla en su disposición final primera, afectando principalmente a la propia denominación de la citada norma legal, suprimiéndose el término «prevención»; así como a las obligaciones de personas y entidades, a la supervisión y al régimen sancionador. Recoge igualmente esta disposición final la constitución, competencias y funcionamiento de la aludida Comisión, la cual es precisamente objeto de desarrollo en este Reglamento; así como su relación de colaboración con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la participación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en las reuniones de la Comisión. De otra parte, deben tenerse presentes los compromisos adquiridos por España en el ámbito internacional como son las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a «Al Qaeda», individuos y entidades asociadas y al Reglamento de la Comunidad Europea para la aplicación de las medidas adoptadas por el Comité de Sanciones de Naciones Unidas, que reproduce las listas de las sucesivas Resoluciones a efectos de congelación de fondos. Asimismo, la Posición Común 931/2001/PESC del Consejo Europeo, de 27 de diciembre de 2001, y el Reglamento n.º 2580/2001, como norma propia de la Unión Europea para hacer efectiva la congelación de fondos de la lista europea de terroristas. Con este reglamento se da un paso más en la regulación y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo como instrumento encaminado a desarrollar la dirección e impulso de las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero para la comisión de las acciones terroristas. Este real decreto consta de una parte expositiva, un artículo único por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, una disposición adicional y dos disposiciones finales, la primera habilita al Ministro del Interior a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del reglamento aprobado y la segunda se refiere a la entrada en vigor del real decreto. Respecto al reglamento, consta de tres capítulos, el capítulo I referido a las disposiciones generales, el capítulo II a la composición y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y el capítulo III relativo a los acuerdos de dicha Comisión, con un total de 15 artículos. Este real decreto ha sido sometido a informe de la Agencia Española de Protección de Datos. En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 2015, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, que se inserta a continuación. Disposición adicional única. Funcionamiento. El funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano superior al cual se encuentra adscrito. Disposición final primera. Habilitación normativa. El Ministro del Interior dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el Reglamento que se aprueba por el presente real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2015. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VI ### RESUMEN: Reglamento de Comisión de vigilancia de financiación del terrorismo, encargada de bloquear cuentas si hay sospechas

La hija de la bioquímica Margarita Salas recibe el título de Marquesa de Carnero de su madre

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Canero, a favor de doña Lucía Viñuela Salas, por fallecimiento de su madre, doña Margarita Salas Falgueras. Madrid, 27 de noviembre de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Canero, a favor de doña Lucía Viñuela Salas, por fallecimiento de su madre, doña Margarita Salas Falgueras. Madrid, 27 de noviembre de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. ### RESUMEN: La hija de la bioquímica Margarita Salas recibe el título de Marquesa de Carnero de su madre

Sentencia TC anula inadmisión proposición de ley de defensa de sanidad pública (PSOE) en Asamblea Extremadura

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2870-2013, promovido por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) en la Asamblea de Extremadura y por su Portavoz, don Valentín García Gómez, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura, contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Extremadura de 5 de marzo de 2013 (MA126/Al/13-VIII), por el que se desestima el recurso de reconsideración frente al acuerdo de la Mesa de 27 de febrero de ese mismo año (MA124/Al/13-VIII), que inadmitió a trámite la propuesta de Ley (PRL-11) «de defensa de la Sanidad Pública, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura». Han comparecido la Asamblea de Extremadura, a través de sus representantes y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado el día 14 de mayo de 2013, la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) en la Asamblea de Extremadura y de su portavoz, don Valentín García Gómez, interpuso recurso de amparo contra los acuerdos parlamentarios a los que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. Los hechos que dan lugar a la presente demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) El 8 de febrero de 2013, el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) de la Asamblea de Extremadura presentó en el registro de dicha Cámara «Propuesta de Ley de Defensa de la Sanidad Pública, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura», al amparo de lo dispuesto en el art. 161 y concordantes del Reglamento de la Asamblea de Extremadura y cumpliendo los requisitos formales que en ellos se exigen. El mencionado texto articulado se componía de un artículo único, por el cual se venía a introducir una nueva disposición adicional séptima en la Ley 10/2001, de 28 de junio, de salud de Extremadura. En esencia, dicho artículo suponía la exigencia de un plan estratégico previo a la utilización por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de cualquier forma de gestión prevista en el art. 1.2 de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de salud. El plan debía ser elaborado por la Administración y aprobado por Ley de la Asamblea de Extremadura por mayoría absoluta, previo informe del Consejo Extremeño de Salud y tras ser sometido a información pública por un plazo mínimo de tres meses. Toda forma contractual suscrita en los términos establecidos en el citado art. 1.2 de la Ley 15/1997 que no estuviera expresamente prevista en su plan estratégico aprobado por Ley de la Asamblea de Extremadura sería nula y no desplegaría efecto alguno. b) La Mesa de la Cámara autonómica, en sesión de 13 de febrero de 2013, en el trámite previsto en el art. 162 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, de calificación y admisión a trámite de la iniciativa, acordó –con el voto en contra del Vicepresidente Segundo y de la Secretaria Segunda– posponer la admisión a trámite de la propuesta «hasta tanto se cuente con un Informe Jurídico sobre la adecuación de su contenido a la Constitución». En reunión de la Mesa de la Asamblea de 25 de febrero de 2013, se acordó –«a la vista del Informe elevado por el Letrado Mayor»– posponer nuevamente el trámite de calificación y admisión a trámite a efectos de dar traslado de la misma a la Junta de portavoces, para audiencia, de conformidad con lo previsto en el art. 49.3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, con carácter previo a la adopción del acuerdo definitivo sobre la cuestión. Una vez oída la Junta de Portavoces, el día 27 de febrero de 2013, se acordó no admitir a trámite la propuesta de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Dado que, a esa fecha, este grupo parlamentario no había recibido el informe del Letrado Mayor, su portavoz interesó de su redactor que en el acta de la sesión de la Junta de Portavoces celebrada el 27 de febrero de 2013 se transcribiera íntegramente el informe jurídico leído por el Letrado Mayor en el transcurso de aquella, solicitando que se les hiciera llegar copia literal del mismo. En dicho informe, el Letrado pone de manifiesto la libertad con la que cuenta la Mesa de la Cámara para comprobar que las iniciativas legislativas se ajustan a los requisitos formales exigidos reglamentariamente, así como para inadmitirlas cuando tengan un contenido manifiestamente contrario a Derecho. A este último respecto, analiza el Letrado Mayor el contenido de la propuesta de Ley, llegando a la conclusión de que podía incardinarse en el supuesto establecido en el art.49.3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, que exigía la solicitud del informe jurídico a los servicios de la Cámara cuando se susciten «dudas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia, por otorgar al poder legislativo competencias que en la ley básica estatal se otorgan al poder ejecutivo». c) El 1 de marzo de 2013, en tiempo y forma previstos en el art. 49.4 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista presentó recurso de reconsideración, invocando expresamente la vulneración del derecho fundamental contenido en el art. 23 CE, así como las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de planificación y promoción de la salud y de desarrollo normativo y ejecución en materia de sanidad y salud pública, al amparo de los arts. 9.1.24 y 10.1.9 del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Tras la preceptiva audiencia de la Junta de Portavoces y, «a la vista del Dictamen evacuado por los servicios jurídicos», se desestimó el recurso de reconsideración, poniendo de manifiesto que el empate que se había producido en el seno de la Mesa se dirimió mediante el voto de calidad del Presidente de la Cámara, en aplicación de lo previsto en el art. 44 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura. El acuerdo se publica en el «Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura» el 7 de marzo de 2013, alcanzando el carácter de firme, ya que contra el mismo no cabe recurso alguno en la vía parlamentaria o en la jurisdiccional ordinaria. 3. El día 14 de mayo de 2013 se presentó, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura y de su portavoz, recurso ante este Tribunal, impugnándose el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Extremadura de 5 de marzo de 2013, por el que se desestima el recurso de reconsideración frente al acuerdo de la Mesa de 27 de febrero de ese mismo año, por el que se inadmitió a trámite la propuesta de Ley formulada por aquel grupo parlamentario. Se alega en el mismo la vulneración del derecho de los cargos públicos libremente elegidos a ser mantenidos en su cargo y a desempeñarlo de conformidad con lo que la Ley disponga, así como el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23 CE). a) Para fundamentar su alegación, la parte recurrente se refiere, en primer lugar, a la doctrina constitucional en la materia (entre otras, SSTC 124/1995, 38/1999 y 88/2012), extrayendo de ella la necesidad de que los representantes políticos puedan desempeñar sus funciones de conformidad con la ley sin más límites ni trabas que los que esta establece. A ello se añade que la interpretación de los requisitos exigidos para la realización de tal actividad no puede ser restrictiva, sino siempre la más favorable a su ejercicio, pues de lo contrario podría quedar vacío de contenido el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes políticos. Concretamente, en lo que se refiere a la proposición de iniciativas legislativas, se admite que la Mesa, en el ejercicio de sus funciones de calificación de los escritos presentados por los distintos grupos parlamentarios o los diputados, goza de una función de verificación «liminar» de la conformidad a Derecho de la pretensión deducida, que va más allá de la calificación formal de la propuesta. Pero, al mismo tiempo, se considera que ese análisis liminar no puede en modo alguno servir de base y justificación a la vulneración de derechos fundamentales ni hacerse extensible a un juicio de inconstitucionalidad que vaya más allá de la apreciación de una grosera confrontación con las normas que se incluyen en el bloque de constitucionalidad y en la propia Constitución. De otro modo –se afirma–, la labor de calificación de la Mesa se convertiría en un juicio sobre la constitucionalidad de toda propuesta presentada, sustrayendo ese enjuiciamiento, en primer término al debate parlamentario y, finalmente, a la competencia del Tribunal Constitucional. b) De acuerdo con la jurisprudencia reseñada, se denuncia un exceso por parte de la Mesa de la Cámara en el ejercicio de sus funciones. El Reglamento de la Cámara atribuye a la Mesa en su artículo 49.1 la función de «verificar que las iniciativas se corresponden con las previstas expresamente en el Reglamento y que cumplen los requisitos formales y de legitimación exigidos» y ello sin perjuicio, como señala el artículo 49.3 c), de que «antes de decidir sobre la calificación y posterior admisión a trámite, oirá a la Junta de Portavoces… c) cuando se susciten dudas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia». Pero dichas competencias generales han de interpretarse a la luz de lo dispuesto en el art. 162 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, que dispone simplemente que, una vez recibida la propuesta de Ley, cumplidos los requisitos formales y de legitimación –como fue el caso– previstos en el art. 161 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, la Mesa la calificará y admitirá a trámite para, acto seguido, ordenar su remisión a la Junta de Extremadura para que por esta se manifieste su conformidad o no a la tramitación, si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios y su publicación en el «Boletín Oficial de la Cámara» y en la página web del Parlamento a efectos informativos. En definitiva, se considera que la Mesa, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 161 y 162 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, sólo tiene competencia, en relación con las propuestas de ley, para comprobar la concurrencia de los requisitos formales y subjetivos y no para examinar el fondo de las mismas, como ocurrió en este caso. Únicamente si se tratara de un despropósito jurídico (como sería, por ejemplo, proponer una ley autonómica de secesión de un territorio, una regulación autonómica de las fuerzas armadas o de atribución de funciones jurisdiccionales al Letrado Mayor de la Asamblea) podría admitirse un rechazo de la propuesta por parte de la Mesa basándose en cuestiones materiales. En el presente supuesto, en cambio, la inadmisión se basó supuestamente en un informe del Letrado Mayor que lo que expone son, simplemente, dudas acerca de la constitucionalidad de la propuesta, sin alcanzar siquiera un pronunciamiento rotundo, expreso y sin vacilaciones en orden a su inadecuación a la Constitución. c) Entienden también los recurrentes que los acuerdos impugnados no cumplirían con el deber de motivación que, conforme a la doctrina constitucional (se cita la STC 44/2010), habría resultado exigible a la Mesa. Estos, al parecer, se fundamentaron en el informe del Letrado Mayor de 25 de febrero de 2013 (aunque no fue notificado al grupo parlamentario recurrente –y a requerimiento expreso de este– hasta el día 28 de febrero, un día después de la publicación del primer acuerdo adoptado por la Mesa). Pero, la única referencia que en el acuerdo de inadmisión, de fecha 27 de febrero de 2013, se realiza al citado informe se halla en los antecedentes, para justificar el trámite de audiencia a la Junta de portavoces, pero sin que se incorporase su contenido siquiera por remisión para motivar el acuerdo de inadmisión. Por su parte, el acuerdo desestimatorio del recurso de reconsideración se limita a utilizar la expresión «a la vista del Dictamen evacuado por los servicios jurídicos…», sin entrar a valorar las alegaciones de los recurrentes respecto al informe del Letrado Mayor formuladas en el escrito de reconsideración. En cualquier caso, entiende el grupo parlamentario recurrente que la decisión mayoritaria de la Mesa se tomó, en realidad, sin tener en cuenta el citado informe, pues las «dudas» sobre la constitucionalidad material de la propuesta fueron expresadas por el Presidente desde el primer momento, en el que se tomó la decisión de posponer su tramitación, aunque no se concretó en qué consistían dichas dudas. d) Llaman la atención los recurrentes sobre el hecho de que, en situaciones precedentes cercanas en el tiempo, se presentaron por el Gobierno regional proyectos de ley en los que se aportaba informe del Consejo Consultivo de Extremadura desfavorable a su aprobación, en los que se ponían de manifiesto tachas de inconstitucionalidad bien fundadas. Sin embargo, en estos supuestos, la Mesa no apreció impedimento alguno, al amparo de lo dispuesto en el art. 49.3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, en orden a admitir a trámite el proyecto en cuestión. Y ello, sin necesidad de solicitar ningún informe al Letrado Mayor o de suspender la tramitación del proyecto. Con todo ello, se quiere poner de manifiesto que el informe del Letrado Mayor no fue la causa de la decisión de la Mesa, sino, más bien, sirvió de excusa o revestimiento de una decisión política preconcebida, alejada de las funciones estrictamente técnicas de dicho órgano parlamentario. Si no es la causa, mucho menos puede servirle de fundamento, por lo que los acuerdos adoptados se reputan inmotivados, vulnerando el art. 23.2, en relación con el art. 23.1 CE. e) La representación procesal del grupo recurrente, entra, seguidamente, a analizar el contenido de la propuesta de Ley rechazada. Al respecto, se pone de manifiesto que la propuesta de Ley se circunscribe al ámbito de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo único de la Ley estatal 15/1997, que se refiere a la gestión indirecta privada (y no al apartado primero, como se señala en el informe del Letrado Mayor, que se refiere a la gestión pública de la atención sanitaria y respecto de la cual, la ley se remite al Gobierno y a los ejecutivos de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que determinen sus condiciones). Según este apartado segundo, la prestación y gestión de los servicios sanitarios y socio-sanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley general de sanidad. A diferencia de lo que ocurre en el apartado primero, que se remite a la competencia del Gobierno de la Nación y de los ejecutivos autonómicos, del apartado segundo no se desprende limitación alguna en este sentido, salvo la remisión a la Ley general de sanidad. En el caso de Extremadura, la Ley de salud de Extremadura puede fijar otros límites. Se cuestiona, asimismo, el carácter de normativa básica de la Ley 15/1997, pues no cumple con los requisitos formales que el Tribunal Constitucional ha impuesto a ese tipo de normas, que determinan la exigencia de que declaren expresamente el alcance de lo básico o que, en su defecto, estén dotadas de una estructura que permita inferir esa naturaleza. También sorprende a los recurrentes que si la causa de la inadmisión de la propuesta fue una «duda competencial», no se haga ninguna mención a algún precepto estatutario o del bloque de la constitucionalidad. Además, no puede olvidarse —señalan— que la propuesta tenía por objeto la modificación de una ley preexistente, aprobada por la misma Asamblea cuya Mesa se niega a tramitar una modificación menor. Todo ello abonaría la tesis de que la decisión de la Mesa fue arbitraria, ilegítima e inadecuada, cercenando el derecho del grupo parlamentario y el Diputado recurrentes al desempeño de sus cargos públicos en condiciones de igualdad y de acuerdo con lo establecido en las leyes y, en íntima conexión, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. 4. Por providencia de 21 de septiembre de 2015, la Sala Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda, apreciando que concurre en la misma una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), al trascender del caso concreto por sus posibles consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se ordenó dirigir atenta comunicación al Presidente de la Asamblea de Extremadura a fin de que, en un plazo no superior a diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente administrativo relativo a los acuerdos de la Mesa de dicha Asamblea núms. MA124/A1/13-VIII y MA126/A1/13-VIII, acompañándose a la mencionada comunicación copia de la demanda para conocimiento de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, a efectos de su personación en el presente proceso constitucional. 5. Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de tres de noviembre de 2015, se tuvo por personada y parte en la representación que ostenta a la Letrada Mayor de dicha Asamblea; y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se dio vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran. 6. La Letrada de la Asamblea de Extremadura, mediante escrito registrado el 4 de diciembre de 2015, presentó las alegaciones formuladas por dicha Asamblea solicitando la desestimación de la demanda de amparo. Tras exponer los antecedentes que dieron lugar al recurso por parte del Grupo Parlamentario Socialista, se afirma que la Mesa de la Asamblea regional «actuó en uso de las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuía, dándose por reproducidos en este trámite los argumentos que en su día sirvieron al referido órgano para adoptar los acuerdos ahora recurridos en amparo, con base en los informes jurídicos que obran en el expediente remitido a la Sala del Tribunal Constitucional». 7. El Ministerio Fiscal cumplimentó el trámite con fecha 11 de diciembre de 2015, solicitando que se dicte sentencia en la que se otorgue el amparo. Comienza los fundamentos jurídicos de su escrito descartando que pueda existir problema alguno de legitimación por parte de los recurrentes, al ser estos tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, como este mismo. A continuación, pasa a resumir la doctrina constitucional en materia de facultades de control de la Mesa en relación con las distintas iniciativas parlamentarias que se presenten y, en particular, en el específico caso de las proposiciones de Ley, tras de lo cual, analiza si el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 27 de febrero de 2013 –por el que se resolvió inadmitir a trámite la «Propuesta de Ley de defensa de la Sanidad Pública, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura» formulada por el Grupo Parlamentario Socialista– cumplió con el deber de motivación que, conforme a la doctrina constitucional (se cita, en concreto, la STC 44/2010), habría resultado exigible a la Mesa. En este sentido, señala el Fiscal que dicho acuerdo se basó, en último extremo, en las argumentaciones contenidas en el informe del Letrado Mayor de fecha 25 de febrero de 2013. Y dicho informe, en rigor, únicamente vino a sostener que la propuesta de Ley que se estaba considerando podía estar incardinada dentro del supuesto establecido en el art. 49.3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura –que se suscitaran dudas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia–, lo que obligaba a la Mesa, antes de decidir sobre la calificación y posterior admisión a trámite, a oír a la Junta de Portavoces. Dicho dictamen, sin embargo, no resolvió categóricamente las dudas de constitucionalidad que, de acuerdo con el mismo, concurrían en la propuesta de Ley, ni dictaminó nada acerca de la conveniencia de inadmitirla debido a su posible inconstitucionalidad. De este modo, para el Fiscal, el informe del Letrado Mayor de fecha 25 de febrero de 2013 ni daba ni podía dar cobertura suficiente a la decisión de inadmisión de la Mesa de la Asamblea. Además, pone de relieve que la Mesa de la Asamblea tampoco dio una motivación propia y distinta a su acuerdo A124/Al/13-VIII. Por ello, entiende que la inadmisión de esa iniciativa parlamentaria careció pura y simplemente de cualquier motivación. De esta manera, la Mesa habría infringido la doctrina constitucional en la materia, vulnerando el derecho de los recurrentes a ejercer su cargo representativo en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE) y, consecuentemente, el derecho de los ciudadanos a verse representados y a participar a través de sus representantes en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). Señala, asimismo, el Ministerio público que no corresponde a este Tribunal pronunciarse en relación con la supuesta inconstitucionalidad de la proposición de Ley presentada, pues lo contrario supondría convertir al recurso de amparo en una especie de recurso previo de inconstitucionalidad, así como suplantar al Pleno de la Cámara extremeña, que podría rechazarla por esa u otra razón o, por el contrario, decidir, pese a ello, su toma en consideración y depurarla de eventuales vicios de inconstitucionalidad a lo largo de las distintas fases que integran el procedimiento legislativo. En definitiva, afirma el Fiscal –siguiendo lo dispuesto en la STC 124/1995– que habiéndose constatado que la Mesa de la Cámara inadmitió la referida proposición de Ley, cuando la misma cumplía con todas las formalidades reglamentariamente establecidas, mediante un pretendido juicio de constitucionalidad acerca de sus contenidos, la presente demanda de amparo debe ser estimada. Porque, con tal proceder, la Mesa se extralimitó en sus funciones reglamentarias de calificación y admisión a trámite de documentos parlamentarios que, cuando de proposiciones de Ley de origen parlamentario se trata, se circunscriben exclusivamente a un control de constatación formal y no del contenido de aquellas, vulnerando, así, los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23 CE. Finalmente, en cuanto al alcance del fallo estimatorio, recuerda que ha de tenerse en cuenta que la adopción de los acuerdos impugnados ha tenido lugar en una legislatura ya finalizada, por lo que no es posible adoptar medida alguna de restablecimiento en el disfrute del derecho vulnerado, dirigida a órganos de una legislatura fenecida, motivo por el cual –considera el Fiscal– se ha de optar por satisfacer, en la medida de lo posible, la pretensión de los demandantes de amparo mediante la declaración de la lesión del derecho de los recurrentes conforme a lo establecido en el art. 23.2 CE y la nulidad de los acuerdos que impidieron su ejercicio. 8. Por providencia de 28 de enero de 2016 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 1 de febrero del mismo año. II. Fundamentos jurídicos 1. Como se ha expuesto con detalle en los antecedentes de esta Sentencia, el recurso de amparo se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Extremadura de 5 de marzo de 2013, por el que se desestima el recurso de reconsideración frente al acuerdo de la Mesa de 27 de febrero de ese mismo año, que inadmitió a trámite la «Propuesta de Ley de defensa de la Sanidad Pública, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura», presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas), hoy recurrente en amparo. Con dicha propuesta, se venía a introducir una nueva disposición adicional séptima en la Ley 10/2001, de 28 de junio, de salud de Extremadura, que venía a suponer la exigencia de un plan estratégico previo a la utilización por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de cualquier forma de gestión prevista en el art. 1.2 de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de salud (es decir, de las formas de gestión indirecta privada de la atención sanitaria, que son a las que se refiere dicho artículo). El plan debía ser elaborado por la Administración y aprobado por Ley de la Asamblea de Extremadura por mayoría absoluta, previo informe del Consejo Extremeño de Salud y tras ser sometido a información pública por un plazo mínimo de tres meses. Toda forma contractual suscrita en los términos establecidos en el citado art. 1.2 de la Ley 15/1997 que no estuviera expresamente prevista en su plan estratégico aprobado por Ley de la Asamblea de Extremadura sería nula y no desplegaría efecto alguno. Los demandantes de amparo denuncian que los acuerdos impugnados vulneran su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos según lo dispuesto en el art. 23.2 CE, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, previsto en el art. 23.1 CE, de acuerdo con las alegaciones que se han resumido también en el apartado dedicado a los antecedentes. La Asamblea de Extremadura, por su parte, considera que la Mesa actuó en ejercicio de las funciones que el ordenamiento parlamentario le atribuía –remitiéndose a los argumentos que en su día sirvieron al referido órgano para adoptar los acuerdos ahora recurridos en amparo–, por lo que solicita la desestimación de la demanda. El Ministerio Fiscal –según se ha dado cuenta igualmente en los antecedentes– interesa que se dicte sentencia estimando el recurso de amparo y declarando la nulidad de los acuerdos impugnados, por haber vulnerado los derechos de los recurrentes a ejercer en condiciones de igualdad el cargo público representativo reconocido en el art. 23.2 CE y, con ello, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE). 2. Con carácter previo al análisis del fondo, ha de destacarse que el Reglamento de la Asamblea de Extremadura ha sido reformado por el Pleno de la Cámara en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2015, habiendo afectado dicha reforma a los preceptos reglamentarios que resultan de aplicación aquí. Dado que los hechos a enjuiciar tuvieron lugar bajo la vigencia del Reglamento aprobado en sesión plenaria el día 19 de junio de 2008, será a este último al que haremos siempre alusión (refiriéndonos a él como Reglamento de la Asamblea de Extremadura 2008). En concreto, tres son los artículos que presentan mayor relevancia en el caso enjuiciado. En primer lugar, el artículo 48, que otorgaba a la Mesa de la Cámara la función de «calificar y admitir a trámite las iniciativas parlamentarias en los términos previstos por este Reglamento». De otra parte, el artículo 49, en cuyo apartado primero se señalaba que «en el trámite de calificación, la Mesa verificará que las iniciativas se corresponden con las previstas expresamente en el reglamento y cumplen con los requisitos formales y de legitimación exigidos» y, en su apartado tercero, se establecía que, «sin perjuicio de lo establecido en el párrafo primero, la Mesa, antes de decidir sobre la calificación y posterior admisión a trámite, oirá a la Junta de Portavoces», entre otros casos, «cuando se susciten dudas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia» [apartado c)]. Y, por último, el artículo 162.1, el cual, respecto a las iniciativas legislativas en concreto, señala que «la Mesa calificará la iniciativa legislativa y la admitirá a trámite, si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior», debiendo advertirse que todos esos requisitos exigidos en el art. 161 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura 2008 eran de carácter formal, en concreto: que el texto articulado fuera remitido a la Cámara mediante escrito dirigido al Presidente, especificándose el título de la iniciativa legislativa y los motivos de su presentación y que, de adjuntarse algún documento para su mejor conocimiento por la Cámara, se relacionara en el escrito de presentación. 3. La cuestión de fondo suscitada en el presente recurso de amparo se contrae a determinar si el acuerdo de la Mesa de la Asamblea extremeña de 27 de febrero de 2013, en el que se inadmite a trámite la propuesta de Ley de defensa de la sanidad pública, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 28 de junio, de salud de Extremadura y el posterior acuerdo de ese mismo órgano de 5 de marzo de 2013, que desestimó el recurso de reconsideración, han vulnerado el derecho de los miembros del grupo parlamentario que presentó dicha propuesta (Grupo Parlamentario Socialista) a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). La posible afectación del ejercicio del ius in officium por parte de los representantes políticos sin perturbaciones ilegítimas y, en última instancia, del derecho de los propios ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante sus representantes, ha resultado determinante a la hora de considerar que la demanda presenta una especial trascendencia constitucional, por sus posibles consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. En aras de una mayor claridad expositiva, comenzaremos con el análisis de la alegación que se refiere a la falta de motivación de los acuerdos recurridos. Al respecto, no hace falta insistir en que, dado que las decisiones de inadmisión de las propuestas de ley pueden implicar una limitación del derecho a ejercer la función parlamentaria y –con él– del derecho de participación ciudadana, este Tribunal ha exigido que las mismas estén formal y materialmente motivadas, «a fin de que tras ellas no se esconda un juicio sobre la oportunidad política, en los casos en que ese juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria en el correspondiente trámite de toma en consideración o en el debate plenario» y teniendo en cuenta que «la motivación de la inadmisión de la proposición de Ley es la que hace posible su reconsideración ante la propia Mesa primero y su posterior impugnación ante el Tribunal Constitucional» (STC 242/2006, de 24 de julio, FJ 4). En este caso, el defecto de motivación denunciado se aprecia de modo claro en el acuerdo de 27 de febrero de 2013, pues en él solamente se da cuenta de los antecedentes que preceden a su adopción, entre ellos, la audiencia que, a la vista del informe elevado por el Letrado Mayor, se había dado a la Junta de portavoces de conformidad con lo dispuesto en el art. 49.3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura 2008. A continuación, se pasa directamente a acordar la inadmisión a trámite de la propuesta de Ley, señalando que dos de los miembros de la Mesa (el Vicepresidente Segundo y la Secretaria Segunda, Grupo Parlamentario Socialista) votaron a favor, uno (el Secretario Primero, IU-Verdes-SIEx) se abstuvo y otros dos miembros (el Presidente y la Vicepresidenta Primera, PP) votaron en contra, dirimiéndose el empate, en consecuencia, mediante el voto de calidad del Presidente de la Cámara, en aplicación de lo dispuesto en el art. 44 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura 2008. Ninguna razón se ofrece, fuera de lo dicho, acerca de por qué se decidió inadmitir la propuesta. Pues bien, dicha falta de motivación no puede considerarse sanada mediante el acuerdo de la Mesa de 5 de marzo de 2013, por el que se desestima el recurso de reconsideración. En él se señala que el acuerdo se adopta «tras la preceptiva audiencia de la Junta de Portavoces y a la vista del Dictamen evacuado por los servicios jurídicos, que se incorpora al presente Acta». Podría en principio estimarse que, con ello, el acuerdo en cuestión contendría una motivación por remisión o aliunde –admitida en diversas ocasiones por este Tribunal (entre otras, SSTC 59/2011, de 3 de mayo, FJ 3, y 140/2009, de 15 de junio, FJ 3)–, en tanto que se estaría remitiendo al contenido del informe del Letrado mayor, que se incorpora –además– al acta. Sin embargo, si se observa el contenido de dicho informe, puede comprobarse que este sólo se refiere –como advierte el Fiscal– a la necesidad de que fuera «oída la Junta de Portavoces antes de que la Mesa tome una decisión definitiva al respecto», al entenderse que la propuesta de Ley «puede estar incardinada dentro del supuesto establecido en el artículo 49. 3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura» al «suscitarse dudas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia, por otorgar al poder legislativo competencias que en la ley básica estatal se otorgan al poder ejecutivo». Como no podría ser de otro modo, el informe nada dice, en cambio, sobre la necesidad de inadmitir la propuesta, pues tal decisión corresponde a la Mesa y, por tanto, ésta debería haber aportado alguna razón al respecto. Pero es que, aunque se admitiese que la Mesa con su escueta referencia al informe citado pudiera estar haciendo suya –en términos ya indubitados– la argumentación del Letrado Mayor en relación con la posible inadecuación a Derecho de la propuesta rechazada, tal motivación –y esto es lo que vienen a denunciar los recurrentes en segundo lugar– tampoco sería adecuada para sustentar la decisión de inadmisión, conforme a las exigencias fijadas en la jurisprudencia constitucional en relación con las facultades de las Mesas de calificación y admisión a trámite de los distintos escritos de índole parlamentaria que se presenten ante ellas. Y ello por las razones que pasamos a exponer. 4. En relación con el ejercicio de la iniciativa legislativa parlamentaria, este Tribunal ha señalado que «a la Mesa le compete, por estar sujeta al Ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamentos Parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficiencia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de la iniciativa (STC 205/1990), esto es, examinar si la iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos por la norma parlamentaria. En cualquier caso, dicho examen no debe suplantar las funciones que le corresponden a la Asamblea legislativa, y que gozan de relevancia constitucional cuando consisten, precisamente, en ejercer la función legislativa por los representantes de los ciudadanos, máxima expresión del ejercicio de la soberanía popular en el Estado democrático. Puesto que la participación en el ejercicio de dicha función y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan, entre los que indudablemente debe contarse con el derecho a la iniciativa legislativa, constituyen una manifestación constitucionalmente relevante del ius in officium del representante, toda decisión de la Mesa sobre la admisibilidad y tramitación de una iniciativa legislativa promovida por un representante de los ciudadanos afecta a su derecho al libre e igual ejercicio de su cargo público, de forma que, perturbado o coartado éste, se perturba y coarta la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, infringiendo, así pues, el art. 23.1 y 2 CE. … El Reglamento Parlamentario, no obstante lo dicho, puede permitir, o en su caso establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de la iniciativa más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los Ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento Parlamentario pertinente, como es el caso de la calificación en ciertos Derechos autonómicos de lo que han de considerarse mociones o interpelaciones, o el de la iniciativa legislativa popular que tiene vedadas ciertas materias por imposición del art. 87.3 C.E. (SSTC 95/1994, 41/1995 y 124/1995; ATC 304/1996). Si la legalidad aplicable no impone límite material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha de ser siempre formal, cuidando únicamente de que la iniciativa cumpla con los requisitos de forma que le exige esa legalidad (STC 124/1995). Esta exigencia de rigor es aún más intensa, si cabe, cuando el examen de admisibilidad que le compete a la Mesa recae sobre iniciativas legislativas de origen parlamentario, pues la Mesa debe cuidarse de no perturbar con su decisión el derecho de los representantes a suscitar el debate parlamentario sobre una materia determinada mediante el recurso a la iniciativa legislativa (STC 124/1995). Si no fuese así, la Mesa dejaría de obrar como un órgano de gobierno de la Cámara ejerciendo el debido control legal sobre la regularidad jurídica de la iniciativa, para mutarse en un órgano netamente político, impidiendo, además, que las iniciativas promovidas por las minorías parlamentarias se sometiesen al debate público en la Cámara. Lo que colocaría a estos representantes en una posición de inferioridad y desigualdad lesiva del art.23.2 CE (STC 118/1995)» (STC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 3). Por tanto, conforme a lo dicho y con carácter general, las Mesas han de abstenerse de realizar un pretendido juicio de constitucionalidad acerca de los contenidos de las propuestas de ley, admitiendo a trámite cuando se cumplan todas las formalidades reglamentariamente establecidas (STC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2). Pero no puede olvidarse tampoco que, excepcionalmente, en la STC 95/1994, de 21 de marzo (FJ 4) admitimos la posibilidad de rechazar una propuesta de ley cuando sea «contraria a la Constitución o ajena a las competencias atribuidas al ordenamiento en cuyo seno pretende integrarse», exigiéndose para ello, con base en lo dispuesto en la STC 205/1990, de 13 de diciembre, que «la contradicción a Derecho o la inconstitucionalidad de la proposición sean palmarias y evidentes». Fuera de dichos supuestos excepcionales, correspondería al Pleno de la Cámara rechazarla por esa u otra razón o, por el contrario, decidir, pese a ello, su toma en consideración y depurarla de eventuales vicios de inconstitucionalidad a lo largo de las distintas fases que integran el procedimiento legislativo (STC 124/1995, de 18 de julio, FJ 4). 5. En el supuesto aquí enjuiciado, nos encontramos con una normativa reglamentaria que prevé, respecto a las funciones de calificación y admisión a trámite de la Mesa, que esta, antes de decidir sobre la calificación y posterior admisión a trámite, oirá a la Junta de portavoces, entre otros casos, «cuando se susciten dudas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia» [art. 49.3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura 2008]. Los recurrentes discuten su aplicación a las propuestas de ley, pues su calificación y admisión a trámite cuentan con una regulación propia en el art. 162 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura 2008, según el cual «la Mesa calificará la iniciativa y la admitirá a trámite si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior». Es decir, para los recurrentes, la Mesa estaría obligada a admitir la iniciativa si cumple con los requisitos de carácter formal exigidos por el art. 161 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura 2008, sin que sea posible inadmitir por razones materiales. No nos corresponde dilucidar si el art. 49. 3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura resulta o no aplicable al caso, pues esta es una decisión que pertenece a la Mesa y que no podemos revisar en esta sede, salvo que tal decisión fuera arbitraria, ilógica o desproporcionada, lo que no es el caso. Pues, como se señala, entre otras resoluciones, en el ATC 142/2002, de 23 de julio, FJ 1 «que el derecho del art. 23.2 CE sea un derecho de configuración legal no significa que sea un derecho a la legalidad parlamentaria, de suerte que a su través el Tribunal Constitucional pueda hacer valer su criterio frente al adoptado por los órganos competentes de la Cámara en el ejercicio de las facultades que tienen constitucional y reglamentariamente encomendadas». Ahora bien, de lo que no cabe duda es que la normativa reglamentaria aplicada ha de interpretarse conforme a nuestra jurisprudencia en la materia. Así, nada puede objetarse a que la Mesa decidiera acogerse a lo dispuesto en el art. 49.3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura y dar audiencia a la Junta de portavoces antes de decidir sobre la calificación y posterior admisión a trámite de la propuesta de Ley controvertida, por considerar que suscitaba «dudas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia». Pero eso no empece para que, de acuerdo con la doctrina constitucional antes mencionada, la inadmisión sólo pueda sustentarse en una contradicción a Derecho o en una inconstitucionalidad de la proposición cuando estas sean «palmarias y evidentes» (STC 95/1994, de 21 de marzo, FJ 4). Y esa condición no concurre aquí. En primer lugar porque, según ya hemos puesto de manifiesto, la Mesa se remite, como único apoyo de su decisión de inadmisión, a lo expresado por el Letrado Mayor en su informe, que no contiene sino meras «dudas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia, por otorgar al poder legislativo competencias que en la ley básica estatal se otorgan al poder ejecutivo». Pero es que, además, como advierten con razón los recurrentes, dichas dudas ni siquiera se encuentran suficientemente fundadas en el referido informe, pues no se justifica el carácter básico de la Ley 15/1997 de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, con la que se confronta la propuesta de Ley, ni se hace alusión alguna a la distribución constitucional y estatutaria de competencias en materia sanitaria, dentro de la cual, el Estatuto de Autonomía extremeño otorga diversas competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma, así como de desarrollo normativo y ejecución (arts. 9.1.24 y 10.1.9 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, respectivamente). Y, por último –también lo indican los recurrentes–, dicha confrontación se lleva a cabo, erróneamente, respecto al apartado primero del artículo único de la citada Ley 15/1997, que se refiere a la gestión pública de la atención sanitaria, cuando la propuesta de Ley se circunscribe en realidad –como expresamente se dice en su artículo único– al ámbito de lo dispuesto en el apartado segundo de aquella Ley estatal, relativo a la gestión indirecta privada. En tanto que, respecto a la gestión pública, la ley estatal se remite al Gobierno y a los ejecutivos de las Comunidades Autónomas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen sus condiciones, respecto a la gestión privada nada se dice en ese sentido. De acuerdo con todo lo dicho y de modo análogo a como se sostuvo en la STC 95/1994, de 21 de marzo, FJ 5, ha de concluirse aquí que la Mesa se excedió en sus funciones al inadmitir la proposición de Ley, pues «[u]n control material como el verificado por la Mesa sólo sería admisible si resultara evidente la inconstitucionalidad –material o competencial– de la proposición, lo que no es, desde luego, el caso». La injustificada inadmisión a trámite hurtó juicios de oportunidad política que sólo correspondían al Pleno de la Cámara, infringiendo, por ello el ius ut procedatur de los parlamentarios autonómicos del Grupo Parlamentario recurrente, en la medida en que excluyó su derecho a que la propuesta presentada fuera convenientemente discutida y deliberada por la Cámara, sea cual fuere el resultado de esa deliberación (en términos parecidos, SSTC 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 7, respecto a la inadmisión a trámite por la Mesa del Senado de una moción, y 124/1995, de 18 de julio, FJ 3, en relación con la inadmisión a trámite de una proposición de Ley por la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia). 6. Procede ahora delimitar el alcance de los efectos de esta Sentencia, lo cual es necesario porque los hechos sobre los que versa el presente recurso se produjeron durante la VIII legislatura, finalizada por Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma 5/2015, de 30 de marzo. No cabe por ello adoptar medida alguna de restablecimiento en el disfrute del derecho vulnerado, dirigida a órganos de una Legislatura fenecida y, por tanto, no existente y en relación con una tarea legislativa asimismo precluída. Pero esto no resta importancia al petitum que en este proceso se sustancia, ni impide satisfacer, en lo que sea posible, la pretensión que se deduce, mediante la declaración de reconocimiento del derecho de los parlamentarios del Grupo demandante al ejercicio del derecho establecido en el art. 23.2 de la Constitución y la anulación de las resoluciones que impidieron su ejercicio, al igual que ha ocurrido en anteriores Sentencias declarativas dictadas por este Tribunal (entre otras, SSTC 205/1990 y 95/1994). FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) en la Asamblea de Extremadura y por su portavoz, don Valentín García Gómez y, en consecuencia, declarar la nulidad de los acuerdos de la Mesa de dicha Asamblea de 27 de febrero y 5 de marzo de 2013. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a uno de febrero de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2870-2013, promovido por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) en la Asamblea de Extremadura y por su Portavoz, don Valentín García Gómez, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura, contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Extremadura de 5 de marzo de 2013 (MA126/Al/13-VIII), por el que se desestima el recurso de reconsideración frente al acuerdo de la Mesa de 27 de febrero de ese mismo año (MA124/Al/13-VIII), que inadmitió a trámite la propuesta de Ley (PRL-11) «de defensa de la Sanidad Pública, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura». Han comparecido la Asamblea de Extremadura, a través de sus representantes y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado el día 14 de mayo de 2013, la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) en la Asamblea de Extremadura y de su portavoz, don Valentín García Gómez, interpuso recurso de amparo contra los acuerdos parlamentarios a los que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. Los hechos que dan lugar a la presente demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) El 8 de febrero de 2013, el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas) de la Asamblea de Extremadura presentó en el registro de dicha Cámara «Propuesta de Ley de Defensa de la Sanidad Pública, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura», al amparo de lo dispuesto en el art. 161 y concordantes del Reglamento de la Asamblea de Extremadura y cumpliendo los requisitos formales que en ellos se exigen. El mencionado texto articulado se componía de un artículo único, por el cual se venía a introducir una nueva disposición adicional séptima en la Ley 10/2001, de 28 de junio, de salud de Extremadura. En esencia, dicho artículo suponía la exigencia de un plan estratégico previo a la utilización por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de cualquier forma de gestión prevista en el art. 1.2 de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de salud. El plan debía ser elaborado por la Administración y aprobado por Ley de la Asamblea de Extremadura por mayoría absoluta, previo informe del Consejo Extremeño de Salud y tras ser sometido a información pública por un plazo mínimo de tres meses. Toda forma contractual suscrita en los términos establecidos en el citado art. 1.2 de la Ley 15/1997 que no estuviera expresamente prevista en su plan estratégico aprobado por Ley de la Asamblea de Extremadura sería nula y no desplegaría efecto alguno. b) La Mesa de la Cámara autonómica, en sesión de 13 de febrero de 2013, en el trámite previsto en el art. 162 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, de calificación y admisión a trámite de la iniciativa, acordó –con el voto en contra del Vicepresidente Segundo y de la Secretaria Segunda– posponer la admisión a trámite de la propuesta «hasta tanto se cuente con un Informe Jurídico sobre la adecuación de su contenido a la Constitución». En reunión de la Mesa de la Asamblea de 25 de febrero de 2013, se acordó –«a la vista del Informe elevado por el Letrado Mayor»– posponer nuevamente el trámite de calificación y admisión a trámite a efectos de dar traslado de la misma a la Junta de portavoces, para audiencia, de conformidad con lo previsto en el art. 49.3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, con carácter previo a la adopción del acuerdo definitivo sobre la cuestión. Una vez oída la Junta de Portavoces, el día 27 de febrero de 2013, se acordó no admitir a trámite la propuesta de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Dado que, a esa fecha, este grupo parlamentario no había recibido el informe del Letrado Mayor, su portavoz interesó de su redactor que en el acta de la sesión de la Junta de Portavoces celebrada el 27 de febrero de 2013 se transcribiera íntegramente el informe jurídico leído por el Letrado Mayor en el transcurso de aquella, solicitando que se les hiciera llegar copia literal del mismo. En dicho informe, el Letrado pone de manifiesto la libertad con la que cuenta la Mesa de la Cámara para comprobar que las iniciativas legislativas se ajustan a los requisitos formales exigidos reglamentariamente, así como para inadmitirlas cuando tengan un contenido manifiestamente contrario a Derecho. A este último respecto, analiza el Letrado Mayor el contenido de la propuesta de Ley, llegando a la conclusión de que podía incardinarse en el supuesto establecido en el art.49.3 c) del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, que exigía la solicitud del informe jurídico a los servicios de la Cámara cuando se susciten «dudas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia, por otorgar al poder legislativo competencias que en la ley básica estatal se otorgan al poder ejecutivo». c) El 1 de marzo de 2013, en tiempo y forma previstos en el art. 49.4 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista presentó recurso de reconsideración, invocando expresamente la vulneración del derecho fundamental contenido en el art. 23 CE, así como las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de planificación y promoción d ### RESUMEN: Sentencia TC anula inadmisión proposición de ley de defensa de sanidad pública (PSOE) en Asamblea Extremadura

Reparto de ayudas a cargo de la X de fines sociales se retrasa de este mes a 31/12 por "volumen de solicitudes".

Por Resolución de 14 de abril de 2014 («Boletín Oficial del Estado» número 99, del 24), se convocaban subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El apartado octavo, párrafo quinto, de la mencionada resolución determinaba que las resoluciones se dictarían y notificarían en el plazo máximo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la convocatoria. Dado el importante volumen de solicitudes de subvención formuladas y que la fecha límite de resolución es el 24 de octubre de 2014, se hace necesaria una ampliación del plazo máximo inicialmente establecido para dictar y notificar las resoluciones a los solicitantes, de acuerdo con el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En su virtud, dispongo Primero. Ampliación del plazo de resolución y notificación. El plazo de resolución y notificación previsto en el apartado octavo, párrafo quinto, de la Resolución de 14 de abril de 2014, queda ampliado hasta el 31 de diciembre de 2014. Segundo. Notificación. Mediante esta resolución quedan notificadas todas las entidades solicitantes que han concurrido a la referida convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercero. Entrada en vigor. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 25 de septiembre de 2014.–La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero Benítez.

Por Resolución de 14 de abril de 2014 («Boletín Oficial del Estado» número 99, del 24), se convocaban subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El apartado octavo, párrafo quinto, de la mencionada resolución determinaba que las resoluciones se dictarían y notificarían en el plazo máximo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la convocatoria. Dado el importante volumen de solicitudes de subvención formuladas y que la fecha límite de resolución es el 24 de octubre de 2014, se hace necesaria una ampliación del plazo máximo inicialmente establecido para dictar y notificar las resoluciones a los solicitantes, de acuerdo con el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En su virtud, dispongo Primero. Ampliación del plazo de resolución y notificación. El plazo de resolución y notificación previsto en el apartado octavo, párrafo quinto, de la Resolución de 14 de abril de 2014, queda ampliado hasta el 31 de diciembre de 2014. Segundo. Notificación. Mediante esta resolución quedan notificadas todas las entidades solicitantes que han concurrido a la referida convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercero. Entrada en vigor. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 25 de septiembre de 2014.–La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero Benítez. ### RESUMEN: Reparto de ayudas a cargo de la X de fines sociales se retrasa de este mes a 31/12 por "volumen de solicitudes".

Convenio de las escuelas concertadas.

el art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo el Convenio publicado por Resolución de 30 de julio de 2013 el anexo II y publica tablas salariales, por Resolución de 14 de junio de 2022 y SE AÑADE determinados preceptos, por Resolución de 30 de mayo de 2022 la disposición adicional 10 y se publica tablas salariales, por Resolución de 5 de mayo de 2022 y se crea un complemento retributivo en el ámbito de la Comunidad de Madrid: Resolución de 29 de septiembre de 2022 , y se publica complementos y tablas salariales en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, Resolución de 27 de septiembre de 2022 , sobe complemento retributivo para el personal en La Rioja: Resolución de 10 de agosto de 2022 , y se publica complementos y tablas salariales en el ámbito de La Rioja, por Resolución de 10 de agosto de 2022 , y se publica complementos y tablas salariales en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, por Resolución de 26 de noviembre de 2021 , y se publica complementos y tablas salariales en el ámbito de La Rioja, por Resolución de 26 de noviembre de 2021 Visto el texto del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (Código de Convenio n.º: 99008725011994), que fue suscrito, con fecha 21 de junio de 2021, de una parte por las organizaciones empresariales Educación y Gestión (EyG), Confederación de Centros de Enseñanza (CECE), Federación de Centros de Enseñanza de Economía Social (FED-ACES) y Asociació Profesional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales FSIE, USO, UGT-Servicios Públicos y FE-CC. OO., en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 15 de septiembre de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero. VII CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS TÍTULO I Disposiciones generales CAPÍTULO I Ámbitos Artículo 1. Ámbito territorial. El presente Convenio es de aplicación en todo el territorio del Estado español. No obstante, en aquellas Comunidades Autónomas con competencias exclusivas o competencias plenas transferidas en materia de educación, podrán negociarse convenios Colectivos para su aplicación en su ámbito territorial. Igualmente podrán negociarse Acuerdos Autonómicos en los términos y condiciones pactados en la Disposición Adicional octava de este Convenio. Para ello, será necesario el previo acuerdo de las organizaciones patronales y sindicales, legitimadas en los ámbitos de negociación, que alcancen la mayoría de su respectiva representatividad. En este supuesto, el Convenio de ámbito estatal será derecho supletorio dispositivo respecto a las materias no negociadas en el ámbito autonómico. Los convenios colectivos de empresa o grupos de empresa únicamente tendrán prioridad aplicativa respecto del presente Convenio estatal o respecto de los convenios autonómicos o provinciales en las materias contempladas por el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. En las demás materias, serán consideradas como condiciones indisponibles por los convenios colectivos de empresa o grupos de empresa, que incurrirán en concurrencia de convenios en caso de regular de forma distinta lo dispuesto en el presente Convenio colectivo sectorial. Artículo 2. Ámbito funcional. Este Convenio, afectará a las empresas de enseñanza de titularidad privada, no universitaria, integradas o no integradas, que al menos impartan un nivel educativo sostenido total o parcialmente con fondos públicos, y que se hallen autorizados por la Administración educativa competente por razón de su ubicación territorial, y en las que se lleven a cabo alguna de las actividades educativas siguientes: – 1.er Ciclo Educación Infantil/ (integrado) y/o 2.º Ciclo Educación Infantil (integrados). – Educación Primaria. – Educación Secundaria Obligatoria. – Bachillerato. – Formación Profesional de Grado Medio y/o Formación Profesional de Grado Superior. Ciclo Formativo de Grado Básico o su equivalente de acuerdo con la normativa vigente. – Educación Especial (integrada). – Educación Permanente de Adultos. – Centros Residenciales (Colegios Menores, Residencias de Estudiantes y Escuelas Hogar). A los efectos de este Convenio se entiende por empresa educativa integrada, aquella en la que se impartan más de una enseñanza o nivel educativo. Las empresas que impartan 1.er Ciclo de Educación Infantil, 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Especial, para que estén afectadas por este Convenio, tienen que formar parte de una empresa educativa integrada, en donde se impartan, además de cualquiera de las enseñanzas reseñadas al inicio de este párrafo, otra de las enseñanzas enumeradas en este artículo. Artículo 3. Ámbito personal. Este Convenio afectará a todo el personal en régimen de contrato de trabajo, que preste sus servicios por cuenta ajena en y para una empresa educativa, cualquiera que sea la titularidad empresarial privada de la misma. Artículo 4. Ámbito temporal. El ámbito temporal del presente Convenio, se extenderá desde su fecha de publicación en el BOE, hasta el 31 de diciembre de 2024. Los efectos económicos se aplicarán con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2020. Si durante la vigencia del presente Convenio se alcanzasen acuerdos entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las correspondientes Administraciones educativas, o se produjesen cambios en la legislación, sobre materias que afecten al cuerpo normativo del mismo que remitan a la regulación convencional, así como cambios en cualquiera de las materias acordadas en el presente Convenio colectivo, las partes negociadoras se reunirán al objeto de adecuar el Convenio a la nueva situación. Serán objeto de negociación específica, las tablas salariales de cada año, desde el momento de la publicación en la LPGE de los módulos económicos correspondientes o la norma que los modifique o prorrogue, estableciéndose el límite temporal de tres meses para su firma. Esta limitación sólo será de aplicación durante la vigencia y las posibles prórrogas del Convenio, pero no una vez denunciado el mismo. Para el personal docente de niveles sostenidos con fondos públicos, el salario se fijará de acuerdo con la variación porcentual que figure en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 57. El presente Convenio se prorrogará por tácita reconducción, a partir del 1 de enero de 2025, si no mediase denuncia expresa del mismo por cualquiera de las partes legitimadas, con una antelación de 2 meses al término de su vigencia. Denunciado el Convenio, las partes se comprometen a iniciar conversaciones, en un plazo no superior a 1 mes antes de la fecha de vencimiento del Convenio o de su prórroga. Una vez denunciado el Convenio, en los términos establecidos en el mismo, este permanecerá vigente hasta que las partes hayan alcanzado un nuevo acuerdo de Convenio que lo sustituya. Se establece de común acuerdo, que el procedimiento del arbitraje será siempre voluntario, con independencia de los acuerdos interprofesionales que pudieran establecerse al efecto. Las diferencias que las empresas adeuden a sus trabajadores como consecuencia de la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2020 y 2021 de los salarios abonados, deberán quedar totalmente saldadas en el plazo de tres meses desde la publicación del Convenio. CAPÍTULO II Comisión Paritaria Artículo 5. Constitución y competencias. Se constituirá una Comisión Paritaria para la interpretación, mediación, arbitraje, seguimiento del Convenio y cualquier otra función que le haya sido encomendada en el articulado del mismo. La Comisión Paritaria, única para resolver en el presente Convenio, estará integrada por representantes de las organizaciones firmantes del mismo, no computándose a estos efectos las personas del Presidente y Secretario. Las competencias de esta Comisión Paritaria serán las establecidas legalmente en la normativa general y en el presente Convenio. Artículo 6. Funcionamiento. En la primera reunión se nombrará al Presidente y al Secretario, cuya tarea será respectivamente convocar y moderar la reunión y levantar acta de la misma, llevando el registro previo y archivo de los asuntos tratados. La Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre, y con carácter extraordinario, cuando lo solicite la mayoría de las organizaciones de una de las partes. En ambos casos, la convocatoria se hará por escrito, por vía telemática o, en su defecto, por cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción, con una antelación mínima de 5 días hábiles, con indicación del orden del día, fecha, hora y lugar de la reunión, adjuntándose la documentación necesaria del mismo modo que el reseñado para la convocatoria. Sólo en caso de urgencia, reconocida por todas las organizaciones, el plazo podrá ser inferior. El procedimiento para todo aquello a lo que la ley y el Convenio obliga a intervenir a la Comisión Paritaria queda establecido conforme a lo siguiente: 1. Se remitirá solicitud por correo postal certificado o burofax dirigido al Presidente de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas total o Parcialmente con fondos públicos, cuyo domicilio se indica en el artículo 8. El escrito deberá contener con claridad los hechos y fundamentos en los que las partes basen sus peticiones y, podrá ir acompañado de la documentación que estimen necesaria. 2. Recibido el escrito, la Comisión Paritaria se reunirá dentro de los plazos que, en función de la materia, se establecen legalmente. Para aquellos casos en los que la ley no establece plazo específico, la comisión paritaria se reunirá con carácter ordinario atendiendo al volumen de consultas recibidas. 3. De las conclusiones y acuerdos alcanzados en la Comisión Paritaria, se levantará acta, notificándose por escrito al consultante la resolución adoptada que le afecte, firmada por el presidente y el secretario. 4. En caso de no alcanzarse acuerdo sobre la pretensión planteada en el seno de la Comisión Paritaria, las partes libremente podrán acudir para dirimir su discrepancia a los mecanismos convencionales, administrativos-laborales o jurisdiccionales legalmente previstos. 5. En aquellos casos en los que se requiere la intervención previa de esta Comisión Paritaria de manera previa a la vía judicial, transcurridos 15 días desde la recepción de la consulta se entenderá cumplido el trámite quedando abierto el procedimiento correspondiente. Si las partes se someten expresamente al arbitraje de la Comisión, su resolución será vinculante para ellas. Artículo 7. Acuerdos. Los acuerdos de la Comisión Paritaria serán tomados por voto ponderado en función de la representatividad de cada Organización miembro de la misma, requiriéndose para ello la aprobación por más del 50 % de la representatividad patronal y por más del 50 % de la representación sindical. El Presidente y el Secretario tendrán voz pero no voto. Artículo 8. Domicilio. La Comisión Paritaria fija su domicilio en Madrid, en la c/ Hacienda de Pavones, 5 - 1.º (28030). CAPÍTULO III Organización del trabajo Artículo 9. Organización del trabajo. La disciplina y organización del trabajo es facultad específica del empresario y se ajustarán a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de ámbito laboral. TÍTULO II Del personal CAPÍTULO I Clasificación del personal Artículo 10. Clasificación de grupos profesionales. Los trabajadores afectados por el presente Convenio, en atención a las funciones que desarrollen y de acuerdo con las definiciones que se especifican en el anexo III, serán clasificados en grupos profesionales. Esta estructura profesional pretende obtener una más razonable estructura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa retribución que corresponda a cada trabajador. Los actuales puestos de trabajo y tareas se ajustarán a los grupos establecidos en el presente Convenio. El personal afectado por este Convenio, de conformidad con el trabajo desarrollado en la empresa, se clasificará en 4 grupos profesionales: – Grupo 1: Personal docente. – Grupo 2: Personal de Administración. – Grupo 3: Personal de Servicios. – Grupo 4: Personal Complementario Titulado. Grupo 1: Categorías del grupo profesional de Personal docente. El personal docente se encuadra en las siguientes subgrupos y categorías. 1.1 Subgrupo educación infantil 1.er Ciclo Educación Infantil (integrado): a) Profesor/Maestro. b) Educador infantil/Técnico. 1.2 Subgrupo educación infantil 2.º ciclo (integrado) y Educación Primaria: a) Profesor/Maestro. b) Orientador Educativo. 1.3 Subgrupo de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos de grado básico o su equivalente según la normativa aplicable. a) Profesor. b) Orientador Educativo. c) Profesor Adjunto, Agregado o Auxiliar. 1.4 Subgrupo de FP de Grados Medio y Superior. a) Profesor Titular. b) Profesor Adjunto, Agregado o Auxiliar. c) Orientador Educativo. 1.5 Subgrupo de Educación Especial (integrado). a) Profesor. 1.6 Subgrupo de Educación Permanente de Adultos. a) Profesor. b) Profesor Agregado. 1.7 Subgrupo otro personal. a) Profesor de actividades educativas extracurriculares. b) Instructor o monitor. c) Educador. 1.8. Categorías funcionales-directivas-temporales. a) Director. b) Subdirector. c) Jefe de Estudios. d) Jefe de Departamento. Las categorías funcionales-directivas-temporales del personal docente, anteriormente mencionadas, así como su jornada y complementos salariales específicos, se mantendrán en tanto dure dicha función. Grupo 2: Personal de Administración. 2.1 Subgrupo personal administrativo. a) Jefe de Administración o Secretaría. b) Jefe de Negociado. c) Oficial. Contable. d) Recepcionista. Telefonista. e) Auxiliar. 2.2 Subgrupo Personal auxiliar. a) Cuidador. Grupo 3. Personal de servicios generales. 3.1 Subgrupo personal de portería y vigilancia. a) Conserje. b) Portero. c) Guarda. Vigilante. 3.2 Subgrupo de personal de limpieza. a) Gobernante. b) Empleado del servicio de limpieza, de costura, lavado y plancha. 3.3 Subgrupo personal de cocina y comedor. a) Jefe de cocina. b) Cocinero. c) Ayudante de cocina. d) Empleado de servicio de comedor. 3.4 Subgrupo Personal de mantenimiento y oficios generales. a) Oficial de 1.ª de oficios. b) Oficial de 2.ª de oficios. c) Empleado de mantenimiento, jardinería y oficios varios. d) Conductores. Grupo 4: Personal Complementario Titulado. a) Titulados Superiores b) Titulados Medios La Comisión Paritaria homologará las categorías de los grupos y los subgrupos profesionales no contempladas en este Convenio. Artículo 11. Definiciones. Las definiciones correspondientes a las distintas categorías de los grupos y subgrupos profesionales, así como el cuadro de equivalencias con las categorías definidas en convenios que se venían aplicando con anterioridad, son las que figuran en el anexo III que forma parte integrante de este Convenio. Artículo 12. Provisiones. Las categorías de los grupos y subgrupos profesionales especificadas anteriormente tienen carácter enunciativo y no suponen la obligación para la empresa de tener provistas todas ellas. Se podrá acordar en contrato de trabajo la polivalencia funcional, es decir, la realización de labores propias de 2 o más categorías de los grupos y subgrupos profesionales. CAPÍTULO II Contratación Artículo 13. Forma del contrato. Todo contrato celebrado en el ámbito del presente Convenio, deberá formalizarse por escrito y adecuarse a lo previsto en la normativa sobre control de la contratación. Artículo 14. Presunción de duración indefinida. El personal afectado por este Convenio, se entenderá contratado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las permitidas por la ley y con las limitaciones indicadas en los artículos siguientes. El personal será contratado por alguna de las modalidades de contratación que en cada momento sea posible, según la legislación vigente. El personal admitido en la empresa sin pactar modalidad especial alguna en cuanto a la duración de su contrato, se considerará fijo una vez transcurrido el período de prueba. Artículo 15. Contrato para la formación. Los contratos para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. En el resto de las condiciones se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento. El trabajador sujeto a formación percibirá el Salario Mínimo Interprofesional con independencia del tiempo dedicado a formación. Artículo 16. Contrato en prácticas. Podrá concertarse con quienes estuvieran en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, o un certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la norma vigente, y que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cinco años desde la terminación de los estudios, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador/a con discapacidad. Los contratos en prácticas y/o sus prórrogas tendrán una duración mínima de 1 año, salvo los suscritos con personal docente contratado para cubrir una vacante producida una vez comenzado el curso escolar, los cuales se extenderán hasta el 31 de agosto siguiente, respetándose en todo caso la duración mínima señalada en el Estatuto de los Trabajadores para esta modalidad contractual. En el resto de condiciones se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento. Los trabajadores contratados en prácticas, percibirán, durante el primer año, el 80 % del salario fijado en las Tablas Salariales para su categoría profesional, y el 90 % del mismo durante el segundo año. Los trabajadores incluidos en pago delegado, podrán devengar hasta el 100 % de su salario desde el inicio de su relación laboral, siempre y cuando no supere el módulo correspondiente. Artículo 17. Limitación a la contratación temporal. El personal con contrato temporal, no superará el 25 % de la plantilla. Si el porcentaje supone decimales, se redondeará por exceso. No se incluirán en esta limitación el personal con contrato de interinidad, el personal con contrato de relevo, ni el personal con contrato por obra o servicio regulado en el artículo 18. El personal contratado para actividades educativas extracurriculares, no entra en este cómputo. En los centros de trabajo de 8 o menos de 8 trabajadores, no será de aplicación este artículo. Las empresas adecuarán su plantilla a lo anteriormente previsto en el período de vigencia de este Convenio. Artículo 18. Contrato para obra o servicio determinados. Tiene por objeto la realización de una obra o servicio con autonomía y sustantividad propia, de duración incierta, dentro de la actividad de la empresa. En el ámbito de este Convenio, podrán cubrirse con contratos de esta naturaleza, sin perjuicio de cualquier otra actividad permitida legalmente, los que tengan por objeto: – Impartir áreas o asignaturas a extinguir por aplicación de la legislación educativa vigente en cada momento. – Impartir docencia en niveles que la empresa haya iniciado el proceso de extinción y hasta el total cierre de los mismos. A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir la indemnización económica que le corresponda en cada momento según la legislación vigente. Si el contrato fijara una duración o término, éstos deberán considerarse de carácter orientativo en función de la obra o servicio objeto del contrato, estableciéndose, para esta modalidad contractual, una duración máxima de 3 años que podrá ser ampliada hasta un máximo de un año más. Artículo 19. Contrato eventual por circunstancias de la producción. Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses (6), dentro de un periodo de doce meses (12), contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas. En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, podrá́ prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima. No obstante, podrá́ modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se puedan realizar en atención a la existencia de circunstancias excepcionales que se pueden producir, constatadas por la comisión paritaria. En tal supuesto, el periodo máximo dentro del cual se podrán realizar será́ de dieciocho meses (18), no pudiendo superar la duración del contrato, como máximo, doce meses (12). A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir la indemnización económica que le corresponda en cada momento según la legislación vigente. Artículo 20. Contrato de interinidad. Además de en los supuestos regulados legal y reglamentariamente, podrá formalizarse el contrato de interinidad, para cubrir la docencia, total o parcialmente, de los trabajadores designados para ejercer la función directiva o cualquier otro encargo que conlleve reducción de la docencia, con derecho a reserva de puesto de trabajo. Artículo 21. Contrato de relevo. Las empresas podrán celebrar contratos de trabajo a tiempo parcial con sus propios trabajadores o trabajadoras que reúnan las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación, excepto la edad, que habrá de ser como establezca la legislación vigente. El contrato de relevo se formalizará a jornada completa o a tiempo parcial. La continuación de la actividad laboral a tiempo parcial y su retribución serán compatibles con la percepción de la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador o trabajadora. Para poder celebrar este contrato, la empresa contratará, simultáneamente, mediante el contrato de relevo a otro trabajador o trabajadora en las condiciones que establezca la legislación vigente. Las demás condiciones del contrato de relevo se regirán por la normativa en vigor. Artículo 22. Conversión en contrato indefinido. Todos los trabajadores pasarán automáticamente a la condición de fijos, si transcurrido el plazo determinado en el contrato, continúan desarrollando sus actividades sin que haya existido nuevo contrato o prórroga del anterior. CAPÍTULO III Período de prueba, vacantes y ceses voluntarios Artículo 23. Período de prueba. 1.º Todo el personal de nuevo ingreso quedará sometido al período de prueba que se establece a continuación: a) Personal docente (Grupo 1): 4 meses. b) Personal de administración y servicios (Grupos 2 y 3): 1 mes. c) Personal complementario titulado (Grupo 4): 2 meses. d) Personal en formación será de 15 días naturales. e) Personal con contrato en prácticas: El período de prueba estará en función del grupo profesional al que esté adscrito. Para la efectividad de estos períodos de prueba será indispensable que consten por escrito. 2.º En el caso de que se suscriba un contrato indefinido para un docente, el período de prueba será de diez meses, debiendo constar por escrito. En este supuesto, y si la empresa desiste del contrato en fecha posterior a aquella en que se cumpla el cuarto mes desde su incorporación al puesto de trabajo, tendrá derecho a percibir como indemnización, dos días de salario por cada mes completo de servicio desde el inicio del contrato. Para un mismo puesto de trabajo la empresa no podrá hacer uso del desistimiento del contrato en el décimo mes del período de prueba más de 2 veces consecutivas. 3.º Quien haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en el centro, bajo cualquier modalidad de contratación, estará exento del período de prueba. 4.º En todos los casos, terminado el período de prueba, el trabajador pasará a formar parte de la plantilla de la empresa, computándose a todos los efectos dicho período. Artículo 24. Vacantes. Se entiende por vacante la situación producida en una empresa por baja de un trabajador como consecuencia de la extinción de su relación laboral. 1.º Vacantes entre el personal docente: a) Las vacantes que se produzcan en el Grupo 1 (artículo 10), serán cubiertas entre el personal del mismo grupo, combinando la capacidad, titulación y aptitud con la antigüedad en la empresa. De no existir a juicio del empresario, personal que reúna las condiciones antes dichas, las vacantes se cubrirán con arreglo a la legislación vigente en cada momento. b) En los niveles concertados la cobertura de las vacantes que se produzcan se hará a tenor de lo establecido en la legislación educativa vigente. Asimismo, se podrá contemplar como criterio preferente, estar incluido en la lista de recolocación de centros afectados por supresión de unidades concertadas. 2.º Vacantes entre el Subgrupo Personal Administrativo: Las vacantes que se produzcan entre este personal se cubrirán con los trabajadores del propio subgrupo profesional, a excepción de la de Jefe de Administración o Secretaría y Jefe de Negociado. Los Auxiliares con 5 años de servicio en la categoría, podrán ser promocionados a Oficial, y de no existir vacante, continuarán como Auxiliares con la retribución de Oficial. Los trabajadores en formación con más de 2 años de servicio en la empresa pasarán a ocupar el puesto de Auxiliar. 3.º Vacantes entre el Grupo Personal de Servicios Generales: Las vacantes que se produzcan entre este personal se cubrirán con los trabajadores del propio grupo profesional, y siempre que reúnan la capacidad y aptitud para el desempeño del puesto a cubrir, a juicio de la empresa. 4.º El personal perteneciente a los Grupos 2, 3 y 4 de la empresa, tendrá preferencia a ocupar una vacante docente, siempre que reúna los requisitos legales, así como aptitud y capacidad, a juicio de la empresa, sin perjuicio de lo establecido en el punto 1.º de este artículo. 5.º En caso de nueva contratación o producción de vacante, y siempre que no pudiera acceder a estos puestos el personal fijo de plantilla, tendrá preferencia el personal con contrato temporal o a tiempo parcial y quienes estén contratados como interinos. Artículo 25. Cese voluntario. El trabajador que desee cesar voluntariamente en el servicio a la empresa, vendrá obligado a ponerlo en conocimiento del empresario por escrito, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: 1.º Personal docente y personal complementario titulado: Un mes. 2.º Resto del personal: 15 días. En el caso de acceso a puesto público, se estará a lo siguiente: 1. Cuando el personal docente acceda a puesto de interino, el trabajador deberá informar, a la dirección del centro o a la titularidad del colegio, a la publicación de las listas de acceso a puestos en centros públicos y, en este caso, el plazo de preaviso del personal docente quedará establecido en 15 días. 2. En el caso de acceso a la función pública, el preaviso al empresario deberá hacerse dentro de los 7 días siguientes a la publicación de las listas definitivas de aprobados. El incumplimiento del trabajador de la obligación de preavisar con la indicada antelación, dará derecho al empresario a descontarle de la liquidación el importe del salario de dos días por cada día de retraso en el preaviso. Si el empresario recibe el preaviso, en tiempo y forma, vendrá obligado a abonar al trabajador la liquidación correspondiente al término de la relación laboral. El incumplimiento de esta obligación, llevará aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado con el importe del salario de dos días por cada día de retraso en el abono de la liquidación. En el caso de los trabajadores incluidos en pago delegado, en el que la Administración educativa es responsable de esta obligación, el empresario quedará exonerado del pago de la indemnización, siempre y cuando hubiera dado traslado inmediato del cese del trabajador a dicha Administración. TÍTULO III Condiciones laborales CAPÍTULO I Jornada de trabajo Artículo 26. Distribución del tiempo de trabajo del personal docente. El tiempo de trabajo de este personal comprenderá horas dedicadas a actividad lectiva y horas dedicadas a actividades no lectivas. Se entiende por actividad lectiva la impartición de clases (período no superior a 60 minutos), la realización de pruebas escritas u orales a los alumnos y la tutoría grupal. En los ciclos de Formación Profesional, Programas de Cualificación Profesional Inicial o su equivalente según la legislación educativa vigente, la actividad lectiva incluye la formación en centros de trabajo, consistente en la realización de prácticas y tutorías de los alumnos. Se entienden por actividades no lectivas, todas aquellas que efectuadas en la empresa educativa tengan relación con la enseñanza, tales como: la preparación de clases, los tiempos libres que puedan quedar al profesor entre clases por distribución del horario, las reuniones de evaluación, las correcciones, la preparación de trabajos de laboratorios, las entrevistas con padres de alumnos, bibliotecas, etc. Durante los recreos, el profesorado estará a disposición del empresario para efectuar la vigilancia de los alumnos en los mismos. No obstante, en el supuesto que la Administración Educativa competente dote a los centros de ratios profesor/unidad, superiores a las estrictamente necesarias para impartir el currículo de cada nivel educativo, se computarán dentro del tiempo de trabajo dedicado a actividad lectiva y por lo tanto estarán sometidas al máximo semanal y anual señalados en el artículo siguiente de este Convenio, las actividades propias de los cargos unipersonales, de coordinación (pedagógica, ciclos, departamentos, etc.), y otras, cuando así lo determine el empresario y para las personas que él designe. A estos efectos, al comienzo de cada curso escolar, previa consulta a los delegados de personal o comité de empresa, el empresario determinará el cuadro horario de cada profesor con señalamiento expreso de las actividades lectivas y asimiladas a desempeñar por cada docente. Cuando se produzcan incidencias que afecten a la plantilla del centro, el empresario podrá modificar la distribución de estas actividades en función de la incidencia producida. Artículo 27. Jornada del personal docente. Salvo para el personal docente del primer ciclo de educación infantil que se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente, la jornada anual total será de 1.180 horas, de las cuales se dedicarán a actividad lectiva, como máximo, 850 horas, dedicándose el resto a actividades no lectivas. El personal interno realizará 40 horas más de jornada anual. El tiempo de trabajo dedicado a actividades lectivas, como máximo, será de 25 horas semanales, que se distribuirán de lunes a viernes. Las actividades no lectivas se distribuirán a lo largo del año por el empresario de acuerdo con los criterios pactados entre el mismo y los representantes de los trabajadores. En caso de disconformidad, el empresario decidirá conforme a lo señalado en el artículo 9 de este Convenio. En el caso de las salidas del centro de más de un día de duración, se estará a lo dispuesto en el anexo II del presente Convenio. Artículo 28. Jornada del personal docente del primer ciclo de Educación Infantil. Para el personal docente que preste sus servicios en las unidades 0-3 años la jornada anual será de: 1.362 horas anuales para el Maestro, 1.620 horas para el Educador infantil. La jornada semanal será el resultante de la distribución irregular de la jornada anual, estableciéndose una jornada máxima de 32 horas para el Maestro y de 38 horas para el Educador Infantil. Artículo 29. Jornada del personal que ostenta las categorías funcionales directivas-temporales. El personal que ostenta las categorías funcionales-directivas-temporales incrementará su jornada anual en 210 horas que deberán dedicarse a la empresa en el desempeño de su función específica. Artículo 30. Jornada del personal complementario titulado. Este personal tendrá la siguiente jornada: 1.º Jornada máxima semanal de 34 horas. 2.º Jornada anual de 1.400 horas. El personal interno realizará 40 horas más de jornada anual. Artículo 31. Jornada del personal de administración y servicios. Este personal tendrá la siguiente jornada: 1.º Jornada anual de 1.570 horas, de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria primera. El personal interno realizará 40 horas más de jornada anual. 2.º Jornada semanal de 38 horas de referencia, distribuidas según las necesidades de la empresa, sin que la jornada diaria pueda exceder de 8 horas y de 4 horas la del sábado. 3.º Este personal disfrutará de un sábado libre en semanas alternas. 4.º Cuando las necesidades del trabajo o las características de la empresa no permitan disfrutar en sábado y domingo el descanso semanal de día y medio continuo, este personal tendrá derecho a disfrutar dicho descanso entre semana. 5.º En todo caso, entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán, como mínimo, 12 horas. 6.º Durante los meses de julio y agosto y en las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa, este personal realizará jornada continua, con un máximo de 6 horas diarias y 48 horas ininterrumpidas de descanso semanal, pudiendo establecerse turnos para que los distintos servicios queden atendidos. Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en todos los casos, salvo en internados o análogos, cuando la realización de la jornada continua no garantice en éstos el adecuado servicio, pudiendo establecerse turnos para que los distintos servicios queden atendidos. 7.º El régimen de jornada de trabajo establecido en este artículo no será de aplicación al Portero y demás servicios análogos de vigilancia, siempre y cuando los trabajadores afectados residan en dependencias proporcionadas por la empresa. Artículo 32. Horas extraordinarias. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan, en cada caso, de la jornada establecida en este Convenio. La iniciativa para proponer realizar horas extraordinarias corresponde al empresario y la libre aceptación al trabajador, conforme a la legislación vigente en cada momento. Artículo 33. Control y Registro de jornada. A efectos de control y registro de jornada se tendrá en cuenta lo establecido en el anexo I del presente Convenio. CAPÍTULO II Vacaciones y periodos sin actividad Artículo 34. Régimen general de vacaciones. Todos los trabajadores afectados por este Convenio tendrán derecho a disfrutar, cada año completo de servicio activo, una vacación retribuida de un mes, preferentemente en julio o agosto, teniendo en cuenta las características de la empresa y las situaciones personales de cada trabajador. Si el tiempo trabajado fuera inferior al año, se tendrá derecho a los días que correspondan en proporción. El cálculo para la compensación económica de las vacaciones, en los casos que proceda legalmente, se realizará en base a lo establecido en este artículo. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 ET, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. Dadas las características especiales del sector de la enseñanza, el cómputo para determinar el número de días de vacaciones a disfrutar o compensar económicamente en caso de cese, se realizará de 1 de septiembre a 31 de agosto y no por años naturales. Artículo 35. Períodos sin actividad del personal docente. Salvo el personal docente del primer ciclo de educación infantil que estará a lo dispuesto en el artículo siguiente, todo el personal docente afectado por el presente Convenio tendrá derecho a 1 mes adicional sin actividad, retribuido, disfrutado de forma consecutiva y conjunta al mes de vacaciones, y ambos entre el 1 de julio y el 31 de agosto. No obstante lo anterior, se podrán utilizar hasta un máximo de 40 horas para actividades no lectivas, en un período máximo de los ocho primeros días del mes de julio o los ocho últimos días del mes de agosto. En Navidad y Semana Santa, este personal tendrá derecho a tantos días sin actividad docente como los que se fijen de vacación para los alumnos en el calendario escolar. En el supuesto de que el calendario escolar no concediera vacación a los alumnos en las fechas de Semana Santa o Pascua, sustituyendo las mismas por otras fechas, el derecho regulado en el primer inciso de este párrafo se aplicará a las nuevas fechas. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en el supuesto de que la empresa organice cursos de verano, el mes adicional sin actividad docente retribuido, no afectará a los profesores que se precisen para la realización de estos cursos. Este personal recibirá una compensación económica que no será inferior al 35 % de su salario bruto mensual. Las horas dedicadas a estos cursos tendrán la consideración de ordinarias y no se considerarán incluidas en el cómputo anual indicado en el artículo 27 del presente Convenio. La dedicación máxima de cada uno de estos profesores a los cursos citados, será de 100 horas. Estos cursos se impartirán, en primer lugar, por el personal de la empresa que voluntariamente lo acepte. En su defecto, y para aquellas empresas que los venían impartiendo o que estén en condiciones de impartirlos, el empresario dispondrá como máximo del 25 % del personal docente con un mínimo de tres trabajadores. En caso de existir varios trabajadores con la misma especialidad, se hará de forma rotativa en años sucesivos. A los trabajadores que impartan estos cursos, no les será de aplicación el segundo párrafo de este artículo. Artículo 36. Vacaciones del personal del primer ciclo de Educación Infantil. Todo el personal afectado por esta disposición tendrá derecho cada año completo de servicios a: Un mes, preferentemente en julio o agosto, teniendo en cuenta las características de la empresa y las situaciones personales de cada trabajador. El empresario, atendiendo a las especiales características y necesidades de la actividad, podrá establecer turnos entre el personal, al objeto de mantener los servicios del Centro. Además todos los trabajadores tendrán derecho a quince días considerados laborables distribuidos durante el año, a criterio de la Dirección del Centro y oído el criterio de los representantes de los trabajadores. Estos días se repartirán, preferentemente, en Navidad, Semana Santa y verano. El empresario, atendiendo a las especiales características y necesidades de la actividad, podrá establecer turnos entre el personal, al objeto de mantener los servicios del Centro. Artículo 37. Vacaciones del Personal complementario titulado y de administración y servicios. Este personal tendrá el siguiente régimen de vacaciones: 1.º Seis días de vacaciones durante el año, tres a determinar por el empresario y los otros tres a determinar de común acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario al inicio del curso escolar. 2.º El personal de Administración y Servicios tendrá dos días más de vacaciones al año, uno a determinar por el empresario al inicio del curso escolar y uno a determinar por el trabajador. Artículo 38. Periodos sin actividad del personal complementario titulado y de administración y servicios. Todo el personal complementario titulado y de administración y servicios tendrá derecho a disfrutar de seis días consecutivos de los que tengan la condición de laborables, según el calendario laboral de la empresa donde preste servicios, de permiso retribuido durante el período navideño. También tendrá derecho a disfrutar de tres días consecutivos en el período de Semana Santa-Pascua, igualmente de los que tengan la condición de laborables según el mencionado calendario laboral. En cualquier caso, el empresario podrá establecer turnos entre este personal a efecto de mantener los servicios en la empresa. Artículo 39. Parte proporcional. El personal que cese en el transcurso del año, tendrá derecho a la parte proporcional de vacaciones que por disposiciones legales le corresponda, según el tiempo trabajado durante el mismo. CAPÍTULO III Calendario Laboral Artículo 40. Calendario Laboral. Dadas las características del sector, las empresas vendrán obligadas a elaborar el calendario laboral al comienzo del curso escolar, no al inicio del año natural, previa consulta a los representantes de los trabajadores, quienes podrán emitir un informe al respecto. Este calendario deberá exponerse en lugar visible del centro de trabajo y se adaptará, si fuera necesario, a las fiestas laborales acordadas con posterioridad a la elaboración del mismo, por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. En el calendario laboral figurarán las vacaciones del personal y los horarios de trabajo, que podrán ser adaptados cada curso a las necesidades del centro. Excepcionalmente y para el caso de impartición de materias optativas, así como, en los módulos de Formación Profesional, el tiempo de trabajo dedicado a actividad lectiva semanal podrá superarse siempre que se respeten los topes anuales lectivos y se vea compensado el exceso de horas durante el curso escolar. CAPÍTULO IV Permisos Artículo 41. Permisos retribuidos. Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 1.º Quince días en caso de matrimonio o inscripción en el registro correspondiente como pareja de hecho. En ambos casos, los 15 días naturales podrán empezar a disfrutarse previo aviso y justificación tres días antes de la celebración, sin que ello suponga aumento del número de días de permiso, y sin perjuicio de su recuperación en caso de que no se produzca el hecho causante. 2.º Tres días en caso de fallecimiento de hijo; o en caso de enfermedad grave, accidente grave, hospitalización o fallecimiento, del cónyuge o de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por alguno de estos motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento superior a 150 kilómetros, el permiso será de cinco días. En el caso del permiso por hospitalización podrá iniciarse mientras dure el hecho causante, no obstante, una vez iniciado el permiso los días de disfrute serán continuados. 3.º Dos días por intervenciones quirúrgicas sin hospitalización que precisen reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cinco días. 4.º Un día por traslado del domicilio habitual. 5.º Un día por boda de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que coincidirá con el día de la ceremonia. 6.º Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter público y personal. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. 7.º Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 8.º Con el objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, se crea una bolsa de un máximo de 20 horas anuales por cada persona trabajadora para: – Asistencia a consultas médicas del propio trabajador, de los hijos menores de edad, del cónyuge, de padres y familiares hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos y cuya necesidad de acompañamiento se certifique oportunamente, siempre y cuando la asistencia a estas consultas no sea posible realizarlas fuera del horario de trabajo. – Asistencia a tutorías de hijos menores, hasta un máximo de diez horas anuales con cargo a la bolsa de 20 horas antes señalada. La utilización de estas horas deberá ser acreditada con el justificante médico respectivo o del centro educativo, según el caso, y se procurará interferir lo menos posible con las actividades escolares del alumnado. Se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. En el caso de los puntos 2.º y 3.º, se establece lo siguiente: – Si el hecho causante se produce en día festivo, el disfrute del permiso comenzará a contar el primer día laborable. – Si el hecho causante que origina el derecho al permiso se produce cuando el trabajador hubiera completado el 70 % de la jornada, y solicita el permiso el mismo día, este contará desde el día siguiente. – Si iniciado el permiso se incluye algún día del fin de semana considerado no laborable para el trabajador, no se tendrá en cuenta en el cómputo. Artículo 42. Permisos no retribuidos. Cualquier trabajador podrá solicitar hasta 15 días de permiso sin sueldo, por curso escolar. La empresa tendrá que conceder este permiso si el mismo se solicita con 15 días de antelación y el disfrute de dicho permiso, en el caso del personal docente, no coincide con otro trabajador del mismo nivel, y en el caso del personal no docente, no coincide con cualquier otro trabajador de la misma rama de dicho grupo. Este permiso se disfrutará, como máximo, en dos períodos, aunque entre ambos no se agote el tiempo total previsto en el párrafo anterior. Artículo 43. Prestación por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. Los trabajadores tendrán derecho a su retribución total durante la suspensión de contrato derivada de nacimiento y cuidado de menor adopción, acogimiento permanente o preadoptivo, o riesgo durante el embarazo o lactancia natural, siempre que se cumplan los requisitos que establece la legislación vigente en cada uno de los casos. Artículo 44. Permiso para el cuidado del bebé lactante. Los trabajadores, en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el articulo 45.1.d) del ET, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas por acuerdo entre empresa y trabajador o en su caso, lo establecido en aquella. El personal en pago delegado podrá acumular el tiempo de lactancia, siempre que exista un Acuerdo al respecto entre la Administración educativa correspondiente y las organizaciones empresariales y sindicales por mayoría de su respectiva representatividad, o así se contemple en las Instrucciones o resoluciones administrativa dictadas al efecto. La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá́ limitar su ejercicio simultaneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá́ comunicar por escrito. Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá́ extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses. Mediante acuerdo entre empresa y trabajador, el derecho recogido en este artículo podrá acumularse en jornadas completas disfrutándose de una sola vez inmediatamente después de que finalice la baja por nacimiento La concreción horaria y el periodo de disfrute del permiso de lactancia corresponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria, debiendo preavisar al empresario con quince días de antelación, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso por cuidado del bebé lactante. Artículo 45. Cuidado de menores o familiares que no puedan valerse por sí mismos. Los trabajadores que tengan a su cuidado a un menor de 12 años o a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida, podrán reducir su jornada de trabajo diaria, con disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Si dos o mas trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante el empresario podrá limitar su ejercicio simultaneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. La concreción horaria de la reducción de jornada corresponde al trabajador, quién deberá preavisar al empresario con 15 días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. CAPÍTULO V Cursos y exámenes de los trabajadores Artículo 46. Cursos. Cuando la empresa organice cursos de perfeccionamiento y el trabajador los realice voluntariamente, los gastos de matrícula, desplazamientos y residencia correrán a cargo de aquélla. En el caso de que el trabajador disfrutara de becas o ayudas, tanto públicas como privadas, el Centro abonará tan sólo la diferencia entre el importe de ésta y los gastos anteriormente mencionados. Los empresarios facilitarán el acceso a cursos para el personal contratado que desee el aprendizaje de la lengua de la Comunidad Autónoma donde radique la empresa educativa. El personal que asista a cursos de perfeccionamiento, previo permiso del empresario, tendrá derecho a percibir su retribución durante su duración. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrán derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta cinco años. Para el disfrute de este permiso, el trabajador deberá solicitarlo con un preaviso mínimo de un mes, salvo que por circunstancias justificadas se requiera de menos plazo para su solicitud. Deberá constar expresamente su concesión por parte de la empresa. Tendrán esta misma consideración los permisos individuales concedidos al amparo del Acuerdo Nacional para la Formación Continua. Artículo 47. Exámenes oficiales. Para realizar exámenes oficiales, el trabajador tendrá la correspondiente licencia, con derecho a retribución, debiendo justificar tanto la formalización de la matrícula como haber asistido a dichos exámenes. CAPÍTULO VI Excedencias, suspensión del contrato y jubilaciones Artículo 48. Clases de excedencia. La excedencia podrá ser voluntaria, forzosa o especial, en los términos previstos en los artículos siguientes. En todos los casos el trabajador no tendrá derecho a retribución, salvo lo establecido en el capítulo correspondiente a derechos sindicales. Artículo 49. Excedencia forzosa. Serán causas de excedencia forzosa las siguientes: 1.ª Por designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. 2.ª Por el ejercicio de funciones sindicales, de ámbito provincial o superior, siempre que la organización sindical a la que pertenezca el trabajador tenga representatividad legal suficiente en el ámbito del presente Convenio. 3.ª Durante el período de un curso escolar para aquellos trabajadores que deseen dedicarse a su perfeccionamiento profesional después de diez años de ejercicio activo en la misma empresa. Cuando este perfeccionamiento sea consecuencia de la adecuación de la empresa a innovaciones educativas, el período exigido de ejercicio activo quedará reducido a cuatro años. Artículo 50. Excedencia especial. Serán causas de excedencia especial, las siguientes: 1.ª Excedencia especial, para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. En este caso la excedencia no será superior a 3 años. 2.ª Excedencia especial para atender al cuidado de cada hijo, por naturaleza, por adopción o por acogimiento permanente o preadoptivo, en los términos previstos en la legislación vigente. Cuando el padre y la madre trabajen en el mismo centro de trabajo, el empresario podrá limitar su ejercicio simultaneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Artículo 51. Reserva del puesto de trabajo. El trabajador que disfrute de excedencia forzosa o especial, tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, cómputo de la antigüedad adquirida durante el tiempo que aquella dure y a reincorporarse al mismo centro de trabajo una vez terminado el período de excedencia. También tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad adquirida, el trabajador que esté en situación de excedencia voluntaria, en los términos previstos en el artículo siguiente, cuya excedencia esté motivada por su incorporación como cooperante a un proyecto de cooperación para el desarrollo o de ayuda humanitaria internacional. Desaparecida la causa que motivó la excedencia, el trabajador tendrá 30 días naturales para reincorporarse al centro de trabajo y, caso de no hacerlo, causará baja definitiva en el mismo. La excedencia forzosa deberá ser automáticamente concedida, previa presentación de la correspondiente documentación acreditativa. Artículo 52. Excedencia voluntaria. La excedencia voluntaria se podrá conceder al trabajador previa petición por escrito, pudiendo solicitarlo todo el que tenga, al menos, un año de antigüedad en la empresa y no haya disfrutado de excedencia durante los cuatro años anteriores. Dicha excedencia empezará a disfrutarse el primer mes del curso escolar, salvo mutuo acuerdo para adelantarlo. El permiso de excedencia voluntaria se concederá por un mínimo de cuatro meses y un máximo de cinco años. Se podrá pactar de mutuo acuerdo entre las partes la reserva del puesto de trabajo y la duración de la misma, en su caso. Artículo 53. Excedencia por víctimas de violencia de genero. Se establece una excedencia por víctimas de violencia de género con una duración de entre tres meses y un año y reserva del puesto de trabajo durante la misma. Para el disfrute de esta excedencia será preciso acreditar documentalmente la condición de víctima de violencia de género con la correspondiente resolución judicial o administrativa, y así mismo se deberá asegurar la confidencialidad de la situación. Artículo 54. Reingreso en la empresa. El trabajador que disfrute de excedencia voluntaria, sólo conservará el derecho al reingreso si en el centro de trabajo hubiera una vacante en su especialidad o categoría laboral. Durante este tiempo no se le computará la antigüedad. El trabajador deberá solicitar el posible reingreso, al menos con 1 mes de antelación a la fecha de finalización de la excedencia, salvo acuerdo con la empresa. Artículo 55. Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente. En el supuesto de Incapacidad temporal, el contrato permanecerá suspendido durante todo el tiempo que dure la misma, incluso en el período que la empresa haya dejado de cotizar a la Seguridad Social. En el supuesto de Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, Absoluta o Gran Invalidez, el contrato permanecerá suspendido durante 2 años a contar desde la fecha de la resolución que la declaró si a juicio del órgano de calificación la situación de incapacidad del trabajador va a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo. Durante el tiempo de suspensión se computará la antigüedad. Artículo 56. Jubilaciones. El trabajador podrá jubilarse de manera ordinaria según los requisitos establecidos en la legislación vigente, aplicable al efecto. La jubilación podrá tener efecto al final del curso escolar, si hubiera acuerdo entre el empresario y el trabajador. Los empresarios y sus trabajadores, de mutuo acuerdo, podrán tramitar los sistemas de jubilaciones anticipadas previstas en la legislación vigente. TÍTULO IV Retribuciones CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 57. Pago de salarios. Los salarios del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio, quedan establecidos en las Tablas Salariales fijadas al efecto, que se corresponden con la jornada anual señalada para las diferentes categorías, que son las establecidas en el anexo VII de este Convenio colectivo correspondientes a los años 2020 y 2021. La Comisión Negociadora aprobará las tablas salariales correspondientes a cada año dentro del plazo de tres meses desde la publicación en el BOE de la LPGE correspondiente o prórroga. Este límite sólo se aplicará durante la vigencia del Convenio o su prórroga, no siendo aplicable después de la denuncia del mismo. El abono de estos salarios en la nómina del personal docente en pago delegado corresponde a la Administración Educativa competente. En ningún caso las empresas titulares de los centros educativos asumirán el abono de estas cantidades correspondientes a este personal, no estando obligadas a ello. El pago del salario se efectuará por meses vencidos, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente y dentro de la jornada laboral. Artículo 58. Movilidad funcional interna en el grupo/subgrupo. La movilidad funcional dentro del grupo/subgrupo no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral. Esta modalidad no podrá implicar una reducción salarial. No obstante, en supuestos acreditados de modificación de unidades o del concierto educativo se podrá proceder a la movilidad funcional dentro del Grupo I sólo limitada por la exigencia de la titulación académica o profesional necesaria, y el trabajador percibirá el salario que corresponda al subgrupo del nivel educativo al que quede adscrito. Artículo 59. Movilidad funcional externa al grupo profesional. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional sólo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de ésta a los representantes de los trabajadores. Las demás condiciones serán las que establezca la legislación vigente en cada momento. Artículo 60. Anticipos de salario. El trabajador tiene derecho a percibir anticipos a cuenta de su trabajo, sin que pueda exceder del 90% del importe del salario mensual. Para los trabajadores incluidos en pago delegado el empresario tramitará la petición ante la Administración para que la misma satisfaga dicho anticipo. Artículo 61. Empresas educativas de titularidad no española. Las retribuciones del personal de nacionalidad española que preste servicios en empresas educativas de titularidad no española radicadas en España, no podrán ser inferiores a las que perciba el personal de su categoría de la misma nacionalidad que la del titular de la empresa, ni tampoco inferiores a las señaladas en este Convenio. Artículo 62. Trienios. Por cada trienio vencido el trabajador tendrá derecho a percibir la cantidad que a tal efecto se indica en las Tablas Salariales. El importe íntegro de cada trienio se hará efectivo en la nómina del mes de su vencimiento. Artículo 63. Cómputo de antigüedad. La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la de ingreso del trabajador en la empresa. Artículo 64. Pagas extraordinarias. Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, percibirán como complemento periódico de vencimiento superior a un mes, el importe de dos gratificaciones extraordinarias, equivalentes cada una de ellas a una mensualidad del salario, antigüedad y complementos específicos. Se harán efectivas antes del 1 de julio y del 23 de diciembre de cada año. Al personal que cese o ingrese en la empresa en el transcurso del año, se le abonarán las gratificaciones extraordinarias, prorrateándose su importe en proporción al tiempo de servicio. Artículo 65. Prorrateo de pagas. De común acuerdo entre el empresario y los trabajadores podrá acordarse el prorrateo de las gratificaciones extraordinarias entre las 12 mensualidades. Artículo 66. Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa. Los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa, tendrán derecho a una única paga cuyo importe será equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido. Artículo 67. Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa del personal docente en pago delegado. Sin perjuicio del derecho establecido en el artículo anterior, el personal en régimen de pago delegado percibirá este salario directamente de las administraciones educativas a través del pago delegado en función de las disponibilidades presupuestarias de los módulos de conciertos. El abono estará condicionado a que el mismo sea efectuado por la Administración Educativa correspondiente Las empresas, por tanto, no abonarán cantidad alguna por este concepto. Cuando una Comunidad Autónoma justifique la insuficiencia de dotación presupuestaria anual para el abono de esta paga por antigüedad en la empresa, los efectos que regula el artículo 66 de este Convenio Colectivo quedarán inmediatamente aplazados hasta que la Comunidad Autónoma disponga de una nueva dotación presupuestaria anual y emita las resoluciones o instrucciones de abono correspondientes o hasta que las organizaciones empresariales y sindicales por mayoría de su representatividad en el ámbito autonómico, y previa conformidad de la Administración Educativa competente, alcancen un acuerdo al respecto, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Octava del presente Convenio. En todo caso, las resoluciones o instrucciones de la Administración competente o los acuerdos suscritos respetarán los derechos de los trabajadores que se hayan generado durante el periodo de aplazamiento. Para el desarrollo autonómico de lo que dispone este artículo se estará a lo establecido en la Disposición Adicional Octava. Artículo 68. Retribución de jornadas parciales. Los trabajadores contratados para la realización de una jornada inferior a la pactada en este Convenio, percibirán su retribución en proporción al número de horas semanales contratadas. El personal docente percibirá su retribución en proporción al número de horas lectivas semanales contratadas. Este modo de cálculo del salario se establece sin perjuicio de la prestación del trabajo durante las horas no lectivas que le correspondan según su jornada total. Artículo 69. Retribuciones proporcionales. Las retribuciones de los trabajadores que realicen su trabajo en distinto grupo, subgrupo o distinta categoría profesional, se fijarán en proporción al número de horas semanales trabajadas en cada uno de ellos. En el caso del personal docente, las retribuciones se fijarán en proporción al número de horas lectivas semanales trabajadas en cada nivel o categoría. En cualquier caso se respetarán las condiciones económicas del contrato laboral del trabajador. Artículo 70. Trabajo nocturno. Las horas trabajadas en el período comprendido entre las 22 horas y las 6 horas, u otros horarios que deban pactarse por circunstancias especiales, tendrán la consideración de trabajo nocturno, y se incrementarán a efectos de retribución en un 25% sobre el salario. Esto no será de aplicación cuando el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza. CAPÍTULO II Complementos específicos Artículo 71. Complemento por función. Los trabajadores a los que se les encomiende algunas de las categorías funcionales directivas descritas en el artículo 10, apartado 1.8, percibirán, mientras ejerzan su cometido, las gratificaciones temporales señaladas al efecto para cada nivel educativo en las Tablas Salariales, o aquel que se haya acordado expresamente, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional octava de este Convenio. En aquellos centros integrados por más de un nivel de enseñanza obligatoria, donde exista un único Director, Subdirector o Jefe de Estudios, estos percibirán, mientras ejerzan su cometido, el complemento por función señalado para el nivel de enseñanza obligatoria superior que exista en el centro. Artículo 72. Complemento de Bachillerato. El personal docente que imparta enseñanzas en el Bachillerato, percibirá como complemento de puesto de trabajo y en proporción a las horas dedicadas a esta etapa, el fijado al efecto en las tablas salariales. CAPÍTULO III Otros complementos Artículo 73. Complementos retributivos autonómicos. En aquellas Comunidades Autónomas en donde las organizaciones legitimadas hayan acordado complementos retributivos, los trabajadores percibirán el mismo como complemento autonómico, y en las condiciones pactadas en los respectivos Acuerdos. Artículo 74. Complemento por incapacidad temporal. 1.º Caso general: Todos los trabajadores en situación de incapacidad temporal y durante los tres primeros meses, recibirán el complemento necesario hasta completar el 100 % de su retribución salarial total, incluido los incrementos salariales producidos en el periodo de baja. 2.º Para el caso de profesores incluidos en la nómina de pago delegado de la Administración educativa correspondiente, la percepción del 100% de su retribución salarial total se extenderá a los siete primeros meses de la incapacidad temporal. 3.º En cada caso de los señalados anteriormente, una vez superados los periodos respectivos indicados, se abonará el 100% de la retribución salarial total en proporción de un mes más por cada trienio de antigüedad en la empresa. El abono del mencionado complemento por incapacidad temporal al personal en pago delegado estará condicionado a que el mismo sea efectuado por la Administración Educativa correspondiente. Las empresas, por tanto, no abonarán cantidad alguna por este concepto. No obstante, cuando una Comunidad Autónoma modifique estas condiciones en función de sus presupuestos o de sus decisiones administrativas, las organizaciones empresariales y sindicales negociadoras de este Convenio Colectivo adaptarán este artículo en dicho ámbito a la nueva situación. Artículo 75. Plus de portero. El portero recibirá un plus correspondiente al 9 % del salario los 12 meses del año, si tiene a su cargo el encendido y cuidado de la calefacción, siempre que sea ésta de carbón u otros productos sólidos. Artículo 76. Plus de residencia. Los trabajadores de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias percibirán como plus de residencia o insularidad, según los casos, los complementos señalados al efecto en el anexo VII. Los trabajadores que, a la entrada en vigor del presente Convenio, viniesen percibiendo por este concepto cantidades superiores a las establecidas en el anexo VII, continuarán percibiendo esas cantidades como derecho ad personam, no pudiendo ser reducidas ni absorbidas. TÍTULO V Régimen asistencial CAPÍTULO I Prevención de riesgos laborales Artículo 77. Seguridad en el trabajo. Las empresas y el personal afectado por este Convenio, cumplirán las disposiciones sobre seguridad en el trabajo, contenidas en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), así como sus normas de desarrollo. Artículo 78. Prevención de riesgos laborales. Reconociendo la importancia de la prevención de riesgos laborales, la mejora de la seguridad, la salud laboral y la calidad del ambiente de trabajo, los firmantes del presente Convenio se comprometen a fomentar su integración total en la actividad laboral a través de la formación, la utilización de técnicas de prevención y la mejora de las condiciones de trabajo en general. Artículo 79. Delegados de prevención. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes de los trabajadores, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la Ley 31/1995. En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de 31 a 49 trabajadores, habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. En las empresas de 50 o más trabajadores, los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores, con arreglo a la escala establecida en el artículo 35.2 de la Ley 31/95. En lo que se refiere a sus competencias y facultades, así como las garantías y sigilo profesional, se estará a lo previsto en los artículo 36 y 37 de la Ley 31/1995. En las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud, que estará formado, tal y como se prevé en el artículo 38 de la mencionada Ley, por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención de la otra. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las competencias y facultades que se establecen en el artículo 39 de la Ley 31/1995. El crédito horario de los Delegados de Prevención será el que les corresponde como representantes de los trabajadores en esta materia específica, y, además, el necesario para el desarrollo de los siguientes cometidos: a) El correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. b) El correspondiente a reuniones convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos. c) El destinado para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo. d) El destinado para acompañar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las visitas al centro de trabajo. e) El derivado de la visita al centro de trabajo para conocer las circunstancias que han dado lugar a un daño en la salud de los trabajadores. f) El destinado a su formación. Las empresas facilitarán a los Delegados de Prevención la formación necesaria para el adecuado desarrollo de sus funciones, o facilitarán, dentro de su actividad laboral, el tiempo necesario para ello. Artículo 80. Revisión médica. Las empresas garantizarán una revisión médica anual, que tendrá carácter voluntario para los trabajadores. Artículo 81. Enfermedades profesionales. La Comisión Paritaria estudiará en el marco que establezcan los Reglamentos de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la creación de un servicio especializado de enfermedades profesionales, tales como: a) Enfermedades neurológicas crónicas. b) Patologías otorrinolaringológicas. c) Enfermedades infecto-contagiosas crónicas. d) Alergias crónicas. etc. A tal efecto, y si es el caso, la Comisión Paritaria se dirigirá a los organismos competentes, instándoles a la creación de dicho servicio. Artículo 82. Órgano Paritario Sectorial para la promoción de la Seguridad y Salud en el trabajo en el Sector de las Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos. Se constituirá un órgano específico para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo de carácter paritario y ámbito estatal en el sector de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, que desarrollará programas con el objetivo de divulgar e informar de los riesgos profesionales existentes en el sector, así como sobre los derechos y obligaciones preventivas del empresario y de los trabajadores, y la promoción de actuaciones preventivas. Este órgano asumirá todas las competencias contempladas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, y disposiciones de desarrollo, en su caso, y realizará cuantas actuaciones acciones, planificación visitas, proyectos, informes, etc., sean precisos así como una evaluación anual para analizar los efectos preventivos de los programas. El órgano se denomina «Órgano Paritario Sectorial para la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector de las Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos». La sede del Órgano Paritario Sectorial para la Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, se establece en el domicilio social de EDUCACIÓN y GESTIÓN (EyG). El Órgano Paritario está compuesto por las organizaciones firmantes del presente Convenio, y deberá tener al menos un representante por cada una de dichas organizaciones, siendo igual el número de componentes tanto por la parte social, como por la parte patronal. En la primera reunión que se celebre se designará un Presidente y un Secretario de entre sus miembros, recayendo siempre la Presidencia en un representante de la Patronal y la Secretaría en un representante de las organizaciones sindicales. Los representantes señalados en el párrafo anterior podrán acudir a las reuniones acompañados de los asesores que estimen necesarios. Los miembros del Órgano Paritario serán designados y sustituidos, en su caso, de una parte por las distintas organizaciones empresariales que componen este órgano, y de otra parte, por las distintas organizaciones sindicales que componen este órgano. Sus miembros ejercerán su mandato de representación por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por un periodo de igual duración. CAPÍTULO II Mejoras sociales Artículo 83. Ropa de trabajo. Las empresas proporcionarán al personal de servicios y al personal técnico de talleres o laboratorios, ropa de trabajo una vez al año. El personal docente, a petición propia o por ser costumbre ya implantada, recibirá una bata al año, con obligación de usarla durante las actividades docentes. El profesorado de Educación Física, o que ejerza como tal, recibirá un chándal y calzado deportivo una vez al año. Artículo 84. Ayudas al estudio. Las empresas educativas comprendidas en los ámbitos de aplicación de este Convenio mantendrán, para el personal afectado por el mismo y para sus hijos, un régimen de ayudas al estudio consistente en la preferencia de plaza en puesto escolar y en la gratuidad de enseñanza, tal y como se detalla en los dos artículos siguientes. Artículo 85. Preferencia de plaza en puestos escolares. La preferencia de plaza en puesto escolar se considera respecto a la empresa del trabajador, siempre que éste tenga una dedicación al menos igual a la mitad de la jornada laboral anual, para cualquier nivel educativo de los allí impartidos y si así lo permiten las características propias de la empresa. Son beneficiarios de esta ayuda: a) Los trabajadores afectados por este Convenio. b) Los hijos de los mismos. c) Los hijos huérfanos de aquellos trabajadores que al fallecer tuvieran una antigüedad superior a dos años. d) Los hijos de los trabajadores en situación de excedencia forzosa excepto el caso contemplado en el artículo 49.1. Artículo 86. Enseñanza gratuita. Se establece un régimen de gratuidad según los siguientes criterios: 1.º La gratuidad total se refiere a la enseñanza reglada y a las actividades complementarias organizadas directamente por la empresa, para todos y cada uno de los niveles educativos señalados en el artículo 2, y afecta a todas las empresas educativas que se rigen por este Convenio. 2.º Los trabajadores en todo caso, deben tener una dedicación al menos igual a la mitad de la jornada laboral anual. 3.º Son beneficiarios de esta ayuda: a) Los trabajadores afectados por este Convenio respecto a su propio centro de trabajo. b) Los hijos de los mismos, con independencia del centro educativo donde realicen sus estudios. c) Los hijos huérfanos de aquellos trabajadores que al fallecer, tuvieran una antigüedad superior a dos años. d) Los hijos de los trabajadores en situación de excedencia forzosa, excepto el caso contemplado en el artículo 49.1. 4.º El fondo total de plazas de gratuidad por cada nivel de los señalados, será: a) Educación Infantil, 1.er ciclo de ESO (sin concertar), 2.º ciclo de ESO, Bachillerato, F.P. de Grado Medio, F.P. de Grado Superior, Ciclos Formativos de Grado Básico o su equivalente conforme a la legislación vigente, EPA: 2 %. b) Educación Primaria y 1.er ciclo de ESO (con concierto): 3 %. Los hijos de los trabajadores tendrán derecho a enseñanza gratuita, en el propio centro de trabajo, aunque se superen los porcentajes señalados. Los hijos de los trabajadores de otros centros, únicamente tendrán derecho a la enseñanza gratuita, siempre que los porcentajes señalados en el párrafo anterior, no hayan sido cubiertos con hijos de profesores del propio centro. Se establece un máximo del 15 % de alumnos becados en el Primer Ciclo de Educación Infantil, fijándose una beca del 50% de la actividad del mismo. Únicamente esta parte es la susceptible de ser becada a través de este artículo, distribuyéndose la cuantía de esta beca entre el número de alumnos becados para este ciclo. 5.º Los trabajadores estarán obligados a solicitar las ayudas al estudio que se oferten por las Administraciones Públicas, si cumplen las condiciones señaladas por las respectivas convocatorias. Si son concedidas reintegrarán a la empresa educativa correspondiente las cantidades percibidas. Los ingresos así obtenidos permitirán atender a un número superior de beneficiarios del que se deduce del apartado anterior. 6.º Para la aplicación de este artículo se estará a lo dispuesto en el anexo V de este Convenio. Artículo 87. Manutención y alojamiento. El personal afectado por este Convenio tendrá los siguientes derechos: 1.º Con independencia de la jornada laboral, el personal docente a quien se encomiende y acepte voluntariamente la vigilancia de los alumnos durante la comida o recreos motivados por ella, tendrá derecho a manutención en los días dedicados a esta actividad. 2.º El personal no afectado por el párrafo anterior, tendrá derecho a utilizar los servicios de comedor, abonando el 50 % de lo establecido para los alumnos. Es potestativo del empresario, establecer que el referido personal, no sobrepase el 10 % del número de alumnos que lo utilicen habitualmente. 3.º Asimismo, el personal podrá, eventualmente y salvo que exista causa justificada en contra, utilizar el servicio de alojamiento, abonando como máximo el 50 % de lo establecido para los alumnos. 4.º En los centros de trabajo donde exista comedor o internado, el personal que atienda a los servicios de comedor y cocina, tendrá derecho a manutención los días que ejerza su actividad laboral y coincida el horario de comidas con su jornada diaria. 5.º El personal interno tendrá derecho a manutención y alojamiento. Para este personal, salvo expreso acuerdo mutuo en contra, la jornada tendrá carácter de partida y por ello se dispondrá, como mínimo, de una hora de descanso para la comida. Artículo 88. Seguros de responsabilidad civil y accidentes. Todas las empresas afectadas por este Convenio, deberán contar con dos pólizas de seguros que garanticen las coberturas de responsabilidad civil y accidentes individuales de todo el personal afectado por este Convenio. Las empresas notificarán a los representantes de los trabajadores los pormenores de las mismas y los procedimientos a seguir en caso de siniestros. Deberá estar asegurado todo el personal (docente y no docente) de la empresa que figure dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante acreditación por los boletines TC-2. Así como, nominalmente, todos los trabajadores en situación de excedencia forzosa, excepto el caso contemplado en el artículo 46.1, aun cuando no figuren en el TC-2 de la empresa. Artículo 89. Garantías y coberturas. En extracto, las garantías y coberturas de las pólizas reseñadas serán las siguientes: 1.º Responsabilidad civil: En la que puedan incurrir los asegurados con motivo de sus actuaciones exclusivamente profesionales, con inclusión de fianza y defensa criminal y exclusión de: a) Los riesgos que puedan ser asegurados por el Ramo de Automóviles. b) Cualquier daño inmaterial que no sea consecuencia directa de los daños materiales y/o corporales garantizados por esta póliza. c) Los riesgos excluidos por imperativo legal. d) Los riesgos excluidos por las Compañías Aseguradoras. Prestación máxima por siniestro: 50.000 euros. 2.º Accidentes individuales: Cubrirá la asistencia médico-quirúrgica-farmacéutica en caso de accidente sufrido por los asegurados, tanto en el ejercicio de la profesión como en la vida privada, en cualquier parte del mundo y sin más exclusiones que las previstas legalmente y las comúnmente contempladas por las Compañías Aseguradoras. Capital asegurado en caso de muerte: 18.030,36 euros. Capital asegurado en caso de invalidez permanente: 30.050,61 euros. Existe un baremo para la determinación de la indemnización, expresado en porcentaje sobre la suma asegurada. No hay indemnización diaria por pérdida de horas de trabajo. Los derechos de este seguro son compatibles con cualquier otro. CAPÍTULO III Derechos sindicales Artículo 90. Ausencias. Los miembros del Comité de Empresa, los Delegados de Personal, y los Delegados Sindicales, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos establecidos legalmente y en este Convenio. Artículo 91. No discriminación. Ningún trabajador podrá ser discriminado por razón de su afiliación sindical, pudiendo expresar con libertad sus opiniones, así como publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social comunicándolo al empresario. Artículo 92. Representación de los delegados de personal. Los Delegados de Personal ejercerán mancomunadamente ante el empresario, la representación para la que fueron elegidos y tendrán las mismas competencias establecidas para los Comités de Empresa. Artículo 93. Representación del comité de empresa. El Comité de Empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de trabajadores en la empresa o centro de trabajo, para la defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo, cuyo censo sea de 50 o más trabajadores. Artículo 94. Derechos y garantías. Los miembros del Comité de Empresa, los Delegados de Personal, y los Delegados Sindicales tendrán todas las competencias, derechos y garantías que establece el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás disposiciones legales aplicables. Artículo 95. Acumulación de horas. Para facilitar la actividad sindical en la Empresa, Provincia, Comunidad Autónoma o Estado, las Centrales sindicales con derecho a formar parte de la mesa negociadora del Convenio, podrán acumular las horas de los distintos miembros de los Comités de Empresa y, en su caso, de los Delegados de Personal pertenecientes a sus organizaciones, en aquellos trabajadores, Delegados o miembros del Comité de Empresa que las Centrales sindicales designen. Para hacer efectivo lo establecido en este artículo, los Sindicatos comunicarán a la Organización patronal correspondiente, el deseo de acumular las horas de sus Delegados. Las Organizaciones legitimadas para la negociación de este Convenio, podrán pactar con las Administraciones competentes, la liberación de los trabajadores incluidos en pago delegado. Las Administraciones correspondientes harán efectivos los salarios de dichos liberados, según la legislación vigente. Los Sindicatos tienen la obligación de comunicar por escrito al empresario, con antelación a la liberación, el nombre del trabajador designado, previa aceptación expresa del mismo. Artículo 96. Derecho de reunión. Se garantizará el derecho que los trabajadores tienen de reunirse en su centro de trabajo, siempre que no se perturbe el desarrollo normal de las actividades del mismo y, en todo caso, de acuerdo con la legislación vigente. Las reuniones deberán ser comunicadas al empresario o representante legal de la empresa, con la antelación debida, con indicación de los asuntos incluidos en el orden del día y las personas no pertenecientes a la plantilla del centro de trabajo que van a asistir a la asamblea. Con el fin de garantizar este derecho al personal no docente, el empresario o representante legal de la empresa, podrá regular el trabajo del día, con el fin de hacer posible la asistencia de este personal a dichas asambleas. Artículo 97. Cuota sindical. A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales o Sindicatos, los empresarios podrán descontar en la nómina de los mismos, el importe de la cuota sindical que se ingresará en la cuenta que el Sindicato correspondiente determine. Artículo 98. Ausencia por negociación de Convenio. Los representantes de las Centrales sindicales implantadas en el ámbito de este Convenio a nivel nacional, que se mantengan como trabajadores en activo en alguna empresa afectada por el mismo y hayan sido designados como miembros de la Comisión negociadora (y siempre que la empresa sea del sector afectado por la negociación o arbitraje), previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para participar en negociaciones de futuros convenios o en las sesiones de la Comisión Paritaria de Interpretación, Mediación y Arbitraje. TÍTULO VI Faltas, sanciones, infracciones CAPÍTULO I Faltas Artículo 99. Tipos. Para el personal afectado por este Convenio, se establecen tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. 1.º Son faltas leves: a) Tres faltas de puntualidad injustificadas en el puesto de trabajo durante 30 días. b) Una falta injustificada de asistencia durante un plazo de 30 días. c) La no comunicación, con la antelación previa debida, de la inasistencia al trabajo por causa justificada, o no cursar en tiempo oportuno, la baja correspondiente cuando se falta al trabajo por causa justificada, a menos que sea evidente la imposibilidad de hacerlo y en general, el incumplimiento de los deberes de carácter informativo para con la empresa. d) Dar por concluida la clase con anterioridad a la hora de su terminación, sin causa justificada, hasta 2 veces en 30 días. e) Negligencia en el desempeño de las funciones concretas del puesto de trabajo; no entregar las calificaciones en las fechas acordadas; no controlar la asistencia y la disciplina de los alumnos, así como, negligencia en el uso de los materiales, utensilios o herramientas propias del mismo. f) No observar las normas de esenciales de seguridad e higiene en el trabajo, establecidas por la empresa. g) La embriaguez no habitual en el trabajo. 2.º Son faltas graves: a) Más de tres y menos de diez faltas injustificadas de puntualidad, cometidas en el plazo de 30 días. b) Más de una y menos de cuatro faltas injustificadas de asistencia al trabajo, en un plazo de 30 días. c) El incumplimiento de las obligaciones educativas de acuerdo con la legislación vigente. d) Las ofensas de palabras proferidas o de obra, cometidas contra las personas, cuando revistan acusada gravedad. Se considerará que revisten acusada gravedad, si menosprecian ante los alumnos la imagen de su educador o si faltan gravemente a la persona del alumno o a sus familiares. e) Incumplimiento reiterado de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo, establecidas por la empresa. f) La realización, sin el oportuno permiso, de trabajos particulares durante la jornada. Asimismo, el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos, y, en general bienes de la empresa, para los que no estuviere autorizado o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral. g) El falseamiento y/o la omisión maliciosa de los datos que tuvieren incidencia en la Seguridad Social o ante la autoridad fiscal. h) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada y salida al trabajo. i) El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave perjuicio para la empresa. j) La reincidencia en falta leve en un plazo de 90 días. 3.º Son faltas muy graves: a) Más de nueve faltas injustificadas de puntualidad, cometidas en un plazo de 30 días. b) Más de tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo, cometidas en un plazo de 30 días. c) Las faltas graves de respeto y los malos tratos, de palabra u obra, a cualquier miembro de la comunidad educativa del centro de trabajo. d) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en la realización de la tarea encomendada. Se entenderá que existe este fraude si se abandona injustificada y reiteradamente la función docente y si se incumplen gravemente las obligaciones educativas derivadas de la legislación en vigor. e) La apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de cualesquiera otras personas, dentro de las dependencias de la empresa. f) El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo establecidas por la empresa. g) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. h) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio para la empresa. i) La embriaguez habitual o toxicomanía, que incidan en el trabajo. j) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa. k) La reincidencia en falta grave, si se cometiese dentro del año siguiente a haberse producido la primera infracción. Artículo 100. Prescripción. Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribirán: 1.º Las faltas leves, a los diez días. 2.º Las faltas graves, a los 20 días. 3.º Las faltas muy graves, a los 55 días. CAPÍTULO II Sanciones Artículo 101. Clases de sanciones. Las sanciones máximas que podrán imponerse serán las siguientes: 1.º Por falta leve: amonestación verbal o escrita. 2.º Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo de tres a 14 días. 3.º Por falta muy grave: suspensión de empleo y sueldo de 15 a 30 días, con o sin apercibimiento de despido; despido. Las anotaciones desfavorables, que como consecuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales quedarán canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses, según se trate de falta leve, grave o muy grave. Artículo 102. Procedimiento sancionador. Todas las sanciones serán comunicadas por escrito al trabajador, indicando la fecha y hechos que la motivaron. Se remitirá copia de la misma al Comité de empresa o Delegados de personal y a los Delegados sindicales si los hubiere. El empresario, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en el hecho y la conducta ulterior del trabajador, podrá reducir las sanciones por faltas leves, graves y muy graves. Artículo 103. Infracciones de los empresarios. Las omisiones o acciones cometidas por los empresarios que sean contrarias a lo dispuesto en este Convenio y demás disposiciones legales, serán consideradas como infracción laboral. El personal contratado, a través del comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales, tratará en primera instancia de corregir la supuesta infracción apelando al empresario. Sin en el plazo de diez días desde la notificación al empresario no hubiese recibido solución, o ésta no fuese satisfactoria para el reclamante, podrá incoar expediente ante la Comisión Paritaria de Interpretación, Mediación y Arbitraje, la cual en el plazo máximo de 20 días a la recepción del mismo, emitirá dictamen. Cualquiera de las partes podrá apelar al dictamen de la Inspección de Trabajo o Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo, u organismo autonómico correspondiente. En todo caso, se estará a lo previsto en las disposiciones legales vigentes. Disposición adicional primera. La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia de la mujer en plano de igualdad, pudiera representar una dificultad añadida a la lectura y comprensión del presente Convenio, mueve a manifestar a los firmantes de este texto, que toda expresión que defina una actividad o condición, como los de trabajador, empresario, delegado, afiliado, etc. es utilizada en el sentido comprensivo de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos que por imperativo legal correspondan a la mujer. Disposición adicional segunda. En los niveles concertados, la Administración Educativa competente es responsable de cuantas obligaciones legales y salariales le correspondan, quedando condicionado su abono a que sea efectuado por ella. Las empresas por tanto, no abonarán cantidad alguna por dichas obligaciones y, en consecuencia no estarán obligadas a ello. Los trabajadores que consideren lesionados estos derechos, deberán reclamarlos ante las instancias pertinentes, dirigiéndose conjuntamente contra la Administración educativa correspondiente y contra el empresario. Disposición adicional tercera. A efectos del presente Convenio, se entiende por curso escolar, el período de tiempo que se extiende desde el 1 de septiembre de un año al 31 de agosto del año siguiente. Disposición adicional cuarta. Las Administraciones educativas mantendrán durante la vigencia del presente Convenio, la ratio profesor/unidad que venían abonando mediante la nómina de pago delegado a la fecha del comienzo de vigencia del mismo y el incremento de la misma que se pueda producir por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por la normativa equivalente de las Comunidades Autónomas y/o por los Acuerdos específicos adoptados en dichas Comunidades. Disposición adicional quinta. Descuelgue salarial por falta de alumnado. Las empresas educativas donde se impartan niveles que no reciban financiación de fondos públicos, no vendrán obligadas a abonar los salarios previstos en las presentes tablas salariales, durante los meses de enero a agosto (ambos inclusive) de cada año de vigencia de este Convenio, al personal docente correspondiente a dichos niveles, si no superan las siguientes ratio media de alumnos por aula a 1 de enero del respectivo año: – 1.er ciclo Educación Infantil: 0-1 años: 4 alumnos. 1-2 años: 7 alumnos. 2-3 años: 7 alumnos. – 2.º Ciclo Educación Infantil: 20 alumnos. – Bachillerato: 29 alumnos. – C.F.G.M.: 25 alumnos. – C.F.G.S.: 20 alumnos. De esta decisión se informará obligatoriamente a los representantes de los trabajadores en la empresa, si estos existieran. En todo caso, las empresas enviarán a la Comisión Paritaria (c/ Hacienda de Pavones, 5 - 1.º, 28030 Madrid), comunicación por correo postal certificado o burofax de que se ha aplicado la cláusula anterior junto con la notificación a los representantes de los trabajadores, si los hubiera, y el listado oficial de alumnos matriculados por unidad, utilizando el procedimiento que se ha establecido en el anexo VI de este Convenio, garantizando la protección de datos al incluir datos personales del alumnado. Disposición adicional sexta. Inaplicación de Convenio. Cuando en un centro concurran causas económicas, técnicas organizativas o de producción en los términos establecidos en el artículo 82.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se podrá proceder a inaplicar las condiciones de trabajo previstas en el presente Convenio que afecten a las materias, en los términos y de acuerdo con los procedimientos que se determinen por la normativa vigente en el momento Disposición adicional en que dichas causas concurran. Disposición adicional séptima. Reconocimiento de derechos para el personal que presta sus servicios en el Primer Ciclo de Educación Infantil. Los trabajadores que a la entrada en vigor del VI Convenio Colectivo estuvieran prestando sus servicios en la etapa de Educación Infantil Primer Ciclo conservarán las condiciones laborales establecidas para esta etapa educativa en el V Convenio Colectivo mientras presten sus servicios en esta etapa. Disposición adicional octava. En virtud de lo establecido en al artículo 1 del presente Convenio, en las Comunidades y Ciudades Autónomas se podrán alcanzar Acuerdos sobre las siguientes materias: 1) Complementos retributivos para todo el personal afectado por este Convenio. El abono de estos complementos, para los profesores incluidos en la nómina de pago delegado, estará condicionado a que sea hecho efectivo por la Administración educativa correspondiente. Las empresas no abonarán directamente cantidad alguna por estos conceptos y en consecuencia no estarán obligadas a ello. 2) Configuración de las funciones directivas temporales y su correspondiente financiación. 3) Paga extraordinaria por antigüedad en le empresa: a) Procedimiento y calendario de abono de la Paga Extraordinaria por Antigüedad en la empresa. Los posibles calendarios de abono que se pacten en los ámbitos autonómicos con las respectivas administraciones educativas respecto al personal en pago delegado, podrán superar el ámbito temporal fijado para este Convenio, previo acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales que alcancen la mayoría de su representatividad. En estos acuerdos podrá hacerse coincidir el devengo de los derechos con los calendarios de abono que se pacten. b) En el supuesto de aplazamiento de los efectos de la paga contemplada en el artículo 67 de este Convenio Colectivo, se habilita a la Comisión Paritaria para proceder conforme a la legislación vigente a dicho aplazamiento, a la mayor brevedad y previa comunicación de alguna de las organizaciones firmantes de este Convenio Colectivo legitimadas en el ámbito autonómico, así como al seguimiento y estudio de los acuerdos que se pudieran alcanzar en las CC. AA. En este caso en las CC. AA. las organizaciones patronales y sindicales más representativas del sector deberán firmar acuerdos sobre la Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa con las Administraciones Educativas. Dichos acuerdos establecerán los términos en los que se adaptará la aplicación del artículo 66 en el ámbito autonómico para que la Administración Educativa haga efectivo este abono. El abono de esta paga, para los profesores incluidos en la nómina de pago delegado, estará condicionado a que sea hecho efectivo por la Administración educativa correspondiente. Las empresas no abonarán directamente cantidad alguna por estos conceptos y en consecuencia no estarán obligadas a ello. 4) Acuerdos de Mantenimiento del empleo para centros que extinguen unidades por la no renovación de conciertos educativos. 5) Acuerdos sobre Equipos Educativos. 6) Acumulación de horas por lactancia. 7) Medidas que favorezcan la jubilación, tanto parcial como total, de los trabajadores. 8) Las partes negociadoras del presente Convenio Colectivo, consideran un signo de calidad la reducción progresiva de la carga lectiva del profesorado, por ello, en el marco de lo establecido en esta Disposición, también podrán alcanzarse Acuerdos sobre jornada, sin que en ningún caso, se rebasen los máximos previstos en el artículo 26 de este Convenio. En aquellos territorios en los que no exista acuerdo sobre esta materia, será de aplicación el artículo 26 de este Convenio. 9) Se establece la posibilidad de negociar en las CC. AA, otros complementos, como los sexenios, siempre y cuando se haga cargo de su abono la Administración educativa competente y sin que las empresas estén obligadas al pago de cantidad alguna por estos complementos. 10) Cuando se produzcan acuerdos de incremento de ratios en las comunidades autónomas, o estas ya tuvieran ratios suficientes para ello, se podrán suscribir acuerdos donde tendrán prioridad la reducción de una hora de carga lectiva, sin reducción de jornada laboral ni salarial, para el personal docente mayor de 58 años, y la mejora de la función directiva; ello siempre y cuando no se interfiera en la impartición del currículo y las medidas sean financiadas por la comunidad autónoma, sin que las empresas estén obligadas al pago de cantidad alguna. No se incluirán en estos acuerdos aquellos incrementos de ratio que obedezcan a motivos finalistas fijados por las administraciones educativas. Se respetarán los acuerdos alcanzados en las Comunidades Autónomas como resultado de la negociación colectiva. Estos Acuerdos que formarán parte de este Convenio, para su efectividad deberán ser tomados por las organizaciones empresariales y sindicales por mayoría de su respectiva representatividad y deberán contar con el Acuerdo previo o conformidad de la Administración Educativa competente. Todos estos acuerdos deberán ser enviados a la Comisión Paritaria del Convenio, para que proceda a depositarlos ante el organismo competente y su posterior publicación en el BOE. Disposición adicional novena. A efectos de clarificación en los procesos de elecciones sindicales, se entenderá que el Grupo 3, del Personal de Servicios Generales, corresponde al colegio de especialistas y no cualificados perteneciendo el resto de grupos al colegio de técnicos y administrativos. Disposición transitoria primera. Jornada del Personal de Administración y Servicios Generales. Se reducirá progresivamente al Personal de Administración y Servicios Generales para quedar en 1570 horas al año, establecidas en el artículo 31. Esta reducción se hará de forma progresiva a lo largo de la vigencia de este Convenio: – En 2022 la jornada será de 1590 horas anuales. – En 2023 la jornada será de 1580 horas anuales. – En 2024 la jornada será de 1570 horas anuales. Disposición transitoria segunda. Los docentes en pago delegado que generaron el derecho en los anteriores convenios colectivos estarán a lo establecido en el Acuerdo de abono de esta paga alcanzado o que se alcance con la Administración Educativa en cada Comunidad Autónoma. Asimismo, en el marco de los Acuerdos autonómicos que se suscriban respecto al VI Convenio Colectivo o de las instrucciones sobre pago delegado o resoluciones administrativas dictadas al efecto, los trabajadores que a la entrada en vigor del V Convenio Colectivo tuvieran cumplidos 56 o más años y que a lo largo de la vigencia del VI Convenio alcanzarán, al menos 15 años de antigüedad en la empresa y menos de 25, tendrán derecho a percibir una paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, siempre que no la hayan percibido anteriormente según lo dispuesto en el artículo 62 de este Convenio, por importe de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido. En todo caso, a partir del 31 de diciembre de 2015 no se generará el derecho a la paga por antigüedad en la empresa recogido en esta Disposición Transitoria para quienes cumplan 56 años o más y no alcancen los 25 años de antigüedad en la empresa. En el caso de que dichos Acuerdos o instrucciones contemplen lo dispuesto en el párrafo anterior, con carácter excepcional y transitorio, el personal no incluido en régimen de pago delegado que reúna los anteriores requisitos, tendrá derecho a una paga en los mismos términos a cargo de la empresa, que dispondrá del ámbito temporal del presente Convenio para hacerla efectiva, no existiendo tal derecho en caso contrario. Los trabajadores docentes recolocados al amparo de los Acuerdos de Centros Afectados por la no renovación del concierto educativo y/o mantenimiento del empleo y que actualmente están prestando sus servicios en un centro concertado, y a quienes la Administración educativa correspondiente les haya reconocido, exclusivamente a efectos económicos, la antigüedad generada con anterioridad al centro actual, adquirirán el derecho del párrafo anterior o, en su caso, del artículo 66 de este Convenio. Esto no supone el reconocimiento de una antigüedad mayor en la empresa que la que corresponda con el efectivo alta en la misma, según su vigente relación contractual. En cualquier caso, los supuestos recogidos en los párrafos anteriores y que afecten al personal en pago delegado serán abonados por la administración educativa competente, debiendo estar incluidos en los Acuerdos autonómicos que se suscriban al efecto o en las instrucciones o resoluciones administrativas dictadas al efecto. Las empresas, por tanto, no abonarán cantidad alguna por este concepto. En el supuesto de que el trabajador extinga su contrato de trabajo por cualquiera de las causas previstas legalmente, durante la vigencia de este Convenio o del correspondiente Acuerdo autonómico sobre esta materia, se le liquidará dicha paga extraordinaria en ese momento, si reúne los requisitos de esta disposición y así haya sido recogido en el mencionado Acuerdo o instrucción administrativa. Disposición transitoria tercera. Las denominaciones de los distintos niveles o etapas educativas se adaptarán a las que las leyes educativas determinen en cada momento, quedando facultada la Comisión Paritaria para proceder en caso de que fuera necesario. Disposición transitoria cuarta. Los firmantes del Convenio se comprometen a constituir una comisión técnica de trabajo que se reunirá periódicamente y que estará formada por los firmantes del Convenio colectivo. Dicha comisión se constituirá dentro del primer mes desde la publicación del Convenio colectivo en el BOE y se reunirá siempre que sea necesario a propuesta de cada una de las partes firmantes del Convenio colectivo. Las conclusiones se trasladarán a la comisión negociadora. Los temas a tratar por la comisión serán, al menos: – Jornada de trabajo. – Clasificación profesional. – Revisión del título VI. – Régimen de los cursos de formación y perfeccionamiento profesional. – Adaptaciones necesarias a las exigencias establecidas por la legislación vigente. Disposición final única. Las condiciones de este Convenio forman un todo indivisible. Las mejoras económicas pactadas podrán ser absorbidas por las que en el presente año puedan establecerse por disposición legal y por las que, con carácter voluntario, vengan abonando las empresas a la entrada en vigor de este Convenio. ANEXO I Control y registro del horario de trabajo 1. El registro horario diario se aplica a la totalidad de las personas trabajadoras, quedando excluidas del mismo las personas sin relación laboral (autónomos, religiosos, etc.), por carecer de horario de trabajo en la empresa, sin perjuicio de que acudan a la misma para el cumplimiento de los servicios que tienen encomendados. Asimismo, quedan excluidas las personas con contrato de alta dirección. 2. El empresario determinará al inicio de curso escolar, previa consulta a la representación legal de los trabajadores, el cuadro horario de cada persona trabajadora, y en el caso del personal docente la distribución de las horas no lectivas previstas, teniendo en cuenta el calendario laboral y escolar de cada año, en función de lo que establece el Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores en esta materia. 3. El control horario diario incluye la jornada total de la persona trabajadora. En caso del personal docente, incluirá tanto la jornada lectiva como no lectiva. 4. Con carácter general se establecerá una hora de entrada y salida que tendrá que cumplir la persona trabajadora según se determine conforme a lo manifestado en el punto segundo. La presencia en el centro de trabajo fuera de estas horas no se considerará tiempo de trabajo, salvo que el empresario encomiende o autorice actividad laboral a la persona trabajadora o se produzca una incidencia que obligue a realizar más horas. Esto será debidamente comunicado y autorizado por la dirección y registrado en el mismo día. 5. En caso de aquellas personas trabajadoras que, por circunstancias de organización tengan establecida una hora de entrada o salida distinta a la general, se determinará de forma individualizada. 6. Durante el tiempo del recreo la persona trabajadora estará a disposición del empresario para efectuar la vigilancia de los alumnos, o cualquier otra actividad que le sea encomendada. En caso de que la empresa autorice, previa petición de la persona trabajadora, la salida fuera del centro de trabajo, este tiempo no será considerado como jornada de trabajo. 7. Si, por motivos de organización, la persona trabajadora dispusiera de tiempo libre entre clases estará a disposición del empresario. No obstante, la empresa podrá acordar con la persona la ausencia del centro de trabajo, en cada ocasión o con la temporalidad máxima de un curso, en cuyo caso no será considerado como tiempo de trabajo. 8. La pausa entre la jornada de mañana y la jornada de tarde no será considerada tiempo de trabajo, salvo que tenga encomendada la realización de tareas. 9. Cuando la persona trabajadora asista a la formación organizada por la empresa o aquellas otras que sin ser organizadas por la empresa sean propuestas por el trabajador y autorizadas por el empresario, será considerado como tiempo de trabajo efectivo. 10. Cuando la empresa programe una actividad fuera del centro de un día de duración que coincida con el horario de entrada y salida de la persona trabajadora en el centro, se contabilizará como jornada (lectiva y no lectiva) la que tuviera ese día en el centro educativo. En el caso de que la actividad tuviera una duración inferior al de la jornada establecida para ese día en el centro educativo, sólo se contabilizará a estos efectos las horas empleadas en la salida, debiendo cumplir el resto de la jornada que tuviera. Si la salida implica que la persona trabajadora realiza una jornada superior a la que tuviera ese día, se contabilizarán además como horas no lectivas las realizadas por encima de la jornada que tuviera ese día. 11. Las categorías funcionales directivas temporales que figuran en este Convenio serán consideradas a estos efectos como mandos intermedios, cargos de confianza o con ejercicio de especiales responsabilidades. Como consecuencia el control horario de este personal se hará en los términos establecidos en este acuerdo, sin perjuicio de la acreditación de su tiempo de trabajo mediante el pacto de disponibilidad horaria inherentes al cumplimiento de su cargo, tomando como referencia lo establecido en el artículo 29 del VII Convenio Colectivo. 12. En el supuesto de subcontratación de la actividad la empresa contratista, como empresa empleadora, será la obligada a llevar el control horario de sus trabajadores, sin que el centro docente tenga ninguna responsabilidad al respecto. No obstante, el centro docente, como empresa principal, podrá acordar con la empresa contratista llevar a cabo el control horario de este personal en lugar de la empresa contratista, en todo caso, es obligación de la contratista conservar y mantener la documentación de los registros diarios realizados. 13. El sistema empleado para el control de la jornada será establecido por la empresa libremente, previa consulta con la representación legal de los trabajadores, debiendo cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos e informar de ella a la persona trabajadora. En caso de usar soporte en papel se deberá hacer una hoja por persona trabajadora. 14. Los registros de jornada realizados permanecerán durante el tiempo legalmente establecido a disposición de las personas trabajadoras, de sus comités de empresa o delegados de personal y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 15. En los casos excepcionales en los que la jornada anual de trabajo efectivo por curso escolar supere la que le corresponde a la persona trabajadora conforme a su contrato de trabajo, se procederá a su compensación conforme establece la legislación vigente. En caso de ser compensada con descanso, este se realizará en los meses de septiembre a noviembre del siguiente curso escolar. 16. A las/os socias/os trabajadoras/es de cooperativas no les será de aplicación el control horario que se establece en este acuerdo. 17. Cuando a la persona trabajadora se le encomiende la realización de gestiones fuera del centro educativo, se llevará un control horario en documento separado, quedando reflejado el tiempo empleado. ANEXO II Salidas escolares de más de un día de duración 1. Quedan excluidas de la presente regulación aquellas salidas de un solo día de duración, sin pernocta, integradas en la programación general del centro como parte del contenido formativo del alumnado. Asimismo, quedan excluidas las salidas cuyo cómputo de horas sea superior a lo establecido en el apartado 3 de este acuerdo. 2. En el supuesto de que la empresa organice para el alumnado una actividad fuera del centro de más de un día de duración podrá contar con las personas trabajadoras que, de forma expresamente voluntaria, acepten participar en la realización de estas salidas. 3. Las horas dedicadas a estas salidas tendrán en todo caso la consideración de ordinarias, y no se considerarán incluidas en el cómputo anual de jornada indicado en los artículos 26 a 31 del Convenio colectivo, a excepción de lo establecido en el epígrafe b) de este apartado en los términos que a continuación se señalan: a) La dedicación máxima y exclusiva para las salidas que se realicen con alumnos y no incluidas en el cómputo anual antes indicado, será de 72 horas por curso escolar y por persona trabajadora, computándose a razón de un máximo de ocho horas diarias. b) En los días de salida que se correspondan con días laborables establecidos en el horario de la persona trabajadora, ya sean lectivos o no lectivos pero con presencia obligatoria en el centro de trabajo, se computarán con cargo al cómputo anual, indicado en los artículos 26 a 31 del Convenio colectivo, las horas que la persona trabajadora tuviera programadas esos días, incluyendo en el caso del personal docente tanto las horas lectivas como las horas no lectivas; en el caso de que la jornada especificada en la jornada de la persona trabajadora sea inferior a ocho horas diarias, el exceso hasta alcanzar esa suma se efectuará con cargo al número de horas fijadas en el punto a). c) En los días de salida que se correspondan con un día no lectivo a efectos escolares y días sin presencia obligatoria de la persona trabajadora en el centro se computarán 8 horas diarias con cargo al número de horas fijadas en el punto a). d) A los meros efectos de lo establecido en los apartados anteriores se estará a las siguientes definiciones: a. Días lectivos: los fijados por las Administraciones educativas como días de clase, de lunes a viernes. b. Días no lectivos con presencia obligatoria de la persona trabajadora en el centro: En junio, desde la finalización de los días lectivos hasta el día que la empresa establezca como de presencia obligada de las personas trabajadoras en el centro para la realización de actividades no lectivas. En septiembre, los días que la empresa establezca de presencia obligada de las personas trabajadores en el centro para la realización de actividades no lectivas y hasta el inicio de las actividades lectivas. Los ocho primeros días de julio o los ocho últimos días de agosto si el centro programa la presencia obligada en el centro. En su caso los sábados, si estos figuran en el calendario laboral. 4. Se respetarán los descansos diarios y semanales que establece la legislación vigente. 5. Las personas trabajadoras que participen en estas salidas percibirán un complemento salarial por cada día de salida, con cargo al coste de la propia actividad, cuyas cuantías serán: a) 50 euros por cada día lectivo o laborable no lectivo de presencia obligatoria en el centro que coincida con la salida. b) 80 euros por cada día no lectivo o laborable de no presencia en el centro, incluido los sábados, que coincida con una salida de carácter nacional. c) 90 euros por cada día no lectivo o laborable de no presencia en el centro, incluido los sábados, que coincida con una salida de carácter internacional. 6. Los importes relacionados en el apartado anterior serán objeto de revalorización anual conforme al IPC del año anterior. 7. Se mantendrán las condiciones establecidas en las empresas que ya vienen regulando estas salidas para sus trabajadores, respetando como mínimas y obligatorias las condiciones determinadas por el presente acuerdo. 8. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas trabajadoras que realicen estas salidas serán sufragados con cargo al coste de la propia actividad. 9. Estas salidas estarán cubiertas con una póliza de seguro de responsabilidad civil, así como de asistencia en viaje cuando sea al extranjero. 10. Según la legislación vigente se considerará como accidente laboral cualquier siniestro que ocurra en el desempeño de sus funciones durante la salida. ANEXO III Definiciones de categorías de los grupos y subgrupos profesionales y equivalencias A) Definiciones Grupo 1: Personal docente Profesor o Profesor Titular: Es el que, reuniendo las condiciones y títulos académicos exigidos por la normativa vigente, ejerce su actividad educativa, (en la que se incluye la tutoría y la orientación de los alumnos), para el adecuado desarrollo del currículo, dentro del marco organizativo, pedagógico y didáctico establecido por la empresa educativa, con respeto a su carácter propio y de acuerdo con la legislación vigente. Educador infantil/ Técnico: Es quien, reuniendo las condiciones y títulos académicos exigidos por la normativa en vigor, ejerce su actividad educativa, para el adecuado desarrollo del currículo de la Educación Infantil, incluyendo las actividades relacionadas con la salud, higiene y alimentación de los alumnos, dentro del marco organizativo, pedagógico y didáctico establecido por la empresa educativa, con respeto a su carácter propio y de acuerdo con la legislación vigente. Orientador educativo: Es quien, con la titulación requerida por la normativa en vigor, realiza sus funciones propias de acuerdo con la legislación vigente, dentro del marco organizativo, pedagógico y didáctico establecido por la empresa educativa, con respeto a su carácter propio. Profesor Adjunto o Agregado o Auxiliar: Es quien, con la titulación académica correspondiente, imparte las clases teórico-prácticas en la Enseñanza Secundaria o de Formación Profesional. Asimismo, colabora con el profesor titular en el desarrollo del currículo bajo sus directrices. Profesor de actividades educativas extracurriculares: Es quien, en posesión de la titulación requerida, desarrolla actividades docentes o educativas que no son evaluables a efectos académicos, con uno o varios grupos de alumnos. Instructor o Monitor: Es quien, con los conocimientos suficientes, desarrolla actividades docentes o educativas que no son evaluables a efectos académicos, con uno o varios grupos de alumnos. También podrá ser el ayudante del profesor de educación física o del profesor de actividades educativas extracurriculares. Educador: Es quien, con la preparación adecuada, colabora en la formación integral de los alumnos y cuida del orden en los tiempos de trabajo personal. Director: Es quien, en posesión de la titulación adecuada, es designado por el empresario o elegido a tenor de lo establecido en la legislación vigente, dirige, orienta y supervisa las actividades educativas. Igualmente, realiza aquellas otras funciones que le sean encomendadas. Subdirector: Es quien, en posesión de la titulación adecuada, es designado por el empresario, auxilia al Director y lo sustituye, en caso necesario. Jefe de Estudios: Es quien, en posesión de la titulación adecuada, es designado por el empresario, responde del desarrollo del cuadro pedagógico de la empresa educativa y de aquellas otras funciones que le sean encomendadas. Jefe de Departamento: Es el Profesor designado por el empresario, que dirige y coordina la investigación, programación y enseñanza de las disciplinas que correspondan a su Departamento. Grupo 2: Personal de Administración 2.1 Subgrupo Personal Administrativo. Jefe de Administración o Secretaría: Es quien tiene a su cargo la dirección administrativa y/o la Secretaría de la empresa educativa. Jefe de Negociado: Es quien, a las órdenes del Jefe de Administración y/o Secretaría, o directamente del empresario o persona designada por el mismo, se encarga de dirigir una Sección o Departamento administrativo. Oficial. Contable: Es quien ejerce funciones burocráticas o contables que exijan iniciativa y responsabilidad. Recepcionista. Telefonista: Es quien, durante su jornada de trabajo, atiende el teléfono, cuidando asimismo, de cuestiones burocráticas y de recepción de visitas o de cartas, paquetes y mercancías, en colaboración con el conserje y el portero si los hubiere. Auxiliar: Comprende esta categoría al empleado que realiza funciones administrativas burocráticas o de biblioteca, bajo la dirección de su inmediato superior, que podrá ser directamente el empresario o un representante suyo. 2.2 Subgrupo Personal Auxiliar. Cuidador: Es quien ayuda a los alumnos atendiendo a sus necesidades propias: higiene, aseo, alimentación, movilidad, etc. Grupo 3: Personal de Servicios Generales 3.1. Subgrupo Personal de portería y vigilancia. Conserje: Es quien atiende las necesidades del centro de trabajo, en cuanto a la conservación de sus distintas dependencias. También ayuda al recepcionista, caso de haberlo, o directamente si dicho cargo no existiera, en la recepción de visitas. Tiene a su cargo la organización del trabajo de los celadores, porteros y ordenanzas si los hubiere. Atiende a los alumnos para que éstos no deterioren las instalaciones. Portero: Atiende a la vigilancia de las puertas de las dependencias empresariales, cuidando su puntual apertura y cierre y evitando el acceso a las mismas a las personas no autorizadas; ha de hacerse cargo de los avisos y entregas de paquetes, cartas, mercancías, recados, encargos, etc. en colaboración con el conserje y el recepcionista si los hubiera; enciende y apaga las luces en los elementos comunes; cuida del normal funcionamiento de contadores, calefacción, y otros equipos equivalentes; limpia y conserva la zona que se le encomiende. En colaboración con el profesorado, tiene a su cargo el orden y compostura de los alumnos para el mejor trato y conservación de las instalaciones durante su estancia en el centro educativo fuera de las clases. Guarda, Vigilante: Es quien, de día o de noche, tiene a su cargo la vigilancia de las dependencias de la empresa, ayudando o supliendo, en su caso, al portero en la función de abrir o cerrar puertas y en la de evitar el acceso a personas no autorizadas. Tendrá como función hacer guardar el orden y compostura a los residentes durante la noche. 3.2. Subgrupo Personal de limpieza. Gobernante: Es quien tiene a su cargo la coordinación del personal de limpieza, distribuyendo el servicio para la mejor atención de las dependencias de la empresa, responsabilizándose de las llaves de armarios de lencería, utensilios y productos de limpieza y otro material doméstico diverso. Empleado del servicio de limpieza de costura, lavado y plancha: Es quien atiende a alguna o todas estas funciones bajo la dirección del gobernante o directamente del empresario o persona designada directamente por él mismo. 3.3. Subgrupo Personal de cocina y comedor. Jefe de cocina: Es quien dirige a todo el personal de la misma, se responsabiliza de la adquisición, cuidado y condimentación de los alimentos y cuida de su servicio en las debidas condiciones, velando por el cumplimiento de la normativa sobre comedores escolares y sobre manipulación de alimentos. Cocinero: Es el encargado de la preparación de los alimentos, responsabilizándose de su buen estado y presentación, así como de la pulcritud del local y utensilios de cocina. En el caso de no existir Jefe de Cocina, velará por el cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos. Ayudante de Cocina: Es quien, a las órdenes del Jefe de Cocina o Cocinero, o directamente del empresario o persona designada por el mismo, le ayuda en sus funciones. Puede simultanear sus funciones con las de empleado del servicio de limpieza, costura, lavado, plancha y comedor. Empleado del servicio de comedor: Es quien atiende el servicio de comedor, a las órdenes del Jefe de Cocina o Cocinero o directamente del empresario o persona designada por el mismo. Podrá simultanear sus funciones con las de empleado del servicio de costura, lavado, plancha, cocina y limpieza. 3.4. Subgrupo Personal de mantenimiento y servicios generales. Oficial de 1.ª de Oficios: Es quien poseyendo la práctica en los oficios correspondientes, los ejerce con gran perfección, realizando trabajos generales e, incluso, los que suponen especial empeño o delicadeza. Oficial de 2.ª de Oficios: Es quien, sin llegar a la especialización requerida para los trabajos perfectos, ejecuta los correspondientes a un determinado oficio con la suficiente corrección y eficacia. Empleado de mantenimiento, jardinería y oficios varios: Es quien, teniendo la suficiente práctica, se dedica al cuidado, reparación y conservación integral de los edificios y jardines. Conductores: Son los trabajadores provistos del permiso de conducir, a los que se les encomienda la conducción de vehículos y el mantenimiento de su normal funcionamiento y limpieza. Grupo 4: Personal Complementario Titulado Titulados Superiores: Es el que, con titulación mínima de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, ejerce una función especializada o asesora, ya sea directamente sobre los alumnos o genéricamente en la empresa, habiendo sido contratado en consideración al título alcanzado, ejerciendo con plena responsabilidad las funciones propias de su profesión. Titulados Medios: Es el que, con titulación mínima de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, ejerce una función especializada o asesora, ya sea directamente sobre los alumnos o genéricamente en la empresa, siendo contratado por la misma en consideración al título alcanzado, ejerciendo con plena responsabilidad las funciones propias de su profesión. ANEXO IV Centros residenciales (colegios menores, residencias de estudiantes y escuelas hogar) Clasificación de grupos profesionales El personal que preste sus servicios en estas empresas, se clasificará en los siguientes grupos: – Grupo 1. Personal docente. – Grupo 2. Personal de Administración. – Grupo 3. Personal de Servicios Generales. – Grupo 4: Personal Complementario Titulado. Grupo 1: Personal docente. a) Director. b) Subdirector. c) Jefe de Estudios o Tutor. d) Educador, Capellán, Médico y Psicólogo. e) Educador de Escuela-Hogar. Grupo 2: Personal de Administración. 2.1 Subgrupo personal administrativo. a) Personal administrativo. b) Personal auxiliar. 2.2 Subgrupo personal auxiliar. a) Cuidador. Grupo 3. Personal de servicios generales. El personal del Grupo 2 y 3 se clasificará conforme a lo establecido en el artículo 10 de este Convenio y sus funciones serán las que aparecen definidas en el anexo I. Definiciones de categorías de los grupos y subgrupos profesionales y equivalencias: Director: Es quien, encargado por el titular de la empresa, orienta y supervisa las actividades en todos sus aspectos y realiza otras actividades que le sean encomendadas. Subdirector: Es quien auxilia y, en caso necesario, sustituye al Director en sus funciones. Jefe de Estudios o Tutor: Es quien responde del desarrollo del conjunto de actividades educativas y/o formativas del centro. Educador: Es el personal que con la titulación adecuada colabora en la actividad formativa del centro residencial. Educador Escuela-Hogar: Es el personal que con la titulación adecuada colabora en la actividad formativa de la Escuela-Hogar. Jornada del personal docente: El personal interno que ostente la categoría de Director, Subdirector y Jefe de Estudios o Tutor, incrementará su jornada en 2 horas semanales. Jornada del personal no docente: Este personal no variará su jornada durante los meses de julio y agosto, salvo pacto entre las partes. Salarios del personal docente: Sobre lo establecido en el resto de materias no reguladas en el presente anexo, regirá lo dispuesto en el articulado general del Convenio. ANEXO V Procedimiento de concesión de plazas escolares gratuitas En cumplimiento del artículo 86 para la concesión de plazas escolares gratuitas a los hijos de los trabajadores afectados por este Convenio, se establece el siguiente procedimiento: 1.º En la primera semana del mes de mayo se constituirá en cada provincia, una Comisión Mixta integrada por las organizaciones empresariales y los sindicatos que formen parte de la Mesa Negociadora del Convenio. Dicha Comisión aprobará y publicará: – El modelo de solicitud. – El plazo y lugar de presentación. – Los criterios de preferencia en la adjudicación, caso de haber más solicitudes que plazas disponibles. 2.º En la primera semana del mes de junio, la Comisión procederá a: – Adjudicar las plazas. – Comunicar a las empresas y trabajadores su resolución. – Hacer constar a los trabajadores que reúnan los requisitos necesarios para solicitar las ayudas al estudio que oferten las Administraciones Públicas, la obligación que tienen de solicitarlas. 3.º En el plazo de una semana, contada a partir de la recepción de la comunicación, las empresas y los trabajadores que consideren lesionados sus derechos pueden recurrir ante la Comisión Mixta. 4.º Antes del 15 de julio la Comisión Mixta resolverá definitivamente. Su fallo será vinculante. ANEXO VI Instrucciones y modelos para acogerse a la cláusula de descuelgue prevista en la disposición adicional quinta Instrucciones 1.ª El empresario comunicará a los representantes de los trabajadores (o en su defecto a los titulares del aula afectada) su intención de acogerse a la cláusula de descuelgue, utilizando el Modelo 2, adjuntándoles los listados del alumnado, garantizando la protección de datos de los mismos, (Modelo 3) y los TC 3/2 (en caso de Bachillerato) para recabar su visto bueno. 2.ª La documentación que figura en el punto 1, se remitirá, por correo postal certificado o burofax, junto con el Modelo 1 a la Comisión Paritaria antes de 30 días desde la publicación en el BOE del Convenio o de las revisiones salariales de cada año, este período quedará interrumpido cuando la publicación coincida con el mes de agosto, reanudándose una vez finalizado el mismo. 3.ª La Comisión Paritaria se reunirá en los 30 días siguientes desde la conclusión del plazo para enviar la documentación fijada en el punto anterior, para resolver los casos presentados. 4.ª Si la documentación aportada es la prevista en estas instrucciones constando el Visto Bueno de los representantes de los trabajadores (o titulares de las aulas en su caso), la Comisión Paritaria aceptará el descuelgue. Si es remitida otro tipo de documentación, que acredite, asimismo, el cumplimiento de los requisitos previstos en la Disposición Adicional Sexta, la Comisión Paritaria o bien concederá el descuelgue o bien solicitará al peticionario la documentación que considere de interés. MODELO 1 Comunicación a la Comisión Paritaria Sr. Presidente Comisión Paritaria C/ Hacienda de Pavones, 5 – 1.º 28030 Madrid En ....................., a .......... de ...................... de 20.... D. ........................................................, con DNI ................................. titular del Centro ................................., comunica que procede a aplicar la cláusula de descuelgue prevista en la disposición adicional quinta del VII Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos, firmado con fecha y publicado en el BOE del  . En cumplimiento de lo previsto en dicha disposición adicional, les acompaño copia de la comunicación remitida a los representantes de los trabajadores y del listado oficial de los alumnos matriculados en la unidad del nivel TC 3/2 correspondiente (en caso de BACHILLERATO), con fecha 1 de enero de 20. Attmte. Colegio: MODELO 2 Notificación a los representantes de los trabajadores Al Representante/s de los Trabajadores del Colegio: En ....................., a .......... de ...................... de 20.... D. ........................................................, con DNI ................................. Titular del Centro ................................., comunica que procede a aplicar la cláusula de descuelgue prevista en la disposición adicional quinta del VII Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos, firmado con y publicado en el BOE del  . En virtud de lo dispuesto en la citada adicional, le adjunto los listados oficiales correspondientes a los niveles, y el recibo de liquidación de cuotas de pago electrónico para el ingreso de las cuotas del seguro escolar correspondiente (si se trata de BACHILLERATO), para que aporte su conformidad a los mismos, con el fin de remitirla a la Comisión Paritaria del VII Convenio. Recibí: El Titular Representante de los trabajadores (o en su defecto el Titular del aula)           Fdo.:   DNI   MODELO 3 Lista de alumnado A efectos de aplicación de la cláusula de descuelgue prevista en la disposición adicional quinta del VII Convenio, el listado del alumnado (garantizando la protección de datos) con fecha 1 de enero de 20, del grupo ................. del nivel ........................... es:  1.                      17.  2.                      18.  3.                      19.  4.                      20.  5.                      21.  6.                      22.  7.                      23.  8.                      24.  9.                      25. 10.                      26. 11.                        27. 12.                      28. 13.                      29. 14.                      30. 15.                      31. 16.                      32. V.º B.º El Titular Sello colegio Representante Trabajadores (o en su defecto el titular del aula)           (Adjuntar un listado por cada aula del nivel para el que se pide el descuelgue) TABLAS SALARIALES PERSONAL DOCENTE EN PAGO DELEGADO Año 2020 ANEXO VII Tablas salariales año 2020 1. Tablas salariales año 2020. En régimen de concierto. Confeccionadas para 14 pagas. Grupo 1: Personal docente. 1.2 De 2.º Ciclo de Educación Infantil (integrado). En régimen de concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros PROFESOR / MAESTRO. 1.618,63 38,72 1.2 De Educación Primaria. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.618,63 38,72  Complemento. 356,84 13,32 SUBDIRECTOR. 1.618,63 38,72  Complemento. 256,79 11,83 JEFE DE ESTUDIOS. 1.618,63 38,72  Complemento. 231,05 11,10 JEFE DEPARTAMENTO. 1.618,63 38,72  Complemento. 205,48 9,87 PROFESOR. 1.618,63 38,72 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.618,63 38,72 1.3 De Educación Secundaria Obligatoria. En régimen de concierto. 1.3 De 1.er y 2.º curso de ESO. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.618,63 38,72  Complemento. 356,84 13,32 SUBDIRECTOR. 1.618,63 38,72  Complemento. 256,79 11,83 JEFE DE ESTUDIOS. 1.618,63 38,72  Complemento. 231,05 11,10 JEFE DEPARTAMENTO. 1.618,63 38,72  Complemento. 205,48 9,87 PROFESOR 1.º y 2.º ESO. 1.618,63 38,72 ORIENTADOR EDUCATIVO 1.º y 2.º ESO. 1.618,63 38,72 Complemento equiparación licenciados, grados o titulación equivalente y autorizada: Complemento al salario de 282,15 euros y al trienio de 10,10 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa. 1.3 De 3.er y 4.º curso de ESO. En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.900,79 48,82  Complemento. 406,08 19,53 SUBDIRECTOR. 1.900,79 48,82  Complemento. 356,84 17,15 JEFE DE ESTUDIOS. 1.900,79 48,82  Complemento. 356,84 17,15 JEFE DEPARTAMENTO. 1.900,79 48,82  Complemento. 298,50 13,91 PROFESOR. 1.900,79 48,82 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.900,79 48,82 1.3 De Ciclo Formativo Básico o su equivalente. En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.900,79 48,82  Complemento. 338,61 15,78 SUBDIRECTOR. 1.900,79 48,82  Complemento. 314,02 14,63 JEFE DE ESTUDIOS. 1.900,79 48,82  Complemento. 289,78 13,55 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.900,79 48,82  Complemento. 265,44 12,42 PROFESOR TITULAR. 1.900,79 48,82 PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR. 1.720,23 48,82 1.3 De Bachillerato. En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.900,79 48,82  Complemento. 406,08 19,53 SUBDIRECTOR. 1.900,79 48,82  Complemento. 356,84 17,15 JEFE DE ESTUDIOS. 1.900,79 48,82  Complemento. 356,84 17,15 JEFE DEPARTAMENTO. 1.900,79 48,82  Complemento. 289,81 13,91 PROFESOR. 1.900,79 48,82 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.900,79 48,82 Complemento Bachillerato: Complemento de 79,60 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 72. 1.4 De FP de Grados Medio y Superior. En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.900,79 48,82  Complemento. 395,19 19,02 SUBDIRECTOR. 1.900,79 48,82  Complemento. 347,26 16,68 JEFE DE ESTUDIOS. 1.900,79 48,82  Complemento. 331,95 16,12 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.900,79 48,82  Complemento. 282,69 13,58 PROFESOR TITULAR. 1.900,79 48,82 PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR. 1.720,23 48,82 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.900,79 48,82 1.5 De Educación Especial (Integrado). En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.618,63 38,72  Complemento. 356,84 13,32 SUBDIRECTOR. 1.618,63 38,72  Complemento. 256,79 11,83 JEFE DE ESTUDIOS. 1.618,63 38,72  Complemento. 231,05 11,10 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.618,63 38,72  Complemento. 205,48 9,87 PROFESOR. 1.618,63 38,72 Estos salarios serán de aplicación a los maestros de apoyo a la integración de alumnos en centros ordinarios, salvo que se establezca otra cantidad por acuerdo autonómico. Disposición adicional primera. Complemento salarial especifico de equiparación para licenciados, grados o titulación equivalente y autorizada de 1.º y 2.º de ESO con los que imparten 3.º y 4.º de la ESO: Siempre y cuando se encuentren en posesión del título de licenciado, grados o titulación equivalente y autorizada y ésta le habilite para dar la materia correspondiente, en 1.º y 2.º de la ESO en niveles concertados, y con el fin de lograr la equiparación salarial con los que imparten 3.º y 4.º de la ESO en niveles concertados, se les aplicará el complemento correspondiente para el salario y el trienio establecido en las tablas salariales. En todo caso, esta obligación queda condicionada a que la Administración Educativa responsable del pago delegado se haga cargo de ella, sin que los Centros Concertados deban abonar cantidad alguna por este concepto. Disposición adicional segunda. Complemento salarial especifico de equiparación para Maestros de 1.º y 2.º de ESO con los de la enseñanza pública. A tenor de lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a los Maestros que imparten 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria, se les abonará la misma cuantía que se establezca para los maestros de los mismos cursos en los centros públicos. En todo caso, esta obligación queda condicionada a que la Administración Educativa responsable del pago delegado se haga cargo de ella, sin que los Centros Concertados deban abonar cantidad alguna por este concepto. Disposición adicional tercera. En años sucesivos, el porcentaje de incremento salarial del PAS podrá ser distinto al porcentaje de la partida de «Otros Gastos» del módulo de conciertos, por exceso o por defecto, en función de los factores concurrentes en cada ejercicio y como consecuencia de la aplicación de la disposición adicional 29 de la LOE. Disposición adicional cuarta. Las diferencias que las empresas adeuden a sus trabajadores como consecuencia de la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2020 de las tablas salariales, deberán quedar totalmente saldadas en el plazo de tres meses desde la publicación de estas tablas en el BOE. TABLAS SALARIALES PERSONAL DOCENTE SIN CONCIERTO Año 2020 2. Tablas salariales año 2020. Sin concierto. Confeccionadas para 14 pagas. Grupo I: Personal docente. 1.1 De 1.er Ciclo de Educación Infantil (Integrado). Categoría Salario – Euros Trienio – Euros PROFESOR / MAESTRO. 1.696,01 40,58 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 1.294,95 35,14 1.2 De 2.º Ciclo de Educación Infantil (Integrado). En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros PROFESOR / MAESTRO. 1.696,01 40,58 1.3 3.er y 4.º Curso de ESO. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.873,63 51,15  Complemento. 425,49 20,47 SUBDIRECTOR. 1.873,63 51,15  Complemento. 373,90 17,97 JEFE DE ESTUDIOS. 1.873,63 51,15  Complemento. 373,90 17,97 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.873,63 51,15  Complemento. 303,66 14,60 PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO. 1.758,53 51,15 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.873,63 51,15 1.3 De Bachillerato. En régimen sin concierto, subvención,… Código Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.959,41 51,15  Complemento. 417,14 20,47 SUBDIRECTOR. 1.959,41 51,15  Complemento. 366,58 17,97 JEFE DE ESTUDIOS. 1.959,41 51,15  Complemento. 366,58 17,97 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.959,41 51,15  Complemento. 297,72 14,60 PROFESOR. 1.959,41 51,15 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.959,41 51,15 Complemento Bachillerato: Complemento de 95,21 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 72. 1.4 De FP de Grados Medio y Superior. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.873,63 51,15  Complemento. 414,09 19,93 SUBDIRECTOR. 1.873,63 51,15  Complemento. 363,84 17,48 JEFE DE ESTUDIOS. 1.873,63 51,15  Complemento. 347,83 16,89 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.873,63 51,15  Complemento. 296,22 14,22 PROFESOR TITULAR. 1.873,63 51,15 PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR. 1.758,54 51,15 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.873,63 51,15 1.6 De Educación Permanente de Adultos. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.696,02 40,58  Complemento. 373,86 13,96 SUBDIRECTOR. 1.696,02 40,58  Complemento. 269,08 12,39 JEFE DE ESTUDIOS. 1.696,02 40,58  Complemento. 242,09 11,62 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.696,02 40,58  Complemento. 215,31 10,35 PROFESOR. 1.696,02 40,58 PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO. 1.027,19 34,11 1.7 Otro personal. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES. 1.438,84 36,86 INSTRUCTOR O MONITOR. 1.294,95 35,14 EDUCADOR. 1.294,95 35,14 TABLAS SALARIALES CENTROS RESIDENCIALES (Colegios Menores, Residencias de estudiantes y Escuelas Hogar) Año 2020 Centros Residenciales 2020. Colegios Menores, Residencias de estudiantes y Escuelas hogar. Salarios del personal docente. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.877,54 51,15 SUBDIRECTOR. 1.826,01 51,15 JEFE DE ESTUDIOS / TUTOR. 1.766,70 49,09 EDUCADOR, CAPELLÁN, MÉDICO Y PSICÓLOGO. 1.699,00 40,44 EDUCADOR DE ESCUELA-HOGAR. 1.646,97 34,12 Salarios del personal no docente. Categoría Salario Trienio PERSONAL TITULADO NO DOCENTE. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 3. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 3. PERSONAL ADMINISTRATIVO. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 2, Subgrupo 2.1. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 2, Subgrupo 2.1. CUIDADOR DE ESCUELA-HOGAR. 1.257,62 € 34,12 € PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 3, Subgrupo 2.3. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 3, Subgrupo 2.3. TABLAS SALARIALES PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y PERSONAL COMPLEMENTARIO TITULADO Año 2020 Personal de Administración y servicios y personal complementario titulado. Año 2020. Confeccionadas para 14 pagas. Grupo II: Personal de Administración. 2.1 Personal administrativo. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA. 1.327,65 40,97 JEFE DE NEGOCIADO. 1.118,10 35,01 OFICIAL CONTABLE. 1.066,74 34,60 RECEPCIONISTA, TELEFONISTA (SMI). 950,00 34,60 AUXILIAR (SMI). 950,00 34,60 2.2 Personal auxiliar. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros CUIDADOR. 975,19 34,60 Grupo III: Personal de Servicios Generales. 3.1 Personal de portería y vigilancia. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros CONSERJE. 1.117,89 34,60 PORTERO. 975,19 34,60 GUARDA, VIGILANTE (SMI). 950,00 34,60 3.2 Personal de limpieza. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros GOBERNANTE. 1.117,89 34,60 EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DE COSTURA, LAVADO Y PLANCHA (SMI). 950,00 34,60 3.3 Personal de cocina y comedor. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros JEFE DE COCINA. 1.066,74 34,60 COCINERO. 1.016,77 34,60 AYUDANTE DE COCINA. 975,19 34,60 EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR (SMI). 950,00 34,60 3.4 Personal de mantenimiento y oficios generales. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros OFICIAL DE 1.ª DE OFICIOS. 1.066,74 34,60 OFICIAL DE 2.ª DE OFICIOS. 975,19 34,60 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS (SMI). 950,00 34,60 CONDUCTORES. 1.066,74 34,60 Grupo IV: Personal Complementario Titulado. 4. Personal complementario titulado. Titulados superiores El salario de este personal tendrá el incremento salarial acordado para el profesor titular en pago delegado del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultanea varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel al que esté adscrito. Titulados medios Para aquel personal que no esté adscrito a un determinado nivel su salario será el correspondiente al nivel de Primaria y 1.º y 2.º de ESO en pago delegado, que será incrementado en el mismo porcentaje que el personal docente de estos niveles. PLUS DE RESIDENCIA E INSULARIDAD Año 2020 Plus de residencia e insularidad. Año 2020. Confeccionadas para 12 pagas. A) Ceuta y Melilla (2020). Grupo I: Personal docente. 1.1 De 1.er Ciclo de Educación Infantil (Integrado). 1.2 De 2.º Ciclo de Educación Infantil (Integrado). En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR. 403,00 27,29 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 306,46 21,65 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR. 492,21 30,37 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 341,12 24,10 1.2 De Educación Primaria. 1.3 De 1.er y 2.º curso de ESO.  1.5 De Educación Especial (Integrado). 1.6 De Educación permanente de adultos. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO. 403,00 27,29 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS. 237,38 16,07 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO. 492,21 30,37 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS. 289,91 17,89 1.3 De 3.er y 4.º curso de ESO. 1.4 De FP de Grados Medio y Superior. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO, BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 540,79 36,09 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 389,37 36,09 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO, BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 683,61 36,09 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 492,21 40,16 1.7 Otro personal. Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES. INSTRUCTOR O MONITOR. EDUCADOR. 306,46 21,65 Grupo II: Personal de Administración. 2.1 Personal Administrativo. Categoría Plus – Euros Trienio – Euros JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA. 389,76 23,30 JEFE DE NEGOCIADO. 238,46   OFICIAL CONTABLE. 227,50   RECEPCIONISTA, TELEFONISTA. 199,11   AUXILIAR. 199,11   2.2 Personal auxiliar. Categoría Plus – Euros CUIDADOR. 208,00 Grupo III: Personal de Servicios Generales. 3.1 Personal de portería y vigilancia. Categoría Plus – Euros CONSERJE. 238,41 PORTERO. 208,00 GUARDA, VIGILANTE. 199,11 3.2 Personal de limpieza. Categoría Plus – Euros GOBERNANTE. 238,41 EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DE COSTURA, LAVADO Y PLANCHA. 199,11 3.3 Personal de cocina y comedor. Categoría Plus – Euros JEFE DE COCINA. 227,50 COCINERO. 216,84 AYUDANTE DE COCINA. 208,00 EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR. 199,11 3.4 Personal de mantenimiento y oficios generales. Categoría Plus – Euros OFICIAL DE 1.ª DE OFICIOS. 227,50 OFICIAL DE 2.ª DE OFICIOS. 208,00 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS. 199,11 CONDUCTORES. 227,50 Grupo IV: Personal Complementario Titulado. 4. Personal Complementario Titulado. Titulados superiores. El plus de este personal tendrá el incremento acordado para el profesor titular en pago delegado del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultanea varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel al que esté adscrito. Para aquel personal que no esté adscrito a un determinado nivel su plus será el correspondiente al nivel de Primaria y 1.º y 2.º de ESO en pago delegado, que será incrementado en el mismo porcentaje que el personal docente de estos niveles. Titulados medios. B) Islas Canarias (2020). Grupo I: Personal docente. 1.1 De 1.er Ciclo de Educación Infantil (Integrado). 1.2 De 2.º Ciclo de Educación Infantil (Integrado). En régimen sin concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR.  Islas mayores. 99,93  Islas menores. 317,20 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 67,26  En régimen de concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR.  Islas mayores. 122,06  Islas menores. 387,41 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 74,86 1.3 De Educación Primaria. 1.3 De 1.er y 2.º Curso de ESO. 1.6 De Educación Permanente de Adultos. En régimen sin concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO.    Islas mayores. 99,93  Islas menores. 317,20 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS.    Islas mayores. 52,53  Islas menores. 158,58 En régimen de concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO.    Islas mayores. 122,06  Islas menores. 387,41 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS.    Islas mayores. 64,17  Islas menores. 193,60 1.3 De 3.er y 4.º Curso de ESO. De Bachillerato. En régimen sin concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO Y BACHILLERATO.    Islas mayores. 96,41  Islas menores. 314,38 En régimen de concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO Y BACHILLERATO.    Islas mayores. 132,46  Islas menores. 432,68 1.4 De FP de Grados Medio y Superior. En régimen sin concierto. Categoría Plus – Euros PROFESORES TITULARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 94,59 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 89,08 En régimen de concierto. Categoría Plus – Euros PROFESORES TITULARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 132,46 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 125,78 1.5 De Educación Especial (Integrado). En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR. 108,46 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR. 127,99 1.7 Otro personal. Categoría Plus – Euros PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES. 72,43 INSTRUCTOR O MONITOR EDUCADOR. 67,26 Grupo II: Personal de Administración. 2.1 Personal Administrativo. Categoría Plus – Euros JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA. 87,39 JEFE DE NEGOCIADO. 73,60 OFICIAL CONTABLE. 70,20 RECEPCIONISTA, TELEFONISTA. 61,43 AUXILIAR. 61,43 2.2 Personal auxiliar. Categoría Plus – Euros CUIDADOR. 64,20 Grupo III: Personal de Servicios Generales. 3.1 Personal de portería y vigilancia. Categoría Plus – Euros CONSERJE. 73,58 PORTERO. 64,20 GUARDA, VIGILANTE. 61,43 3.2 Personal de limpieza. Categoría Plus – Euros GOBERNANTE. 73,58 EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DE COSTURA, LAVADO Y PLANCHA. 61,43 3.3 Personal de cocina y comedor. Categoría Plus – Euros JEFE DE COCINA. 70,20 COCINERO. 66,92 AYUDANTE DE COCINA. 64,20 EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR. 61,43 3.4 Personal de mantenimiento y oficios generales. Categoría Plus – Euros OFICIAL DE 1.ª DE OFICIOS. 70,20 OFICIAL DE 2.ª DE OFICIOS. 64,20 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS. 61,43 CONDUCTORES. 70,20 Grupo IV: Personal Complementario Titulado. 4. Personal Complementario Titulado. Titulados superiores. El plus de este personal tendrá el incremento acordado para el profesor titular en pago delegado del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultanea varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel al que esté adscrito. Para aquel personal que no esté adscrito a un determinado nivel su plus será el correspondiente al nivel de Primaria y 1.º y 2.º de ESO en pago delegado, que será incrementado en el mismo porcentaje que el personal docente de estos niveles. Titulados medios. C) Islas Baleares (2020). Grupo I: Personal docente. 1.1 De 1.er Ciclo de Educación Infantil (Integrado). 1.2 De 2.º Ciclo de Educación Infantil (Integrado). En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR. 47,59 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 35,38 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR. 58,14 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 39,38 1.3 De Educación Primaria. 1.3 De 1.er y 2.º Curso de ESO.  1.5 De Educación Especial (Integrado). 1.6 De Educación Permanente de Adultos. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO. 47,59 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS. 28,04 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO. 58,14 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS. 34,23 1.3 De 3.er y 4.º Curso de ESO. De Bachillerato. 1.4 De FP de Grados Medio y Superior. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO, BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 63,84 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 45,99 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO, BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 80,71 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 58,14 1.7 Otro personal. Categoría Plus – Euros PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES. 39,31 INSTRUCTOR O MONITOR EDUCADOR. 35,38 Grupo II: Personal de Administración. 2.1 Personal administrativo. Categoría Plus – Euros PERSONAL ADMINISTRATIVO. 54,95 2.2 Personal auxiliar. Categoría Plus – Euros CUIDADOR. 42,11 Grupo III: Personal de Servicios Generales. 3.1 Personal de portería y vigilancia. Categoría Plus – Euros PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. 42,11 Grupo IV: Personal Complementario Titulado. 4. Personal Complementario Titulado. Titulados superiores. El plus de este personal tendrá el incremento acordado para el profesor titular en pago delegado del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultanea varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel al que esté adscrito. Para aquel personal que no esté adscrito a un determinado nivel su plus será el correspondiente al nivel de Primaria y 1.º y 2.º de ESO en pago delegado, que será incrementado en el mismo porcentaje que el personal docente de estos niveles. Titulados medios. TABLAS SALARIALES PERSONAL DOCENTE EN PAGO DELEGADO Año 2021 Tablas salariales año 2021 1. Tablas salariales año 2021. En régimen de concierto. Confeccionadas para 14 pagas. Grupo 1: Personal docente. 1.2 De 2.º Ciclo de Educación Infantil (Integrado). En régimen de concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros PROFESOR / MAESTRO. 1.633,20 39,07 1.2 De Educación Primaria. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.633,20 39,07  Complemento. 360,05 13,44 SUBDIRECTOR. 1.633,20 39,07  Complemento. 259,10 11,94 JEFE DE ESTUDIOS. 1.633,20 39,07  Complemento. 233,13 11,20 JEFE DEPARTAMENTO. 1.633,20 39,07  Complemento. 207,33 9,96 PROFESOR. 1.633,20 39,07 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.633,20 39,07 1.3 De Educación Secundaria Obligatoria. En régimen de concierto. 1.3 De 1.er y 2.º curso de ESO. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.633,20 39,07  Complemento. 360,05 13,44 SUBDIRECTOR. 1.633,20 39,07  Complemento. 259,10 11,94 JEFE DE ESTUDIOS. 1.633,20 39,07  Complemento. 233,13 11,20 JEFE DEPARTAMENTO. 1.633,20 39,07  Complemento. 207,33 9,96 PROFESOR 1.º y 2.º ESO. 1.633,20 39,07 ORIENTADOR EDUCATIVO 1.º y 2.º ESO. 1.633,20 39,07 Complemento equiparación licenciados, grados o titulación equivalente y autorizada: Complemento al salario de 284,69 euros y al trienio de 10,19 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa. 1.3 De 3.er y 4.º curso de ESO. En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.917,90 49,26  Complemento. 409,73 19,71 SUBDIRECTOR. 1.917,90 49,26  Complemento. 360,05 17,30 JEFE DE ESTUDIOS. 1.917,90 49,26  Complemento. 360,05 17,30 JEFE DEPARTAMENTO. 1.917,90 49,26  Complemento. 301,19 14,04 PROFESOR. 1.917,90 49,26 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.917,90 49,26 1.3 De Ciclo Formativo Básico o su equivalente. En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.917,90 49,26  Complemento. 341,66 15,92 SUBDIRECTOR. 1.917,90 49,26  Complemento. 316,85 14,76 JEFE DE ESTUDIOS. 1.917,90 49,26  Complemento. 292,39 13,67 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.917,90 49,26  Complemento. 267,83 12,53 PROFESOR TITULAR. 1.917,90 49,26 PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR. 1.735,71 49,26 1.3 De Bachillerato. En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.917,90 49,26  Complemento. 409,73 19,71 SUBDIRECTOR. 1.917,90 49,26  Complemento. 360,05 17,30 JEFE DE ESTUDIOS. 1.917,90 49,26  Complemento. 360,05 17,30 JEFE DEPARTAMENTO. 1.917,90 49,26  Complemento. 292,42 14,04 PROFESOR. 1.917,90 49,26 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.917,90 49,26 Complemento bachillerato: Complemento de 80,32 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 72. 1.4 De FP de Grados Medio y Superior. En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.917,90 49,26  Complemento. 398,75 19,19 SUBDIRECTOR. 1.917,90 49,26  Complemento. 350,39 16,83 JEFE DE ESTUDIOS. 1.917,90 49,26  Complemento. 334,94 16,27 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.917,90 49,26  Complemento. 285,23 13,70 PROFESOR TITULAR. 1.917,90 49,26 PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR. 1.735,71 49,26 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.917,90 49,26 1.5 De Educación Especial (Integrado). En régimen de concierto. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.633,20 39,07  Complemento. 360,05 13,44 SUBDIRECTOR. 1.633,20 39,07  Complemento. 259,10 11,94 JEFE DE ESTUDIOS. 1.633,20 39,07  Complemento. 233,13 11,20 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.633,20 39,07  Complemento. 207,33 9,96 PROFESOR. 1.633,20 39,07 Estos salarios serán de aplicación a los maestros de apoyo a la integración de alumnos en centros ordinarios, salvo que se establezca otra cantidad por acuerdo autonómico. Disposición adicional primera. Complemento salarial especifico de equiparación para licenciados, grados o titulación equivalente y autorizada de 1.º y 2.º de ESO con los que imparten 3.º y 4.º de la ESO: Siempre y cuando se encuentren en posesión del título de licenciado, grados o titulación equivalente y autorizada y ésta le habilite para dar la materia correspondiente, en 1.º y 2.º de la ESO en niveles concertados, y con el fin de lograr la equiparación salarial con los que imparten 3.º y 4.º de la ESO en niveles concertados, se les aplicará el complemento correspondiente para el salario y el trienio establecido en las tablas salariales. En todo caso, esta obligación queda condicionada a que la Administración Educativa responsable del pago delegado se haga cargo de ella, sin que los Centros Concertados deban abonar cantidad alguna por este concepto. Disposición adicional segunda. Complemento salarial especifico de equiparación para Maestros de 1.º y 2.º de ESO con los de la enseñanza pública: A tenor de lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a los Maestros que imparten 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria, se les abonará la misma cuantía que se establezca para los maestros de los mismos cursos en los centros públicos. En todo caso, esta obligación queda condicionada a que la Administración Educativa responsable del pago delegado se haga cargo de ella, sin que los Centros Concertados deban abonar cantidad alguna por este concepto. Disposición adicional tercera. En años sucesivos, el porcentaje de incremento salarial del PAS podrá ser distinto al porcentaje de la partida de «Otros Gastos» del módulo de conciertos, por exceso o por defecto, en función de los factores concurrentes en cada ejercicio y como consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional 29 de la LOE. Disposición adicional cuarta. Las diferencias que las empresas adeuden a sus trabajadores como consecuencia de la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2021 de las tablas salariales, deberán quedar totalmente saldadas en el plazo de tres meses desde la publicación de estas tablas en el BOE. TABLAS SALARIALES PERSONAL DOCENTE SIN CONCIERTO Año 2021 2. Tablas salariales año 2021. Sin concierto. Confeccionadas para 14 pagas. Grupo I: Personal docente. 1.1 De 1.er Ciclo de Educación Infantil (Integrado). Categoría Salario – Euros Trienio – Euros PROFESOR / MAESTRO. 1.711,27 40,95 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 1.306,60 35,46 1.2 De 2.º Ciclo de Educación Infantil (Integrado). En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros PROFESOR / MAESTRO 1.711,27 40,95 1.3 3.er y 4.º curso de ESO. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.890,49 51,61  Complemento. 429,32 20,65 SUBDIRECTOR. 1.890,49 51,61  Complemento. 377,27 18,13 JEFE DE ESTUDIOS. 1.890,49 51,61  Complemento. 377,27 18,13 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.890,49 51,61  Complemento. 306,39 14,73 PROFESOR. 1.774,36 51,61 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.890,49 51,61 1.3 De Bachillerato. En régimen sin concierto, subvención,… Código Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.977,04 51,61  Complemento. 420,89 20,65 SUBDIRECTOR. 1.977,04 51,61  Complemento. 369,88 18,13 JEFE DE ESTUDIOS. 1.977,04 51,61  Complemento. 369,88 18,13 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.977,04 51,61  Complemento. 300,40 14,73 PROFESOR. 1.977,04 51,61 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.977,04 51,61 Complemento bachillerato: Complemento de 96,07 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 72. 1.4 De FP de Grados Medio y Superior. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.890,49 51,61  Complemento. 417,82 20,11 SUBDIRECTOR. 1.890,49 51,61  Complemento. 367,11 17,64 JEFE DE ESTUDIOS. 1.890,49 51,61  Complemento. 350,96 17,04 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.890,49 51,61  Complemento. 298,89 14,35 PROFESOR TITULAR. 1.890,49 51,61 PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR. 1.774,36 51,61 ORIENTADOR EDUCATIVO. 1.890,49 51,61 1.6 De Educación Permanente de Adultos. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.711,28 40,95  Complemento. 377,22 14,09 SUBDIRECTOR. 1.711,28 40,95  Complemento. 271,50 12,50 JEFE DE ESTUDIOS. 1.711,28 40,95  Complemento. 244,27 11,72 JEFE DE DEPARTAMENTO. 1.711,28 40,95  Complemento. 217,25 10,44 PROFESOR. 1.711,28 40,95 PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO. 1.036,43 34,42 1.7 Otro personal. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Salario – Euros Trienio – Euros PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES. 1.451,79 37,19 INSTRUCTOR O MONITOR. 1.306,60 35,46 EDUCADOR. 1.306,60 35,46 TABLAS SALARIALES CENTROS RESIDENCIALES (Colegios Menores, Residencias de estudiantes y Escuelas Hogar) Año 2021 Centros Residenciales 2021. Colegios menores, Residencias de estudiantes y Escuelas hogar. Salarios del personal docente. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros DIRECTOR. 1.894,44 51,61 SUBDIRECTOR. 1.842,44 51,61 JEFE DE ESTUDIOS / TUTOR. 1.782,60 49.53 EDUCADOR, CAPELLÁN, MÉDICO Y PSICÓLOGO. 1.714,29 40,80 EDUCADOR DE ESCUELA-HOGAR. 1.661,79 34,43 Salarios del personal no docente. Categoría Salario Trienio PERSONAL TITULADO NO DOCENTE. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 3. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 3. PERSONAL ADMINISTRATIVO. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 2, Subgrupo 2.1. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 2, Subgrupo 2.1. CUIDADOR DE ESCUELA-HOGAR. 1.268,94 € 34,43 € PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 3, Subgrupo 2.3. El que corresponda en el anexo VII, Grupo 3, Subgrupo 2.3. TABLAS SALARIALES PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y PERSONAL COMPLEMENTARIO TITULADO Año 2021 Personal de Administración y Servicios y Personal Complementario Titulado. Año 2021. Confeccionadas para 14 pagas. Grupo II: Personal de Administración. 2.1 Personal administrativo. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA. 1.339,60 41,34 JEFE DE NEGOCIADO. 1.128,16 35,33 OFICIAL CONTABLE. 1.076,34 34,91 RECEPCIONISTA, TELEFONISTA (SMI). 950,00 34,91 AUXILIAR (SMI). 950,00 34,91 2.2 Personal auxiliar. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros CUIDADOR. 983,97 34,91 Grupo III: Personal de Servicios Generales. 3.1 Personal de portería y vigilancia. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros CONSERJE. 1.127,95 34,91 PORTERO. 983,97 34,91 GUARDA, VIGILANTE (SMI). 950,00 34,91 3.2 Personal de limpieza. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros GOBERNANTE. 1.127,95 34,91 EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DE COSTURA, LAVADO Y PLANCHA (SMI). 950,00 34,91 3.3 Personal de cocina y comedor. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros JEFE DE COCINA. 1.076,34 34,91 COCINERO. 1.025,92 34,91 AYUDANTE DE COCINA. 983,97 34,91 EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR (SMI). 950,00 34,91 3.4 Personal de mantenimiento y oficios generales. Categoría Salario – Euros Trienio – Euros OFICIAL DE 1.ª DE OFICIOS. 1.076,34 34,91 OFICIAL DE 2.ª DE OFICIOS. 983,97 34,91 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS (SMI). 950,00 34,91 CONDUCTORES. 1.076,34 34,91 Grupo IV: Personal Complementario Titulado. 4. Personal complementario titulado. Titulados superiores. El salario de este personal tendrá el incremento salarial acordado para el profesor titular en pago delegado del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultanea varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel al que esté adscrito. Para aquel personal que no esté adscrito a un determinado nivel su salario será el correspondiente al nivel de Primaria y 1.º y 2.º de ESO en pago delegado, que será incrementado en el mismo porcentaje que el personal docente de estos niveles. Titulados medios. PLUS DE RESIDENCIA E INSULARIDAD Año 2021 Plus de Residencia e Insularidad. Año 2021. Confeccionadas para 12 pagas. A) Ceuta y Melilla (2021). Grupo I: Personal docente. 1.1 De 1.er ciclo de educación infantil (Integrado). 1.2 De 2.º ciclo de educación infantil (Integrado). En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR. 406,63 27,54 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 309,22 21,84 En régimen de concierto, subvención,…  Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR. 496,64 30,64 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 344,19 24,32 1.2 De Educación Primaria. 1.3 De 1.er y 2.º curso de ESO. 1.5 De Educación Especial (Integrado). 1.6 De Educación Permanente de Adultos. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO. 406,63 27,54 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS. 239,52 16,21 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO. 496,64 30,64 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS. 292,52 18,05 1.3 De 3.er y 4.º curso de ESO. 1.4 De FP de Grados Medio y Superior. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO, BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 545,66 36,41 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 392,87 36,41 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO, BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 689,76 40,52 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 496,64 40,52 1.7 Otro personal. Categoría Plus – Euros Trienio – Euros PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES. INSTRUCTOR O MONITOR. EDUCADOR. 309,22 21,84 Grupo II: Personal de Administración. 2.1 Personal administrativo. Categoría Plus – Euros Trienio – Euros JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA. 393,27 23,51 JEFE DE NEGOCIADO. 240,61   OFICIAL CONTABLE. 229,55   RECEPCIONISTA, TELEFONISTA. 200,90   AUXILIAR. 200,90   2.2 Personal auxiliar. Categoría Plus – Euros CUIDADOR. 209,87 Grupo III: Personal de Servicios Generales. 3.1 Personal de portería y vigilancia. Categoría Plus – Euros CONSERJE. 240,56 PORTERO. 209,87 GUARDA, VIGILANTE. 200,90 3.2 Personal de limpieza. Categoría Plus – Euros GOBERNANTE. 240,56 EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DE COSTURA, LAVADO Y PLANCHA. 200,90 3.3 Personal de cocina y comedor. Categoría Plus – Euros JEFE DE COCINA. 229,55 COCINERO. 218,79 AYUDANTE DE COCINA. 209,87 EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR. 200,90 3.4 Personal de mantenimiento y oficios generales. Categoría Plus – Euros OFICIAL DE 1.ª DE OFICIOS. 229,55 OFICIAL DE 2.ª DE OFICIOS. 209,87 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS. 200,90 CONDUCTORES. 229,55 Grupo IV: Personal Complementario Titulado. 4. Personal complementario titulado. Titulados superiores. El plus de este personal tendrá el incremento acordado para el profesor titular en pago delegado del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultanea varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel al que esté adscrito. Para aquel personal que no esté adscrito a un determinado nivel su plus será el correspondiente al nivel de Primaria y 1.º y 2.º de ESO en pago delegado, que será incrementado en el mismo porcentaje que el personal docente de estos niveles. Titulados medios. B) Islas Canarias (2021). Grupo I: Personal docente. 1.1 De 1.er ciclo de educación infantil (Integrado). 1.2 De 2.º ciclo de educación infantil (Integrado). En régimen sin concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR.    Islas mayores. 100,83  Islas menores. 320,05 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 67,87 En régimen de concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR.    Islas mayores. 123,16  Islas menores. 390,90 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 75,53 1.3 De Educación Primaria. 1.3 De 1.er y 2.º curso de ESO.  1.6 De Educación permanente de adultos. En régimen sin concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO.    Islas mayores. 100,83  Islas menores. 320,05 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS.    Islas mayores. 53,00  Islas menores. 160,01 En régimen de concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO.    Islas mayores. 123,16  Islas menores. 390,90 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS.    Islas mayores. 64,75  Islas menores. 195,34 1.3 De 3.er y 4.º curso de ESO. De Bachillerato. En régimen sin concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO Y BACHILLERATO.    Islas mayores. 97,28  Islas menores. 317,21 En régimen de concierto. Categoría Plus – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO Y BACHILLERATO.    Islas mayores. 133,65  Islas menores. 436,57 1.4 De FP de grados medio y superior. En régimen sin concierto. Categoría Plus – Euros PROFESORES TITULARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 95,44 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 89,88 En régimen de concierto. Categoría Plus – Euros PROFESORES TITULARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 133,65 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 126,91 1.5 De educación especial (Integrado). En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR. 109,44 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR. 129,14 1.7 Otro personal. Categoría Plus – Euros PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES. 73,08 INSTRUCTOR O MONITOR. 67,87 EDUCADOR. Grupo II: Personal de Administración. 2.1 Personal administrativo. Categoría Plus – Euros JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA. 88,18 JEFE DE NEGOCIADO. 74,26 OFICIAL CONTABLE. 70,83 RECEPCIONISTA, TELEFONISTA. 61,98 AUXILIAR. 61,98 2.2 Personal auxiliar. Categoría Plus – Euros CUIDADOR. 64,78 Grupo III: Personal de Servicios Generales. 3.1 Personal de portería y vigilancia. Categoría Plus – Euros CONSERJE. 74,24 PORTERO. 64,78 GUARDA, VIGILANTE. 61,98 3.2 Personal de limpieza. Categoría Plus – Euros GOBERNANTE. 74,24 EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DE COSTURA, LAVADO Y PLANCHA. 61,98 3.3 Personal de cocina y comedor. Categoría Plus – Euros JEFE DE COCINA. 70,83 COCINERO. 67,52 AYUDANTE DE COCINA. 64,78 EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR. 61,98 3.4 Personal de mantenimiento y oficios generales. Categoría Plus – Euros OFICIAL DE 1.ª DE OFICIOS. 70,83 OFICIAL DE 2.ª DE OFICIOS. 64,78 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS. 61,98 CONDUCTORES. 70,83 Grupo IV: Personal Complementario Titulado. 4. Personal complementario titulado. Titulados superiores. El plus de este personal tendrá el incremento acordado para el profesor titular en pago delegado del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultanea varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel al que esté adscrito. Para aquel personal que no esté adscrito a un determinado nivel su plus será el correspondiente al nivel de Primaria y 1.º y 2.º de ESO en pago delegado, que será incrementado en el mismo porcentaje que el personal docente de estos niveles. Titulados medios. C) Islas Baleares (2021). Grupo I: Personal docente. 1.1 De 1.er ciclo de educación infantil (Integrado). 1.2 De 2.º Ciclo de Educación Infantil (Integrado). En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR. 48,02 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 35,70 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR. 58,66 EDUCADOR INFANTIL / TÉCNICO. 39,73 1.3 De Educación primaria. 1.3 De 1.er y 2.º curso de ESO.  1.5 De Educación especial (Integrado). 1.6 De Educación permanente de adultos. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO. 48,02 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS. 28,29 En régimen de concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR DE PRIMARIA, 1.er y 2.º CURSO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1.er y 2.º CURSO DE ESO. 58,66 PROF. AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS. 34,54 1.3 De 3.er y 4.º curso de ESO. De Bachillerato. 1.4 De FP de grados medio y superior. En régimen sin concierto, subvención,… Categoría Plus – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO, BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 64,41 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 46,40 En régimen de concierto, subvención,…  Categoría Plus – Euros PROFESOR 3.er y 4.º CURSO ESO, PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3.er Y 4.º CURSO DE ESO, BACHILLERATO, FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 81,44 PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE FP DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR. 58,66 1.7 Otro personal. Categoría Plus – Euros PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES. 39,66 INSTRUCTOR O MONITOR. 35,70 EDUCADOR. Grupo II: Personal de Administración. 2.1 Personal administrativo. Categoría Plus – Euros PERSONAL ADMINISTRATIVO. 55,44 2.2 Personal auxiliar. Categoría Plus – Euros CUIDADOR. 42,49 Grupo III: Personal de Servicios Generales. 3.1 Personal de portería y vigilancia. Categoría Plus – Euros PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. 42,49 Grupo IV: Personal Complementario Titulado. 4. Personal complementario titulado. Titulados superiores. El plus de este personal tendrá el incremento acordado para el profesor titular en pago delegado del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultanea varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel al que esté adscrito. Para aquel personal que no esté adscrito a un determinado nivel su plus será el correspondiente al nivel de Primaria y 1.º y 2.º de ESO en pago delegado, que será incrementado en el mismo porcentaje que el personal docente de estos niveles. Titulados medios.

el art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo el Convenio publicado por Resolución de 30 de julio de 2013 el anexo II y publica tablas salariales, por Resolución de 14 de junio de 2022 y SE AÑADE determinados preceptos, por Resolución de 30 de mayo de 2022 la disposición adicional 10 y se publica tablas salariales, por Resolución de 5 de mayo de 2022 y se crea un complemento retributivo en el ámbito de la Comunidad de Madrid: Resolución de 29 de septiembre de 2022 , y se publica complementos y tablas salariales en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, Resolución de 27 de septiembre de 2022 , sobe complemento retributivo para el personal en La Rioja: Resolución de 10 de agosto de 2022 , y se publica complementos y tablas salariales en el ámbito de La Rioja, por Resolución de 10 de agosto de 2022 , y se publica complementos y tablas salariales en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, por Resolución de 26 de noviembre de 2021 , y se publica complementos y tablas salariales en el ámbito de La Rioja, por Resolución de 26 de noviembre de 2021 Visto el texto del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (Código de Convenio n.º: 99008725011994), que fue suscrito, con fecha 21 de junio de 2021, de una parte por las organizaciones empresariales Educación y Gestión (EyG), Confederación de Centros de Enseñanza (CECE), Federación de Centros de Enseñanza de Economía Social (FED-ACES) y Asociació Profesional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales FSIE, USO, UGT-Servicios Públicos y FE-CC. OO., en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 15 de septiembre de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero. VII CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS TÍTULO I Disposiciones generales CAPÍTULO I Ámbitos Artículo 1. Ámbito territorial. El presente Convenio es de aplicación en todo el territorio del Estado español. No obstante, en aquellas Comunidades Autónomas con competencias exclusivas o competencias plenas transferidas en materia de educación, podrán negociarse convenios Colectivos para su aplicación en su ámbito territorial. Igualmente podrán negociarse Acuerdos Autonómicos en los términos y condiciones pactados en la Disposición Adicional octava de este Convenio. Para ello, será necesario el previo acuerdo de las organizaciones patronales y sindicales, legitimadas en los ámbitos de negociación, que alcancen la mayoría de su respectiva representatividad. En este supuesto, el Convenio de ámbito estatal será derecho supletorio dispositivo respecto a las materias no negociadas en el ámbito autonómico. Los convenios colectivos de empresa o grupos de empresa únicamente tendrán prioridad aplicativa respecto del presente Convenio estatal o respecto de los convenios autonómicos o provinciales en las materias contempladas por el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. En las demás materias, serán consideradas como condiciones indisponibles por los convenios colectivos de empresa o grupos de empresa, que incurrirán en concurrencia de convenios en caso de regular de forma distinta lo dispuesto en el presente Convenio colectivo sectorial. Artículo 2. Ámbito funcional. Este Convenio, afectará a las empresas de enseñanza de titularidad privada, no universitaria, integradas o no integradas, que al menos impartan un nivel educativo sostenido total o parcialmente con fondos públicos, y que se hallen autorizados por la Administración educativa competente por razón de su ubicación territorial, y en las que se lleven a cabo alguna de las actividades educativas siguientes: – 1.er Ciclo Educación Infantil/ (integrado) y/o 2.º Ciclo Educación Infantil (integrados). – Educación Primaria. – Educación Secundaria Obligatoria. – Bachillerato. – Formación Profesional de Grado Medio y/o Formación Profesional de Grado Superior. Ciclo Formativo de Grado Básico o su equivalente de acuerdo con la normativa vigente. – Educación Especial (integrada). – Educación Permanente de Adultos. – Centros Residenciales (Colegios Menores, Residencias de Estudiantes y Escuelas Hogar). A los efectos de este Convenio se entiende por empresa educativa integrada, aquella en la que se impartan más de una enseñanza o nivel educativo. Las empresas que impartan 1.er Ciclo de Educación Infantil, 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Especial, para que estén afectadas por este Convenio, tienen que formar parte de una empresa educativa integrada, en donde se impartan, además de cualquiera de las enseñanzas reseñadas al inicio de este párrafo, otra de las enseñanzas enumeradas en este artículo. Artículo 3. Ámbito personal. Este Convenio afectará a todo e ### RESUMEN: Convenio de las escuelas concertadas.

TC inadmite cuestión de inconstitucional sobre la reforma laboral.

Excms. Srs. don Pascual Sala Sánchez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas. AUTO I. Antecedentes 1. El 19 de abril de 2012 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid al que se acompaña, junto con el testimonio del procedimiento núm. 88-2012, sobre despido, que se tramita ante dicho Juzgado, el Auto de 16 de abril de 2012, por el que el citado Juzgado acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a los arts. 18.8, 23.1 y 23.2 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, mediante los que se modifican el art. 56.2 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en adelante, LET), y los arts. 110.1 y 111 b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (en adelante, LJS), por posible vulneración de los arts. 14, 24.1, 35, 41 y 86.1 CE. 2. Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, en síntesis, los siguientes: a) El día 18 de enero de 2012, don Marius Onofrei, don César Ángel Rodríguez Viñol y, don Miguel Ángel Casero Martínez, presentaron cada uno de ellos demanda de despido frente a la empresa Enjarolla, S.L. En sus respectivas demandas, don Marius Onofrei y don Miguel Ángel Casero Martínez hicieron constar su vinculación con la citada empresa mediante contrato de trabajo indefinido, así como la notificación por escrito de su despido disciplinario con fecha 26 de diciembre de 2011. En cambio, don César Ángel Rodríguez Viñol y puso de manifiesto en su demanda que su vinculación laboral con la empresa se había concertado de forma verbal, sin que contara con contrato escrito, y que asimismo la comunicación de su despido se había producido verbalmente el día 26 de diciembre de 2011. En las tres demandas se solicitaba que el Juzgado de lo Social declarara la nulidad del despido disciplinario o, subsidiariamente, su improcedencia, condenando a la empresa demandada a que, a su opción, procediera a la readmisión de los trabajadores en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o al abono de la indemnización que legalmente correspondía, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la extinción del contrato hasta la notificación de la Sentencia. Las demandas tuvieron entrada el día 19 de enero de 2012 en el Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid, que por Decreto de 24 de enero de 2012 acordó su admisión a trámite. También con fecha 24 de enero de 2012 se dictó Auto por el que se acordó la acumulación de procesos en virtud del art. 28 LJS (demanda núm. 88-2012, a la que se acumulan los autos 89-2012 y 90-2012). b) Con fecha 3 de febrero de 2012, don Miguel Ángel Casero Martínez presentó nueva demanda de despido, tras haber recibido comunicación de la empresa el día 13 de enero de 2012, en la que, en aplicación del art. 55.2 LET, se decía proceder a subsanar los defectos existentes en el escrito de 26 de diciembre de 2011, fijando como nueva fecha de despido la de 10 de enero de 2012. Nuevamente, en esta demanda se volvía a solicitar que el Juzgado de lo Social declarara la nulidad del despido disciplinario o, subsidiariamente, su improcedencia, condenando a la empresa demandada a que, a su opción, procediera a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o al abono de la indemnización que legalmente correspondía, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la extinción del contrato hasta la notificación de la Sentencia. La demanda tuvo entrada en el Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid el día 6 de febrero de 2012 y se procedió a acordar su admisión a trámite mediante Decreto de 10 de febrero de 2012. Asimismo, con fecha también de 10 de febrero de 2012, se dictó Auto por el que, en virtud de lo dispuesto en el art. 32.2 LJS, se acordaba la acumulación de los presentes autos (demanda núm. 161-2012) a los tramitados en el mismo Juzgado con el número 88-2012. c) Tras la celebración del acto del juicio el día 29 de febrero de 2012, concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar Sentencia, el Magistrado Juez dictó providencia el día 7 de marzo de 2012, por la que, conforme a lo dispuesto en el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días pudieran alegar lo que desearan sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta, respecto de los arts. 18.8 y 23.1 y 2 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que modifican el art. 56.2 LET y los arts. 110.1 y 111 b) LJS, así como, en su caso, de aquellos otros de la misma disposición con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. En dicha providencia se especificaban los aspectos de posible duda de constitucionalidad que se consideraban necesarios para la resolución del litigio y que, en concreto, eran los siguientes: – Falta de los presupuestos habilitantes de fundamento, concordancia y motivación para la modificación completa por vía de decreto-ley de la regulación del despido, incluido el disciplinario (art. 86.1 CE); – posible vulneración de la igualdad ante la ley (art. 14 CE), en la diferencia de trato entre trabajadores con derecho a prestaciones de desempleo y los que carecen de él en caso de improcedencia y opción por la indemnización por el empresario; – otro tanto respecto a la diferencia de trato entre trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia ante el empresario/cliente en lo relativo al resarcimiento del lucro cesante en caso de declararse ilícita la ruptura contractual de unos y de otros; – lo mismo respecto de la diferencia de trato entre empresarios cuya actuación haya sido declarada improcedente y los que no cuentan con la opción ahora reconocida; – asistencia y prestaciones sociales, especialmente en desempleo (art. 41 CE), en relación con el efecto incentivador del desempleo, unido a la supresión de los salarios de trámite a opción del empresario y con la reducción de la extensión de la prestación debida, a voluntad del empresario; – posible vulneración del art. 24.1 CE en cuanto a la efectividad de la tutela judicial en la protección del trabajador frente al despido injustificado, por la transferencia al obligado incumplidor de la opción entre un sistema completo de resarcimiento y otro parcial, y en la restricción del acceso a los tribunales por la inexistencia de compensación completa de los daños y perjuicios ocasionados por la duración del proceso judicial; – vulneración del derecho al trabajo (art. 35 CE), al someterse a un régimen disuasorio y más oneroso la reanudación de la relación y la recuperación del empleo que la indemnización sustitutiva y el desempleo generado; y – posible lesión de la plenitud e integridad de la potestad jurisdiccional («art. 117 1 y 3 LOPJ» [sic]), en la restricción del resarcimiento judicial íntegro de daños y perjuicios. d) Por parte de los trabajadores demandantes se presentó escrito registrado el 13 de marzo de 2012, en el que se acusaba recibo de la providencia, dándose por enterados de su contenido, pero sin incluir alegaciones sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. e) Mediante escrito registrado el 23 de marzo de 2012, el Fiscal presentó sus alegaciones, en las que exponía que, siendo la fecha de despido el día 26 de diciembre de 2011, y en atención a la fecha de entrada en vigor de la norma controvertida, no resultaba pertinente su aplicación a los despidos enjuiciados en los presentes autos, razón por la que no consideraba procedente la interposición de la cuestión de inconstitucionalidad. f) La empresa demandada Enjarolla, S.L., presentó escrito registrado el día 27 de marzo de 2012, en el que manifestaba aquietarse y no presentar alegación alguna sobre la pertinencia o el fondo de la pretensión de presentar cuestión de inconstitucionalidad. g) El Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid dictó Auto de 16 de abril de 2012, por el que acuerda elevar cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto de los arts. 18.8 y 23.1 y 2 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que modifican el art. 56.2 LET y los arts. 110.1 y 111 b) LJS, por posible vulneración de los arts. 86.1, 24.1, 14 CE, y del art. 41 CE, en relación con el art. 35 CE. 3. El Auto de 16 de abril de 2012 del Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que seguidamente, y de forma resumida, se indican. De entrada, tras repasar los antecedentes del caso y referirse al cumplimiento de los presupuestos procesales exigidos por el art. 35 LOTC, el Magistrado Juez se centra en el análisis del denominado juicio de relevancia. Al respecto, señala que constituye objeto de la presente cuestión la inconstitucionalidad de normas con rango de ley del Real Decreto-ley 3/2012, de cuya validez depende directamente el fallo, puesto que, en función de la constitucionalidad de esas normas, el contenido del pronunciamiento a dictar varía absolutamente. Así, indica, si se estiman las demandas, conforme a la legislación hoy derogada procedería conceder al empresario la opción entre readmisión e indemnización con abono de los salarios de tramitación, en compensación de los dejados de percibir desde el despido hasta la notificación de la Sentencia. En cambio, de acuerdo con el real decreto-ley cuestionado, la condena a aplicar es, igualmente a opción de la empresa, readmitir al trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir entre tanto, o indemnizarle en la cuantía que señale como indemnización principal, pero sin abono de salarios dejados de percibir, ni responsabilidad empresarial alguna sobre tal período. A partir de esta diferenciación, el Magistrado-Juez destaca las consecuencias que, a su juicio, derivan de esta nueva regulación: en síntesis, la menor protección que recibe el trabajador mediante la sustitución de los salarios de tramitación por la prestación de desempleo que, en su caso, tenga derecho a percibir durante la tramitación del proceso, así como el ahorro que para el empresario supone no tener que abonar dichos salarios de tramitación si opta por la indemnización, lo que, entiende, constituye un estímulo contrario a la recuperación del empleo y favorable a la generación de desempleo. Asimismo, en contra de lo dictaminado por el Ministerio Fiscal respecto a la aplicabilidad por razones temporales de la norma legal cuestionada, el Auto señala que este aspecto constituye materia de legalidad ordinaria, sin que quepa concluir, sin más, la falta de relevancia constitucional de la cuestión. Por el contrario, el Magistrado-Juez aduce que la norma cuestionada dispone la entrada en vigor sin condicionante alguno y sin excluir expresamente de su ámbito de aplicación los actos extintivos o despidos anteriores a su vigencia, de ahí que tales aspectos inter-temporales resulten controvertidos en los tribunales laborales, habiendo mediado ya pronunciamientos judiciales de diverso signo. En consecuencia, concluye, «no puede excluirse a priori la relevancia de la norma cuestionada sobre el supuesto de hecho por tales razones de Derecho transitorio». A continuación, y tras reproducir el tenor literal de los arts. 18.8 y 23.1 del Real Decreto-ley 3/2012, por los que respectivamente se da nueva redacción a los arts. 56.2 LET y 110.1 LJS, el órgano judicial a quo recuerda los efectos del despido improcedente en la nueva regulación legal y afirma que «[e]s la transferencia al empresario de la opción de abonar o no salarios de tramitación y los términos de tal atribución lo que constituyen el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad», cuyo planteamiento justifica en los fundamentos siguientes: a) «Vulneración del art. 86.1 de la Constitución Española en cuanto a la motivación y fundamentación de la regulación por medio de Decreto Ley del régimen jurídico sustantivo y procesal del despido disciplinario.» A este respecto, y previo repaso a la doctrina constitucional sobre el tema, el Auto reproduce los fragmentos del preámbulo del Real Decreto-ley que considera relacionados con la materia discutida y afirma que dicho preámbulo contiene un salto lógico esencial en su razonamiento cuando, después de enumerar circunstancias económicas y medidas de igual naturaleza, que podrían ser aplicables a la declaración de improcedencia del despido o extinción por causas objetivas —especialmente de índole económica—, salta sin más al régimen del despido disciplinario, cuestión que no guarda inmediata relación con los parámetros explicitados previamente en el preámbulo, ni con la finalidad esencialmente económica de las urgentes medidas de igual naturaleza que se preconizan, sino que afectan a la protección esencial del trabajador frente al despido. A juicio del Magistrado-Juez, esa alteración radical del régimen de protección del despido, más allá de la tutela relativa a la extinción objetiva y el despido económico, no ha podido, sin más, ser sustraída de su necesaria fundamentación expresa, así como igualmente ha de justificarse el agotamiento del previo nivel de negociación colectiva hasta el punto de romper el necesario consenso en materias sociales, alterando el propio consenso esencial de la elaboración del estatuto de los trabajadores dispuesto por la Constitución. De este modo, indica el Auto, despidos netamente disciplinarios, como los ahora impugnados, pueden quedar sometidos a una motivación y a unos fundamentos de urgencia y necesidad que se refieren exclusivamente a circunstancias económicas. A su modo de ver, ni siquiera tras el trámite parlamentario de convalidación del Real Decreto-ley aparecen justificados estos extremos, sea en la necesaria motivación expresa, sea en la necesidad y proporcionalidad de esta medida, que deja desprotegidos a los trabajadores ante el despido disciplinario o por causas no económicas, aunque efectivamente se superen las necesidades de tipo económico coyuntural, cuya gravedad no es necesario resaltar. Insistiendo en esta idea, el Auto señala que ni los precedentes normativos citados en el preámbulo de la norma cuestionada, ni su referencia a la supresión del llamado «despido exprés» justifican los cambios introducidos en la nueva regulación, que configura un despido que va a seguir siendo inmediato y ejecutivo por decisión exclusiva del empresario, pero sin necesidad de justificación especial y mucho menos de abonar importe alguno, mientras que la percepción de la indemnización podrá estar demorada a conveniencia del empresario, durante meses o años, hasta que termine el proceso judicial y ejercite su opción en tal sentido. Este tipo de regulación, considera el Magistrado-Juez, es impropia de una norma de urgencia y no justifica el desplazamiento de la soberanía legislativa por el ejecutivo. Asimismo, en el Auto se declara que tampoco proporciona la necesaria justificación a la medida de urgencia la referencia a un tiempo especialmente dilatado de tramitación, que da lugar al abono de esos salarios por el Estado como modalidad singular de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Según explica, tal afirmación se realiza, no sólo porque dicha referencia no guarda relación con necesidades coyunturales, sino porque además es un efecto derivado, más que complementario, de la propia supresión del resarcimiento al trabajador de un perjuicio esencial directamente derivado de su despido, como es la pérdida de los ingresos salariales destinados a su sostenimiento y el de su familia. b) «Vulneración del art. 24.1 CE en cuanto a la efectividad de la tutela judicial en la protección del trabajador frente al despido injustificado por la transferencia al obligado incumplidor de la opción entre un sistema completo de resarcimiento y otro parcial y en la restricción del acceso a los tribunales por la inexistencia de compensación completa de los daños y perjuicios ocasionados por la duración del proceso judicial.» En este punto, el Auto comienza recordando la doctrina constitucional que considera la reacción frente al despido como un aspecto básico en la estructura de los derechos incluidos en el art. 35 CE, de forma que la inexistencia de una reacción adecuada contra el despido debilitaría peligrosamente la consistencia del derecho al trabajo y vaciaría al Derecho que lo regula de su función tuitiva. Igualmente, también alude a la jurisprudencia constitucional sobre la garantía de indemnidad, que relaciona el ejercicio de acciones derivadas del contrato de trabajo con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Asimismo, el Auto hace referencia a la STC 181/2000, en la que se declaró la inconstitucionalidad de una norma legal, por violación de los arts. 9.3 y 24.1 CE, mediante la que se establecía un sistema de indemnización tasada en supuestos en que el daño tuviera su causa exclusiva en una culpa relevante y, en su caso, judicialmente declarada, imputable al agente causante del hecho lesivo. En el ámbito laboral, argumenta el órgano judicial a quo, nos encontramos ante una configuración irracional del sistema tasado de compensación de daños y perjuicios que excluye la compensación total del daño, limitando, en términos contrarios a la seguridad jurídica, la plenitud de la potestad jurisdiccional del art. 117 CE, de modo que unos trabajadores pueden ser resarcidos de forma íntegra y otros no, en función de una decisión exclusiva del agente causante del daño una vez declarada la culpa exclusiva y el antijurídico proceder del mismo. Trasladando al caso las consideraciones realizadas en la citada STC 181/2000, el Auto afirma que el hecho de que la parte perjudicada tenga que asumir parte del daño que le ha sido causado por la conducta antijurídica de la otra parte es «una consecuencia que no se acomoda al mandato de interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 CE…; máxime cuando la conducta antijurídica determinante del daño, lesiona o menoscaba bienes de relevancia constitucional» —en este caso, el derecho al trabajo y a la protección frente al despido injustificado—, considerando igualmente que en el real decreto-ley cuestionado «se obliga injustificadamente a la víctima del hecho a soportar una parte sustancial de las pérdidas económicas derivadas del daño». Según indica el Auto, tal razonamiento se explica porque, en la regulación cuestionada, es el empresario —autor del despido declarado improcedente— el que puede optar por transferir a la víctima una parte sustancial de los perjuicios —los salarios perdidos—, aunque aparentemente ello se haga a través de la protección pública en situación de desempleo. En relación con este último punto, se señala que es el trabajador, quien, aplicando su previa carrera de seguro —y ello, si dispone de las cotizaciones necesarias—, destina una parte de las prestaciones a las que tiene derecho en el momento del despido a subvencionar parcialmente al empresario autor del despido improcedente en cuanto a los salarios perdidos, en sustitución completa de éstos, pero en cuantía notablemente más reducida. Consecuencia de esta nueva regulación, dice el Auto, es que el importe de las prestaciones por desempleo del trabajador, lejos de aumentar con las cotizaciones adicionales que el empresario habría de efectuar si, como en la normativa previa, debiera abonar salarios de tramitación, se ve ahora minorado con el nuevo sistema en la parte correlativa que haya ido percibiendo el trabajador, por lo que, cuando el empresario opta finalmente por la indemnización, ya sólo tendrá el importe restante por percibir hasta agotar la prestación contributiva, si es que no la ha agotado en el intervalo. Se argumenta además que, dado que las prestaciones por desempleo están en función del período cotizado, aquellos trabajadores que no tengan el suficiente tiempo cotizado —o, con mayor razón, los que no tengan importe alguno cotizado— no contarían con procedimiento alguno de compensación del tiempo de espera hasta la resolución judicial firme. Si, por el contrario, estamos ante un trabajador con derecho a prestaciones de desempleo, el Auto insiste en la idea de que, con el nuevo sistema arbitrado por el Real Decreto-ley 3/2012, lo que obtendrá será a cuenta del total de la prestación según el tiempo cotizado hasta la fecha del despido, sirviendo dicha cuantía para financiarse a sí mismo el tiempo de espera hasta la Sentencia, pero sin que las cantidades percibidas mediante la prestación cubran los salarios dejados de percibir, ya que quedan limitadas al 70 o 60 por 100 de la base previamente cotizada. En atención a las anteriores consideraciones, el Magistrado-Juez considera que la nueva regulación no cubre los parámetros mínimos de constitucionalidad aplicados en la doctrina constitucional invocada, y asimismo, indica que tampoco se cumple el presupuesto legitimador de la exclusión de los salarios de trámite en ciertas relaciones laborales especiales por razones unidas a la especialidad del vínculo laboral. Parafraseando las palabras de la STC 108/2000, FJ 18, añade el Auto, lo determinante es si cualquier trabajador puede ejercitar eficazmente su derecho a reclamar en vía judicial contra el despido injustificado y si, en su caso, el quantum de la indemnización por los daños sufridos puede ser obtenido en sede procesal, en la integridad de su exacto o real alcance, sin limitaciones o restricciones predeterminadas por el legislador que hagan inoperante el mandato constitucional de efectividad que de la tutela jurisdiccional predica el art. 24.1 CE. Asimismo se señala que el acceso a los Tribunales por parte de los trabajadores para impugnar el despido queda desprovisto de un elemento esencial como es la compensación del tiempo de espera, quedando sin percibir la indemnización principal, cuyo abono puede demorarse por el empresario en la estrategia procesal que legitima el Real Decreto-ley, a menos que acepten transar a la baja el importe indemnizatorio legalmente indicado. Tales consecuencias, apunta el Auto, se producen además en el presente proceso de precarización de las condiciones laborales y de favorecimiento de la flexibilidad y de las facultades empresariales, en que se hace más importante la protección ante el despido. Al respecto se señala que los trabajadores, con una antigüedad cada vez menor, carecen de una protección efectiva si su única protección en caso de despido es una indemnización por antigüedad, que además ha sido reducida tras la reforma legal, de modo que no van a poder hacer uso de su derecho a accionar eficazmente contra el despido, justamente los que más lo necesitan, porque su indemnización final va a ser muy reducida, y habrán de conformarse con lo que se les ofrezca, si es que reciben alguna propuesta. Tras abundar en esta idea, finaliza el Auto señalando que la protección de los derechos de los trabajadores de salario reducido o sin relación laboral reconocida pasa justamente por la posibilidad real de ejercitar acciones contra el despido, que en su caso estará protegido por una indemnización muy reducida y sin otra posibilidad que percibir entre tanto el desempleo, al que posiblemente no tengan derecho siquiera, y con ello sufrirán los demás derechos, incluidos los de carácter fundamental y los de protección de la salud y seguridad laboral frente a los accidentes. c) «Vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE) como consecuencia de la diferencia de trato entre trabajadores con derecho a prestaciones por desempleo y los que carecen de él en caso de improcedencia y de opción por la indemnización por el empresario, así como en cuanto a la diferencia de trato entre trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia ante el empresario/cliente en lo relativo al resarcimiento del lucro cesante en caso de declararse ilícita la ruptura contractual de unos y de otros y respecto de la protección dispensada al propio empresario en caso de reclamación de éste contra un tercero vinculado por contrato no laboral de prestación de servicios ya que podrá reclamar el lucro cesante derivado de los ingresos perdidos.» Respecto a esta alegación, el Auto pone de relieve, en primer lugar, la diferencia de trato injustificada que, a su juicio, sufren los trabajadores despedidos que no tienen derecho a las prestaciones por desempleo frente a los que sí gozan de tal protección, en la medida en que estas prestaciones por desempleo se han convertido con el real decreto-ley cuestionado en el medio sustitutivo de compensar a los trabajadores. En segundo término, se señala también que la ruptura por el Real Decreto-ley 3/2012 del principio de derecho que legitima para pedir tanto la compensación del daño causado con la pérdida del objeto contractual —resarcido mediante la indemnización principal—, como los ingresos dejados de percibir o lucro cesante, genera una discriminación hacia el trabajador improcedentemente despedido frente a otros suministradores de servicios al empresario, por título no laboral, que podrán reclamar ambos conceptos, en aplicación de los arts. 1101 y 1106 del Código civil (CC), así como la exigencia del cumplimiento de lo pactado en caso de obligaciones recíprocas del art. 1124 CC. Finalmente, se remarca también la diferencia generada a estos efectos entre el empresario y los trabajadores. En el caso del empresario, se dice, éste puede dirigir acciones frente a los clientes a los que suministra sus servicios en caso de incumplimiento de la duración pactada, incluyendo el resarcimiento del lucro cesante o importe dejado de percibir durante el tiempo restante de contrato. En cambio, se indica, el trabajador ha quedado privado de una parte sustancial del resarcimiento indemnizatorio, con la sola condición de que el empresario opte por la indemnización, condición que, por enteramente dependiente de la voluntad de una de las partes, sería ilícita (art. 1115 CC), y que además se ejerce por el declarado judicialmente responsable de una ruptura contractual contraria a la ley. Por ello, concluye el Auto, semejante situación sería incomprensible en el orden civil y carece de referencia comparable en las relaciones de derecho privado. d) «Vulneración del derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales especialmente en desempleo (art. 41 CE) en relación con el efecto incentivador del desempleo unido a la supresión de los salarios de trámite a opción del empresario y con la reducción de la extensión de la prestación, debida estrictamente a la voluntad del empresario, en relación con el derecho al trabajo del art. 35 CE.» Con relación a este punto, el Auto destaca que el objeto de las prestaciones de desempleo es proteger al trabajador en tal situación, pero no compensar mediante cantidades procedentes del erario público la exclusión de la obligación empresarial de indemnizar los salarios de tramitación, razón por la que se considera que el nuevo régimen legal comporta una contravención de la finalidad constitucional derivada del art. 41 CE. En todo caso, señala el Auto, esa exclusión de la obligación empresarial de abonar los salarios de tramitación sólo se contempla cuando el empresario opta por la indemnización, pero no si su opción es en favor de la readmisión, de ahí que el Magistrado-Juez también aprecie que esta nueva regulación puede actuar como elemento manifiestamente desincentivador de la readmisión y recuperación del puesto de trabajo, quedando así afectado el derecho al trabajo reconocido en el art. 35 CE. 4. Mediante providencia de 6 de junio de 2012, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, alegase lo que considerara conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en relación con el cumplimiento de los requisitos procesales (art. 35.2 LOTC) y por si fuese notoriamente infundada. 5. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 6 de julio de 2012, en el que considera que la cuestión de inconstitucionalidad es inadmisible por falta de cumplimiento de los requisitos procesales y por ser notoriamente infundada. a) En relación con el primero de los aspectos señalados, el Fiscal General del Estado considera incumplido el juicio de aplicabilidad, en tanto el objeto del proceso a quo es un despido de 10 de enero de 2012, que, por tanto, tuvo lugar un mes antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012 —12 de febrero de 2012—. Frente a las consideraciones realizadas por el Magistrado Juez a este respecto, el Fiscal indica que, si bien la decisión sobre la aplicación o no de una determinada norma para la resolución del proceso se halla en gran medida supeditada a la decisión de aquel que debe resolver la litis, tal margen de decisión no puede llegar hasta el extremo de condicionar la oportunidad del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre aspectos que integran claramente una materia de orden público cual es la de la entrada en vigor de las normas jurídicas. En tal sentido, aduce que, por más que el órgano promotor alegue la falta de previsión en el Real Decreto-ley de norma alguna de Derecho transitorio que se refiera a los actos extintivos anteriores a su entrada en vigor, no puede ocultarse el carácter imperativo del título preliminar del Código civil, cuando su art. 2.1 señala que las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación, salvo que se dispusiere en ellas otra cosa, y cuando su art. 2.3 sanciona la carencia de efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. En consecuencia, concluye el Fiscal, habiendo quedado extinguida la relación laboral el 10 de enero de 2012, el nuevo art. 56.2 LET no sería aplicable para resolver las pretensiones deducidas en la demanda, debiendo éstas ventilarse conforme a lo dispuesto en la normativa vigente hasta el 11 de febrero de 2012. Asimismo, aun admitiendo a los solos efectos dialécticos la oportunidad de aplicar la nueva normativa, el Fiscal también destaca la contradicción en la que incurre el planteamiento del Auto, ya que en los antecedentes de éste se citan como preceptos cuestionados los arts. 56.2 LET y los arts. 110.1 y 111 b) LJS, para después, en un apartado posterior del Auto, reducir la duda de constitucionalidad a los arts. 56.2 LET y párrafo 1 del art. 110.1 LJS, por ser éstos los que prevén que, en caso de declaración de improcedencia del despido, corresponde al empresario la opción entre readmisión e indemnización, y en este último caso, sin abono de salarios de tramitación. En definitiva, apunta el Fiscal, se reconoce la inaplicabilidad del art. 111 b), dado que éste regula determinados efectos derivados de la interposición de recurso y, por tanto, la afectación de lo que en su caso hubieren de resolver otras instancias de la jurisdicción, pero no el Juzgado de lo Social que plantea la presente cuestión. b) Por lo que se refiere al segundo aspecto comentado, el Fiscal empieza recordando que el sistema constitucional español se decanta por un control concreto, proscribiendo consultas al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de una norma sin clara conexión con un proceso determinado, no pudiendo articularse la cuestión de inconstitucionalidad como una impugnación indirecta y abstracta de la ley. En alguna medida, entiende el Fiscal, esto es lo que parece formularse en el presente caso, pues se viene a cuestionar el régimen general del despido, en tanto no sólo se confrontan los arts. 56.2 LET y 110 LJS con los arts. 14 y 24.1 CE —que son los que se ciñen al objeto de la cuestión de inconstitucionalidad—, sino que además se cuestiona el rango normativo de la disposición que da nueva redacción a los referidos preceptos (art. 86.1 CE) y se hace un excurso general sobre las consecuencias últimas en materia de prestaciones de Seguridad Social y sobre la hipotética afectación de principios generales como el del derecho al trabajo (arts. 41 y 35.1 CE). Para ello, dice el Fiscal, no se ahorra un extenso juicio crítico de carácter dogmático al propósito general de la reforma, que en ocasiones se llega incluso a alejar de consideraciones estrictamente jurídicas para deslizarse por derroteros de carácter cuasi político. Ya en relación con la alegada oposición de las normas cuestionadas al art. 86.1 CE, el Fiscal reproduce un extracto del fundamento jurídico 6 del ATC 180/2011, en el que se afirma que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la apreciación de la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en primer término y al Congreso de los Diputados en el ejercicio de la función de control parlamentario, no siendo posible un control por parte de este Tribunal de esa valoración que permita una revisión de fondo del juicio político, más allá de la constatación de que no se trata de una decisión abusiva o arbitraria. Tras recordar, con apoyo en este mismo Auto, la jurisprudencia constitucional sobre la necesidad de que el examen de la concurrencia de la «extraordinaria y urgente necesidad» se lleve a cabo mediante la valoración conjunta de todos los factores que determinaron al Gobierno a dictar el Decreto-ley, el Fiscal afirma que, en el caso enjuiciado, tanto de la exposición de motivos de la norma cuestionada como del ulterior debate parlamentario de convalidación cabe concluir que el Gobierno ha cumplido la exigencia de explicitar y razonar de forma suficiente la existencia de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» y que, asimismo, resulta acreditada la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan, de manera que estas últimas guardan una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar. Como fundamento de esta afirmación, el Fiscal reproduce distintos fragmentos de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2012, en los que el Gobierno justifica la adopción de las medidas extraordinarias en atención a la crisis económica que atraviesa España, cuya gravedad no tiene precedentes y que ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español, habiéndose destruido más empleo y más rápidamente que en las principales economías europeas, por lo que la reforma laboral que recoge el Real Decreto-ley está dirigida a proporcionar un horizonte de seguridad jurídica para conseguir recuperar el empleo. Por ello, concluye el Fiscal, en relación con la nueva redacción dada a los arts. 56.2 LET y 110.1 LJS se cumplen las exigencias que derivan del art. 86.1 CE, sin perjuicio de la opinión política que puedan merecer las consideraciones del Gobierno. Asimismo, el Fiscal también rechaza la supuesta oposición de los preceptos cuestionados al art. 14 CE por la pretendida desigualdad de trato entre trabajadores en función de que el despido se declare improcedente y el empresario opte por la indemnización —sin derecho a salarios de tramitación— o se declare nulo o improcedente y el empresario opte por la readmisión —con derecho a los salarios de tramitación—. A este respecto aduce que la cuestión ya fue resuelta por las SSTC 122/2008 y 85/2009, en las que se afirmó que las situaciones comparadas no son homogéneas, pues mientras en el primero de los supuestos la relación laboral ha quedado definitivamente extinguida desde la fecha del despido, en el otro se mantiene en vigor la relación laboral desde la fecha del despido hasta la readmisión, sin solución de continuidad. En cuanto a la denunciada vulneración del art. 24.1 CE, también el Fiscal descarta la alegación, con apoyo en la STC 84/2008, dictada en un supuesto prácticamente idéntico al actual, y que confirma que el hecho de que se deje la opción de la readmisión o extinción al empresario —y con ello, se puedan o no generar salarios de tramitación— no supone quiebra alguna del derecho a la tutela judicial efectiva. Finalmente, por lo que se refiere a los arts. 41 y 35.1 CE, el Fiscal considera que su cita sólo puede entenderse como una mera invocación retórica que pretende reforzar la argumentación del tema nuclear debatido, volviendo a recordar que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la adecuación de la regulación legal cuestionada. En todo caso, afirma que las consecuencias a efectos prestacionales de un período en el que no se cotiza a la Seguridad Social por unas determinadas contingencias y se consume parte de la prestación por desempleo no son más que derivaciones naturales de la extinción del contrato de trabajo. Alega asimismo que el texto del art. 41 CE no autoriza a deducir qué situaciones han de considerarse suficientemente cubiertas, correspondiendo al legislador en exclusiva valorar el contexto general en que las contingencias se producen, y en relación con las circunstancias económicas, ordenar las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales. II. Fundamentos jurídicos 1. El Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto a los arts. 18.8, 23.1 y 23.2 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, mediante los que se modifican el art. 56.2 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) y los arts. 110.1 y 111 b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LJS). Como resulta de la fundamentación del Auto de planteamiento de la cuestión, la duda de constitucionalidad del órgano promotor se centra en el nuevo régimen de salarios de tramitación establecido por el citado real decreto-ley, y en particular, en la supresión de su abono, con carácter general, en los supuestos de declaración de improcedencia del despido en que el empresario opta por el pago de la indemnización prevista en el art. 56.1 LET. Con apoyo en los argumentos ya expuestos en los antecedentes, el órgano promotor considera, en síntesis, que los preceptos cuestionados vulneran el art. 86.1 CE por falta de motivación y fundamentación de la urgencia y necesidad de esta nueva regulación mediante real decreto-ley, y asimismo, entiende que el nuevo régimen de salarios de tramitación resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al derecho a la igualdad (art. 14 CE), y al derecho a la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, en relación con el derecho al trabajo (arts. 41 y 35.1 CE). El Fiscal General del Estado, por las razones de las que también se ha dejado constancia en los antecedentes, se opone a la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad tanto por apreciar el incumplimiento de los requisitos procesales para su promoción como por estimarla notoriamente infundada (art. 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC). 2. De acuerdo con el art. 37.1 LOTC, este Tribunal puede rechazar en trámite de admisión y mediante Auto, sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada. Respecto al análisis de estos aspectos en la cuestión aquí planteada, con carácter inicial debemos advertir que, con posterioridad a su interposición, la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012 a los preceptos objeto del presente procedimiento —arts. 56.2 LET y 110.1 y 111 b) LJS— ha sido sustituida por la establecida, respectivamente, en los arts. 18.8 y 23.1 y 23.2 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, sobre medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta circunstancia, sin embargo, no conlleva, por sí sola, la pérdida del objeto de la cuestión planteada. En tal sentido, es importante destacar que el nuevo tenor dado por la Ley 3/2012 a los preceptos indicados es idéntico al ya ofrecido en el Real Decreto-ley 3/2012, al margen de que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, «en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que la norma cuestionada, tras esa derogación o modificación, no sólo resulte aplicable en el proceso a quo sino también que de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo» (STC 255/2004, de 22 de diciembre, FJ 2; o STC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 2). Pues bien, precisamente, una de las controversias a dilucidar en este procedimiento es la de determinar si, en realidad, la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012 a los arts. 56.2 LET y 110.1 y 111 b) LJS resulta aplicable y determinante en el litigio, y no ya por efectos de la posterior aprobación de la Ley 3/2012, sino por constituir un aspecto discutido desde el momento previo en que se elevó la cuestión de inconstitucionalidad. 3. En efecto, por lo que se refiere a los defectos procesales aducidos, el Fiscal alega, en concreto, que la cuestión de inconstitucionalidad planteada no cumple los requisitos de los denominados juicios de aplicabilidad y relevancia, por considerar que las normas cuestionadas no resultan aplicables al proceso a quo, ya sea por razones objetivas —en concreto, en relación con el art. 111 b) LJS—, o ya sea por razones temporales —por haberse producido el despido antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012—. Con relación a esta alegación debemos recordar que, de acuerdo con el art. 35 LOTC, requisito necesario para la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad es que la norma legal cuestionada sea «aplicable al caso» y «de cuya validez dependa el fallo», debiendo el órgano judicial que plantea la cuestión «especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión». Además, en atención a estas exigencias, es doctrina reiterada de este Tribunal que la cuestión de inconstitucionalidad «no puede resultar desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y finalidad propias, lo que sucedería si se permitiera que se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que la cuestión se suscita» (por todas, STC 115/2009, de 18 de mayo, FJ 2; o STC 87/2012, de 18 de abril, FJ 2). Pues bien, en virtud de estos presupuestos, hemos de coincidir con la conclusión alcanzada por el Fiscal General del Estado respecto al defectuoso cumplimiento de los juicios de aplicabilidad y relevancia en el presente supuesto. a) Por lo que se refiere al primero de los reproches dirigidos, ciertamente no puede considerarse aplicable al caso el art. 23.2 del Real Decreto-ley 3/2012, por el que se modifica el art. 111 b) LJS. El contenido de este precepto está dedicado a regular el régimen a aplicar cuando las partes interponen recurso frente a la Sentencia que declara la improcedencia del despido. En cambio, en el proceso a quo que ha dado lugar a la presente cuestión de inconstitucionalidad nos encontramos en una fase previa —la de instancia—, en la que el órgano judicial deberá proceder a la calificación del despido y a la determinación de sus efectos, con independencia de la regulación que haya de aplicarse en un eventual y posterior recurso que las partes interpongan y que habrá de resolverse en sede de suplicación por el Tribunal Superior de Justicia. Es verdad que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia constitucional, «es el órgano judicial… quien ha de formular el pertinente juicio de aplicabilidad de la norma cuestionada a los hechos enjuiciados, juicio sobre el que este Tribunal únicamente ejerce, en principio, un “control meramente externoˮ…, que se concreta en que ‘no puede ponderar o revisar tal apreciación del propio órgano judicial sobre las normas que en cada caso estime aplicables’»; no obstante, tal es el proceder a seguir «a salvo el supuesto... de que el criterio que así se exponga resulte con toda evidencia errado», por cuanto «existen supuestos en los que este Tribunal, en el ejercicio de sus facultades de control externo del juicio de aplicabilidad y de relevancia formulado por los órganos judiciales al plantear la cuestión de inconstitucionalidad, puede declarar su inadmisibilidad por resultar notoriamente inconsistente o equivocada la argumentación judicial sobre la aplicabilidad al caso de la norma cuestionada pues con ello se garantiza que la cuestión responde a la finalidad concreta que la justifica» (STC 151/2011, de 29 de septiembre, FJ 2; o STC 27/2012, de 1 de marzo, FJ 2). Esta última situación es la que concurre en el caso, pues resulta evidente, por lo ya explicado, que el tenor del art. 111 b) LJS no resulta aplicable —ni, por tanto, determinante— en el litigio a quo. De hecho, como el Fiscal pone de relieve, esta falta de aplicabilidad del precepto parece reconocerse implícitamente por el propio Magistrado-Juez, pues, si bien el Auto de planteamiento de la cuestión cita formalmente este artículo entre los «preceptos legales cuestionados» (apartado III), con posterioridad, sin embargo, no reproduce su tenor literal, a diferencia de lo que sí hace con la nueva redacción de los arts. 56.2 LET y 110.1 LJS, que sí se refieren a los efectos del despido en la resolución de instancia y que, según indica el propio órgano judicial, son los que finalmente determinan el régimen relativo a los salarios de tramitación y la transferencia al empresario de la opción de abonarlos o no, lo que constituye el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad presentada. Respecto a esta última afirmación no puede, con todo, dejar de comentarse que, en realidad, en relación a los despidos improcedentes, el art. 56.2 LET sólo establece las consecuencias derivadas de la opción por la readmisión —con reconocimiento de salarios de tramitación—, y que es el art. 56.1 LET —no mencionado directamente en el Auto entre los preceptos cuestionados— el que regula el régimen de opción y la cuantía correspondiente a la indemnización, sin mención a los salarios de tramitación. De todos modos, lo cierto es que esta observación se relativiza si se atiende a que el otro precepto cuestionado —el art. 110.1 LJS— sí expresa las mencionadas consecuencias del despido improcedente en cualquiera de las opciones —readmisión o indemnización—, remitiéndose a tales efectos tanto al art. 56.2 LET como al art. 56.1 LET. b) Aun cuando el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad se centre en lo dispuesto al respecto por los arts. 56 LET y 110.1 LJS —en su nueva redacción tras el Real Decreto-ley 3/2012—, debemos examinar el segundo de los reproches formulados por el Fiscal General del Estado en relación con la falta de superación del juicio de aplicabilidad, por razón, en este caso, de haberse producido el despido antes de la entrada en vigor del citado real decreto-ley, aspecto éste que ya fue puesto de relieve por el Fiscal en el trámite de audiencia ex art. 35.2 LOTC. Tal denuncia es asimismo objeto de consideración en el Auto de planteamiento de la cuestión, en el que el Magistrado Juez destaca que la aplicabilidad de la norma cuestionada por razones temporales es materia de legalidad ordinaria, atribuida a los órganos jurisdiccionales en el juicio de aplicabilidad de las normas, según consolidada jurisprudencia constitucional, y sin que de ella quepa concluir, sin más, la falta de relevancia constitucional de la cuestión. Antes al contrario, dice el órgano promotor, la norma cuestionada dispone la entrada en vigor sin condicionante alguno y sin excluir expresamente de su ámbito de aplicación los actos extintivos o despidos anteriores a su vigencia, razón por la que estos aspectos inter-temporales estén siendo controvertidos en los tribunales laborales, habiendo mediado pronunciamientos de signo diverso. Por ello, concluye el Auto, «no puede excluirse a priori la relevancia de la norma cuestionada sobre el supuesto de hecho por tales razones de Derecho transitorio». Es verdad que el Real Decreto-ley 3/2012 no incluye una disposición transitoria específica en materia de salarios de tramitación, guardando total silencio respecto al régimen a aplicar en supuestos, como el presente, en que el despido se hace efectivo antes de la reforma, pero la Sentencia se dicta con posterioridad a haber entrado en vigor: recordemos que los despidos aquí enjuiciados son de fecha 26 de diciembre de 2011 o, en su caso, de 10 de enero de 2012, y que, habiéndose presentado ya las respectivas demandas y durante la tramitación del proceso, se produjo la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012 con fecha 12 de febrero de 2012. Asiste también la razón al órgano judicial promotor cuando afirma que nos encontramos ante una duda de legalidad ordinaria, cuya resolución corresponde a los órganos judiciales. En tal sentido, hemos afirmado que «la selección de las normas aplicables, así como el análisis de su vigencia y derogación, corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria de acuerdo con el art. 117.3 CE», de modo que, según nuestra jurisprudencia, «el control por parte de este Tribunal de la selección de la norma aplicable sólo podrá producirse, en términos generales, si se ha tratado de una decisión arbitraria, manifiestamente irrazonable o si ha sido fruto de un error patente» (por todas, STC 82/2009, de 23 de marzo, FJ 6; y apuntando algunas otras circunstancias concretas, SSTC 90/1990, de 23 de mayo, FJ 4; 233/1991, de 10 de diciembre, FJ 4; 126/1994, de 25 de abril, FJ 5). Ahora bien, sin necesidad de entrar en consideraciones de índole material como las citadas —incluidas las apuntadas por el Fiscal General del Estado en torno a los efectos del art. 2 del Código civil (CC)—, en la presente cuestión de inconstitucionalidad debemos reparar en una objeción previa, derivada de la falta de determinación concluyente en el Auto de la norma seleccionada como aplicable al caso. A este respecto, y dentro del análisis relativo a los juicios de aplicabilidad y relevancia que ahora nos ocupa, no podemos ignorar el criterio seguido en recientes pronunciamientos constitucionales, en que, ante situaciones análogas de previa denuncia del carácter dudoso y discutible de la aplicabilidad de la norma cuestionada en el proceso a quo, hemos exigido un pronunciamiento específico del órgano judicial sobre la aplicación de la norma al caso, a efectos de garantizar que la resolución del litigio depende realmente de la solución que este Tribunal ofrezca sobre la constitucionalidad de la norma. En este sentido nos hemos pronunciado en la STC 84/2012, de 18 de abril, FJ 3, relativa a la cuestión de inconstitucionalidad presentada respecto al art. 138.6 de la Ley de procedimiento laboral, en el seno de un recurso de suplicación, cuando se trataba de una materia en que, según disposición legal, y conforme había alegado la parte recurrida, las Sentencias de instancia no admiten recurso. Conforme a la fundamentación de esta Sentencia, «en relación con las cuestiones previas de legalidad procesal, si bien no puede pretenderse que las mismas sean resueltas en el Auto de planteamiento de la cuestión por el órgano judicial proponente —pues esta resolución habrá de recaer en el curso del proceso y en el momento procesal oportuno—, no por ello puede quedar desatendida la necesidad de garantizar que el proceso a quo no tenga otra resolución para el propio órgano judicial que la que derive del juicio de constitucionalidad, ni el consiguiente control al respecto por parte de este Tribunal. Por ello, resulta necesario que en el Auto de planteamiento se incluya un pronunciamiento específico en este sentido, … En el presente caso la Sala proponente no efectúa consideración alguna que permita a este Tribunal llevar a cabo su necesario control sobre el juicio de relevancia desde la perspectiva que se acaba de mencionar, en orden a garantizar que la resolución del proceso judicial dependa realmente de la validez de la norma cuestionada… Puede pensarse, sin duda, que al plantear la cuestión la Sala está de hecho rechazando, implícitamente, las objeciones procesales de la parte recurrida; pero no es a través de justificaciones implícitas como este Tribunal puede controlar la razonabilidad, suficiencia y coherencia del juicio de relevancia, en orden a garantizar que la cuestión de inconstitucionalidad no se utilice para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para el proceso a quo, con la consiguiente perturbación inútil del litigio y, desde la perspectiva del proceso constitucional, con un uso del mismo no acomodado a su naturaleza». En definitiva, en este caso, fue «la inexistencia de un razonamiento de la Sala» respecto a la viabilidad de la suplicación la que llevó al Tribunal a concluir que estábamos «ante una terminante insuficiencia del juicio de relevancia». La misma doctrina se aplica en el ATC 39/2012, de 28 de febrero, FJ 5, en un litigio en el que la primera pretensión planteada por los actores era la de determinar si las normas cuestionadas eran o no aplicables a un determinado colectivo, habiendo decidido expresamente el órgano judicial elevar la cuestión de inconstitucionalidad antes de resolver sobre este punto. Pues bien, también en este caso se destacó que «se hacía necesario que en el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se hubiera incluido un pronunciamiento del órgano judicial que, aunque provisional, resultara fundado, en orden a garantizar que, una vez valorados otros parámetros legales —en este caso, el relativo a la aplicabilidad de los preceptos al colectivo afectado—, la resolución del proceso dependía realmente de la constitucionalidad de las normas cuestionadas. Esta exigencia, sin embargo, no se ha cumplido por el Tribunal que promueve la cuestión. … En definitiva, la falta de razonamiento del órgano judicial sobre la aplicación de las normas cuestionadas al colectivo objeto del conflicto implica un deficiente cumplimiento de los juicios de aplicabilidad y de relevancia exigidos en el art. 35 LOTC, pues sólo en caso de considerarse aplicables, su constitucionalidad o no resultaría relevante para la decisión del pleito». El paralelismo en este aspecto entre los pronunciamientos del Tribunal Constitucional comentados y la cuestión de inconstitucionalidad aquí examinada resulta evidente, pues también ahora, siendo controvertida la aplicación al caso de las normas cuestionadas —en este caso, por razones temporales—, y teniendo además el órgano judicial conocimiento de esta dificultad por haber sido puesta de relieve en las alegaciones del Fiscal, el Magistrado Juez rehúye emitir su propio juicio sobre el tema. Por el contrario, tras señalar en un inicio el hecho de que la norma cuestionada ha dispuesto su entrada en vigor sin exclusión expresa de los despidos anteriores, seguidamente destaca la controversia que este aspecto ha generado en los tribunales, para finalmente limitarse a señalar que «no puede excluirse a priori» la relevancia de los preceptos cuestionados en el supuesto enjuiciado por tales razones de derecho transitorio. Debemos tener presente que la mera manifestación de una duda no cumple el juicio de aplicabilidad y relevancia, y en este caso, tras exponer los términos del debate, el órgano judicial no llega a concretar su criterio sobre si la nueva regulación introducida por el Real Decreto-ley 3/2012 en materia de despido es aplicable o no al proceso en curso. De este modo, el órgano promotor pospone la resolución de este aspecto controvertido a un momento posterior al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, y así, aun en la hipótesis de que decida descartar la existencia de despido procedente o nulo y se decante por declarar su improcedencia —aspecto éste, el de la calificación del despido, sobre el que tampoco nada argumenta—, se abre la posibilidad de que finalmente llegue a considerar que la nueva regulación del Real Decreto-ley 3/2012 no es aplicable al litigio y que, en consecuencia, nos encontremos con el resultado de que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional habría resultado innecesario o indiferente para la decisión del proceso. En definitiva, a la luz de la doctrina constitucional expuesta, hemos de concluir que, en este caso, no se han satisfecho suficientemente los juicios de aplicabilidad y relevancia exigidos por el art. 35 LOTC, circunstancia que, por sí sola y sin necesidad de entrar en el fondo, determina la inadmisión a trámite de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en aplicación de lo dispuesto en el art. 37.1 LOTC. Por lo expuesto, el Pleno ACUERDA Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad. Publíquese este Auto en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil doce.–Pascual Sala Sánchez.–Ramón Rodríguez Arribas.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

Excms. Srs. don Pascual Sala Sánchez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas. AUTO I. Antecedentes 1. El 19 de abril de 2012 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid al que se acompaña, junto con el testimonio del procedimiento núm. 88-2012, sobre despido, que se tramita ante dicho Juzgado, el Auto de 16 de abril de 2012, por el que el citado Juzgado acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a los arts. 18.8, 23.1 y 23.2 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, mediante los que se modifican el art. 56.2 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en adelante, LET), y los arts. 110.1 y 111 b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (en adelante, LJS), por posible vulneración de los arts. 14, 24.1, 35, 41 y 86.1 CE. 2. Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, en síntesis, los siguientes: a) El día 18 de enero de 2012, don Marius Onofrei, don César Ángel Rodríguez Viñol y, don Miguel Ángel Casero Martínez, presentaron cada uno de ellos demanda de despido frente a la empresa Enjarolla, S.L. En sus respectivas demandas, don Marius Onofrei y don Miguel Ángel Casero Martínez hicieron constar su vinculación con la citada empresa mediante contrato de trabajo indefinido, así como la notificación por escrito de su despido disciplinario con fecha 26 de diciembre de 2011. En cambio, don César Ángel Rodríguez Viñol y puso de manifiesto en su demanda que su vinculación laboral con la empresa se había concertado de forma verbal, sin que contara con contrato escrito, y que asimismo la comunicación de su despido se había producido verbalmente el día 26 de diciembre de 2011. En las tres demandas se solicitaba que el Juzgado de lo Social declarara la nulidad del despido disciplinario o, subsidiariamente, su improcedencia, condenando a la empresa demandada a que, a su opción, procediera a la readmisión de los trabajadores en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o al abono de la indemnización que legalmente correspondía, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la extinción del contrato hasta la notificación de la Sentencia. Las demandas tuvieron entrada el día 19 de enero de 2012 en el Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid, que por Decreto de 24 de enero de 2012 acordó su admisión a trámite. También con fecha 24 de enero de 2012 se dictó Auto por el que se acordó la acumulación de procesos en virtud del art. 28 LJS (demanda núm. 88-2012, a la que se acumulan los autos 89-2012 y 90-2012). b) Con fecha 3 de febrero de 2012, don Miguel Ángel Casero Martínez presentó nueva demanda de despido, tras haber recibido comunicación de la empresa el día 13 de enero de 2012, en la que, en aplicación del art. 55.2 LET, se decía proceder a subsanar los defectos existentes en el escrito de 26 de diciembre de 2011, fijando como nueva fecha de despido la de 10 de enero de 2012. Nuevamente, en esta demanda se volvía a solicitar que el Juzgado de lo Social declarara la nulidad del despido disciplinario o, subsidiariamente, su improcedencia, condenando a la empresa demandada a que, a su opción, procediera a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o al abono de la indemnización que legalmente correspondía, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la extinción del contrato hasta la notificación de la Sentencia. La demanda tuvo entrada en el Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid el día 6 de febrero de 2012 y se procedió a acordar su admisión a trámite mediante Decreto de 10 de febrero de 2012. Asimismo, con fecha también de 10 de febrero de 2012, se dictó Auto por el que, en virtud de lo dispuesto en el art. 32.2 LJS, se acordaba la acumulación de los presentes autos (demanda núm. 161-2012) a los tramitados en el mismo Juzgado con el número 88-2012. c) Tras la celebración del acto del juicio el día 29 de febrero de 2012, concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar Sentencia, el Magistrado Juez dictó providencia el día 7 de marzo de 2012, por la que, conforme a lo dispuesto en el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días pudieran alegar lo que desearan sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta, respecto de los arts. 18.8 y 23.1 y 2 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que modifican el art. 56.2 LET y los arts. 110.1 y 111 b) LJS, así como, en su caso, de aquellos otros de la misma disposición con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. En dicha providencia se especificaban los aspectos de posible duda de constitucionalidad que se consideraban necesarios para la resolución del litigio y que, en concreto, eran los siguientes: – Falta de los presupuestos habilitantes de fundamento, concordancia y motivación para la modificación completa por vía de decreto-ley de la regulación del despido, incluido el disciplinario (art. 86.1 CE); – posible vulneración de la igualdad ante la ley (art. 14 CE), en la diferencia de trato entre trabajadores con derecho a prestaciones de desempleo y los que carecen de él en caso de improcedencia y opción por la indemnización por el empre ### RESUMEN: TC inadmite cuestión de inconstitucional sobre la reforma laboral.

Los magistrados del Tribunal Constitucional ya están repartidos en salas y secciones

En virtud de lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2013, ha dispuesto la siguiente composición de las Salas y Secciones, que entrará en vigor a partir de la fecha de la adopción del presente Acuerdo: Artículo 1. 1. La Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos. 2. La Sección Primera, de la Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías y don Juan Antonio Xiol Ríos. 3. La Sección Segunda, de la Sala Primera, presidida por don Luis Ignacio Ortega Álvarez, estará integrada por don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Andrés Ollero Tassara y don Santiago Martínez-Vares García. Artículo 2. 1. La Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Francisco José Hernando Santiago, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López. 2. La Sección Tercera, de la Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Juan José González Rivas y don Pedro José González-Trevijano Sánchez. 3. La Sección Cuarta, de la Sala Segunda, presidida por don Francisco José Hernando Santiago, estará integrada por don Francisco José Hernando Santiago, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Enrique López y López. Madrid, 26 de junio de 2013.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

En virtud de lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2013, ha dispuesto la siguiente composición de las Salas y Secciones, que entrará en vigor a partir de la fecha de la adopción del presente Acuerdo: Artículo 1. 1. La Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos. 2. La Sección Primera, de la Sala Primera, presidida por el Presidente del Tribunal, estará integrada por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías y don Juan Antonio Xiol Ríos. 3. La Sección Segunda, de la Sala Primera, presidida por don Luis Ignacio Ortega Álvarez, estará integrada por don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Andrés Ollero Tassara y don Santiago Martínez-Vares García. Artículo 2. 1. La Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Francisco José Hernando Santiago, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López. 2. La Sección Tercera, de la Sala Segunda, presidida por la Vicepresidenta del Tribunal, estará integrada por doña Adela Asua Batarrita, don Juan José González Rivas y don Pedro José González-Trevijano Sánchez. 3. La Sección Cuarta, de la Sala Segunda, presidida por don Francisco José Hernando Santiago, estará integrada por don Francisco José Hernando Santiago, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Enrique López y López. Madrid, 26 de junio de 2013.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. ### RESUMEN: Los magistrados del Tribunal Constitucional ya están repartidos en salas y secciones

Campaña de TV de la Diputación de Tarragona para promocionar Costa Daurada por importe total de 330.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. b) Dependencia que tramita el expediente: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. c) Número de expediente: 1 PTDT/CD/16.-CONT. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://pdc.diputaciodetarragona.cat. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación del servicio de la gestión de la campaña de publicidad en televisión y en TV online a la carta para la promoción de la Costa Daurada. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341200b. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/04/16. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto armonizado. 4. Valor estimado del contrato: 272.727,27 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 272.727,27 euros. Importe total: 330.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 02/06/16. b) Fecha de formalización del contrato: 03/06/16. c) Contratista: Proximia Havas SL. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 272.727,27 euros. Importe total: 330.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los cirterios establecidos en los pliegos. Tarragona, 23 de junio de 2016.- El Secretario delegado, Manel Jardi Boquera.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. b) Dependencia que tramita el expediente: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. c) Número de expediente: 1 PTDT/CD/16.-CONT. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://pdc.diputaciodetarragona.cat. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación del servicio de la gestión de la campaña de publicidad en televisión y en TV online a la carta para la promoción de la Costa Daurada. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341200b. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/04/16. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto armonizado. 4. Valor estimado del contrato: 272.727,27 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 272.727,27 euros. Importe total: 330.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 02/06/16. b) Fecha de formalización del contrato: 03/06/16. c) Contratista: Proximia Havas SL. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 272.727,27 euros. Importe total: 330.000,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los cirterios establecidos en los pliegos. Tarragona, 23 de junio de 2016.- El Secretario delegado, Manel Jardi Boquera. ### RESUMEN: Campaña de TV de la Diputación de Tarragona para promocionar Costa Daurada por importe total de 330.000,00 euros.

Funcionarios con hijos hasta 12 años o discapacitados tienen derecho a coger jornada intensiva en verano

el punto 7.2 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012 el art. 12 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero , por Resolución de 28 de febrero de 2019 La Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, recoge la regulación sobre jornadas y horarios del personal civil de la Administración General del Estado. El artículo 7 de esta Resolución de 28 de diciembre de 2012 se refiere a la jornada de verano. La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, en la que están representada la Administración del Estado y las organizaciones sindicales más representativas de la misma, consensuó, en la reunión celebrada el día de 30 de mayo, una propuesta de modificación de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, con el fin de prolongar, por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, el periodo de jornada intensiva o de verano para quienes tienen a su cargo a una persona con discapacidad. Hasta ahora, la normativa vigente concedía este derecho de acogerse a la modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, a los empleados públicos de la Administración del Estado con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, con el fin de adecuar su jornada laboral a las jornadas de verano frecuentes en muchos centros docentes. Lo acordado supone ampliar esta posibilidad a quienes tengan a su cargo a una persona con discapacidad al menos un 33 %, y siempre que convivan con el solicitante y dependan de este. En base a todo lo anterior, esta Secretaría de Estado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, resuelve: Primero. Se modifica el segundo párrafo del punto 7.2 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, que queda redactado de la siguiente forma: «Por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, los empleados públicos con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, o sin límite de edad en el supuesto de discapacidad superior o igual al 33 % de los anteriores, y siempre que convivan con el solicitante y dependan de este, estando a su cargo, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre. Este derecho podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.» Segundo. Lo dispuesto en esta Resolución deberá ser tenido en cuenta por los Subsecretarios, así como por los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos y entidades públicas y por los Delegados del Gobierno en sus respectivas Comunidades Autónomas, cuando aprueben los calendarios laborales correspondientes a sus respectivos ámbitos. Tercero. La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 12 de junio de 2017.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez.

el punto 7.2 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012 el art. 12 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero , por Resolución de 28 de febrero de 2019 La Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, recoge la regulación sobre jornadas y horarios del personal civil de la Administración General del Estado. El artículo 7 de esta Resolución de 28 de diciembre de 2012 se refiere a la jornada de verano. La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, en la que están representada la Administración del Estado y las organizaciones sindicales más representativas de la misma, consensuó, en la reunión celebrada el día de 30 de mayo, una propuesta de modificación de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, con el fin de prolongar, por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, el periodo de jornada intensiva o de verano para quienes tienen a su cargo a una persona con discapacidad. Hasta ahora, la normativa vigente concedía este derecho de acogerse a la modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, a los empleados públicos de la Administración del Estado con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, con el fin de adecuar su jornada laboral a las jornadas de verano frecuentes en muchos centros docentes. Lo acordado supone ampliar esta posibilidad a quienes tengan a su cargo a una persona con discapacidad al menos un 33 %, y siempre que convivan con el solicitante y dependan de este. En base a todo lo anterior, esta Secretaría de Estado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, resuelve: Primero. Se modifica el segundo párrafo del punto 7.2 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, que queda redactado de la siguiente forma: «Por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, los empleados públicos con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, o sin límite de edad en el supuesto de discapacidad superior o igual al 33 % de los anteriores, y siempre que convivan con el solicitante y dependan de este, estando a su cargo, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre. Este derecho podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.» Segundo. Lo dispuesto en esta Resolución deberá ser tenido en cuenta por los Subsecretarios, así como por los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos y entidades públicas y por los Delegados del Gobierno en sus respectivas Comunidades Autónomas, cuando aprueben los calendarios laborales correspondientes a sus respectivos ámbitos. Tercero. La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 12 de junio de 2017.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez. ### RESUMEN: Funcionarios con hijos hasta 12 años o discapacitados tienen derecho a coger jornada intensiva en verano

La Gran Cruz del Mérito Civil concedida ayer al ministro de Interior de Marruecos

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Mohamed Hassad, Ministro del Interior del Reino de Marruecos, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de septiembre de 2015, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Dado en Madrid, el 4 de septiembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Mohamed Hassad, Ministro del Interior del Reino de Marruecos, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de septiembre de 2015, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Dado en Madrid, el 4 de septiembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL ### RESUMEN: La Gran Cruz del Mérito Civil concedida ayer al ministro de Interior de Marruecos

Las 41 candidaturas presentadas a las elecciones europeas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 220.5, en relación con el 47.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, esta Presidencia ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las candidaturas que a continuación se relacionan, presentadas a las elecciones al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a celebrar el 25 de mayo de 2014. Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez. CANDIDATURA NÚMERO 1 INICIATIVA FEMINISTA (I.FEM) 1. Doña Juana María Santana Hernández. 2. Doña Consuelo Mira Tornadijo. 3. Doña María Jesús Rodríguez Cuevas. 4. Don Javier Gonzálvez Avellana. 5. Don Alfonso Francisco Marco Calvo. 6. Doña Ana María Valverde Sánchez. 7. Doña Marina Esteban Sastre. 8. Doña María Antonia Moreno Llaneza. 9. Don Enric Royo Rajadell. 10. Don Francisco Modesto Mireles Betancor. 11. Doña María de los Ángeles Joaquina Munuera Bassols. 12. Doña María Soledad Mochales López. 13. Doña María Jesús López Cañete. 14. Don José César Antón Pascual. 15. Don José Fernández Díaz. 16. Doña María Pilar Pallás López. 17. Doña Isabel Mira Tornadijo. 18. Doña Alicia María Bolaños Naranjo. 19. Don Jaime Alfonso Beneyto Gasset. 20. Don Ángel Alberto Vega Cancio. 21. Doña Ester Aurelia Andrés y del Alar. 22. Doña María Castro Carrascosa. 23. Doña Begoña Ferreira Vidal. 24. Don Jesús Pedrós Cholvi. 25. Don Luis Jacobo Jaume Saura. 26. Doña María Ángeles Pérez Reyes. 27. Doña María Rosa Cervera Salinas. 28. Doña María Teresa Barbero Arcos. 29. Don Vicente Igor Galduf Cabañas. 30. Don Blas Caballero Martínez. 31. Doña Cristina Gonzálvez Mira. 32. Doña María Teresa Vidal Ferreres. 33. Doña Vicenta Sanz Bellver. 34. Don José Vicente López Roger. 35. Don Alberto Antonio Hernández Ramos. 36. Doña Dolores Luz Bravo de Laguna Muñoz. 37. Doña Ana María Miguel Mínguez. 38. Doña Mireia Neus Renau Claramonte. 39. Don Rafael López Cañete. 40. Don Héctor Conde Rodríguez. 41. Doña Antonia Caballero Rubio. 42. Doña Tibisay Pérez Cervera. 43. Doña Estefanía Morcillo Dorta. 44. Don Juan Bernal Giménez. 45. Don Pere Serra Guardia. 46. Doña María Teresa Rodríguez de la Fuente. 47. Doña Ana María Álvarez Montalbán. 48. Doña Juana María Domínguez Ramos. 49. Don José Antonio Tamayo Arana. 50. Don Julio Palomares Collado. 51. Doña María Luisa Tardío Alonso. 52. Don Régulo Daniel Hernández Talavera. 53. Don Iván Velasco Egido. 54. Doña Nathalia Solarte Clavijo. Suplentes 1. Doña María Concepción Martos García. 2. Doña María Dolores del Carmen García Arencibia. 3. Don Vicente Jesús Travieso Rodríguez. 4. Doña María Pino Vega Romero. 5. Don Edgar Miguel Hernández Talavera. 6. Doña María del Carmen Velasco Egido. 7. Doña María Luisa Salvador Vicente. 8. Doña María del Carmen Garcerá Marco. 9. Don Juan Rafael Hierro Rivero. 10. Don Manuel Javier Castro Fernández. CANDIDATURA NÚMERO 2 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 1. Doña Elena Valenciano Martínez-Orozco. 2. Don Ramón Jáuregui Atondo. 3. Doña Soledad Cabezón Ruiz. 4. Don Juan Fernando López Aguilar. 5. Doña Iratxe García Pérez. 6. Don Javier López Fernández. 7. Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. 8. Don Enrique Guerrero Salom. 9. Doña Eider Gardiazábal Rubial. 10. Don José Blanco López. 11. Doña Clara Eugenia Aguilera García. 12. Don Sergio Gutiérrez Prieto. 13. Doña Inés Ayala Sender. 14. Don Jonás Fernández Álvarez. 15. Doña Esther Niubó Cidoncha. 16. Don Borja Cabezón Royo. 17. Doña María del Carmen Ortiz Rivas. 18. Don Ricardo Cortés Lastra. 19. Doña María Begoña García Bernal. 20. Don Pere Joan Pons Sampietro. 21. Doña María Paloma Muñiz de Urquiza. 22. Don Juan Ramón Ferreira Alonso. 23. Doña Isabel Casalduero Jódar. 24. Don Alejandro Colldefors Bergnes de las Casas. 25. Doña Rosa María Balas Torres. 26. Don José Manuel Domínguez López. 27. Doña Concepción Andreu Rodríguez. 28. Don Alfonso Carlos Mateo Miranda. 29. Doña Izaskun Bernal Cerdeira. 30. Don Mohammed Azahaf Moumen. 31. Doña María Paz Ojeda Giménez. 32. Don Samuel Falomir Sancho. 33. Doña Ángela Sabater García. 34. Don Sergio Chueca Urzay. 35. Doña Maider Laínez Lazcoz. 36. Don Antonio Luengo Rodríguez. 37. Doña Diana Salvadó Artells. 38. Don Juan Francisco Rodríguez Sánchez. 39. Doña María del Cristo Dorta López. 40. Don Eduard Rivas Mateo. 41. Doña Estefanía Torres Sánchez. 42. Don Nicolás González Casares. 43. Doña Naxalli Lozano Hernández. 44. Don Eduardo Abascal Falces. 45. Doña Carmen Espín Quirante. 46. Don Emilio Ivars Ferrer. 47. Doña Ángela María López Vargas. 48. Don Santiago Ekain Rico Lezama. 49. Doña María Bella Martín Eugenio. 50. Don José Ángel Santoro Estévez. 51. Doña Saray Soria García. 52. Don Miquel Company Pons. 53. Doña Rosa Peñalver Pérez. 54. Don Miguel Ángel Martínez Martínez. Suplentes 1. Doña Estela Goicoechea Alonso. 2. Don Miguel Chover Lara. 3. Doña Rosa María Orriols Ramos. 4. Don José Ramón Funes Toyos. 5. Doña Miriam Ruiz Sanz. 6. Don Óscar Pérez Suárez. La candidatura adoptará la denominación que se expresa en la Comunidad Autónoma que se indica: A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Cataluña adoptará la siguiente denominación: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Doña Elena Valenciano Martínez-Orozco. Don Javier López Fernández. Doña Esther Niubó Cidoncha. Don Alejandro Colldefors Bergnes de las Casas. Doña Diana Salvadó Artells. Don Eduard Rivas Mateo. Suplentes Doña Rosa María Orriols Ramos. CANDIDATURA NÚMERO 3 PARTIDO POPULAR (P.P.) 1. Don Miguel Arias Cañete. 2. Don Esteban González Pons. 3. Doña María Teresa Jiménez Becerril Barrio. 4. Don Luis de Grandes Pascual. 5. Doña Pilar del Castillo Vera. 6. Don Ramón Luis Valcárcel Siso. 7. Doña María Rosa Estarás Ferragut. 8. Don Francisco José Millán Mon. 9. Don Pablo Zalba Bidegain. 10. Doña Verónica Lope Fontagne. 11. Don Antonio López-Istúriz White. 12. Don Santiago Fisas Atxela. 13. Don Gabriel Mato Adrover. 14. Doña María del Pilar Ayuso González. 15. Doña María Esther Herranz García. 16. Don Agustín Díaz de Mera García Consuegra. 17. Don Carlos Iturgaiz Angulo. 18. Don José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra. 19. Doña María Auxiliadora Correa Zamora. 20. Doña Eva Ortíz Vilella. 21. Don Pablo Arias Echeverría. 22. Don Salvador Garriga Polledo. 23. Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta. 24. Doña María Luisa Peón Pérez. 25. Doña María del Carmen Pardo López. 26. Don Juan Andrés Naranjo Escobar. 27. Don Pablo José Venzal Contreras. 28. Doña Sofía Acedo Reyes. 29. Doña Rocío Salcedo López. 30. Don Antonio Pablo González Terol. 31. Don Javier Fernández Soberón. 32. Doña María Roldán García. 33. Doña Zoe Iratxe Nubla Durango. 34. Don Francisco Javier Bermúdez Carrillo. 35. Don Juan Carlos Caballero Montañés. 36. Doña Mirian Rabaneda Gudiel. 37. Don Pedro Juan Muriel Tato. 38. Don Francisco Javier Bravo Fernández. 39. Doña Andrea Levy Soler. 40. Don Enrique Sánchez-Guijo Acevedo. 41. Doña Noelia Moreno Hernández. 42. Don Fernando Ledesma Gelas. 43. Don José Luis Torres Gutiérrez. 44. Doña Marta Lorenzo Cavero. 45. Don Marino Arranz Boal. 46. Don Marius Ionel Ioan . 47. Don Daniel Ortíz Espejo. 48. Doña Irene Isabel Oliver Montell. 49. Doña Silvia Muñoz Moreno. 50. Doña Ana María de Requesens Moll. 51. Don Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita. 52. Doña María Isabel Fernández Pérez. 53. Doña Carla Miralles Castella. 54. Don Federico Pozuelo Vidal. Suplentes 1. Doña María Inmaculada Múgica Ustarroz. 2. Don Juan Calvo Basarán. 3. Don José Ortíz Pintor. 4. Doña Eloisa Trillo-Figueroa Ávila. 5. Doña Cristina Flora Molina Ciudad. CANDIDATURA NÚMERO 4 COALICIÓN POR EUROPA (CEU) 1. Don Ramón Tremosa i Balcells (CiU). 2. Doña Izaskun Bilbao Barandica (EAJ-PNV). 3. Don Francesc de Paula Gambús i Millet (CiU). 4. Don José Javier Morales Febles (Cca-PNC). 5. Doña Mireia Canals i Botines (CiU). 6. Don Paulo Carlos López López (CxG). 7. Doña Izaskun Goñi Razquin (EAJ-PNV). 8. Doña Monserrat Aymamí i Viade (CiU). 9. Don David Fernando Baso Díaz (Cca-PNC). 10. Doña Marta Canós i Solé (CiU). 11. Don Xabier Ezeizabarrena Saenz (EAJ-PNV). 12. Don Luca Bellizzi i Cerri (CiU). 13. Doña María Beatriz Acosta Guerra (Cca-PNC). 14. Doña Olga Ortiz i Moreno (CiU). 15. Don Óscar Carballo Iglesias (CxG). 16. Doña Idoia Goiri Zamora (EAJ-PNV). 17. Doña Carmen Dolores Morales Rodríguez (Cca-PNC). 18. Don Gerard Vidal i Pallarès (CiU). 19. Don Josep Maria Llop i Rigol (CiU). 20. Don Jordi Agràs i Estalella (CiU). 21. Don José Carmelo Afonso Ramírez (Cca-PNC). 22. Don Martí Pujals i Castelló (CiU). 23. Doña Inmaculada López Silva (CxG). 24. Don Joseba Koldobika Bilbao Uriarte (EAJ-PNV). 25. Doña Lidia Aixalà i Coll (CiU). 26. Don Simó Schwartz i Riera (CiU). 27. Don Adargoma Hernandéz Rodríguez (Cca-PNC). 28. Doña Eider Mendoza Larrañaga (EAJ-PNV). 29. Doña Pilar Giró i Román (CiU). 30. Don Miguel Garai Rodríguez de Mendarozketa (EAJ-PNV). 31. Doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea (EAJ-PNV). 32. Doña Joan Pere Gómez i Comés (CiU). 33. Doña Teba Conde Herrezuelo (CxG). 34. Don Francesc Sabanés i Serra (CiU). 35. Don Luke Uribe-Etxebarria Apalategui (EAJ-PNV). 36. Don Xavier Giner i Cros (CiU). 37. Doña Maria Victoria Urresti García (EAJ-PNV). 38. Doña Marta Canales i Portolès (CiU). 39. Don Iñaki Agirre Arizmendi (EAJ-PNV). 40. Doña Estefania Serrano i Agudo (CiU). 41. Don Pere Morán i Ortigosa (CiU). 42. Doña Susana Ribero i Baughman (CiU). 43. Doña Diana Gonzaléz García (EAJ-PNV). 44. Don Victor Andrés Álvarez Arias (CxG). 45. Doña Nahikari Otermin Soroa (EAJ-PNV). 46. Don Andrés Nuñez Rajoy (CxG). 47. Don Joseba Iñaki Arregi Orue (EAJ-PNV). 48. Doña Susana Cano i Olmos (CiU). 49. Don Aitor Ibarra Herrero (EAJ-PNV). 50. Doña Roser Capdevila i Saureu (CiU). 51. Don Abraham Darias Barroso (Cca-PNC). 52. Doña Attissa Tirma Jimeno i Sánchez (CiU). 53. Doña Miren Martiarena Barkaiztegi (EAJ-PNV). 54. Don Marc Guerrero i Tarragó (CiU). Suplentes 1. Don Josep Palau i Castells (CiU). 2. Doña Maixabell Azpillaga Aranbarri (EAJ-PNV). 3. Don Jordi Barón i Escriche (CiU). 4. Don Alexander Zapirain Gorostegui (EAJ-PNV). 5. Doña Maria Xosé Alfonso Torres (CxG). 6. Doña Amaia Arrizabalaga Idiakez (EAJ-PNV). 7. Don Marcel Sayol i Quadres (CiU). 8. Don Mikel Zamakona Usubiaga (EAJ-PNV). 9. Doña Sílvia Mayor i Gutiérrez (CiU). 10. Don Sergi Ocaña i Llanes (CiU). La candidatura adoptará la denominación que se expresa en la Comunidad Autónoma que se indica: A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Canarias adoptará la siguiente denominación: COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO- COALICIÓN POR EUROPA (CCA-PNC), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don José Javier Morales Febles (Cca-PNC). Don David Fernando Baso Díaz (Cca-PNC). Doña María Beatriz Acosta Guerra (Cca-PNC). Doña Carmen Dolores Morales Rodríguez (Cca-PNC). Don José Carmelo Afonso Ramírez (Cca-PNC). Don Adargoma Hernandéz Rodríguez (Cca-PNC). Don Abraham Darias Barroso (Cca-PNC). A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Cataluña adoptará la siguiente denominación: CONVERGÈNCIA I UNIÓ - COALICIÓ PER EUROPA (CIU), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don Ramón Tremosa i Balcells (CiU). Don Francesc de Paula Gambús i Millet (CiU). Doña Mireia Canals i Botines (CiU). Doña Monserrat Aymamí i Viade (CiU). Doña Marta Canós i Solé (CiU). Don Luca Bellizzi i Cerri (CiU). Doña Olga Ortiz i Moreno (CiU). Don Gerard Vidal i Pallarès (CiU). Don Josep Maria Llop i Rigol (CiU). Don Jordi Agràs i Estalella (CiU). Don Martí Pujals i Castelló (CiU). Doña Lidia Aixalà i Coll (CiU). Don Simó Schwartz i Riera (CiU). Doña Pilar Giró i Román (CiU). Don Joan Pere Gómez i Comés (CiU). Don Francesc Sabanés i Serra (CiU). Don Xavier Giner i Cros (CiU). Doña Marta Canales i Portolès (CiU). Doña Estefania Serrano i Agudo (CiU). Don Pere Morán i Ortigosa (CiU). Doña Susana Ribero i Baughman (CiU). Doña Susana Cano i Olmos (CiU). Doña Roser Capdevila i Saureu (CiU). Doña Attissa Tirma Jimeno i Sánchez (CiU). Don Marc Guerrero i Tarragó (CiU). Suplentes Don Josep Palau i Castells (CiU). Don Jordi Barón i Escriche (CiU). Don Marcel Sayol i Quadres (CiU). Doña Sílvia Mayor i Gutiérrez (CiU). Don Sergi Ocaña i Llanes (CiU). A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Galicia adoptará la siguiente denominación: COMPROMISO POR GALICIA - COALICIÓN POR EUROPA (CXG), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don Paulo Carlos López López (CxG). Don Óscar Carballo Iglesias (CxG). Doña Inmaculada López Silva (CxG). Doña Teba Conde Herrezuelo (CxG). Don Victor Andrés Álvarez Arias (CxG). Don Andrés Nuñez Rajoy (CxG). Suplentes Doña Maria Xosé Alfonso Torres (CxG). A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Foral de Navarra adoptará la siguiente denominación: EUZKO ALDERDI JELTZALEA- PARTIDO NACIONALISTA VASCO COALICIÓN POR EUROPA- EUROPARAKO KOALIZIOA (EAJ-PNV), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Doña Izaskun Bilbao Barandica (EAJ-PNV). Doña Izaskun Goñi Razquin (EAJ-PNV). Don Xabier Ezeizabarrena Saenz (EAJ-PNV). Doña Idoia Goiri Zamora (EAJ-PNV). Don Joseba Koldobika Bilbao Uriarte (EAJ-PNV). Doña Eider Mendoza Larrañaga (EAJ-PNV). Don Miguel Garai Rodríguez de Mendarozketa (EAJ-PNV). Doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea (EAJ-PNV). Don Luke Uribe-Etxebarria Apalategui (EAJ-PNV). Doña Maria Victoria Urresti García (EAJ-PNV). Don Iñaki Agirre Arizmendi (EAJ-PNV). Doña Diana Gonzaléz García (EAJ-PNV). Doña Nahikari Otermin Soroa (EAJ-PNV). Don Joseba Iñaki Arregi Orue (EAJ-PNV). Don Aitor Ibarra Herrero (EAJ-PNV). Doña Miren Martiarena Barkaiztegi (EAJ-PNV). Suplentes Doña Maixabel Azpillaga Aranbarri (EAJ-PNV) (Independiente). Don Alexander Zapirain Gorostegui (EAJ-PNV) (Independiente). Doña Amaia Arrizabalaga Gorostegui (EAJ-PNV) (Independiente). Don Mikel Zamakona Usubiaga (EAJ-PNV) (Independiente). A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma del País Vasco adoptará la siguiente denominación: EUZKO ALDERDI JELTZALEA- PARTIDO NACIONALISTA VASCO COALICIÓN POR EUROPA- EUROPARAKO KOALIZIOA (EAJ-PNV), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Doña Izaskun Bilbao Barandica (EAJ-PNV). Doña Izaskun Goñi Razquin (EAJ-PNV). Don Xabier Ezeizabarrena Saenz (EAJ-PNV). Doña Idoia Goiri Zamora (EAJ-PNV). Don Joseba Koldobika Bilbao Uriarte (EAJ-PNV). Doña Eider Mendoza Larrañaga (EAJ-PNV). Don Miguel Garai Rodríguez de Mendarozketa (EAJ-PNV). Doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea (EAJ-PNV). Don Luke Uribe-Etxebarria Apalategui (EAJ-PNV). Doña Maria Victoria Urresti García (EAJ-PNV). Don Iñaki Agirre Arizmendi (EAJ-PNV). Doña Diana Gonzaléz García (EAJ-PNV). Doña Nahikari Otermin Soroa (EAJ-PNV). Don Joseba Iñaki Arregi Orue (EAJ-PNV). Don Aitor Ibarra Herrero (EAJ-PNV). Doña Miren Martiarena Barkaiztegi (EAJ-PNV). Suplentes Doña Maixabell Azpillaga Aranbarri (EAJ-PNV). Doña Alexander Zapirain Gorostegui (EAJ-PNV). Doña Amaia Arrizabalaga Idiakez (EAJ-PNV). Doña Mikel Zamakona Usubiaga (EAJ-PNV). CANDIDATURA NÚMERO 5 FORO DE CIUDADANOS (FAC) 1. Don Argimiro Rodríguez Guerra. 2. Doña Carolina Morilla Cernuda. 3. Don Ignacio Onís Peral. 4. Don Albano Longo Alvárez. 5. Doña Patricia García Villanueva. 6. Doña Maria del Carmen Moriyón Entrialgo. 7. Don Eduardo Enrique Martínez Llosa. 8. Don José Modesto Vallejo Ibáñez. 9. Doña Rosario Montserrat Fernández Román. 10. Don Sergio Hidalgo Alonso. 11. Don Carlos Javier Puente Fernández. 12. Don José Ron Méndez. 13. Don José Félix Fernández Fernández. 14. Doña M.ª de las Mercedes Traviesa Priede. 15. Doña Rosa María Domínguez de Posada Puertas. 16. Don Juan José Vega Alonso. 17. Doña M.ª Covadonga García Llana. 18. Don Pedro Leal Llaneza. 19. Don José María Navia-Osorio García-Braga. 20. Doña María Jesús Alonso Collado. 21. Don Inaciu Iglesias Fernández. 22. Don José Luis Magro Esteban. 23. Don Pablo Sánchez Lorda. 24. Doña Maria Teresa Domínguez Murias. 25. Doña Maria Belén Arganza Alvaro. 26. Don Sixto Antonio Orejas Pedregal. 27. Doña Maria Eugenia del Valle Maquinay. 28. Don Manuel Angel Rosal Rodríguez. 29. Don Juan Carlos Fernández González. 30. Doña María del Camino Gutiérrez Gutiérrez. 31. Don José Manuel Fernández Lavandera. 32. Doña Maria Paloma Menéndez Prado. 33. Don José Antonio Rodríguez Rugarcía. 34. Doña Maria Isabel Marqués García. 35. Don Manuel Antonio López Tamargo. 36. Don Enrique Lanza Morán. 37. Don Manuel Fano Alonso. 38. Don Pablo Calvo Labra. 39. Doña M.ª del Mar García Poó. 40. Doña M.ª del Carmen Fernández Gómez. 41. Don Manuel Peña Sánchez. 42. Doña M.ª Teresa Alonso Pérez. 43. Don José Antonio Martínez Fernández. 44. Doña Esther Landa Riera. 45. Don Juan Ramón Campo Fernández. 46. Doña Marina Huerta Vega. 47. Don Pelayo Roces Arbesú. 48. Doña Cristina Coto de la Mata. 49. Don Isidro Manuel Martínez Oblanca. 50. Don Enrique Alvárez Sostres. 51. Doña Concepción Lago Alvárez. 52. Don Miguel Ángel Conde León. 53. Doña Patricia Díez Isla. 54. Don Francisco Alvárez-Cascos Fernández. Suplentes 1. Don Andres Francisco Llavona Fernández. 2. Don Fernando José González Landa. 3. Don Luis Manuel González-Busto Fernández. 4. Doña Josefina M.ª Asunción Collado Huergo. 5. Doña Patricia Rodríguez García. CANDIDATURA NÚMERO 6 UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPYD) 1. Don Francisco Sosa Wagner. 2. Doña María Teresa Pagazaurtundúa Ruiz. 3. Don Fernando Maura Barandiarán. 4. Doña Beatriz Becerra Basterrechea. 5. Don Enrique Calvet Chambon. 6. Doña María Teresa Giménez Barbat. 7. Don Humberto Rodríguez Solla. 8. Don José Ignacio Fernández Gonzalo. 9. Doña Noelia Losada Moreno. 10. Don Modesto Ogea Martínez-Orozco. 11. Don Juan Luis Calbarro Morales. 12. Doña Maria Yolanda Sánchez Moya. 13. Don Cesáreo Hernández Iglesias. 14. Don Emilio Guerra Muñoz. 15. Doña Marta Martín Llaguno. 16. Doña María Belén Alcalde Sánchez. 17. Don Javier Ordóñez Monfort. 18. Doña Irene Romea Anadón. 19. Don José Antonio de Lorenzo Pardo. 20. Don Miguel Ángel González Suárez. 21. Don Javier Elías Mier Sáinz. 22. Doña María Codés Echalecu Elso. 23. Doña Carmen Lourdes García González. 24. Don Manuel Feliciano Pavón Mayo. 25. Don Manuel Aguirre Sarasua. 26. Don José Francisco Sigüenza García. 27. Doña Natalia Prieto Risco. 28. Don Carlos Javier Silva Campañón. 29. Doña Diana Elisabhet Rubio Calero. 30. Doña Encarnación Lopez García de Quiros. 31. Doña Carmen Delia Morales Vega. 32. Doña Isabel Romero Arévalo. 33. Don Ramiro Solanes Calatayud. 34. Don Pedro Ortún Silván. 35. Don José María Castellano Martínez. 36. Doña Elena Ibor Mallor. 37. Doña Lexuri Olabarriaga Díaz. 38. Don Carlos Aparicio Tejedor. 39. Don Pablo Quesada Ruiz. 40. Don Eduardo Trillo de Martín-Pinillos. 41. Doña Ainhoa Maye Soroa. 42. Doña María de los Dolores Soto Pérez. 43. Don David José Devesa Rodríguez. 44. Don Leopoldo Arranz Carrillo de Albornoz. 45. Don Luis Alberto Zumel Vara. 46. Doña Ana Carlota Amigo Piquero. 47. Doña Águeda Arranz Fernández. 48. Don Lucas María Calvo Pérez. 49. Don José Vicente Pi Garcia. 50. Don José Conde Pérez. 51. Doña María del Mar García Villares. 52. Don Carlos Rey García. 53. Doña María Victoria Fernández-Savater Martín. 54. Don Aurelio Alfonso María Arteta Aísa. Suplentes 1. Don Agustín Olivares Muñoz. 2. Don Víctor Manuel Ortega Lacalle. 3. Doña Begoña Ortiz Fuentes. CANDIDATURA NÚMERO 7 PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) 1. Doña Laura Duarte Domínguez. 2. Don Luis Víctor Moreno Barbieri. 3. Doña Patricia Oller Martínez. 4. Doña Lorena Gabaldón Aguado. 5. Don Eduardo Antonio Arañó Hidalgo. 6. Doña Olga García Sanz. 7. Don Kepa Joseba Lozano Calvo. 8. Doña María Esther Durán González. 9. Doña Amanda María Luis Alemán. 10. Don Luis Alberto Bermejo San Juan. 11. Doña Olga Lama Rodríguez. 12. Doña Mónica Teresa Martín Rodríguez. 13. Don Mario Pérez Estruch. 14. Doña Natalia del Pilar Alcázar Contell. 15. Don Jorge Castillo Pérez. 16. Doña Laia Royo Hernández. 17. Don José María Lera Corredera. 18. Doña María del Mar Rodrigo Marín. 19. Doña Ana Beatriz Touriñán Ramos. 20. Don Alfonso Senovilla Labrador. 21. Don Ramón Peiró Tort. 22. Doña Asunción Estévez Chacón. 23. Doña Antonia Esteban Gallego. 24. Don Francisco Javier Garcinuño Muñoz. 25. Doña Yolanda Barreiro Barro. 26. Don Javier Navarro Albal. 27. Doña Teresita Sarmiento Eugenio. 28. Doña Leticia López Ferrero. 29. Don Juan de Dios Rodríguez Arriaza. 30. Doña Luz Navarro Rubio. 31. Doña Margarita Morales Sarabia. 32. Doña Sandra María Serrano García. 33. Don Antonio García-Palao Redondo. 34. Don Miguel Foraster Serra. 35. Doña Paola Calleja Riza. 36. Doña Laura Cristina Savall Aubia. 37. Doña Marta Pereira Prado. 38. Don José Antonio Rodrigo Brieva. 39. Doña Elena Allué Tejerina. 40. Don Raúl López Mateu. 41. Doña Carmen Anes López. 42. Don David Díaz Tardón. 43. Don Jorge Antonio Jiménez Carrero. 44. Doña Sara Espallargas Taboada. 45. Doña Teodosia Felipe Delgado. 46. Doña Virginia Iniesta Orozco. 47. Doña Alba Escuín Borrego. 48. Don Javier Calvo Cano. 49. Doña Rosa María Rivero Delgado. 50. Don Miguel Ángel Ortega Cabezas. 51. Don Carlos Martínez Peregrina. 52. Doña Raquel Díaz Santana. 53. Doña Anais Arranz Mir. 54. Don Daniel Sánchez de la Lastra. Suplentes 1. Don Ferrán Mir Culell. 2. Doña Adriana Grado Mayayo. 3. Don José Manuel Guerrero Ruiz. 4. Doña Ana María de la ascensión Sánchez López. 5. Don Rafael César Boró Díaz. 6. Don José Manuel Guerrero Ruiz. 7. Doña Pilar de la Vega Sestelo. 8. Don Alonso Coronado Fernández. 9. Doña Patricia Teresa Cervantes Tapia. 10. Don Francisco Díaz Nieto. CANDIDATURA NÚMERO 8 L’ ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR (EPDD) 1. Don Josep Maria Terricabras i Nogueras (Independiente). 2. Don Ernest Maragall i Mira (NECat). 3. Don Jordi Solé i Ferrando. 4. Doña Elisabet Nebreda i Vila. 5. Doña Marie Kapretz . 6. Don Andreu Criquet i Giralt. 7. Don Miquel Àngel Sureda i Massanet. 8. Don Gabriel Fernàndez i Díaz (Independiente). 9. Doña Magda Casamitjana i Aguilà (NECat). 10. Doña Eloïsa Chamorro i Fernández. 11. Don Bernat Costas i Castilla. 12. Doña Laura Castel i Fort (Independiente). 13. Don Àlex Mases i Xifré. 14. Doña Queti Vinyals i Florenciano. 15. Don Josep Ramon Mòdol i Pifarré (NECat). 16. Doña Margalida Miquel i Perelló (Independiente). 17. Don Eusebi Campdepadrós i Pucurull. 18. Don Francesc Lluís Lluís Barbero i Escrivà. 19. Doña Elvira Duran i Costell (Independiente). 20. Doña Montserrat López i Amor. 21. Don Víctor Puntas i Alvarado. 22. Doña Núria Clotet i Agut. 23. Doña Carme Rocamora i Seguí. 24. Don Joan Badia i Pujol. 25. Don Jordi Eduard Perales i Giménez. 26. Don Vicent Villena i Serrano (NECat). 27. Doña Estel Rodríguez i Iglesias. 28. Doña Ann Gyles . 29. Don Jordi Escandell i Salvador. 30. Don Èric Gómez i Pérez. 31. Don Gerard Blasco i Granell. 32. Doña Pilar Navarro i Borràs. 33. Doña Núria Pi i Martínez. 34. Don Lluís Ball-Llosera i Pol. 35. Don Josep Graells i Ros. 36. Doña Teresa Sastre i Bestard (Independiente). 37. Don Jordi Angusto i Zambrano (NECat). 38. Don Lluís Batalla i Callau. 39. Doña Maria Dolors Pérez i Garreta. 40. Don Josep Colillas i Sabartes. 41. Doña Teresa Moreso i Gisbert. 42. Don Ignasi Doñate i Sanglas. 43. Doña Adelina Gutiérrez i Bonet. 44. Don Xavier Garriga i Fonts. 45. Don Antoni Flores i Ardiaca. 46. Don Francesc Triola i Riera. 47. Doña Teresa Rovira i Rodríguez. 48. Doña Maria del Camí Mendoza i Mercè. 49. Don Francesc Fabre i Fornaguera. 50. Doña Immaculada Ranera i Blasco (NECat). 51. Doña Mireia Monfort i Sòria. 52. Don Mario Carbonell i Cremades. 53. Don Ramon Creixell i Martí (NECat). 54. Doña Montserrat Turró i Cabrafiga. Suplentes 1. Doña Xènia Albà i Cantero. 2. Don Xavier Mola i Ruiz. 3. Don Joan Salvador Balagué i Cervera. 4. Don Carles Monturiol i Crusells. 5. Doña Maria Teresa Vidal i Peig. 6. Don Joan Vicent Salavert i Pons. 7. Don Pau Miserachs i Sala (NECat). 8. Doña Núria Cortés i Fusté. 9. Don Roger Puig i Escobar. 10. Doña Marina Sánchez i Casanovas (NECat). Comunidad Autónoma de Andalucía ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de Aragón ESQUERRA REPUBLICANA - L’ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR - A CUCHA POR O DREITO A DECIDIR - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ESQUERRA REPUBLICANA - LA ESQUEIRDA POL DERECHU A DECIDIR - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de las Illes Balears ESQUERRA REPUBLICANA - L’ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de Canarias ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de Cantabria ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de Castilla y León ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de Cataluña ESQUERRA REPUBLICANA - NOVA ESQUERRA CATALANA - CATALUNYA SÍ - L’ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR (ERC-NECAT-EPDD) Comunidad Autónoma de Extremadura ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de Galicia ESQUERRA REPUBLICANA - A ESQUERDA POLO DEREITO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de Madrid ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Foral de Navarra ESQUERRA REPUBLICANA - EZKERRA ERABAKITZEKO ESKUBIDEAREN ALDE - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma del País Vasco ESQUERRA REPUBLICANA - EZKERRA ERABAKITZEKO ESKUBIDEAREN ALDE - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma de La Rioja ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Comunidad Autónoma Valenciana ESQUERRA REPUBLICANA - L’ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR (EPDD) Ciudad Autónoma de Ceuta ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) Ciudad Autónoma de Melilla ESQUERRA REPUBLICANA - LA IZQUIERDA POR EL DERECHO A DECIDIR (EPDD) CANDIDATURA NÚMERO 9 CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’S) 1. Don Javier Nart Peñalver. 2. Don Juan Carlos Girauta Vidal. 3. Doña Carolina Punset Bannel. 4. Don Victor Manuel Andres Maldonado. 5. Doña Marta Marban de Frutos. 6. Don Roberto Hernandez Blazquez. 7. Don Alvaro Pimentel Siles. 8. Don Antonio Espinosa Cerrato. 9. Doña Nuria Maria González-Saenz Casas. 10. Doña Eva María Borox Montoro. 11. Doña Eva Maria Crisol Arjona. 12. Don Miguel Cazorla Garrido. 13. Don Jose Ramon Gonzalez Barriga. 14. Don Joan Garcia Gonzalez. 15. Doña Trinidad Romero Sánchez. 16. Doña Sonia Sierra Infante. 17. Don Gabriel Garcia Millan. 18. Don Alejandro González Bueno. 19. Doña Lorena Roldan Suarez. 20. Don Miguel Angel Lezcano López. 21. Doña Irene Rivera Andrés. 22. Don Antonio Sánchez Fernández. 23. Don Sadat Maraña Robles. 24. Don Carlos Ballart Torres. 25. Doña Angeles Vergara Follana. 26. Doña Nicolás de Miguel Vélez. 27. Don Miguel Angel Sanz Julià. 28. Don Miguel Rodríguez Rodriguez. 29. Doña Laura Vilchez Sánchez. 30. Doña María Carmen Gómez Castell. 31. Don Jose Canedo Santos. 32. Don Angel Ligero López. 33. Don Jesús de Lozar de Grado. 34. Doña Maria Carmen Esteban Fernández. 35. Doña Laura Benito Llenas. 36. Doña Maria Virginia Gil Torrijos. 37. Don Luis Sebastian Castañares. 38. Doña Maria Olvido Palacios Garcia. 39. Don Cesar Zafra Hernández. 40. Don Juan Cassa Lombardía. 41. Doña Maria Victoria Zamora Marchán. 42. Don Luis Manuel Fernández del Campo. 43. Doña Maria Angeles Rincón Bajo. 44. Don Jose Ignacio Delgado Palacios. 45. Don Jorge Garcia Mulet. 46. Doña Montserrat Martínez Marín. 47. Doña Begoña de Miquel Balmes. 48. Don Jesús Javier Presencio Peña. 49. Doña Angeles María Menchén Gallardo. 50. Don Alberto Becerril Rodriguez. 51. Doña María Pilar Fuente Bermejo. 52. Doña Maria Magdalena Barceló Verea. 53. Don Raúl Gonzalez Fuentes. 54. Don Luís Miguel Salvador García. Suplentes 1. Don Sean O’curnen Cañas. 2. Doña Margarita Domenech Viñas. 3. Doña Lorena Rodríguez Torres. 4. Doña Anna Clara Martinez Fernandez. 5. Don Jorge Clausell Martín. 6. Don Eduardo José González Jiménez (Independiente). Comunidad Autónoma de Cataluña CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’S) CANDIDATURA NÚMERO 10 IMPULSO SOCIAL (IMPULSOCIAL) 1. Don Rafael López-Diéguez Gamoneda. 2. Don Francisco Javier Garisoain Otero. 3. Don Ruben Calvo Ortega. 4. Doña Tomasa Calvo Sánchez. 5. Doña Ana María Fal Conde Sánchez Guardamino. 6. Don Francisco Javier Paredes Alonso. 7. Don Rafael Primitivo Llorente Martín. 8. Don Francisco Segarra Alegre. 9. Doña María del Mar Hurtado Sánchez. 10. Doña Rosalía Cortés Sastre. 11. Don Telmo Aldaz de la Cuadra salcedo. 12. Don Ginés Diego Guillamón Rodríguez. 13. Don Josep Carreras García. 14. Doña Belén Fuente de Cobo. 15. Doña María del Mar Calderón Baquerizo. 16. Don José Antonio Rodríguez Hervella. 17. Don Adolfo Alustiza Romero. 18. Don Pedro de Alcantara de la Herrán Matorras. 19. Doña María Josefa Marban Paez. 20. Doña María Angeles Barrau Lena. 21. Don Alfonso Hidalgo Ramos. 22. Don Urko de Azumendi Beistegui. 23. Don José Fermín Garralda Arizcun. 24. Doña Rosario Victoria Andía García de Olalla. 25. Doña María Jesús Luzán González. 26. Don Rafael Mir Mena. 27. Don Gerardo Matarán Ferreira. 28. Don José María Malgosa Sanahuja. 29. Doña Teresa González de Aguilar García. 30. Doña Margarita del Pilar Cabrer Esteban. 31. Don Juan Antonio Darder Colom. 32. Don Víctor Puigdengolas Sustaeta. 33. Don Víctor Jesús Castellanos Antón. 34. Doña María Luisa Santamaría Pérez. 35. Doña María Isabel Olivar Alvaro. 36. Don Antonio Jesús Barragán de las Cuevas. 37. Don Santos Cándido Rull Segura. 38. Don José Francisco Bustinza Aramburu. 39. Doña María del Valle Piñar Gutiérrez. 40. Doña Sonsoles Ortiz de Zárate Fontes. 41. Don Manuel Ezequiel Chacón-Manrique de lara Castilla. 42. Don Rafael Jesús Mancheño García. 43. Don Juan Manuel Molina Valdés. 44. Doña Patricia Palma Pérez. 45. Doña Pilar Antonia Arroyo Sánchez. 46. Don Francisco Javier Toledo Marante. 47. Don Antoni Bas Olcina. 48. Don José María Carrera Figueras. 49. Doña Myriam Merino Thomas. 50. Doña María Desamparados Sustaeta Gómez. 51. Doña Susana María del Carmen Pascual Martín. 52. Don Arturo García Pertierra. 53. Doña Nuria Vives Agurruza. 54. Don Francisco Torres García. Suplentes 1. Don Miguel Aguilella Martínez. 2. Don Miguel Angel Bernáldez Gutiérrez. 3. Don Angel Peña Pérez. 4. Doña Ana Isabel de Elías Cantalapiedra. 5. Doña María Pía Zazu Lafuente. 6. Don José Miguel Orts Timoner. 7. Don Pablo Martín Tharrats. 8. Doña Macarena Menéndez Piñar. 9. Doña Asunción Silvia Fernández-Pacheco López-Peláez. 10. Don Vicente Febrer Fores. CANDIDATURA NÚMERO 11 AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO (RECORTES CERO) 1. Doña Nuria Suárez Hernández (RECORTES CERO). 2. Don Esteban Cabal Riera (RECORTES CERO). 3. Doña Ruth Hernández Castro (RECORTES CERO). 4. Don Miguel Garre Olmos (RECORTES CERO). 5. Doña Divina Pastora Fernández García (RECORTES CERO). 6. Doña Ana Arguedas Gaspar (RECORTES CERO). 7. Doña Ana Isabel Brocal Hernández (RECORTES CERO). 8. Doña Ana María Luque Sillero (RECORTES CERO). 9. Don Jordi Martínez Rigol (RECORTES CERO). 10. Don Francisco Alemán Hernández (RECORTES CERO). 11. Doña Mercedes de la Torre Montesino (RECORTES CERO). 12. Doña Diana Plaza Sánchez (RECORTES CERO). 13. Don Vicent Andrés Bertí Villena (RECORTES CERO). 14. Don Marcelo Armengot Iborra (RECORTES CERO). 15. Don Oscar Antonio Caballos Martín (RECORTES CERO). 16. Doña Marina Flox Ben (RECORTES CERO). 17. Doña Violeta Tercedor López (RECORTES CERO). 18. Don Jose Carlos Vázquez González (RECORTES CERO). 19. Don Santiago Rubio Mesa (RECORTES CERO). 20. Don Juan López Yébenes (RECORTES CERO). 21. Doña Mercedes Gallego Cano (RECORTES CERO). 22. Doña Esperanza Rico Moral (RECORTES CERO). 23. Don Antonio Barba Martí (RECORTES CERO). 24. Don Aitor Martín Faura (RECORTES CERO). 25. Don Santiago Casal Ribas (RECORTES CERO). 26. Doña Ana Belén Díaz Provencio (RECORTES CERO). 27. Doña Angustias Rodríguez García (RECORTES CERO). 28. Don Jose María Hidalgo Mancha (RECORTES CERO). 29. Don Jorge Jaime Gómez García (RECORTES CERO). 30. Don Angel Roldán López (RECORTES CERO). 31. Doña Rosa Estefanía Pérez Fernández (RECORTES CERO). 32. Doña María del Carmen Galbis Estrada (RECORTES CERO). 33. Don Sixto Blanco Núñez (RECORTES CERO). 34. Don Manuel Serrano Martín (RECORTES CERO). 35. Don Adrián Ruiz Galvada (RECORTES CERO). 36. Doña María Hita Muñoz (RECORTES CERO). 37. Doña María Teresa Cristóbal Sanz (RECORTES CERO). 38. Don Jose Javier Fernández González (RECORTES CERO). 39. Don Adrián González Minaya (RECORTES CERO). 40. Don Angel Vega Sánchez (RECORTES CERO). 41. Doña Concepción Martínez Martí (RECORTES CERO). 42. Doña Bibiana Fernández Navarrete (RECORTES CERO). 43. Don Joan Enric Cunyat Tamarit (RECORTES CERO). 44. Don Rupero Agustín Matas Gutiérrez (RECORTES CERO). 45. Don Francisco Javier Jiménez Algora (RECORTES CERO). 46. Doña Pascuala Gómez Iniesta (RECORTES CERO). 47. Doña Esperanza Fernández Egea (RECORTES CERO). 48. Don Jorge Mario Eines Landman (RECORTES CERO). 49. Don Antonio Zarco Fortes (RECORTES CERO). 50. Don Máximo Sandín Domínguez (RECORTES CERO). 51. Doña Antonia Gavilán Rodríguez (RECORTES CERO). 52. Doña Natalia Vara Bodas (RECORTES CERO). 53. Don Manuel Galiana Martínez (RECORTES CERO). 54. Don Antonio López García (RECORTES CERO). Suplentes 1. Don Joaquín Torres Moreno (RECORTES CERO). 2. Don Jesús López Gázquez (RECORTES CERO). 3. Doña Maria Encarna Valle Fernández (RECORTES CERO). 4. Doña Maria del Carmen Jurado Expósito (RECORTES CERO). 5. Don Wenceslao Rebollo Cordero (RECORTES CERO). 6. Don Roberto González González (RECORTES CERO). 7. Doña María Begoña López Hernández (RECORTES CERO). 8. Doña Elena Sánchez Valero (RECORTES CERO). 9. Don Antonio González Calderón (RECORTES CERO). 10. Don Rubén Mateo Martínez (RECORTES CERO). CANDIDATURA NÚMERO 12 PRIMAVERA EUROPEA (PRIMAVERA EUROPEA) 1. Don Jordi Sebastià Talavera (COMPROMIS). 2. Don Florent Marcellesi (EQUO). 3. Doña Ángela Labordeta de Grandes (CHA). 4. Doña Reyes Montiel Mesa (EQUO). 5. Don Miguel Prados Rodríguez (PARTICIPA). 6. Doña Ester Moreno Fernández (PCAS). 7. Don Miguel Ángel Vázquez Martin (PUM+J). 8. Doña Loles Ripoll Bonifacio (COMPROMIS). 9. Don Guillermo Rodríguez Robles (EQUO). 10. Doña Pilar Barrientos Ruíz (SIEX). 11. Don Miguel Martínez Tomey (CHA). 12. Doña Inés López-Dóriga González (EQUO). 13. Don Joan Groizard Payeras (EQUO). 14. Doña Mónica Álvaro Cerezo (COMPROMIS). 15. Don Mariano Navarro de la Cruz (PCAS). 16. Doña Sonia Ortiga Zaragaza (EQUO). 17. Don Alberto Martínez Cuartero (PUM+J). 18. Doña Paula María Manzano Aparisi (PARTICIPA). 19. Don Mohamed Mohamed Ali (CABALLAS). 20. Doña Isabel Martín Gómez (COMPROMIS). 21. Don Aitor Urresti González (EQUO). 22. Doña María Rosa Martínez Rodríguez (EQUO). 23. Don Julià Álvaro Prat (COMPROMIS). 24. Doña Joana Pascual Gil (COMPROMIS). 25. Don Chusé Inazio Felices Maicas (CHA). 26. Doña Nikolina Dimitrov (EQUO). 27. Don Carlos Alberto Martins (EQUO). 28. Doña Reis Gallego Perales (COMPROMIS). 29. Don Roberto Moncho Agud (PARTICIPA). 30. Doña Marta Carrés Piera (CHA). 31. Don Joaquín Arce Fernández (EQUO). 32. Doña Susana Bruna Pérez (SIEX). 33. Don Pedro Sánchez Gil (COMPROMIS). 34. Doña Carolina López García (EQUO). 35. Don Vicent Xavier Vila Mas (COMPROMIS). 36. Doña Anna Climent Montllor (COMPROMIS). 37. Don Mateo Rafael Quirós Hernández (EQUO). 38. Doña Moraia Grau López (EQUO). 39. Don Arturo Angulo Urarte (PUM+J). 40. Doña María José Pérez Noe (CHA). 41. Don Alberto Villa Molina (EQUO). 42. Doña Noelia Seller Fernández (EQUO). 43. Don Julio Ramón Echazarra San Martín (PCAS). 44. Doña María Teresa Vizcaíno Callejón (PARTICIPA). 45. Don Antonio Vicente García Díez (COMPROMIS). 46. Doña Anna Perpiñà Zaragozà (COMPROMIS). 47. Don Ramón Fernández Barba (EQUO). 48. Doña Mónica Monteagudo Casas (EQUO). 49. Don Mariano Fuente Blanco (PCAS). 50. Doña María del Mar Ruiz Baños (PUM+J). 51. Don Nicolás Paz Alcalde (EQUO). 52. Doña María Hontanares Arranz Peña (EQUO). 53. Don Albert Furió Pérez (COMPROMIS). 54. Doña Pilar Calpena Poveda (COMPROMIS). Suplentes 1. Don Rafael Conde Melguizo (EQUO). 2. Doña María del Carmen Ruíz Conde (CHA). 3. Don Vicente Torres Castejón (COMPROMIS). 4. Doña María José Ortiz Noguera (EQUO). 5. Doña María Luz Monllor Mollà (COMPROMIS). 6. Don Manuel Soria González (EQUO). 7. Doña Carolina García Tomás (EQUO). 8. Don Carles Pineda Ferré (COMPROMIS). 9. Don Josep M. Aparici Cubells (COMPROMIS). 10. Doña Dolores Tobío Sueiro (EQUO). Comunidad Autónoma de Andalucía EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de Aragón CHA-EQUO: PRIMAVERA EUROPEA (CHA-EQUO: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma del Principado de Asturias EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de las Illes Balears EQUO-COMPROMÍS-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-COMPROMÍS-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de Canarias EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de Cantabria EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha EQUO-PCAS-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PCAS-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de Castilla y León EQUO-PCAS-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PCAS-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de Cataluña EQUO-COMPROMÍS-SIEX-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-COMPROMÍS-SIEX-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de Extremadura EQUO-SÍEX-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-SÍEX-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de Galicia EQUO-PUM+J-PARTICIPA: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J-PARTICIPA: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de Madrid EQUO-PUM+J-PCAS: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J-PCAS: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de la Región de Murcia EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Foral de Navarra EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma del País Vasco EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma de La Rioja EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) Comunidad Autónoma Valenciana COALICIÓ COMPROMÍS: PRIMAVERA EUROPEA (COALICIÓ COMPROMÍS: PRIMAVERA EUROPEA) Ciudad Autónoma de Ceuta EQUO-CABALLAS: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-CABALLAS: PRIMAVERA EUROPEA) Ciudad Autónoma de Melilla EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA (EQUO-PUM+J: PRIMAVERA EUROPEA) CANDIDATURA NÚMERO 13 EXTREMADURA UNIDA 1. Don José María Gijón Polo. 2. Doña Máxima Gutierro Cuadrado. 3. Don Jorge Durán Domínguez. 4. Doña María Luz Regidor Mateos. 5. Don Francisco José Gutiérrez Delgado. 6. Doña María Teresa Rivero Rubio. 7. Don Francisco Duque Galeano. 8. Doña Natividad Farrona Barrero. 9. Don Óscar Solís Merino. 10. Doña María Guadalupe Victoria Díaz Martín. 11. Don José Luis Poderoso Cortijo. 12. Doña Cristina Solís de San Nicolás. 13. Don Cándido Javier Gil Pizarro. 14. Doña Isabel María Rodríguez Guerrero. 15. Don Jorge Alejandro Taramasco Casales. 16. Doña María Izquierdo Ramiro. 17. Don Jorge Gómez Esteban. 18. Doña María Caridad Albellán Teno. 19. Don Blas Rosa Díaz. 20. Doña María Luisa Cañada Valverde. 21. Don Ángel Santos Bravo Gómez. 22. Doña Leonor Cáceres Sánchez. 23. Don Antonio Sosa Vizcaino. 24. Doña María Reyes Calvo Gutierro. 25. Don Rodrigo Domínguez Hoyas. 26. Doña María Ángeles Lozano López. 27. Don José Campos Carlos. 28. Doña María Goretti Pacheco Rentero. 29. Don Ricardo Ordóñez Barrena. 30. Doña María Raquel Díaz Andrada. 31. Don José Luís Escobar Mendoza. 32. Doña Adriana Bote Mena. 33. Don Tomás Alonso Fuentes. 34. Doña María Aranzazu Rincón Muriel. 35. Don Juan Alfonso Leo Muñoz. 36. Doña María de la montaña Díaz Díaz. 37. Don Javier Durán Buenvarón. 38. Doña Ana Belén Cañamero Morato. 39. Don Alejandro Jiménez Gijón. 40. Doña Alba Inmaculada Álvarez Álvarez. 41. Don José Luís Barroso López. 42. Doña María Dolores Rey García. 43. Don Agapito Rosas Sánchez. 44. Doña María del Pilar Búrdalo Fernández. 45. Don Francisco Miguel López Bermejo. 46. Doña María Cuadrado Vicente. 47. Don Juan José Sánchez Burcio. 48. Doña María Pilar Andrada Gíl. 49. Don Juan Francisco Muñoz Mateos. 50. Doña Ana Esther Nieto Ramiro. 51. Don Ismael García López. 52. Doña Juliana Mateos Montes. 53. Doña María Concepción Domínguez Moreno. 54. Don Pedro Cañada Castillo. Suplentes 1. Doña María Isabel Navarro Colom. 2. Don Manuel Díaz Lindo. 3. Doña María Elena Barriga Gallardo. CANDIDATURA NÚMERO 14 PARTIDO HUMANISTA (PH) 1. Don Arturo Viloria Fuentes. 2. Doña Raquel Martínez Raja. 3. Don Pascual Juan Martínez. 4. Doña María Victoria González Nogales. 5. Don Luis Bodoque Gómez. 6. Don Jorge Damián Isasmendi Carrizo. 7. Doña María Teresa Ruso Bernadó. 8. Don Jordi Álvarez Caulés. 9. Doña María Jesús García Fernández. 10. Don José Manuel Vázquez Ríos. 11. Doña Teresa Quintanilla Redondo. 12. Don Jose Antonio López Gómez. 13. Doña Rosa Mera Bande. 14. Don Jesús Ángel Tutor del Hoyo. 15. Doña María del Sagrario Tejedor Tejedor. 16. Don Juan Francisco Cerrada Cerrada. 17. Doña Verónica Esther Simón Casado. 18. Don José Luis Álvarez Cedena. 19. Doña Gloria López López. 20. Don Pedro Pablo Martín Hernández. 21. Doña María Luisa González Galeano. 22. Don Miguel Ángel Millara Veiga. 23. Doña María del Carmen Blanco Peña. 24. Don Victorino Antonio Rodríguez Franco. 25. Doña Olaia Rodríguez Canabal. 26. Don José Ignacio Martínez García. 27. Doña Eva María Ubago Castro. 28. Don Jesús Fernando Rodríguez Roiz. 29. Doña María del Carmen Sánchez Cobos. 30. Don Ramón Ezequiel Rojas Hernández. 31. Doña Concepción Martínez Miguel. 32. Don Joaquín Salvador Rodríguez. 33. Doña María del Carmen Suárez Bendicho. 34. Don Rogelio Manuel Martínez Rodríguez. 35. Don José Joaquín Lapuerta Torres. 36. Doña María Úrsula Álvarez García. 37. Don Juan Vicente Aceña Moreno. 38. Doña Susana Sánchez Jara. 39. Don José David Merino Barrero. 40. Doña Francisca Baliño Barcia. 41. Don Alfonso Bueno López. 42. Doña María Teresa Cuevas Pardo. 43. Don Fernando José Docio Freijomil. 44. Doña María Rosa Cimas Cuevas. 45. Don Miguel Cruz Motos. 46. Don Gustavo Orlando Sánchez Suárez. 47. Doña Hipólita del Hoyo Vallejo. 48. Don Antonio María Rey Caballero. 49. Doña Virginia López López. 50. Don Luis Mario Martín Sánchez. 51. Don Francisco Javier Batres Sánchez. 52. Doña María Luisa Gabaldón Maroto. 53. Don José Manuel Moreno Díaz. 54. Doña Rebeca Núñez Fernández Llebrez. Suplentes 1. Don Juan Carlos Marín Rodero. 2. Doña Paloma Manzano Sánchez. 3. Don Pablo Alberto de Pedro Martín. 4. Doña Florisabel Yarce Barrientos. CANDIDATURA NÚMERO 15 VOX (VOX) 1. Don Alejo Vidal-Quadras Roca. 2. Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón. 3. Doña Ana Velasco Vidal-Abarca. 4. Don José Luis González Quirós. 5. Doña Cristina Seguí García. 6. Doña María Jesús Prieto Laffargue. 7. Doña Ariadna Hernández Torrijos. 8. Don Eduardo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. 9. Don José Luis Sánchez Sánchez. 10. Don Antonio de la Torre Luque. 11. Don Manuel María López-Linares Alberdi. 12. Doña Jesús Javier Pérez Sánchez. 13. Doña Mazaly Aguilar . 14. Doña Laura Rodríguez Soler. 15. Don Francisco de Asís de Ribera Martín. 16. Don Juan Antonio Maldonado Castillo. 17. Doña Montserrat Amat Ortega. 18. Don Javier Cortés Lucena. 19. Don Günther Antonio Zevallos Avilés. 20. Doña María Jesús González Fueyo. 21. Doña Aurora Pimentel Igea. 22. Don Sergio García-Orcoyen Tormo. 23. Don Antonio Escudero Coll. 24. Doña Cristina Peláez Izquierdo. 25. Doña Ana Elgarresta Benavides. 26. Don Gonzalo Altozano García-Figueras. 27. Don Gonzalo Niederleytner García-Lliberós. 28. Don Alejandro de Anta Puig. 29. Don Santiago Hernández de Andrés. 30. Doña Leticia Díaz-Meco Álvarez. 31. Don Eduardo Buxaderas Sánchez. 32. Don Francisco Javier Fernández Tarrio. 33. Doña Ana María Velasco Plaza. 34. Doña María del Mar Rubio Contreras. 35. Don Víctor González Coello de Portugal. 36. Don Joaquín Javaloys García. 37. Don Ricardo Garrudo Cayón. 38. Don José Luis González Valverde. 39. Doña Margarita Suárez de Lezo Espinós. 40. Doña Paloma González Loché. 41. Don Pedro José Rico de la Rosa. 42. Doña María Adela Cuchi Lledó. 43. Don Adrián Arsuaga Laborde. 44. Doña Isabel Ruiz Resino. 45. Don Andrés Porta Monedero. 46. Doña Lucía Pastor Rubin de Celis. 47. Don Pablo Barranco Schnitzler. 48. Doña Yolanda Almagro Alcántara. 49. Don Alfredo Serrano Mora. 50. Don Ramón Peralta Martínez. 51. Doña María José Suárez Picazo. 52. Doña Matilde Latorre Sanz. 53. Don Santiago Abascal Conde. 54. Don José Antonio Ortega Lara. Suplentes 1. Don Antonio Jesús Martín Aguilera. 2. Doña María Elena Palomo del Río. 3. Don Ignacio Camuñas Solís. CANDIDATURA NÚMERO 16 PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL (P-LIB) 1. Don Juan Manuel Pina Mérida. 2. Don Óscar Timón Arnaiz. 3. Don Gelu Vlasin . 4. Doña Roxana Nicula Tanase. 5. Doña Sandra Isabel Martín Alcaide. 6. Don Roald Christiaan Schoenmakers. 7. Doña Yolanda Rández García. 8. Don Luis Fernández Platero. 9. Doña Pilar Mansilla Rodríguez. 10. Don José Luis Montesinos Ramón. 11. Don Gabriel Antonio Le-Senne Presedo. 12. Don José Antonio Peña Ramos. 13. Don David Oliver Aguilar Pujol. 14. Doña María José González Feijoo. 15. Doña Sandra Sardiña García. 16. Don Rubén Sandamil Soria. 17. Don César Jaime de Balmaseda Pessino. 18. Don Juan José Rández García. 19. Doña Cristina Bri Martínez. 20. Doña María de los Ángeles Chamorro Martínez. 21. Don Israel Ignacio Alonso Gómez. 22. Don Francisco Javier Abellán Aguilar. 23. Don Diego José Ruiz Rincón. 24. Doña María Cristina Contreras Mojarro. 25. Doña Rosario López Romero. 26. Don Francisco José Carvajal Rojo. 27. Don Rafael Arencón Edo. 28. Don Adolfo Lozano del Campo. 29. Doña María Inmaculada Noguera Alburquerque. 30. Doña María Jesica Ruiz Fontalva. 31. Don Pedro Manuel Romero Navarro. 32. Don Sebastià Boix Piquer. 33. Don Francisco Javier Guerrero Roiz de la Parra. 34. Doña María Teresa Oter Horrillo. 35. Doña Miguela Cepas Duque. 36. Don Pedro Ruiz Gallardo. 37. Don Marcelino Javier Cuesta García. 38. Don Francesc Roig Fargueta. 39. Doña Guadalupe Vargas López. 40. Doña Nuria Rodríguez Conejero. 41. Don Ignacio Manuel García Medina. 42. Don Miguel Ángel López González-Vallarino. 43. Don Francisco Ramos Escobar. 44. Doña Verónica Santamaría Cirac. 45. Doña Julieta Noemi Chamorro Arovi. 46. Don José Ignacio Sánchez Salmerón. 47. Don Rafael Juan Rodríguez Gutiérrez. 48. Don José Siminiani Aramayona. 49. Doña Beatriz Carrión Negrete. 50. Doña Laura Aliaga Pérez. 51. Don Víctor Martín Giménez. 52. Doña Olga Gil Recaj. 53. Doña María Esther Negrete Campos. 54. Don Javier López Cepas. Suplentes 1. Don Iván Sánchez Díaz. 2. Doña María José Feito Brea. CANDIDATURA NÚMERO 17 FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE DE LAS JONS) 1. Don Norberto Pedro Pico Sanabria. 2. Don Iván García Vázquez. 3. Don Manuel Parra Celaya (Independiente). 4. Doña María del Camino Carrillo Iglesias. 5. Doña María Díez de las Heras. 6. Don Diego Márquez García. 7. Don Jorge Garrido San Román. 8. Doña Susana Cabeza de Vaca Nieto. 9. Doña María del Camino Iglesias García. 10. Doña Josefa Lucía Rosario Pérez Moreno. 11. Don Andrés Jesús López Esteban (Independiente). 12. Don Francisco José Calduch Barraca (Independiente). 13. Don Jorge Perales Nieto (Independiente). 14. Doña Alicia María del Pilar Nestares Gazol. 15. Doña Josefina Sarrió Soriano. 16. Don Iván González Sánchez. 17. Don Francisco Javier Sanz Méndez. 18. Doña María Cristina García Amor. 19. Doña Teresa Borrás Marco. 20. Doña Isabel González Izquierdo. 21. Don Fernando Rodríguez Mayo. 22. Don Marcos María Hermida Revilla. 23. Don Antonio Sánchez Aguilar. 24. Doña María del Pilar Paredes León. 25. Doña Alba Castillo Paredes. 26. Don Pablo Víctor Fernández Massagué. 27. Don Ricardo Alegret Llorens. 28. Doña Carmen Marcado Fagundo. 29. Doña Lorena Espinar Bravo. 30. Doña María Salud Mateos Caballero. 31. Don José Carlos Estévez Rodríguez. 32. Don Carlos Javier Carmona García. 33. Don Miguel Ángel García García. 34. Doña María Begoña Pérez Pérez. 35. Doña Cristina Cervera López. 36. Don Francisco Amat Borrull (Independiente). 37. Don Jorge Puig Arcos. 38. Doña Florentina Pérez Rodríguez. 39. Doña María del Carmen Pérez Novo. 40. Doña Eva Dolores Alcaraz Ordiñana. 41. Don Julio César de Alaiz Martínez. 42. Don Fernando García Molina. 43. Don Jairo Rincón Anaya. 44. Doña María Asunción López Flores. 45. Doña Laura Peris Llorens. 46. Don Carlos Seijo Rodríguez. 47. Don Carlos Cervera López. 48. Doña Estefanía Pérez Martínez. 49. Doña Laura Ruadas Villar. 50. Doña Sara María Fontán Dasilva. 51. Don Enrique Francisco Álvarez-Buhílla Dopico. 52. Don Fermín Antonio Couñago Vidal. 53. Doña María Rosario Ruiz Arnal. 54. Doña María Atero Lorca. Suplentes 1. Doña Amada Martínez Manovel. 2. Don Pascual Sánchez Lorca. 3. Doña Susana Alba Álvarez. 4. Don Manuel García Sansegundo. 5. Doña Jesusa Sanz Sanz. 6. Don Rafael Sarrió Soriano. 7. Doña Manuela León Limón. 8. Don Luis Olmo Bautista. CANDIDATURA NÚMERO 18 PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) 1. Don Carmelo Antonio Suárez Cabrera. 2. Doña Marina Quintillán Núñez. 3. Doña Blanca Esther Rivas González. 4. Don Fernando Ferraz Pumares. 5. Don Ástor García Suárez. 6. Doña M.ª Gloria Fernández Ruiz. 7. Doña Emma Esplà Oliver. 8. Don Ferràn Nieto Gasull. 9. Don Raúl Martínez Turrero. 10. Doña M.ª Dolores Jiménez Muñoz. 11. Doña Marina Gómez Gutierrez. 12. Don Antonio Zurera Cañadillas. 13. Doña María Teresa Pantoja Bargueño. 14. Doña M.ª Elena García García. 15. Don Carlos Arribas Velarde. 16. Don Miguel Guerrero Sánchez. 17. Don Julio Díaz Díaz. 18. Don Miguel Ángel Galindo Vicente. 19. Doña Francisca Carmen Sánchez Macías. 20. Doña Ana María Turrero Orrio. 21. Don José Ivan Fernández Andrade. 22. Don Alfonso Sastre Serra. 23. Doña M.ª Iluminada Ordóñez Casado. 24. Don Juan Rafael Lorenzo Santana. 25. Doña Ester Cubero Suárez. 26. Don Saul Fernández Garrote. 27. Don Pedro Antonio Lorenzo Aroca. 28. Don Juan Luis García Córdoba. 29. Doña Vanesa García Rodríguez. 30. Doña M.ª Josefa Albiach Albiach. 31. Don Doménec Merino Roca. 32. Doña M.ª Yolanda Gómez González. 33. Doña Sonia María Iruela Padrón. 34. Don Francisco José Ferrer Gálvez. 35. Don Antonio Pérez Castellano. 36. Doña María Tatiana Delgado Plasencia. 37. Doña Alejandra Gutiérrez García. 38. Don Julio Mínguez González. 39. Don Antonio Alexis Dorta Macía. 40. Don Eloy Baro Fernández. 41. Don Enrique Ignacio Margalef Cubillas. 42. Don Gloria Marrugat Domènech. 43. Doña María Isabel Requena Ruiz. 44. Doña Quim Boix Lluch. 45. Don Juan José Sánchez López. 46. Doña Sergio Saenz Álvarez. 47. Doña Ana Escauriaza del Pueyo. 48. Don Inés Martín Fernández. 49. Don José Ángel Sáenz Díaz. 50. Don Adrián José Bertol Pinilla. 51. Don Francisco Leonardo Aneiros Dopico. 52. Don Juan Manuel Fernández Martín. 53. Doña Manuel Picón Lebrón. 54. Doña Alicia Crevillén González. Suplentes 1. Don Elisa González Cazón. 2. Don Francisco Javier García Llop. 3. Don Cristóbal Sanchís Blasco. 4. Don María de los Desamparados Guillén Sanz. 5. Doña Maria Lourdes Cortina Blanca. 6. Doña Virginia Moreno Muñoz. CANDIDATURA NÚMERO 19 PARTIDO X, PARTIDO DEL FUTURO (PARTIDO X) 1. Don Hervé Daniel Marcel Falciani. 2. Doña Simona Levi. 3. Don Raúl Burillo Pacheco. 4. Doña Susana Martín Belmonte. 5. Don Sergio González Salgado. 6. Don Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe. 7. Don Marcelo Expósito Prieto. 8. Don Daniel Pérez Grande. 9. Doña Leonor Pérez Zafón. 10. Doña Nieves Montaño Núñez. 11. Don Joaquín Pagola Abad. 12. Don Raúl Royo Fraguas. 13. Don José Luis Porcar Ramos. 14. Doña Yolanda García Morales. 15. Doña María Soledad Ferrer-Vidal Díaz del Riguero. 16. Doña Pastora Millán Moya. 17. Doña Maria Amparo Ramírez Morcillo. 18. Don Javier Toret Medina. 19. Don Pablo López Triquell. 20. Don Carlos Avilés García. 21. Doña Anna Gordillo Torres. 22. Doña Bárbara Sánchez Flores. 23. Don Miguel Aguilera Lizarraga. 24. Don Rafael Berlanga Tabernero. 25. Don Juan Collado Rojo. 26. Doña Alicia María Ruiz Aranda. 27. Doña Pilar González Cid. 28. Don Carmelo Ordóñez Sanabria. 29. Don Alberto López Rubio. 30. Don Florencio Cabello Fernández-Delgado. 31. Doña María del Pino Pérez Moreno. 32. Doña Murielle Ingrid Medina Denoux. 33. Don Jose Luis Palacios Guerrero. 34. Don Luis Hervés Carrasco. 35. Don Javier Gallego Rodríguez. 36. Doña María Montserrat Padrón Capote. 37. Doña María Elena García Morales. 38. Don Armando Nieto Díaz. 39. Don Jesús Madero Pérez. 40. Don Rafael Cubiles Gutiérrez. 41. Doña Tamara Isabel López Castillo. 42. Doña Marta Felipe Soria. 43. Don Jesús María Herruzo Luque. 44. Don José Ignacio Vallejo Segura. 45. Don David Ruiz Rodríguez. 46. Doña Carmen Cordero Fernández. 47. Doña Benita Josefa Salgado Rivero. 48. Don Pedro José Rosa Romero. 49. Don Jose Manuel Pumarega Conde. 50. Doña Lucía Bentué Gómez. 51. Doña Sofía González Salgado. 52. Doña Isabel María Flores Lorenzo. 53. Don Luis Molero Queipo. 54. Don Jonatan Rodríguez Arcas. Suplentes 1. Doña Isabel María Sánchez Flores. 2. Don Rubén Sáez Fraile. CANDIDATURA NÚMERO 20 AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R. (DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS) 1. Don Eduard Carreras Martí. 2. Don José María Sarmiento Gutiérrez. 3. Doña Marina Rojas Sepúlveda. 4. Doña Luz María Zamora Ruiz. 5. Doña Paula Bornachea Rodríguez. 6. Doña Lidia Díaz Ruiz. 7. Don Rubén López Palomo. 8. Don Gonzálo Gutiérrez Ocón. 9. Don Pedro Antonio Mengíbar Torres. 10. Doña Raquel Muñoz Díaz. 11. Don Josep Fontacaba Sais. 12. Doña Carmen María Muriel García. 13. Don Francisco Javier Segura Quintano. 14. Doña María Yolanda Cantarero Fernández. 15. Don Pedro Solano Encinas. 16. Doña Beatriz Ruiz Medina. 17. Don Miguel Isidro Gutiérrez Ruiz. 18. Doña Ana María Martin Bellido. 19. Doña Carmen María López Muñoz. 20. Don Antonio Irlán Otero. 21. Doña Angeles Gutiérrez Fernández. 22. Don Daniel Rodríguez Rodríguez. 23. Doña Susana Jurado Vigo. 24. Doña Ana Belén García González. 25. Don Cristobal Martí Jordán. 26. Don Juan Antonio Gutiérrez Zapata. 27. Doña María del Carmen García Flor. 28. Don Juan José Martínez González. 29. Doña Carmen Muñoz Ortíz. 30. Don Pedro Javier Vázquez de Toro. 31. Doña Elizabet Lucena Lozano. 32. Doña Ana Vanesa Martín Millán. 33. Don Antonio Alba Díaz. 34. Don José Manuel Martín Hidalgo. 35. Don Rafael Antonio Mercado Gámez. 36. Don Alberto Lago Boquete. 37. Doña Silvia Mata Sánchez. 38. Don Rafael González Lucena. 39. Doña Almudena Martín Gámez. 40. Doña Enma María Lobillo Lozano. 41. Don Juan Manuel Pérez Fernández. 42. Don Román Robles Mestanza. 43. Doña Yolanda Marín Jiménez. 44. Don José Luis Encinas Pardo. 45. Doña María Isabel Becerra Durán. 46. Don Antonio Ríos Méndez. 47. Doña María Carmen Fernández Gutiérrez. 48. Don José Carlos Escolano Ramos. 49. Doña Gregoria Tapia López. 50. Don Lorenzo Pérez Mesa. 51. Don Marc Roca Matas. 52. Doña Lucía Esperanza Encinas Pardo. 53. Doña María Virginia Díaz Ruiz. 54. Don Domingo Barroso Parla. CANDIDATURA NÚMERO 21 SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL (PREPAL) 1. Don Francisco Iglesias Carreño. 2. Doña Fabiola Mercedes González Muñiz. 3. Don José Miguel Trufero Barrios. 4. Doña Teresita Loreto Álvarez Pérez. 5. Don José Benito Mateos Pascual. 6. Doña Monserrat García Llamazares. 7. Don Rafael Diego Núñez. 8. Doña María Paz Fernández Villar. 9. Don Juventino Reguera Baños. 10. Doña Trinidad Núñez Jiménez. 11. Don Juan Manuel Adres López. 12. Doña Francisca Justel Justel. 13. Don José Cayetano Rodríguez de Castro. 14. Doña Josefa González Centeno. 15. Don Miguel Angel García Fidalgo. 16. Doña María de la Soledad Santiago Fagúndez. 17. Don Santiago Sánchez Panadero. 18. Doña Alejandra Alonso Fernández. 19. Don César Corral González. 20. Doña María Manuela Fontanillo Hernández. 21. Don Juan Carlos Berciano Fuertes. 22. Doña Tomasa Martín Martín. 23. Don Gabriel Alegre Castellanos. 24. Doña Manuela Iglesias Carreño. 25. Don Emiliano Alonso Seijas. 26. Doña María Jesús del Amo Tascón. 27. Don Miguel Ángel López Valle. 28. Doña Ana Isabel Benítez Bardal. 29. Don Pedro Martín Alonso. 30. Doña Iris Ramos Castaño. 31. Don Alonso Santiago González. 32. Doña Rosa Pérez Villar. 33. Don Antonio Alfonso Hernández. 34. Doña María Carmen Centeno Fernández. 35. Don Antonio Ángel Jular Castañeda. 36. Doña Luisa Pérez Pastor. 37. Don José María Robles Rodríguez. 38. Doña María José Panero Fuertes. 39. Don José Luis Tejerina Villarroel. 40. Doña María Teresa García Andrés. 41. Don José Manuel Boixo Vidal. 42. Doña Luisa Alvez Trufero. 43. Don Víctor Carrillo González. 44. Doña Sandra Domínguez Manrique. 45. Don Ignacio Martínez Ordóñez. 46. Doña Gemma María Rodríguez Martínez. 47. Don Santos Benavides González. 48. Doña Yolanda García Fernández. 49. Don Antonio Jaime González Delgado. 50. Doña María Oliva Álvarez Pérez. 51. Don Joaquín Samoedro Sánchez. 52. Doña María Begoña Ortega Pérez. 53. Don Arcadio Lorenoz Torres. 54. Doña María Teresa Martínez Arias. Suplentes 1. Don Porfirio José Rodríguez Gutiérrez. 2. Doña Laura Vicente Bonafonte. 3. Don Luis Ignacio Quiroga Prada. 4. Doña María Teresa Regueras Bermejo. 5. Don José Díez González. 6. Doña Sonia Llamazares Pérez. 7. Don Roberto Expósito Largo. 8. Doña Alicia Martínez Ruiz de Gopegui. 9. Don Francisco Javier Uña Alfonso. 10. Doña María Teresa Álvarez Villacorta. CANDIDATURA NÚMERO 22 IZQUIERDA UNIDA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, ANOVA-IRMANDADE NACIONALISTA, ESPAZO ECOSOCIALISTA GALEGO, BATZARRE-ASAMBLEA DE IZQUIERDAS, FEDERACION LOS VERDES, OPCIÓ VERDA-ELS VERDS, GIRA MADRID-LOS VERDES, CONSTRUYENDO LA IZQUIERDA-ALTERNATIVA SOCIALISTA, EZKERREKO EKIMENA-ETORKIZUNA IRATZARRI: LA IZQUIERDA PLURAL 1. Don Willy Enrique Meyer Pleite. 2. Doña Paloma López Bermejo. 3. Don Ernest Urtasun Domenech (ICV). 4. Doña Marina Albiol Guzmán. 5. Doña Maria Lidia Senra Rodríguez (ANOVA). 6. Doña Ángela Rosa Vallina de la Noval. 7. Don Javier Couso Permuy. 8. Don Anastasio Oliver Palomo. 9. Doña Nuria Lozano Montoya (EUiA). 10. Doña Lara Hernández García. 11. Don Eberhard Grosske Fiol. 12. Don Joan Francesc Peris García (Federación Los Verdes). 13. Don Francisco Iturbe Gracia (Independiente). 14. Doña Maria Piedad Castillo Martínez. 15. Doña Maria Teresa Mola Sainz. 16. Don Carlos María Asunción Martínez García (ALTERNATIVA SOCIALISTA). 17. Doña Elvira Isabel Hernández Toledo. 18. Don Pedro Chaves Giraldos. 19. Don Jose María Ortega González. 20. Doña Adoración Reyes Guamán Hernández. 21. Don José Alejandro Ávila Sánchez. 22. Don Iñigo Martínez Zatón. 23. Doña Mar Cambrollé Jurado. 24. Don José Miguel de Sebastián Carrero. 25. Doña Isabel Crespo Ruíz. 26. Doña María Milagros Rubio Salvatierra (BATZARRE). 27. Doña Carmen Duce Díaz. 28. Don Martín Dámaso Alfonso Polo. 29. Doña Monserrat Gemma Castellá Espuny (ICV). 30. Don José Luis Outes Ruso. 31. Doña Joana Agudo Bataller (ICV). 32. Don Andrés Barrio Ramírez. 33. Marta Ávila León. 34. Don Honorio Antonio Cardoso García. 35. Don Carlos Lorenzo Lorenzo Simón (ANOVA). 36. Doña Ana Cruz Muñoz. 37. Doña María Delfina Rossi Silvano (ICV). 38. Doña Maria Huertas Marín Ibarra. 39. Doña Javier Suárez Llana. 40. Don Francisco Javier Sáez del Álamo. 41. Doña María Isabel Alcázar Franco. 42. Doña Eugénia Pascual Puig (ICV). 43. Don Alberto Cubero Serrano. 44. Don Jaime Puig Casasayas (Independiente). 45. Doña Sainza Ruiz Ferreño. 46. Doña Maria Libertad González Benavides. 47. Doña Leire Martínez Hierro (EKI). 48. Don José Javier Barinaga Adrián. 49. Don Asensio García Machi. 50. Doña Isabel Saavedra Domenech. 51. Doña Josefa Bueno García. 52. Don Juan Martínez García (Espazo). 53. Doña María Carmen Rodríguez Guerra (Independiente). 54. Don Antonio Barbará Molina (EUiA). Suplentes 1. Doña Granada Santos García. 2. Don Carles Feixa Pámpols (ICV). 3. Doña Beatriz Izuel Montañés. 3. Don Juan Manuel García Arcos. 5. Don Óscar Evaristo Rodríguez Aller. 6. Don Joaquín Antonio Paredes Diéguez. 7. Doña María Cristina Simó Alcaraz. 8. Doña Maria Luisa Bergaz Conesa. 9. Don Alfonso García- oliva Mascarós. 10. Doña María Arenas Lopera. Comunidad Autónoma de Andalucía IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA: LA IZQUIERDA PLURAL (IULV-CA) Comunidad Autónoma de Aragón IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN: LA IZQUIERDA PLURAL (IUA) Comunidad Autónoma del Principado de Asturias IZQUIERDA UNIDA DE ASTURIAS - IZQUIERDA XUNIDA D’ASTURIES: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-IX) Comunidad Autónoma de las Illes Balears ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS: L’ESQUERRA PLURAL (EU-IB) Comunidad Autónoma de Canarias IZQUIERDA UNIDA CANARIA - LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-LV) Comunidad Autónoma de Cantabria IZQUIERDA UNIDA DE CANTABRIA: LA IZQUIERDA PLURAL (IUC) Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA-LA MANCHA - LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCLM) Comunidad Autónoma de Castilla y León IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEÓN: LA IZQUIERDA PLURAL (IUCYL) La candidatura adoptará la denominación que se expresa en la Comunidad Autónoma que se indica: A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Cataluña adoptará la siguiente denominación: INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA: L’ESQUERRA PLURAL (ICV-EUIA), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don Ernest Urtasun Domenech. Doña María Delfina Rossi Silvano. Doña Montserrat Castellá Espuny. Doña Eugènia Pascual Puig. Doña Joana Agudo Bataller. Doña Nuria Lozano Montoya. Don Antonio Barbará Molina. Suplentes Don Carles Feixa Pàmpols. Comunidad Autónoma de Extremadura IZQUIERDA UNIDA - VERDES - COMPROMISO POR EXTREMADURA: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-V-CE) A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Galicia adoptará la siguiente denominación: ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA EN EUROPA: A ESQUERDA PLURAL (AGE), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Doña Saínza Ruíz Ferrero. Don José Luis Outes Ruso. Don Juan Martínez García. Doña Maria Lidia Serna Rodríguez. Don Carlos Lorenzo Lorenzo Simón. Comunidad Autónoma de Madrid IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-LV) Comunidad Autónoma de la Región de Murcia IZQUIERDA UNIDA - VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA: LA IZQUIERDA PLURAL (IUV-RM) Comunidad Foral de Navarra IZQUIERDA - EZKERRA: LA IZQUIERDA PLURAL - EZKER ANITZA (I-E) Comunidad Autónoma del País Vasco EZKER ANITZA - IZQUIERDA UNIDA - IRATZARRI - EKI: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-EKI) Comunidad Autónoma de La Rioja IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-LV) Comunidad Autónoma Valenciana ESQUERRA UNIDA PAÍS VALENCIÁ - ELS VERDS: L’ESQUERRA PLURAL (EUPV-EV) Ciudad Autónoma de Ceuta IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-LV) Ciudad Autónoma de Melilla IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES: LA IZQUIERDA PLURAL (IU-LV) CANDIDATURA NÚMERO 23 LOS PUEBLOS DECIDEN (LPD) 1. Don Josu Mirena Juaristi Abaunz. 2. Doña Ana Miranda Paz. 3. Doña Lorena López de Lacalle Arizti. 4. Don Xose Manuel Carril Vázquez. 5. Doña Maite Juliana Iturre Llano. 6. Doña Olalla Rodil Fernández. 7. Don Igor Navarro Brea. 8. Don Xesús Domínguez Domínguez. 9. Don Urko Aiartza Azurtza. 10. Doña Alba Fidalgo Bugarín. 11. Doña Iria de Epalza de Marcoartu. 12. Don Xesús Miguel de Toro Santos. 13. Don Alejandro Larragoiti Gonzalez de Mendivil. 14. Doña Isabel Martínez-Risco Valdivieso. 15. Doña Dulce Maria Gil Fernandez. 16. Don Manuel González Moreira. 17. Don Valentín Cazaña Maella. 18. Doña Luz Carmen Rodríguez Gangura. 19. Doña María Teresa Meilán Cruz. 20. Don César Rodríguez Martínez. 21. Don Mikeldi Díaz Aldama. 22. Doña M.ª Victoria Louro Ferreiro. 23. Doña M.ª Esther Korres Bengoetxea. 24. Don Paulo Arboleya Canteli. 25. Don Xavier Aboi Pérez. 26. Doña M.ª Asunción Gulina del Pueyo. 27. Doña Noa Fernández Gómez. 28. Don Luis Casado Abella. 29. Don Orlando Domingo Hernández Sánchez. 30. Doña Beatriz Lorenzo Baute. 31. Doña Alba Castanedo Sánchez. 32. Don Arturu Xose Bermeyu Garcia. 33. Don Vicente Quintana Pérez. 34. Doña Aminetou Errer El Kintawy. 35. Doña Miriam Rodríguez Fernández. 36. Don Justo Molina Pérez. 37. Don Alfredo Suárez Canal. 38. Doña Yolanda Jubeto Ruiz. 39. Doña Davinia Rubinos Regueiro. 40. Doña Aitziber Salazar Arresti. 41. Don Camilo Nogueira Román. 42. Doña Iraide Lejarreta Goyarzun. 43. Don Pello Gurbindo Jiménez. 44. Doña Patricia Perales Hurtado. 45. Doña Diana Melon Varga. 46. Doña Maria Angeles Beitialarrangoitia Lizarralde. 47. Don Carlos Diaz Zubia. 48. Doña Elorri Arin Elizagoyen. 49. Don Ikoitz Arrese Otegi. 50. Doña Garazi Labiano Burguete. 51. Don Asier Gómez Barrenetxea. 52. Doña Maria Cruz Etxeberria Iraola. 53. Don Jose Luis Otamendi Etxabe. 54. Doña Irati Anda Villanueva. Suplentes 1. Don Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro. 2. Don Iago Rodríguez-Lestegas Tizón. 3. Don Txema Royo Ochoa. 4. Doña Laura Soteras Arilla. 5. Don Xicu-Xabel Fernandi Güerta. 6. Doña Maria Sonia Diaz Suarez. 7. Don Francisco Carlos López Peña. 8. Doña M.ª Yuleima Chinea Hernández. 9. Don Dailos González Díaz. 10. Don Favio González Sánchez. La candidatura adoptará la denominación que se expresa en la Comunidad Autónoma que se indica: A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Aragón adoptará la siguiente denominación: PUYALÓN DE CUCHAS - OS PUEBLOS DECIDEN (PUYALÓN), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don Valentín Cazaña Maella. Doña M.ª Asunción Gulina del Pueyo. Doña Aminetou Errer El Kintawy. Suplentes Don Txema Royo Ochoa. Doña Laura Soteras Arilla. A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias adoptará la siguiente denominación: ANDECHA ASTUR- LOS PUEBLOS DECIDEN (ANDECHA ASTUR), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Doña Dulce Maria Gil Fernandez. Don Paulo Arboleya Canteli. Don Arturu Xose Bermeyu Garcia. Suplentes Don Xicu-Xabel Fernandi Güerta. Doña Maria Sonia Diaz Suarez. A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de las Illes Balears adoptará la siguiente denominación: LES POBLES DECIDEN (EH BILDU-BNG), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don Josu Mirena Juaristi Abaunz. Doña Ana Miranda Paz. Doña Lorena López de Lacalle Arizti. Don Xose Manuel Carril Vázquez. Doña Maite Juliana Iturre Llano. Doña Olalla Rodil Fernández. Don Igor Navarro Brea. Don Xesús Domínguez Domínguez. Don Urko Aiartza Azurtza. Doña Alba Fidalgo Bugarín. Doña Iria de Epalza de Marcoartu. Don Xesús Miguel de Toro Santos. Don Alejandro Larragoiti Gonzalez de Mendivil. Doña Isabel Martínez-Risco Valdivieso. Don Manuel González Moreira. Don César Rodríguez Martínez. Don Mikeldi Diez Aldama. Doña M.ª Victoria Louro Ferreiro. Doña M.ª Esther Korres Bengoetxea. Don Xavier Aboi Pérez. Doña Noa Fernández Gómez. Don Luis Casado Abella. Doña Alba Castanedo Sánchez. Doña Miriam Rodríguez Fernández. Don Alfredo Suárez Canal. Doña Yolanda Jubeto Ruiz. Doña Davinia Rubinos Regueiro. Doña Aitziber Salazar Arresti. Don Camilo Nogueira Román. Doña Iraide Lejarreta Goyarzun. Don Pello Gurbindo Jiménez. Doña Patricia Perales Hurtado. Doña Diana Melon Varga. Doña Maria Angeles Beitialarrangoitia Lizarralde. Don Carlos Diaz Zubia. Doña Elorri Arin Elizagoyen. Don Ikoitz Arrese Otegi. Doña Garazi Labiano Burguete. Don Asier Gómez Barrenetxea. Doña Maria Cruz Etxeberria Iraola. Don Jose Luis Otamendi Etxabe. Doña Irati Anda Villanueva. Suplentes Don Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro. Don Iago Rodríguez-Lestegas Tizón. A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Canarias adoptará la siguiente denominación: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA - UNIDAD DEL PUEBLO - LOS PUEBLOS DECIDEN (ANC-UNIDAD DEL PUEBLO), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Doña Luz Carmen Rodríguez Gangura. Doña María Teresa Melián Cruz. Don Orlando Domingo Hernández Sánchez. Doña Beatriz Lorenzo Baute. Don Vicente Quintana Pérez. Don Justo Molina Pérez. Suplentes Don Francisco Carlos López Peña. Doña M.ª Yuleima Chinea Hernández. Don Dailos González Díaz. Don Favio González Sánchez. A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Cataluña adoptará la siguiente denominación: LES POBLES DECIDEN (EH BILDU-BNG), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don Josu Mirena Juaristi Abaunz. Doña Ana Miranda Paz. Doña Lorena López de Lacalle Arizti. Don Xose Manuel Carril Vázquez. Doña Maite Juliana Iturre Llano. Doña Olalla Rodil Fernández. Don Igor Navarro Brea. Don Xesús Domínguez Domínguez. Don Urko Aiartza Azurtza. Doña Alba Fidalgo Bugarín. Doña Iria de Epalza de Marcoartu. Don Xesús Miguel de Toro Santos. Don Alejandro Larragoiti Gonzalez de Mendivil. Doña Isabel Martínez-Risco Valdivieso. Don Manuel González Moreira. Don César Rodríguez Martínez. Don Mikeldi Diez Aldama. Doña M.ª Victoria Louro Ferreiro. Doña M.ª Esther Korres Bengoetxea. Don Xavier Aboi Pérez. Doña Noa Fernández Gómez. Don Luis Casado Abella. Doña Alba Castanedo Sánchez. Doña Miriam Rodríguez Fernández. Don Alfredo Suárez Canal. Doña Yolanda Jubeto Ruiz. Doña Davinia Rubinos Regueiro. Doña Aitziber Salazar Arresti. Don Camilo Nogueira Román. Doña Iraide Lejarreta Goyarzun. Don Pello Gurbindo Jiménez. Doña Patricia Perales Hurtado. Doña Diana Melon Varga. Doña Maria Angeles Beitialarrangoitia Lizarralde. Don Carlos Diaz Zubia. Doña Elorri Arin Elizagoyen. Don Ikoitz Arrese Otegi. Doña Garazi Labiano Burguete. Don Asier Gómez Barrenetxea. Doña Maria Cruz Etxeberria Iraola. Don Jose Luis Otamendi Etxabe. Doña Irati Anda Villanueva. Suplentes Don Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro. Don Iago Rodríguez-Lestegas Tizón. A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma de Galicia adoptará la siguiente denominación: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO - OS POBOS DECIDEN (BNG), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Doña Ana Miranda Paz. Don Xose Manuel Carril Vazquez. Doña Olalla Rodil Fernandez. Don Xesus Dominguez Dominguez. Doña Alba Fidalgo Bugarin. Don Xesus de Toro Santos. Doña Isabel Martínez-Risco Valdivieso. Don Manuel Gonzalez Moreira. Don Cesar Rodríguez Martinez. Doña Maria Victoria Louro Ferreiro. Don Xavier Aboi Perez. Doña Noa Fernandez Gomez. Doña Alba Castanedo Sanchez. Doña Miriam Rodríguez Fernandez. Don Alfredo Suarez Canal. Doña Davinia Rubinos Regueiro. Don Camilo Nogueira Roman. Suplentes Don Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro. Don Iago Rodriguez-Lestegas Tizon. A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Foral de Navarra adoptará la siguiente denominación: EUSKAL HERRIA BILDU - HERRIEK ERABAKI (EH BILDU), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don Iosu Mirena Juaristi Abaunz. Doña Lorena López de Lacalle Arizti. Doña Maite Juliana Iturre Llano. Don Igor Navarro Brea. Don Urko Aiartza Azurtza. Doña Iria de Epalza de Marcoartu. Don Alejandro Larragoiti Gonzalez de Mendivil. Don Mikeldi Diez Aldama. Doña M.ª Esther Korres Bengoetxea. Don Luis Casado Abella. Doña Yolanda Jubeto Ruiz. Doña Aitziber Salazar Arresti. Doña Iraide Lejarreta Goyarzun. Don Pello Gurbindo Jiménez. Doña Patricia Perales Hurtado. Doña Diana Melon Varga. Doña Maria Angeles Beitialarrangoitia Lizarralde. Don Carlos Diaz Zubia. Doña Elorri Arin Elizagoyen. Don Ikoitz Arrese Otegi. Doña Garazi Labiano Burguete. Don Asier Gómez Barrenetxea. Doña Maria Cruz Etxeberria Iraola. Don Jose Luis Otamendi Etxabe. Doña Irati Anda Villanueva. A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma del País Vasco adoptará la siguiente denominación: EUSKAL HERRIA BILDU - HERRIEK ERABAKI (EH BILDU), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don Iosu Mirena Juaristi Abaunz. Doña Lorena López de Lacalle Arizti. Doña Maite Juliana Iturre Llano. Don Igor Navarro Brea. Don Urko Aiartza Azurtza. Doña Iria de Epalza de Marcoartu. Don Alejandro Larragoiti Gonzalez de Mendivil. Don Mikeldi Diez Aldama. Doña M.ª Esther Korres Bengoetxea. Don Luis Casado Abella. Doña Yolanda Jubeto Ruiz. Doña Aitziber Salazar Arresti. Doña Iraide Lejarreta Goyarzun. Don Pello Gurbindo Jiménez. Doña Patricia Perales Hurtado. Doña Diana Melon Varga. Doña Maria Angeles Beitialarrangoitia Lizarralde. Don Carlos Diaz Zubia. Doña Elorri Arin Elizagoyen. Don Ikoitz Arrese Otegi. Doña Garazi Labiano Burguete. Don Asier Gómez Barrenetxea. Doña Maria Cruz Etxeberria Iraola. Don Jose Luis Otamendi Etxabe. Doña Irati Anda Villanueva. A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica de 5/1985, para la Comunidad Autónoma Valenciana adoptará la siguiente denominación: LES POBLES DECIDEN (EH BILDU-BNG), expresándose únicamente los nombres de los siguientes candidatos: Don Iosu Mirena Juaristi Abaunz. Doña Ana Miranda Paz. Doña Lorena López de Lacalle Arizti. Don Xose Manuel Carril Vázquez. Doña Maite Juliana Iturre Llano. Doña Olalla Rodil Fernández. Don Igor Navarro Brea. Don Xesús Domínguez Domínguez. Don Urko Aiartza Azurtza. Doña Alba Fidalgo Bugarín. Doña Iria de Epalza de Marcoartu. Don Xesús Miguel de Toro Santos. Don Alejandro Larragoiti Gonzalez de Mendivil. Doña Isabel Martínez-Risco Valdivieso. Don Manuel González Moreira. Don César Rodríguez Martínez. Don Mikeldi Diez Aldama. Doña M.ª Victoria Louro Ferreiro. Doña M.ª Esther Korres Bengoetxea. Don Xavier Aboi Pérez. Doña Noa Fernández Gómez. Don Luis Casado Abella. Doña Alba Castanedo Sánchez. Doña Miriam Rodríguez Fernández. Don Alfredo Suárez Canal. Doña Yolanda Jubeto Ruiz. Doña Davinia Rubinos Regueiro. Doña Aitziber Salazar Arresti. Don Camilo Nogueira Román. Doña Iraide Lejarreta Goyarzun. Don Pello Gurbindo Jiménez. Doña Patricia Perales Hurtado. Doña Diana Melon Varga. Doña Maria Angeles Beitialarrangoitia Lizarralde. Don Carlos Diaz Zubia. Doña Elorri Arin Elizagoyen. Don Ikoitz Arrese Otegi. Doña Garazi Labiano Burguete. Don Asier Gómez Barrenetxea. Doña Maria Cruz Etxeberria Iraola. Don Jose Luis Otamendi Etxabe. Doña Irati Anda Villanueva. Suplentes Don Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro. Don Iago Rodríguez-Lestegas Tizón. CANDIDATURA NÚMERO 24 EXTREMEÑOS POR EUROPA COALICIÓN ELECTORAL IPEX PREX CREX (IPEX-PREX-CREX) 1. Don José Luis Velilla Sanz. 2. Don José Gonzalez Díaz. 3. Doña Mónica García Diaz. 4. Don Pedro José Sanz Cerro. 5. Doña Lorena Rodríguez Lucero Lucero. 6. Doña Angela Hormeño Collado. 7. Don Raul Medina Gómez. 8. Doña Ana Isabel Mayo Verjano. 9. Don Antonio Aparicio Paniagua. 10. Don Javier Calixto Pérez Gómez. 11. Don Juan Pedro Borrego Gazapo. 12. Don Juan José Miguel Gómez. 13. Doña M.ª José Pérez Izquierdo. 14. Don José Antonio Navais González. 15. Doña María del Carmen Flores Mesa. 16. Doña Manuela Ortega Iglesias. 17. Don Álvaro González Cartas. 18. Doña Ana Isabel Igual Nuñez. 19. Doña José Antonio González Rodríguez. 20. Don Casildo Rodríguez Lucero Serrano. 21. Doña Daniel Francisco Gordo Rodríguez. 22. Doña María del Puerto Álvarez Hernández. 23. Don Juan Carlos Herrero Bermejo. 24. Doña M.ª Elena Martín Cruz. 25. Don José Luis Fernández Rodríguez. 26. Don Antonio Sancho Coronado. 27. Don Bautista Murillo Gutierrez. 28. Doña Lucia Martín Domínguez. 29. Doña M.ª Victoria Montero Leo. 30. Don Angel Ávila Núñez. 31. Don Jesus Cobos Vega. 32. Don Rafael Acedo Garcia. 33. Don Cristobal Lozano Quijada. 34. Doña Soraya Gómez Romero. 35. Doña M.ª José Rivero Hernandez. 36. Doña Pura Concepción Estar Pañero. 37. Don Juan José García Mesa. 38. Don Justo Antonio Sánchez Ramírez. 40. Don Miguel Angel Rodríguez Serrano. 41. Don Pedro Contreras Naharro. 42. Don José Ramón Gamero Pimienta. 43. Doña Agustina Méndez Hernández. 44. Doña Josefa Moreno Vazquez. 45. Don Modesto Martiño Martínez. 46. Doña M.ª Begoña Medialdea Moreno. 47. Begoña Díaz Bulnes. 48. Don Angel González Santos. 49. Don Ricardo Abel Martín Cortes. 50. Don Victor Martín Leo. 51. Don Juan Asuar Monge. 52. Doña M.ª Yolanda Tovar García. 53. Doña M.ª Soledad Plata Salomón. 54. Don Nicolás Bote Santos. Suplentes 1. Don Juan Pérez Pérez. 2. Don Francisco Batuecas Franqueiro. 3. Don Victoriano Duran Moreno. 4. Don Estanislao Martín Martín. CANDIDATURA NÚMERO 25 PARTIDO ANDALUCISTA 1. Doña Pilar Távora Sánchez (PA). 2. Don José David Sánchez de Medina (PA). 3. Don Pablo Peñuela Romero (PA). 4. Doña María Pilar Vázquez Sánchez (PA). 5. Doña Dolores del Carmen de Toro García (PA). 6. Doña Encarnación Camacho Muñoz (PA). 7. Don Hermengildo González Núñez (PA). 8. Don Enrique Piñero Mesa (PA). 9. Don Juan Carlos Cueto Romero (PA). 10. Doña Carmen María González Piedra (PA). 11. Don Modesto González Márquez (PA). 12. Doña María Isabel Peinado Pérez (PA). 13. Don Juan Antonio López Soler (PA). 14. Doña Isabel María Barriga Racero (PA). 15. Don José Luis Osuna Castro (PA). 16. Doña Genoveva García Escudero (PA). 17. Don Santiago Casal Ríos (PA). 18. Don Juan García Rodríguez (PA). 19. Don Fulgencio Pérez Torres (PA). 20. Doña Ana Vanessa Berenguel Arroyo (PA). 21. Don Jorge Romero Salazar (PA). 22. Doña Eduarda Encarnación Morales Rodríguez (PA). 23. Don Félix Castillo Palacio (PA). 24. Doña Antonia Elena García Mohedano (PA). 25. Don Juan Miguel Gutiérrez Ortega (PA). 26. Doña Alicia Cayuela Pérez (PA). 27. Don Angel Villar Iglesias (PA). 28. Doña María González Ríos (PA). 29. Don José Luis Borrego Ligero (PA). 30. Doña Pilar García Gallego (PA). 31. Don Francisco Calvo Pozo (PA). 32. Doña Maria Piedad Vico Fernández (PA). 33. Don Juan Luis Morales Gallargo (PA). 34. Doña Gema María Ligero Loarte (PA). 35. Don Antonio José Escámez Rodríguez (PA). 36. Don Francisco Lozano Rodríguez (PA). 37. Don Juan López Blanco (PA). 38. Doña Begoña Castro Tavares (PA). 39. Don Francisco Rey Ruiz (PA). 40. Doña Rosario Gordillo Vázquez (PA). 41. Don Rafael Betanzos Mateos (PA). 42. Doña Sonia Villalba Pujol (PA). 43. Don Rafael Solis Carnero (PA). 44. Doña Ana Pérez Aragón (PA). 45. Don Alejandro Santos de la Cruz (PA). 46. Don Antonio Jesus Rodríguez Martínez (PA). 47. Don Francisco Javier Rojas López (PA). 48. Doña María Antúnez González (PA). 49. Don Diego Castaño Cano (PA). 50. Doña Cristina del Pozo Conde (PA). 51. Doña María Dolores Olivares Trigueros (PA). 52. Doña Carmen Sánchez Quirós (PA). 53. Don Adrián Sánchez Lora (PA). 54. Doña María José Roberto Serrano (PA). Suplentes 1. Doña Virginia Mora Cabrera (PA). 2. Don Agustín Pradas Pardal (PA). 3. Don Pedro Miguel Ruíz Vázquez (PA). 4. Doña Vanesa Ayala García (PA). 5. Don Antonio Manuel Vargas Herrera (PA). 6. Don José Antonio Iranzo Ruiz (PA). 7. Don Juan Luis García Gómez (PA). 8. Don José Antonio Puertas Gutiérrez (PA). 9. Doña Cariño Andrea Salmerón Hinojosa (PA). 10. Don Antonio Gallego Esteban (PA). CANDIDATURA NÚMERO 26 MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA (M.C.R.) 1. Don Antonio Rodríguez Carrillo. 2. Doña Joaquina Silva Díaz. 3. Doña Consuelo Guijo Martín. 4. Don Enrique Pirobe Cañas. 5. Don Segundo Menéndez Collar. 6. Doña Nuria Campanera Moliné. 7. Doña María Rosa Torres Sastre. 8. Don David Pérez Ramos. 9. Don Ángel Luis Parras Sen. 10. Doña Margarita Pérez Rubiales. 11. Doña Cristina Montojo Torrente. 12. Don Alessi Pérez García. 13. Doña María Josefa Zeigler Blanco. 14. Don Felipe Alegría Sarasibar. 15. Doña María del Pilar León Oliva. 16. Don Evaristo Espigares Garzón. 17. Don Raúl Gil Parras. 18. Doña María Mercedes del Vas Rioja. 19. Don Miguel Gómez de la Torre. 20. Doña Julia Mirón García. 21. Don José Lucas Martínez Arévalo. 22. Don Carlos Campoy Mercader. 23. Doña Elena Sánchez Lozano. 24. Doña Isabel Pulido Marín. 25. Doña Tania Mercader López. 26. Don Juan Manuel Fernández-Cuevas Sadornil. 27. Don Marcel Guillem Castillo Rossi. 28. Don Gaspar Torres Collado. 29. Doña Rosa María Núñez Millán. 30. Doña María del Carmen Triviño Morales. 31. Don Jose Manuel Romojaro Martínez. 32. Doña Victoria López Martín. 33. Don Áxel Vergés Busquets. 34. Don Juan Antonio Suárez Río. 35. Doña Guillerma Silva Díaz. 36. Doña Laura Requena Tejero. 37. Doña Maravilla Sánchez Alcalde. 38. Don Miguel Sánchez Gómez. 39. Doña Henar Renieblas Aguilera. 40. Don Manuel Valverde Ramírez. 41. Don Marco González Sánchez. 42. Don Enrique Navas Castillejos. 43. Doña Mariona Alberich Casañas. 44. Doña Marcela Ruíz Maldonado. 45. Don José Pozuelo Clemente. 46. Doña María Montserrat Cañete Sanz. 47. Don Victor José Ramos Roncero. 48. Don Román Rustichelli López. 49. Don Mustafa Bachir Mohamed. 50. Doña Aroa Araque Martínez. 51. Don José Palacios Prieto. 52. Doña Pastora Morales Fernández. 53. Don Doroteo Navarro Guardia. 54. Doña Nazaret Moreno Cecilia. Suplentes 1. Don Arturo Sánchez Sánchez. 2. Doña Dulce Nombre de María Varas Molina. 3. Don Ángel Luis Sierra Díaz. 4. Doña Irina Araque Martínez. 5. Don Raúl Rodríguez Fresnillo. 6. Don José León Sanz Martín. 7. Don Miguel García Román. 8. Doña María Concepción Martínez Redondo. 9. Doña Esther Mayordomo Portillo. 10. Don Javier Rodríguez Gallardo. CANDIDATURA NÚMERO 27 ESCAÑOS EN BLANCO (EB) 1. Don Luis Prado García (EB). 2. Doña Nerea Icuza Campos (EB). 3. Don Antoni Ramón Boixaderas (EB). 4. Don Alejandro Lorca Extremera (EB). 5. Doña Maria Purificación Iglesias Pazos (EB). 6. Don Miguel Ballesta Meichsner (EB). 7. Doña Sylvia Torras Crexells (EB). 8. Don Christian Douglas Gómez Martín (EB). 9. Doña María Belén Rios Martínez (EB). 10. Don Joan Ramon Serra Font (EB). 11. Don Luis Rafael Peralta Artacho (EB). 12. Doña Marta Bouzas Bruzos (EB). 13. Don Vicente Manuel Mañó Raga (EB). 14. Don Sonia Cubaro Hernández (EB). 15. Don José Martínez Díaz (EB). 16. Don Rafael de Troya Bononato (EB). 17. Doña Ana Isabel Zarapuz Fuente (EB). 18. Don Felipe Benicio Retamal Vázquez (EB). 19. Doña Sonia Silvestrini García (EB). 20. Don Francisco Padilla Muñoz (EB). 21. Don Fernando García Torres (EB). 22. Doña Maria Teresa Lou Arnal (EB). 23. Don Alfonso García Maniega (EB). 24. Doña Catalina Antonia Frau Segui (EB). 25. Don Ignacio Hormaechea Arroyo (EB). 26. Don Juan Luis Gil Romero (EB). 27. Doña Leticia Fernández Fernández (EB). 28. Don Juan Jesús Damián Taracido Sobral (EB). 29. Doña Maria José Montesinos Pérez (EB). 30. Doña Adrian Fuente Alonso (EB). 31. Doña Maria del Carmen Romera Zaragoza (EB). 32. Don José Martínez Riquelme (EB). 33. Doña Verónica Rosa Sañudo (EB). 34. Don Antonio Rubio Martínez (EB). 35. Doña Maria Mercedes Moreno Mosegues (EB). 36. Doña Begoña Pérez Ortiz (EB). 37. Don Juan Antonio García Corzán (EB). 38. Don Miguel Chafer Soler (EB). 39. Doña Susana María Rato Alba (EB). 40. Don Luis Fernando Turrens Diaz (EB). 41. Doña Izascun Palacio Peñagarikano (EB). 42. Don Miguel Colomo Fernández (EB). 43. Doña Vicenta Pérez González (EB). 44. Don Jose Inacio Lanz Iriarte (EB). 45. Doña Ana Maria Gil Perdices (EB). 46. Doña Natalia de Miguel Cortés (EB). 47. Don César Francisco Álvarez Álvarez (EB). 48. Doña Nuria Gallardo Campos (EB). 49. Don Roger Panadés Llorens (EB). 50. Doña Maria Josefa Valiente Morata (EB). 51. Doña Diana Consuelo García Martínez (EB). 52. Don Oliver Navarrete Cabestre (EB). 53. Doña Maria Cruz del Moral Fernández (EB). 54. Don José Marcelino Canga Méndez (EB). Suplentes 1. Doña Aurora Rojas Temprado (EB). 2. Don Sergio González Casais (EB). 3. Doña Maila Surisca Ramos (EB). 4. Don Ángel Lago Villar (EB). 5. Doña Begoña Muniente Ochoa (EB). 6. Don Antonio José Mateo Aguarón (EB). 7. Don Isidoro Lobato Pérez (EB). CANDIDATURA NÚMERO 28 POR LA REPÚBLICA, POR LA RUPTURA CON LA UNIÓN EUROPEA (RRUE) 1. Don Antonio Criado Barbero. 2. Don Pablo Lucas García-Cano Locatelli. 3. Don Pedro Felip Buades. 4. Doña Isabel Cerdá Martín. 5. Doña Lidia Just Calpe. 6. Don Blas Ortega Llavador. 7. Doña Lucía Rojo Parra. 8. Don José Antonio Pozo González. 9. Doña Francisca Ramírez López. 10. Don Jesús Béjar Sánchez. 11. Don José Gallego Casaus. 12. Doña Silvia Martínez Fernández. 13. Don José Antonio Almela Escobedo. 14. Doña Pilar Sanjurjo González. 15. Don Abel Ricart Llovera. 16. Doña Isabel Ruiz Rodríguez. 17. Don Jesús M.ª Pérez Martínez. 18. Don Javier Enrique Herrero Heras. 19. Doña Marta Cassasas Garriga. 20. Don Francisco Javier Cepeda González. 21. Doña Josefa María Afonso Ortiz. 22. Don Rafael Aguilera Sánchez. 23. Doña María Isabel Benítez Luque. 24. Don Lloic Caballero Alonso. 25. Don José Antonio García Vázquez. 26. Don Miguel González Mendoza. 27. Don Manuel Ruiz Rodríguez. 28. Don Felipe Dorita Cadarso. 29. Doña Rosa Rodríguez Martín. 30. Doña María Jesús Egaña Ibieta. 31. Don Antonio Juan García Moreno. 32. Don Luis Jorge Yuste Báguena. 33. Don Antonio Juan Julve. 34. Doña Silvia Osorio Cabrera. 35. Doña Natividad Rodríguez Rey. 36. Don Victoriano Ballesteros García. 37. Doña Margarita Tova Bel. 38. Don Rafael Casado Márquez. 39. Doña M.ª Carmen González Alba. 40. Don Antonio Francisco González Sanabria. 41. Doña Paula Sánchez Cerdá. 42. Doña Maria del Carmen Alonso Martín. 43. Don Raúl Aragonés Ortiz. 44. Don José Antonio Novoa López. 45. Don José Rodríguez Martín. 46. Don José Francisco Domínguez Sevilla. 47. Don Enrique Dargallo Guerra. 48. Don Mario Montesino Jiménez. 49. Doña Concepción Benages Nager. 50. Doña M.ª Carmen Sanz González. 51. Don Mikel Gonzalez Sola. 52. Doña Eugenia Aragonés Lamenca. 53. Doña Zuriñe López Egaña. 54. Don Ángel Tubau Quintano. Suplentes 1. Don Sergio Javier Boge Rubio. 2. Don José Luis Sánchez Martín. 3. Doña María Azucena Yunquera Fernández. 4. Don Joaquín José Herrando Jimeno. 5. Doña Alicia de la Calle González. 6. Don Emilio de la Cruz Fernández. 7. Don Mariano Muñoz Ortiz. 8. Doña M.ª Carmen Guerricagolla Gorostiza. 9. Don José Andrés Blanco Rodríguez. 10. Doña Yolanda Martínez Mahillo. CANDIDATURA NÚMERO 29 PODEMOS (PODEMOS) 1. Don Pablo Iglesias Turrión (Podemos). 2. Doña María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (Podemos). 3. Don Carlos Jiménez Villarejo (Podemos). 4. Doña María Dolores Lola Sánchez Caldentey (Podemos). 5. Don Pablo Echenique Robba (Podemos). 6. Doña Tania González Peñas (Podemos). 7. Don Miguel Urban Crespo (Podemos). 8. Doña Estefanía Torres Martínez (Podemos). 9. Don Xabier Benito Ziluaga (Podemos). 10. Doña Esperanza Jubera García (Podemos). 11. Don Daniel Mari Ripa (Podemos). 12. Doña Ana Villaverde Valenciano (Podemos). 13. Don Jesús Manuel Castillo Segura (Podemos). 14. Doña Gloria Pilar Santiago Camacho (Podemos). 15. Don Juan Carlos Suñen (Podemos). 16. Doña Isabel Serra Sánchez (Podemos). 17. Don José María Copete Fernández (Podemos). 18. Doña Amelia Martínez Lobo (Podemos). 19. Don Manuel Gálvez Ibánez (Podemos). 20. Doña Carmen Yuste Aguilar (Podemos). 21. Don José Antonio Sánchez Sanz (Podemos). 22. Doña Itxaso Cabrera Gil (Podemos). 23. Don Joan Josep Bosch González (Podemos). 24. Doña Silvia Pineda Sanjuán (Podemos). 25. Don Ares Jiménez Soria (Podemos). 26. Doña Paula Arujo Quinteiro (Podemos). 27. Don José Orlando Fernández Casanueva (Podemos). 28. Doña Sandra Mínguez Corbal (Podemos). 29. Don Francisco Pérez Ramos (Podemos). 30. Doña Cecilia Salazar-Alonso Revuelta (Podemos). 31. Don Daniel López Vela (Podemos). 32. Doña Beatriz De Lara García (Podemos). 33. Don David Llorente Sánchez (Podemos). 34. Doña Inés Cachera Rodríguez (Podemos). 35. Don Marcelo Armendáriz Gil (Podemos). 36. Doña Lucía Montejo Arráiz (Podemos). 37. Don Sergi Cremades Fernández (Podemos). 38. Doña Juana María Ripoll Alberti (Podemos). 39. Don Manuel Cónsola Palau (Podemos). 40. Doña María Isabel Meroño Pajares (Podemos). 41. Don Juan Quevedo Martín (Podemos). 42. Doña Maitane Huarte Vicente (Podemos). 43. Don Eduardo Maura Zorita (Podemos). 44. Doña Lucía Ayala Asensio (Podemos). 45. Don José Vicente Bustamante (Podemos). 46. Doña Beatriz Rilova Barriuso (Podemos). 47. Don Jesús Alberto de Manuel Jerez (Podemos). 48. Doña Patricia Amaya Silva (Podemos). 49. Don Jesús Jurado Anaya (Podemos). 50. Doña Virginia Elena Hernández Bauve (Podemos). 51. Don José Adolfo Pepe Mejía Giraldo (Podemos). 52. Doña Virginia Muñoz Mardones (Podemos). 53. Don Miguel García Segura (Podemos). 54. Doña María del Pilar de la Paz Martínez (Podemos). Suplentes 1. Don Marc Bertomeu Goixens (Podemos). 2. Doña Ana Gloria Sánchez Ruano (Podemos). 3. Don Blas Padilla Pérez (Podemos). 4. Doña María José Bonilla León (Podemos). 5. Don Javier Navascués Chivite (Podemos). 6. Doña Jessica del Saz Camacho (Podemos). 7. Don Emilio Mateos Ortega (Podemos). 8. Doña Olga Arnaiz Zhuravleva (Podemos). 9. Don Juan Pablo Fernández Santos (Podemos). 10. Doña María Isabel Pereira Varela (Podemos). CANDIDATURA NÚMERO 30 ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) 1. Don Alfonso José Vázquez Vaamonde. 2. Doña Zoe Angulo Crespo. 3. Don Ramiro Manuel Gil Morel. 4. Doña Rosa Bernat Ruiz. 5. Don Francisco j Sola Montalbán. 6. Doña Patricia Méndez Muiño. 7. Don Jesús Fernández Jiménez. 8. Don Ramón García Hernández. 9. Doña Ainara Errea Arraras. 10. Don Gabriel Salguero Lafuente. 11. Don Alejandro Escribano Sanmartín. 12. Doña Laura Castaño López. 13. Don Manuel Carlos Sánchez Caballero. 14. Doña Isabel Ana González Galán. 15. Don Francisco Pérez Ardit. 16. Doña Amparo Prieto Fuentes. 17. Don Alberto Iglesias Gallego. 18. Don Marcos Vicente Fernández. 19. Doña Maria Carmen Moro Marcos. 20. Don Cristian Redondo Liste. 21. Doña Maria Gloria Carrascosa Román. 22. Don Manuel Angel Benito Sánchez. 23. Doña Maria Dolores Romero Reyes. 24. Don Miguel Ángel Cerdán Pérez. 25. Don Enós Tomás Pastrana Delgado. 26. Doña Julia Sarabia Casado. 27. Don Juan José Martínez Embid. 28. Don Amado Mugika Uriarte. 29. Doña María Teresa Mateo Martín. 30. Don Raul Sola Talayero. 31. Don Luis Iglesias Pérez. 32. Doña Francisca Martín Almendros. 33. Don Salvador Artacho Ruiz. 34. Doña Luisa Martínez Ramírez. 35. Don Juan Manuel Angulo Renes. 36. Don Ernesto Aguilar López. 37. Doña María Carmen Sender Bayarri. 38. Don Bernardo Villar Polonio. 39. Doña Carmen María García Hernández. 40. Don Manuel Baez Perez. 41. Don Luis Pedro Gil. 42. Doña Sonia Juan Lozano. 43. Don Alberto Quintín Sola. 44. Doña Maria Gemma Laliena Román. 45. Don Jose Miguel Carballo Sánchez. 46. Don Jose Antonio Barbero Gonzalez. 47. Doña Maria Rosario Torrontegui Olondo. 48. Don Juan Miguel Sola Montalbán. 49. Doña Marta Diaz Perez. 50. Don Pedro Asín Gil. 51. Don Antonio Francisco Fernández Lima. 52. Doña Maria Carmen Sola Montalbán. 53. Doña Tanit Marín Ribas. 54. Don Luis Pedro Martín. Suplentes 1. Don Jaime Blanco López. 2. Doña Antonia Vicente Ibarra. 3. Don Antonio Ferriz Soriano. 4. Doña María de los Ángeles Fernández Moro. 5. Don Francisco Javier García-Abadillo Santos-Orejón. 6. Don Daniel Fernández Abella. 7. Doña Esperanza Macarena Carrascosa Román. 8. Don Enrique Casanova Sanchis. 9. Doña Anna Maria Perez Aguilar. 10. Don Ángel Ayuso Fernández. CANDIDATURA NÚMERO 31 PARTIDO DA TERRA (PT) 1. Don Isaac Zas Neira. 2. Doña Iolanda Mato Creo. 3. Don Andrés José Pena Graña. 4. Doña Marta Toledano Funes. 5. Don Fernando Rafael Gómez Jácome. 6. Doña María Paloma Fernández de Córdoba Cancela. 7. Don Xosé Carlos Morell González. 8. Doña Irene Veiga Durán. 9. Don Adrián Morán García. 10. Doña María Beatriz Pin Díaz. 11. Don Abraham González Martínez. 12. Doña María Belén Fontal Belón. 13. Don Constantino Rábade Castiñeira. 14. Doña Lucía Rodríguez Cao. 15. Don Paulo Vaamonde Espasandín. 16. Doña Maria Seoane Dovigo. 17. Don Marcos Celeiro Carballo. 18. Doña Yolanda Rodríguez Aldrey. 19. Don Daniel Couso Santamaría. 20. Doña María Concepción Rodríguez Pérez. 21. Don Andrés Taboada Casteleiro. 22. Doña Noemi Vázquez Nogueiras. 23. Don José Manuel Goris Cuíña. 24. Doña Carmen Isabel Traba Canosa. 25. Don Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 26. Doña Ainhoa Bolinaga Hontecillas. 27. Don Héctor Rodal López. 28. Doña Violeta Núñez Martínez. 29. Don Xoán Evans Pin. 30. Doña Águeda Matute de Cárdenas. 31. Don César Alonso Moro. 32. Doña María Cabo Carballal. 33. Don Carlos Manuel Outeiral Miniño. 34. Doña Ana Isabel Arias Trasancos. 35. Don Ernesto Vázquez Souza. 36. Doña María Concepción Corral Vale. 37. Don Sergio Álvarez Alonso. 38. Don Xosé Anxo Gómez Figueira. 39. Doña María Victoria Gaza Fernández. 40. Don Francisco Quiroga López. 41. Don Paulo Manuel Outeiro Loureiro. 42. Doña Maria del Carmen Sueiro Conde. 43. Don Alexandre Brea Rodríguez. 44. Doña María Luisa García Avecilla. 45. Don Enrique Pérez Lijó. 46. Doña Sonia Pérez Sueiro. 47. Don Tomás Barrero Delgado. 48. Don Xosé Tubío Rodríguez. 49. Doña María Dolores Canosa López. 50. Don Xosé Luís Ansemil Moreira. 51. Don Carlos Castiñeira Vázquez. 52. Doña María Begoña Otero Rodríguez. 53. Don Fernando Alonso Lorenzo. 54. Doña María Trabazo Pereira. Suplentes 1. Don Javier Ponte Casas. 2. Doña María Begoña Gómez Jácome. 3. Don Pablo Basanta Cerezo. CANDIDATURA NÚMERO 32 SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIN) 1. Doña María Elena García San Segundo (SAIn). 2. Don Enrique María Prieto Gómez (SAIn). 3. Doña Magdalena Pérez de Vallejo (SAIn). 4. Don Rodrigo del Pozo Fernández (SAIn). 5. Don Jorge Gaya Nofre (SAIn). 6. Doña María Isabel Rodríguez Peralta (SAIn). 7. Don Rodrigo Lastra del Prado (SAIn). 8. Doña Ana María Lara García (SAIn). 9. Don Ismael Andrés Gómez Gutiérrez (SAIn). 10. Doña María Dolores Hernández de Castro (SAIn). 11. Don Francisco Rafael Gómez del Castillo Segurado (SAIn). 12. Don Samuel Valderrey Pérez (SAIn). 13. Doña María Cristina Casanova González (SAIn). 14. Doña María del Pilar Alejos Pola (SAIn). 15. Don José González Ruiz (SAIn). 16. Don Juan Daniel Sabín Fernández (SAIn). 17. Doña Blanca Zulema Fernández Santos (SAIn). 18. Doña Eva María Cabré Segura (SAIn). 19. Don Jesús Ángel Benítez González (SAIn). 20. Doña Marta María Sanz Buezo (SAIn). 21. Doña María Belén Romón Labrador (SAIn). 22. Don Ángel Manuel Rodríguez Calderín (SAIn). 23. Doña Nuria Sánchez Díaz de Isla (SAIn). 24. Doña Ángela María Vidal Merayo (SAIn). 25. Don Javier Marijuán Izquierdo (SAIn). 26. Doña María Victoria Palacios García (SAIn). 27. Don Juan José Medina Rodríguez (SAIn). 28. Don Iñigo Ugarte Olano (SAIn). 29. Don Hugo Marcelo Suárez Vázquez (SAIn). 30. Doña María del Carmen Caballero Sánchez (SAIn). 31. Don Fernando García Rodríguez (SAIn). 32. Doña Araceli Salamanca Muñoz (SAIn). 33. Doña Eródica Medina Falcón (SAIn). 34. Don Jose María Santos Rodríguez (SAIn). 35. Doña Marta Prieto Vidal (SAIn). 36. Doña Laura Pérez Martín (SAIn). 37. Doña Consolación Vidal Adán (SAIn). 38. Don José de la Ascensión Marín Zamora (SAIn). 39. Doña Manuela Contreras García (SAIn). 40. Don Jesús Miguel Berenguer Zamorano (SAIn). 41. Doña María Neus Martí Lleixà (SAIn). 42. Don Pablo Muñoz Cifuentes (SAIn). 43. Don Julio Pérez Álvarez (SAIn). 44. Doña Gemma Olmos Centenera (SAIn). 45. Doña Cristina Bandín Potel (SAIn). 46. Don Germán López Castro (SAIn). 47. Don Carmelo Mármol Carmona (SAIn). 48. Doña Encarnación Jiménez de Rueda Plaza (SAIn). 49. Don Óscar Arcera López (SAIn). 50. Doña Teresa de Vallejo Sancho de Sopranis (SAIn). 51. Don Xavier Borràs Balada (SAIn). 52. Doña Raquel Martínez Andrés (SAIn). 53. Don Ildefonso Hervás Ruiz (SAIn). 54. Doña Ana María Cuevas Reoyo (SAIn). Suplentes 1. Don Javier Gil Sánchez (SAIn). 2. Don Joaquín Jesús Mora Garrido (SAIn). 3. Doña Araceli González Jiménez (SAIn). 4. Doña Ana María Gómez de la Fuente (SAIn). 5. Don Jorge Bandín Potel (SAIn). 6. Don Luis Fernando Prieto Pradas (SAIn). 7. Doña Mónica Prieto Vidal (SAIn). 8. Don Miguel Fernández Taboada (SAIn). CANDIDATURA NÚMERO 33 LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM) 1. Don Jesús Muñoz Martínez. 2. Don Ignacio Ruiz-Larrea Aranda. 3. Doña Blanca Rosa Gil Aranda-Piqueras. 4. Doña María Elena Pérez Vieco. 5. Doña Raquel García Hernández. 6. Don Javier Marcos Aroca. 7. Don Alejandro Torresano Zurita. 8. Don Víctor Diego Villalba. 9. Doña María Begoña Lahera González. 10. Doña María de las Mercedes Collado Jiménez. 11. Don Camino Luis Rodríguez Fraile. 12. Don Fernando Dacal Calle. 13. Don Juan José García Gómez. 14. Doña Jezabel Pérez Luengo. 15. Doña Patricia Navarro de Palencia Sanz-Bustillo. 16. Don Javier Ochoa Escobar. 17. Don Carlos Javier Rodríguez Muñoz. 18. Don Sergio Reguilón Fumero. 19. Doña María del Pilar Samper Samper. 20. Doña Maria Belén Collado Jiménez. 21. Don Alberto Gonzalo de Juan. 22. Don José María Ferrando León. 23. Don Fernando Calvo Gil. 24. Doña María Rocío Sánchez-Horneros Miranda. 25. Doña Begoña del Arco Herrero. 26. Don Alejandro Díaz García. 27. Don Juan Carlos Guijarrro Sánchez. 28. Don Jesús Fernando Fernández Gil. 29. Doña Noelia Castillejo Calderón. 30. Doña Tamara Becerra Cruz. 31. Don Jesús Martín Martín. 32. Don Segundo Ernesto Gómez Sánchez. 33. Don Félix Salmerón González-Bergas. 34. Doña Olga María Ocaña Manzanaro. 35. Doña Inmaculada García Sancho. 36. Don Fernando Alonso Morán. 37. Don Germán Sánchez Saco. 38. Doña Natalia Aznar Moreno. 39. Doña María de la o Grunwald Cerezo. 40. Doña Concepción Jiménez Palomino. 41. Don Alberto Aceves Gallego. 42. Don Julio César Arranz Arranz. 43. Don Nemesio Cabezuela Varela. 44. Doña Josefa Vieco Solano. 45. Doña Bárbara Catalán Casorrán. 46. Don Felipe Maroto Cuenca. 47. Don José Alejandro García Sancho. 48. Don José Luis Corral Fernández. 49. Doña María Mercedes Martínez Gemar. 50. Doña Francisca Sánchez Nevado. 51. Doña María Luisa García Gómez. 52. Doña María Luisa López Alonso. 53. Don Pedro Pablo Peña Muñoz. 54. Don Manuel Andrino Lobo. Suplentes 1. Don Javier Luis Horas Puente. 2. Don Daniel Granieda Aguado. 3. Doña María del Carmen Aparicio Periquet. 4. Doña María de la paz Cerezo del Campo. 5. Don Enrique González Griñán. 6. Don José Javier Ramos Tundidor. 7. Don Jorge Fernando Rodríguez Quevedo. 8. Doña Elisa Marcos Aroca. 9. Doña María Teresa Hernández Rubio. 10. Don Luis Casas Romero. CANDIDATURA NÚMERO 34 CONFEDERACIÓN PIRATA (PIRATAS) 1. Don Rubén-Darío Castañé Carmona. 2. Don Fabián Plaza Miranda. 3. Doña María Lorena Müller . 4. Doña Muriel Rovira Esteva. 5. Don Rubén Romero Berrocal. 6. Doña Soledad Toledo Testa. 7. Doña María del Carmen Santos Santos. 8. Don Daniel Abadía Prieto. 9. Doña Sonia Areán Corral. 10. Don David Arcos Sebastián. 11. Don José Carlos Couto González. 12. Doña Isabel Cristina Fernández Álvarez. 13. Don Carlos González Iglesias. 14. Doña Aida Regi Cosculluela. 15. Don Aleix Compte Gamisans. 16. Don Renato Domínguez Presa. 17. Don José María Nieto Socorro. 18. Doña María Dolores Peris Perrino. 19. Don Juan Carlos Durán Romero. 20. Doña Emilia Teresa Fraga González. 21. Don José Andrés Diz Alonso. 22. Don Arturo Martínez Nieves. 23. Don Juan Jesús López Aguilar. 24. Doña Sonia Bouzas González. 25. Doña Ana Couto Pereiro. 26. Don Juan Bautista Esteve Ramos. 27. Don Xavier Vila Espinosa. 28. Don Ángel Vázquez Hernández. 29. Doña Virginia Rubio López. 30. Doña María del Carmen García Rodríguez. 31. Don Marcos Muñiz García. 32. Don Oliver Herzig . 33. Don Enric Pineda i Traïd. 34. Doña María José Gracia Lacal. 35. Doña Laia Figueras Vilanova. 36. Don Jofre Embun Ors. 37. Don Miguel González Alvárez. 38. Don Josep Xavier León Gómez. 39. Doña María Esperanza Cilla Ortega. 40. Doña Ana Fuentes Jambrina. 41. Doña María Dolors Moncusi Rodríguez. 42. Don Joan Carles Hinojosa Galisteo. 43. Don Gonzalo Heredia Borreguero. 44. Don Iván Valladares González. 45. Doña Adriana Campos Diz. 46. Don Eloy Loriente Parellada. 47. Don José Manuel Hidalgo López. 48. Doña Susana Gabardós Iturralde. 49. Don Carlos González del Hoyo. 50. Don Aet Sarapuu . 51. Don Xavier Martí i Castells. 52. Doña Francisca Carmona Palomino. 53. Doña María Teresa Rodríguez González. 54. Don Adrián Juste Agulló. Suplentes 1. Don Víctor Gordillo Vaquerizo. 2. Doña María Evilasia Álvarez Rodríguez. 3. Don Carles Fernández Juliá. 4. Doña Mónica Bravo Martín. 5. Don Joan Vila i Bonet. 6. Doña Jessica García López. 7. Don Sergio Jordá Vera. 8. Doña Elvira Mateos Blázquez. 9. Don Germán Arnáiz San Pedro. 10. Doña Maria del Pilar Molina Antoñana. Comunidad Autónoma de Andalucía PIRATAS DE ANDALUCÍA - CONFEDERACIÓN PIRATA - EUROPEAN PIRATES (PIRATAS) Comunidad Autónoma de Aragón PIRATAS DE ARAGÓN - CONFEDERACIÓN PIRATA - EUROPEAN PIRATES (PIRATAS) Comunidad Autónoma de Cataluña PIRATES DE CATALUNYA - CONFEDERACIÓN PIRATA - EUROPEAN PIRATES (PIRATA.CAT) Comunidad Autónoma de Extremadura PIRATAS DE EXTREMADURA - CONFEDERACIÓN PIRATA - EUROPEAN PIRATES (PIRATAS) Comunidad Autónoma de Galicia PIRATAS DE GALICIA - CONFEDERACIÓN PIRATA - EUROPEAN PIRATES (PIRATAS) Comunidad Autónoma de Madrid PIRATAS DE MADRID - CONFEDERACIÓN PIRATA - EUROPEAN PIRATES (PIRATAS) Comunidad Autónoma de la Rioja EUROPEAN PIRATES - CONFEDERACIÓN PIRATA - PIRATAS DE LA RIOJA (PIRATAS) Comunidad Autónoma Valenciana PIRATAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CONFEDERACIÓN PIRATA - EUROPEAN PIRATES (PIRATAS) CANDIDATURA NÚMERO 35 DEMOCRACIA NACIONAL (D.N.) 1. Don Luis Tomás Zapater Espí. 2. Don Manuel Galiana Ros. 3. Don Manuel Canduela Serrano. 4. Doña Dolores Aída Martínez Fernández. 5. Doña Cristina Martín González. 6. Don Luis Mateos de Vega. 7. Don Pedro Chaparro Velacoracho. 8. Doña Paula Mijares Casado. 9. Don Ignacio Casado López. 10. Doña Ana Castillo Ruiz. 11. Don Jorge del Valle Domenech. 12. Don Jairo Manuel Suárez Cerrejón. 13. Doña Paula San Frutos Sevilleja. 14. Don Juan Manuel Sales Ortí. 15. Doña Yolanda García Hernández. 16. Don Pablo Manuel Alcaide Quintana. 17. Don Lucio Peñacoba Barahona. 18. Don Gonzalo Martín García. 19. Doña Melisa Casas Barco. 20. Doña Lorena del Río Gómez. 21. Don Adolfo Andrés Carrasco Martínez. 22. Don Vicente Estarelles Giménez. 23. Doña Mireia Ramírez Gutiérrez. 24. Don Miguel Blasco del Álamo. 25. Doña María Gemma Valenzuela Vázquez. 26. Don José Miguel Patón Fernández. 27. Don Francisco Javier Gutiérrez Yules. 28. Doña Raquel de Francisco Durante. 29. Don Luis Miguel Cañizares Torre. 30. Doña Cristina Belmonte Revuelta. 31. Don Oliver Nistal Calzón. 32. Doña María de las Mercedes Gago Mozo. 33. Don Juan Vélez Vallejo. 34. Don Marcial Garrido Marcos. 35. Doña Krystel Jongejan Brull. 36. Don Marcelo Piña Gutiérrez. 37. Don José Luis Arranz Arranz. 38. Doña Celia Eva Carrasco Martínez. 39. Don Vicente Celemín Lominchar. 40. Doña Felisa Martínez Martínez. 41. Don Javier Moreno Relaño. 42. Don Julio de la Cruz González. 43. Don Emilio Rodríguez Tercero. 44. Doña Eva Lanero Fernández. 45. Doña Jazmina Pozo Téllez. 46. Don Rubén Mariscal Romero. 47. Doña Ana Díaz Izquierdo. 48. Don Alberto Puente Morón. 49. Don Abel González Veganzones. 50. Doña María de los Ángeles Ferriz Blasco. 51. Don Tiburcio Verona Naranjo. 52. Doña María del Mar Ramos Dávila. 53. Don Alberto Álvaro Martínez Fernández. 54. Doña Margarita de Vega Gallego. Suplentes 1. Don Julio Rafael Lorente Pérez. 2. Doña María Ángeles Olivares Chaparro. 3. Doña Consolación Navarro López. 4. Don Jesús María Jerez Saldaña. 5. Doña Silvia Núñez Palomares. 6. Don Manuel Beltrán Valverde. 7. Don Francisco García García. 8. Doña Montserrat Montanuy Royo. 9. Don Javier Montero Quesada. 10. Doña María Rosa Talavera Iglesias. CANDIDATURA NÚMERO 36 PROYETE EUROPA/PROYECTO EUROPA (ANV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO) 1. Don Rubén Vanó Gómez. 2. Doña María Ester Garanto Álvarez. 3. Doña María Carmen Melián Perona. 4. Don Jos Eduardo Rafel Roca López de Hierro. 5. Don José Vicente Guinot Aledo. 6. Doña Susana Belmar Ocón. 7. Don Ernesto José Pérez Gormaz. 8. Don Juan Carlos Ponce Martín. 9. Doña Ángeles García Santiago. 10. Doña Immaculada Silvestre Ferrer. 11. Don Alejandro Sogues Colom. 12. Don Francisco Javier Vecilla Olivera. 13. Doña María Esperanza Sanchís Sabater. 14. Doña Susana Manzano Bonilla. 15. Don Vicente Jesús Segarra Gisbert. 16. Doña Amparo Cosme Gisbert. 17. Don Adrián Pérez Torres. 18. Don Alfonso Fabián Grande Dámaso. 19. Don Manuel Jesús Ruiz Plaza. 20. Doña María Teresa Royo Alonso. 21. Don Salvador Martínez Company. 22. Don Félix Quintana Calvo. 23. Doña María Belén Dia Castro. 24. Doña Laura Hernández Reyes. 25. Don Carlos Antonio Baño Sempere. 26. Doña María Isabel Lázaro Ferrer. 27. Don José Luis López Ballesteros. 28. Don Federico Adán Castillo. 29. Don Miguel Ángel Rus Casado. 30. Doña María Desamparados Aparisi Latorre. 31. Doña María Melero Martínez. 32. Don Alejandro Garanto Álvarez. 33. Don Víctor Zanón Calabuig. 34. Doña María Dolores Sánchez Pulido. 35. Don Vicente Tamarit Nacher. 36. Don Ricardo Peiró Alós. 37. Doña María Paz Olivera Mur. 38. Doña Leticia Caballer Soriano. 39. Don Bernardo Luis López Berenguer. 40. Doña Maria Ángela Benítez Rosado. 41. Don José Enrique Arbiol López. 42. Don Jesús Vicente Manzano Sanz. 43. Don Juan Rafael Giménez Castillo. 44. Doña María Jesús López Cantero. 45. Doña María Teresa Miralles Cantero. 46. Doña María José Bendincho Climente. 47. Doña Amelia Egea Prima. 48. Don José Manuel Pérez Estruch. 49. Don Antonio Sánchez Craviotto. 50. Don Rafael Medina Ferrandis. 51. Don José Eduardo Sanahuja Morales. 52. Doña María Teresa Viñe Lerma. 53. Doña Amparo Segarra Gisbert. 54. Don Benjamín María Lafarga Vázquez. Suplentes 1. Don Albert Cuadrado de la Flor. 2. Doña María de las Mercedes Colomer Gómez. 3. Don Raúl Cerdá Pelechá. CANDIDATURA NÚMERO 37 MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA, MOVIMIENTO RED (MOVIMIENTO RED) 1. Don Elpido José Silva Pacheco. 2. Doña Eliana Camps Dutrem. 3. Don Reinaldo López López. 4. Doña Maria del Consuelo Majarón de Tena. 5. Don Sergio Muñoz Abad. 6. Doña Blanca Yagüe Frías. 7. Don Francisco García Ramos. 8. Doña Anna Vegas Majarón. 9. Don Javier Barrajón Gigante. 10. Doña Pilar Baselga Calvo. 11. Don Manuel Ramos Giraldez. 12. Doña Erika Padrón Padrón. 13. Don Modesto Durán López. 14. Doña Begoña Pérez Rodríguez. 15. Don Diego de Ramón Hernández. 16. Doña Carolina Martín Ruiz. 17. Don Cristóbal Cobo Quintas. 18. Doña Manuela Fernández Martín de Blas. 19. Don José María Adrover Montemayor. 20. Doña María Victoria Canelada Pérez. 21. Don Juan Manuel Amaral Winter. 22. Doña María Iciar del Salto Aguilera. 23. Don Basilio Santamaría Zapico. 24. Doña Belén García Rubio. 25. Don Jacinto Roldán García. 26. Doña Judith Martínez Velasco. 27. Doña Abdelali Aabid Zoubairi. 28. Doña Inmaculada Lázaro Valls. 29. Don Lluis Vallès Gras. 30. Doña Ana Rosa Fernández Mora. 31. Don Javier Ávila Riera. 32. Doña Laura Jiménez Pelagio. 33. Don Valentín Iglesias Castañeda. 34. Doña Pilar García Alba. 35. Don Abel López Fernández. 36. Doña Elena Díez de la Cortina Montemayor. 37. Don David Couso Saiz. 38. Doña Eva Rubio Merino. 39. Don Miguel Plata Recio. 40. Doña Blanca Pérez Soberón. 41. Don Germán Giner Ortiz. 42. Doña Nathalia Martínez Velasco. 43. Don José Gregorio Abad Rodríguez. 44. Doña Rocío Aragón González. 45. Don Pablo Langa Díaz. 46. Doña María Fátima Antolín Hevia. 47. Doña Consuelo García del Cid Guerra. 48. Don Raúl Nieto García. 49. Doña María Gracia Fernández Jiménez. 50. Don Ángel Fernández Carpe. 51. Doña Zenaida Ángeles Amador Betancor. 52. Don Bruno Cano Vázquez. 53. Doña Obdulia Narcisa Rosero Zamora. 54. Don Carlos Casaiz Coll. CANDIDATURA NÚMERO 38 MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (M.S.R.) 1. Don Juan Antonio Llopart Senent. 2. Don Jacinto García Llorente. 3. Doña Catalina Martínez Llado. 4. Doña Sara Valentín Melchor. 5. Don Pedro Cantero López (Independiente). 6. Don Jorge Alberto de la Fuente Miró. 7. Don Alberto Castañera Martín. 8. Doña M.ª Consuelo Mier Arnaiz. 9. Doña María Lourdes Estévez Vázquez. 10. Don Víctor Jesús Castellanos Mata. 11. Don Juan Ramón Marcos Coloma (Independiente). 12. Doña Fátima Sanz Fernández. 13. Doña M.ª de las Mercedes Manjarín Ruiz (Independiente). 14. Don Oriol Castan Cabau. 15. Don Emilio Irigoyen del Castillo. 16. Doña María Belén de Espona Delgado (Independiente). 17. Doña María del Pilar Martínez Montesinos. 18. Don Luis Felipe Pérez Gutiérrez (Independiente). 19. Don José Luis Vázquez Gil. 20. Don Juan Carlos Navidad Rodríguez. 21. Don Jesús Antonio Ruiz Gómez. 22. Don José Bellido Muniesa. 23. Doña Marina Lera Giménez. 24. Doña María Teresa Villanueva Mora. 25. Don Felipe Antonio Navarro Tamarit. 26. Doña María del Pilar Serrano García. 27. Doña Paula Alonso Germán. 28. Don Manuel Inocencio Morales. 29. Don Manuel Alejandro Carbonell Puertas. 30. Don Jorge Luis Álvarez García-Bernardo (Independiente). 31. Don Emilio García Esteban (Independiente). 32. Don Pablo Guille Martínez. 33. Doña Raquel Vacas Costa. 34. Doña María Dolores Álvarez Maroño. 35. Don David Lara Míguez. 36. Don Eduardo José Giménez Vergara. 37. Don Efrén Martínez Hernández. 38. Don Pablo Alcaraz Arcas. 39. Doña Eugenia Sabadell Cardús. 40. Doña Juliana Álvaro Isabel. 41. Don Carlos Ortega Rodríguez. 42. Don Francisco Calderón Álvarez. 43. Don David Cantera Sacristán. 44. Doña Natalia Hernández García. 45. Doña Cristina Victoria Gómez Munua. 46. Don Francisco Javier Bueno Pons. 47. Don Juan Carlos González García. 48. Don Pedro Bonilla Martín. 49. Doña Inés Izquierdo Guijarro. 50. Doña María Montolar García. 51. Don Iván Camacho Navarrete. 52. Don Víctor Joaquín Soriano Ferrer. 53. Doña Alicia Martín Pasamontes. 54. Doña María Michelón Riestra (Independiente). Suplentes 1. Don Iván Córdoba Rivert. 2. Doña María del Carmen Arroyo Gómez (Independiente). CANDIDATURA NÚMERO 39 CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS) 1. Don Félix Laudelino de la Fuente Pascual. 2. Don Peter Schwenzer. 3. Doña Inmaculada Trugillo Gómez. 4. Don Francisco Javier Bris Peñalver. 5. Doña María Rosana López Suárez. 6. Don José Antonio Pérez de la Serna. 7. Doña Elvira Méndez Durán. 8. Don Antonio Fulgencio Buendía Buendía. 9. Don Luis Ortiz Fernández. 10. Doña María Teresa Domínguez Vázquez. 11. Don Juan José Sedeño Morcillo. 12. Doña Rosa Pérez Abad. 13. Doña Josefina Méndez Suárez. 14. Don Francisco Javier Bris Gallo. 15. Doña Antonia Amores Montero. 16. Doña María Isabel Oña Morilla. 17. Don Miguel Ángel Labanda Cuadros. 18. Don Agustín del Pino Gómez. 19. Don Miguel Trugillo Giménez. 20. Doña Amelia Isolina Suárez Suárez. 21. Don Antonio Martínez Colón. 22. Don Pedro Sánchez Martínez. 23. Don Juan Manuel Heredia Fernández. 24. Doña Macarena Gomez de Cisneros Ramos. 25. Doña Juana Navarrete Fernández. 26. Don Manuel Calvo Caballero. 27. Doña Marina Sánchez Carvajal. 28. Doña María del Carmen Rodríguez Medina. 29. Don Francisco Javier González del Valle. 30. Doña Patricia Zurita Tatxé. 31. Doña Ana María Tristán Riol. 32. Don Galo Cantalejo Matamala. 33. Don Antonio Garrido Galán. 34. Doña María Dolores Ojeda Gracia. 35. Doña Begoña Vázquez Trujillo. 36. Don Pedro Salvador Magdalena García. 37. Don Juan Andrés Ruiz Cuesta. 38. Doña Encarna María González Asensio. 39. Doña Ana Belén Gilabert Pérez. 40. Doña Ana Dolores Pérez Peralta. 41. Doña María Quesada Martínez. 42. Doña Agustina Baide González. 43. Doña Adriana Pérez Macías. 44. Don Simón Pérez Macías. 45. Don Álvaro Tafur Fernández. 46. Don Diego Adrián Márquez Dondio. 47. Don Vicente Palma Rodríguez. 48. Don José Luis López Valdés. 49. Doña Virginia Vargas Tenorio. 50. Doña Esperanza García Ortigón. 51. Doña Marta Sierra Domingo. 52. Don Fulgencio Santiago Buendía Buendía. 53. Doña María Mercedes Buendía García. 54. Don Alberto Ximénez Mozo. Suplentes 1. Don Gabriel León Buendía Moya. 2. Doña Leandros Fabiola Roclin. CANDIDATURA NÚMERO 40 MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO (MPUC) 1. Doña Deyanira Tabares Márquez. 2. Don Juan Hernández Lutzardo. 3. Doña M.ª Dolores Brito Lorenzo. 4. Don Santiago Quintero Ramos. 5. Doña Patricia Hernández Ferrera. 6. Don Pablo Antonio Rodríguez Hernández. 7. Doña Carmen Rosa Márquez Grafigna. 8. Don Eduardo Antonio Brito Rufino. 9. Doña Genoveva García Expósito. 10. Don Iván Montero Fajardo. 11. Doña Nieves Pérez Marrero. 12. Don Ricardo Rodríguez Pérez. 13. Doña Tamara Gómez Alonso. 14. Don Francisco Rodríguez Darias. 15. Doña Catalina Rodríguez Armas. 16. Don Jesús Joaquín Betancor Valdés. 17. Doña Josefa Hernández Domínguez. 18. Don Antonio Samuel Ramírez Suárez. 19. Doña Laura Esther Mesa Bacallado. 20. Don José Manuel González Vilar. 21. Doña M.ª Teresa Bosch Planas. 22. Don Antonio Martín Arbelo. 23. Doña María Senen Cruz Rodríguez. 24. Don Vicente Lázaro Suárez Carvajal. 25. Doña Lourdes María Rodríguez Melián. 26. Don Juan Rodríguez García. 27. Doña Heriberta Díaz Hernández. 28. Don Carlos Samuel Hernández García. 29. Doña Juana Teresa Betancor Santana. 30. Don Santiago Hormiga Domínguez. 31. Doña Carmen Dolores Hernández Cabrera. 32. Don José Antonio Martín López. 33. Doña Antonia María García Expósito. 34. Don Carlos Díaz Ramos. 35. Doña María Victoria Rodríguez Gómez. 36. Don Antonio Martín Arbelo. 37. Doña María Candelaria González González. CANDIDATURA NÚMERO 41 LOS VERDES-ECOPACIFISTAS (CENTRO MODERADO) 1. Don Abelardo Lloret López. 2. Don Pedro Aparicio Adriaensens. 3. Don Miguel Ángel Grande de la Rica. 4. Doña María Rosario Mataix Vivancos. 5. Doña Isis Guillamont Ruiz. 6. Don Juan L. Costa Zúñiga. 7. Don Ángel García Moreno. 8. Doña Francisca Josefa Solves Zaragoza. 9. Doña Diana Sánchez-Guiñones Lescure. 10. Doña Ruth Lloret Rivera. 11. Don Miguel López Arnaiz. 12. Don Vicente Santamaría Fuster. 13. Doña María Coro Vaquero Martín. 14. Doña Josefa Lozano Mula. 15. Doña Lucía Sanmartín Lozano. 16. Don Carlos Prieto de Andrés. 17. Don Antonio Tapia Cañamero. 18. Doña Silvia Fernández Fernández. 19. Doña Lucrecia Sanmartín Lozano. 20. Doña Elena Tapia Alabau.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 220.5, en relación con el 47.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, esta Presidencia ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las candidaturas que a continuación se relacionan, presentadas a las elecciones al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a celebrar el 25 de mayo de 2014. Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez. CANDIDATURA NÚMERO 1 INICIATIVA FEMINISTA (I.FEM) 1. Doña Juana María Santana Hernández. 2. Doña Consuelo Mira Tornadijo. 3. Doña María Jesús Rodríguez Cuevas. 4. Don Javier Gonzálvez Avellana. 5. Don Alfonso Francisco Marco Calvo. 6. Doña Ana María Valverde Sánchez. 7. Doña Marina Esteban Sastre. 8. Doña María Antonia Moreno Llaneza. 9. Don Enric Royo Rajadell. 10. Don Francisco Modesto Mireles Betancor. 11. Doña María de los Ángeles Joaquina Munuera Bassols. 12. Doña María Soledad Mochales López. 13. Doña María Jesús López Cañete. 14. Don José César Antón Pascual. 15. Don José Fernández Díaz. 16. Doña María Pilar Pallás López. 17. Doña Isabel Mira Tornadijo. 18. Doña Alicia María Bolaños Naranjo. 19. Don Jaime Alfonso Beneyto Gasset. 20. Don Ángel Alberto Vega Cancio. 21. Doña Ester Aurelia Andrés y del Alar. 22. Doña María Castro Carrascosa. 23. Doña Begoña Ferreira Vidal. 24. Don Jesús Pedrós Cholvi. 25. Don Luis Jacobo Jaume Saura. 26. Doña María Ángeles Pérez Reyes. 27. Doña María Rosa Cervera Salinas. 28. Doña María Teresa Barbero Arcos. 29. Don Vicente Igor Galduf Cabañas. 30. Don Blas Caballero Martínez. 31. Doña Cristina Gonzálvez Mira. 32. Doña María Teresa Vidal Ferreres. 33. Doña Vicenta Sanz Bellver. 34. Don José Vicente López Roger. 35. Don Alberto Antonio Hernández Ramos. 36. Doña Dolores Luz Bravo de Laguna Muñoz. 37. Doña Ana María Miguel Mínguez. 38. Doña Mireia Neus Renau Claramonte. 39. Don Rafael López Cañete. 40. Don Héctor Conde Rodríguez. 41. Doña Antonia Caballero Rubio. 42. Doña Tibisay Pérez Cervera. 43. Doña Estefanía Morcillo Dorta. 44. Don Juan Bernal Giménez. 45. Don Pere Serra Guardia. 46. Doña María Teresa Rodríguez de la Fuente. 47. Doña Ana María Álvarez Montalbán. 48. Doña Juana María Domínguez Ramos. 49. Don José Antonio Tamayo Arana. 50. Don Julio Palomares Collado. 51. Doña María Luisa Tardío Alonso. 52. Don Régulo Daniel Hernández Talavera. 53. Don Iván Velasco Egido. 54. Doña Nathalia Solarte Clavijo. Suplentes 1. Doña María Concepción Martos García. 2. Doña María Dolores del Carmen García Arencibia. 3. Don Vicente Jesús Travieso Rodríguez. 4. Doña María Pino Vega Romero. 5. Don Edgar Miguel Hernández Talavera. 6. Doña María del Carmen Velasco Egido. 7. Doña María Luisa Salvador Vicente. 8. Doña María del Carmen Garcerá Marco. 9. Don Juan Rafael Hierro Rivero. 10. Don Manuel Javier Castro Fernández. CANDIDATURA NÚMERO 2 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) 1. Doña Elena Valenciano Martínez-Orozco. 2. Don Ramón Jáuregui Atondo. 3. Doña Soledad Cabezón Ruiz. 4. Don Juan Fernando López Aguilar. 5. Doña Iratxe García Pérez. 6. Don Javier López Fernández. 7. Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. 8. Don Enrique Guerrero Salom. 9. Doña Eider Gardiazábal Rubial. 10. Don José Blanco López. 11. Doña Clara Eugenia Aguilera García. 12. Don Sergio Gutiérrez Prieto. 13. Doña Inés Ayala Sender. 14. Don Jonás Fernández Álvarez. 15. Doña Esther Niubó Cidoncha. 16. Don Borja Cabezón Royo. 17. Doña María del Carmen Ortiz Rivas. 18. Don Ricardo Cortés Lastra. 19. Doña María Begoña García Bernal. 20. Don Pere Joan Pons Sampietro. 21. Doña María Paloma Muñiz de Urquiza. 22. Don Juan Ramón Ferreira Alonso. 23. Doña Isabel Casalduero Jódar. 24. Don Alejandro Colldefors Bergnes de las Casas. 25. Doña Rosa María Balas Torres. 26. Don José Manuel Domínguez López. 27. Doña Concepción Andreu Rodríguez. 28. Don Alfonso Carlos Mateo Miranda. 29. Doña Izaskun Bernal Cerdeira. 30. Don Mohammed Azahaf Moumen. 31. Doña María Paz Ojeda Giménez. 32. Don Samuel Falomir Sancho. 33. Doña Ángela Sabater García. 34. Don Sergio Chueca Urzay. 35. Doña Maider Laínez Lazcoz. 36. Don Antonio Luengo Rodríguez. 37. Doña Diana Salvadó Artells. 38. Don Juan Francisco Rodríguez Sánchez. 39. Doña María del Cristo Dorta López. 40. Don Eduard Rivas Mateo. 41. Doña Estefanía Torres Sánchez. 42. Don Nicolás González Casares. 43. Doña Naxalli Lozano Hernández. 44. Don Eduardo Abascal Falces. 45. Doña Carmen Espín Quirante. 46. Don Emilio Ivars Ferrer. 47. Doña Ángela María López Vargas. 48. Don Santiago Ekain Rico Lezama. 49. Doña María Bella Martín Eugenio. 50. Don José Ángel Santoro Estévez. 51. Doña Saray Soria García. 52. Don Miquel Company Pons. 53. Doña Rosa Peñalver Pérez. 54. Don Miguel Ángel Martínez Martínez. ### RESUMEN: Las 41 candidaturas presentadas a las elecciones europeas

Licitado el contrato de publicidad institucional más grande del año, el de la DGT para 2014 por importe total de 7.623.000,00 euros (1.452.000,00 (Lote 1) y 6.171.000,00 (Lote 2))

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 913018218. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 13:00 horas del 24 de septiembre de 2013. d) Número de expediente: 0100DGT22634. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial, desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (2 lotes). c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Estrategia y concepto de comunicación general, aplicaciones creativas y producción de las piezas que componen las campañas. Lote 2: Contratación de los medios convencionales y no convencionales necesarios para su difusión. e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2014. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75120000 (Servicios administrativos de agencias). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 6.300.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 1.200.000,00 (Lote 1) y 5.100.000,00 (Lote 2). Importe total: 1.452.000,00 (Lote 1) y 6.171.000,00 (Lote 2). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T1d (Servicios de publicidad. A partir de 600.000 euros). b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los exigidos en los pliegos. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 24 de septiembre de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. Registro General. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico) y Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 23 de octubre de 2013, a las 10:00 y 9 de octubre de 2013, a las 10:00. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 14 de agosto de 2013. Madrid, 14 de agosto de 2013.- Directora General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Dirección General de Tráfico. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Tráfico. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 913018218. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 13:00 horas del 24 de septiembre de 2013. d) Número de expediente: 0100DGT22634. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial, desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (2 lotes). c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Estrategia y concepto de comunicación general, aplicaciones creativas y producción de las piezas que componen las campañas. Lote 2: Contratación de los medios convencionales y no convencionales necesarios para su difusión. e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2014. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75120000 (Servicios administrativos de agencias). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 6.300.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 1.200.000,00 (Lote 1) y 5.100.000,00 (Lote 2). Importe total: 1.452.000,00 (Lote 1) y 6.171.000,00 (Lote 2). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T1d (Servicios de publicidad. A partir de 600.000 euros). b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los exigidos en los pliegos. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 24 de septiembre de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Dirección General de Tráfico. Registro General. 2) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico) y Josefa Valcárcel, n.º 28 (Dirección General de Tráfico). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 23 de octubre de 2013, a las 10:00 y 9 de octubre de 2013, a las 10:00. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 14 de agosto de 2013. Madrid, 14 de agosto de 2013.- Directora General de Tráfico. ### RESUMEN: Licitado el contrato de publicidad institucional más grande del año, el de la DGT para 2014 por importe total de 7.623.000,00 euros (1.452.000,00 (Lote 1) y 6.171.000,00 (Lote 2))

Reparto para actividades sobre drogas de tres millones decomisados por delitos relacionados con narcotráfico

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocaron las ayudas económicas en el año 2013, con cargo a la aplicación presupuestaria 26.18-231A-482, y de acuerdo con el artículo ocho de dicha Resolución, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las subvenciones que se relacionan en Anexo y que fueron aprobadas con fecha 2 de diciembre de 2013. Madrid, 2 de diciembre de 2013.–El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, P.D. (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero), el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín Vich. ANEXO Fondo subvención ONG año 2013 CIF Nombre Entidad Nombre Programa Importe Concedido G28545820 ACCIÓN FAMILIAR 24.000,00     Talleres de sensibilización y fortalecimiento para las familias 24.000,00 G96212949 ASOCIACIÓN ÁMBIT 50.000,00     Seminario de formación en patología dual, paiem y gestión para responsables sanitarios de centros penitenciarios 50.000,00 G46386959 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIO EN DROGODEPENDENCIAS - AESED 19.000,00     Revista Española de Drogodependencias (edición electrónica) 12.000,00     Taller formación on line: «Alcohol: la prevención su diagnóstico y el tratamiento» Reedición, Mantenimiento y actualización 7.000,00 G96808258 ASOCIACIÓN CONTROLA CLUB 40.000,00     Programa nacional de prevención de las drogodependencias en el sector hostelero. Servicio responsable. 40.000,00 G78210150 ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE 20.000,00     Prevención ante el consumo de drogas y alcohol de la juventud y menores en situación de vulnerabilidad, a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías II. 20.000,00 G37413853 ASOCIACIÓN DE ENTIDADES CON CENTROS DE DÍA DE DEPENDENCIAS - ASECEDI 12.000,00     Formación para profesionales sociosanitarios en nuevas masculinidades: Hacia el aprendizaje de un lenguaje no sexista 12.000,00 G28766202 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL 25.000,00     Campaña de prevención y sensibilización en drogodependencia en el medio rural 25.000,00 G28965002 ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL PUNTO OMEGA 15.000,00     Programa para la mejora de la empleabilidad en reclusos drogodependientes: formación para profesionales de instituciones penitenciarias (II.PP.) 15.000,00 G82829078 ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES. ADES 76.000,00     15 Cursos de formación para la prevención de las drogodependencias dirigida al ámbito familiar. 44.000,00     Nuevas sustancias psicoactivas. Un reto para la salud pública. El sistema español de alerta temprana 32.000,00 G28934792 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN 15.000,00     Análisis y evaluación del discurso de los jóvenes en internet y en las redes sociales en materia de drogodependencias 15.000,00 G80667124 ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA 140.000,00     Edición y Aplicación del Programa Nexus. Programa para la prevención del consumo de drogas 120.000,00     Programa de formación para mediadores sociales en prevención de las drogodependencias en el tiempo libre 20.000,00 G28843647 ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA 15.000,00     Estudio de los hábitos e impacto del consumo de drogas entre la población desempleada 6.000,00     Infornova: Revista especializada en el estudio de las adicciones y su tratamiento 9.000,00 G82693821 ASOCIACION DUAL 25.000,00     Programa de sensibilización a menores y educadores a través de kas NTIC sobre el inicio temprano en el consumo de alcohol 25.000,00 G78460268 ASOCIACIÓN EPSILON 30.000,00     Proyecto PIS PAS. Prevención del consumo de drogas y conductas adictivas en alumnos de la ESO 30.000,00 G28197564 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 10.000,00     El Bosque Encantado 10.000,00 G33834540 ASOCIACIÓN JUVENIL ABIERTO HASTA EL AMANECER 36.000,00     Formación de mediadores/as en prevención de drogodependencias en programas de ocio nocturno juvenil 36.000,00 G79075040 ASOCIACION LAKOMA 24.000,00     Sensibilización de la juventud y menores en situación de vulnerabilidad, a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías ante el consumo 24.000,00 G08680316 ASOCIACIÓN PRENSA JUVENIL 42.000,00     «PACK SALUD EN CURSO» Red de centros de educación para la salud y prevención de las drogodependencias 22.000,00     «Seminarios/Jornadas de formación sobre las drogodependencias a través del cine 20.000,00 G79267936 ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 176.000,00     Campaña de sensibilización en prevención en el ámbito laboral y familiar 32.000,00     Implantación plan de calidad bajo norma ISO 9001:2008 10.000,00     Juego de llaves: revisión y actualización del programa de prevención escolar «entretodos». Segundo ciclo de secundaria 3.º y 5.º de 32.000,00     Mejora de la prevención en el ámbito laboral 5.000,00     Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente.Informe 2013 32.000,00     Revista Proyecto: edición especializada en el ámbito de las drogodependencias y la prevención 30.000,00     XVI Jornadas Nacionales Asociación Proyecto Hombre: Nuevos modelos de intervención en adicciones 35.000,00 G83230409 ASOCIACIÓN PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID 30.000,00     Programa de seguridad vial y consumo de drogas Programa TASEVAL, de sensibilización y concienciación a penados condenados por delitos contra la seguridad vial 30.000,00 G81782625 ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI HISPANO ECUATORIANA PARA LA COLABORACIÓN AL DESARROLLO 15.000,00     Proyecto socioeducativo para la prevención del consumo de drogas en población latinoamericana 15.000,00 G80522477 ASOCIACIÓN SERVICIO INTERDISCIPLINAR ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS (SIAD) 85.000,00     AISLADOS (Programa de prevención de drogodependencias y otros comportamientos de riesgo) 65.000,00     Manual de Buenas Prácticas para el abordaje de las drogodependencias en el ámbito jurídico 20.000,00 G79027991 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD 50.000,00     Un modelo de intervención para la gestión del ocio saludable en prevención de las drogodependencias 50.000,00 G28564938 CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS 45.000,00     Guía para familias: COCAÍNA 15.000,00     Primeras salidas nocturnas: Guía práctica 30.000,00 G46949376 CONFEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO DE ESPAÑA 18.000,00     Pasaporte 0%. Aplicación on line para visibilizar las competencias y conocimientos adquiridos mediante la participación en acciones de prevención del inicio del consumo de alcohol en menores 18.000,00 G46245247 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FEAFES) 21.000,00     Aproximación a la patología Dual en la red FEAFES 21.000,00 G28848505 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 80.000,00     Impartición de cursos y elaboración de materiales para las familias y AMPAS dirigidos a la prevención de drogas. Programa de formación de formadores y formación entre iguales 80.000,00 G28496131 CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS 70.000,00     Acciones de formación y reciclaje 20.000,00     Campaña de prevención contra el uso inadecuado de alcohol y otras drogas en el sector agroalimentario 50.000,00 G82803578 COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS 14.000,00     Toma las riendas: Dinamización de la figura del agente de prevención entre iguales en proyectos con jóvenes en riesgo 14.000,00 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 55.000,00     Si lo tienes claro ¡elige¡ 55.000,00 G28498954 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SCOUTS DE ESPAÑA-ASDE EXPLORADORES DE ESPAÑA 30.000,00     Prevención de drogodependencias desde el tiempo libre CTRL Z para las drogas 30.000,00 G79493060 FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE LA UGT 20.000,00     Centros libres de alcohol y otras drogas 20.000,00 V13330733 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMOS ALCOHÓLICOS Y FAMILIARES- ANDAR 16.000,00     Edición revista Andar N.º 17 4.000,00     Encuentro juvenil por un ocio saludable 12.000,00 G80409725 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES DE AZAR REHABILITADOS 28.000,00     Prevención de conductas adictivas para familias y menores. Educación para la salud 28.000,00 G98243611 FEDERACIÓN TRABAJANDO EN POSITIVO 22.000,00     Formación sobre intermediación y prospección empresarial para profesionales que apoyan a personas drogodependientes y exdrogodependientes en su proceso de inserción laboral 12.000,00     Servicio de Intermediación y Prospección Empresarial para la contratación de personas drogodependientes en proceso de inserción laboral 10.000,00 G65715385 FUNDACIÓN ACCIÓN, BIENESTAR Y DESARROLLO 90.000,00     Energy Control: Festipack,! Nos vamos de festival 90.000,00 G84392810 FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID 107.000,00     ¿Qué es ser drogodependiente, hoy? Análisis y evolución del concepto. Su aplicación a la prevención y atención en drogodependencias 15.000,00     Diferencias en la percepción del consumo recreativo de drogas entre chicos y chicas jóvenes. Un análisis desde la perspectiva de género 18.000,00     Formación de mediadores/as universitarios/as para la gestión del riesgo asociado al consumo de drogas 30.000,00     Formación en diseño de proyectos de intervención multidisciplinar con personas internas drogodependientes para profesionales de instituciones penitenciarias 15.000,00     Jornadas: Adicciones, factor general de exclusión social 12.000,00     Programas de prevención en centros de ejecución de medidas judiciales de menores 17.000,00 G82157926 FUNDACIÓN CNSE PARA LA SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS DE COMUNICACIÓN 20.000,00     Drogas y conducción: una mezcla explosiva. Programa de prevención accesible en lengua de signos española sobre los efectos de las drogas en la conducción 20.000,00 G78350980 FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN 136.000,00     Desarrollo, actualización y mejora de materiales de prevención en el ámbito familiar para ampliar su cobertura, funcionalidad y aplicabilidad específica 42.000,00     Formación on line para la prevención de problemas relacionados con los consumos de drogas entre el personal de las Fuerzas Armadas 27.000,00     La percepción social de los problemas de drogas en España, 2013 tercer corte 67.000,00 G73038457 FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 15.000,00     Drogas: más información, menos riesgos 15.000,00 G48974737 FUNDACIÓN EDEX 110.000,00     La aventura de la vida. Prevención del consumo de alcohol y otras drogas en Primaria mediante la educación para la salud y el desarrollo de habilidades para la vida 55.000,00     Órdago. Prevención del consumo de alcohol y otras drogas en ESO mediante la educación habilidades para la vida 55.000,00 G14729248 FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS 34.000,00     Formación en drogodependencias y adicciones en el ámbito del voluntariado social 20.000,00     Prevención y sensibilización a través de las redes sociales 14.000,00 G86206893 FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP 40.000,00     Asesoramiento técnico en la gestión,formulación,desarrollo de programas y establecimiento de indicadores para las ONG que reciben subvenciones del PNSD: «GESTIONAT» 40.000,00 G64203045 FUNDACIÓN IGENUS   55.000,00     Cocaonline 15.000,00     Percepción de riesgo y normalización del cannabis y el alcohol en menores de edad 40.000,00 G47084132 FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL 26.000,00     Claves de la adicción femenina, autoengaño, coadicción, dualidad y psicoterapia específica 13.000,00     Seminario sobre clínica actualizada y práctica de las adicciones químicas y no químicas 13.000,00 G83778100 FUNDACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE SANITARIO PARA LA EDUCACIÓN, COOPERACIÓN Y DESARROLLO (FNTS) 40.000,00     Siempre alerta 40.000,00 G83544643 FUNDACIÓN ORFEO   6.000,00     XII Certamen nacional de interpretación «Intercentros molómano» 6.000,00 G83207712 FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 45.000,00     Consolidación y mejora de sistema de evaluación individual de las personas atendidas. 45.000,00 G61878831 FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD 95.000,00     En plenas facultades 2,0 35.000,00     Malva: Servicio de prevención sobre la violencia de pareja asociada al abuso de alcohol y otras drogas 35.000,00     Observatorio cualitativo sobre la relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales 25.000,00 G83117374 FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO 82.000,00     Romano Sastipen 82.000,00 G95387858 HAZKUNDE-PREVENCIÓN ASOC PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 40.000,00     Servicio responsable. Prevención de drogodependencias y reducción de riesgo en el consumo de alcohol y otras drogas en el contexto de ocio en varias comunidades autónomas. 40.000,00 G07809445 INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EN PREVENCIÓN - IREFREA 48.000,00     Familias en red y activas (FERYA II) 48.000,00 G38409520 INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LAS ADICCIONES 45.000,00     Sensibilización de la población a través de redes sociales, página Web y aplicación móvil sobre problemas derivados del consumo de drogas 45.000,00 G20707063 OSASUN EKINTZA. EXPERTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 32.000,00     Guía para la participación activa del alumnado de entre 14 y 17 años en la resolución de problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas, dirigida el profesorado de instituto 32.000,00 G61017364 P.D.S.–PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL (P.D.S.–PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL) 75.000,00     Drogas tu punto de información. Programa universal de prevención del consumo de alcohol, cannabis y otras drogas, entre estudiantes universitarios 55.000,00     Evaluación del programa PROTEGO de prevención familiar selectiva. Fase 1: diseño del estudio y configuración del equipo de trabajo en diferentes CCAA 20.000,00 G82395542 RED IBEROAMERICANA DE ONGs QUE TRABAJAN EN DROGODEPENDENCIAS 60.000,00     Formación en manejo de la información en el ámbito de los consumos de drogas para periodistas, organizaciones sociales y administraciones públicas 15.000,00     XVI Seminario Iberoamericano sobre drogas y cooperación. Desarrollo futuro de los documentos de OEA: Informe de escenarios e informe analítico 45.000,00 G84265180 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DUAL 56.000,00     Revista de Patología Dual 12.000,00     Simposios CIPD 28.000,00     VIII Jornadas de Género: Adicciones comportamentales y Patología Dual en la mujer. 16.000,00 G58333428 SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL ACOHOL, EL ALCOHOLISMO Y OTRAS TOXICOMANÍAS (SOCIDROGALCOHOL) 111.000,00     14.ª Escuela de otoño 18.000,00     Edición y difusión revista adicciones 24.000,00     Plataforma de prevención basada en la evidencia 27.000,00     Seminario monográfico pre-jornadas de las XLI jornadas nacionales 20.000,00     Symposium científico sobre opiaceos 22.000,00 G58848714 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS 18.000,00     Guía práctica para la certificación de la calidad de sedes web de drogodependencias 10.000,00     Programa SBIRT: Atención primaria y cribado, intervención breve y derivación a tratamiento de mujeres consumidoras de sustancias de abuso. 8.000,00 G78005386 UNIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE 115.000,00     El nuevo papel del movimiento de las adicciones en la sociedad 75.000,00     Foro de discusión, desarrollo del modelo y tratamientos de intervención en problemas de adicciones 40.000,00 G28474898 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 52.000,00     Buenas prácticas en materia de drogodependencias y adicciones en centros de trabajo. 12.000,00     Campaña de prevención contra el uso inadecuado de alcohol y otras drogas en el sector 40.000,00 G02504629 UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SAFA (UNIÓN SAFA) 54.000,00     Servicio de asesoría jurídica y social de drogodependientes y salud mental 54.000,00 Suma total importe   3.000.000,00

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocaron las ayudas económicas en el año 2013, con cargo a la aplicación presupuestaria 26.18-231A-482, y de acuerdo con el artículo ocho de dicha Resolución, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las subvenciones que se relacionan en Anexo y que fueron aprobadas con fecha 2 de diciembre de 2013. Madrid, 2 de diciembre de 2013.–El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, P.D. (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero), el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín Vich. ANEXO Fondo subvención ONG año 2013 CIF Nombre Entidad Nombre Programa Importe Concedido G28545820 ACCIÓN FAMILIAR 24.000,00     Talleres de sensibilización y fortalecimiento para las familias 24.000,00 G96212949 ASOCIACIÓN ÁMBIT 50.000,00     Seminario de formación en patología dual, paiem y gestión para responsables sanitarios de centros penitenciarios 50.000,00 G46386959 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIO EN DROGODEPENDENCIAS - AESED 19.000,00     Revista Española de Drogodependencias (edición electrónica) 12.000,00     Taller formación on line: «Alcohol: la prevención su diagnóstico y el tratamiento» Reedición, Mantenimiento y actualización 7.000,00 G96808258 ASOCIACIÓN CONTROLA CLUB 40.000,00     Programa nacional de prevención de las drogodependencias en el sector hostelero. Servicio responsable. 40.000,00 G78210150 ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE 20.000,00     Prevención ante el consumo de drogas y alcohol de la juventud y menores en situación de vulnerabilidad, a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías II. 20.000,00 G37413853 ASOCIACIÓN DE ENTIDADES CON CENTROS DE DÍA DE DEPENDENCIAS - ASECEDI 12.000,00     Formación para profesionales sociosanitarios en nuevas masculinidades: Hacia el aprendizaje de un lenguaje no sexista 12.000,00 G28766202 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL 25.000,00     Campaña de prevención y sensibilización en drogodependencia en el medio rural 25.000,00 G28965002 ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL PUNTO OMEGA 15.000,00     Programa para la mejora de la empleabilidad en reclusos drogodependientes: formación para profesionales de instituciones penitenciarias (II.PP.) 15.000,00 G82829078 ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES. ADES 76.000,00     15 Cursos de formación para la prevención de las drogodependencias dirigida al ámbito familiar. 44.000,00     Nuevas sustancias psicoactivas. Un reto para la salud pública. El sistema español de alerta temprana 32.000,00 G28934792 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN 15.000,00     Análisis y evaluación del discurso de los jóvenes en internet y en las redes sociales en materia de drogodependencias 15.000,00 G80667124 ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA 140.000,00     Edición y Aplicación del Programa Nexus. Programa para la prevención del consumo de drogas 120.000,00     Programa de formación para mediadores sociales en prevención de las drogodependencias en el tiempo libre 20.000,00 G28843647 ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA 15.000,00     Estudio de los hábitos e impacto del consumo de drogas entre la población desempleada 6.000,00 ### RESUMEN: Reparto para actividades sobre drogas de tres millones decomisados por delitos relacionados con narcotráfico

Contrato para Correos para que se encargue del servicio postal de Ministerio de Justicia por importe total de 8.099.444,12 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Junta de Contratación. c) Número de expediente: ASE205. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicios postales generados en el ámbito del Ministerio de Justicia y de los órganos de la Administración de Justicia de su ámbito competencial. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de septiembre 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 10.126.436,44 euros. Importe total: 12.252.988,10 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 26 de noviembre de 2012. c) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 8.099.444,12 euros. Madrid, 26 de diciembre de 2012.- Jefa Servicio Contratación.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Junta de Contratación. c) Número de expediente: ASE205. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicios postales generados en el ámbito del Ministerio de Justicia y de los órganos de la Administración de Justicia de su ámbito competencial. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de septiembre 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 10.126.436,44 euros. Importe total: 12.252.988,10 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 26 de noviembre de 2012. c) Contratista: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 8.099.444,12 euros. Madrid, 26 de diciembre de 2012.- Jefa Servicio Contratación. ### RESUMEN: Contrato para Correos para que se encargue del servicio postal de Ministerio de Justicia por importe total de 8.099.444,12 euros.

Economía adjudica la campaña de comunicación y publicidad de deuda del Estado a Darwin por importe total de 842.160,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad. c) Número de expediente: J15.003.04. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación del servicio de una campaña de comunicación de la deuda del Estado de la Secretaría General del Tesoro. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000 (Servicios de publicidad y de marketing). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18 de abril de 2015, y DOUE: 18 de abril de 2015. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.983.471,07 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 991.735,54 euros. Importe total: 1.200.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2015. b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2015. c) Contratista: DARWIN PUBLICIDAD, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 696.000,00 euros. Importe total: 842.160,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por resultar su oferta económicamente más ventajosa para los intereses de la Administración, una vez ponderados los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 12 del cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares. Madrid, 10 de septiembre de 2015.- El Subsecretario.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad. c) Número de expediente: J15.003.04. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación del servicio de una campaña de comunicación de la deuda del Estado de la Secretaría General del Tesoro. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000 (Servicios de publicidad y de marketing). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18 de abril de 2015, y DOUE: 18 de abril de 2015. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.983.471,07 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 991.735,54 euros. Importe total: 1.200.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2015. b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2015. c) Contratista: DARWIN PUBLICIDAD, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 696.000,00 euros. Importe total: 842.160,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por resultar su oferta económicamente más ventajosa para los intereses de la Administración, una vez ponderados los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 12 del cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares. Madrid, 10 de septiembre de 2015.- El Subsecretario. ### RESUMEN: Economía adjudica la campaña de comunicación y publicidad de deuda del Estado a Darwin por importe total de 842.160,00 euros.

Air Europa y el Ministerio de Empleo recurren la sentencia de la Audiencia Nacional que dio la razón al SEPLA

Doña Marta Jaureguizar Serrano, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en los autos 218/2012 seguidos a instancia de SEPLA y otros frente a Ministerio de Empleo y Seguridad Social y otros, ha acordado tener por interpuesto recurso de casación presentado por Air Europa Líneas Aéreas y Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y dar traslado del mismo, para su impugnación en el término de diez días. Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Neil Viqueira Rey se inserta en el BOE, con la advertencia de que las sucesivas notificaciones se harán en estrados, salvo en los casos establecidos en el artículo 59 de la L.R.J.S. Madrid, 15 de septiembre de 2014.- La Secretaria Judicial.

Doña Marta Jaureguizar Serrano, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en los autos 218/2012 seguidos a instancia de SEPLA y otros frente a Ministerio de Empleo y Seguridad Social y otros, ha acordado tener por interpuesto recurso de casación presentado por Air Europa Líneas Aéreas y Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y dar traslado del mismo, para su impugnación en el término de diez días. Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Neil Viqueira Rey se inserta en el BOE, con la advertencia de que las sucesivas notificaciones se harán en estrados, salvo en los casos establecidos en el artículo 59 de la L.R.J.S. Madrid, 15 de septiembre de 2014.- La Secretaria Judicial. ### RESUMEN: Air Europa y el Ministerio de Empleo recurren la sentencia de la Audiencia Nacional que dio la razón al SEPLA

Ayudas a empresas para promoción del patrimonio cultural: 400.000 euros

El Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, atribuye a este Departamento la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, y la promoción y difusión de la cultura en español. En materia de protección del Patrimonio Histórico Español, esta competencia corresponde a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas de la Secretaría de Estado de Cultura, como queda establecido en el artículo 10.1 del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el apartado Décimo.2 a) aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Cultura, en los Directores Generales de la Secretaría de Estado de las competencias en materia de becas, subvenciones y ayudas públicas en sus respectivos ámbitos de gestión, hasta el límite de 600.000 euros. De acuerdo con lo anterior, mediante la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero, apartado 2 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre (Boletín Oficial del Estado de 13 de noviembre de 2010), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del extinto Ministerio Cultura y de sus organismos públicos, aprobada en cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.28 de la Constitución Española, que establece que el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, se convocan las ayudas para la puesta en valor, protección y difusión de bienes declarados patrimonio cultural correspondientes a 2013. Las ayudas contempladas en la presente convocatoria demandan una regulación unitaria de todos sus aspectos. La gestión centralizada de las mismas se justifica por el especial carácter de las medidas que se contemplan. En este sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional en materia de subvenciones, corresponde al Estado la gestión en los casos en que resulte imprescindible para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, así como para lograr la vertebración de dicho sector y la corrección de su desequilibrio territorial. La gestión centralizada de estas ayudas resulta necesaria teniendo en cuenta las características que concurren en los beneficiarios de las ayudas, pequeñas y medianas empresas privadas que ejercen su actividad en el sector cultural, su heterogeneidad, la dificultad en la obtención de recursos financieros, su desigual implantación en el territorio nacional, así como la naturaleza de los proyectos subvencionables que deben abarcar más de una Comunidad Autónoma. El fin primordial de la presente convocatoria es impulsar iniciativas de patrimonio cultural que favorezcan la comunicación cultural entre Comunidades Autónomas y/o que promuevan proyectos que se refieran a productos interculturales. La homogeneidad y grado de integración que ha de prevalecer en dichas propuestas, así como la dificultad de anticipar el contenido y distribución territorial de las mismas, refuerza la necesidad de su atribución al Estado. Es por ello que estas ayudas van específicamente dirigidas a subvencionar las actuaciones directamente vinculadas a proyectos que tengan esa dimensión interterritorial y facilitadora de la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas. Por todo ello, dispongo: Primero. Objeto, finalidad y actividades subvencionables. 1. La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, de acuerdo con lo establecido en la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura (en la actualidad Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y de sus organismos públicos, convoca ayudas destinadas a empresas privadas y profesionales autónomos dedicados a la gestión cultural, que lleven a cabo proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural español, siempre que los proyectos afecten, al menos, a dos Comunidades Autónomas. Las actividades que se acojan a esta convocatoria deberán realizarse entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2014. A efectos de la presente convocatoria, se entiende por bienes declarados patrimonio cultural aquéllos que, conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en esta materia, hayan sido declarados patrimonio histórico y/o cultural mediante el procedimiento administrativo que en su caso corresponda y estén inscritos en los Registros, Inventarios o Catálogos que dicha normativa exija. 2. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, y se convocan con los siguientes fines: a) Fomentar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas promoviendo la conectividad cultural y territorial y favoreciendo la producción de sinergias entre diferentes productos culturales. b) Impulsar la difusión del patrimonio cultural común contribuyendo a su puesta en valor, promoción y difusión, en especial del patrimonio inmaterial y subacuático. c) Fomentar y promover el turismo cultural sostenible, logrando la interacción entre turismo y cultura. d) Considerar de manera positiva las propuestas que integren actuaciones de fomento de la igualdad de género de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y especialmente en lo establecido en sus artículos 11 y 26. e) Fomentar el impulso de la cultura como instrumento favorecedor del desarrollo económico y propiciar el empleo en el sector. f) Implicar, concienciar y sensibilizar a los jóvenes en el ámbito del patrimonio cultural. 3. Las actividades subvencionables de acuerdo con las finalidades anteriormente enunciadas serán las siguientes: a) Redacción de proyectos y estudios de restauración y conservación preventiva que contribuyan a la protección y mantenimiento de los bienes culturales. b) Realización de estudios sobre materias relacionadas con la puesta en valor del patrimonio cultural objeto de la convocatoria. c) Organización de encuentros, seminarios, foros y congresos en materia de patrimonio cultural. d) Diseño de rutas e itinerarios culturales inéditos, así como actividades relacionadas con circuitos culturales ya existentes. e) Programas didácticos y/o pedagógicos para la difusión del patrimonio cultural entre los jóvenes. f) Actividades formativas para la difusión del patrimonio cultural. g) Preparación de publicaciones. h) Organización de exposiciones y otras acciones de difusión dirigidas a favorecer el conocimiento de los bienes culturales, incluyendo aquellas que utilicen las nuevas tecnologías. i) Cualquier otra actividad que contribuya a reforzar pautas y modelos de puesta en valor de los bienes culturales. 4. Todas las propuestas tendrán que contemplar obligatoriamente una actividad de comunicación/difusión del proyecto realizado. 5. Todas las actividades referidas a los conceptos subvencionables deberán contar con la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria por la naturaleza de la actividad o el proyecto. Segundo. Imputación presupuestaria y cuantía. 1. La financiación de las ayudas a que se refiere el apartado Primero se hará con cargo a los créditos de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya financiación está prevista en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: A empresas privadas: 18.11.337C.473: 400.000 euros. 2. Para la distribución de las ayudas se tendrá en cuenta las disponibilidades presupuestarias y el número de solicitudes presentadas. 3. El importe de las ayudas concedidas se fijará en la resolución de concesión. Las ayudas podrán financiar completa o parcialmente la actividad solicitada. 4. En ningún caso se subvencionarán más de un proyecto por peticionario. Tercero. Gastos subvencionables. 1. Se considerarán gastos subvencionables todos aquellos generados directamente en la realización de las actividades para las que se concede la ayuda, de acuerdo con las actividades subvencionables establecidas en el apartado Primero.3. Con carácter enunciativo y no limitativo están incluidos: a) Las retribuciones mediante nómina de los sueldos del personal propio de la empresa beneficiaria, hasta el 60 % de su importe bruto. b) Las dietas, gastos de locomoción y alojamiento. Las dietas y gastos de locomoción no podrán superar los límites indicados para el Grupo II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. c) En el caso de que el beneficiario de la ayuda sea una persona física dada de alta en el Régimen Especial de Autónomos, el trabajo desarrollado por él mismo para la ejecución del proyecto, hasta el 30 % del importe de la ayuda concedida. Estos gastos se acreditarán con una memoria en la que se justifique la necesidad del gasto y su vinculación con la actividad subvencionada y, dejando acreditado, además, que su cuantía es acorde con los precios de mercado y que corresponde a un valor razonable. d) Los gastos de contrataciones externas para la realización de la actividad. e) Arrendamiento de servicios de intérpretes y empresas de traducción simultánea. f) Alquileres de locales para el desarrollo del proyecto. g) Servicios técnicos para la realización de actividades. h) Edición de publicaciones en diferentes soportes. i) Los gastos de gestión y administración (material de oficina, teléfono, energía eléctrica, comunicaciones postales, mensajería, gastos de gestoría, etc.), hasta el 10% del importe total del gasto realizado. La fracción que se impute no podrá exceder del 25% de la cantidad subvencionada. j) Publicidad y difusión de las actividades objeto de la ayuda. k) Los gastos de inauguraciones y/o clausuras, sólo cuando estén supeditados a su inexcusable relación con la actividad objeto de la ayuda, hasta el 30% del importe total del gasto realizado. 2. No tendrán la consideración de subvencionables los siguientes gastos: a) Inversiones y adquisiciones de material, equipos o bienes de naturaleza inventariable que supongan un incremento de patrimonio para el beneficiario. b) Los de funcionamiento ordinario de las empresas concursantes. c) Quedan excluidos las atenciones, regalos u obsequios representativos a los intervinientes. 3. No se considera gasto subvencionable los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta, por exigencia del artículo 31.8 de la LGS. 4. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado desde el inicio del periodo de ejecución y con anterioridad a la finalización del periodo de justificación. Cuarto. Concurrencia y compatibilidad de subvenciones. 1. De acuerdo con lo previsto en la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, las ayudas que se convocan por la presente resolución serán compatibles con otras subvenciones procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la actividad proyectada o desarrollada por el beneficiario. El perceptor o beneficiario de dichas subvenciones deberá comunicar este hecho al órgano instructor tan pronto como se conozca. 2. Las subvenciones que se concedan a entidades empresariales están sometidas al régimen «de minimis» conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión Europea de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado de la Unión Europea a las ayudas «de minimis». En ningún caso las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda «de minimis», actualmente establecido en 200.000 euros durante un periodo de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas «de minimis» concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, ni el resultante de las normas comunitarias sobre acumulación de ayudas. Quinto. Condición de beneficiario. Sólo podrán concurrir a esta convocatoria de ayudas las empresas privadas y los profesionales autónomos que se propongan realizar alguna de las actividades a las que se refiere el apartado Primero.3 y cumplan los requisitos establecidos en la presente resolución y en la normativa vigente en materia de subvenciones. Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiario aquellas entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. Sexto. Obligaciones de los beneficiarios. Son obligaciones del beneficiario, de acuerdo con el artículo 14 de la LGS, las siguientes: a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS. i) Difundir el apoyo recibido mediante la incorporación del logotipo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de forma visible, en todos los materiales que se utilicen para la difusión de las actividades subvencionadas, de modo que permita identificar el origen de la ayuda, respetando su diseño en cuanto a forma, texto y colores. Su visibilidad y relevancia deberán ser análogas a las de otros posibles logotipos. Séptimo. Forma de presentación de la solicitud. 1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que figura como anexo I de la presente resolución, que estará disponible en los servidores de información del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (www.mecd.es). Deberán dirigirse a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y de Archivos y Bibliotecas. El modelo de solicitud, así como los anexos requeridos como documentos específicos, deberán ser cumplimentados en su totalidad. 2. Las solicitudes podrán presentarse: a) En cualquiera de los registros regulados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC). En cualquier caso, a efectos de determinar la fecha de su presentación, deberá figurar el sello de entrada de la oficina de registro correspondiente en el modelo oficial de solicitud que figura como anexo I a la presente convocatoria. No se admitirán como medio de presentación de solicitudes los servicios de mensajería privados ni los servicios de correos extranjeros. b) A través del Registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/), de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como en la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre de 2009), por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El procedimiento para la solicitud de las ayudas para empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural a través del registro electrónico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido expresamente incluido en el ámbito de dicho registro por medio de la Orden CUL/3685/2008, de 11 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 17 de diciembre de 2008). En la página web antes citada se encuentra la información necesaria para completar la solicitud. La Sede Electrónica estará disponible en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las 15:00 horas del último día de presentación. Octavo. Plazo de presentación de solicitudes, subsanación y cumplimiento de trámites. 1. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará pública, en la web de la Secretaría de Estado de Cultura, la lista provisional de admitidos y excluidos a la presente convocatoria con indicación, en cada caso, de los motivos de exclusión. Los solicitantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de dicha lista, para la subsanación de los motivos de exclusión. Noveno. Requisitos de la solicitud. 1. El modelo de solicitud se encontrará disponible en la página web de la Secretaría de Estado de Cultura (http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Patrimonio/index.html). Deberá ser cumplimentado en castellano y en su totalidad. Los datos no aportados, total o parcialmente, no serán tenidos en cuenta a efectos de su valoración. 2. No podrán concurrir las empresas privadas o profesionales autónomos que hayan obtenido esta ayuda en alguna de las dos convocatorias anteriores. 3. Podrán presentarse un máximo de dos proyectos por peticionario. El solicitante podrá establecer el orden de prioridad de las solicitudes. 4. Las solicitudes se presentarán con la documentación que se detalla a continuación: a) Copia compulsada de la tarjeta del Número de Identificación Fiscal o del Código de Identificación Fiscal, así como copia compulsada de la escritura de constitución, estatutos, inscripción en el Registro Mercantil, según corresponda en razón de la entidad. b) Copia compulsada de la escritura de apoderamiento, en el supuesto de que el representante legal no figure en el acta fundacional. c) Memoria de actividades realizadas en los dos últimos años, en la que se deberá acreditar que el objeto de la empresa o entidad es compatible con los fines de la convocatoria. d) Memoria técnica del proyecto que detalle la actividad o actividades y la finalidad para las que se solicita la ayuda dentro de los conceptos subvencionables recogidos en el apartado Primero.2 de la presente Resolución. Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes no será posible la modificación o cambio alguno de la actividad o proyecto. e) Memoria económica que contenga el presupuesto de la actividad. Se desglosarán y detallarán los ingresos y gastos. En caso de concesión de la ayuda este presupuesto será vinculante y habrá de justificarse en su totalidad. f) Declaración de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, que se hayan solicitado hasta la fecha, destinadas a la actividad para la que se solicita la ayuda. Se indicarán las efectivamente concedidas y sus cuantías. En ningún caso, el importe total de las subvenciones concedidas podrá superar el coste de la actividad del solicitante. g) Declaración responsable de otras ayudas sujetas al régimen «de minimis» referida a los tres últimos ejercicios fiscales (incluyendo el actual), de acuerdo con el modelo previsto en el apartado X del anexo I de esta resolución. h) Declaración responsable por la que se acredite el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tal y como prevé el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RLGS). Se puede utilizar el modelo previsto en el anexo I de esta resolución. i) Declaración responsable relativa a no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la LGS, tal y como prevé el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el RLGS. Se puede utilizar el modelo previsto en el anexo I de esta resolución. De conformidad con lo establecido en el articulo 71.bis.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC, el solicitante se compromete a mantener el cumplimiento de estos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al disfrute de la ayuda, debiendo informar de cualquier variación en las circunstancias al órgano instructor. j) Con el objeto de disponer de una solicitud más completa y a los efectos de evaluar las solicitudes con arreglo a los criterios establecidos en el apartado Duodécimo de esta Resolución, se recomienda la presentación de un dossier gráfico. En ningún caso esta recomendación constituirá en sí misma un motivo de concesión o de rechazo de la solicitud. k) Documentación acreditativa del registro, inventario o catálogo en el que esté inscrito el bien. 5. Si la solicitud no reuniera los requisitos anteriormente citados o estuviera incompleta, el órgano instructor requerirá al solicitante que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, tal y como dispone el artículo 23.5 de la LGS, archivándose la misma sin más trámite. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad solicitante para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), concediéndose a tal efecto diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a la tramitación de la solicitud. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la memoria, podrá comportar la denegación de la subvención solicitada. A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 14 de diciembre), de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos consignados en la solicitud serán incorporados a un archivo del que es titular el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estos datos serán empleados únicamente para la instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. 6. La documentación entregada por los solicitantes será analizada por la Comisión de Valoración según dispone el apartado Undécimo de la presente Resolución. Décimo. Documentación relativa a obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 1. Con carácter previo a la resolución de concesión, el órgano instructor requerirá a los interesados incluidos en la propuesta de resolución definitiva que en el plazo improrrogable de diez días hábiles presenten las certificaciones administrativas positivas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, referidas a los doce últimos meses inmediatamente anteriores a la solicitud, expedidas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social o, en su caso, autorización al órgano instructor para consultar estos datos. 2. Cuando el beneficiario no esté obligado a presentar las certificaciones a las que se refiere el punto anterior, su cumplimiento se acreditará mediante declaración responsable. En cualquier caso, los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio español deberán presentar un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia. Undécimo. Instrucción y evaluación. 1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico integrada en la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas de la Secretaría de Estado de Cultura a la que corresponde realizar las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. El órgano instructor realizará una preevaluación de las solicitudes recibidas con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención, para lo que podrá solicitar en su caso, el apoyo técnico necesario. 2. Una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones citadas en el párrafo anterior, el órgano de instrucción remitirá los proyectos a las Consejerías competentes en materia de patrimonio cultural de las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito geográfico vayan a llevarse a cabo los mismos, a efectos de información y, en su caso, autorización cuando proceda, de las actuaciones previstas. Las Comunidades Autónomas podrán manifestar su opinión sobre la idoneidad y conveniencia de la actuación propuesta, opinión que será considerada por la Comisión de Valoración. 3. La Comisión de Valoración, oídas las Comunidades Autónomas y tras valorar las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación y una prelación de las solicitudes. 4. Integran la Comisión de Valoración: Presidente: El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Vicepresidenta: La Subdirectora General de Protección del Patrimonio Histórico. Vocales: Tres técnicos de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Tres representantes de las Comunidades Autónomas, elegidos según los criterios aprobados por la Conferencia Sectorial de Cultura de 3 de diciembre de 2012 para la designación de representantes autonómicos en las comisiones de valoración de las convocatorias de ayudas. Actuará como secretario, con voz y sin voto, un funcionario de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. La Comisión quedará válidamente constituida en segunda convocatoria con la asistencia del presidente, del secretario y uno, al menos, de sus vocales. En lo no previsto expresamente en esta Resolución o en la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, el funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la LRJAP-PAC. Duodécimo. Criterios de valoración. Para garantizar la concurrencia competitiva en la adjudicación de las ayudas, la Comisión de Valoración realizará la evaluación de las solicitudes presentadas atendiendo, dentro de los conceptos susceptibles de recibir subvención, a los siguientes criterios: a) La adecuación de la actividad proyectada al logro de la finalidad de la subvención y a los objetivos de las ayudas señalados en el apartado Primero. 3 de la presente Resolución: cero a seis puntos. b) La calidad y condiciones de viabilidad del proyecto presentado o de la actividad a realizar, teniendo en cuenta aspectos como sus condiciones de viabilidad: cero a cinco puntos. c) La adecuación del presupuesto a los objetivos del proyecto presentado, la fiel y correcta valoración de las partidas contenidas en el presupuesto y la elaboración de éste con arreglo a los principios de economía y eficiencia: cero a tres puntos. d) Proyección nacional y/o internacional de la actividad: cero a un punto. e) Participación de los jóvenes como sujetos o destinatarios del proyecto: cero a dos puntos. f) La experiencia o trayectoria de la empresa privada dentro de la actividad para la que se solicita la ayuda: cero a un punto. Para acceder a la condición de beneficiario será necesario no haber obtenido cero puntos en ninguno de los epígrafes a), b) o c). Decimotercero. Propuesta y resolución de concesión. 1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, de acuerdo con el artículo 24.4 de la LGS. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones, contados a partir de la recepción de la notificación. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva, y el requerimiento de la documentación se hará con anterioridad a la misma. Cuando en la propuesta de resolución provisional el importe de la subvención sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar al interesado a modificar su solicitud durante el plazo de alegaciones para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable debiendo identificar, de entre las actuaciones propuestas, aquellas cuyo compromiso mantiene y que serán objeto de subvención. La solicitud reformulada deberá contar con la conformidad de la Comisión de Valoración. A la vista de lo acordado, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva de concesión, que comunicará a los interesados, a fin de que la acepten en el plazo improrrogable de quince días. De no aceptarse la ayuda, se les tendrá por desistidos, previa resolución. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante, el órgano administrativo competente dictará la resolución de concesión y procederá a su notificación en los términos establecidos en el apartado Decimoséptimo de la presente convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, compete al Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas aprobar la resolución de concesión. 2. La resolución definitiva del procedimiento que deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, deberá ser motivada y determinará los beneficiarios, la cuantía de la ayuda y una desestimación expresa del resto de las solicitudes, así como una relación ordenada de aquéllas que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma. La resolución de concesión será publicada en los términos establecidos en el apartado Decimoséptimo de la presente convocatoria. 3. La resolución de concesión de estas ayudas pondrá fin a la vía administrativa. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación o al de su notificación. Asimismo, la citada resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la LRJAP-PAC. 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión de ayudas sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que las solicitudes quedan desestimadas por silencio administrativo. 5. Los beneficiarios podrán solicitar al órgano concedente con carácter excepcional la modificación de la resolución de concesión cuando aparezcan circunstancias imprevistas que alteren o dificulten la ejecución de la actividad o proyecto subvencionable o cuando sean necesarias para el buen fin de la actuación. La solicitud podrá ser autorizada siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros y deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad. Decimocuarto. Difusión de la actividad o proyecto. En todos los materiales que se utilicen para la difusión de las actividades o proyectos subvencionados deberá figurar de forma visible el logotipo de Gobierno de España-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Secretaría de Estado de Cultura, de forma que permita identificar el origen de la ayuda. Decimoquinto. Pago. 1. El pago de la ayuda se hará efectivo una vez haya sido dictada la resolución de concesión, con arreglo a lo previsto para la realización de pagos anticipados en el artículo 34.4 de la LGS, no siendo necesario el establecimiento de un sistema de garantías. 2. Será condición indispensable que el beneficiario figure dado de alta en el Tesoro Público. 3. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. Decimosexto. Justificación y posible incumplimiento. 1. El beneficiario deberá justificar la ayuda concedida dentro de los tres meses siguientes al fin del plazo que figura en su solicitud para la realización de la actividad. El plazo máximo de ejecución será el indicado en la solicitud y en ningún caso podrá ser posterior al 28 de febrero de 2014. 2. Para justificar deberá presentar la documentación siguiente: La justificación por el beneficiario adoptará la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto a la que se refiere el artículo 72 del RLGS. La cuenta estará formada por la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, y por la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas. Esta última contendrá, necesariamente, las relaciones y los documentos que se mencionan en los apartados a), b), d), e), f) del citado artículo 72.2. Incluirá también, necesariamente, una evaluación de la repercusión de la actividad en la generación de empleo. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original. La acreditación del pago se realizará mediante el original o fotocopia compulsada del documento que lo acredite. Los justificantes de gasto deberán emitirse entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2014 y los correspondientes pagos deberán tener como fecha límite el 31 de mayo de 2014. Sólo serán subvencionables aquellos gastos que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. 3. Si el importe de la ayuda es inferior a 60.000,00 euros, la justificación se realizará mediante la presentación de la cuenta justificativa simplificada regulada en el artículo 75 del RLGS. La cuenta contendrá la información que exigen los apartados a), b) y c) y, en su caso, d), del apartado 2 del citado artículo. Mediante la técnica de muestreo estratificado combinado el órgano concedente requerirá a los beneficiarios los justificantes que estime oportuno a fin de obtener evidencia razonable de la adecuada aplicación de la subvención. El importe de estos justificantes deberá ser al menos del 25% del coste total de la cantidad subvencionada, y su elección se realizará tanto de forma aleatoria como concreta, previa división de los mismos en estratos en atención a su importe, tipo de gasto, u otros de similares características. 4. En aplicación del artículo 31.3 de la LGS cuando el importe de uno de los gastos subvencionables supere la cuantía de 18.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencias técnicas, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 5. A efectos de justificación, se deberá aportar, junto con los documentos citados, material gráfico que permita comprobar la presencia de logotipo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la difusión de la actividad o proyecto. 6. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la ayuda convocada por la presente Resolución, por otras subvenciones procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, en los términos previstos en el apartado Cuarto de esta resolución, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 7. El incumplimiento de la obligación de justificación de la ayuda en los términos establecidos en el presente apartado y en la normativa vigente, o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, tal y como dispone el artículo Decimosexto de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura (en la actualidad Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 8. El régimen del reintegro de las cantidades percibidas será el establecido en el Título II de la LGS, que se desarrolla en el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS. Decimoséptimo. Medios de notificación y publicación. La notificación o publicación de los actos y trámites del procedimiento, en particular la apertura del trámite de audiencia y la resolución de concesión, se hará mediante su inserción en el tablón de anuncios del órgano convocante, situado en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura (Plaza del Rey, número 1, de Madrid), así como en la página web http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Patrimonio/index.html, el día siguiente al de su aprobación por el órgano competente. Asimismo, la Secretaría de Estado de Cultura dispone de un servicio de alertas al que se puede acceder en la página web http://www.mcu.es/centroInformacionCiudadano/Suscripciones.html. Decimoctavo. Infracciones y sanciones. Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones que establece el Título IV de la LGS, que se desarrolla en el Título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el RLGS. Asimismo, en materia de potestad sancionadora, será de aplicación lo dispuesto en el Título IX de la LRJAP-PAC, y en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. Decimonoveno. Régimen general de ayudas. Las ayudas que se convocan por la presente resolución se ajustarán a lo dispuesto en la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos. («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre), siendo de aplicación asimismo la LGS y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS, para todos aquellos extremos que no hayan sido expresamente previstos, así como el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las Ayudas «de mínimis». Con carácter supletorio regirá la LRJAP-PAC, así como cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la LRJAP-PAC. Vigésimo. Efectos. La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 26 de abril de 2013.–El Secretario de Estado de Cultura, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, Jesús Prieto de Pedro.

El Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, atribuye a este Departamento la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, y la promoción y difusión de la cultura en español. En materia de protección del Patrimonio Histórico Español, esta competencia corresponde a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas de la Secretaría de Estado de Cultura, como queda establecido en el artículo 10.1 del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el apartado Décimo.2 a) aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Cultura, en los Directores Generales de la Secretaría de Estado de las competencias en materia de becas, subvenciones y ayudas públicas en sus respectivos ámbitos de gestión, hasta el límite de 600.000 euros. De acuerdo con lo anterior, mediante la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero, apartado 2 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre (Boletín Oficial del Estado de 13 de noviembre de 2010), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del extinto Ministerio Cultura y de sus organismos públicos, aprobada en cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.28 de la Constitución Española, que establece que el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, se convocan las ayudas para la puesta en valor, protección y difusión de bienes declarados patrimonio cultural correspondientes a 2013. Las ayudas contempladas en la presente convocatoria demandan una regulación unitaria de todos sus aspectos. La gestión centralizada de las mismas se justifica por el especial carácter de las medidas que se contemplan. En este sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional en materia de subvenciones, corresponde al Estado la gestión en los casos en que resulte imprescindible para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, así como para lograr la vertebración de dicho sector y la corrección de su desequilibrio territorial. La gestión centralizada de estas ayudas resulta necesaria teniendo en cuenta las características que concurren en los beneficiarios de las ayudas, pequeñas y medianas empresas privadas que ejercen su actividad en el sector cultural, su heterogeneidad, la dificultad en la obtención de recursos financieros, su desigual implantación en el territorio nacional, así como la naturaleza de los proyectos subvencionables que deben abarcar más de una Comunidad Autónoma. El fin primordial de la presente convocatoria es impulsar iniciativas de patrimonio cultural que favorezcan la comunicación cultural entre Comunidades Autónomas y/o que promuevan proyectos que se refieran a productos interculturales. La homogeneidad y grado de integración que ha de prevalecer en dichas propuestas, así como la dificultad de anticipar el contenido y distribución territorial de las mismas, refuerza la necesidad de su atribución al Estado. Es por ello que estas ayudas van específicamente dirigidas a subvencionar las actuaciones directamente vinculadas a proyectos que tengan esa dimensión interterritorial y facilitadora de la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas. Por todo ello, dispongo: Primero. Objeto, finalidad y actividades subvencionables. 1. La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, de acuerdo con lo establecido en la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura (en la actualidad Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y de sus organismos públicos, convoca ayudas destinadas a empresas privadas y profesionales autónomos dedicados a la gestión cultural, que lleven a cabo proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural español, siempre que los proyectos afecten, al menos, a dos Comunidades Autónomas. Las actividades que se acojan a esta convocatoria deberán realizarse entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2014. A efectos de la presente convocatoria, se entiende por bienes declarados patrimonio cultural aquéllos que, conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en esta materia, hayan sido declarados patrimonio histórico y/o cultural mediante el procedimiento administrativo que en su caso corresponda y estén inscritos en los Registros, Inventarios o Catálogos que dicha normativa exija. 2. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, y se convocan con los siguientes fines: a) Fomentar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas promoviendo la conectividad cultural y territorial y favoreciendo la producción de sinergias entre diferentes productos culturales. b) Impulsar la difusión del patrimonio cultural común contribuyendo a su puesta en valor, promoción y difusión, en especial del patrimonio inmaterial y subacuático. c) Fomentar y promover el turismo cultural sostenible, logrando la interacción entre turismo y cultura. d) Considerar de manera positiva las propuestas que integren actuaciones de fomento de la igualda ### RESUMEN: Ayudas a empresas para promoción del patrimonio cultural: 400.000 euros

Recursos del PSOE contra reparto tratamiento hepatitis C e informe terapéutico

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el procedimiento ordinario núm. 14/2015, promovido por don José Manuel Campo Freire y doña Laura Oliva García, Diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, contra el Acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2014 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el que se aprueba el denominado documento «Estrategia terapéutica de priorización para el uso de antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis crónica por virus C (VHC) en el ámbito del Sistema Nacional de Salud». Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley. Madrid, 16 de marzo de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el procedimiento ordinario núm. 14/2015, promovido por don José Manuel Campo Freire y doña Laura Oliva García, Diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, contra el Acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2014 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el que se aprueba el denominado documento «Estrategia terapéutica de priorización para el uso de antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis crónica por virus C (VHC) en el ámbito del Sistema Nacional de Salud». Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley. Madrid, 16 de marzo de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez. ### RESUMEN: Recursos del PSOE contra reparto tratamiento hepatitis C e informe terapéutico

Apenas queda nada del fondo de ayuda para las víctimas del 11-M creado por cajas y las donaciones privadas.

el apartado 3.1 de la Orden TAS/475/2005, de 29 de febrero Ley 29/2011, de 22 de septiembre El atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 acontecido en Madrid motivó, a iniciativa de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la creación de un Fondo de ayudas para los afectados por dicho atentado, con cargo a las Cajas de Ahorro confederadas y a las aportaciones particulares y empresariales que se sumaron a la propuesta. Como consecuencia de ello, la Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, crea una Unidad Administradora para la gestión del «Fondo de ayuda a las victimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004» así como una Comisión de Seguimiento encargada de garantizar los principios de participación y transparencia de la citada gestión. La Unidad Administradora y la Comisión de Seguimiento, adscritas orgánicamente y funcionalmente a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) gestionaron el citado Fondo durante los años 2006 a 2009 a través de cinco convocatorias de prestaciones económicas y servicios. Como resultado de ello, el Fondo presenta en 2013 una dotación económica reducida, lo que hace que la convocatoria de ayudas precisa para la liquidación final del Fondo tenga un alcance necesariamente más limitado que las efectuadas en años anteriores. Asimismo, esta circunstancia debe complementarse con el régimen de protección general que se establece a través de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Para ello es muy conveniente la participación del Ministerio del Interior, al objeto de coordinar con el mismo la gestión del Fondo dentro del marco general de protección a las víctimas. En consecuencia, se hace necesario modificar la composición de la Comisión de Seguimiento, al objeto de incorporar en la misma un representante del Ministerio del Interior, garantizándose así la complementariedad entre las prestaciones del Fondo y las ayudas otorgadas a las víctimas del terrorismo a través del citado Departamento. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, por la que se crean la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las victimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 y la Comisión de seguimiento de la misma y se regulan las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo. El apartado tercero.1 de la Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, por la que se crean la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las victimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 y la Comisión de seguimiento de la misma y se regulan las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo, queda redactado del siguiente modo: «1. Con el fin de garantizar los principios de participación y transparencia se constituirá una Comisión de Seguimiento, adscrita a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en la que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas afectadas por el atentado terrorista del 11-M y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de una política de atención integral y colaboración en la gestión del Fondo de ayuda anteriormente citado. Dicha Comisión de Seguimiento estará integrada por los siguientes miembros: – El Director General del IMSERSO, que actuará de Presidente. – El Secretario General del IMSERSO, que actuará de Vicepresidente y sustituirá al Presidente en caso de ausencia, vacante o enfermedad de éste. – Un representante del Ministerio del Interior, con nivel de Subdirector General, nombrado por el citado Ministerio. – El Director del Real Patronato sobre Discapacidad. – El Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social. – El Subdirector General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal. – Un representante de la Fundación Victimas del Terrorismo, nombrado por el Ministerio del Interior, a propuesta de esta. – Y tres representantes de las victimas y de los afectados por el atentado terrorista del 11-M, nombrados por el Ministerio del Interior, a propuesta de cada una de las tres asociaciones que agrupan mayoritariamente a las victimas y afectados del atentado terrorista del 11-M, que son: la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M. Actuará como Secretario de la Comisión un funcionario de nivel 26 o superior del IMSERSO, designado por la Secretaría General del mismo.» Disposición adicional única. No incremento de gasto público. La aplicación de esta orden no conllevará incremento de gasto público. Las medidas incluidas en la presente orden no supondrán incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 18 de noviembre de 2013.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

el apartado 3.1 de la Orden TAS/475/2005, de 29 de febrero Ley 29/2011, de 22 de septiembre El atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 acontecido en Madrid motivó, a iniciativa de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la creación de un Fondo de ayudas para los afectados por dicho atentado, con cargo a las Cajas de Ahorro confederadas y a las aportaciones particulares y empresariales que se sumaron a la propuesta. Como consecuencia de ello, la Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, crea una Unidad Administradora para la gestión del «Fondo de ayuda a las victimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004» así como una Comisión de Seguimiento encargada de garantizar los principios de participación y transparencia de la citada gestión. La Unidad Administradora y la Comisión de Seguimiento, adscritas orgánicamente y funcionalmente a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) gestionaron el citado Fondo durante los años 2006 a 2009 a través de cinco convocatorias de prestaciones económicas y servicios. Como resultado de ello, el Fondo presenta en 2013 una dotación económica reducida, lo que hace que la convocatoria de ayudas precisa para la liquidación final del Fondo tenga un alcance necesariamente más limitado que las efectuadas en años anteriores. Asimismo, esta circunstancia debe complementarse con el régimen de protección general que se establece a través de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Para ello es muy conveniente la participación del Ministerio del Interior, al objeto de coordinar con el mismo la gestión del Fondo dentro del marco general de protección a las víctimas. En consecuencia, se hace necesario modificar la composición de la Comisión de Seguimiento, al objeto de incorporar en la misma un representante del Ministerio del Interior, garantizándose así la complementariedad entre las prestaciones del Fondo y las ayudas otorgadas a las víctimas del terrorismo a través del citado Departamento. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, por la que se crean la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las victimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 y la Comisión de seguimiento de la misma y se regulan las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo. El apartado tercero.1 de la Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, por la que se crean la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las victimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 y la Comisión de seguimiento de la misma y se regulan las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo, queda redactado del siguiente modo: «1. Con el fin de garantizar los principios de participación y transparencia se constituirá una Comisión de Seguimiento, adscrita a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en la que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas afectadas por el atentado terrorista del 11-M y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de una política de atención integral y colaboración en la gestión del Fondo de ayuda anteriormente citado. Dicha Comisión de Seguimiento estará integrada por los siguientes miembros: – El Director General del IMSERSO, que actuará de Presidente. – El Secretario General del IMSERSO, que actuará de Vicepresidente y sustituirá al Presidente en caso de ausencia, vacante o enfermedad de éste. – Un representante del Ministerio del Interior, con nivel de Subdirector General, nombrado por el citado Ministerio. – El Director del Real Patronato sobre Discapacidad. – El Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social. – El Subdirector General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal. – Un representante de la Fundación Victimas del Terrorismo, nombrado por el Ministerio del Interior, a propuesta de esta. – Y tres representantes de las victimas y de los afectados por el atentado terrorista del 11-M, nombrados por el Ministerio del Interior, a propuesta de cada una de las tres asociaciones que agrupan mayoritariamente a las victimas y afectados del atentado terrorista del 11-M, que son: la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M. Actuará como Secretario de la Comisión un funcionario de nivel 26 o superior del IMSERSO, designado por la Secretaría General del mismo.» Disposición adicional única. No incremento de gasto público. La aplicación de esta orden no conllevará incremento de gasto público. Las medidas incluidas en la presente orden no supondrán incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 18 de noviembre de 2013.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón. ### RESUMEN: Apenas queda nada del fondo de ayuda para las víctimas del 11-M creado por cajas y las donaciones privadas.

El ministerio del INTERIOR valora en 14.600.000,00 euros la gestión de sus viajes

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010, España. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 11:35 horas del 30 de septiembre de 2013. d) Número de expediente: 13R-001. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo Marco para la contratación del servicio de gestión de viajes en el Ministerio del Interior. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63516000 (Servicios de gestión de viajes). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 14.600.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U4d (Agencias de viajes. (A partir de 600.000 euros)). b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver apartado 7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:36 horas del 30 de septiembre de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio del Interior. 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección: Amador de los Ríos, 7 (Ministerio de Interior). c) Localidad y código postal: Madrid, 28010, España. d) Fecha y hora: 10 de octubre de 2013 a las 10:00. Madrid, 12 de septiembre de 2013.- Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010, España. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 11:35 horas del 30 de septiembre de 2013. d) Número de expediente: 13R-001. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Acuerdo Marco para la contratación del servicio de gestión de viajes en el Ministerio del Interior. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63516000 (Servicios de gestión de viajes). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 14.600.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U4d (Agencias de viajes. (A partir de 600.000 euros)). b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver apartado 7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:36 horas del 30 de septiembre de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio del Interior. 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección: Amador de los Ríos, 7 (Ministerio de Interior). c) Localidad y código postal: Madrid, 28010, España. d) Fecha y hora: 10 de octubre de 2013 a las 10:00. Madrid, 12 de septiembre de 2013.- Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial. ### RESUMEN: El ministerio del INTERIOR valora en 14.600.000,00 euros la gestión de sus viajes

Licitación: uniformes de trabajo, representación, época de la Academia Militar por importe total de 173.700,28 (Lote n.º 1: 73.845,33 €. Lote n.º 2: 99.854,95 €.. )

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Academia General Militar. b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asuntos Económicos (Contratación). c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos (Contratación). 2) Domicilio: Carretera de Huesca, s/nº. 3) Localidad y código postal: Zaragoza 50090. 4) Teléfono: 976739546. d) Número de expediente: 2 0350 2013 0041 02. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Confección de diversas prendas de uniformidad para los alumnos. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote n.º 1: Prendas de uniforme de trabajo y representación. Lote n.º 2: Prendas de uniformes de época para los alumnos. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: Lote n.º 1: 73.845,33 €. Lote n.º 2: 99.854,95 €.. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Ocho días a contar desde el siguiente a la publicación en el 'BOE', hasta las 12:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos (Contratación). 2) Domicilio: Carretera de Huesca, s/nº. 3) Localidad y código postal: Zaragoza 50090. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Academia General Militar (Plana Mayor de Dirección). b) Dirección: Carretera de Huesca, s/nº. c) Localidad y código postal: Zaragoza. d) Fecha y hora: 15 de abril de 2013, a las 10:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. Zaragoza, 27 de marzo de 2013.- El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Academia General Militar. b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asuntos Económicos (Contratación). c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos (Contratación). 2) Domicilio: Carretera de Huesca, s/nº. 3) Localidad y código postal: Zaragoza 50090. 4) Teléfono: 976739546. d) Número de expediente: 2 0350 2013 0041 02. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Confección de diversas prendas de uniformidad para los alumnos. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote n.º 1: Prendas de uniforme de trabajo y representación. Lote n.º 2: Prendas de uniformes de época para los alumnos. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: Lote n.º 1: 73.845,33 €. Lote n.º 2: 99.854,95 €.. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Ocho días a contar desde el siguiente a la publicación en el 'BOE', hasta las 12:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Sección de Asuntos Económicos (Contratación). 2) Domicilio: Carretera de Huesca, s/nº. 3) Localidad y código postal: Zaragoza 50090. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Academia General Militar (Plana Mayor de Dirección). b) Dirección: Carretera de Huesca, s/nº. c) Localidad y código postal: Zaragoza. d) Fecha y hora: 15 de abril de 2013, a las 10:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. Zaragoza, 27 de marzo de 2013.- El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar. ### RESUMEN: Licitación: uniformes de trabajo, representación, época de la Academia Militar por importe total de 173.700,28 (Lote n.º 1: 73.845,33 €. Lote n.º 2: 99.854,95 €.. )

Contrato de prestación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de la Universidad Autónoma de Madrid para dos años por importe total de 105.000 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: C/ Einstein, 3. 3) Localidad y código postal: Madrid 28049. 4) Teléfono: 91.497.42.41. 5) Telefax: 91.497.44.11. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uam.es/perfildecontratante. d) Número de expediente: A-21/15. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de la Universidad Autónoma de Madrid. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Se indican en la Cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige esta contratación. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 105.000 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.603,30 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se establecen en el apartado 11 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del día 2 de julio de 2015. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Universidad Autónoma de Madrid. 2) Domicilio: Calle Einstein, n.º 3. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28049. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala de Juntas 'D' situada en la 2.ª entreplanta del Rectorado. b) Dirección: C/ Einstein, 3. c) Localidad y código postal: Madrid 28049. d) Fecha y hora: El día 14 de julio de 2015, a las 12:00 horas. 10. Gastos de publicidad: El importe de inserción (1.293,26 euros) del presente anuncio en el BOE irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria. 12. Otras informaciones: Se admitirán mejoras conforme a lo establecido en el apartado 10 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Madrid, 12 de junio de 2015.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 10/04/2015, BOCM de 17/04/2015), el Gerente, Teodoro Conde Minaya.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: C/ Einstein, 3. 3) Localidad y código postal: Madrid 28049. 4) Teléfono: 91.497.42.41. 5) Telefax: 91.497.44.11. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uam.es/perfildecontratante. d) Número de expediente: A-21/15. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de la Universidad Autónoma de Madrid. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Se indican en la Cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige esta contratación. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 105.000 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.603,30 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se establecen en el apartado 11 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del día 2 de julio de 2015. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Universidad Autónoma de Madrid. 2) Domicilio: Calle Einstein, n.º 3. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28049. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Sala de Juntas 'D' situada en la 2.ª entreplanta del Rectorado. b) Dirección: C/ Einstein, 3. c) Localidad y código postal: Madrid 28049. d) Fecha y hora: El día 14 de julio de 2015, a las 12:00 horas. 10. Gastos de publicidad: El importe de inserción (1.293,26 euros) del presente anuncio en el BOE irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria. 12. Otras informaciones: Se admitirán mejoras conforme a lo establecido en el apartado 10 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Madrid, 12 de junio de 2015.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 10/04/2015, BOCM de 17/04/2015), el Gerente, Teodoro Conde Minaya. ### RESUMEN: Contrato de prestación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de la Universidad Autónoma de Madrid para dos años por importe total de 105.000 euros.

Junta Electoral insiste: si presentas certificación de discapacidad para no ir en mesa electoral, no necesitas nada mas.

el apartado 2.1 de la Instrucción 6/2011, de 28 de abril la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio , por Acuerdo de 11 de octubre de 2016 La Instrucción de la Junta Electoral Central 6/2011, de 28 de abril, modificada por la Instrucción 2/2014, de 11 de diciembre, de interpretación del artículo 27.3 de la LOREG sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales distingue dentro del número segundo las causas relativas a la situación personal del miembro designado de la Mesa Electoral entre aquellas que se justifican por sí solas (apartado 1) y las que pueden justificar la excusa atendiendo a las circunstancias que en cada caso corresponde valorar a la Junta Electoral de Zona (apartado 2). Entre las primeras se incluye la causa 2.ª sobre la situación de discapacidad, declarada de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos. En este supuesto basta la aportación de la declaración de discapacidad para que deba aceptarse la excusa. Frente a ello, en el apartado 2 se incluyen como causas personales que deben ser valoradas por la Junta Electoral de Zona la lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que, aunque no haya dado lugar a una declaración de incapacidad para el trabajo, impida ejercer las funciones de miembro de una Mesa Electoral, o convierta en particularmente difícil o penoso el ejercicio de tales funciones. En estos casos debe acreditarse la causa mediante certificado médico en el que se detallen las limitaciones que impidan o dificulten tal desempeño. No obstante, a esta Junta Electoral Central se ha dirigido el Defensor del Pueblo remitiéndole quejas en las que la aplicación llevada a cabo por las Juntas Electorales de Zona no parece reflejar este diferente criterio. Por ello, esta Junta, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo, para aclarar estos extremos, en virtud de su potestad de unificación de criterios interpretativos prevista en los artículos 19.1.f) y 27.3 de la LOREG, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha aprobado la siguiente Instrucción Primero. Modificación de la causa 2.ª del apartado 1 del número segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central 6/2011. En la causa 2.ª del apartado 1 del número segundo, deberá añadirse lo siguiente: «La aportación por el interesado de la declaración de discapacidad, cualquiera que sea el grado de ésta, bastará para la aceptación de la excusa por la Junta Electoral de Zona, sin que resulte necesario aportar certificado médico en el que se detallen las limitaciones que impidan o dificulten el desempeño de las funciones de miembro de una Mesa Electoral.» Segundo. Publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y entrada en vigor. Dado el carácter general de esta Instrucción, se procederá a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y tendrá efectos a partir del día siguiente al de su publicación. Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez.

el apartado 2.1 de la Instrucción 6/2011, de 28 de abril la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio , por Acuerdo de 11 de octubre de 2016 La Instrucción de la Junta Electoral Central 6/2011, de 28 de abril, modificada por la Instrucción 2/2014, de 11 de diciembre, de interpretación del artículo 27.3 de la LOREG sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales distingue dentro del número segundo las causas relativas a la situación personal del miembro designado de la Mesa Electoral entre aquellas que se justifican por sí solas (apartado 1) y las que pueden justificar la excusa atendiendo a las circunstancias que en cada caso corresponde valorar a la Junta Electoral de Zona (apartado 2). Entre las primeras se incluye la causa 2.ª sobre la situación de discapacidad, declarada de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos. En este supuesto basta la aportación de la declaración de discapacidad para que deba aceptarse la excusa. Frente a ello, en el apartado 2 se incluyen como causas personales que deben ser valoradas por la Junta Electoral de Zona la lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que, aunque no haya dado lugar a una declaración de incapacidad para el trabajo, impida ejercer las funciones de miembro de una Mesa Electoral, o convierta en particularmente difícil o penoso el ejercicio de tales funciones. En estos casos debe acreditarse la causa mediante certificado médico en el que se detallen las limitaciones que impidan o dificulten tal desempeño. No obstante, a esta Junta Electoral Central se ha dirigido el Defensor del Pueblo remitiéndole quejas en las que la aplicación llevada a cabo por las Juntas Electorales de Zona no parece reflejar este diferente criterio. Por ello, esta Junta, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo, para aclarar estos extremos, en virtud de su potestad de unificación de criterios interpretativos prevista en los artículos 19.1.f) y 27.3 de la LOREG, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha aprobado la siguiente Instrucción Primero. Modificación de la causa 2.ª del apartado 1 del número segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central 6/2011. En la causa 2.ª del apartado 1 del número segundo, deberá añadirse lo siguiente: «La aportación por el interesado de la declaración de discapacidad, cualquiera que sea el grado de ésta, bastará para la aceptación de la excusa por la Junta Electoral de Zona, sin que resulte necesario aportar certificado médico en el que se detallen las limitaciones que impidan o dificulten el desempeño de las funciones de miembro de una Mesa Electoral.» Segundo. Publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y entrada en vigor. Dado el carácter general de esta Instrucción, se procederá a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y tendrá efectos a partir del día siguiente al de su publicación. Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez. ### RESUMEN: Junta Electoral insiste: si presentas certificación de discapacidad para no ir en mesa electoral, no necesitas nada mas.

José Antonio de la Rosa Moreno, nombrado Jefe de Policía de Andalucía Occidental

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 47 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, vista la propuesta del Director General de la Policía y el informe del Secretario de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental al Comisario Principal de la Policía Nacional, don José Antonio de la Rosa Moreno, dando por resuelta la convocatoria N.º 81/2016 convocada por Resolución de 5 de octubre de 2016 de la Dirección General de la Policía. Madrid, 1 de febrero de 2017.–El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 47 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, vista la propuesta del Director General de la Policía y el informe del Secretario de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar Jefe Superior de Policía de Andalucía Occidental al Comisario Principal de la Policía Nacional, don José Antonio de la Rosa Moreno, dando por resuelta la convocatoria N.º 81/2016 convocada por Resolución de 5 de octubre de 2016 de la Dirección General de la Policía. Madrid, 1 de febrero de 2017.–El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido Álvarez. ### RESUMEN: José Antonio de la Rosa Moreno, nombrado Jefe de Policía de Andalucía Occidental

Se permite el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos de forma extraordinaria.

el anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril los arts. 4.3 y 13 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio Vistos los antecedentes que obran en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y a tenor de los siguientes Antecedentes de hecho Primero. El artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece que durante la duración del estado de alarma se podrán ordenar medidas encaminadas a impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En el artículo 4.3 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se habilita a las autoridades competentes delegadas para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Asimismo, de acuerdo con el artículo 13.a) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad, como autoridad delegada competente, puede impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado con los productos necesarios para la protección de la salud pública. Segundo. Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 existe, a día de hoy, una gran demanda en el mercado de soluciones y geles hidroalcohólicos para desinfección de manos que ayudan a prevenir posibles contagios de la enfermedad trasmitida por el citado virus. Con la finalidad de poder abastecer el mercado con soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos necesarios para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue necesario adoptar medidas especiales que permitiesen disponer de etanol suficiente para atender la creciente demanda de los mencionados productos. En consecuencia, se dictó la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tercero. La Orden SND/321/2020, de 3 de abril, habilita a la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a modificar su anexo en función de la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Cuarto. El aumento de la demanda de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos y el riesgo de salud pública derivado de un posible desabastecimiento de etanol hacen necesario actualizar el anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, para permitir incrementar los medios efectivos disponibles para evitar los contagios por el COVID-19. En virtud de lo expuesto, resuelvo: 1. Actualizar el anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que queda redactado en los siguientes términos: «Especificaciones del bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos El bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos deberá satisfacer las siguientes especificaciones: – Metanol < 200 ppm (V/V). – Acetaldehído < 50 ppm (V/V). – Benceno < 2 ppm (V/V). – Total, de otras impurezas* < 3000 ppm. * Junto a la solicitud de autorización se presentará un certificado con las impurezas presentes en el bioetanol justificativo de esta especificación. Este certificado se evaluará por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de forma previa a la concesión de la autorización de las soluciones y geles hidroalcohólicos que empleen bioetanol en su fabricación. Además, independientemente de lo anterior, la mezcla de componentes carcinogénicos total presentes en el bioetanol debe ser < 0,1%. La desnaturalización deberá hacerse con los desnaturalizantes establecidos en el artículo 15 de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos.» Madrid, 9 de abril de 2020.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas Díaz.

el anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril los arts. 4.3 y 13 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio Vistos los antecedentes que obran en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y a tenor de los siguientes Antecedentes de hecho Primero. El artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece que durante la duración del estado de alarma se podrán ordenar medidas encaminadas a impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En el artículo 4.3 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se habilita a las autoridades competentes delegadas para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Asimismo, de acuerdo con el artículo 13.a) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad, como autoridad delegada competente, puede impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado con los productos necesarios para la protección de la salud pública. Segundo. Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 existe, a día de hoy, una gran demanda en el mercado de soluciones y geles hidroalcohólicos para desinfección de manos que ayudan a prevenir posibles contagios de la enfermedad trasmitida por el citado virus. Con la finalidad de poder abastecer el mercado con soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos necesarios para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue necesario adoptar medidas especiales que permitiesen disponer de etanol suficiente para atender la creciente demanda de los mencionados productos. En consecuencia, se dictó la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tercero. La Orden SND/321/2020, de 3 de abril, habilita a la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a modificar su anexo en función de la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Cuarto. El aumento de la demanda de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos y el riesgo de salud pública derivado de un posible desabastecimiento de etanol hacen necesario actualizar el anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, para permitir incrementar los medios efectivos disponibles para evitar los contagios por el COVID-19. En virtud de lo expuesto, resuelvo: 1. Actualizar el anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que queda redactado en los siguientes términos: «Especificaciones del bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos El bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos deberá satisfacer las siguientes especificaciones: – Metanol < 200 ppm (V/V). – Acetaldehído < 50 ppm (V/V). – Benceno < 2 ppm (V/V). – Total, de otras impurezas* < 3000 ppm. * Junto a la solicitud de autorización se presentará un certificado con las impurezas presentes en el bioetanol justificativo de esta especificación. Este certificado se evaluará por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de forma previa a la concesión de la autorización de las soluciones y geles hidroalcohólicos que empleen bioetanol en su fabricación. Además, independientemente de lo anterior, la mezcla de componentes carcinogénicos total presentes en el bioetanol debe ser < 0,1%. La desnaturalización deberá hacerse con los desnaturalizantes establecidos en el artículo 15 de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos.» Madrid, 9 de abril de 2020.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas Díaz. ### RESUMEN: Se permite el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos de forma extraordinaria.

Sube la parte variable de la factura del gas natural. El término fijo queda igual

Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre Orden de 16 de julio de 1998 El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado Primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 20 de mayo de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo: 1,58 euros/mes. – Término variable: 100,9546 cents/kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 86,3125 cents/kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 767, butano = 772,25. Media del flete bajo y alto ($/Tm): 132. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,381250. Asimismo, se han tenido en cuenta los nuevos costes de comercialización que se establecieron en la Resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 20 de mayo de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 20 de mayo de 2014. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 20 de mayo de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables. Sexto. Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución. Séptimo. Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. Madrid, 13 de mayo de 2014.–El Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas.

Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre Orden de 16 de julio de 1998 El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado Primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 20 de mayo de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo: 1,58 euros/mes. – Término variable: 100,9546 cents/kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 86,3125 cents/kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): propano = 767, butano = 772,25. Media del flete bajo y alto ($/Tm): 132. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,381250. Asimismo, se han tenido en cuenta los nuevos costes de comercialización que se establecieron en la Resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 20 de mayo de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 20 de mayo de 2014. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 20 de mayo de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del repart ### RESUMEN: Sube la parte variable de la factura del gas natural. El término fijo queda igual

Ley de declaración del parque nacional de Guadarrama

los arts. 7.bis y 7.ter a la Ley 5/2007, de 3 de abril el art. 8.3 y la disposición adicional 8, por Ley 30/2014, de 3 de diciembre en BOE núm. 181 de 30 de julio de 2013 JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO La Red de Parques Nacionales de España integra un conjunto de espacios que recogen las mejores muestras del patrimonio natural de nuestro país. Conforma un sistema representativo de nuestra rica biodiversidad, de nuestros paisajes, y de nuestra forma de entender la relación del hombre con el territorio. Los elementos básicos de la Red, los catorce Parques Nacionales actualmente existentes, quedan sujetos a un exigente régimen jurídico destinado a asegurar su protección, con el objetivo declarado de garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado natural. La presente Ley declara el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con una superficie de 33.960 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid (21.714 hectáreas) y de Castilla y León (12.246 hectáreas). Los estudios científicos que la han servido de fundamento han demostrado que dicho espacio reúne las condiciones y características que la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales exige para su incorporación a la misma. Su dimensión y continuidad territorial, su riqueza y coherencia ambiental, unido al estricto régimen a que se somete la intervención humana tanto dentro del propio Parque Nacional como en su zona periférica de protección, garantizan la conservación de los ecosistemas naturales y la viabilidad de su evolución natural, sin o con escasa intervención humana, de acuerdo con los ambiciosos estándares que establece la citada Ley de 2007. En efecto, el espacio natural que con la presente Ley pasa a integrar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama cuenta con una riqueza ecológica y cultural tan sobresalientes que aconsejan que su conservación sea declarada de interés general y se eleve su régimen de protección al más alto nivel que permite nuestro ordenamiento jurídico. Si la riqueza ecológica de por sí ya es merecedora de la declaración que la presente Ley acomete, el patrimonio cultural, educativo y científico generado en los territorios integrantes del nuevo Parque Nacional es extraordinario, probablemente sin parangón en ningún otro territorio de nuestra geografía. Aún hoy perviven en las tradiciones y en el recuerdo colectivo los elementos que dieron lugar a una cultura propia y singular, perfectamente adaptada a un entorno natural generoso, agreste y difícil, protagonizada por pastores y vaqueros, por hacheros y gabarros, por carboneros, neveros y por otras gentes de la Sierra. Además, como gozne natural que une y vertebra el norte y el sur peninsulares, la Sierra del Guadarrama ha sido testigo mudo de batallas y otros acontecimientos históricos que integran el andamiaje afectivo de este país. Finalmente, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, lugares emblemáticos como los Puertos de Navacerrada y la Fuenfría, el Circo de Peñalara, la Pedriza, el Montón de Trigo, la Cuerda Larga, la Maliciosa o Siete Picos, por citar algunos más conocidos, han servido de inspiración, estímulo y laboratorio para naturalistas y científicos de todas las especialidades, para educadores, para artistas y para deportistas. No es de extrañar así que pocas montañas de nuestra geografía hayan sido tan queridas, tan alabadas por escritores, filósofos y poetas, desde el Siglo de Oro, hasta las Generaciones del Noventa y Ocho y del Veintisiete. Y sin embargo, es forzoso reconocer que la ciudadanía de Madrid y otros entornos de la Sierra a menudo ha vivido con descuido, de espaldas a este valioso patrimonio natural, con lo que su declaración como Parque Nacional ha de tener un saludable efecto pedagógico. Con todo, la declaración de Parque Nacional no sólo da satisfacción al interés general de preservar toda esta riqueza natural y cultural que atesora la Sierra del Guadarrama, sino que además hace justicia con lo que ha sido un profundo anhelo social sentido desde hace casi un siglo. En efecto, la necesidad de frenar el deterioro que el incremento demográfico y el turismo de masas producen en un entorno tan próximo a una gran urbe como es Madrid, ya fue públicamente denunciada en 1923, en las páginas del diario El Sol, reclamándose la creación de un parque nacional al amparo de la entonces reciente y pionera en Europa Ley de Parques Nacionales de 1916. La iniciativa obviamente no tuvo entonces la acogida esperada, pero sin duda sirvió de germen a las numerosas iniciativas populares surgidas posteriormente, a las que en buena medida se deben los distintos instrumentos normativos protectores de que hoy disfruta la Sierra del Guadarrama. En efecto, la declaración de Parque Nacional significa la elevación de los niveles de protección que por razones ambientales dispone ya la Sierra del Guadarrama. Así, dentro de su ámbito físico se encuentran los Sitios Naturales de Interés Nacional declarados en los años treinta, de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, de la Pedriza del Manzanares y el Pinar de la Acebeda. Además, y con un ámbito que excede al del nuevo Parque Nacional, coexisten otros regímenes de protección ambiental, nacionales y comunitarios, de los que sin duda el Parque se beneficiará. Este es el caso, en la vertiente madrileña, del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y en la vertiente segoviana, del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama. Seis espacios de la Red Natura 2000 están situados en el Parque Nacional, y en el sector madrileño, gran parte del territorio se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares declarada por la UNESCO. Por último, los Humedales del Macizo de Peñalara están incluidos en la lista de humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar. La presente Ley no sólo culmina una concienzuda evaluación científica de sus valores ecológicos y culturales, sino también un largo proceso administrativo particularmente complejo dado que el territorio protegido se adentra en dos Comunidades Autónomas, la de Castilla y León y la de Madrid. Es por ello que desde ambas Comunidades Autónomas se ha impulsado la declaración de este territorio como Parque Nacional iniciándose con un Protocolo de Colaboración suscrito entre ambas Comunidades Autónomas el 25 de marzo de 2002 para la definición de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales, en el marco del cual se analizaría la posibilidad de declarar un Parque Nacional. Finalizado el proceso de planificación previa con la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, por Decreto 96/2009 de la Comunidad de Madrid y Decreto 4/2010 de la Comunidad de Castilla y León, se culmina en una propuesta de declaración de Parque Nacional aprobada por las Asambleas Legislativas de ambas Comunidades Autónomas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha considerado la propuesta adecuada y que cumple los requisitos que exige la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. En este mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de la Red de Parques Nacionales. Por otro lado, el parque nacional, consciente del alto valor medioambiental de los territorios que lo limitan, nace con una clara voluntad de ampliación siguiendo, para ello, en su caso, el procedimiento establecido en su propia ley declarativa. Esta Ley tiene por objeto la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en virtud del artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española que otorga al Estado la competencia para dictar la legislación básica en materia de medio ambiente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. La norma de declaración ha considerado las características singulares, únicas y representativas de este territorio, en el que se identifican nueve de los sistemas naturales incluidos en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. Entre ellos, los pinares de Pinus sylvestris de reconocido valor ambiental, naturalidad y excelente estado de conservación sobre suelos silíceos que aportan representatividad a la Red. Los «sistemas naturales de origen glaciar y periglaciar» que poseen un modelado más propio de latitudes más norteñas o de altitudes más elevadas. Están incluidos «humedales y lagunas de alta montaña» que destacan por su singularidad geomorfológica. La excepcionalidad de sus sistemas «formaciones y relieves de montaña y alta montaña» se encuentra en la geomorfología de la roca granítica que resalta formas del relieve y paisajes únicos. Los sistemas naturales «quejigares y melojares», poco representados en la Red, los «matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares» y «pinares, sabinares y enebrales», aportan una mayor representación en la Red de Parques Nacionales. También se reconoce en este espacio la proporción y singularidad relevante de especies. Además de la presencia significativa de endemismos de flora y fauna, y las emblemáticas Águila Imperial Ibérica, Buitre Negro y Cigüeña Negra, destaca el elevado porcentaje de especies censadas en España con un total del 40 % de la herpetofauna, el 39 % de las aves y el 49 % de los mamíferos. Asimismo, esta ley establece los objetivos del Parque Nacional, y su ámbito territorial en las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León, la zona periférica de protección y el área de influencia socioeconómica, así como el régimen jurídico de protección asociado al territorio del Parque Nacional, en el que se especifican los usos y actividades en el interior del Parque, clasificándose en compatibles con su conservación, necesarios para la gestión o incompatibles. Establece también el modelo de gestión del espacio que, desde el respeto a la competencia para la gestión ordinaria y habitual de las Comunidades Autónomas, crea una comisión de coordinación donde están representados tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León, reconociendo así la capacidad de coordinación de la Administración General del Estado, amparada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 194/2004. Asimismo, en la norma se detalla el alcance que deben tener los instrumentos de planificación y colaboración, el régimen sancionador específico de aplicación, así como el régimen jurídico que se establece en los Montes Matas y Pinar de Valsaín incluidos en la Zona Periférica de Protección. La Ley recoge también la posibilidad de intervención del Estado con carácter excepcional, concreto, singular y puntual para garantizar la conservación del Parque Nacional. Además, esta ley modifica la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales introduciendo dos nuevos artículos relativos a la declaración del estado de emergencia en Parques Nacionales y al sistema de colaboración, cooperación y obligaciones en relación con la información en la Red. Sobre todas esas premisas, se desarrolla la norma de declaración que se acompaña y que debe permitir consolidar ante la sociedad española la Red de Parques Nacionales como el más señero, representativo, y simbólico de nuestros sistemas de protección de la naturaleza. Artículo 1. Objeto. 1. Se declara el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, cuya conservación se considera de interés general del Estado, y se integra en la Red de Parques Nacionales, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica en la materia. 2. La declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tiene por finalidad: a) Proteger la integridad de sus valores naturales y paisajes característicos, y la funcionalidad de sus sistemas naturales que constituyen una muestra representativa de la alta montaña mediterránea. b) Asegurar la conservación y, en su caso, la recuperación de los hábitats y las especies presentes en su interior. c) Mejorar el conocimiento, potenciando la actividad investigadora, y el seguimiento de la evolución de los procesos naturales, así como la difusión de sus valores. d) Contribuir a un desarrollo sostenible de las poblaciones situadas en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. e) Aportar a la Red de Parques Nacionales una muestra representativa de los sistemas naturales de alta montaña mediterránea como son, matorrales y pastizales alpinos, pinares, melojares, turberas, con modelado glaciar y periglaciar, y presencia de relieves y elementos geológicos singulares. f) Contribuir a la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, y en particular de los modos de vida tradicionales consustanciales con los valores a preservar del territorio. g) Ordenar, de forma compatible con su conservación, su uso y disfrute público para toda la sociedad, incluyendo a las personas con alguna discapacidad. Artículo 2. Ámbito territorial. 1. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama comprende el ámbito territorial incluido dentro de los límites que se describen en los anexos I y V de la presente Ley, con una superficie de 33.960 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid (21.714 hectáreas) y de Castilla y León (12.246 hectáreas). 2. Por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o a iniciativa de la Comunidad de Madrid o la Junta de Castilla y León, y siempre de acuerdo con las mismas, previo informe del Comité Científico, de la Comisión de Coordinación y del Consejo de la Red de Parques Nacionales, podrán incorporarse al Parque Nacional terrenos colindantes al mismo, de similares características o cuyos valores resulten complementarios con los de aquél, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Sean de titularidad del Estado o de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren situados. b) Sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines de la presente Ley. c) Sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines. Artículo 3. Régimen jurídico de protección. 1. El régimen jurídico de protección establecido en la presente Ley tendrá carácter prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el territorio del Parque Nacional. 2. Al objeto del logro de los objetivos del Parque Nacional, y con carácter general, en el Parque Nacional, y en el marco del Plan Rector de Uso y Gestión, los usos presentes en el interior del Parque Nacional se clasificarán en compatibles con su conservación, necesarios para la gestión o incompatibles. a) Se mantendrán aquellos usos y actividades tradicionales que, habiendo contribuido históricamente a conformar el territorio, sean declarados como compatibles y regulados en el Plan Rector de Uso y Gestión. b) En el caso de aquellos usos presentes en el territorio que, más allá de resultar compatibles, sean declarados en el Plan Rector de Uso y Gestión como necesarios para la gestión, estos serán entendidos como parte de los elementos modeladores de la configuración del territorio, y, en consecuencia, esenciales para el logro de los objetivos de conservación del Parque Nacional, por lo que serán protegidos y apoyados por la administración de éste. c) Independientemente de lo anterior, quedan prohibidos en el interior del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama todos aquellos usos y actividades declarados como incompatibles por el Plan Rector de Uso y Gestión por alterar o poner en peligro la estabilidad de los sistemas naturales, los procesos ecológicos, o la integridad de sus componentes físicos o biológicos. En particular, queda prohibido: 1) El desarrollo en el territorio del Parque Nacional de nuevos usos o actividades que supongan cambios en la actual estructura, apariencia o composición del paisaje a conservar. 2) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de construcción, edificación e instalación permanente, así como de infraestructuras tales como tendidos eléctricos, parques eólicos, instalaciones de tráfico terrestre o aéreo o remontes mecánicos, aprovechamientos hidráulicos o hidroeléctricos, redes energéticas, trazados de vías de comunicación, caminos, entre otras. Excepcionalmente, la Administración gestora, previo informe del Patronato y de la Comisión de Coordinación, podrá autorizar instalaciones que resulten precisas para una adecuada gestión del Parque o debidamente justificadas por razón de protección ambiental o interés social, siempre que no exista otra solución satisfactoria. 3) La explotación y extracción de minería y áridos, la realización de cualquier tipo de vertidos o abandono de residuos, la tala con fines comerciales, la caza deportiva y comercial y la pesca deportiva y recreativa, y con carácter general, cualquier actuación que pueda suponer destrucción, deterioro o transformación de los elementos naturales singulares de la zona. No quedan afectadas por la prohibición anterior las actividades que la administración gestora del Parque Nacional, de acuerdo con las determinaciones que establezca el Plan Rector de Uso y Gestión, programe en materia de control de poblaciones, ordenación de masas forestales, o erradicación de especies exóticas invasoras. 4) Todas aquellas actividades que queden prohibidas en la legislación básica sobre Parques Nacionales y en sus instrumentos de desarrollo, en particular el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, así como las que sean identificadas como incompatibles con las finalidades del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en su Plan Rector de Uso y Gestión. 3. En particular, y en relación con la actividad forestal comercial presente en el Parque Nacional en el momento de su declaración, las ordenaciones vigentes serán revisadas en el plazo de cuatro años al objeto de la adecuación del actual modelo de gestión a los extremos contemplados en esta Ley, poniéndose fin a la citada actividad a partir de ese momento. 4. En el plazo de diez años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las Administraciones Públicas, preferentemente de común acuerdo con los titulares implicados, conforme a lo que se determine en el Plan Rector de Uso y Gestión y, primando en todo caso los acuerdos voluntarios con ellos, procederán a la supresión de los usos, instalaciones o actividades que, definidas en los apartados anteriores, pudieran existir en el momento de la declaración. En los casos en que dicha supresión no fuese posible por razones de utilidad pública prevalente, adoptarán en el mismo plazo las medidas precisas para la corrección de los impactos ambientales que se pudieran estar produciendo, en particular las que se relacionan en el anexo II. 5. Serán indemnizables aquellas limitaciones de derechos e intereses patrimoniales legítimos, que se produzcan en cumplimiento de los fines de esta Ley y demás normativa de protección del Parque Nacional, de conformidad con la legislación básica en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. 6. Los terrenos incluidos dentro del Parque Nacional quedan clasificados como suelo no urbanizable de protección en la Comunidad de Madrid, y como suelo rústico de protección natural en la Junta de Castilla y León. Con carácter general, los planes o normas urbanísticas adaptarán sus previsiones a las limitaciones derivadas de esta Ley y de los instrumentos de planificación ya aprobados o que se aprueben en su desarrollo y aplicación, en particular los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. Mientras no se hayan adaptado los planes o normas urbanísticas, las disposiciones de la presente ley y de los Planes que la desarrollen serán de aplicación directa para las Administraciones competentes. Artículo 4. Zona periférica de protección. 1. Se declara como Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, a los efectos de lo previsto en la legislación básica del Estado sobre Parques Nacionales, el territorio incluido dentro de los límites que se describen en el anexo III y V de la presente Ley. 2. En la Zona Periférica de Protección será de aplicación la normativa reguladora establecida en los Planes de ordenación de los recursos naturales de la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, así como aquellas determinaciones específicas contenidas en los instrumentos de planificación territorial y de espacios naturales protegidos que les sea de aplicación. Complementariamente, el territorio de los Montes Matas y Pinar de Valsaín incluido en la Zona Periférica de Protección será objeto de un régimen jurídico especial que se especifica en el apartado 3 de este artículo. 3. Los Montes Matas y Pinar de Valsaín, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, mantendrán su modelo de administración por parte del citado organismo y quedarán parcialmente incorporados al Parque Nacional. La superficie de estos montes incluida en la Zona Periférica de Protección constituirá un Área de Especial Protección del Parque Nacional donde será de aplicación el régimen jurídico del Parque Nacional, al que quedan vinculados, excepto en lo relativo al aprovechamiento hidroeléctrico de la central del Salto del Olvido que no podrá cambiar sus condiciones actuales, a los aprovechamientos tradicionales ganaderos extensivos, siempre que no afecten a la conservación de la vegetación, y a la actividad forestal tradicional y la comercialización de sus aprovechamientos forestales que deberá hacerse con los más estrictos criterios de conservación y de acuerdo con el correspondiente proyecto de ordenación forestal, según lo establecido en la legislación de montes estatal y autonómica. En caso de que la actividad forestal y la tala comercial sea abandonada, en la totalidad o parte de los territorios de los Montes de Valsaín, se propondrá la incorporación de estas áreas al Parque Nacional siguiendo el procedimiento de ampliación previsto en la normativa vigente. Artículo 5. Área de influencia socioeconómica. 1. Se declara como área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a los efectos de lo previsto en la legislación básica del Estado sobre Parques Nacionales, el espacio formado por los términos municipales donde se encuentra ubicado el Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección, y que se relacionan en el anexo IV de la presente Ley. 2. Las entidades locales, las entidades empresariales, y las personas físicas y jurídicas, radicadas en el interior del Área de Influencia Socioeconómica, y las instituciones privadas sin fines de lucro con actividad en ella, se podrán beneficiar del régimen de subvenciones, ayudas y medidas de desarrollo previstas tanto en la legislación básica sobre Parques Nacionales, como en las normativa de desarrollo de las Comunidades Autónomas. A tal fin, las Administraciones Públicas podrán establecer los correspondientes instrumentos de colaboración y cooperación. 3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, y la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León podrán promover el desarrollo socioeconómico sostenible en términos de compatibilidad con el Parque Nacional, desarrollando, de forma coordinada, cuantas acciones, planes y programas consideren convenientes a ese fin, pudiendo constituir para ello los correspondientes consorcios y suscribir convenios de colaboración entre ellos y con el resto de administraciones, instituciones, y colectivos implicados. Artículo 6. Utilidad pública e interés social. Se declara a todos los efectos la utilidad pública e interés social de las actuaciones que, para la consecución de los objetivos establecidos en la presente Ley, deban acometer las Administraciones públicas en el interior del Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección. Artículo 7. Tanteo y retracto. Las Administraciones públicas competentes podrán ejercer los derechos de tanteo y retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados inter vivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre fincas rústicas situadas en el interior del Parque Nacional o que sean colindantes al mismo, incluidas cualesquiera operaciones o negocios en virtud de los cuales se adquiera la mayoría en el capital social de sociedades titulares de los derechos reales citados. A estos efectos: a) El transmitente notificará fehacientemente a la Administración competente el precio y las condiciones esenciales de la transmisión pretendida. Dentro de los tres meses siguientes a la notificación, dicha Administración podrá ejercer el derecho de tanteo obligándose al pago del precio convenido en un periodo no superior a dos ejercicios económicos. b) Cuando el propósito de transmisión no se hubiera notificado de manera fehaciente, la Administración competente podrá ejercer el derecho de retracto, en el plazo de un año a partir de la fecha en que tenga conocimiento de la transmisión y en los mismos términos previstos para el tanteo. c) Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán transmisión o constitución de derecho alguno sobre los bienes referidos sin que se acredite haberse cumplido con los requisitos señalados en este apartado. Artículo 8. Organización de la gestión. 1. La gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama corresponderá, en sus respectivos ámbitos territoriales, a las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León, que la organizarán de forma que resulte coherente con los objetivos de los Parques Nacionales, y asegurando la gestión integrada del Parque Nacional. 2. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León coordinarán sus actuaciones en el marco de la Comisión de Coordinación a la que se refiere el siguiente artículo. Asimismo, podrán suscribir acuerdos para colaborar en la consecución de los objetivos de esta Ley. 3. Cuando, de acuerdo con la información disponible, la Administración General Estado tenga datos fundados de que el Parque Nacional se encuentra en un estado de conservación desfavorable y los mecanismos de coordinación no resulten eficaces para garantizar su conservación, ésta podrá, con carácter excepcional y con el fin de evitar daños irreparables en los sistemas naturales que motivaron la declaración del Parque Nacional, adoptar de modo concreto, singular y puntual aquellas medidas y acciones indispensables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y la adecuada conservación del Parque Nacional. Artículo 9. Coordinación. 1. Se constituirá una Comisión de coordinación, en el seno de la Administración General del Estado, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y compuesta por cuatro representantes de la Administración General del Estado y dos representantes de cada una de las Comunidades Autónomas implicadas. El Presidente de la Comisión de Coordinación será designado por el Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales de entre los representantes de la Administración General del Estado. 2. La Administración General del Estado, en el marco de la citada Comisión, coordinará las actuaciones que se desarrollen en el Parque Nacional, al objeto de asegurar la coherencia general del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. 3. Corresponde a la Comisión de Coordinación: a) Velar por el logro de los objetivos básicos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, asegurando el intercambio de información sobre la actividad gestora que en el Parque Nacional se realice, y procurando la coherencia en el ejercicio de las competencias de las Administraciones autonómicas. b) Conocer, y coordinar la aplicación de los programas y actuaciones que en el Parque Nacional se desarrollen. c) Proponer convenios y marcos de colaboración, así como realizar cuantas propuestas estime pertinentes. Artículo 10. Régimen económico y de colaboración. 1. La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León atenderán, con cargo a sus presupuestos, los gastos derivados de la gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional, en la forma que así acuerden, y en el ámbito territorial que les es propio. 2. La Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León podrán establecer, de común acuerdo, instrumentos de cooperación financiera previstos en el artículo 20.3 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y la aplicación en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama de las directrices básicas que se establezcan en la legislación básica del Estado en materia de protección del medio ambiente y en el Plan Director. 3. Podrán acordar, igualmente, la participación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en programas multilaterales de actuación en los que, respetando en todo caso el principio de voluntariedad y sobre la base de la aplicación de criterios de prioridad aprobados por el Consejo de la Red, la Administración General del Estado asuma la financiación de aquellas actuaciones singulares y extraordinarias que de común acuerdo se identifiquen. A tal fin, la Administración General del Estado tendrá en cuenta las disponibilidades presupuestarias. Artículo 11. Instrumentos de planificación. 1. El instrumento para la planificación de la gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es el Plan Rector de Uso y Gestión, se ajustará a lo dispuesto en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales y tendrá una vigencia de diez años. Será elaborado conjuntamente por la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, y, se aprobará por las respectivas Administraciones autonómicas. 2. Su elaboración incorporará necesariamente un proceso de participación con un periodo de información pública. En su contenido, el Plan Rector de Uso y Gestión se adecuará a lo establecido en la legislación básica sobre Parques Nacionales y en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. 3. En caso de revisión del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, las Comunidades Autónomas procederán a la revisión de los contenidos del Plan Rector de Uso y Gestión para su adecuación al mismo. 4. Dicho Plan Rector contendrá, al menos, lo señalado en la legislación básica del Estado aplicable y en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales y, en particular: a) Las normas, objetivos, líneas de actuación, y criterios generales de uso y ordenación del Parque Nacional. b) La zonificación del Parque, delimitando las áreas de los diferentes usos y estableciendo la normativa de aplicación en cada una de ellas, de acuerdo con los tipos de zonas que se establezcan en el Plan Director. c) Las actuaciones precisas para la consecución de los objetivos del Parque Nacional en materias tales como conservación, uso público, investigación y educación ambiental, y la estimación económica de las inversiones correspondientes a las mismas. d) La relación de actividades clasificadas en incompatibles, compatibles, y, entre estas, las específicamente necesarias para la gestión, así como los instrumentos de colaboración con los titulares y propietarios para su desarrollo. e) Las condiciones bajo las que pueden desarrollarse las actividades compatibles con los objetivos del Parque Nacional. f) El régimen para la supresión de las actividades clasificadas como incompatibles. g) Los criterios para la gestión y, en su caso, control de las especies introducidas presentes en el interior del Parque Nacional. h) El marco para la integración de los titulares de derechos y de los residentes locales en las actividades asociadas a la gestión del Parque Nacional. i) Los parámetros e indicadores que habrán de utilizarse para realizar el seguimiento y la evaluación del estado de conservación del Parque Nacional y del grado de cumplimiento de los objetivos del Parque. Artículo 12. Patronato del Parque Nacional. 1. Como órgano de participación de la sociedad en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se crea el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 2. La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León establecerán de común acuerdo la adscripción administrativa del Patronato y su normativa de organización, previo informe de la Comisión de coordinación. 3. En la composición del Patronato se asegurará la paridad entre representantes de la Administración General del Estado, designados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, y los representantes de las Comunidades Autónomas. Asimismo estarán representadas las Administraciones Locales, los agentes sociales, los propietarios públicos y las asociaciones de propietarios de terrenos privados incluidos en el Parque, así como aquellas otras instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines concuerden con los objetivos de esta ley. 4. El Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ejercerá las funciones establecidas en la legislación básica del Estado, así como aquellas otras que les puedan asignar las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León. En particular, las siguientes: a) Conocer el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional. b) Promover cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio protegido. c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo. d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medias que considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión. e) Informar la programación anual de actividades a realizar. f) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretenda realizar en el Parque Nacional y que no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones. g) Informar aquellos proyectos desarrollados en el entorno del Parque Nacional que se prevea puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo. h) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia socioeconómica. i) Informar posibles ampliaciones del Parque Nacional o de su zona periférica de protección. j) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque Nacional. k) Establecer su propio reglamento de régimen interior. Artículo 13. Participación en la conservación del Parque Nacional. 1. Las Administraciones públicas asegurarán la participación efectiva de los propietarios y otros titulares de derechos sobre terrenos situados en el interior del Parque Nacional en su conservación. 2. A tal fin el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional establecerá las medidas que garanticen la compatibilidad de las actividades que se realicen en el parque nacional con los objetivos de conservación, incluidas las de promoción de los productos tradicionales, así como las condiciones en las que los titulares de los terrenos pueden colaborar con las administraciones públicas en la ejecución de las medidas de conservación del parque. Artículo 14. Acción pública. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los judiciales la observancia de lo establecido en esta Ley, y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicación. Artículo 15. Régimen sancionador. 1. El régimen de infracciones y sanciones en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama será el previsto en el Título VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en la normativa autonómica que le sea de aplicación. 2. Se considerarán, además, infracciones administrativas muy graves en el ámbito del Parque Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado anterior: a) La alteración significativa de las condiciones naturales del Parque Nacional o de los elementos que le son propios, mediante ocupación, roturación, corta, arranque, o contaminación directa o indirecta. b) La realización de cualquier tipo de vertidos que puedan poner en peligro la preservación de las condiciones naturales del Parque Nacional. c) La explotación y extracción de materiales de cantería y áridos. 3. Se considerarán, además, infracciones administrativas graves en el ámbito del Parque Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado 1: a) La construcción o remodelación de cualquier tipo de infraestructuras permanentes, tales como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o aéreo, o remontes mecánicos sin la autorización pertinente. b) El ejercicio de la actividad cinegética y piscícola, así como la corta, el arranque o la captura de especies animales o vegetales, salvo por razones de gestión o control poblacional. c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas concedidas para llevar a cabo algún tipo de actividad en el interior del Parque Nacional. d) El incumplimiento de las restantes prohibiciones establecidas en esta Ley y en sus instrumentos de planificación. 4. Se considerarán, además, infracciones administrativas leves en el ámbito del Parque Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado 1: a) La instalación no autorizada de señalización publicitaria. b) La emisión de ruidos que perturben la fauna. Disposición adicional primera. Constitución de los órganos de gestión del Parque Nacional. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León constituirán los órganos de gestión del Parque Nacional. Disposición adicional segunda. Constitución de la Comisión de Coordinación. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Administración General del Estado constituirá la Comisión de Coordinación. Disposición adicional tercera. Constitución del Patronato. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León constituirán el patronato del Parque Nacional. Disposición adicional cuarta. Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión. En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente Ley se aprobará por Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León el Plan Rector de Uso y Gestión. Disposición adicional quinta. Colaboración y cooperación entre las administraciones. Al objeto de contribuir a que el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama alcance un nivel de gestión similar al resto de los Parques Nacionales, se faculta al Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, para suscribir y poner en marcha cuantos acuerdos, convenios, y consorcios con las administraciones competentes, se consideren convenientes para el logro de la presente Ley. Disposición adicional sexta. Aumento de propiedad pública en el Parque Nacional y en su zona periférica de protección. Las Administraciones públicas podrán adoptar medidas tendentes al aumento progresivo de la propiedad pública en el interior del Parque Nacional y en su Zona Periférica de Protección, mediante la adquisición de fincas, preferentemente por acuerdo voluntario con sus propietarios. Disposición adicional séptima. Pago de indemnizaciones. Corresponderá al Organismo Autónomo Parques Nacionales asumir el pago de las indemnizaciones que, en su caso, deriven de la legislación básica en la materia, o del Plan Director, y a las administraciones autonómicas las restantes, en particular, las derivadas del Plan Rector de Uso y Gestión. Disposición adicional octava. Sobrevuelo de aeronaves. Dada la singularidad de la ubicación geográfica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y con carácter excepcional respecto de lo establecido para el conjunto de los Parques Nacionales, la prohibición general de sobrevuelo a menos de 3.000 metros salvo autorización expresa o por causa de fuerza mayor, queda reducida a 500 metros para las aeronaves comerciales o no impulsadas a motor. Disposición transitoria única. Vigencia de los instrumentos de planificación existentes. Entre tanto sea aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, seguirán en vigor los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos existentes en su ámbito territorial, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente Ley. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley. Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. Uno. Se introduce un nuevo artículo 7 bis en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales con la siguiente redacción: «Artículo 7 bis. Declaración del estado de emergencia en Parques Nacionales. 1. En caso de catástrofe medioambiental en un Parque Nacional producida por incendio forestal o cualquier otra causa de extraordinaria gravedad, y sin perjuicio de la normativa de Protección Civil, el Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales, a propuesta de su Director, y oída la administración gestora del Parque Nacional afectado, podrá declarar el estado de emergencia en dicho Parque Nacional, con el fin de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que estos no puedan evitarse mediante los mecanismos de coordinación ordinarios. 2. La declaración de emergencia por catástrofe medioambiental en un Parque Nacional implicará: a) El mantenimiento de un intercambio de información permanente y continuo entre el Parque Nacional afectado y el Organismo Autónomo Parques Nacionales. b) La movilización, en su caso, de medios humanos y/o materiales del propio Organismo Autónomo para colaborar con los de la Comunidad Autónoma afectada en la emergencia surgida. c) La redacción de un informe realizado conjuntamente por la administración gestora del Parque y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, en el que consten las actuaciones realizadas, la evaluación de daños producidos y las medidas propuestas para la restauración medioambiental de la zona o zonas afectadas. 3. Declarado el estado de emergencia se convocará, con carácter de urgencia, el Consejo de la Red de Parques Nacionales que deberá informar dicha declaración y, en su caso, adoptar el acuerdo de movilización de personal y medios materiales de otros Parques Nacionales. 4. La determinación del límite temporal del estado de emergencia corresponde igualmente al Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales mediante resolución motivada de la que informará al Pleno del Consejo de la Red.» Dos. Se introduce un nuevo artículo 7 ter en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, con la siguiente redacción: «Las Administraciones gestoras de los Parques Nacionales deberán aportar al Organismo Autónomo Parques Nacionales la información que este precise para la elaboración de la memoria anual, los informes trienales de situación de la Red de Parques Nacionales, y aquella que sea necesaria para las sesiones del Consejo de la Red, para el seguimiento y evaluación de la Red así como para ejercer las funciones de representación internacional que competen a la Administración General del Estado.» Disposición final segunda. Título competencial. Esta ley tiene carácter básico al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente. Disposición final tercera. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. [ignorar]Madrid, 25 de junio de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ANEXO I Límites Parque Nacional Los límites del Parque Nacional son los recogidos en la cartografía oficial a escala 1:10.000 que obra en el expediente de declaración depositado en las dependencias del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Dicha cartografía oficial se ha elaborado sobre la base de la ortofotografía a escala 1:10.000 del P.N.O.A. del año 2008. En el Anexo V se incluye una representación de dichos límites a una escala aproximada 1:40.000, tomando como referencia los mapas topográficos a escala 1:25.000. En este Anexo I se incluye una descripción literal de dichos límites. En caso de discordancia o diferente interpretación entre la descripción literal y cartográfica, siempre prevalecerá esta última. La descripción se ha realizado en diferentes tramos, considerando cada tramo como una referencia. La localización de estas referencias se determina por sus coordenadas UTM huso 30 Sistema Geodésico de Referencia ETRS89. La primera referencia se encuentra en la provincia de Segovia, en las inmediaciones del Puerto de Navafría y desde este punto la descripción se realiza en el sentido de las agujas del reloj. Referencia 1 (X431388,25-Y4537746,02) Desde el punto de cruce con la carretera SG-612, en las coordenadas (X431388,25-Y4537746,02), el límite del Parque alcanza en el punto de coordenadas (X431502,06-Y4537782,76) la pista Juncional-Puerto por la que se dirige hacia el noreste hasta el punto de coordenadas (X432224,98-Y4538895,57) en el que coge un arrastradero que asciende por la ladera del Reventón. En el punto de coordenadas (X432421,60-Y4538670,55) coincidente con la cota 1800 por la que continúa hacia el este para, en el punto de coordenadas (X433233,03-Y4539341,54), descender de nuevo la ladera en línea recta hasta el entronque del arroyo del Hornillo con la pista Juncional-Puerto. Se continúa esta pista en dirección norte cruzando el arroyo de Las Piedras y el del Cambroñal hasta el punto de coordenadas (X433339,02-Y4540716,47), donde se cruzan las pistas Campamento y Pinarilla. Se prosigue por la pista de Pinarilla hasta el punto de coordenadas (X433974,08-Y4541947,56), donde se toma la pista Pinar Juan Encinas que sale a la derecha, hasta llegar a las inmediaciones de una pequeña cancha en el punto de coordenadas (X434718,80-Y4542165,29). Desde aquí y en línea recta alcanza el punto de coordenadas (X434987,04-Y4542305,33), coincidente con la linde entre los términos municipales de Aldealengua de Pedraza y Gallegos ascendiendo hasta las inmediaciones de Reajoalto por encima de la fuente de La Muela hasta el punto de coordenadas (X435513,06-Y4541157,02), donde intersecta un camino próximo al límite entre las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid. En dirección noreste y siguiendo la traza de un camino más o menos coincidente con la divisoria de aguas y en las cercanías de la cota 2067, abandona el límite del Parque Nacional la divisoria de aguas provincial, bajando la ladera por otra divisoria de aguas secundaria, ya en la Comunidad de Madrid y siguiendo una poligonal de coordenadas (X436469,90-Y4542149,09), (X437926,21-Y4541864), (X438288,76-Y4541796,48), (X438371,48-Y4541817,47). Desde esta última, en las inmediaciones de la cota 1769, desciende por un cortafuegos paralelo a una vaguada hasta el arroyo del Chorro, remontando por el mismo algo menos de 200 metros para que, en la primera vaguada que se encuentra en la derecha orográfica del Arroyo, remontar ésta hasta alcanzar, en el punto de coordenadas (X437838,95-Y4540230,73), una pista forestal por la que asciende en dos curvas dirigiéndose posteriormente hacia el suroeste cruzando el arroyo de La Peña del Moro y llegar, en el paraje de Cancho Reajondo, al límite de los términos municipales de Navarredonda y Lozoya. Desciende durante unos metros la ladera por la linde de los términos para en el extremo sur del monte n.º 165 del C.U.P. de la Comunidad de Madrid «Perímetro de Navarredonda», propiedad del Estado y de la Comunidad de Madrid, abandonar la confluencia de término descendiendo por una vaguada paralela al citado límite hacia el este siguiendo las coordenadas (X436646,54-Y4538151,17), (X436628,16-Y4537972,05), (X436807,41-Y4537823,09), (X436966,16-Y4537615,65) (X437139,73-Y4537522,52) primero y después el nacimiento del arroyo del Villar hasta el punto del arroyo en el que el monte n.º 131 del C.U.P. de la Comunidad de Madrid «Perímetro de Lozoya», propiedad de la Comunidad de Madrid, se separa de éste dirigiéndose primero hacia el oeste y luego hacia el norte por el límite del monte que remonta el arroyo del Reajo del Sastre. Continúa hacia el oeste por el límite del monte hasta su cruce con la carretera M-637 por la cual sigue en dirección al Puerto de Navafría hasta que a mano izquierda se cruza con un ramal por el que se accede al paraje del Mirador. Referencia 2 (X430915,99-Y4536175,22) Abandona en este punto el límite del Parque Nacional la carretera del Puerto de Navafría ascendiendo hacia el paraje del Mirador durante unos metros y cuando ésta gira hacia el sur toma el límite norte de la pradera del Mirador hasta su cruce con un cortafuegos por el que asciende. En su parte final toma una senda a la izquierda que luego desciende hasta cruzarse con el arroyo del Hornillo por el que desciende hasta su cruce con el arroyo de Los Hoyos, remonta éste durante un tramo hasta que el límite del monte «La Sierra», de propiedad privada en el término municipal de Pinilla del Valle, abandona su cauce en dirección a La Risca siguiendo su linde que, durante un tramo, desciende por el arroyo Robleblanco hasta que éste se cruza con la divisoria de términos entre Pinilla del Valle y Alameda del Valle por la que, siguiendo en este tramo la linde del monte La Sierra, alcanza el monte La Saúca; también de propiedad privada, por cuyo límite sur continúa en dirección suroeste cruzando el arroyo del mismo nombre y las lomas de Peñas Crecientes, llegando a la linde entre los términos municipales de Alameda del Valle y Rascafría. Desde este punto el límite del Parque Nacional coincide, primero en dirección sur y luego oeste, con la linde inferior del monte de propiedad privada «Reajo largo» hasta que ésta alcanza el arroyo de Entretérminos que desciende del Puerto de Malagosto. A partir de este punto sigue descendiendo el arroyo hasta el punto de coordenadas (X425073,82-Y4531661,97) y desde este punto sigue en línea recta hasta el punto de coordenadas (X424802,26-Y4531511,83) donde alcanza la linde del monte n.º 153 del C.U.P. de la Comunidad de Madrid «Las Calderuelas y otros», propiedad del Estado y de la Comunidad de Madrid. Se dirige el límite del Parque Nacional hacia el sur hasta las inmediaciones del arroyo de los Apriscos. En ese punto comienza la colindancia entre el monte 153 y el 113 del CUP de la Comunidad de Madrid, «Peñalara-la Cinta» propiedad de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. En la misma dirección sur continúa el límite por el este de la linde de este monte tocando prácticamente la carretera M-604 en su intersección con el arroyo del Toril y siguiendo hasta cruzar la citada carretera que desciende, en este tramo, desde el Puerto de Cotos en dirección a Rascafría. Referencia 3 (X419736,25-Y4519370,46) Desde el cruce con la carretera M-604, el límite del Parque Nacional continúa, primero hacia el sur y después hacia el este, por la linde del monte 113, cruzando los arroyos de Cotos, Guarramillas y Las Cerradillas para, a la altura del Paraje del Empalotado antes del nacimiento del arroyo de Peña Mala, ser colindante durante unos metros (38) con el monte El Canchal de propiedad privada. Siguiendo después por la linde entre los montes de «El Pinganillo» n.º 176 del CUP de la Comunidad de Madrid y propiedad del Estado y la Comunidad de Madrid y el monte privado Cabeza de Hierro, por debajo del paraje del Pinganillo y la loma de Valhondillo. Cruza los arroyos del Hierro, Valhondillo, las Zorras, Pinganillos, del Paraje y otros hasta llegar al arroyo de la Bardera, donde la linde del monte se separa hacia el sur del límite del Parque Nacional. Este continúa hacia el noreste por la linde del monte n.º 151 del CUP de la Comunidad de Madrid «La Morcuera», propiedad del Estado y la Comunidad de Madrid, en el término municipal de Rascafría al igual que los anteriores montes. Existe un pequeño tramo en las inmediaciones del arroyo del Aguilón donde abandona durante unos metros la perimetral del monte 151 para salvar un enclavado, por la linde del monte 114. En las cercanías del Alto del Robledillo la linde del monte n.º 151 toma dirección este, continuando el límite del Parque Nacional, coincidente con la linde del Monte, atravesando la carretera M-611, y siguiendo hasta el límite de los términos de Rascafría y Alameda del Valle, siguiendo la linde del monte en dirección sur hacia la cumbre del Cerro del Pino y Peñas Viborizas. A la altura del collado de Los Marraces entre la cota 1790 y la cumbre de los Tres Mojones, pierde la colindancia con el monte La Morcuera. Desde aquí y por el límite del monte privado Las Hoyuelas asciende por la divisoria de aguas a la cumbre del pico de Los tres Mojones. En este punto y siguiendo la linde del anterior Monte gira, en dirección oeste y luego suroeste, por una loma por la que transcurre la colindancia entre los términos municipales de Miraflores y Rascafría. Por la loma antes citada alcanza las cumbres de La Torrecica y Piedras Coloradas, perdiendo en esta última la linde del monte Las Hoyuelas. Desde esta cumbre desciende al Puerto de La Morcuera por el límite de una repoblación existente en el monte n.º 151 del CUP de la Comunidad de Madrid. Cruzada la carretera del puerto, el límite se dirige en dirección sureste según una línea que une los puntos de coordenadas (X429878,39-Y4520006,44), (X431921,96-Y4518460,43). Este último punto se encuentra en una vaguada por la que pasa la perimetral del monte «Perímetro de Aguirre» n.º 140 y 141 del CUP, por el que cruza el límite hacia el sur siguiendo otra poligonal de vértices con coordenadas (X431955,37-Y4518359,40), (X431945,45-Y4518233,72), (X431899,15-Y4518181,43), (X431971,91-Y4518012,14), (X431958,68-Y4517906,30) (X431968,60-Y4517764,09), (X431942,19-Y4517744,15), (X431930-Y4517652,97) (X431947,57-Y4517522,15), (X432028,13-Y4517218,38), (X432094,28-Y4517188,62), (X432150,50-Y4517000,10), (X432120,74-Y4516990,18), (X431713,94-Y4517168,77), (X431644,49-Y4517016,64) y (X431303,84-Y4516851). Este último vértice se encuentra en el arroyo de los Eriales que remonta hasta la cota 1590, siguiendo esta cota por curva de nivel hacia la siguiente vaguada, al oeste, por la que desciende hasta el punto de coordenadas (X430407,56-Y4516798). Desde éste y en línea recta al punto de coordenadas (X430215,73-Y4516675,99) y desde el último punto a la cota 1561, alcanza una divisoria de aguas por la que desciende. Por la citada divisoria discurre la linde entre los términos municipales de Soto del Real y Manzanares el Real. En la divisoria alcanza el límite la linde del monte n.º 142 del CUP de la Comunidad de Madrid «Hueco de San Blas» propiedad del Estado y la Comunidad Autónoma de Madrid el cual sigue primero en dirección sur (en la divisoria) después hacia el noroeste y después hacia el sur. Después de coincidir esta linde con la senda de la Avutarda llega al monte «Las Pedrizas, el Rincón y el Jaralón» n.º 199 del CUP propiedad de la Comunidad de Madrid. Continúa desde este punto con esta colindancia, primero hacia el sur y después hacia el oeste y de nuevo al sur, a la altura de las Peñas Cagadas; pasando por Peña Castillejo, girando al oeste aguas abajo de esta peña. Finaliza la colindancia con el monte n.º 199, en el punto de coordenadas (X426258,10-Y4510714,90), tras seguir como límite del Parque una línea que une los puntos de coordenadas (X425144,72-Y4510699,53), (X425117,40-Y4510539,01), (X425131,06-Y4510506), (X425122,52-Y4510480,95) y (X425083,25-Y4510443,38) cruza el río Manzanares y lo remonta por su margen derecha hasta el primer arroyo que encuentra. En este punto cruza el río en dirección a un vértice de la linde del monte n.º 199 por el cual sigue hacia el norte hasta llegar al arroyo Majadilla. Referencia 4 (X424491,84-Y4511147,98) Retoma en este punto el límite el cauce del río Manzanares desde su unión con el arroyo de la Majadilla. Remontando un tramo del río hasta las coordenadas (X423773,50-Y4511691,66) donde cruza a la margen derecha orográfica subiendo pocos metros la ladera hasta cruzar la segunda pista forestal. Desde aquí sigue la pista aguas abajo hasta su unión con la pista forestal más cercana al Manzanares recorriendo por ella unos metros hasta llegar al cruce con la pista forestal que sale a mano izquierda y accede a los barracones de Canto Cochino. Desde aquí y en dirección casi oeste remonta la ladera de la Loma de las Casiruelas por los riscos de cotas 1145, 1176 y 1212 de la cartografía raster del IGN (www.idee.es), hasta alcanzar la unión de dos cortafuegos. Continúa por el de dirección sur, llegando a una pista forestal por la que continúa en la misma dirección durante unos metros, hasta la primera curva que aparece por la que la abandona continuando unos metros por el cortafuegos hasta alcanzar el límite del Monte de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid n.º 163 «La Camorza», continúa por el límite en dirección oeste-noroeste pasando por el collado de Valdehalcones y siguiendo por la divisoria de aguas hasta un punto por el que desciende la ladera en dirección sur, siendo este límite coincidente con la linde este del Monte de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid n.º 198 «Ladera de Matalpino». Tras el descenso por las laderas del Boalo, prácticamente hasta un camino, gira el límite en dirección oeste siguiendo una línea desbrozada parcialmente de vegetación para continuar por la linde sur del citado Monte de Utilidad Pública hasta el cruce del límite del monte con el Arroyo de la Gargantilla en la confluencia entre los términos municipales de El Boalo y Becerril de la Sierra. Desde este punto el límite sigue una línea recta en dirección noroeste que, tras pasar por la cota 1479, alcanza el borde norte del embalse de La Maliciosa por el cual prosigue hasta alcanzar el arroyo de la Peña Jardinera por el qué desciende unos metros hasta su cruce con la pista forestal que, paralela al citado Arroyo, accede a Navacerrada, por la que prosigue unos metros hasta la linde con el término municipal de Navacerrada. Por este límite sigue en dirección norte hacia la cuerda de Los Almorchones. En su cota 1460 abandona la divisoria siguiendo por la ladera oeste de la cuerda antes citada (Ladera Majada la Luna) continuando por la citada cota en dirección norte hasta alcanzar el límite oeste del Monte de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid n.º 197 «Los Almorchones». Continúa por el límite de este monte, hasta que este toma dirección norte en la cuerda de Las Buitreras, abandonando aquí el límite del monte n.º 197, para descender por la ladera hasta la cota 1460. Desde este punto vuelve a ascender, en este caso por las Laderas de la Fábrica, descendiendo al río Navacerrada y remontando hacia la cuerda de Las Cabrillas, siguiendo una poligonal de vértices (X416475,72-Y4513203,88), (X416429,42-Y4513203,88), (X416207,82-Y4513282,57), (X416038,82-Y4513325,44), (X415921,76-Y4513491,96) y (X415814,59-Y4513501,03). En este punto alcanza la pista forestal que, desde La Barranca, accede a las inmediaciones del Ventorrillo. Siguiendo, primero en dirección sur y luego oeste, esta pista hasta la cota 1600 dónde abandona la pista en el punto de coordenadas (X414699,68-Y4511944,55), desde aquí y en línea recta en el punto de coordenadas (X414825,35-Y4512619,29), asciende al risco allí existente situado por debajo de Peña Pintada el cuál rodea dejando dentro y continúa, por una poligonal de vértices (X414865,04-Y4512777,99), (X414960,45-Y4513241,01) y (X414363,51-Y4513562,16), bajando la ladera y cruzando la Pradera de la Vaqueriza y tras cruzar la pista forestal alcanzar el límite municipal entre Cercedilla y Navacerrada en el límite del Monte de Utilidad Pública n.º 25 «Pinar de la Helechosa», el cual sigue en dirección sur y luego oeste hasta, en la cota 1599, alcanzar de nuevo la línea de término con Cercedilla. Desde este punto remonta unos metros para alcanzar una senda por la que discurrirá en dirección noroeste para alcanzar posteriormente la estación de Siete Picos de la línea del tren de Camorritos-Navacerrada-Cotos y siguiendo el camino hasta el cruce con el arroyo Pradillo por el qué desciende unos pocos metros hasta que este intersecta con un barranco que baja del paraje conocido como del Prado del Componedor por el qué remonta hasta su cruce con el camino de la Pata la Cabra por el qué, en dirección oeste, accede a la Carretera de la República en las inmediaciones de la Pradera de Navarrulaque junto a la Fuente de Díaz Duque. Continúa el límite por esta carretera en sentido descendente hasta alcanzar el arroyo de la Fuenfría; en este punto abandona la carretera para en dirección oeste primero cruzar un arroyo y después rodear el Albergue de Peñalara siguiendo los puntos de coordenadas (X410201,75-Y4515122,86), (X410083,92-Y4515064,70) y (X409996,70-Y4514884,74) alcanzando de nuevo la Carretera de la República hasta su intersección con el arroyo de la Barranca. Desde allí alcanza en línea recta la pista conocida como de la Calle Alta, en el punto de coordenadas (X408769,69-Y4514329,11), que desde Marichiva recorre la ladera este de Peña del Águila. Continúa en dirección suroeste la pista antes citada hasta la fuente del Astillero dónde remonta la ladera para alcanzar el collado de Cerromalejo en el límite entre la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León. Referencia 5 (X407607,95-Y4512061,06) Desde este punto continúa el límite por la ladera segoviana de la Peña del Águila en direcciones variables hacia el norte. Discurre por la antigua traza de una calle dasocrática que limita por el oeste los cantones A-64, A-62, A-61, A-140, R-100 y A-60 del Monte n.º 144 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia «Dehesa de la Garganta» en el municipio de El Espinar, hasta el punto de coordenadas (X407826,36-Y4514581,82), intersección con la pista forestal de La Umbría. Continúa por esta pista hacia el norte, hasta alcanzar la pista de los Pantanos en el punto de coordenadas (X407326,47-Y4515797,36) por la que continúa también en dirección norte hasta su cruce con el arroyo del Patarro, en el punto de coordenadas (X406845,12-Y4515716,02), desde dónde recorre el límite occidental de los rodales C-11 y C-15 hasta el límite sur del cantón A-149 del monte Dehesa de la Garganta que también recorre. Prosigue en dirección oeste por los límites de los cantones A-147, A-146, B-145, A-144, A-38 hasta alcanzar el límite del MUP 144 en el punto de coordenadas (X403969,51-Y4515186,61) continuando por el límite del MUP 144 en dirección primero norte y luego oeste hasta el punto de coordenadas (X404537,97-Y4516016,18) donde intersecta con la perimetral del MUP 252 «Mujer Muerta a Pasapán» perteneciente a la Junta de Castilla y León, y ubicado en el término municipal de La Losa. Desde aquí y en dirección norte, desciende sirviendo de límite el propio límite del monte hasta el punto de coordenadas (X404518,76-Y4518075,36) donde toma en dirección noreste el límite de los rodales A-7 y A-6, coincidiendo casi totalmente el recorrido con la pista forestal de Pasapán, conocida también como Peña el Oso hasta alcanzar de nuevo el límite del monte en el punto de coordenadas (X406207,86-Y4520060,57). Continúa en dirección sureste por el límite del MUP 252 hasta el punto de coordenadas (X406922,06-Y4519497,01). Desde este punto, sigue la cota 1600 hacia el norte, por la ladera del cerro de la Muerte y Pinar de Gonzalo para alcanzar el límite entre los términos municipales del Real Sitio de San Ildefonso y Las Navas de Riofrío, coincidente con el límite del Monte de Utilidad Pública de la provincia de Segovia n.º 2 «Pinar de Valsaín», en el punto de coordenadas (X407758,43-Y4520769,26). Continúa hacia el norte siguiendo el límite del citado Monte de Utilidad Pública, pasando por seis Cotos Reales, hasta llegar al séptimo, en el punto de coordenadas (X408440,79-Y4522572,32), donde el límite del monte gira hacia el este, y el límite del Parque Nacional abandona la linde del Monte n.º 2 para, en dirección noreste, atravesar en línea recta por la entidad local de Revenga el arroyo de El Guijo hasta alcanzar otro Coto Real límite del Monte «Matas de Valsaín», n.º 1 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia, en el punto de coordenadas (X408936,89-Y4523176,41). Desde aquí y en dirección casi norte prosigue la linde del Monte hasta el siguiente Coto Real situado junto al río Acebeda, en el punto de coordenadas (X408880,53-Y4523371,78). Referencia 6 (X408880,53-Y4523371,78) Desde este Coto Real, y en dirección norte, sigue el límite del monte «Matas de Valsaín», materializado en una serie de Cotos Reales que determinan también el límite del Término Municipal del Real Sitio de San Ildefonso con la pedanía de Revenga, Término Municipal de Segovia. En el sexto Coto Real, abandona la línea de término, rodeando primero en dirección sur, luego dirección este y luego dirección norte, la finca de La Dehesa de la Fuencuadradilla, hasta el punto de coordenadas (X410577,02-Y4525882,81) en que el límite llega a un arroyo que baja de forma discontinua de las praderas de Navalrey. Remonta ese arroyo hasta la divisoria de aguas que baja del Alto de la Fuente del Pájaro siguiendo el límite este de los cantones E-3 y H-7 del montes Matas de Valsaín. Desde este punto se dirige en línea recta al de coordenadas (X411464,16-Y4524724,56) y desde este al de coordenadas (X411904,04-Y4524456,69) donde intersecta con la vereda de Valbuena, por la que continúa en dirección sur hasta su cruce con el arroyo de El Guindo que remonta hasta su cruce, por encima de su nacimiento, con la pista forestal de la Fuente de la Reina. Tanto en la vereda como en el arroyo el límite es coincidente con la linde este y sur del cantón H-14 del montes Matas de Valsaín. Continúa en dirección sur por la pista hasta el límite entre el monte Matas y el monte Pinar de Valsaín, n 1 y 2 del CUP de la Provincia de Segovia. Desde allí y en dirección noroeste sigue el límite entre ambos Montes hasta el alto de la Fuente del Pájaro y en dirección a los Corrales de La Desesperada hasta el punto de coordenadas (X410939,65-Y4523341,50) donde cambia el rumbo en dirección sur bajando el arroyo de la Desesperada, hasta que cruza la vereda de Garciavá, siguiendo la misma dirección sur durante un tramo hasta el arroyo de El Merendero por el que baja hasta alcanzar el río Acebeda (límites este y sur del cantón 495 del monte Pinar de Valsaín). Referencia 7 (X410776,08-Y4522173,00) Desde la desembocadura del arroyo de El Merendero en el río Acebeda, el límite remonta este Río hasta el primer cargadero de la pista de Palominos, desde donde sigue aguas arriba el arroyo de Palominos, hasta su intersección con el que baja de la Pradera de la Venta, siguiendo por el cauce de este arroyo hasta el cruce con la pista forestal de la Fuente de la Reina en la citada pradera. Continúa por ella en dirección sur unos metros hasta la citada Fuente (en este tramo la pista coincide con el cordel de Santillana), continuando después también en dirección sur por la llamada Carretera de la República, hasta que al sur de la Casa Eraso, en el punto de coordenadas (X411210,64-Y4517726,26), se desvía por un arrastradero hasta el arroyo de La Argolla. Desde este punto alcanza en línea recta el arroyo Minguete, en el punto de coordenadas (X411227,12-Y4517239,29), desde el cuál asciende a una divisoria en el punto de coordenadas (X411545,91-Y4516968,14) ascendiendo la ladera hasta alcanzar el Carril del Gallo (X411337,35-Y4516745,70). Desde aquí el límite continúa en dirección más o menos este por el Carril del Gallo hasta la pradera de Navalaviento. Continuando por otro carril hasta el cruce con el arroyo Ventoso y de allí manteniendo la cota hasta llegar a la Senda Schmid. Por ella prosigue en dirección este hasta llegar al borde sur de la calle por la que discurre el telesilla de la pista de El Bosque, remontando por ese borde hasta la altura de la segunda pilona antes de la estación superior del telesillas del Bosque y rodeando el depósito de agua del sistema de nieve artificial de Navacerrada e instalaciones anejas hasta el punto de coordenadas (X414847,77-Y4515574,19) y desde el que se dirige al punto de coordenadas ((X414977,55-Y4515600,00) y de este, al Alto del Telégrafo en un punto de colindancia de los límites del «Pinar de Valsaín» n.º 2 C.U.P de Segovia y Pinar Baldío del Catálogo de Utilidad Pública de Madrid. Dejando fuera las instalaciones del repetidor de telefonía, desciende por el borde derecho de la pista de esquí hasta alcanzar un camino que accede al aparcamiento situado por debajo de la Venta Arias. Siguiendo una poligonal de vértices (X415303,27-Y4515586), (X415299,16-Y4515546,46), (X415262,22-Y4515479,14), (X415230,19-Y4515460,25), (X415144,72-Y4515300,28), (X415175,18-Y4515365,01), (X415144,80-Y4515333,80), (X415147,27-Y4515305,89), (X415059,41-Y4515158,10), (X415164,34-Y4515113,76), (X415153,01-Y4515117,04), (X415201,46-Y4515137,57), (X415249,08-Y4515111,29) y (X415356,64-Y4515201,61) dejando fuera los edificios e instalaciones de Navacerrada, así como la estación de tren. En este último punto alcanza la calle o carretera que, desde la Iglesia de la estación de Navacerrada, accede a la M-601. En su intersección cruza la carretera por la ladera y por la arista de la carretera asciende en dirección al Puerto hasta el punto de coordenadas (X415509,10-Y4515290,87). Desde aquí y en línea recta asciende por la ladera de Las Guarramillas hasta el punto de coordenadas (X416129,55-Y4515259,12) donde alcanza la pista de hormigón que asciende al repetidor de Bola del Mundo. Continúa ascendiendo por esta pista por su ramal este, en el momento que se bifurca, hasta el punto de coordenadas (X416431,44-Y4515284,26). Desde aquí, aproximadamente a 150 m. en paralelo al límite provincial, llega hasta la coordenada (X417413,29-Y4515120,17) donde dirigiendo hacia el noreste dibuja una recta, igualmente distante unos 150 metros del límite provincial, hasta alcanzar la línea divisoria entre los términos de Manzanares el Real y Rascafría. Continúa por el límite municipal hasta llegar a la coordenada (X419061,57-Y4516462,21), donde gira en dirección noroeste y siguiendo las siguientes coordenadas forma un arco en dirección noreste (X418812,66-Y4516874,76), (X418824,57-Y4517037,48), (X418884,10-Y4517144,64). Desde este último punto y en línea recta se dirige hacia el noroeste (X418323,15-Y4517617,32), para después de bordear las instalaciones de la Estación de Valdesquí, siguiendo las coordenadas (X418379,69-Y4517731,08), (X418309,75-Y4517821,74) trazar una recta desde (X418091,00-Y4517539,26) hasta (X417719,73-Y4517438,16), por donde vuelve a entrar en la provincia de Segovia. Desde este punto alcanza una cruz con peana situada aguas abajo. Desde la cruz con peana que delimita el monte Pinar de Valsaín, el límite del espacio baja hasta alcanzar el límite con el arroyo de Las Cárcavas del Valle, por el qué desciende hasta la carretera CL-604, por cuyo borde superior del talud, a 20 metros del borde de la carretera, prosigue en dirección al Puerto de Cotos. Al alcanzar por esta carretera el arroyo del Juncional gira en dirección Noreste descendiendo por el arroyo hasta que este muere en el arroyo de El Paular. Continúa por el citado arroyo, aguas abajo, hasta que en su margen derecha se cruza con el arroyo de Peñalacabra el cual remonta hasta su cruce con la pista forestal del Camino Viejo de El Paular, continúa por la citada pista en dirección oeste y tras unos metros se cruza con la pista asfaltada de la Cueva del Monje a la Pradera de Vaquerizas por la que continúa en dirección Norte hasta su cruce con el arroyo del Cancho. Desde el citado punto de cruce continúa por el límite inferior de los cantones 40 y 48 del monte Pinar de Valsaín n.º 2 C.U.P de Segovia hasta alcanzar un hito en Los Ceniceros Altos, desde aquí remonta la ladera en dirección oeste para seguir por el límite inferior del cantón 63 hasta su cruce con un barranco que desagua en el arroyo de Camalaliebre. Después alcanza un carril por el que se dirige hacia el norte, carril que coincide con la linde de los cantones 63 y 62. Continuando por el mismo camino que linda con el cantón 362 y 61, que tras cruzar el arroyo de Pradorredondillo y Prado las Viudas llega a una curva de la pista de Prado Largo. Continúa por la pista hasta el arroyo de Dos Hermanas descendiendo por el mismo hasta su cruce con el de Las Quebradas, remontando un tramo del arroyo. Desde la confluencia del arroyo de Las Quebradas con el camino forestal de Dos Hermanas, sigue ésta en dirección norte hasta que confluye con la pista forestal de la Cabaña del Tío Levita. Por la que continúa en dirección norte hasta un punto que nos permitiría alcanzar, de una forma perpendicular a la pista, la cota 1.724 en los Corrales del Accidente. Desde ahí sigue el carril del Raso del Pino hasta llegar a éste en su límite este, para seguir en dirección norte por una línea imaginaria hasta el cruce con el arroyo Carneros, el cual sigue aguas abajo hasta la confluencia con el arroyo de Hoya Espesa, que remonta hasta el margen meridional de la Cañada del Puente de las Merinas dejando los terrenos de la vía pecuaria incluidos en el Parque Nacional, continuando por dicho margen hasta el cruce con el arroyo de El Morete. Referencia 8 (X417436,51-Y4527076,76) Desde este punto el límite del Parque Nacional asciende por el arroyo Morete hasta el punto de coordenadas (X418040,12-Y4527301,92), donde éste alcanza un camino que, en dirección oeste y a mitad de ladera, llega a cruzarse con la pista de la Finca Morete, en el punto de coordenadas (X417668,33-Y4527394,83). Continúa por esta pista en dirección noreste hasta alcanzar el cortafuegos perimetral de una repoblación en el límite con el término municipal de Palazuelos de Eresma, en el punto de coordenadas (X418689,58-Y4528128,30). Continúa en dirección más o menos norte por el cortafuegos, dejando a su derecha el rodal B1 y a su izquierda los rodales A12, A11, A10 y A9 del monte n.º 258 «Los Saltillos», después continúa por el límite sur del rodal A8 atravesando el Chorro Chico para después enlazar con la pista forestal el Hueco, límite también de los rodales A4 y A3, hasta el punto de coordenadas (X418527,06-Y4531415,42) donde se llega a un cortafuegos situado a pocos metros del Arroyo de la Majada, el límite del rodal A3, y se continúa hasta el punto de coordenadas (X418508,96-Y4532048,10), para luego girar hacia el oeste continuando por el límite del monte 258 hasta el punto de coordenadas(X419435,20-Y4531724,68). Continúa por el límite de rodal A-5 del Mup 257 «La Umbría de los Saltillos» en el término municipal de Trescasas hasta que alcanza, en una curva sobre un arroyo, la pista forestal Camino de Siete Arroyos, en el punto de coordenadas (X419799,05-Y4532324,09), por la que sigue en dirección noreste hasta cruzar el arroyo de Siete Arroyos, en el punto de coordenadas (X420070,28-Y4532598,21). Continúa hacia el este por la pista Camino de la Finca de la Marquesa, que discurre por la ladera sur del Chozo Almendrado, hasta el punto de coordenadas (X421368,22-Y4532996,41). El límite del parque gira hacia el sureste, atravesando el arroyo de Siete Picos y remontando la ladera opuesta por una suave vaguada, hasta llegar al punto de coordenadas (X421783,49-Y4532536,28). Desde este punto se dirige en línea recta hacia el noreste, hasta alcanzar el camino de la Finca de la Marquesa en el punto de coordenadas (X422197,83-Y4532736,00). Continúa por el mismo hasta el punto de coordenadas (X422495,25-Y4532839,33) donde se alcanza un barranco situado por debajo del Cerro de Navahonda, por el que desciende hasta llegar al arroyo de Siete Arroyos, en el punto de coordenadas (X421751,90-Y4533234,78). Asciende por dicho arroyo una distancia de 150 m, hasta el límite del término municipal de Torrecaballeros, en el punto de coordenadas (X421842,75-Y4533319,52). Prosigue por el límite municipal en dirección oeste para alcanzar un cortafuegos en el punto de coordenadas (X421385,20-Y4533386,91), por el que asciende en dirección norte hasta alcanzar el punto de coordenadas (X421530,62-Y4533922,51), situado 40 m por debajo de la Cumbre de Navahonda (cota 1895). Desde aquí se dirige en línea recta hacia el este, hasta llegar a un camino en el punto de coordenadas (X421584,05-Y4533912,11), continuando por el mismo hacia el noreste hasta interceptar el camino de Majaelrronco, en el punto de coordenadas (X422022,32-Y4534093,36), por el que desciende hasta cruzar el arroyo de El Merendero y asciende hasta llegar al camino de Torrecaballeros a Rascafría (o de Malagosto), en el punto de coordenadas (X421920,47-Y4535418,28). Continúa por dicho camino hacia el este durante 50 metros hasta el camino de Majaelperro, por el que desciende hasta cruzar el río Pirón, en el punto de coordenadas (X423198,37-Y4536202,21). Remonta el río unos 550 metros hasta su bifurcación, en el punto de coordenadas (X423816,19-Y4536388,17), continuando por el ramal que toma la dirección norte hasta la cota 1850, en el punto de coordenadas (X424008,35-Y4536900,83), por la que prosigue hacia el oeste primero y después hacia el norte, a media ladera por debajo de Cerro Redondo, hasta alcanzar un cerramiento en el punto de coordenadas (X423385,13-Y4537626,10). Continúa por dicho cerramiento hacia el norte hasta alcanzar un cortafuegos, por el que continúa en dirección norte hasta cruzarse con una pista forestal en el punto de coordenadas (X422979,45-Y4540138,00). El límite prosigue hacia el este por la citada pista forestal, tomando la primera bifurcación a la derecha en el punto de coordenadas (X423328,91-Y4540085,95), por la que continúa hasta cruzar el Arroyo de Segovia, en el punto de coordenadas (X423603,02-Y4539064,02), coincidiendo todo este tramo (desde la cota 1964) con el límite del cantón A-5 del Monte n.º 259 del Catálogo de Utilidad Pública «El Hoyo» en el término municipal de Sotosalvos. Desde aquí remonta más o menos hacia el sur un barranco que delimita el cantón A-7 del monte n.º 259, hasta que se inicia la confluencia con un cerramiento límite del cantón B-1 del citado monte, en el punto de coordenadas (X423943,17-Y4538403,69). Prosigue el límite hacia el oeste por el citado cerramiento hasta su cruce con el arroyo de El Hoyo, en el punto de coordenadas (X424373,60-Y4538647,60), por el que desciende 120 metros hasta el primer barranco existente a su derecha, en el punto de coordenadas (X424433,25-Y4538754,40), el cual remonta hasta la confluencia con un camino, en el punto de coordenadas (X424627,50-Y4538710,87), por el que continúa hacia el este, atravesando el Arroyo Viejo, hasta llegar al límite entre los términos municipales de Collado Hermoso y La Salceda, en el punto de coordenadas (X425580,90-Y4539440,27). Desde este punto, en el paraje Majalrisco, desciende siguiendo la poligonal con vértices en los puntos de coordenadas (X425545,80-Y4539475,75) y (X425466,37-Y4539496,31), hasta interceptar una pista, por la que continúa hacia el norte hasta el punto de coordenadas (X425307,04-Y4539797,67) y, desde este punto y en línea recta, llegar a una vaguada en el punto de coordenadas (X425295,04-Y4539828,67). Desciende por la citada vaguada hasta alcanzar una pista forestal secundaria, en el punto de coordenadas (X424710,38-Y4539782,20), por la que se dirige en dirección norte hasta conectar con una pista forestal principal, en el punto de coordenadas (X424745,77-Y4540448,72). Prosigue hacia el norte por la citada pista hasta conectar, tras atravesar el arroyo del Charco, con la pista forestal conocida como Subida al Paso de Palomas por La Hoya del Collado y Peña del Pico, en el punto de coordenadas (X424630,59-Y4541287,49). Continúa por la citada pista en dirección más o menos norte hasta el punto de coordenadas (X425436,61-Y4542211,14), donde enlaza con una pista de Arriba de la Salceda, por la que prosigue hacia el noroeste hasta interceptar un cortafuegos, en el punto de coordenadas (X425183,04-Y4542550,04). Continúa hacia el noreste siguiendo la pista de Arriba de la Salceda, el límite occidental del rodal A-3 del monte n.º 246 «Garganta, Reginiestro y La Iruela» en el término municipal de Torre Val de San Pedro, intercepta una pista forestal en el punto de coordenadas (X426325,30-Y4543200,56), y continúa hacia el sur cruzando el arroyo de Peñalabantos y llegando al arroyo del Collado, en el punto de coordenadas (X427278,46-Y4542168,47). Continúa hacia el sur siguiendo sucesivamente los límites orientales de los rodales A-2, A-3, B-4, B-5 y A-6 del monte n.º 198 «Pinar de Navafría», propiedad de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Pedraza. Prosigue por el límite oriental del rodal A-8 del monte n.º 198, hasta atravesar el arroyo de Las Mostrencas, en el punto de coordenadas (X427241,80-Y4539835,26). A partir de este punto prosigue por el límite septentrional del rodal B-5 del monte n.º 198, hasta el punto de coordenadas (X427912,68-Y4539753,02), coincidente más o menos con el cauce del Arroyo de Peñacabra. A continuación asciende por una pequeña vaguada hacia el este, cruzando una primera pista forestal y, en el punto de coordenadas (X428735,97-Y4539746,60) alcanza la pista del Gallinero, por la que sigue en dirección suroeste hasta que ésta cruza con el nacimiento del arroyo de Las Barrigas, en el punto de coordenadas (X428680,98-Y4539037,81). Desde este punto y por la falda del pico de Peñacabra el límite continúa por la linde sur del rodal B-5 del monte n.º 198, hasta que esta linde cruza la pista del Gallinero de nuevo, en el punto de coordenadas (X429387,80-Y4539429,32). Continúa por esta pista, primero hacia el este y luego hacia el sur, cruzando de nuevo el arroyo de Las Barrigas y el del Chorro hasta que, en la falda del cerro de Los Colladillos, empalma con la pista o camino de Navalcollado, en el punto de coordenadas (X431144,15-Y4539607,09), por ésta se dirige hacia el sur hasta el punto de coordenadas (X431303,60-Y4537730,64). Desde este punto y en línea recta alcanza la carretera SG-612 en las inmediaciones del Puerto de Navafría, en el punto de coordenadas (X431502,06-Y4537782,76). ANEXO II Medidas de corrección y mitigación – Restauración de taludes y áreas degradadas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el entorno del puerto de Navacerrada. – Corrección de impactos de tendidos eléctricos en el interior del Parque Nacional. – Naturalización y restauración ambiental de repoblaciones dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. ANEXO III Límites Zona Periférica de Protección El ámbito territorial de la Zona Periférica de Protección es el comprendido entre el Parque Nacional y la delimitación que se realiza en este anexo, sin perjuicio de las modificaciones que, en su caso, pudieran derivarse de la expansión urbanística futura de los municipios situados en su interior. Los límites de la Zona Periférica de Protección son los recogidos en la cartografía oficial a escala 1:10.000 que obra en el expediente de declaración depositados en las dependencias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla y León, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Dicha cartografía oficial se ha elaborado sobre la base de la ortofotografía a escala 1:10.000 del P.N.O.A. del año 2008 y cartografía raster del IGN (http://www.idee.es), siendo las coordenadas UTM huso 30 en el Sistema Geodésico de Referencia ETRS 89. En el Anexo V se incluye una representación de dichos límites a una escala aproximada 1:40.000, tomando como referencia los mapas topográficos a escala 1:25.000. En este Anexo III se incluye una descripción literal de dichos límites. En caso de discordancia o diferente interpretación entre la descripción literal y cartográfica, siempre prevalecerá esta última. Se inicia esta descripción en el punto más al norte de esta zona periférica de protección situado en la Comunidad de Castilla y León, provincia de Segovia, término municipal de Gallegos. La descripción se realiza en sentido horario desde el punto antes citado, en el paraje Tranca de los Areneros. El primer punto se corresponde con las coordenadas (X434902,48-Y4549187,90), desde aquí sigue el límite de las parcelas catastrales (según cartografía oficial Oficina Virtual de Catastro de fecha 31/12/2008) que recorre la poligonal de vértices (X434921,20-Y4549123,72), (X435047,60-Y4549019,02), (X435135,57-Y4549043,88). En el último vértice alcanza el límite entre los términos municipales de Gallegos y Matabuena. Desde este punto y en dirección sureste continúa el límite por esta divisoria de términos de entre Gallegos y Matabuena atravesando la Cañada Real Soriana Occidental siguiendo ladera arriba hasta alcanzar la cota 1883 en el Alto de la Sierra, en el límite con la Comunidad de Madrid, en el término municipal de Villavieja de Lozoya, continúa en dirección sur siguiendo la divisoria de aguas de La Sierra, coincidente con el límite entre Comunidades y Términos alcanzando la cumbre de La Peñota y continuado hasta la cumbre de cota 2022. Desde aquí y dirigiéndose hacia el este desciende por el límite entre los términos municipales de Villavieja de Lozoya y Navarredonda hasta el punto donde esta divisoria de términos gira hacia el sur coincidiendo con el límite del Monte n.º 165 del Catálogo de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid «Perímetro de Navarredonda». Por sus límites este y sur continúa en dirección suroeste hasta su coincidencia con el monte «Arroyo Canchuelo», propiedad del Ayuntamiento de Navarredonda. Hasta su límite oeste coincidente entre la divisoria de los términos de Navarredonda y Lozoya. Asciende por el citado límite hasta la cumbre de cota 1441 y siguiendo posteriormente en dirección sur por los límites entre Gargantilla de Lozoya y Lozoya, pasando por el Pico de la Cruz, para posteriormente descender en dirección sur hasta el punto donde el límite del Monte del CUP de la provincia de Madrid n.º 87 «La Umbría y otros», propiedad del Ayuntamiento de Lozoya, gira hacia el oeste y continuando por dicho límite hasta su intersección con la carretera M-604, en su encuentro con un arroyo por el que sigue en dirección sur hasta su confluencia con el río Lozoya. Continúa el curso del río hacia el este hasta su cruce con el arroyo de Canencia por el cual remonta hasta la altura de la casilla de Las Majadas. En este punto abandona el arroyo y sigue hacia el oeste por la linde del Monte n.º 73 del CUP de la Provincia de Madrid «La Solana y otros», propiedad del Ayuntamiento de Canencia. Dirigiéndose en dirección este por la vía pecuaria «Colada del Callejón de la Horrala» hasta que ésta se bifurca hacia el sureste dirigiéndose hacia el Arroyo de Canencia. Desde este punto de coordenadas (X436.977,54-Y4.528.598,46) cruza el Arroyo de Canencia y bordea la parte sureste del casco de Canencia, siguiendo las siguientes coordenadas (X437.140,93-Y4.528.553,48), (X437.163,415-Y4.528.509,822) y (X437.199,134-Y4.528.534,957), para después de cruzar la carretera M-629, continuar en línea recta hasta (X437.561,61-Y4.528.493,95). Continúa bordeando las casas más al sur del casco, siguiendo las coordenadas (X437.574,20-Y4.528.440,83), (X437.608,53-Y4.528.413,86), (X437.657,57-Y4.528.422,44), (X437.720,10-Y4.528.363,59), donde alcanza un sendero que discurre paralelo al Arroyo de Ortigal, sigue por este camino hasta el punto (X438.068,54-Y4.528.210,948), donde el límite vira un poco más al este hasta alcanzar el arroyo. Remonta en este arroyo hasta el paraje de La Cerrazuela, continuando hacia el noreste por unos cerramientos hasta alcanzar el límite entre los términos municipales de Canencia y Garganta de los Montes. Siguiendo en dirección sureste este límite hasta el Cerro de Castillejos y la Cumbre del Mondalindo. Desde aquí continúa por la divisoria de términos entre Canencia y Bustarviejo por la divisoria de aguas pasando por la cota 1656, La Albardilla, Collado Abierto e inmediaciones de Cabeza de la Braña hasta llegar al Puerto de Canencia. Continuando por la cuerda y límite de términos pasando por el Pico de La Perdiguera (1766 m), inmediaciones del pico de La Genciana y cota 1859, donde prosigue hacia el sur por la cuerda de la Vaqueriza coincidente con el límite entre los términos municipales de Bustarviejo y Miraflores hasta el Pico de la Pala. Continúa ladera abajo por el límite entre términos hasta alcanzar una calle que rodea la Urbanización Entrevalles, en el extremo norte del núcleo de Miraflores de la Sierra, dirigiéndose al oeste por el límite entre la calle y la zona arbolada existente al norte. Desde este punto, y para bordear el pueblo en su parte noroeste, describe una poligonal de vértices (X435694,28-Y4519201,05),(X435664,68-Y4519214,02), (X435609,12-Y4519222,44), (X435525,79-Y4519180,77), (X435511,42-Y4519011,24), (X435423,78-Y4518917,54), (X435188,15-Y4518742,56), (X435032,98-Y4518596,01) y (X434653,68-Y4518587,39). Desde este punto rodea por el norte dejando fuera un depósito y una franja de 5 m alrededor continuando hacia el oeste por el camino de la Parilla, hasta cruzar la M-611 en el punto (X434020,41-Y4518949,36), para continuar en paralelo a ella hacia el norte. Transcurridos aproximadamente 180 m, toma el acceso a la Residencia La Cristalera, para rodearla por su parte norte, siguiendo las coordenadas (X433827,99-Y4519235,69) y (X433750,20-Y4519076,93). Aquí, alcanza el camino que sale de la residencia y discurre hacia el noroeste, hasta el punto (X433260,34-Y4519180,70), donde lo abandona para dirigirse hacia el Embalse de Miraflores de la Sierra (X433146,685-Y4519274,05; X433024,976-Y4519255,529; X432948,42-Y4519324,40). En este punto accede a las inmediaciones del embalse el cual rodea siguiendo los vértices de una poligonal (X432969,59-Y4519519,13), (X432823,54-Y4519677,89), (X432652,09-Y4519715,99), (X432675,38-Y4519627,09), (X432588,59-Y4519616,50), (X432613,99-Y4519558,38), (X432616,11-Y4519415,42), (X432546,26-Y4519360,38) y (X432789,66-Y4519095,80). Continúa el límite de la zona periférica de protección en dirección sureste por una pista forestal hasta que esta cruza el límite del monte n.º 13 del CUP de la Comunidad de Madrid «La Sierra, la Raya, las Dehesas y otros» por el que discurría. Continuando por su linde hasta el punto de coordenadas (X434003,12-Y4517550,15) en que abandona la línea del monte y se dirige hacia el este por un camino hasta su intersección con una pista por la que durante unos metros se dirige al sur dejando fuera unas naves industriales, siguiendo la línea que une los puntos de coordenadas (X434271,79-Y4517646,50), (X434227,32-Y4517622,41), (X434240,28-Y4517589,06), (X434221,76-Y4517574,24), (X434249,55-Y4517485,30) (X434184,70-Y4517442,69) hasta alcanzar en este último punto de nuevo la linde del monte n.º 13 del CUP. Al llegar a la coordenada (X434459,779-Y4517201,171), continúa en línea recta hasta la carretera M 611 que sigue hacia el sur y abandona en su Pk. 6 por un camino que se dirige al este y tras cruzar el arroyo Zahúrdas llega a la carretera M-626. Sigue esta carretera durante un tramo hacia el sureste y al cruzarse con una pista junto al acceso a una urbanización, coge la pista en dirección sur para llegar a la vía del tren. Por el borde superior del talud, continúa hacia el sur por la vía férrea durante unos 2133 metros, para abandonar esta en dirección oeste por el cerramiento entre dos fincas en la coordenada (X435221,24-Y4514640,94). Sigue el límite unos metros por el citado cerramiento hacia el oeste y al llegar a un camino lo sigue hacia el norte hasta la confluencia con la carretera M-611 por la que se dirige al sur. En la coincidencia de la carretera con el casco urbano de Soto del Real, se dirige el límite hacia el oeste y luego al sur, siguiendo la vía pecuaria «Cañada Real Segoviana» por su límite más cercano al casco, dejando fuera la población hasta llegar a cruzar el arroyo Escaramujal. Continúa por la vía pecuaria, dirigiéndose hacia la Dehesa Boyal de Soto del Real. Siguiendo por la Cañada Real Segoviana, alcanza la carretera M-608 por la que sigue en dirección a Manzanares el Real. Al llegar a su zona urbana, en la urbanización Peña del Gato, deja a su izquierda y fuera de la Zona Periférica de Protección, los terrenos urbanos y urbanizables de Manzanares el Real hasta llegar al Tranco, donde prácticamente alcanza el límite del Parque Nacional. Continúa volviendo hacia el este y en paralelo al río Manzanares, por el límite urbano cruzando el río y siguiendo hacia el sur hasta que por la carretera de acceso a Canto Cochino llega a la carretera M- 608 por la que se dirige a El Boalo. A la altura del cruce de la carretera con un camino en las coordenadas (X424518,02 -Y4507546,03) Deja a la izquierda zonas urbanizadas siguiendo primero la línea que une los puntos de coordenadas (X424181,52-Y4507939,39), (X424101,09-Y4507926,69), (X424105,32-Y4507835,67), (X424018,54-Y4507842,02) y después la linde de la urbanización San Muriel Bonar, para alcanzar de nuevo la carretera M-608 y continuar por ella hasta el cruce con el acceso a El Boalo cuyo núcleo urbano rodea dejando a su izquierda hasta que se cruza con la carretera M-617. Por la citada carretera y en dirección a Matalpino continúa y al llegar al punto de coordenadas (X420504,86-Y4509270,77) la abandona siguiendo hacia el norte por la colada de Matalpino, la sigue unos metros hacia el este y al cruzarse con el GR10, se dirige hacia el norte por este camino, para poco después abandonarlo y dirigirse hacia el noroeste y bordear la zona urbana de Matalpino hasta alcanzar la carretera M-617 en dirección a Becerril. Al llegar a la intersección de la carretera con la urbanización Vista Real, sigue el límite por la linde este de la urbanización y después por la norte hasta la esquina noroeste desde la que prosigue por una pista, primero hacia el suroeste y después hacia el sur. Cuando se junta con otra pista que se dirige al oeste continúa por ella hasta un camino por el que prosigue hacia el suroeste. A unos 225 metros encuentra otro camino por el que vuelve al este para acercarse, hasta su cuneta, a la carretera M-607. Continúa por esa carretera hacia Navacerrada y a la altura del límite con ese término municipal se separa de la carretera en dirección noreste hasta el punto de coordenadas (X416019,64-Y4508843,21) desde aquí sigue una poligonal de vértices (X415786,80-Y4509177,64), (X415695,76-Y4509170,71) y (X415581,48-Y4509406,24) en estas últimas coordenadas alcanza la pista por la que se accede desde la carretera M-607 a la Casa de los Almorchones, sigue esta en dirección norte y después noreste para al cruzarse la pista con la linde del monte n.º 24 del CUP de la Comunidad de Madrid «Pinar de la Barranca» propiedad del Ayuntamiento de Navacerrada, continúa por su línea perimetral. En el punto de coordenadas (X415742,94 -Y4510639,45) abandona la linde con el monte 24 y primero hacia el oeste y después hacia la carretera de la Barranca sigue el límite de una cerca entre fincas. Al llegar a la carretera gira hacia el este unos metros y después al norte otros rodeando y dejando fuera las ruinas del antiguo sanatorio y sus instalaciones anejas, siguiendo de nuevo durante unos metros y hacia el oeste la perimetral del monte 24. En la coordenada (X414942,19-Y4510624,17) continúa por un cerramiento 230 metros, para alcanzar después el arroyo del Chiquillo y descender por él, hasta la M-607. Continúa por esa carretera hacia su intersección con la carretera del Puerto de Navacerrada siguiendo por la desviación de enlace con esta. Pocos metros después cruza al oeste la carretera M-601 a la altura del inicio del ramal de acceso desde la M-601 a la M-607, aquí alcanza el límite del monte 24 por que el continúa hacia el oeste, hasta enlazar con el monte n.º 23 del CUP de la Comunidad de Madrid «Dehesa de la Golondrina y Agregados» hasta su confluencia con la carretera M-622 siguiendo esta en dirección Cercedilla. Al cruzar el río que baja del pantano de Navalmedio, remonta el límite de la ZPP por el cauce, hasta el puente por el que el GR 10 accede al casco urbano de Cercedilla. Continúa rodeando el núcleo de Cercedilla que queda a su izquierda para llegar al borde de la línea del tren, por la que por la arista norte de su traza se dirige hacia Segovia. A la altura del cruce de la vía con el camino de la Solana, abandona la línea del ferrocarril y se dirige hacia el sureste y luego al suroeste, por el límite de la urbanización de las Cuerdas, en Los Molinos, para llegar al borde de la urbanización El Balcón de la Peñota y seguir por su calle perimetral hasta que tras girar esta calle alcanza el cerramiento de una finca siguiéndolo hasta el punto de coordenadas (X408407,56-Y4508279,23) y después al de coordenadas (X408377,92-Y4508281,35). En este punto sigue dirección noroeste por el cerramiento entre fincas hasta alcanzar el monte n.º 40 del CUP de la Comunidad de Madrid «El Pinar» propiedad del Ayuntamiento de Los Molinos. Sigue el límite del monte en dirección oeste hasta encontrarse con la divisoria entre los términos municipales de Los Molinos y Guadarrama, ascendiendo ladera arriba por la divisoria para, al cruzarse con el camino de los Lomitos, continuar hacia su izquierda y llegar en la subida al Alto del León a la carretera N-VI. Sigue esta carretera entrando en la provincia de Segovia, en dirección a San Rafael y casi finalizado el descenso del puerto en Gudillos abandona el límite la carretera N-VI coincidiendo con el cruce de la perimetral del MUP 138 «Aguas Vertientes» perteneciente al Ayuntamiento de El Espinar, continúa por el límite del monte en dirección este, hasta alcanzar la linde del MUP 141 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia «Cotera del León», propiedad de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, la cual recorre en dirección norte hasta el punto de coordenadas (X402686,98-Y4508448,86) donde abandona el límite del MUP 141 y continúa por la del MUP n.º 148 del C.U.P. de la provincia de Segovia »Mesas del Puerto», también propiedad de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, hasta el punto de coordenadas (X402452,9-Y4508950,66) continuando el límite de la Zona Periférica de protección por la linde de monte del MUP 139 «Cañada de Gudillos», propiedad del Ayuntamiento de El Espinar, en dirección oeste, hasta aproximarse la misma al río Gudillos, coincidiendo con el paso sobre éste una línea de alta tensión, toma la pista en un tramo paralelo a la vía hasta el punto de coordenadas (X401567,74-Y4508052,50), donde pasa a apoyarse en la línea férrea por debajo de Cabeza Reina por la arista superior de la traza primero, y después, por un camino situado aguas arriba y paralelo a la vía y en dirección Segovia. Continúa por el mismo hasta cruzar la linde del citado monte n.º 139, continuando por esta, primero en dirección este y después norte hasta alcanzar de nuevo por la perimetral del MUP 148, que recorre en dirección norte, hasta el punto de coordenadas (X401032,45-Y4510958,15). Desde éste se dirige al río Moros en el punto de coordenadas (X401080,33-Y4511030,48) bajando unos metros por su cauce para, en este punto de coordenadas (X400977,54-Y4511073,61), continuar en línea recta hasta el punto de coordenadas (X400851,74-Y4511349,86) en el que alcanza un cerramiento por el que se dirige hacia el este hasta el cordel de La Campanilla. En este lugar, casa de Venta Quemada, el límite sigue en dirección más o menos noroeste primero por el linde septentrional del Cordel de la Campanilla y después por el borde derecho en sentido Segovia de la explanación de la línea de ferrocarril. Continuando por la vía férrea hasta un arroyo de cauce discontinuo en la estación de Otero de Herreros en el punto de coordenadas (X398411,77-Y4517188,61), desde aquí se separa de la vía siguiendo un cerramiento en dirección noreste unos 130 metros hasta alcanzar un reguero que recorre hasta el punto de coordenadas (X398940,64-Y4516995,75) donde encuentra otro cerramiento que recorre en dirección norte, sureste y después noreste hasta el punto (X399459,37-Y4517562,21) y sigue la poligonal (X399405,19-Y4517859,09), (X399479,24-Y4517962,45), (X399116,69-Y4518386,26), (X398915,88-Y4518359,70) alcanzando de nuevo la vía del tren y continuando esta como límite. Cruza la cañada Real Soriana Occidental y prosigue por la vía de tren, hasta alcanzar la AP-61, que sirve de límite unos metros hasta llegar al Cordel de la Ribera de los Molinos, el cual toma para excluir la parcela 80002 del polígono 8 y continuar paralelo a la AP-61 hasta el cruce con la carretera N-603, por la que continúa en dirección a Segovia por el límite derecho de la explanación. Al llegar al casco urbano de Revenga, deja éste a su izquierda, fuera de la zona periférica de protección, y en su límite norte prosigue por el Camino del Pasadero, del cual se separa para excluir las parcelas de labor 136 y 137 del polígono 21, y después volver de nuevo al camino, continuando su trazado hasta que llega a la carretera de Revenga a La Granja, por la que continúa durante unos metros en dirección noreste, para alcanzar la Vereda del Retamal o de Juarrillos y continuarla dirección sur hasta enlazar con Camino al Cordel de Santillana, justo antes de alcanzar la Cañada Real Soriana Occidental. Continúa por el citado camino hasta el arroyo de la Fuentecilla, el cual remonta hasta cruzar la Cañada Real, gira hacia el este por el límite de la cañada durante unos metros y después por un cerramiento, para luego en dirección sur seguir un camino y en su intersección con la vaguada que da origen al arroyo antes citado remontar el barranco hasta llegar hasta un coto real del límite del monte Matas de Valsaín n.º 1 del CUP de la provincia de Segovia. Desde este punto en dirección noreste continúa el límite con la colindancia antes citada coincidente con la linde entre los términos municipales de Segovia y el Real Sitio de San Ildefonso, hasta el punto de coordenadas (X411044,34-Y4527714,52) donde se separa la linde del muro de piedra por el que ha transcurrido en los últimos metros y en dirección este se conecta con la Pista de Matabueyes. Sigue hacia el este hasta el punto de coordenadas (X411827,16-Y4528335,72) donde toma una pista a la derecha que conecta con la Pista Matabueyes-Jardincillo, la cual recorre para después continuar por la Pista Robledo-Jardinillo hasta la carretera del antiguo campamento de Robledo a Valsaín con dirección a esta población. Paralelo a la carretera existe un cerramiento que delimita la instalación de una granja escuela. Cuando éste se separa de la carretera en dirección este, el límite continúa por el cerramiento que después gira hacia el norte hasta su cruce con la carretera de Revenga a La Granja. En todo este tramo de cerramiento linda con el cantón C4 del monte Matas de Valsaín. Después cruza la carretera en dirección norte para alcanzar la carretera CL 601 por cuyo margen continúa en dirección a La Granja hasta cruzar el puente de Segovia sobre el embalse del Pontón. Después de cruzarlo abandona la carretera y continúa por un camino sensiblemente paralelo al embalse y rodeando la depuradora por el sur, hasta alcanzar el Arroyo del Estudiante y junto a una esquina de la zona agrícola conocida como «Las Parcelas de Judiones», alcanzar el límite del monte Matas de Valsaín en su cantón B1 y siguiendo este límite definido por mojones para pasar por detrás del Campo de Polo, y después de cruzar la carretera CL 601 alcanzar la tapia de los Jardines del Palacio de La Granja y continuar por ella primero hacia el sureste y después hacia el noreste para abandonar su colindancia en el paraje del Esquinazo punto más alto de los jardines. Aquí cruza en la misma dirección la Cañada Real de Las Merinas y prosigue durante unos metros hacia el noroeste por el límite de la Cañada. Desde aquí rodea, dejando a su izquierda los terrenos urbanos o urbanizables del núcleo urbano de la granja colindando también con la finca La Saúca para llegar al camino de la Casa de las Vacas. Sigue este camino unos metros hacia el norte y al encontrarse con un cerramiento a su derecha lo continúa hacia el este por una poligonal que deja fuera las casas, estanques y otros terrenos de la finca de La Saúca. Los vértices se corresponden con las siguientes coordenadas (X415501,33-Y4529605,79), (X415626,95Y-4529522,35) (X415975,86-Y4529493,42), (X416171,68-Y4529647,16), (X416482,84-Y4530257,75) (X416455,12-Y4530328,61), (X416004,78-Y4530294,58), (X415924,52-Y4529988,87), (X415805,99-Y4530004,49). En este punto, continúa por la pista de tierra hacia el norte que después se une con otra al sur del Rancho de la Tejera, por la cual gira hacia el este unos metros para luego abandonarla al cruzarse con el arroyo de La Atalaya. Remota por el arroyo hasta cruzarse con el Camino Cambroñeros, el cual recorre a media ladera el Pico de La Atalaya dirigiéndose al oeste hacia la cañada Real Soriana Occidental. Toma el margen occidental de esta dirigiéndose hacia el norte. Después de atravesar terrenos de varios términos municipales y en la divisoria entre los de Santo Domingo de Pirón y Sotosalbos, gira al norte por la Cañada Tenzuela y alcanza la carretera N 110. Prosigue por esta atravesando el municipio de Sotosalvos, y se interna en el de Collado Hermoso hasta el punto de coordenadas (X422326,98-Y4543236,10) donde abandona la carretera dejando fuera una serie de cercas, para luego seguir una masa arbolada hasta alcanzar un camino en el punto de coordenadas (X423091,82-Y4542701,07) desde aquí sigue unos metros hacia el norte por un camino y en el punto de coordenadas (X423025,67-Y4542806,90) abandona el camino para alcanzar otro paralelo en el punto de coordenadas (X423155,32-Y4542965,66), el cual sigue hasta la colindancia con el monte de la MUP 134 Dehesa Toconal, propiedad del Ayuntamiento de Collado Hermoso, que recorre para incluirlo y volver a alcanzar la Cañada Real Soriana Occidental en el límite entre Collado Hermoso y La Salceda. Continúa por el margen occidental de la cañada hasta alcanzar en el punto de coordenadas (X425743,11-Y4545475,22) el límite del MUP 163 «Sierra o Data», perteneciente al Ayuntamiento de Santiuste de Pedraza, continuando por dicho límite hasta el punto de coordenadas (X425922,43-Y4545638,61) donde toma como límite el margen norte de la Cañada Real Soriana Occidental hasta el punto de coordenadas (X426828,16-Y4545761,79) donde vuelve a tomar como límite la N 110 hasta poco antes del Pk. 164, donde abandona el límite de la zona periférica de protección la carretera, continuando por la traza antigua de esta, dejando fuera una finca de forma triangular a su izquierda y volviendo por la cañada a la carretera N 110 por la que continúa en la misma dirección hasta un cerramiento existente al sur pasado el Pk. 162 y la carretera V-6112. Sigue hacia el sur por el cerramiento para alcanzar la carretera vecinal y continuar un tramo por ella de algo más de 200 metros. En este punto continúa por otro cerramiento existente a la izquierda de la carretera (sentido Navafría) hasta el cruce con la cañada real. Cruza la cañada y continúa por el Camino Lagunilla 1021. En el punto de coordenadas (X429121,28-Y4544570,40) gira el límite hacia el este, siguiendo por el sur de una serie de cercas en el paraje conocido como Matallana, hasta alcanzar el punto (X429476,88-Y4544505,62) la Colada del Bosque hasta el punto (X430136,29-Y4544339,99) donde la abandona para seguir unos cercados en dirección este y alcanzar un camino en el punto de coordenadas (X430448,46-Y4544376,99). Cambia de rumbo, dirigiéndose hacia el sur por unos cerramientos para cruzar el río Cega a la altura del cruce de una pista por la que se puede acceder a la serrería de la Tejera. Continúa el límite hacia el norte-noreste por el Camino Horcajo por la pista y al llegar al cerramiento de la primera nave con la que se cruza se dirige por este cerramiento para cruzar la carretera SG- 612. Después de cruzarla gira en dirección más o menos norte para dejar a su izquierda varias casas y terrenos urbanos y alcanzar de nuevo la carretera antes mencionada continuando un tramo por ella hacia el noreste. Cuando la carretera alcanza un acceso rodado a Navafría en el punto de coordenadas (X431253,45-Y4545242,57), deja esta y se dirige al este por un camino hasta la Colada del Puerto, la cual continúa hacia al Norte para enlazar con la cañada RSO y proseguir esta hacia norte hasta su cruce con la Colada de Gallegos a Matabuena por la que continúa también hacia el norte hasta el límite urbano el cual deja a la izquierda para excluir varias parcelas construidas y la zona urbanizable para luego volver a la Colada de Gallegos a Matabuena hasta el punto (X434543,76-Y4547816,42) donde sigue el cercado en dirección Noroeste hasta alcanzar la masa arbolada, la cuyo perímetro recorre hasta alcanzar la V-6111, y continúa por ella hacia el noroeste para al llegar a la carretera N 110 utilizar ésta como límite en dirección noreste y a la altura del punto de coordenadas (X433524,89-Y4548634,36) abandona la carretera dirigiéndose en dirección este hasta el mojón número 23 del MUP 194 o «La Dehesa», recorre su linde en dirección sur hasta el mojón número 33 donde lo abandona, y continúa por los cercados en dirección noreste hasta alcanzar la Colada del Reoyo que sigue unos metros hacia el norte, hasta el un camino que continúa en dirección sureste, y que abandona en el punto (X434234,65-Y4548414,65) para continuar por el Camino de Ejidos hasta la Calleja de los Regueros en el punto (X434607,94-Y4549013,32) y recorrer la poligonal (X434661,19-Y4548992,67), (X434765,79-Y4549106,73), (X434813,92-Y4549098,81), (X434798,89-Y4549138,11) hasta el punto más al norte de esta zona periférica de protección situado en la Comunidad de Castilla y León (X434902,48-Y4549187,90) donde se inició la descripción. Se excluyen de la zona periférica de protección, aunque se encuentran enclavados en esta, los cascos urbanos y enclaves que a continuación se referencian. La delimitación actual de estos cascos urbanos y su posible expansión, se encuentra establecida y condicionada por lo dispuesto en los respectivos planes de ordenación de los recursos naturales aprobados por la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León. Comunidad Castilla y León. Valsaín, junto con los terrenos de las ocupaciones del monte Matas de Valsain otorgada al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso para almacenamiento de leñas en Navalparaíso, refugios invernales y cementerio así como el resto de los terrenos del cementerio y terrenos que conecta este con el casco urbano de Valsaín. Pradera de Navalhorno. Parcela de 7.429 m2 en el término municipal de Ortigosa del Monte que alberga una instalación industrial que en la cartografía consta como «Fábrica de Patatas». Comunidad de Madrid. Rascafría. Oteruelo del Valle. Urbanización Los Grifos. Entorno del Monasterio de Santa María del Paular. Alameda del Valle. Pinilla del Valle. Lozoya. Dentro del espacio antes descrito existen dos áreas correspondientes a la superficie de las estaciones de esquí del Puerto de Navacerrada y Valdesquí, así como una franja de terreno situada entre ambas estaciones, esta sí clasificada como zona periférica de protección. La descripción se realiza para cada parte, desde su punto situado más al norte y en el sentido de avance de las agujas del reloj. Delimitación de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada Desde el punto situado en la esquina noreste del cerramiento perimetral de la Estación meteorológica del Puerto de Navacerrada (de la Agencia Estatal de Meteorología), se dirige hacia el sur-sureste en línea recta hasta el punto de coordenadas (X414865,39-Y4516054,14), donde la pista de acceso a Cogorros dispone de una barrera de control de acceso. Desde este punto continúa por la margen situada más al norte de la pista asfaltada de acceso a Cogorros, hasta llegar a las inmediaciones del Puerto de Navacerrada en el punto de coordenadas (X415238,74-Y4515828,73). Desde aquí continúa en línea recta hasta el punto de coordenadas (X415355,12-Y4515846,32). En este punto alcanza la arista norte del talud de la carretera CL-604, por la que continúa en dirección Cotos pasando previamente por los aparcamientos del Puerto de Navacerrada. Al llegar al Arroyo Seco remonta el mismo cruzando la carretera hacia el sur, llegando al punto de coordenadas (X416486,04-Y4516077,30) a partir del cual continúa hacia el sur siguiendo una poligonal de vértices (X416501,65-Y4516066,08), (X416510,17-Y4516024,78) (X416515,72-Y4515971,10), (X416509,79-Y4515892,55), (X416505,80-Y4515839,73) (X416499,73-Y4515761,87), (X416497,21-Y4515729,55), (X416493,51-Y4515676,79) (X416487,14-Y4515635,54), (X416480,27-Y4515592,36), (X416468,52-Y4515514,83) (X416464,49-Y4515475,43), (X416459,49-Y4515426,55), (X416461,06-Y4515425,25). Este último punto se encuentra por debajo de la Estación superior del telesilla de la Bola o Guarramillas. Desde aquí se dirige al este hasta alcanzar la curva del camino hormigonado de acceso al conjunto de antenas y repetidores de la Bola del Mundo. Desde este punto desciende por la pista de hormigón que se dirige al puerto de Navacerrada, hasta el punto de coordenadas (X416129,55-Y4515259,12). Desde aquí desciende por la ladera de Las Guarramillas hasta el punto de coordenadas (X-415509,10-Y4515290,87), continúa hacia el sur por la arista superior de la carretera M-601 hasta su intersección con la calle que, desde la iglesia de la estación del tren, accede a la carretera M-601 para continuar por ella hacia el norte hasta el punto de coordenadas (X415356,64-Y4515201,61), dejando dentro del enclavado los edificios e instalaciones de Navacerrada, así como la estación de tren. Desde aquí sigue una poligonal de vértices (X415249,08-Y4515111,29), (X415201,46-Y4515137,57), (X415153,01-Y4515117,04), (X415164,34-Y4515113,76), (X415059,41-Y4515158,10), (415144,72-Y4515300,28), (415147,27-Y4515305,89), (X415144,80-Y4515333,80), (X415175,18-Y4515365,01), (415144,72-Y4515300,28), (X415230,19-Y4515460,25), (X415262,22-Y4515479,14), (X415299,16-Y4515546,46) y (X415303,27-Y4515586,00) hasta alcanzar un camino que accede al aparcamiento situado por debajo de la Venta Arias. Continúa por él ascendiendo para proseguir por el borde derecho de la pista de esquí del Telégrafo, dejando dentro el repetidor de telefonía, para llegar al Alto del Telégrafo en un punto de colindancia entre los montes «Pinar de Valsaín», n.º 2 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia y «Pinar Baldío», n.º 33 de Utilidad Pública de Madrid. Desde aquí se dirige al punto de coordenadas (X414977,55-Y4515600,00) y (X414847,77-Y4515574,19). Desde aquí rodea, dejando dentro el sistema de nieve artificial de la estación de esquí del Puerto Navacerrada, hasta la segunda pilona antes de la estación superior del telesilla del Bosque. Desde este punto desciende por la margen izquierda del telesilla hasta llegar al cruce de la senda Schmid. Desde aquí el límite del enclavado se corresponde con una poligonal cuyas coordenadas son (X414683,69-Y4515771,46), (X414579,59-Y4515819,69), (X414501,11-Y4515849,89), (X414417,24-Y4515888,80), (X414354,82-Y4515914,89), (X414318,67-Y4515927,28), (X414235,66-Y4515922,09), (X414251,22-Y4515970,08), (414264,19-Y4515983,48), (X414305,26-Y4515975,70), (X414376,28-Y4515957,80), (X414447,08-Y4515921,33), (X414476,47-Y4515903,93), (X414585,42-Y4515904,79), (X414755,55-Y4515838,70), (X414908,37-Y4515769,91), (X414833,28-Y4515929,91), (X414735,02-Y4516135,95), (X414712,73-Y4516236,25). En todo este tramo deja dentro del enclavado las pistas de esquí de El Bosque, El Escaparate y las instalaciones de la residencia militar de Cogorros. Desde el último punto de la poligonal se dirige a la esquina noroeste del cerramiento perimetral de la estación meteorológica de Navacerrada y continúa hacia el este hasta el punto de inicio. Delimitación de la estación de esquí de Valdesquí Este enclavado se corresponde con la estación de esquí de Valdesquí y su descripción comienza en el punto situado en el borde norte de la carretera que va de Cotos al acceso de esta estación, prácticamente en el inicio del aparcamiento de la misma. Desde aquí rodea, dejando dentro del enclavado, el aparcamiento hasta el punto de coordenadas (X418323,15-Y4517617,32). Desde este punto continúa en dirección sureste hasta el punto de coordenadas (X418884,10-Y4517144,64) desde donde gira al suroeste siguiendo las siguientes coordenadas forma un arco en dirección sureste (X418824,57-Y4517037,48), (X418812,66-Y4516874,76) para alcanzar la línea divisoria entre los términos de Manzanares el Real y Rascafría en el punto de coordenadas (X419061,57-Y4516462,21). Continúa por el límite municipal remontando en dirección a Guarramillas y que a la vez es la divisoria de aguas, ascendiendo al cerro de Valdemartín, bajando después al collado de las Guarramillas y posteriormente a la cota 2.248 en el punto de coordenadas (X417467,69-Y4515625,41). Desde el punto anterior, el límite desciende por la loma del Noruego que también es más o menos coincidente con el límite entre los términos municipales de Rascafría y el Real Sitio de San Ildefonso, colindando con el monte Las Guarramillas propiedad de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Tras alcanzar en las inmediaciones de la cumbre de Peña del Águila el punto de coordenadas (X417722,17-Y4517464,55), desciende en línea recta más o menos hacia el este y después rodea el aparcamiento de Valdesquí, dejándolo dentro del enclavado hasta el punto de inicio. Todo este tramo siguiendo el límite descrito en el anexo I. ANEXO IV Límites del área de influencia socioeconómica Conforma el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama el territorio conformado por los siguientes términos municipales: En la Comunidad de Madrid: Alameda del Valle, Becerril de la Sierra, Canencia, Cercedilla, El Boalo, Guadarrama, Los Molinos, Lozoya, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Navacerrada, Navarredonda y San Mamés, Pinilla del Valle, Rascafría y Soto del Real. En la Comunidad de Castilla y León: Aldealengua de Pedraza, Basardilla, Collado Hermoso, El Espinar, Gallegos, La Losa, Navafría, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de Eresma, Real Sitio de San Ildefonso (La Granja), Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de Pirón, Segovia, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros y Trescasas. ANEXO V Representación cartográfica de los límites del Parque Nacional y de su zona periférica de protección

los arts. 7.bis y 7.ter a la Ley 5/2007, de 3 de abril el art. 8.3 y la disposición adicional 8, por Ley 30/2014, de 3 de diciembre en BOE núm. 181 de 30 de julio de 2013 JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO La Red de Parques Nacionales de España integra un conjunto de espacios que recogen las mejores muestras del patrimonio natural de nuestro país. Conforma un sistema representativo de nuestra rica biodiversidad, de nuestros paisajes, y de nuestra forma de entender la relación del hombre con el territorio. Los elementos básicos de la Red, los catorce Parques Nacionales actualmente existentes, quedan sujetos a un exigente régimen jurídico destinado a asegurar su protección, con el objetivo declarado de garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado natural. La presente Ley declara el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con una superficie de 33.960 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid (21.714 hectáreas) y de Castilla y León (12.246 hectáreas). Los estudios científicos que la han servido de fundamento han demostrado que dicho espacio reúne las condiciones y características que la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales exige para su incorporación a la misma. Su dimensión y continuidad territorial, su riqueza y coherencia ambiental, unido al estricto régimen a que se somete la intervención humana tanto dentro del propio Parque Nacional como en su zona periférica de protección, garantizan la conservación de los ecosistemas naturales y la viabilidad de su evolución natural, sin o con escasa intervención humana, de acuerdo con los ambiciosos estándares que establece la citada Ley de 2007. En efecto, el espacio natural que con la presente Ley pasa a integrar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama cuenta con una riqueza ecológica y cultural tan sobresalientes que aconsejan que su conservación sea declarada de interés general y se eleve su régimen de protección al más alto nivel que permite nuestro ordenamiento jurídico. Si la riqueza ecológica de por sí ya es merecedora de la declaración que la presente Ley acomete, el patrimonio cultural, educativo y científico generado en los territorios integrantes del nuevo Parque Nacional es extraordinario, probablemente sin parangón en ningún otro territorio de nuestra geografía. Aún hoy perviven en las tradiciones y en el recuerdo colectivo los elementos que dieron lugar a una cultura propia y singular, perfectamente adaptada a un entorno natural generoso, agreste y difícil, protagonizada por pastores y vaqueros, por hacheros y gabarros, por carboneros, neveros y por otras gentes de la Sierra. Además, como gozne natural que une y vertebra el norte y el sur peninsulares, la Sierra del Guadarrama ha sido testigo mudo de batallas y otros acontecimientos históricos que integran el andamiaje afectivo de este país. Finalmente, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, lugares emblemáticos como los Puertos de Navacerrada y la Fuenfría, el Circo de Peñalara, la Pedriza, el Montón de Trigo, la Cuerda Larga, la Maliciosa o Siete Picos, por citar algunos más conocidos, han servido de inspiración, estímulo y laboratorio para naturalistas y científicos de todas las especialidades, para educadores, para artistas y para deportistas. No es de extrañar así que pocas montañas de nuestra geografía hayan sido tan queridas, tan alabadas por escritores, filósofos y poetas, desde el Siglo de Oro, hasta las Generaciones del Noventa y Ocho y del Veintisiete. Y sin embargo, es forzoso reconocer que la ciudadanía de Madrid y otros entornos de la Sierra a menudo ha vivido con descuido, de espaldas a este valioso patrimonio natural, con lo que su declaración como Parque Nacional ha de tener un saludable efecto pedagógico. Con todo, la declaración de Parque Nacional no sólo da satisfacción al interés general de preservar toda esta riqueza natural y cultural que atesora la Sierra del Guadarrama, sino que además hace justicia con lo que ha sido un profundo anhelo social sentido desde hace casi un siglo. En efecto, la necesidad de frenar el deterioro que el incremento demográfico y el turismo de masas producen en un entorno tan próximo a una gran urbe como es Madrid, ya fue públicamente denunciada en 1923, en las páginas del diario El Sol, reclamándose la creación de un parque nacional al amparo de la entonces reciente y pionera en Europa Ley de Parques Nacionales de 1916. La iniciativa obviamente no tuvo entonces la acogida esperada, pero sin duda sirvió de germen a las numerosas iniciativas populares surgidas posteriormente, a las que en buena medida se deben los distintos instrumentos normativos protectores de que hoy disfruta la Sierra del Guadarrama. En efecto, la declaración de Parque Nacional significa la elevación de los niveles de protección que por razones ambientales dispone ya la Sierra del Guadarrama. Así, dentro de su ámbito físico se encuentran los Sitios Naturales de Interés Nacional declarados en los años treinta, de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, de la Pedriza del Manzanares y el Pinar de la Acebeda. Además, y con un ámbito que excede al del nuevo Parque Nacional, coexisten otros regímenes de protección ambiental, nacionales y comunitarios, de los que sin duda el Parque se beneficiará. Este es el caso, en la vertiente madrileña, del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y en la vertiente segoviana, del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama. Seis espacios de la Red Natura 2000 están situados en el Parque Nacional, y en el sector madrileño, gran parte del territorio se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares declarada por la UNESCO. Por último, los Humedales del Macizo de Peñalara están incluidos en la lista de humedales de importancia internacional del Con ### RESUMEN: Ley de declaración del parque nacional de Guadarrama

Nombrada subdirectora general de Asilo a Cristina Isabel Sosa Erdozain.

Por Orden INT/1413/2015, de 6 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio de 2015), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo que figuraba relacionado en el anexo I de dicha Orden. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio ha dispuesto resolver la referida convocatoria según se detalla en el anexo. La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dicto. Madrid, 10 de septiembre de 2015.–El Ministro del Interior, P.D. (Orden INT/849/2009, de 31 de marzo), el Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz. ANEXO Convocatoria: Orden INT/1413/2015, de 6 de julio («BOE» 15 de julio de 2015) Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría del Interior. Dirección General de Política Interior. Subdirección General de Asilo. Subdirector/Subdirectora General. Nivel: 30. Complemento específico: 24.332,42 euros. Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, provincia: Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior. Madrid. Nivel: 30. Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre: Sosa Erdozain, Cristina Isabel. NRP: 4471461624 A1111. Grupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior Administradores Civiles del Estado. Situación: Activo.

Por Orden INT/1413/2015, de 6 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio de 2015), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo que figuraba relacionado en el anexo I de dicha Orden. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio ha dispuesto resolver la referida convocatoria según se detalla en el anexo. La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dicto. Madrid, 10 de septiembre de 2015.–El Ministro del Interior, P.D. (Orden INT/849/2009, de 31 de marzo), el Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz. ANEXO Convocatoria: Orden INT/1413/2015, de 6 de julio («BOE» 15 de julio de 2015) Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría del Interior. Dirección General de Política Interior. Subdirección General de Asilo. Subdirector/Subdirectora General. Nivel: 30. Complemento específico: 24.332,42 euros. Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, provincia: Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior. Madrid. Nivel: 30. Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre: Sosa Erdozain, Cristina Isabel. NRP: 4471461624 A1111. Grupo: A1. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior Administradores Civiles del Estado. Situación: Activo. ### RESUMEN: Nombrada subdirectora general de Asilo a Cristina Isabel Sosa Erdozain.

La UE obliga a crear un pasaporte con datos biométricos. No tenemos medios. Nos inventamos uno provisional

el art. 5.7 del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio Reglamento 2252/2004, de 13 de diciembre El Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características, establece que la competencia para la expedición del pasaporte ordinario en el extranjero corresponde a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas, debiendo comunicar el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación al Ministerio del Interior las relaciones de pasaportes expedidos. El Reglamento (CE) n.º 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros, modificado por el Reglamento (CE) n.º 444/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2009, estableció la obligación de que los pasaportes con una validez superior a doce meses contengan un soporte de almacenamiento de alta seguridad que contenga la imagen facial y dos impresiones dactilares de su titular. La complejidad técnica que supone la expedición del nuevo modelo de pasaporte ordinario ha impedido dotar a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas de los medios técnicos necesarios para la expedición local del mismo, que se lleva a cabo de forma centralizada en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. No obstante lo anterior, existen situaciones en las cuales se acredita la necesidad urgente de expedir pasaporte ordinario a un ciudadano español que se encuentra en el extranjero y no tiene previsto regresar a España, lo que se soluciona en la actualidad mediante el modelo antiguo de libreta de pasaporte, que carece de las normas mínimas de seguridad exigibles por la normativa de la Unión Europea. Para solucionar estas situaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha encomendado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la elaboración de un nuevo modelo de pasaporte que, bajo la denominación de provisional, permita su expedición inmediata por parte de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas en casos de urgencia debidamente acreditada. Asimismo resulta necesario regular el salvoconducto, documento de viaje que se expide a los ciudadanos españoles, que careciendo de documentación precisan regresar a España de modo urgente, y a los extranjeros cuya protección internacional haya sido asumida por nuestro país o sean autorizados a trasladarse a España para solicitar protección internacional. En su virtud, a propuesta de los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de febrero de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Naturaleza del pasaporte provisional y funciones. 1. El pasaporte provisional es una modalidad de pasaporte ordinario que se podrá expedir a los ciudadanos españoles en las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas cuando no sea posible expedir el modelo que incorpora el soporte de almacenamiento de los identificadores biométricos. 2. Acreditará fuera de España la identidad y la nacionalidad de los ciudadanos españoles salvo prueba en contrario y, dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de aquellos españoles no residentes. 3. El derecho a su obtención, el procedimiento de expedición, su sustitución, anulación, retirada y obligaciones de sus titulares se regirá por lo establecido en la normativa reguladora de la expedición del pasaporte ordinario. Artículo 2. Órganos competentes para la gestión y expedición del pasaporte provisional. Corresponde la tramitación y la expedición de los pasaportes provisionales a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de carrera españolas. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía), con una periodicidad máxima de dos meses, por el procedimiento informático y telemático que se fije por ambos departamentos, las relaciones de pasaportes provisionales expedidos por las distintas representaciones diplomáticas y consulares. Artículo 3. Procedimiento de expedición. El pasaporte provisional será expedido a los españoles que lo soliciten ante las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares de carrera españolas y acrediten la necesidad urgente de su obtención, por no tener previsto regresar a España y no poder esperar a que les sea expedido un pasaporte ordinario. Los requisitos y el plazo de expedición serán los mismos que los establecidos en la normativa reguladora del pasaporte ordinario. Artículo 4. Validez del pasaporte provisional. El pasaporte provisional tendrá como máximo una validez improrrogable de doce meses, siéndole de aplicación las demás prescripciones que, sobre la validez, establece la normativa reguladora del pasaporte ordinario. Artículo 5. Características y descripción del pasaporte provisional. 1. El pasaporte provisional estará constituido por una libreta que, además de las cubiertas, tendrá 16 páginas numeradas correlativamente. El número de páginas del pasaporte irá indicado al pie de la última de ellas en castellano, francés e inglés. 2. Sus dimensiones serán de 88×125 milímetros, con un margen de tolerancia de 0,75 milímetros para cada uno de los lados. 3. La cubierta será de color verde figurando, en el orden que a continuación se detalla, las siguientes inscripciones: a) «ESPAÑA». b) La figura impresa del escudo de España. c) «PASAPORTE PROVISIONAL». 4. Cada pasaporte provisional contará con un número de serie que se repetirá en todas sus páginas, excepto en la primera y en la segunda, mediante perforación, aplicándose además en su confección cuantas medidas de seguridad se estimen necesarias. Artículo 6. Contenido. 1. En la primera página del pasaporte provisional figurarán, en el orden que se señala a continuación, las siguientes menciones: a) «ESPAÑA». b) La figura impresa del escudo de España. c) «PASAPORTE PROVISIONAL». d) «EMERGENCY PASSPORT». e) «PASSEPORT PROVISOIRE». 2. La segunda página estará plastificada con una lámina de seguridad, que incorporará medidas gráficas y ópticas, así como una imagen fantasma para evitar su manipulación, y contendrá las siguientes menciones: a) El número del pasaporte, que coincidirá con el de serie de la libreta. b) Un número identificador personal, que será el de la inscripción de su titular en el Registro de Matrícula Consular. c) La Misión Diplomática u Oficina Consular expedidora. d) Los apellidos, nombre, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento y sexo, así como las fechas de expedición y caducidad del pasaporte. Contendrá, igualmente, la firma digitalizada del titular, a cuyo efecto, para prestarla, deberá acudir a las unidades expedidoras. Estas menciones se redactarán en castellano, inglés y francés. e) La fotografía digitalizada del titular. f) Dos líneas de caracteres OCR en la parte inferior de la página para la lectura mecánica de los datos. 3. La tercera página se reservará a las autoridades competentes para expedir este documento, a fin de que en la misma se puedan recoger las observaciones que en cada caso procedan. La mención que figurará en la cabeza de esta página se redactará en castellano, inglés y francés. 4. La cuarta página contendrá la traducción en francés e inglés de los datos que figuran en la página segunda. 5. También se destinará otra de sus páginas a la reproducción parcial de las disposiciones que regulan los pasaportes y una reproducción del artículo 23 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, reservándose el resto de las páginas para visados. Artículo 7. Naturaleza del salvoconducto y funciones. El salvoconducto es un documento público, personal, individual e intransferible, expedido por las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas en los supuestos recogidos en el artículo siguiente, con el único fin de permitir a su titular desplazarse a España desde el lugar de expedición. Artículo 8. Derecho a la obtención del salvoconducto por parte de los ciudadanos españoles y posibilidad de su expedición a ciudadanos extranjeros. 1. Todos los ciudadanos españoles tienen derecho a que se les expida un salvoconducto si precisan desplazarse a España y carecen de pasaporte ordinario o provisional. La obtención de salvoconducto por ciudadanos españoles sujetos a patria potestad o tutela estará condicionada al consentimiento expreso de la persona u órgano que tenga asignado su ejercicio o, en defecto de esta, del órgano judicial competente. 2. Las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas, previa autorización expresa de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, podrán expedir salvoconductos a extranjeros cuya protección internacional haya sido asumida por España en aplicación de la legislación española. Asimismo, previa la autorización expresa mencionada en el párrafo anterior, podrán expedir salvoconductos para promover el traslado del o de los solicitantes de protección internacional a España para hacer posible la presentación de la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 3. La autorización para la expedición del salvoconducto a un extranjero, en los casos que se mencionan en el apartado anterior, estará sometida a informe previo favorable de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Artículo 9. Validez del salvoconducto. El salvoconducto tendrá una vigencia limitada al tiempo estrictamente necesario para el regreso a España de su titular, sin que pueda tener una validez temporal superior a la fecha prevista para la entrada efectiva de su titular en territorio español. Artículo 10. Obligaciones de los titulares de un salvoconducto. Los titulares de un salvoconducto deberán entregarlo a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía encargados del control de entrada en España o, en su caso, en una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el plazo máximo de tres días hábiles desde su entrada en España. En el caso de extranjeros cuya protección internacional haya sido asumida por España o cuando el salvoconducto haya sido expedido para el traslado de un solicitante de protección internacional a nuestro país, su titular deberá entregarlo en la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior en el plazo máximo de tres días hábiles desde su entrada en España. Artículo 11. Características y descripción del salvoconducto. 1. El salvoconducto se expedirá en una hoja de papel con el membrete de la Misión Diplomática u Oficina Consular, según el modelo que figura en el Anexo. 2. En el extremo superior derecho se fijará una fotografía del rostro del solicitante tamaño carné, en color y con fondo claro, liso y uniforme, tomada de frente, y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que impida la identificación de la persona. 3. El texto del salvoconducto, en caso necesario, podrá ser traducido a otros idiomas por la Misión Diplomática u Oficina Consular que lo expida. 4. El salvoconducto irá firmado por el funcionario español que lo expide, debiendo estamparse en el mismo el sello de la Misión Diplomática u Oficina Consular. 5. El salvoconducto se expedirá gratuitamente e incorporará la fecha de validez del mismo. Disposición transitoria. Validez de los pasaportes expedidos. El nuevo modelo de pasaporte provisional se irá implantando progresivamente en la medida en que las circunstancias de orden técnico lo permitan. Los pasaportes que hayan sido expedidos o sigan expidiéndose con el modelo de libreta anterior, conservarán su validez hasta que expire el período por el que fueron expedidos. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula el pasaporte ordinario y se determinan sus características. El artículo 5.7 del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula el pasaporte ordinario y se determinan sus características, queda redactado en los siguientes términos: «7. Cuando se trate de un solicitante de pasaporte que se encuentre en el extranjero y carezca del pasaporte que se le hubiera expedido, bien por pérdida o sustracción, o por hallarse en un país al que se puede viajar sin pasaporte, la Misión Diplomática u Oficina Consular podrá expedirle un pasaporte provisional, con las características y validez determinadas reglamentariamente.» Disposición final segunda. No incremento de gasto. Las medidas incluidas en este real decreto no podrán suponer incremento ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición final tercera. Habilitaciones. Se habilita al titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para que, previo informe favorable del Ministerio del Interior, dicte las disposiciones de desarrollo necesarias para la ejecución de este real decreto. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 15 de febrero de 2013. JUAN CARLOS R. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN ANEXO

el art. 5.7 del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio Reglamento 2252/2004, de 13 de diciembre El Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características, establece que la competencia para la expedición del pasaporte ordinario en el extranjero corresponde a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas, debiendo comunicar el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación al Ministerio del Interior las relaciones de pasaportes expedidos. El Reglamento (CE) n.º 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros, modificado por el Reglamento (CE) n.º 444/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2009, estableció la obligación de que los pasaportes con una validez superior a doce meses contengan un soporte de almacenamiento de alta seguridad que contenga la imagen facial y dos impresiones dactilares de su titular. La complejidad técnica que supone la expedición del nuevo modelo de pasaporte ordinario ha impedido dotar a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas de los medios técnicos necesarios para la expedición local del mismo, que se lleva a cabo de forma centralizada en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. No obstante lo anterior, existen situaciones en las cuales se acredita la necesidad urgente de expedir pasaporte ordinario a un ciudadano español que se encuentra en el extranjero y no tiene previsto regresar a España, lo que se soluciona en la actualidad mediante el modelo antiguo de libreta de pasaporte, que carece de las normas mínimas de seguridad exigibles por la normativa de la Unión Europea. Para solucionar estas situaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha encomendado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la elaboración de un nuevo modelo de pasaporte que, bajo la denominación de provisional, permita su expedición inmediata por parte de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas en casos de urgencia debidamente acreditada. Asimismo resulta necesario regular el salvoconducto, documento de viaje que se expide a los ciudadanos españoles, que careciendo de documentación precisan regresar a España de modo urgente, y a los extranjeros cuya protección internacional haya sido asumida por nuestro país o sean autorizados a trasladarse a España para solicitar protección internacional. En su virtud, a propuesta de los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de febrero de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Naturaleza del pasaporte provisional y funciones. 1. El pasaporte provisional es una modalidad de pasaporte ordinario que se podrá expedir a los ciudadanos españoles en las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas cuando no sea posible expedir el modelo que incorpora el soporte de almacenamiento de los identificadores biométricos. 2. Acreditará fuera de España la identidad y la nacionalidad de los ciudadanos españoles salvo prueba en contrario y, dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de aquellos españoles no residentes. 3. El derecho a su obtención, el procedimiento de expedición, su sustitución, anulación, retirada y obligaciones de sus titulares se regirá por lo establecido en la normativa reguladora de la expedición del pasaporte ordinario. Artículo 2. Órganos competentes para la gestión y expedición del pasaporte provisional. Corresponde la tramitación y la expedición de los pasaportes provisionales a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de carrera españolas. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía), con una periodicidad máxima de dos meses, por el procedimiento informático y telemático que se fije por ambos departamentos, las relaciones de pasaportes provisionales expedidos por las distintas representaciones diplomáticas y consulares. Artículo 3. Procedimiento de expedición. El pasaporte provisional será expedido a los españoles que lo soliciten ante las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares de carrera españolas y acrediten la necesidad urgente de su obtención, por no tener previsto regresar a España y no poder esperar a que les sea expedido un pasaporte ordinario. Los requisitos y el plazo de expedición serán los mismos que los establecidos en la normativa reguladora del pasaporte ordinario. Artículo 4. Validez del pasaporte provisional. El pasaporte provisional tendrá como máximo una validez improrrogable de doce meses, siéndole de aplicación las demás prescripciones que, sobre la validez, establece la normativa reguladora del pasaporte ordinario. Artículo 5. Características y descripción del pasaporte provisional. 1. El pasaporte provisional estará constituido por una libreta que, además de las cubiertas, tendrá 16 páginas numeradas correlativamente. El número de páginas del pasaporte irá indicado al pie de la última de ellas en castellano, francés e inglés. 2. Sus dimensiones serán de 88×125 milímetros, con un margen de tolerancia de 0,75 milímetros para cada uno de los lados. 3. La cubierta será de color verde figurando, en el orden que a continuación se detalla, las siguientes inscripciones: a) «ESPAÑA». b) La figura impresa del escudo de España. c) «PASAPORTE PROVISIONAL». 4. Cada pasaporte provisional contará con un número de serie que se repetirá en todas sus páginas, excepto en la primera y en la segunda, mediante perforación, aplicándose además en su confección cuantas medidas de seguridad se esti ### RESUMEN: La UE obliga a crear un pasaporte con datos biométricos. No tenemos medios. Nos inventamos uno provisional

Los requisitos para acceder a las subvenciones del plan PIVE-4

el art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre Real Decreto 575/2013, de 26 de julio La renovación de las flotas de transporte se ha mostrado como una de las más eficientes medidas para la reducción del consumo energético, con efectos adicionales positivos en materia ambiental y de seguridad vial. En este sentido las experiencias del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, en sus tres convocatorias (Planes PIVE, PIVE-2 y PIVE-3), establecidas mediante las Resoluciones de 28 de septiembre de 2012 y 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por las que se publicaron las de 24 de septiembre de 2012 y de 30 de enero de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, así como Real Decreto 575/2013, de 26 de julio con el objetivo de sustituir un total aproximado de 295.000 vehículos antiguos con las mismas unidades de vehículos nuevos, y cuyos fondos se han agotado en un periodo de tiempo muy inferior al inicialmente previsto en ambas convocatorias, indica la excelente acogida que ha supuesto este Programa. A su vez, estos Planes han permitido atenuar la fuerte caída de las ventas de vehículos en España asociadas a la crisis económica aliviando los efectos sociales en el sector, y ha supuesto otros efectos positivos en sectores como la publicidad, seguros, talleres, gestorías, concesionarios, etc., así como en el propio Indicador de Precios al Consumo (IPC) que permiten reafirmar lo acertado de su puesta en marcha. Sin embargo, las previsiones del mercado hacen recomendable mantener o potenciar este tipo de medidas, intensificando la renovación de la flota nacional para reducir la edad media de la misma con vehículos de alta eficiencia energética, favoreciendo el ahorro energético del sector transporte y mitigando sus efectos negativos sobre el medio ambiente. En este sentido, el Gobierno ha tomado la decisión de dotar un crédito extraordinario de 70 millones de euros para dar continuidad a este Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente en su cuarta convocatoria (Plan PIVE-4). En este real decreto se mantienen la mayoría de los criterios que ya figuraban en las precedentes convocatorias del Programa, relacionados con el límite de precio del vehículo a adquirir, la inclusión de los modelos de menor consumo absoluto, así como la inclusión de aquellos modelos con mayor capacidad de transporte de personas, si bien refuerzan los requisitos de comunicación y publicidad del nuevo Plan que deben cumplir los concesionarios o puntos de venta adheridos. Como novedad se incluye un apoyo especial para aquellos solicitantes que sean personas con discapacidad que acrediten su movilidad reducida y que adquieran un vehículo adaptado. Las subvenciones reguladas en el presente real decreto se conceden a los que reúna las condiciones para su obtención. Por el mero hecho de realizar el comportamiento establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá conceder la subvención siempre que las ayudas previamente adjudicadas no hayan sobrepasado la cantidad del presupuesto disponible. Ello determina que sean procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que es un procedimiento que se inicia de oficio, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, lo que no hace posible su convocatoria pública. Existen peculiares razones de interés público, social y económico para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo realice actuaciones de continuidad del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente mediante la concesión de subvenciones directas. Por ello a estas subvenciones les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado artículo 22.2.c). El presente real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo,con el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 25 de octubre de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación del procedimiento para la concesión directa de subvenciones para el «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» consistente en potenciar una disminución del consumo energético nacional mediante la incentivación de la modernización del parque de vehículos turismo (M1) y comerciales (N1) con modelos de alta eficiencia energética, con menor consumo de combustibles y emisiones de CO2, todo ello en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020). La finalidad de dichas subvenciones es facilitar y fomentar la retirada de la circulación de unos 70.000 vehículos con más de diez años de antigüedad para la categoría M1 y con más de siete años para la categoría N1. 2. A tal fin, las subvenciones a que se refiere este real decreto se concederán por la adquisición de vehículos nuevos de las categorías M1 y N1, que vaya acompañada de la baja definitiva en tráfico de otro vehículo, siempre que uno y otro reúnan los requisitos que en este real decreto se detallan. Artículo 2. Características y compatibilidad de las subvenciones. 1. Las subvenciones reguladas en el presente real decreto se otorgarán por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, como órgano concedente, a las solicitudes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en este real decreto, por orden de activación de la reserva de presupuesto, hasta agotarse el presupuesto disponible, o bien, si ocurriera antes, hasta que se alcance la fecha límite de vigencia de la presente convocatoria especificada en el artículo séptimo. 2. Las subvenciones previstas en el presente real decreto no serán compatibles, para un mismo vehículo, con las ayudas o subvenciones otorgadas en virtud de: a) La Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la de 24 de septiembre de 2012, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente («BOE» núm. 235, de 29 de septiembre de 2012). b) La Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la de 30 de enero de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)» («BOE» núm. 28, de 1 de febrero de 2013). c) Los Reales Decretos 89/2013, de 8 de febrero y 631/2013, de 2 de agosto, por los que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales («BOE» núm. 35, de 9 de febrero de 2013 y «BOE» núm. 185, de 3 de agosto de 2013). d) El Real Decreto 575/2013, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3)» («BOE» núm. 179, de 27 de julio de 2013). No obstante lo anterior, las subvenciones reguladas por el presente real decreto serán compatibles con el programa de ayudas otorgadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo al amparo de lo previsto en el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014 («BOE» núm. 101, de 27 de abril de 2013). 4. Asimismo estas subvenciones, a excepción de aquellas cuyos beneficiarios sean particulares, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no puedan emprender actividades económicas que repercutan en terceros, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379, de 28 de diciembre de 2006). A estos efectos, estos beneficiarios deberán presentar una declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, haciendo especial mención a las ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, así como de que la empresa no está en crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 244, de 1 de octubre de 2004), conforme con lo dispuesto en la solicitud de ayuda correspondiente. Artículo 3. Financiación. 1. La financiación de las subvenciones reguladas en el presente real decreto se realizará con cargo a las aportaciones recibidas por el IDAE procedentes del presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, partida 20.18.425A.746 «Al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» por importe de 70.000.000 euros. 2. Los remanentes del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)» y del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3)» se incorporarán al presupuesto del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)». 3. En cualquier caso, se considerará agotado el presupuesto disponible habilitado para la ejecución del presente Programa, cuando se efectúe la última reserva de presupuesto que totalice el importe correspondiente al mismo. Con posterioridad a ese momento, los puntos de venta adheridos al Programa podrán seguir activando provisionalmente reservas de presupuesto en la aplicación informática correspondiente, que serán atendidas por riguroso orden de activación de las mismas, supeditado a que se hayan producido anulaciones en reservas anteriores que liberen presupuesto. La posibilidad de continuar activando estas reservas finalizará definitivamente por resolución del Director General de IDAE que será comunicada a todos los puntos de venta adheridos. Por otra parte, los puntos de venta adheridos recibirán confirmación por parte de IDAE tanto de la inclusión de cada reserva provisional, supeditada a la anulación de reservas que liberen presupuesto, así como, en su caso, del momento en que la misma podrá ser atendida. En ningún caso, la reserva de presupuesto, señalada en este apartado, generará derecho alguno a la percepción de ayudas. Artículo 4. Vehículos subvencionables. 1. Las subvenciones se destinarán a la adquisición de vehículos nuevos de la categoría M1 (vehículos de motor con al menos cuatro ruedas diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros, que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo) o de la categoría N1 (vehículos cuya masa máxima no supere las 3,5 toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de mercancías), matriculados en España, y que cumplan los siguientes requisitos: a) Turismos de la categoría M1: 1.º Convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida (propulsados total o parcialmente mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos), que a la fecha de activación de la reserva de presupuesto se encuentren clasificados como clase A o B en la «Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos» publicada en la página web de IDAE, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información relativa al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento en territorio español. 2.º Eléctricos puros. 3.º Propulsados por motores de combustión interna que puedan utilizar combustibles fósiles alternativos (autogás –GLP– y Gas Natural) que figuren en la referida «Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos», y además, acrediten contar con emisiones de CO2 homologadas no superiores a 160 g/km (gramos por kilómetro). b) Comerciales ligeros de la categoría N1: 1.º Convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida propulsados total o parcialmente por medio de motores de combustión interna de gasolina, gasóleo, GLP y Gas Natural que, además, acrediten contar con emisiones de CO2 homologadas no superiores a 160 g/km (gramos por kilómetro). 2.º Eléctricos puros. c) Los vehículos turismos (M1) y comerciales (N1) con emisiones de CO2 iguales o inferiores a 120 g/km y que a la fecha de activación de la reserva de presupuesto se encuentren clasificados como clase A, B, C o D, en la «Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos». d) Sólo en el caso de que el solicitante sea una persona física, integrante de familia numerosa, vehículos de la categoría turismos (M1) dotados con más de cinco plazas que a la fecha de activación de la reserva de presupuesto se encuentren clasificados como clase A, B y C, en la «Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos», citada en este mismo punto en el párrafo a). e) Asimismo, será requisito necesario que el precio de adquisición de los vehículos objeto de apoyo, en el momento de solicitar las subvenciones, no supere los 25.000 euros, antes de IVA o IGIC, exceptuando el caso recogido en el apartado anterior y para el caso de que el solicitante sea una persona con discapacidad que acredite su movilidad reducida y que adquiera un vehículo adaptado, donde el precio de adquisición de los vehículos objeto de apoyo, en el momento de solicitar las subvenciones contempladas en estas bases, no deberá superar los 30.000 euros, antes de IVA o IGIC. Este requisito no resultará de aplicación a las subvenciones destinadas a la adquisición de vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables y de autonomía extendida. 2. Será requisito necesario que el adquirente titular del vehículo subvencionable acredite la baja definitiva en circulación del vehículo a achatarrar en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, mediante la presentación del correspondiente certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo, tal y como se recoge en el artículo 9 de este real decreto. El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 o N1, y estar matriculado en España con anterioridad a la fecha en que surta efectos el presente programa. Deberá contar además, en el caso de la categoría M1, con una antigüedad mayor a diez años y con una antigüedad mayor de siete años en el caso de vehículos de categoría N1, ambas contadas desde su fecha de primera matriculación hasta la fecha de activación de la correspondiente reserva de presupuesto de la solicitud de ayuda o hasta la fecha de matriculación del nuevo vehículo adquirido si esta última fuera anterior. El adquiriente titular del vehículo susceptible de ayuda deberá además ostentar la titularidad y propiedad del vehículo a achatarrar. 3. Las subvenciones se otorgarán por una sola vez, sin que quepa duplicidad en caso de sucesivas transmisiones del mismo vehículo. 4. Los vehículos de categoría M1, convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida (propulsados total o parcialmente mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos), susceptibles de ser apoyados en el marco del presente Programa deberán figurar en la Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos a la venta en España que, a tal efecto y mientras esté en vigor el Programa, se mantendrá actualizada y publicada en la página web de IDAE (www.idae.es), conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información relativa al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento en territorio español. La información contenida en esta base de datos no podrá ser utilizada para otro fin distinto que al objeto de solicitar las ayudas correspondientes al presente Programa, sin perjuicio de las infracciones y sanciones establecidas por el mencionado real decreto en cuanto al incumplimiento de cualquiera de sus preceptos. 5. Los fabricantes e importadores de vehículos que figuren en la Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos, se responsabilizarán de la veracidad de la información aportada a IDAE para que sus vehículos figuren en dicha base de datos, comprometiéndose a facilitar al IDAE las pruebas y documentación que éste pudiera requerir para su verificación. 6. No serán subvencionables aquellas adquisiciones de vehículos que no se realicen conforme a los requisitos anteriores, y en particular las realizadas fuera del plazo establecido en el artículo 7 de este real decreto, las realizadas en puntos de venta no adheridos al Programa o las que no vayan acompañadas de la documentación a que se refiere el artículo 9. 7. La ayuda se limitará a la adquisición de un único vehículo por beneficiario. 8. En todo caso, tanto la matriculación del vehículo subvencionable, como la expedición del certificado acreditativo de la baja definitiva en tráfico del vehículo a achatarrar, no deberá haberse producido con anterioridad a la fecha en que surta efectos el Programa, de acuerdo con lo recogido en el artículo 7 de este real decreto. Artículo 5. Cuantía. 1. Las subvenciones reguladas en el presente real decreto para la adquisición de vehículos de categoría M1 y N1 especificados en el artículo 4 estarán condicionadas a la aplicación en la factura de compraventa correspondiente, por parte del punto de venta adherido al programa, de un descuento mínimo de 1.000 euros por vehículo, realizado por el fabricante/importador o punto de venta del vehículo adquirido. La cuantía de la ayuda pública aportada por el IDAE en este programa será de 1.000 euros por vehículo. Esta ayuda ascenderá hasta 1.500 euros por vehículo en el caso de vehículos de categoría turismo (M1) de más de cinco plazas, señalados en el artículo 4.1.d), siempre que el solicitante sea una persona física integrante de una familia numerosa, de acuerdo con los artículos 2 y 3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y se acredite tal extremo conforme a lo dispuesto por el artículo 9. Del mismo modo, esta ayuda se aplicará para el caso de que el solicitante sea una persona con discapacidad que acredite su movilidad reducida y que adquiera un vehículo adaptado. 2. Teniendo en cuenta lo referido en los párrafos anteriores de este artículo, el descuento total que deberá figurar en la factura con cargo al Programa será, como mínimo, de 2.000 euros: un descuento mínimo de 1.000 euros, aplicado antes de impuestos y a cargo del fabricante/importador o comercializador/punto de venta del vehículo adquirido, al que se añaden otros 1.000 euros por vehículo después de impuestos, a cargo del presupuesto de la ayuda. En el caso de personas con discapacidad que acrediten su movilidad reducida y de vehículos turismo (M1) de más de cinco plazas, señalados en el artículo 4.1.d), y sólo para el caso de solicitantes integrantes de familias numerosas, el descuento total que deberá figurar en la factura con cargo al programa será, como mínimo, de 3.000 euros; un descuento mínimo de 1.500 euros, aplicado antes de impuestos y a cargo del fabricante/importador o comercializador/punto de venta del vehículo adquirido, al que se añaden otros 1.500 euros por vehículo después de impuestos, a cargo del presupuesto del Programa. Artículo 6. Beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en este programa: a) Las personas físicas. En el caso de los profesionales autónomos habrán de estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. b) Las microempresas, entendiendo por tales aquellas empresas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo importe neto de la cifra anual de negocios o total de las partidas del activo no supera los 2 millones de euros, computándose los límites de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías). c) Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) definidas de acuerdo con lo establecido en el mencionado anexo I del Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión y que cumplan los siguientes requisitos: 1.º Que empleen a menos de 250 personas. 2.º Que su importe neto de la cifra anual de negocios no exceda de 50 millones de euros, o el total de las partidas del activo no exceda de 43 millones de euros. Los criterios señalados en los puntos anteriores para las microempresas y pymes, que deberán cumplir los potenciales beneficiarios, deberán ser los correspondientes al último ejercicio contable cerrado antes de la fecha de solicitud de subvención. Si a la fecha de publicación de la presente convocatoria, alguna empresa no dispusiera de ejercicio contable cerrado, la concesión de la subvención quedará condicionada a que, en la primera fecha de cierre contable, se cumplieran los citados límites. 2. No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de subvención, declaración responsable al respecto. 3. El beneficiario deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, lo que se acreditará mediante declaración responsable que suscribirá junto con la solicitud de la subvención, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11. Artículo 7. Plazos. El Programa surtirá efectos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente real decreto y finalizará seis meses después de dicha fecha, o, si ocurriera antes, cuando se agote el presupuesto disponible establecido en el artículo 3. A partir de la fecha en que surta efectos el Programa se podrán, por tanto, realizar operaciones de adquisición de vehículos, susceptibles de ser acogidas al Programa. Estas operaciones serán validadas siempre y cuando se activen sus reservas de presupuesto y se realicen las correspondientes solicitudes de ayuda por el punto de venta adherido al Programa, conforme a los términos y condiciones establecidos por el presente real decreto. Artículo 8. Procedimiento. Las solicitudes de las subvenciones establecidas en el presente real decreto se canalizarán necesariamente a través de los puntos de venta de vehículos previamente adheridos al Programa, según el siguiente procedimiento: a) Los puntos de venta de vehículos que deseen participar en el presente Programa deberán encontrarse adheridos al mismo, conforme a lo establecido en el artículo 12 de este real decreto. La utilización de las claves de acceso a la aplicación informática del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 4)», facilitadas por el IDAE a los concesionarios ya adheridos con anterioridad al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3)», supondrá la confirmación de su adhesión al Programa PIVE 4. Con dicha adhesión, los puntos de venta aceptan y se comprometen al cumplimiento del contenido íntegro del presente real decreto. b) Los interesados en las subvenciones podrán conocer, para cada código postal, el listado actualizado y ubicación de los puntos de venta adheridos al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)», así como los vehículos susceptibles de ayudas en la Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos, en la página web del IDAE. c) El potencial beneficiario se dirigirá a un punto de venta adherido al Programa y elegirá cualquiera de los vehículos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de este real decreto. El punto de venta de vehículos, con sus claves de acceso que le identifican como adherido al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)», podrá comprobar, en tiempo real a través de la aplicación informática creada al efecto y ubicada en la página web del IDAE, el volumen de fondos disponible dentro del Programa y efectuar, en su caso, la correspondiente reserva de presupuesto y solicitud de ayuda. d) Para efectuar la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido deberá cumplimentar, de forma electrónica, los datos básicos de la operación relativos al beneficiario, vehículo adquirido y vehículo a achatarrar que la aplicación informática diseñada para tal efecto le pedirá para realizar la solicitud de subvención. Una vez efectuada la reserva, el punto de venta adherido recibirá un correo electrónico, dirigido a la dirección aportada para tal efecto, confirmando la reserva de presupuesto realizada para la correspondiente solicitud. Cada reserva de presupuesto no podrá comprender más de un mismo vehículo ni más de un mismo beneficiario. e) En el correo electrónico de confirmación de la reserva de presupuesto, el punto de venta recibirá, como documento adjunto, el pdf de ficha de la solicitud de ayuda para adquisición del vehículo correspondiente a la operación planteada. El punto de venta procederá a imprimir por triplicado dicha solicitud. f) El punto de venta de vehículos adherido al Programa deberá ofertar el precio del vehículo aplicando sobre la factura, antes de impuestos, el descuento correspondiente realizado por el fabricante o importador, recogido en el artículo 5.1 de este real decreto y aplicando, a continuación, después de impuestos, la ayuda del Programa PIVE-4, tal y como se recoge en el artículo 5.2. g) El punto de venta adherido procederá a verificar que el comprador es un sujeto que cumple los requisitos del artículo 6 de este real decreto con carácter previo a la venta del vehículo al potencial beneficiario. El punto de venta deberá recopilar del beneficiario toda la documentación contemplada en el artículo 9. Una vez hecho, debe cargarlos en la aplicación informática del Programa e introducir los registros que no figuraban previamente en la activación de la reserva del presupuesto de la solicitud de ayuda, correspondientes a la matrícula y fecha de matriculación del vehículo nuevo adquirido. Esta solicitud habrá de ser firmada por el beneficiario y firmada y sellada por el punto de venta adherido al Programa, quedándose cada uno de ellos con un original. La tercera copia original deberá conservarse asimismo por el punto de venta adherido a los efectos de lo establecido en el artículo 10.6. h) Teniendo en cuenta que el periodo máximo entre la activación de la reserva de presupuesto y la puesta a disposición del beneficiario de un vehículo nuevo no debe ser superior a 90 días hábiles, toda reserva de ayudas con duración superior a 105 días hábiles, contados desde la fecha de activación de la reserva de presupuesto, será automáticamente anulada, previa información al punto de venta. i) En el caso de que la documentación cargada telemáticamente en la aplicación no reuniera los requisitos exigidos, se podrá requerir al solicitante y/o punto de venta para que en un plazo de 15 días hábiles subsane la deficiencia. El incumplimiento de este plazo de subsanación supondrá la inadmisión de la correspondiente solicitud y la anulación automática de la activación de la reserva de presupuesto. j) Comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones, el IDAE procederá a transferir el importe de la ayuda al punto de venta adherido a través de la cuenta corriente bancaria establecida a tal efecto. Artículo 9. Documentación a entregar por el comprador/beneficiario al punto de venta de vehículos. Los solicitantes de la ayuda deberán facilitar al punto de venta adherido, en el momento de la adquisición del vehículo susceptible de ayuda, su nombre o razón social completa, nacionalidad, documento nacional de identidad (DNI), Número de Identidad de Extranjero (NIE) o Número de Identificación Fiscal (NIF), y dirección, al objeto de ser incorporados a la aplicación informática, aportando adicionalmente la siguiente documentación: a) Fotocopia del DNI o N.I.E. del particular o persona física o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica (en vigor), salvo que el interesado presté su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por IDAE mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad establecido en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. b) En el caso de profesionales autónomos, certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. c) En el caso de solicitante, persona física, integrante de familia numerosa, fotocopia del título oficial vigente de familia numerosa. En el caso de persona discapacitadas que acrediten su movilidad reducida, certificado que emiten los órganos de valoración competentes de las comunidades autónomas o el IMSERSO. d) Fotocopia del «Certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo», por parte del correspondiente Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), en nombre de la Dirección General de Tráfico o, en su defecto, informe del Registro General de Vehículos de la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, que acredite la baja definitiva. e) Fotocopia de la Ficha Técnica del vehículo achatarrado donde conste la fecha de primera matriculación y su matriculación en España y fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo. En ausencia de cualquiera de estos documentos, se aportará el Informe de la Dirección General de Tráfico con el historial del vehículo. f) Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo adquirido. En aquellos vehículos donde no sea obligatoria la cifra de emisiones de CO2/km en la Ficha Técnica, así como en los vehículos de GLP y Gas Natural, se deberá aportar un Certificado oficial de emisiones de CO2 del fabricante. En el caso de los vehículos adaptados para personas de movilidad reducida, la ficha técnica del vehículo adquirido deberá reflejar la adaptación realizada. g) Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido o fotocopia del Permiso de Circulación provisional emitido por la Dirección General de Tráfico. h) Fotocopia de la factura de compra en la que se desglose: precio franco fábrica, otros costes, descuento del fabricante o punto de venta por el «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» (mínimo 1.000 euros), otros descuentos, precio del vehículo antes de IVA o IGIC, precio después de impuestos, ayuda pública por importe de 1.000 euros aportada con cargo al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» y total a pagar por el beneficiario adquirente. En el caso de personas con discapacidad que acrediten su movilidad reducida y de que el potencial beneficiario sea miembro de familia numerosa y el vehículo adquirido se enmarque en la tipología señalada en el artículo 4.1.d), la fotocopia de la factura de compra del vehículo deberá reflejar el siguiente desglose: precio franco fábrica, otros costes, descuento del fabricante o punto de venta por el «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» (mínimo 1.500 euros), otros descuentos, precio del vehículo antes de IVA o IGIC, precio después de impuestos, subvención pública por importe de 1.500 euros aportada con cargo al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» y total a pagar por el beneficiario adquirente. En la factura, deberá constar además la matrícula o bastidor, marca, modelo y versión del vehículo adquirido, así como su clase energética (en los vehículos M1) o sus emisiones de CO2/km (en los vehículos N1). Artículo 10. Tramitación de la ayuda por el punto de venta de vehículos. 1. Los puntos de venta de vehículos adheridos al presente Programa efectuarán, en el momento de realizar la venta del vehículo subvencionable, el descuento y deducción en el precio de adquisición a que se refiere el artículo 5.3. La deducción del importe de la subvención tendrá la consideración de anticipo de la misma, condicionado a la comprobación de la documentación requerida. 2. La activación de la reserva de presupuesto para la solicitud de ayuda será cumplimentada por el punto de venta a través de la aplicación informática establecida al efecto, comprobando y rellenando en dicha aplicación los datos identificativos del solicitante que figuren en su DNI, NIE o N.I.F. La validez del documento de activación de la reserva se encuentra condicionada a la veracidad de todos y cada uno de los datos cumplimentados en el mismo. En caso de cancelación voluntaria de la reserva de presupuesto por parte del beneficiario, el punto de venta procederá a remitir al IDAE un correo electrónico con la identificación de la reserva y los datos del solicitante (nombre y DNI, N.I.E. o N.I.F.) a la dirección [email protected]. 3. Al efectuar una reserva de presupuesto, el punto de venta deberá seguir las indicaciones de la aplicación, introduciendo los datos que se le solicitan en relación con el vehículo a achatarrar y el tipo de vehículo a adquirir Adicionalmente, recabará del comprador la documentación que se indica en el artículo 9. 4. Tras cumplimentar los datos solicitados por la aplicación para la solicitud de ayuda, el punto de venta recibirá por correo electrónico la correspondiente confirmación de la activación de la reserva de presupuesto, correspondiente a la solicitud de ayuda. 5. Realizada la venta y una vez verificado el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, el punto de venta cargará, en los correspondientes espacios habilitados para tal efecto en la aplicación informática, señalando al efecto que el único formato admitido para la carga de los documentos es el pdf, la siguiente documentación debidamente escaneada: a) La relativa al beneficiario indicada en el artículo 9. b) La factura de venta, que deberá cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y demás normativa vigente. En dicha factura, además, deberá constar, explícitamente: 1. Datos del vehículo adquirido: matrícula o bastidor, marca, modelo, versión y clase energética o emisiones de CO2/km. 2. Desglose del coste del vehículo: precio franco fábrica, otros costes o impuestos, descuento del fabricante asociado al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)», otros descuentos, precio del vehículo antes de IVA o IGIC, precio después de impuestos, ayuda aplicada conforme a las cuantías señaladas en el artículo 5, especificando para este concepto la subvención del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» y Total a Pagar o Total Factura. Tras cargar en la aplicación la documentación aportada y cumplimentar en la misma los posibles datos adicionales requeridos para la solicitud de subvención (matrícula y fecha de matriculación del vehículo nuevo adquirido), el punto de venta recibirá por correo electrónico el documento de solicitud de ayuda. El punto de venta imprimirá entonces tres ejemplares del documento de solicitud y procederá a su correspondiente firma y sellado, recabando asimismo la firma del comprador. 6. IDAE podrá solicitar, en cualquier momento, durante el plazo de prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, la remisión de los originales de los justificantes o documentación aportada que estime oportuna. Procederá, en su caso, el reintegro de la subvención por el punto de venta adherido, en los términos establecidos por el artículo 13, si éste no aportase tales originales en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al que IDAE le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la subvención otorgada. Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios y puntos de venta. Serán obligaciones de los beneficiarios y puntos de venta adheridos: a) Seguir la metodología y el procedimiento establecidos en el presente real decreto, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la ayuda, y conservando los justificantes y documentación correspondiente acreditativa de tales extremos, en los términos previstos por el artículo 10.6. b) Someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera llevar a cabo el IDAE y, en su caso, a las actuaciones de control financiero que correspondan a la Intervención General del Estado en relación con las ayudas otorgadas. c) Cumplir con los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre los cuales se encuentran las de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes. A estos efectos, el beneficiario y el representante del punto de venta adherido suscribirán, junto con sus solicitudes de ayuda y de adhesión respectivas, declaraciones responsables al respecto. No obstante, en el caso de los puntos de venta adheridos, cuando superen un importe de 3.000 euros en el conjunto de solicitudes de ayudas que tramiten, estarán obligados a aportar certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social conforme a lo previsto por el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Artículo 12. Adhesión de puntos de venta de vehículos y obligaciones. 1. Podrán ser puntos de venta adheridos en el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4), las empresas autorizadas para la comercialización de vehículos que operen en el Estado español y que acrediten estar dados de alta para tal fin mediante el número de registro industrial identificativo del establecimiento. 2. Los puntos de venta interesados en participar y colaborar en el «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)», deberán entrar en la página del Programa que se ubicará en la web del IDAE (www.idae.es) y registrarse a tal efecto siguiendo las indicaciones de la aplicación informática. Después de registrarse, deberán cumplimentar los datos básicos que la aplicación requiere para generar la correspondiente ficha de adhesión. Una vez terminado el proceso de introducción de datos en la aplicación, se remitirá un correo electrónico al punto de venta correspondiente con un fichero que contendrá la solicitud de adhesión de punto de venta de vehículos. El concesionario o punto de venta firmará y sellará dicha solicitud y remitirá la misma por correo electrónico, adjuntando los documentos que se indican en el correo recibido con dicha solicitud. Los concesionarios o puntos de venta ya adheridos con anterioridad al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 3)» establecido mediante Real Decreto 575/2013, de 26 de julio, se considerarán automáticamente adheridos, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social así como no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando comprometidos al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente real decreto, salvo renuncia expresa. Sin embargo, los concesionarios o puntos de venta no adheridos con anterioridad al referido «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 3)» o que, habiendo estado adheridos al mismo, hubieran sufrido, después de su adhesión, modificaciones en los datos o documentos aportados, tendrán que remitir, además de la ficha de solicitud de adhesión, los siguientes documentos: 1.º Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente. 2.º Fotocopia del DNI en vigor de la persona firmante y poder de representación en caso de que el punto de venta sea persona jurídica. 3.º Fotocopia acreditativa del Número de Registro Industrial identificativo del establecimiento o certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. 4.º Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones con  la Seguridad Social. Quedarán eximidos de aportar la documentación relativa a los datos que figuren en el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, regulado por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril, todos aquellos puntos de venta que así lo hubieran hecho constar en el formulario de solicitud, especificando la documentación y datos que se encuentren inscritos en dicho Registro. 3. Examinada la documentación aportada, si ésta no reúne los requisitos exigidos se requerirá al punto de venta para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación necesaria con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su solicitud de adhesión al Programa. 4. Una vez admitida por el IDAE la adhesión del punto de venta al Programa, se hará efectivo el alta del punto de venta como centro adherido al PIVE-4, informándose a tal efecto mediante correo electrónico. A partir de este momento, podrá acceder al sistema informático de activación de reservas de presupuesto y solicitudes de ayuda usando su clave y contraseña. 5. El listado de los puntos de venta adheridos al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» se publicará en la página web del IDAE y se actualizará de forma continua, recogiendo los puntos de venta que se adhieran, una vez sea validada por el IDAE la correspondiente documentación a remitir por los mismos. 6. Serán obligaciones adicionales de los puntos de venta adheridos al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)», sin perjuicio del resto de obligaciones establecidas en el presente real decreto: a) Informar a los solicitantes de las subvenciones de las ventajas de los vehículos subvencionables del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)». b) Realizar el descuento del comercializador o fabricante así como la deducción, después de impuestos, del importe de la ayuda correspondiente al vehículo adquirido con motivo del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)», conforme a lo establecido en el artículo 5.3; y entregar a los beneficiarios una copia justificativa de la solicitud de ayuda formulada en su nombre, así como la factura original donde consten los descuentos realizados. c) Seguir la metodología y procedimientos establecidos en este real decreto así como las instrucciones que al respecto, en caso de duda o conflicto, pudiera efectuar el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía mediante resolución de su Director General. d) Colaborar activamente en la difusión y apoyo de los objetivos del Programa relativos a dar a conocer y difundir la existencia de vehículos de alta eficiencia energética que se apoyan en el mismo, así como a la sensibilización hacia el ahorro y la eficiencia energética en el transporte. e) Mostrar en lugar visible, dentro de cada una de instalaciones comerciales del concesionario o punto de venta adherido, el logotipo del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)», así como los soportes publicitarios que se señalan a continuación. El IDAE realizará el diseño de la imagen del Plan (logotipo, lema, usos, etc.) y su correspondiente «Manual de aplicación» en los formatos, variantes y/o adaptaciones necesarias (color, B/N, vertical, horizontal, etc.), que facilitará a los concesionarios adheridos al Programa para su implementación. Los soportes publicitarios serán, como mínimo: ● En la entrada del establecimiento: Cartel en tamaño mínimo DIN-A3 con la expresión «establecimiento adherido» que acompañará al logo PIVE-4. ● En el interior del establecimiento: cartel DISPLAY en suelo de dimensiones 80 × 130 cm, en color a 4/0 tintas sobre cartoncillo de 300 g con plastificado brillo en cara visible y soporte cartón para su sujeción en vertical. ● En todos aquellos soportes que sean utilizados para transmitir la comunicación (spots tv, gráficas de prensa, Internet, etc.), el logo «Plan PIVE-4». ● En medios sonoros, como canales de radio, se hará clara referencia al mismo mediante el uso de la expresión (en on o en off) «PLAN PIVE CUATRO». f) Tramitar, cumplimentar y remitir al IDAE las correspondientes solicitudes de ayudas de acuerdo con el procedimiento, plazos y requisitos recogidos en este real decreto. Artículo 13. Causas de reintegro de las subvenciones. 1. Darán lugar a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas las causas de invalidez de la resolución de concesión recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También procederá el reintegro, total o parcial, y la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la citada ley, así como en los demás previstos en las disposiciones señaladas en el artículo 2 de este real decreto. 2. En el caso de incumplimientos parciales IDAE determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con la letra n) del apartado 3 del artículo 17 de dicha ley. Artículo 14. Publicidad. Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las subvenciones reguladas por el presente real decreto, deberá incluir que ha sido apoyada por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía con arreglo al Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4) tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículo 15. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 1. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los puntos de venta de vehículos adheridos al «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)», quedarán expresamente obligados a mantener estricta confidencialidad sobre cualquier dato de carácter personal que pudieran obtener con ocasión de las actividades a desarrollar en virtud de este real decreto, por lo que no podrán copiarlos o utilizarlos con fines distintos a los que figuran en el mismo ni tampoco cederlos a otras personas distintas de IDAE, ni siquiera a efectos de conservación. 2. Por otra parte, la información y datos de carácter personal que reciba IDAE por parte de cualquier solicitante, beneficiario, interesado o punto de venta adherido al programa, en general, también tendrá carácter confidencial, y serán recogidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para ser incorporados, respectivamente, a los ficheros automatizados titularidad y responsabilidad del mismo: «PIVEPUNTOSVENTA», «PUNTOSVENTAVEHÍCULOS» y «PIVEBENEFICIARIOS», con la finalidad de verificar el cumplimiento, control y seguimiento de las obligaciones establecidas por las presentes bases. Los interesados podrán ejercer personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito remitido a la Secretaría General del IDAE, calle Madera número 8, 28004-Madrid. 3. La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo del presente real decreto se comunicará a la Base Nacional de Subvenciones en los términos en que se establece dicha obligación por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 4. No obstante lo anterior, y con la formalización de su aceptación de las presentes bases, en la forma establecida por las mismas, los puntos de venta de vehículos correspondientes aceptan la publicación de sus datos identificativos en la página web de IDAE, a los efectos previstos en las mismas. Artículo 16. Régimen jurídico. Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, en lo que corresponda, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, y demás disposiciones que resulten de aplicación. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 25 de octubre de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ

el art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre Real Decreto 575/2013, de 26 de julio La renovación de las flotas de transporte se ha mostrado como una de las más eficientes medidas para la reducción del consumo energético, con efectos adicionales positivos en materia ambiental y de seguridad vial. En este sentido las experiencias del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, en sus tres convocatorias (Planes PIVE, PIVE-2 y PIVE-3), establecidas mediante las Resoluciones de 28 de septiembre de 2012 y 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por las que se publicaron las de 24 de septiembre de 2012 y de 30 de enero de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, así como Real Decreto 575/2013, de 26 de julio con el objetivo de sustituir un total aproximado de 295.000 vehículos antiguos con las mismas unidades de vehículos nuevos, y cuyos fondos se han agotado en un periodo de tiempo muy inferior al inicialmente previsto en ambas convocatorias, indica la excelente acogida que ha supuesto este Programa. A su vez, estos Planes han permitido atenuar la fuerte caída de las ventas de vehículos en España asociadas a la crisis económica aliviando los efectos sociales en el sector, y ha supuesto otros efectos positivos en sectores como la publicidad, seguros, talleres, gestorías, concesionarios, etc., así como en el propio Indicador de Precios al Consumo (IPC) que permiten reafirmar lo acertado de su puesta en marcha. Sin embargo, las previsiones del mercado hacen recomendable mantener o potenciar este tipo de medidas, intensificando la renovación de la flota nacional para reducir la edad media de la misma con vehículos de alta eficiencia energética, favoreciendo el ahorro energético del sector transporte y mitigando sus efectos negativos sobre el medio ambiente. En este sentido, el Gobierno ha tomado la decisión de dotar un crédito extraordinario de 70 millones de euros para dar continuidad a este Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente en su cuarta convocatoria (Plan PIVE-4). En este real decreto se mantienen la mayoría de los criterios que ya figuraban en las precedentes convocatorias del Programa, relacionados con el límite de precio del vehículo a adquirir, la inclusión de los modelos de menor consumo absoluto, así como la inclusión de aquellos modelos con mayor capacidad de transporte de personas, si bien refuerzan los requisitos de comunicación y publicidad del nuevo Plan que deben cumplir los concesionarios o puntos de venta adheridos. Como novedad se incluye un apoyo especial para aquellos solicitantes que sean personas con discapacidad que acrediten su movilidad reducida y que adquieran un vehículo adaptado. Las subvenciones reguladas en el presente real decreto se conceden a los que reúna las condiciones para su obtención. Por el mero hecho de realizar el comportamiento establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá conceder la subvención siempre que las ayudas previamente adjudicadas no hayan sobrepasado la cantidad del presupuesto disponible. Ello determina que sean procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que es un procedimiento que se inicia de oficio, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, lo que no hace posible su convocatoria pública. Existen peculiares razones de interés público, social y económico para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo realice actuaciones de continuidad del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente mediante la concesión de subvenciones directas. Por ello a estas subvenciones les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado artículo 22.2.c). El presente real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo,con el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 25 de octubre de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación del procedimiento para la concesión directa de subvenciones para el «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» consistente en potenciar una disminución del consumo energético nacional mediante la incentivación de la modernización del parque de vehículos turismo (M1) y comerciales (N1) con modelos de alta eficiencia energética, con menor consumo de combustibles y emisiones de CO2, todo ello en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020). La finalidad de dichas subvenciones es facilitar y fomentar la retirada de la circulación de unos 70.000 vehículos con más de diez años de antigüedad para la categoría M1 y con más de siete años para la categoría N1. 2. A tal fin, las subvenciones a que se refiere este real decreto se concederán por la adquisición de vehículos nuevos de las categorías M1 y N1, que vaya acompañada de la baja definitiva en tráfico de otro vehículo, siempre que uno y otro reúnan los requisitos que en este real decreto se detallan. Artículo 2. Características y compatibilidad de las subvenciones. 1. Las subvenciones reguladas en el presente real decreto se otorgarán por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, como órgano concedente, a las solicitudes que cumplan con todos y cada u ### RESUMEN: Los requisitos para acceder a las subvenciones del plan PIVE-4

Interior retira ahora la condición de funcionario a un policía condenado en septiembre por agresiones sexuales

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia número 370/2012, de 20 de septiembre de 2012, declarada firme, condenó al Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía don Antonio Izquierdo Sánchez, con DNI número 51.407.615, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, como autor de un delito de agresión sexual a la pena, entre otras, de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de Policía, y dos delitos de abuso sexual, a las penas, entre otras, de seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de Policía por cada uno de ellos. Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, «la pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia». Esta Secretaría de Estado dispone: Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Antonio Izquierdo Sánchez. Madrid, 15 de febrero de 2013.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia número 370/2012, de 20 de septiembre de 2012, declarada firme, condenó al Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía don Antonio Izquierdo Sánchez, con DNI número 51.407.615, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, como autor de un delito de agresión sexual a la pena, entre otras, de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de Policía, y dos delitos de abuso sexual, a las penas, entre otras, de seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de Policía por cada uno de ellos. Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, «la pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia». Esta Secretaría de Estado dispone: Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Antonio Izquierdo Sánchez. Madrid, 15 de febrero de 2013.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez. ### RESUMEN: Interior retira ahora la condición de funcionario a un policía condenado en septiembre por agresiones sexuales

Subvenciones 2010/2011 a empresas que dieron empleo en trabajos alternativos para la cuenca minera

El Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, sobre reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las zonas mineras contemplaba un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el potencial crecimiento de las zonas afectadas. Entre ellas, el citado real decreto establecía en su capítulo V una serie de ayudas destinadas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras. La Orden ITC/1044/2007, de 12 de abril («BOE» número 95, de 20 de abril de 2007), estableció las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la inversión empresarial para la generación de empleo contempladas en el capítulo V del referido real decreto, para el período 2007-2012. Su objetivo fundamental es el de promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón y su entorno con el fin último de generar actividades económicas alternativas a la minería del carbón con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo en dichas zonas. El régimen de ayudas tenía la condición de transparente a efectos de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1626/2006 de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas regionales a la inversión. Por tanto, estaba exento de la obligación de notificación a la Comisión Europea, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del citado Reglamento comunitario. El presupuesto destinado a estas ayudas se recoge en el concepto 20.101.423M.771 dentro del aprobado para el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. La Orden ITC/2237/2009, de 31 de julio («BOE» número 195, de 13 de agosto de 2009), estableció las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a facilitar pequeñas iniciativas empresariales, bajo la condición de ayudas de mínimis acogidas al Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006. Este régimen de ayudas se aprobó para el período 2009-2012 y complementaba las medidas de apoyo anteriormente descritas. El presupuesto destinado a estas ayudas se recoge en el concepto 20.101.423M.772 dentro del aprobado para el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. El artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone que los órganos administrativos concedentes publicarán el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas en cada período con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención. El artículo 30 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba al Reglamento de la Ley General de Subvenciones, establece que en la publicación deberá expresarse, además, la existencia de financiación con cargo a fondos de la Unión Europea, el número de identificación fiscal de los beneficiarios y, en el caso de subvenciones plurianuales, el importe total concedido y la distribución de anualidades. Estas circunstancias se recogen en el anexo que acompaña a la presente resolución. A lo largo de los años 2010 y 2011 se aprobaron con carácter definitivo ayudas cuyo detalle figura en los anexos de la presente resolución, destinadas a financiar la realización de proyectos empresariales generadores de empleo alternativo a la minería del carbón, localizados en municipios de las cuencas mineras de afectadas por la reestructuración del citado sector, con cargo a las Aplicaciones Presupuestarias del Instituto números 20.101.423M.771 y 20.101.423M.772. Durante el año 2012 no se produjeron convocatorias de ayudas, y el 31 de diciembre de este año finalizó la vigencia de ambos regímenes. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las ayudas aprobadas con carácter definitivo durante los años 2010 y 2011, concedidas para la financiación de proyectos de inversión destinados a fomentar el desarrollo alternativo de las zonas afectadas por la reestructuración de la minería del carbón. En el anexo a la presente resolución figuran la relación de empresas beneficiarias de las ayudas y el importe concedido a cada una de ellas. Madrid, 21 de octubre de 2013.–El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Alberto Nadal Belda.

El Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, sobre reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las zonas mineras contemplaba un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el potencial crecimiento de las zonas afectadas. Entre ellas, el citado real decreto establecía en su capítulo V una serie de ayudas destinadas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras. La Orden ITC/1044/2007, de 12 de abril («BOE» número 95, de 20 de abril de 2007), estableció las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la inversión empresarial para la generación de empleo contempladas en el capítulo V del referido real decreto, para el período 2007-2012. Su objetivo fundamental es el de promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón y su entorno con el fin último de generar actividades económicas alternativas a la minería del carbón con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo en dichas zonas. El régimen de ayudas tenía la condición de transparente a efectos de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1626/2006 de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas regionales a la inversión. Por tanto, estaba exento de la obligación de notificación a la Comisión Europea, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del citado Reglamento comunitario. El presupuesto destinado a estas ayudas se recoge en el concepto 20.101.423M.771 dentro del aprobado para el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. La Orden ITC/2237/2009, de 31 de julio («BOE» número 195, de 13 de agosto de 2009), estableció las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a facilitar pequeñas iniciativas empresariales, bajo la condición de ayudas de mínimis acogidas al Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006. Este régimen de ayudas se aprobó para el período 2009-2012 y complementaba las medidas de apoyo anteriormente descritas. El presupuesto destinado a estas ayudas se recoge en el concepto 20.101.423M.772 dentro del aprobado para el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. El artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone que los órganos administrativos concedentes publicarán el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas en cada período con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención. El artículo 30 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba al Reglamento de la Ley General de Subvenciones, establece que en la publicación deberá expresarse, además, la existencia de financiación con cargo a fondos de la Unión Europea, el número de identificación fiscal de los beneficiarios y, en el caso de subvenciones plurianuales, el importe total concedido y la distribución de anualidades. Estas circunstancias se recogen en el anexo que acompaña a la presente resolución. A lo largo de los años 2010 y 2011 se aprobaron con carácter definitivo ayudas cuyo detalle figura en los anexos de la presente resolución, destinadas a financiar la realización de proyectos empresariales generadores de empleo alternativo a la minería del carbón, localizados en municipios de las cuencas mineras de afectadas por la reestructuración del citado sector, con cargo a las Aplicaciones Presupuestarias del Instituto números 20.101.423M.771 y 20.101.423M.772. Durante el año 2012 no se produjeron convocatorias de ayudas, y el 31 de diciembre de este año finalizó la vigencia de ambos regímenes. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las ayudas aprobadas con carácter definitivo durante los años 2010 y 2011, concedidas para la financiación de proyectos de inversión destinados a fomentar el desarrollo alternativo de las zonas afectadas por la reestructuración de la minería del carbón. En el anexo a la presente resolución figuran la relación de empresas beneficiarias de las ayudas y el importe concedido a cada una de ellas. Madrid, 21 de octubre de 2013.–El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Alberto Nadal Belda. ### RESUMEN: Subvenciones 2010/2011 a empresas que dieron empleo en trabajos alternativos para la cuenca minera

Convenio de Barcelona Mobile World Capital: 40% Estado, 20% Generalitat., 20% Ajuntament de Barcelona, 20% Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation). Además de beneficios fiscales enormes

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona y la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation para la creación del Consorcio «Barcelona Mobile World Capital» y la aprobación de los Estatutos a fin de dar cumplimiento a la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, para el desarrollo del programa Barcelona Mobile World Capital, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 22 de febrero de 2013.–El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez Martín. ANEXO Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona y la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation para la creación del consorcio «Barcelona Mobile World Capital» y la aprobación de los estatutos a fin de dar cumplimiento a la disposición adicional sexagésima segunda de la ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, para el desarrollo del programa Barcelona Mobile World Capital En Madrid y Barcelona a 14 de febrero de 2013. REUNIDOS De una parte, la Sra. doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por delegación del Ministro (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio). El Sr. don Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, nombrado por Real Decreto 2007/2011, de 30 de diciembre y por delegación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, conforme a la disposición cuarta de la Orden IET/556/2012, de 12 de marzo. De otra parte, el Sr. don Felip Puig i Godes, en representación de la Generalitat de Catalunya, como Consejero de Empresa y Empleo de acuerdo con el Decreto 166/2012, de 27 de diciembre. El Excmo. Sr. don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Alcalde del Ajuntament de Barcelona, con la asistencia del Secretario General de la Corporación, Sr. don Jordi Cases i Pallarès, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. El Sr. don Agustín Cordón Barrenechea, en representación de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, en uso de las facultades que le atribuye el acuerdo del Patronato de fecha 20 de julio de 2012. Todos se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio, y a tal efecto convienen en la necesidad de suscribir el presente Convenio de colaboración con objeto de crear el Consorcio «Barcelona Mobile World Capital» que desarrolle las funciones previstas en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y concretadas en la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en lo que concierne a la organización del acontecimiento de excepcional interés público «Barcelona Mobile World Capital» y a su programa de actuaciones y actividades. Por lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes: CLÁUSULAS Primera. El presente Convenio tiene por finalidad la creación del Consorcio «Barcelona Mobile World Capital» en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y a la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Segunda. Los estatutos del Consorcio se incluyen como anexo I al convenio, formando parte inseparable del mismo. Tercera. La participación de los entes consorciados de acuerdo con sus estatutos es: 40 % - Administración General del Estado. 20 % - Generalitat de Catalunya. 20 % - Ajuntament de Barcelona. 20 % - Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation. Cuarta. La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, en cuanto entidad encargada de la organización de «Barcelona Mobile World Capital» y de su programa de actuaciones y actividades, asumirá la financiación del Consorcio y las eventuales pérdidas que, de su liquidación, se pudiera derivar, no correspondiendo obligación alguna de este carácter a la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona. Quinta. La organización de «Barcelona Mobile World Capital» y de su programa de actuaciones y actividades, tendrá los máximos beneficios fiscales al mecenazgo de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Sexta. El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y estará vigente hasta la aprobación de las operaciones de liquidación del Consorcio que se producirá de acuerdo con sus Estatutos. Séptima. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes. En su defecto, será competente para conocer las cuestiones litigiosas la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conforme al artículo 11.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, doña Pilar Platero Sanz, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, don Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, el Consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya, don Felip Puig i Godes, el Alcalde del Ajuntament de Barcelona, don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, el Secretario General de la Corporación, don Jordi Cases i Pallarès, Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, don Agustín Cordón Barrenechea. ANEXO I Estatutos del Consorcio Barcelona Mobile World Capital TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Denominación. De conformidad con la normativa vigente se crea el consorcio «Barcelona Mobile World Capital», con el objeto de desarrollar las funciones previstas en el artículo 27.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y concretadas en la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Artículo 2. Entes consorciados. 1. Son miembros del Consorcio la Administración General del Estado –representada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información– la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona y la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation. 2. El Consorcio podrá suscribir convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas, al objeto de contribuir a un mejor cumplimiento de sus fines. Articulo 3. Personalidad jurídica. El Consorcio regulado en estos Estatutos es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Artículo 4. Sede. El domicilio del Consorcio será la sede del Ajuntament de Barcelona en la Plaça Sant Jaume, s/n, de Barcelona, donde se celebrarán sus sesiones, aunque podrá reunirse en lugar distinto si así se acuerda expresamente por el Consejo Rector en la sesión inmediatamente anterior. El domicilio podrá cambiarse por acuerdo del Consejo Rector. Artículo 5. Incorporación de nuevos miembros. Podrán incorporarse al Consorcio, como miembros de pleno derecho, otras personas o entidades e instituciones públicas o privadas, previa formalización de los correspondientes convenios. La incorporación de nuevos miembros conllevará necesariamente la modificación de estatutos que deberá ser aprobada por el Consejo Rector y elevada a los entes consorciados para su ratificación por los órganos de gobierno competentes de los mismos. La modificación de estatutos se realizará de conformidad con lo establecido en estos Estatutos y en la legislación que les es de aplicación. Artículo 6. Objeto y fines. El Consorcio tiene por objeto: a) La ejecución del programa de apoyo aplicable al acontecimiento de excepcional interés público –Barcelona Mobile World Capital– de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y la programación, fomento y ejecución de las actividades que se desarrollen con motivo de la declaración de dicho acontecimiento como de excepcional interés público, así como el apoyo a otras que sean calificadas como manifestaciones de interés para la celebración del acontecimiento. b) El desarrollo de las funciones previstas en el artículo 27.2.b) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo así como en la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en lo que concierne al acontecimiento de excepcional interés público –Barcelona Mobile World Capital– de acuerdo con lo que se establece en el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. c) El desarrollo de las funciones y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y en el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos aplicables al mecenazgo, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. d) La ordenación y captación de cuantos recursos económicos sean precisos para la financiación de las actividades y programas propios del acontecimiento y, en su caso, para el apoyo de los calificados como de interés para el acontecimiento. Los recursos económicos se aplicarán a la ejecución de los planes y programas aprobados por el Consorcio, cuya ejecución será llevada a cabo por la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation. e) Cualesquiera otras actividades que, con sujeción a la legislación vigente, garanticen el cumplimiento de sus fines. TITULO II Funcionamiento y régimen jurídico CAPÍTULO I Órganos de gobierno Artículo 7. Órganos de Gobierno. El Consorcio estará regido por los siguientes órganos de gobierno: a) El Consejo Rector. b) El Presidente del Consorcio y Vicepresidentes. Artículo 8. El Consejo Rector. El Consejo Rector constituye el órgano superior del Consorcio y estará compuesto por cinco (5) miembros que serán designados por las respectivas entidades consorciadas de la siguiente manera: a) Dos miembros en representación de la Administración del Estado: uno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el segundo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. b) Un miembro en representación de la Generalitat de Catalunya. c) Un miembro en representación del Ajuntament de Barcelona. d) Un miembro en representación de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation. El Presidente del Consorcio y del Consejo Rector será el Alcalde de Barcelona. El Consejo Rector designará entre sus miembros a un Vicepresidente primero y un Vicepresidente segundo. El órgano competente de las respectivas entidades consorciadas para designar los vocales también podrá designar los suplentes, que los substituirán en casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada. Los suplentes se podrán designar por tiempo indefinido o para una sesión determinada. El Secretario del Consejo Rector, que no será miembro del mismo, será el Secretario General del Ajuntament de Barcelona, que podrá ser sustituido temporalmente por un funcionario por el designado para casos de vacante, ausencia o enfermedad. Podrán asistir a las reuniones del Consejo Rector cualquier persona que el Presidente designe, dichos asistentes tendrán voz pero no voto. Los miembros del Consejo Rector actúan por razón del cargo originario en las entidades consorciadas, sin que pueda derivarse ningún tipo de remuneración por el desarrollo de su cargo, excepto por aquellos que correspondan a la indemnización y reembolso de los gastos de desplazamiento debidamente justificados, en el que se hayan incurrido por la asistencia a las reuniones del Consejo Rector. CAPÍTULO II Competencias Artículo 9. Competencias del Consejo Rector. El Consejo Rector tendrá las siguientes competencias: a) La aprobación de los planes y programas de actividades y actuaciones que pueden dar lugar a la aplicación de los beneficios fiscales previstos en la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y del correspondiente manual de aplicación de los mismos, así como de las modificaciones que del mismo se realicen. b) La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa de apoyo, según lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, el cual exige para la emisión de la certificación el voto favorable de la representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Aprobar el presupuesto, la liquidación del presupuesto del Consorcio, así como sus cuentas anuales. d) La aprobación de la plantilla de personal de la estructura orgánica de los servicios, así como su forma de provisión se realizará respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. e) Aprobar la propuesta de modificación de los estatutos que requerirá la posterior ratificación de cada uno de los entes consorciados. f) La autorización del gasto dentro del marco de su presupuesto, así como la aprobación de los contratos y convenios que sean precisos para el cumplimiento de sus fines. g) Acordar el ejercicio de acciones judiciales y administrativas. h) La aceptación de donaciones, legados y herencias. i) La aprobación de la propuesta de la disolución del Consorcio que requerirá la posterior ratificación de cada uno de los entes consorciados. j) La aprobación de la propuesta de incorporación de nuevos miembros al Consorcio que requerirá la posterior ratificación de cada uno de los entes consorciados. k) Aprobar el manual de uso y aplicación de marca para el empleo con finalidad publicitaria de los signos distintivos denominativos, gráficos y/o mixtos que identifiquen al acontecimiento de excepcional interés público «Barcelona Mobile World Capital». l) Ejercer cualesquiera otras competencias no atribuidas expresamente a otros órganos. Artículo 10. Competencias de la Presidencia: La Presidencia tendrá las siguientes competencias: a) Representar legalmente al Consorcio. b) Ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo Rector y fijar el orden del día. c) Presidir las sesiones, dirigir las deliberaciones y decidir con voto de calidad las votaciones en caso empate. d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados, de los preceptos de estos Estatutos y de las normas legales aplicables a los actos del Consorcio. e) Formular iniciativas y propuestas al Consejo Rector. f) Autorizar, con su visto bueno las actas de las reuniones y las cuentas e inventarios de bienes y las certificaciones que el Consorcio haya de expedir, en especial aquellas que constituyen su objetivo esencial. Articulo 11. Competencias de los Vicepresidentes. Los Vicepresidentes del Consorcio sustituirán, por su orden, al Presidente en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa justificada, pudiendo ejercer aquellas funciones que en ellos delegue el Presidente o el Consejo Rector. CAPÍTULO III Funcionamiento y régimen jurídico Artículo 12. Convocatorias de las sesiones. Las reuniones del Consejo Rector podrán ser convocadas por el Presidente en sesión ordinaria o extraordinaria. El Consejo Rector se reunirá en sesión ordinaria semestralmente. Las sesiones extraordinarias se convocarán por propia decisión del Presidente o a solicitud de un tercio de los miembros del Consejo Rector. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con al menos seis días de antelación a la fecha en que se deban celebrar, excepto en los casos de reconocida urgencia a juicio del Presidente. En la convocatoria se indicarán los asuntos a tratar, el día, la hora y el lugar. Artículo 13. Régimen de funcionamiento de las sesiones. Las reuniones del Consejo Rector se celebrarán, cuando concurran, como mínimo, la mitad de sus miembros. No se podrá celebrar la sesión sin la presencia del Presidente y el Secretario o las personas que los sustituyan. El Consejo Rector adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los miembros presentes, salvo los acuerdos de modificación de Estatutos y los de disolución del Consorcio, que exigirán la unanimidad del Consejo Rector y la posterior ratificación de cada uno de los entes consorciados. Cuando se trate de certificaciones de adecuación de los gastos a los objetivos y planes del programa de apoyo, previstas en la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, deberá constar expresamente el voto favorable del representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Articulo 14. Régimen jurídico. El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables. La aplicación de los beneficios fiscales se regirá en particular por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, sin perjuicio de cualquier otra legislación que resulte de aplicación. TÍTULO III Recursos económicos Artículo 15. Recursos económicos. La Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation, en tanto que entidad encargada de la organización de la «Barcelona Mobile World Capital» así como de su programa de actuaciones y actividades, asumirá la financiación del Consorcio. Artículo 16. Presupuesto. El Consejo Rector aprobará, en su caso, un presupuesto anual de ingresos y gastos. Artículo 17. Régimen económico y de contratación. a) El Consorcio está sometido al régimen de contabilidad pública y a la normativa de las Corporaciones Locales y del Ajuntament de Barcelona. b) Las cuentas anuales serán aprobadas por el Consejo Rector, previamente formulada por la Presidencia e informada por la Intervención. c) El control interno se llevará a cabo mediante control financiero, que efectuará el Interventor General del Ayuntamiento de Barcelona o funcionario en quien delegue. El control externo corresponderá al Tribunal de Cuentas. d) El Consorcio está sujeto al derecho público en su actuación. En materia de contratación se someterá, en todo caso, la legislación sobre contratación del sector público y el personal será provisto, de entre el personal del Ajuntament de Barcelona, personal que se reintegrará a la Corporación Local cuando finalice la vinculación laboral con el consorcio y de acuerdo con la normativa aplicable. No existirá ningún tipo de vinculación jurídico-laboral entre el personal del Consorcio y la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation. e) La responsabilidad financiera por la actividad del Consorcio corresponderá a la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation. TÍTULO IV Derecho de separación y disolución Artículo 18. Derecho de separación. Cualquier miembro del Consorcio podrá ejercer su derecho a separarse, mediante notificación previa dirigida al presidente del Consejo Rector con una antelación mínima de dos meses, sin perjuicio de su responsabilidad respecto a las obligaciones contraídas. Artículo 19. Disolución. La disolución del Consorcio podrá obedecer a los siguientes motivos: I. El cumplimiento de los objetivos que justifican su constitución, de acuerdo con lo que establece la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en relación con la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. II. Por mandato legal. III. Por imposibilidad de cumplir los objetivos por los que fue constituido. IV. Por acuerdo del Consejo Rector, adoptado con los requisitos y formalidades establecidos en los presentes estatutos.   V. Por resolución del convenio por el que se crea el Consorcio. A efectos de su liquidación, se constituirá una Comisión Liquidadora, integrada por un representante de cada una de las entidades consorciadas, para la elaboración de la propuesta de liquidación que proceda para su aprobación por el consejo Rector. En el caso de que no existan bienes, derechos ni obligaciones susceptibles de liquidarse, no se creará la Comisión Liquidadora. En todo caso el Consorcio no se podrá disolver hasta que no haya cumplido con todas las obligaciones que le impone la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y en el Reglamento para la aplicación del Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation asumirá las eventuales pérdidas que, de su liquidación se puedan derivar, no correspondiendo obligación alguna de este carácter al resto de los miembros del Consorcio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona y la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation para la creación del Consorcio «Barcelona Mobile World Capital» y la aprobación de los Estatutos a fin de dar cumplimiento a la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, para el desarrollo del programa Barcelona Mobile World Capital, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 22 de febrero de 2013.–El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez Martín. ANEXO Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona y la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation para la creación del consorcio «Barcelona Mobile World Capital» y la aprobación de los estatutos a fin de dar cumplimiento a la disposición adicional sexagésima segunda de la ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, para el desarrollo del programa Barcelona Mobile World Capital En Madrid y Barcelona a 14 de febrero de 2013. REUNIDOS De una parte, la Sra. doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por delegación del Ministro (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio). El Sr. don Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, nombrado por Real Decreto 2007/2011, de 30 de diciembre y por delegación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, conforme a la disposición cuarta de la Orden IET/556/2012, de 12 de marzo. De otra parte, el Sr. don Felip Puig i Godes, en representación de la Generalitat de Catalunya, como Consejero de Empresa y Empleo de acuerdo con el Decreto 166/2012, de 27 de diciembre. El Excmo. Sr. don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Alcalde del Ajuntament de Barcelona, con la asistencia del Secretario General de la Corporación, Sr. don Jordi Cases i Pallarès, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. El Sr. don Agustín Cordón Barrenechea, en representación de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, en uso de las facultades que le atribuye el acuerdo del Patronato de fecha 20 de julio de 2012. Todos se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio, y a tal efecto convienen en la necesidad de suscribir el presente Convenio de colaboración con objeto de crear el Consorcio «Barcelona Mobile World Capital» que desarrolle las funciones previstas en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y concretadas en la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en lo que concierne a la organización del acontecimiento de excepcional interés público «Barcelona Mobile World Capital» y a su programa de actuaciones y actividades. Por lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes: CLÁUSULAS Primera. El presente Convenio tiene por finalidad la creación del Consorcio «Barcelona Mobile World Capital» en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y a la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Segunda. Los estatutos del Consorcio se incluyen como anexo I al convenio, formando parte inseparable del mismo. Tercera. La participación de los entes consorciados de acuerdo con sus estatutos es: 40 % - Administración General del Estado. 20 % - Generalitat de Catalunya. 20 % - Ajuntament de Barcelona. 20 % - Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation. Cuarta. La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, en cuanto entidad encargada de la organización de «Barcelona Mobile World Capital» y de su programa de actuaciones y actividades, asumirá la financiación del Consorcio y las eventuales pérdidas que, de su liquidación, se pudiera derivar, no correspondiendo obligación alguna de este carácter a la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona. Quinta. La organización de «Barcelona Mobile World Capital» y de su programa de actuaciones y actividades, tendrá los máximos beneficios fiscales al mecenazgo de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Sexta. El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y estará vigente hasta la aprobación de las operaciones de liquidación del Consorcio que se producirá de acuerdo con sus Estatutos. Séptima. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes. En su defecto, será competente para conocer las cuestiones litigiosas la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conforme al artículo 11.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, doña Pilar Platero Sanz, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Socieda ### RESUMEN: Convenio de Barcelona Mobile World Capital: 40% Estado, 20% Generalitat., 20% Ajuntament de Barcelona, 20% Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation). Además de beneficios fiscales enormes

Solicitud de devolución de la subvención que recibió la película Barcelona Kapital

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se notifica a Zabriskie Films, S.L. el Acuerdo de fecha 16-07-2013 de la Directora General del ICAA, que no ha podido ser notificado en la forma prevista por el apartado 2 del citado artículo 59 de la LRJPAC, al haberse intentado sin efecto la notificación ordinaria de la misma remitida al último domicilio conocido, que es calle Miguel Ángel, 116, Entlo. 1, 08028 Barcelona, y en la que se declara el inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida a Zabriskie Films, S.L., de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones por un importe de 97.954,31 euros. De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el Acuerdo que se notifica no se publica en su integridad, encontrándose a disposición del interesado el texto íntegro del mismo, así como la totalidad de los documentos obrantes en el expediente, en la sede de este Instituto (Subdirección General de Fomento) ubicado en la Plaza del Rey, 1, 28071 Madrid. Frente al citado Acuerdo dispone el interesado de un plazo de quince días para la formulación de alegciones y presentación de documentos e informaciones que estime convenientes a su defensa, de acuerdo con lo previstoen el artículo 94 del RD 887/2006, de 21 de juio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Madrid, 21 de agosto de 2013.- La Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se notifica a Zabriskie Films, S.L. el Acuerdo de fecha 16-07-2013 de la Directora General del ICAA, que no ha podido ser notificado en la forma prevista por el apartado 2 del citado artículo 59 de la LRJPAC, al haberse intentado sin efecto la notificación ordinaria de la misma remitida al último domicilio conocido, que es calle Miguel Ángel, 116, Entlo. 1, 08028 Barcelona, y en la que se declara el inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida a Zabriskie Films, S.L., de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones por un importe de 97.954,31 euros. De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el Acuerdo que se notifica no se publica en su integridad, encontrándose a disposición del interesado el texto íntegro del mismo, así como la totalidad de los documentos obrantes en el expediente, en la sede de este Instituto (Subdirección General de Fomento) ubicado en la Plaza del Rey, 1, 28071 Madrid. Frente al citado Acuerdo dispone el interesado de un plazo de quince días para la formulación de alegciones y presentación de documentos e informaciones que estime convenientes a su defensa, de acuerdo con lo previstoen el artículo 94 del RD 887/2006, de 21 de juio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Madrid, 21 de agosto de 2013.- La Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual. ### RESUMEN: Solicitud de devolución de la subvención que recibió la película Barcelona Kapital

El ministro de Cultura nombra dos nuevos patronos de la Fundación Thyssen-Bornemisza: Juan Antonio Pérez, coleccionista; y Salomé Abril-Martorell

El Real Decreto-ley 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas reguladoras del contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza, establece en su artículo 6 que al menos dos terceras partes del número de patronos que integran el Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza tendrán el carácter de patronos gubernamentales y que su nombramiento se realizará, bien por razón del cargo que ostenten los mismos o bien a título personal, por el Gobierno mediante real decreto. En este último caso, la duración del mandato no podrá exceder de cuatro años, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos una o más veces por idéntico período de tiempo. Existiendo dos vacantes entre los patronos gubernamentales designados por el Gobierno, se hace necesario proceder a cubrirlas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de abril de 2021, Vengo en nombrar patronos gubernamentales del Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza a doña Salomé Abril-Martorell Hernández y a don Juan Antonio Pérez Simón. Dado en Madrid, el 20 de abril de 2021. FELIPE R. El Ministro de Cultura y Deporte, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES

El Real Decreto-ley 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas reguladoras del contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza, establece en su artículo 6 que al menos dos terceras partes del número de patronos que integran el Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza tendrán el carácter de patronos gubernamentales y que su nombramiento se realizará, bien por razón del cargo que ostenten los mismos o bien a título personal, por el Gobierno mediante real decreto. En este último caso, la duración del mandato no podrá exceder de cuatro años, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos una o más veces por idéntico período de tiempo. Existiendo dos vacantes entre los patronos gubernamentales designados por el Gobierno, se hace necesario proceder a cubrirlas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de abril de 2021, Vengo en nombrar patronos gubernamentales del Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza a doña Salomé Abril-Martorell Hernández y a don Juan Antonio Pérez Simón. Dado en Madrid, el 20 de abril de 2021. FELIPE R. El Ministro de Cultura y Deporte, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES ### RESUMEN: El ministro de Cultura nombra dos nuevos patronos de la Fundación Thyssen-Bornemisza: Juan Antonio Pérez, coleccionista; y Salomé Abril-Martorell

Registro delincuentes sexuales: se inscribirá a los condenados por estos delitos, aunque sean menores

los arts. 1.2 y 2.3 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero parcialmente la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre parcialmente la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre la disposición adicional 17 de la Ley 26/2015, de 28 de julio el Convenio de 25 de octubre de 2007 Decisión 2002/629, de 19 de julio I La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, prevé en su disposición final decimoséptima que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia. El principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su interés superior sea prioritario, como proclama la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. En este contexto no sólo se plasman los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Europa, sino que además permite la equiparación a los países de nuestro entorno en la extensión de la protección que dispensan a los niños contra la explotación y el abuso sexual. Partiendo de estos principios, el real decreto regula la organización y contenido del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación, rectificación y certificación de la información en él contendida, configurando un instrumento eficaz para los fines perseguidos. En primer lugar, se pretende la prevención y protección de los menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de conformidad con las normas nacionales y supranacionales, y acorde con los sistemas registrales de otros países de nuestro entorno. En segundo término, se desarrolla un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en España como en otros países, por los delitos a los que se refiere este real decreto. Y en último lugar, se busca facilitar la investigación e identificación de los autores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima. De este modo, se incorpora a nuestra legislación la normativa supranacional, en especial, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, –en adelante Convenio de Lanzarote– satisfaciendo el compromiso adquirido de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual; la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, siguiendo este real decreto la línea ya iniciada con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima; y la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos. II Por otra parte, de conformidad con el artículo 37 del citado Convenio de Lanzarote, se dispone la incorporación al Registro Central de Delincuentes Sexuales de los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos objeto del mismo, junto con el resto de información penal que conste en el Registro Central de Penados así como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Para ello, el Ministerio de Interior, en cuanto encargado de la Base de Datos Nacional de ADN, será el interlocutor para incorporar el código identificador del perfil genético del condenado, así como para comunicar la cancelación de la inscripción del Registro Central de Delincuentes Sexuales a efectos de la correspondiente cancelación del perfil genético prevista en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. En el marco de la necesaria coordinación con las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores, se establece que el soporte en el que deberán almacenarse los datos contenidos en el Registro debe permitir su interoperabilidad. Se pretende con ello hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no solo en España sino también en otros países, así como colaborar con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa, para facilitar el intercambio de información en este ámbito. De conformidad con la previsión legal contenida en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de la que trae causa el presente real decreto, para el cumplimiento de los fines perseguidos por el mismo y anteriormente expuestos y teniendo en todo caso presente el superior interés del menor cuya libertad e indemnidad sexuales se trata de proteger, el acceso directo al Registro se limitará, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, a los órganos judiciales a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de sus respectivas competencias; al Ministerio Fiscal cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; y a la policía judicial en el ámbito de sus competencias para el desarrollo de las actuaciones que le estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. En todo caso, el acceso deberá estar vinculado a las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro. Por otra parte, se permite la obtención de los datos inscritos, incluso sin necesidad de contar con el consentimiento del interesado, en el caso de los órganos judiciales o de que la certificación sea recabada por las entidades públicas de protección de menores competentes territorialmente. Para completar la protección dispensada por el Registro Central de Delincuentes Sexuales a los menores y evitar la reiteración delictiva tan habitual en los tipos de delitos sexuales, el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, exige como requisito para el acceso y ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos, debiendo entenderse referida a la que tiene fines de explotación sexual, tanto en España como en el extranjero. En consonancia con la precitada exigencia legal, el presente real decreto recoge un régimen de certificación de este tipo de inscripciones, a instancia del propio interesado o de las Administraciones públicas con el consentimiento del interesado o su representante. El régimen de cancelación de las inscripciones del Registro Central de Delincuentes Sexuales se establece en función de la edad de la víctima y del condenado. Si la víctima fuera mayor de edad, la cancelación se hace coincidir con la de los antecedentes penales, sin que se extienda la vigencia de la inscripción más allá de los efectos que el Código Penal establece atendiendo a la gravedad del delito cometido. Por el contrario, si la víctima tuviera la condición de menor de edad, se considera conveniente seguir un régimen distinto en relación con los límites temporales establecidos para la cancelación de los antecedentes penales y ampliar la duración de la inscripción hasta 30 años, atendiendo a la especifica función y finalidad de las inscripciones de este registro, que no se constituyen como una pena sino como una medida para la protección de la infancia y adolescencia. Ello no se opone a los principios de proporcionalidad, necesidad o reinserción pues no impide que los antecedentes penales sean cancelados en el plazo establecido legalmente, sin que dichas inscripciones sean consideradas a efectos de reincidencia. No obstante, si el condenado fuera menor de edad en el momento de la comisión del delito, no será de aplicación lo anterior, sino que se estará al plazo de cancelación de los antecedentes penales con la finalidad de posibilitar la reinserción de los menores infractores y evitar su estigmatización. Por otra parte, previendo la inscripción en el Registro de condenas dictadas por tribunales extranjeros, se establece con carácter general, respecto de las mismas, que la cancelación estará condicionada a la previa comunicación del Estado de condena, tal como dispone el art. 5.2 de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, respecto de las condenas dictadas en otro Estado miembro de la Unión Europea. III A lo largo de la regulación del presente real decreto late la protección del interés del menor como último fin de la norma, respondiendo así el legislador, en consonancia con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 185/2012 de 17 de octubre, al mandato constitucional que recibe directamente del artículo 39 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos la obligación de velar por la protección integral de los niños de conformidad con los Convenios Internacionales. Siguiendo esta máxima, cabe destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño parte de un principio fundamental: el interés del niño ha de considerarse superior a los demás intereses en juego y su exigibilidad no queda al criterio de los Estados. La rotundidad de este postulado se deriva de la posición de partida de los menores, que tienen menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios intereses. La trascendencia de este principio lleva a que el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, declare que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los tribunales, o los órganos legislativos, primarán el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. La Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, relativa a los derechos de las víctimas ha dado lugar a la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, cuyo artículo 19, al referirse al derecho de las víctimas, establece la obligación para las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos, de adoptar las medidas necesarias para su protección, confiriendo una especial importancia al Ministerio Fiscal cuando la víctima sea menor. La determinación del interés superior del menor en cada caso debe basarse en una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador, que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y así se ha hecho en el presente real decreto, cuyo fin primordial no es otro que la creación de un instrumento eficaz para dar respuesta al clamor social de proteger el interés de los menores, potenciales víctimas de estos delitos especialmente reprochables y que afectan de una manera fundamental al desarrollo normal de la personalidad de los niños. Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos. En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de diciembre de 2015, DISPONGO: Artículo 1. Objeto y ámbito. 1. Este real decreto tiene por objeto crear y regular la organización y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales previsto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como el régimen de inscripción, consulta, certificación y cancelación de los datos contenidos en aquél. 2. Su ámbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos en esta materia por España. Artículo 2. Derecho de aplicación supletoria. En todo aquello que no esté específicamente previsto en el presente real decreto resultará de aplicación supletoria el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Artículo 3. Naturaleza y finalidad. 1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, regulados en el Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con independencia de la edad de la víctima. Esta información se referirá a las condenas dictadas tanto en España como en otros países, en particular los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa. 2. La finalidad del Registro es contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de condenas penales por los delitos a los que se refiere el apartado anterior. Asimismo, el Registro tiene como fin facilitar la investigación y persecución de los delitos a que se refiere el presente real decreto con objeto de proteger a las víctimas menores de edad de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular con los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Artículo 4. Organización. 1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales se integra en el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia regulado en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Su gestión corresponde a la Secretaria de Estado de Justicia a través de la Secretaría General de la Administración de Justicia. 2. El encargado del Registro será responsable de su control, organización y gestión; adoptará las medidas necesarias para asegurar la agilidad en la transmisión de la información regulada en el artículo siguiente, así como la veracidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad de los datos contenidos en las inscripciones. Asimismo, garantizará, con plena eficacia jurídica, la autenticidad e integridad de los datos certificados e impulsará el cumplimiento de lo previsto en materia de cancelaciones de las inscripciones. Artículo 5. Información contenida en las inscripciones. 1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales contendrá toda la información penal que conste tanto en el Registro Central de Penados como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respecto de quienes hubieran sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima, en los términos previstos en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Asimismo, deberá constar el código identificador del perfil genético (ADN) del condenado cuando así se haya acordado por el órgano judicial. No accederán al Registro los datos de identidad de la víctima, salvo, en su caso, su condición de menor de edad. 2. La inscripción, el acceso, rectificación, cancelación y certificación de los datos, así como las medidas de seguridad de la información contenida en el Registro se regirán por lo establecido en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, con las especialidades establecidas en el presente real decreto. Artículo 6. Comunicación entre registros. 1. El Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores remitirán de forma automática al Registro Central de Delincuentes Sexuales, la información relativa a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere el artículo anterior, en el mismo momento en que proceda su inscripción en los respectivos registros, así como cualquier modificación que se produzca con posterioridad, incluida la cancelación del antecedente penal. 2. La transmisión de datos al Registro Central de Delincuentes Sexuales se realizará a través de los procedimientos regulados en este real decreto y en las disposiciones administrativas que lo desarrollen. Artículo 7. Soporte de la información. Los datos se almacenarán en soportes apropiados para su mantenimiento y expresión, con garantía jurídica y de modo indubitado, de toda la información que ha de constar en el Registro, asegurando su disponibilidad, acceso, integridad, autenticidad, confidencialidad, conservación e interoperabilidad. Artículo 8. Acceso a la información contenida en las inscripciones. 1. El Ministerio de Justicia autorizará para la satisfacción de las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la información contenida en el Registro: a) A los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, a través del personal de cada órgano u oficina judicial autorizado por el Letrado de la Administración de Justicia, incluidos los datos de las inscripciones canceladas, a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de los que estén conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias. b) Al Ministerio Fiscal, a través del personal de cada órgano u oficina fiscal autorizado por el Fiscal Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones legalmente atribuidas. c) A la policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 549. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la prevención, persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro. 2. El Ministerio de Justicia habilitará a los funcionarios autorizados encargados de la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior para que puedan incorporar el código identificador del perfil genético previsto en el artículo 5. 3. En todo caso, conforme a lo previsto en el capítulo IV del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, quedará constancia de la identidad de las personas que accedan al Registro Central de Delincuentes Sexuales y de los datos consultados, correspondiendo al encargado del Registro la realización de auditorías periódicas para verificar que los accesos acaecidos se corresponden con las finalidades previstas en el presente real decreto. Artículo 9. Certificación de los datos inscritos. 1. Los órganos judiciales, en relación con las causas que tramiten y para su unión al procedimiento, podrán obtener directamente los datos contenidos en el Registro y aportarlos al procedimiento judicial mediante diligencia de constancia del Letrado de la Administración de Justicia, con plena validez jurídica, sin necesidad de solicitar certificación al responsable del registro. 2. El encargado del Registro, siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales, y previo consentimiento del interesado o de su representante, informará de los datos relativos al mismo contenidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, a instancia de cualquier órgano de las Administraciones Públicas ante el que se tramite un procedimiento para acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con menores, así como para su ejercicio. En ausencia de tal consentimiento, el certificado se expedirá a instancia del propio interesado en los términos previstos en el apartado siguiente. 3. A petición del titular interesado, podrán certificarse directamente los datos relativos a su persona y suscribir certificaciones negativas respecto a personas que no figuren inscritas. Tratándose de menores de edad o personas con la capacidad modificada judicialmente la solicitud habrá de efectuarse, en todo caso, por su representante legal. La certificación positiva contendrá la transcripción de los datos inscritos, tal y como obren en el Registro en el momento de su expedición, excluyendo las inscripciones que, conforme a una norma con rango de ley, se hallen a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales. En todo caso, los ciudadanos de origen extranjero o que tuvieran otra nacionalidad, deberán, además, aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3. 4. Las Entidades Públicas de protección de menores competentes territorialmente podrán solicitar, por vía telemática, al encargado del Registro Central de Delincuentes Sexuales los datos que resulten necesarios del inscrito para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de quien sea su progenitor, tutor, guardador o acogedor, aún sin consentimiento de aquél y siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales. Cada una de estas Entidades Públicas identificará al órgano responsable del control de esos datos y lo comunicará al encargado del Registro para garantizar su confidencialidad. 5. Asimismo, a instancia de autoridades judiciales o policiales extranjeras que lo requieran en el marco de una investigación judicial o policial, o de prevención del delito, el encargado del Registro comunicará la información que constara en él, sin consentimiento del interesado, en las formas y supuestos que determinen las normas comunitarias y los tratados internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por España. 6. En todo caso, la solicitud, expedición y obtención de los certificados se hará preferentemente por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Artículo 10. Cancelación de datos relativos a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme. 1. Las inscripciones contenidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales se cancelarán de oficio, a instancia del titular de los datos o su representante legal si aquel fuera menor de edad o persona con la capacidad modificada judicialmente, o por comunicación del órgano judicial, en los siguientes supuestos: a) Cuando la víctima sea mayor de edad o si el condenado lo hubiera sido por hechos cometidos durante su minoría de edad, la cancelación se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, en función de que las inscripciones tengan su origen en el Registro Central de Penados o en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. b) Cuando la víctima fuera menor de edad y el condenado mayor de edad, la cancelación se realizará cuando haya transcurrido el plazo de treinta años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena de conformidad con el artículo 136 del Código Penal sin haber vuelto a delinquir. En este caso, la cancelación de los antecedentes penales que consten en la inscripción del Registro Central de Penados del que aquélla tiene su origen no conllevará la cancelación de esta información. Por otra parte, dicha información no podrá, por sí misma, servir de prueba para constatar la reincidencia. 2. La cancelación de las inscripciones derivadas de sentencias dictadas por Jueces o Tribunales extranjeros que consten en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, exigirá la previa comunicación en tal sentido por parte del Estado de condena. 3. Una vez se produzca la cancelación de los antecedentes penales de los inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y respecto de aquellas causas en las que constara el código identificador del perfil genético del condenado, el encargado del Registro comunicará tal circunstancia a la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior, a los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. Artículo 11. Elaboración de estadísticas. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, en el marco del Plan de Transparencia Judicial, podrán elaborar estadísticas de los datos contenidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, eludiendo toda referencia personal en la información y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias. Disposición adicional primera. Incorporación de datos relativos a penas y medidas de seguridad anteriores a la entrada en vigor de este real decreto. Los datos relativos a penas y medidas de seguridad por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, que figuren inscritos en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, se remitirán automáticamente al Registro Central de Delincuentes Sexuales en el estado en que se encuentren. Disposición adicional segunda. Colaboración entre las Administraciones públicas y otras instituciones. 1. El Ministerio de Justicia colaborará con las Administraciones públicas y otras Instituciones a fin de favorecer la aplicación del presente real decreto durante el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, estableciendo a tal fin los convenios que resulten necesarios en aquellos ámbitos donde la actividad se desarrolle con menores de edad. 2. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Justicia adoptará las medidas necesarias, en colaboración con los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y Seguridad Social y, en su caso, promoverá las adaptaciones reglamentarias que sean precisas para facilitar el cumplimiento de la prohibición establecida en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, durante el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. El Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia queda modificado como sigue: Uno. El apartado 2 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo: «2. Dicho Sistema de registros estará integrado por el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, el Registro Central de Rebeldes Civiles, el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y el Registro Central de Delincuentes Sexuales.» Dos. Se incluye una letra f) en el apartado 3 del artículo 2 con la siguiente redacción: «f) Registro Central de Delincuentes Sexuales: la inscripción de la información relativa a quienes hayan sido condenados por sentencia judicial firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, de conformidad con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.» Disposición final segunda. Título competencial. El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. Disposición final tercera. Facultades de desarrollo. Se autoriza al Ministro de Justicia para adoptar las disposiciones administrativas y medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. Disposición final cuarta. No incremento del gasto. Las medidas recogidas en este real decreto no pueden generar incremento, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector público. Disposición final quinta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 11 de diciembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO

los arts. 1.2 y 2.3 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero parcialmente la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre parcialmente la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre la disposición adicional 17 de la Ley 26/2015, de 28 de julio el Convenio de 25 de octubre de 2007 Decisión 2002/629, de 19 de julio I La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, prevé en su disposición final decimoséptima que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia. El principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su interés superior sea prioritario, como proclama la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. En este contexto no sólo se plasman los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Europa, sino que además permite la equiparación a los países de nuestro entorno en la extensión de la protección que dispensan a los niños contra la explotación y el abuso sexual. Partiendo de estos principios, el real decreto regula la organización y contenido del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación, rectificación y certificación de la información en él contendida, configurando un instrumento eficaz para los fines perseguidos. En primer lugar, se pretende la prevención y protección de los menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de conformidad con las normas nacionales y supranacionales, y acorde con los sistemas registrales de otros países de nuestro entorno. En segundo término, se desarrolla un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en España como en otros países, por los delitos a los que se refiere este real decreto. Y en último lugar, se busca facilitar la investigación e identificación de los autores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima. De este modo, se incorpora a nuestra legislación la normativa supranacional, en especial, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, –en adelante Convenio de Lanzarote– satisfaciendo el compromiso adquirido de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual; la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, siguiendo este real decreto la línea ya iniciada con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima; y la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos. II Por otra parte, de conformidad con el artículo 37 del citado Convenio de Lanzarote, se dispone la incorporación al Registro Central de Delincuentes Sexuales de los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos objeto del mismo, junto con el resto de información penal que conste en el Registro Central de Penados así como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Para ello, el Ministerio de Interior, en cuanto encargado de la Base de Datos Nacional de ADN, será el interlocutor para incorporar el código identificador del perfil genético del condenado, así como para comunicar la cancelación de la inscripción del Registro Central de Delincuentes Sexuales a efectos de la correspondiente cancelación del perfil genético prevista en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. En el marco de la necesaria coordinación con las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores, se establece que el soporte en el que deberán almacenarse los datos contenidos en el Registro debe permitir su interoperabilidad. Se pretende con ello hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no solo en España sino también en otros países, así como colaborar con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa, para facilitar el intercambio de información en este ámbito. De conformidad con la previsión legal contenida en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de la que trae causa el presente real decreto, para el cumplimiento de los fines perseguidos por el mismo y anteriormente expuestos y teniendo en todo caso presente el superior interés del menor cuya libertad e indemnidad sexuales se trata de proteger, el acceso directo al Registro se limitará, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, a los órganos judiciales a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de sus respectivas competencias; al Ministerio Fiscal cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo por la Ley de Enjuiciam ### RESUMEN: Registro delincuentes sexuales: se inscribirá a los condenados por estos delitos, aunque sean menores

El Gobierno licita la demolición de la antigua residencia para deportistas Joaquín Blume por importe total de 764.043,61 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación. 2) Domicilio: Calle Martín Fierro, 5. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Teléfono: 915896779 5) Telefax: 915890511 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 028/2016 PI. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obra. b) Descripción: Obra arriba indicada. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Criterios técnicos juicios de valor: hasta 10 puntos; Criterios técnicos fórmula: hasta 15 puntos; Oferta económica: hasta 75 puntos. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 631.441,00 euros. Importe total: 764.043,61 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, Subgrupos 1 y 2, Categoría 3 (anteriormente: Grupo C, Subgrupos 1 y 2, Categoría d). c) Otros requisitos específicos: Certificados UNE-EN ISO 9001 o ISO-9002 y UNE-EN ISO 14001; Visita a las instalaciones. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Cláusula 6 y anexo VII del pliego. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Consejo Superior de Deportes. Cláusula 6.2 del pliego. 2) Domicilio: Calle Martín Fierro, 5. Teléfono 915896609. Fax 915890511. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Dirección electrónica: [email protected]. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: El acto es público. b) Dirección: Consejo Superior de Deportes. Calle Martín Fierro, 5. d) Fecha y hora: Cláusula 7.2 y anexo VII del pliego. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 12. Otras informaciones: Subcontratación: cláusula 18.2 del pliego y artículo 228 bis de la Ley de Contratos. Madrid, 28 de marzo de 2016.- La Presidenta de la Mesa de Contratación, Delia Torés Moya.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación. 2) Domicilio: Calle Martín Fierro, 5. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Teléfono: 915896779 5) Telefax: 915890511 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 028/2016 PI. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obra. b) Descripción: Obra arriba indicada. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Criterios técnicos juicios de valor: hasta 10 puntos; Criterios técnicos fórmula: hasta 15 puntos; Oferta económica: hasta 75 puntos. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 631.441,00 euros. Importe total: 764.043,61 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, Subgrupos 1 y 2, Categoría 3 (anteriormente: Grupo C, Subgrupos 1 y 2, Categoría d). c) Otros requisitos específicos: Certificados UNE-EN ISO 9001 o ISO-9002 y UNE-EN ISO 14001; Visita a las instalaciones. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Cláusula 6 y anexo VII del pliego. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Consejo Superior de Deportes. Cláusula 6.2 del pliego. 2) Domicilio: Calle Martín Fierro, 5. Teléfono 915896609. Fax 915890511. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Dirección electrónica: [email protected]. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: El acto es público. b) Dirección: Consejo Superior de Deportes. Calle Martín Fierro, 5. d) Fecha y hora: Cláusula 7.2 y anexo VII del pliego. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 12. Otras informaciones: Subcontratación: cláusula 18.2 del pliego y artículo 228 bis de la Ley de Contratos. Madrid, 28 de marzo de 2016.- La Presidenta de la Mesa de Contratación, Delia Torés Moya. ### RESUMEN: El Gobierno licita la demolición de la antigua residencia para deportistas Joaquín Blume por importe total de 764.043,61 euros.

La Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado entra mañana en vigor

el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo el art. 40 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre Arts. 2 y 5 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio Arts. 8, 15, 16, 19 y 22 a 25 de la Ley 23/1998, de 7 de julio la disposición adicional 16, por Ley 29/2015, de 30 de julio la disposición adicional 16, por Ley 24/2015, de 24 de julio las disposiciones adicionales 17 a 19, por Ley 3/2018, de 11 de junio en BOE núm. 155, de 26 de junio de 2014 en BOE núm. 117, de 14 de mayo de 2014 con el art. 42.6 y se crea la Consejería de Finanzas en la Misión diplomática de España en la República Popular China, con sede en Pekín: Real Decreto 60/2022, de 25 de enero , y dicta instrucciones para la presencia equilibrada de hombres y mujeres en intervenciones públicas del Ministerio: Orden AUC/119/2019, de 31 de enero , y se regulan las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en exterior: Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre con los arts. 29 y 30, y se establece una nueva estructura de las consejerías del Ministerio de Agricultura en el exterior: Real Decreto 830/2014, de 3 de octubre con el art. 42.6, reestructurando las consejerías de finanzas en el exterior: Real Decreto 747/2014, de 5 de septiembre aprobando el Reglamento de la Carrera Diplomática: Real Decreto 638/2014, de 25 de julio en el Recurso 7774/2014, la desestimación en relación con los arts. 1.2, 3, 5.2, 11, 12, 13, 14, 17 a 33, 34, 35, y 37 por Sentencia 85/2016, de 28 de abril JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I La dimensión internacional de la actuación del Estado ha cobrado en los últimos tiempos un protagonismo sin precedentes. La razón de ello es que en un mundo globalizado e interdependiente como el actual, la forma de conducir la política exterior de un Estado incide de manera directa e inmediata en la vida e intereses de sus ciudadanos. Además, en el ámbito europeo, se ha desarrollado un ambicioso proceso de integración supranacional en el que los Estados miembros han atribuido a la Unión Europea el ejercicio de un elenco tan amplio de competencias que la actuación nacional e internacional quedan estrechamente entrelazadas. Para España, la aprobación de la Constitución de 1978 supuso un cambio trascendental que ha tenido una gran incidencia en la Acción Exterior de nuestro país. Ha permitido la incorporación de España a foros de los que durante mucho tiempo estuvimos excluidos, especialmente la ya citada Unión Europea, el Consejo de Europa y la Alianza Atlántica, a la par que ha impulsado la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. También ha propiciado el establecimiento de nuevas dimensiones de la Acción Exterior, como lo es la cooperación internacional al desarrollo. Y todo ello con fundamento en el firme compromiso con los valores fundamentales que inspiran las relaciones dentro de la comunidad internacional, muy en especial, los valores de la dignidad humana, la libertad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la solidaridad, el fomento de la paz, el respeto del Derecho Internacional y el compromiso con el multilateralismo. Asimismo, la Constitución de 1978 creó el marco jurídico necesario para el reconocimiento a diversos sujetos, entre ellos las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de competencias en materia de Acción Exterior, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el de la Acción Exterior en sentido propio. Ello ha comportado un gran enriquecimiento interior y exterior para España, pero conlleva, a su vez, la correlativa necesidad de coordinación para garantizar una armoniosa convivencia entre la Acción Exterior y la dirección de la Política Exterior por parte del Gobierno. II En este contexto, la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado se concibe como un instrumento flexible que presta atención preferente a cinco exigencias fundamentales. En primer lugar, resulta preciso afirmar y promover los valores e intereses de España con el objetivo de fortalecer su presencia internacional y reforzar su imagen en el mundo. En segundo lugar, cobra una importancia capital consolidar y reforzar la credibilidad de España en el exterior ya que, como consecuencia de la globalización y del crecimiento exponencial de las relaciones económicas internacionales, dicha credibilidad es de indudable importancia para aumentar la exportación de bienes y servicios, atraer capitales con los que financiar nuestra economía y facilitar la implantación y expansión de nuestras empresas. En tercer lugar, conviene fortalecer nuestra participación en el proceso de integración europea y articular una Acción Exterior que resulte armónica con la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, así como con los fines del Servicio Europeo de Acción Exterior. En cuarto lugar, es primordial lograr una adecuada coordinación de la Acción Exterior de España con la de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Esta dimensión genuina de España, derivada de la historia y de la afinidad cultural y lingüística, de la que forma parte sustantiva el español como lengua común, constituye un empeño irrenunciable para España. Y, finalmente, resulta obligado garantizar una adecuada asistencia y protección a los españoles y apoyar a la ciudadanía española y a las empresas españolas en el exterior. A partir de esta concepción, la ley establece siete principios rectores de la Acción Exterior del Estado: unidad de acción en el exterior; lealtad institucional y coordinación; planificación; eficiencia; eficacia y especialización; transparencia; y servicio al interés general. Sobre estos principios, la ley reafirma la competencia del Gobierno en su papel de dirección de la política exterior, y sus facultades de coordinación de la Acción Exterior. Revitaliza el Consejo de Política Exterior y su Consejo Ejecutivo, a los que corresponde velar para que la Acción Exterior del Estado se desarrolle de conformidad con los principios y objetivos de la Política Exterior y se ajuste a las directrices fijadas por el Gobierno mediante la adecuación de los medios a los objetivos. Establece, ya que reconoce a todos los actores en el exterior, instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación que procuren que la Acción Exterior sea integrada y exista una plena conexión entre ella y la Política Exterior. Y, finalmente, concibe el Servicio Exterior del Estado como el instrumento fundamental para la ejecución de la Política y de la Acción Exterior al aglutinar en él a todos los órganos de la Administración General del Estado que actúan en el exterior y definir a los Embajadores y Representantes Permanentes ante Organizaciones Internacionales como órganos directivos a los que corresponde la dirección y la coordinación de todos ellos. Todo ello se vertebra, lógicamente, en el marco constitucional, en particular con base competencial en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, el artículo 149.1.18.ª, que le atribuye la competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y de régimen estatutario de los funcionarios, y el artículo 97 que otorga al Gobierno, asimismo en exclusiva, la dirección de la política exterior. III La ley se estructura en cuatro títulos. El punto de arranque lo configura un título preliminar en el que se recogen las disposiciones generales sobre el objeto y definiciones de la ley y los principios que la inspiran, con clara diferencia entre Política Exterior y Acción Exterior del Estado. Se persigue dotar a esta última de unidad y coherencia interna, más allá de la suma de las acciones sectoriales; planificarla, garantizar su eficacia y eficiencia, reconocer la necesaria especialización en su ejecución; y ponerla al servicio de los intereses generales de España, como resultado de una visión participada y compartida sobre lo que a España interesa. El título I regula los sujetos y los ámbitos de la Acción Exterior del Estado. Sus disposiciones parten del reconocimiento de la existencia de una multiplicidad de sujetos que, sin competencias en Política Exterior, desarrollan una muy intensa Acción Exterior, en el ejercicio de sus competencias propias, y deben sujetarse a las directrices, fines y objetivos establecidos por el Gobierno en el ejercicio a su vez de su competencia exclusiva de dirección de la Política Exterior del Estado. Respecto de los sujetos, entre los que no cabe olvidar por su relevante papel a la Corona, la ley recoge la mención de aquellas competencias y funciones que guardan estrecha relación con la Acción Exterior del Estado. Como novedad, la ley establece un sistema de información y comunicación de las actuaciones en el exterior y de los viajes y visitas al exterior que persigue una doble finalidad: que el Gobierno facilite a los sujetos de la Acción Exterior apoyo en su ejecución; y, en lo que a los órganos constitucionales y Administraciones públicas concierne, que pueda emitir recomendaciones motivadas acerca de la adecuación de dichas actuaciones a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior. Asimismo, en este título se relacionan y describen, sin ánimo de constituir una lista cerrada e inmutable, los ámbitos de la Acción Exterior entendidos como aquellos que, por su singular importancia, deben ser atendidos y tenidos en cuenta para la formulación de una Política Exterior cuyo objetivo último es la defensa y promoción de los valores e intereses de España, el progreso y el crecimiento sostenible y el bienestar de la población española con especial énfasis en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género, destacando la atención y protección de las mujeres españolas víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en el exterior. En el título II se regulan los instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior. Los primeros son la Estrategia y el Informe de Acción Exterior, ambos objeto de aprobación por el Gobierno, cuya elaboración se lleva a cabo conjuntamente por todos los departamentos ministeriales y se completa con las aportaciones de los órganos constitucionales, las Comunidades y Ciudades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local. En la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior resulta imprescindible la puesta en valor de todos nuestros activos inmateriales ante sociedades civiles y actores no gubernamentales en el ámbito internacional. La promoción de la imagen de España en el exterior constituye una tarea inexcusable. Por lo que a la coordinación concierne, la ley presta especial atención a un órgano clave para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Política Exterior, órgano colegiado asesor del Presidente del Gobierno en su tarea de dirección de la Política Exterior, que se configura como el principal garante de la coherencia interna de la Acción Exterior del Estado y la plena coordinación entre la Acción Exterior y la Política Exterior. Este órgano colegiado adquiere además un protagonismo esencial a través de su Consejo Ejecutivo al que corresponde formular propuestas relativas a la adecuación y mejor ordenación de los medios humanos, presupuestarios y materiales del Servicio Exterior, para el cumplimiento de los fines y objetivos fijados en la Estrategia de Acción Exterior. Dicho en otros términos, conoce sobre cómo y dónde debe producirse el despliegue de nuestro Servicio Exterior para mejor servir los intereses generales de España. El título III se dedica a la nueva configuración de la organización de la Administración General del Estado en el exterior: el Servicio Exterior del Estado, figura ya apuntada en el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior que persigue la unidad de acción de todos los órganos de la Administración General del Estado en el exterior. Para ello se garantizan las funciones de dirección de la Misión y de coordinación de la Acción Exterior y del Servicio Exterior que ya la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado atribuye a los Embajadores y Representantes Permanentes en su condición de órganos directivos en el exterior, a la vez que reconoce la necesidad e importancia de la incorporación del conocimiento especializado a la Acción Exterior del Estado. Como novedad, la ley establece las bases para que el Consejo Ejecutivo de Política Exterior pueda recomendar la adopción de medidas de gestión integrada en las Misiones Diplomáticas a través del establecimiento, allí donde se considere necesario o conveniente, de una Sección de Servicios Comunes que procure, además, un más eficiente aprovechamiento de los recursos humanos y materiales públicos. En este título se introducen también nuevos conceptos y nuevas formas de diplomacia y representación, aprovechando la potencialidad que ofrece el despliegue del Servicio Europeo de Acción Exterior y de sus delegaciones en el exterior o acordando con los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones la creación de oficinas sectoriales conjuntas en terceros Estados para el desarrollo de ámbitos específicos de la Acción Exterior. Este modelo requiere que la Administración potencie la formación continuada de los funcionarios que integran el Servicio Exterior en capacidades nuevas que permitan el trabajo interdisciplinar y multisectorial, así como el pleno desarrollo de las capacidades directivas y técnicas de negociación en el contexto internacional, y la formación en el conocimiento y perfeccionamiento de idiomas. Para ello, la ley configura a la Escuela Diplomática y al ICEX España Exportación e Inversiones, a través del Centro de Estudios Económicos y Comerciales, como centros de formación de los funcionarios del Servicio Exterior. Finalmente, la ley se cierra con las correspondientes disposiciones adicionales, derogatorias y finales. IV Finalmente, conviene emplazar esta ley en su justa perspectiva histórica y dejar constancia del valor que en esta materia tiene un consenso político y social para su puesta en marcha. En efecto, esta ley se inscribe en una rica trayectoria histórica, varias veces centenaria, de diplomacia española, que hunde sus raíces últimas en las valiosas aportaciones que la Escuela de Salamanca hizo en el siglo XVI al derecho internacional y cuya actuación siempre se ha desarrollado con entera vocación de servicio público. No en vano las dimensiones genuinas de nuestra acción exterior –la europea, la iberoamericana y atlántica, así como la mediterránea– entroncan sin duda con las diplomacias castellana y aragonesa, pero es así mismo propiamente española nuestra vocación de universalismo. Esta historia diplomática es ciertamente excepcional por su magnitud geográfica, por su producción doctrinal política y jurídica, por sus instituciones, medios y personas, así como por sus usos, rumbos y tareas. Y es legítimo traer a colación este ingente y valioso legado, pues, en gran medida, los condicionantes y las categorías, las personas, los recursos y los objetivos de la Acción Exterior que regula la presente ley se incardinan en dicha historia. Por otro lado, las novedades y cambios que la presente ley comporta no pueden ser llevados a cabo en solitario por el Gobierno. Una adecuada y eficaz aplicación de esta ley requiere un acuerdo básico entre las fuerzas políticas, las Comunidades Autónomas, las Organizaciones Empresariales y Sindicales, el mundo de la cultura y la colaboración de toda la sociedad española. Solo así podrá transformarse realmente un orden jurídico diseñado en la época en la que aún subsistían las viejas fronteras entre los Estados para construir otro adaptado a los nuevos imperativos de la globalización. TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1. Objeto y definiciones. 1. Esta ley tiene por objeto regular la Acción Exterior del Estado, enumerar sus principios rectores, identificar los sujetos y ámbitos de la misma, establecer los instrumentos para su planificación, seguimiento y coordinación y ordenar el Servicio Exterior del Estado, para asegurar la coordinación y coherencia del conjunto de actuaciones que la constituyen y su adecuación a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior. 2. A los efectos de esta ley se entiende por: a) Política Exterior: el conjunto de decisiones y acciones del Gobierno en sus relaciones con otros actores de la escena internacional, con objeto de definir, promover, desarrollar y defender los valores e intereses de España en el exterior. b) Acción Exterior del Estado: el conjunto ordenado de las actuaciones que los órganos constitucionales, las Administraciones públicas y los organismos, entidades e instituciones de ellas dependientes llevan a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desarrolladas de acuerdo con los principios establecidos en esta ley y con observancia y adecuación a las directrices, fines y objetivos establecidos por el Gobierno en el ejercicio de su competencia de dirección de la Política Exterior. c) Servicio Exterior del Estado: los órganos, las unidades administrativas y los medios humanos y materiales que, bajo la dirección y la coordinación del Gobierno, ejecutan y desarrollan la Política Exterior y la Acción Exterior de este, sin perjuicio de las competencias de los distintos departamentos ministeriales. Artículo 2. Principios y objetivos de la Política Exterior. 1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el seno de la comunidad internacional. 2. Son objetivos de la Política Exterior de España: a) El mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacionales; b) El fomento de instituciones multilaterales fuertes y legítimas; c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas; d) La lucha contra la pobreza, la solidaridad con los países en vías de desarrollo y el desarrollo económico y social de todos los Estados; e) La defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la preocupación por la seguridad alimentaria; f) La eliminación de las armas de destrucción masiva y armas químicas y la asunción de un compromiso activo por un progresivo desarme a nivel mundial; g) La construcción de una Europa más integrada y más legítima ante sus ciudadanos, que se constituye como un actor global de referencia; h) El fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de Naciones; i) La seguridad y bienestar de España y sus ciudadanos; j) La asistencia y protección a sus ciudadanos, así como la protección de los intereses económicos de España en el exterior; k) La promoción de los intereses económicos de España en el exterior. Artículo 3. Principios rectores de la Acción Exterior del Estado. 1. La Acción Exterior del Estado, como elemento esencial para la ejecución de la Política Exterior, se desarrollará en el marco de los instrumentos de planificación regulados en esta ley, y se sujetará a los principios, directrices, fines y objetivos de dicha política. 2. La Acción Exterior de los órganos constitucionales, las Administraciones públicas y los organismos, entidades e instituciones de ellas dependientes se regirá por los siguientes principios: a) Unidad de acción en el exterior. Se entiende por unidad de acción en el exterior la ordenación y coordinación de las actividades realizadas en el exterior con el objeto de garantizar la consecución de los objetivos de la Política Exterior del Gobierno y la mejor defensa de los intereses de España. b) Lealtad institucional, coordinación y cooperación. La actividad realizada en el exterior por los sujetos de la Acción Exterior del Estado se desenvolverá con respeto a la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior del Gobierno. c) Planificación. Las prioridades, objetivos y actuaciones de la Acción Exterior del Estado se establecerán en los instrumentos de planificación que se aprueben de conformidad con los procedimientos que se establecen en esta ley. d) Eficiencia. En la ejecución de la Acción Exterior del Estado se adoptarán las medidas necesarias para asegurar la utilización eficiente, la racionalización y la austeridad en el empleo de los recursos públicos. e) Eficacia y especialización. Para lograr la mejor adecuación de los recursos públicos al cumplimiento de los objetivos fijados, la Acción Exterior del Estado incorporará el conocimiento técnico especializado, tanto en su planificación, como en su gestión y ejecución. f) Transparencia. El acceso a la información relativa a la Acción Exterior del Estado se ajustará a lo que al efecto disponga la normativa que resulte de aplicación. g) Servicio al interés general. La Acción y el Servicio Exterior del Estado se orientarán a la prestación de un servicio público de calidad y a la defensa de los intereses y promoción de la imagen de España. Asimismo, se orientarán a la asistencia y protección de los españoles, y al apoyo a la ciudadanía española y a las empresas españolas en el exterior. TÍTULO I Sujetos y ámbitos de la Acción Exterior CAPÍTULO I Sujetos de la Acción Exterior del Estado Artículo 4. La Corona. 1. El Rey asume la más alta representación de España en sus relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica y ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en los que España es parte. 2. Corresponde al Rey manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las Leyes. 3. El Rey acreditará a los Jefes de las Misiones Diplomáticas de España y a sus representantes permanentes ante organizaciones internacionales y recibirá las credenciales de los representantes diplomáticos extranjeros. Artículo 5. Sujetos de la Acción Exterior del Estado. 1. Son sujetos de la Acción Exterior del Estado, los órganos constitucionales, las Administraciones públicas y los órganos administrativos, instituciones y entidades que, en el ejercicio de sus propias competencias, actúan y se proyectan en el exterior. 2. Los órganos constitucionales, las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y los organismos, entidades e instituciones de ellas dependientes mantendrán informado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de las propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior, para que este departamento pueda informar y, en su caso, emitir recomendaciones motivadas sobre la adecuación de la propuesta de actuación a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno y los instrumentos de planificación establecidos por esta ley. Esta obligación de información en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas comprenderá los viajes, visitas, intercambios y actuaciones de sus Presidentes y de los miembros de sus Consejos de Gobierno y no será de aplicación cuando se trate de actuaciones en el ámbito de la Unión Europea y de viajes o visitas a sus instituciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará al de Hacienda y Administraciones Públicas la información recibida de las Comunidades Autónomas y entidades que integran la Administración Local. 3. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación prestará a los órganos constitucionales, a las Administraciones públicas y a los organismos, entidades e instituciones mencionados en el apartado anterior, información y apoyo para su proyección exterior, en el ejercicio de sus respectivas competencias, y en el marco de los principios rectores de la Política Exterior y la Acción Exterior del Estado. 4. Los Ministros, los órganos superiores de los departamentos ministeriales y los directivos de los organismos, entidades e instituciones públicas de ellos dependientes, informarán al Gobierno de las actividades desarrolladas para el ejercicio de su Acción Exterior, dentro de su ámbito competencial. Asimismo, comunicarán al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación los viajes y visitas que realicen al exterior. 5. El Gobierno podrá recabar la colaboración de todos los sujetos que participan en la Acción Exterior del Estado para el desarrollo de misiones y actuaciones específicas que coadyuven a la defensa de los intereses del Estado en el exterior o al mejor cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior. Artículo 6. El Gobierno. 1. El Gobierno dirige la Política Exterior, autoriza la firma y aplicación provisional de los tratados internacionales, aprueba su firma «ad referendum», los remite a las Cortes Generales y acuerda la manifestación del consentimiento de España para obligarse mediante un tratado internacional. 2. El Gobierno aprobará la Estrategia de Acción Exterior, los Informes Anuales de Acción Exterior, los planes anuales de acción exterior para la promoción de la Marca España, el Plan Director de la Cooperación Española y los demás instrumentos de planificación que se consideren necesarios para definir, promover, desarrollar y defender los intereses de España en el exterior. 3. Corresponde al Presidente del Gobierno dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de sus miembros y, en particular, determinar las directrices de Política Exterior y velar por su cumplimiento, en el desarrollo de la Acción Exterior del Estado. En virtud de sus funciones y sin necesidad de plenipotencia, el Presidente del Gobierno representa a España, de acuerdo con la Constitución y la normativa vigente, en todos los actos de celebración de tratados internacionales, incluida la manifestación del consentimiento de España en obligarse por los mismos. 4. Los Ministros, como titulares de sus departamentos, dirigen y desarrollan la Acción Exterior del Estado en su ámbito competencial, de acuerdo con los principios rectores establecidos por la presente ley. Para el desarrollo de su Acción Exterior disponen del Servicio Exterior del Estado y, particularmente, de los órganos técnicos y unidades administrativas en el exterior que de ellos dependan, orgánica y funcionalmente, sin perjuicio de las facultades de dirección y coordinación del Jefe de la Misión Diplomática o Representación Permanente respectiva. Los Ministros podrán representar al Estado en los actos de celebración de un tratado, con excepción de la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el mismo, mediante la oportuna plenipotencia, otorgada por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 5. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el marco de la superior dirección del Gobierno y de su Presidente, planifica y ejecuta la Política Exterior del Estado, y coordina la Acción Exterior y el Servicio Exterior del Estado. Asimismo, de conformidad con la Constitución y las leyes, representa a España en todos los actos de celebración de tratados internacionales, incluida la manifestación del consentimiento de España en obligarse por los mismos. Artículo 7. Las Cortes Generales. 1. Las Cortes Generales fomentan las relaciones de amistad y colaboración con las Asambleas Parlamentarias y los Parlamentos de otros Estados, de acuerdo con los principios recogidos en esta ley. 2. El Gobierno podrá solicitar la colaboración de las Cortes Generales para la realización de misiones de carácter parlamentario y para la participación en reuniones parlamentarias internacionales, cuando resulte aconsejable para la defensa de los intereses del Estado en el exterior, en el marco de la Acción Exterior del Estado, o para el mejor cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior. 3. El Defensor del Pueblo, en su calidad de institución española para la promoción y protección de los derechos humanos, desarrolla relaciones de colaboración y asistencia técnica con las instituciones nacionales homólogas de otros Estados y facilita de forma independiente el seguimiento que periódicamente realizan las organizaciones internacionales sobre la situación en España de los derechos humanos. El Gobierno podrá recabar la colaboración del Defensor del Pueblo para la realización de misiones ante los foros internacionales de derechos humanos. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas. 1. Las Fuerzas Armadas son un pilar básico en la Acción Exterior del Estado, garantizan la seguridad y la defensa de España y promueven un entorno internacional de paz y seguridad. 2. El Gobierno acordará la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales, como parte del esfuerzo concertado en la Acción Exterior del Estado, con arreglo a los requisitos y procedimientos establecidos por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Artículo 9. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participan en la Acción Exterior del Estado y, a través de la cooperación policial internacional, promueven el mantenimiento de la seguridad pública en el ámbito internacional. 2. El Gobierno acordará los términos de la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en misiones internacionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros sujetos de la Acción Exterior del Estado. Artículo 10. El Consejo General del Poder Judicial. 1. El Consejo General del Poder Judicial coadyuva a la mejora de la cooperación judicial e institucional internacional y actúa en el exterior, en el ejercicio de las competencias que le atribuyan los tratados internacionales en que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y de acuerdo con los principios establecidos en esta ley. 2. El Gobierno podrá solicitar la colaboración del Consejo General del Poder Judicial para la realización de misiones de colaboración con otros poderes judiciales o para participar en reuniones internacionales, cuando resulte aconsejable para la defensa de los intereses del Estado en el exterior, en el marco de la Acción Exterior del Estado, o para el mejor cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior. Artículo 11. Las Comunidades Autónomas y entidades que integran la Administración Local. 1. Las actividades que las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local puedan realizar en el exterior en el marco de las competencias que les sean atribuidas por la Constitución, por los Estatutos de Autonomía y las leyes, respetarán los principios que se establecen en esta ley y se adecuarán a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno. 2. Asimismo, dichas actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas se adecuarán a los instrumentos de planificación de la Acción Exterior, elaborados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en esta ley y establecidos por el Estado en el ejercicio de sus facultades de coordinación en este ámbito, cuando definan directrices de actuación propias de la Política Exterior del Estado o se inserten en el ámbito de las relaciones internacionales de España. Las entidades que integran la Administración Local estarán sujetas a los instrumentos de planificación de la acción exterior que determinen sus respectivas Comunidades Autónomas. 3. Las actuaciones que se lleven a cabo en el ejercicio de la Acción Exterior no podrán comportar, en ningún caso, la asunción de la representación del Estado en el exterior, la celebración de tratados internacionales con otros Estados u organizaciones internacionales, la generación, directa o indirecta, de obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado, ni incidir o perjudicar la Política Exterior que dirige el Gobierno. Corresponde en cualquier caso al Gobierno establecer las medidas y directrices que regulen y coordinen las actividades en el exterior de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. 4. Las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional cuando así lo prevea el propio tratado, les atribuya potestad para ello y verse sobre materias de su competencia. Asimismo, podrán celebrar acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional, no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su competencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará con carácter previo y de acuerdo con lo que disponga la legislación estatal que regule su celebración, los acuerdos internacionales administrativos y los no normativos que estas Administraciones pretendan celebrar con autoridades u órganos administrativos de un sujeto de derecho internacional. A tal efecto recabará el informe de los departamentos ministeriales competentes por razón de la materia y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 12. De las Oficinas de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el exterior. 1. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas informarán al Gobierno del establecimiento de oficinas para su promoción exterior, con carácter previo a su apertura. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará la propuesta, de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior. 2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará dicha propuesta de acuerdo con el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos así como desde la perspectiva de su adecuación al orden competencial. 3. Cuando se trate de oficinas dedicadas a la promoción comercial, se recabará además el informe del Ministerio de Economía y Competitividad. 4. El Gobierno impulsará la instalación de estas oficinas dentro de los locales del Servicio Exterior del Estado, cuando así lo permitan las disponibilidades de espacio de dicho Servicio, sin que en ningún caso dicha instalación comporte ni su integración en el Servicio Exterior del Estado, ni la aplicación a dichas oficinas de la normativa internacional, especialmente la recogida en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Artículo 13. Los organismos públicos, las sociedades estatales, fundaciones y entidades consorciadas. 1. Los organismos públicos, las sociedades estatales, las fundaciones públicas y entidades consorciadas y cualesquiera otras entidades vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas actuarán en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley y con sujeción a las directrices, los fines y objetivos de Política Exterior fijados por el Gobierno y a los instrumentos de planificación de la Acción Exterior elaborados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 2. Las entidades mencionadas en el apartado anterior, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, proporcionarán información al departamento ministerial del que dependan o al que estén adscritas, sobre sus actuaciones en el exterior, fines y objetivos de las mismas, adecuación a las directrices y documentos de planificación y resultados obtenidos, que se incorporarán a los informes que periódicamente se elaboren sobre Acción Exterior del Estado, de conformidad con la normativa vigente. CAPÍTULO II Ámbitos de la Acción Exterior del Estado Artículo 14. Ámbitos de la Acción Exterior del Estado y su relación con la Política Exterior. 1. El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en virtud de las competencias que le atribuye esta ley y en la forma prevista en los instrumentos de planificación regulados por ella, velará para que la Acción Exterior en sus distintos ámbitos, entre ellos los que se enumeran en los artículos 15 a 32 de esta ley, se dirija preferentemente a las áreas o Estados que se consideren prioritarios para el cumplimiento de los objetivos de Política Exterior. Asimismo, podrá instar la actuación de los órganos, sujetos y actores en cualesquiera otros ámbitos que considere convenientes, para la consecución de los fines de la Política Exterior. 2. Los distintos departamentos ministeriales participarán en uno o más ámbitos de la Acción Exterior del Estado en función de las competencias que les sean atribuidas por las respectivas normas de estructura orgánica. 3. El Gobierno informará de sus iniciativas y propuestas a las Comunidades Autónomas cuando afecten a sus competencias, y aquellas podrán solicitar de los órganos del Servicio Exterior del Estado el apoyo necesario a las iniciativas autonómicas en el ámbito de sus competencias. 4. Las Comunidades Autónomas participarán en la elaboración y ejecución de la Acción Exterior en el ámbito de la Unión Europea a través de los mecanismos de cooperación existentes, en particular, a través de la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea. Artículo 15. Acción Exterior en materia de defensa. 1. La actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito internacional se enmarcará en el conjunto de la Acción Exterior del Estado, como elemento esencial para garantizar la seguridad y defensa de España y para contribuir a la proyección internacional de España y al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 2. La Acción Exterior del Estado en materia de defensa se regirá conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y su normativa de desarrollo. Artículo 16. Acción Exterior en materia de derechos humanos. 1. La Acción Exterior en materia de derechos humanos promoverá la extensión, reconocimiento y efectivo cumplimiento de los principios fundamentales defendidos por la comunidad internacional de Estados democráticos y reconocidos en la propia Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos y tratados ratificados por España en esta materia, en especial las Directrices de derechos humanos de la Unión Europea. 2. Asimismo, promoverá la cooperación internacional en materia de defensa y garantía de los derechos humanos y contará para ello con el trabajo de proyección exterior de los órganos constitucionales. Artículo 17. Acción Exterior en materia tributaria. 1. La Acción Exterior en materia tributaria y aduanera se dirigirá a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras y a la lucha contra la evasión y el fraude fiscal mediante la extensión de la red de convenios para evitar la doble imposición y acuerdos para el intercambio efectivo de información, así como a ampliar y perfeccionar los instrumentos de cooperación que permitan la asistencia mutua en materia fiscal en todos sus ámbitos. 2. El fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal constituirá igualmente un principio específico en materia tributaria de la acción exterior, participando activamente en las instituciones y foros internacionales. 3. Asimismo se promoverá la asistencia técnica y la formación especializada, mediante acuerdos específicos con otros Estados y organizaciones internacionales, y se perseguirá alcanzar una presencia adecuada en estas últimas. Artículo 18. Acción Exterior en materia de justicia. 1. La Acción Exterior en materia de justicia se orientará a promover la cooperación jurídica internacional, singularmente en el ámbito judicial, y la celebración y actualización de acuerdos internacionales. 2. Asimismo, se orientará a la formación y fortalecimiento de la posición española ante las instituciones internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de la justicia y de las libertades públicas. Artículo 19. Acción Exterior en materia de seguridad pública y asuntos de interior. 1. La Acción Exterior en materia de seguridad pública y asuntos de interior se desarrollará mediante la cooperación policial internacional, elemento esencial para la prevención y la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional y el terrorismo, orientada a la asistencia mutua y a la colaboración con las instituciones responsables de la seguridad pública en el exterior. Asimismo tendrá por objeto la cooperación con terceros Estados en materia de formación y asistencia técnica en el ámbito penitenciario, de protección civil, de seguridad vial y de políticas de apoyo a las víctimas del terrorismo. 2. La Acción Exterior en materia de seguridad pública y otros asuntos de interior se orientará a la formación y fortalecimiento de la posición de España ante la Unión Europea y las organizaciones internacionales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros sujetos de la Acción Exterior del Estado y, en su caso, en coordinación con ellos. Artículo 20. Acción Exterior en materia económica, comercial, financiera y de apoyo a la internacionalización de la economía española. La Acción Exterior en materia económica, comercial, financiera y de apoyo a la internacionalización de la empresa consistirá en la ejecución en el exterior de la política del Gobierno en materia económica, de reformas para la mejora de la competitividad y financiera, que comprende también las acciones relativas a las instituciones financieras internacionales, así como las actuaciones encaminadas a la internacionalización de la empresa y la economía españolas. Artículo 21. Acción Exterior en materia de investigación, desarrollo e innovación. La Acción Exterior en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación promoverá la participación de los organismos públicos y privados en programas y proyectos científicos, tecnológicos o de innovación internacionales, redes del conocimiento y especialmente en las iniciativas promovidas por la Unión Europea. Asimismo, promoverá la movilidad del personal investigador y la presencia en instituciones internacionales o extranjeras vinculadas a la investigación científica y técnica y a la innovación. Artículo 22. Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social. 1. La Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social se orientará al desarrollo de actuaciones relacionadas con el empleo, las relaciones laborales y el sistema de seguridad social que favorezcan los intercambios, la cooperación y la información en estas materias, así como la atención de los trabajadores españoles y de las empresas españolas en el exterior. 2. La planificación de la Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social tendrá presente las iniciativas y medidas que se impulsen en el marco de la Unión Europea y desde la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones internacionales y comprenderá de forma específica los intercambios en estas materias y la movilidad de expertos. Artículo 23. Acción Exterior en materia de emigración e inmigración. 1. La Acción Exterior en materia de emigración velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política para facilitar su retorno. 2. La Acción Exterior en materia de inmigración se orientará a la ordenación de los flujos migratorios hacia España y a reforzar la lucha contra la inmigración irregular. Artículo 24. Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo. La Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo se orientará a contribuir a la erradicación de la pobreza, al desarrollo humano sostenible y al pleno ejercicio de los derechos, mediante la consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho, la reducción de las desigualdades, el fomento de los sistemas de cohesión social, la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género; dando una respuesta de calidad a las crisis humanitarias. Artículo 25. Acción Exterior en materia cultural. 1. La acción cultural exterior se dirigirá a promover las diversas manifestaciones de la cultura española, a potenciar la internacionalización de las industrias culturales, y a cooperar y fomentar los intercambios culturales y el conocimiento de España. 2. La acción cultural exterior atenderá los objetivos establecidos en la política cultural y tendrá en cuenta los compromisos que se deriven de las estrategias europeas, las metas establecidas en el ámbito iberoamericano y en la UNESCO. La planificación de las prioridades sectoriales y geográficas de la acción cultural exterior se incorporará a los mecanismos de intercambio cultural y de movilidad de expertos. 3. La Acción Exterior en materia de cultura facilitará la defensa, promoción y difusión de las culturas de las nacionalidades y regiones que integran la nación española, en el marco previsto en el artículo 149.2 de la Constitución Española. Artículo 26. Acción Exterior en materia educativa. 1. La Acción Exterior en materia educativa se orientará a la promoción y difusión del castellano y demás lenguas españolas, así como a la promoción y organización de: a) Enseñanzas regladas correspondientes a niveles no universitarios del sistema educativo español. b) Currículos mixtos de contenidos del sistema educativo español y de los propios de otros sistemas educativos. c) Programas de apoyo en el marco de sistemas educativos extranjeros para la enseñanza de la lengua y cultura españolas. d) Programas de apoyo a los intercambios en el ámbito educativo. e) La enseñanza no reglada del castellano y de las demás lenguas españolas, su evaluación y certificación. f) En general, cuantas medidas puedan contribuir a facilitar a los españoles el acceso a la educación en el extranjero y a potenciar la proyección de la educación y la cultura españolas en el exterior. 2. Asimismo, la Acción Exterior en materia educativa colaborará con las estrategias de internacionalización de las universidades españolas. 3. La acción educativa en el exterior se ajustará a los objetivos establecidos en la política educativa, a los compromisos que se deriven de las estrategias europeas y a las metas establecidas en el ámbito iberoamericano. 4. Todos los programas educativos en el exterior, así como los mecanismos de intercambio educativo y de movilidad de profesores y alumnos se incluirán en la planificación de la acción educativa exterior de forma específica. Artículo 27. Acción Exterior en materia de deporte. 1. La Acción Exterior en materia deportiva se orientará especialmente a: a) Fomentar los intercambios institucionales, el patrocinio y mecenazgo deportivo, la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado al deporte y la internacionalización de nuestra industria del deporte. b) Promover la cooperación internacional, con especial atención a la formación de especialistas y expertos deportivos, a la lucha contra el dopaje, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. c) Cooperar en el mantenimiento de la seguridad en los espectáculos deportivos. 2. Asimismo, contribuirá al desarrollo del movimiento olímpico y paralímpico y a la difusión de los ideales olímpicos. Artículo 28. Acción Exterior en materia de turismo. 1. La Acción Exterior en materia de turismo se orientará a la promoción de la imagen de España como destino turístico y a la planificación, desarrollo, ejecución y seguimiento de actividades de carácter promocional del sector turístico español en los mercados internacionales, así como al apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior. 2. Asimismo, dicha acción incluirá el ejercicio de las relaciones turísticas internacionales tanto de carácter bilateral como con las organizaciones turísticas internacionales de carácter multilateral, y el fomento de la cooperación turística internacional. 3. La Acción Exterior en materia turística comprenderá la asistencia e información a las entidades y empresas turísticas españolas en su actividad internacional y el respaldo a su implantación en el exterior. 4. Contribuirá especialmente a la difusión en el exterior de la imagen de España al ser la acción turística un aspecto decisivo en ella. Artículo 29. Acción Exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental. La Acción Exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental se orientará a la promoción de los productos y servicios agroalimentarios y pesqueros españoles, a la apertura de nuevos mercados para éstos y a la remoción de los obstáculos comerciales o sanitarios a los mismos, ajustándose a los objetivos establecidos en la política agroalimentaria y pesquera y a los compromisos que, en su caso, se deriven de las estrategias de la Unión Europea, así como a la promoción de la acción internacional en materia medioambiental y de los productos y servicios medioambientales españoles. Artículo 30. Acción Exterior en materia de cambio climático. 1. La Acción Exterior en materia de cambio climático promoverá la celebración de tratados internacionales y la adopción de normativa internacional que propicien un compromiso global; impulsará modelos productivos y energéticos sostenibles que permitan afrontar las consecuencias de este fenómeno, la generación de modelos energéticos sostenibles, usos más eficientes de la energía y la protección de los ecosistemas vegetales. 2. Igualmente, se fomentarán los intercambios, la cooperación internacional, así como la asistencia técnica especializada a otros Estados, para el desarrollo de los instrumentos normativos necesarios y la sensibilización a las poblaciones en la lucha global contra el cambio climático. Artículo 31. Acción Exterior en materia de salud. 1. La Acción Exterior en materia de salud se orientará a la protección de la salud de los ciudadanos ante riesgos sanitarios transfronterizos de origen humano, animal, alimentario, ambiental u otros; a la colaboración en materia de asistencia sanitaria internacional; a la actividad de inspección en el ámbito de la sanidad exterior; a la colaboración en prevención y promoción de la salud de los ciudadanos y a la cooperación en investigación e innovación en materia sanitaria y de formación. 2. La planificación de la Acción Exterior en materia de salud tendrá en cuenta las iniciativas y compromisos que se deriven de las estrategias que se impulsen en el marco de la Unión Europea y desde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales y promoverá la presencia española en los foros sanitarios de estas instituciones, así como el fomento de tratados internacionales, y las actividades de cooperación internacional y de movilidad de expertos. Artículo 32. Acción Exterior en materia de energía. 1. La Acción Exterior en materia de energía se centrará en la dirección, coordinación y gestión de los asuntos y procesos energéticos internacionales de carácter regional y global, así como en la participación en las actividades derivadas de la pertenencia de España a organizaciones internacionales y en las derivadas de las relaciones internacionales tanto bilaterales como multilaterales en el ámbito de la política energética. En este sentido, se prestará especial atención al impulso y desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento derivado de los compromisos internacionales y programas internacionales de cooperación y asistencia técnica asumidos en estas materias y su seguimiento. 2. Asimismo, impulsará la cooperación internacional con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, garantizar la seguridad de suministro, dando lugar asimismo a la apertura de nuevos mercados. Por consiguiente, esta cooperación se centrará en desarrollar y fomentar acciones encaminadas a mejorar el mantenimiento de las relaciones multilaterales y bilaterales, tanto con los principales Estados suministradores de energía, como con aquellos Estados clave para fomentar la internacionalización de las empresas españolas presentes en el sector energético. Artículo 33. Acción Exterior en materia de infraestructuras, transporte y vivienda. La Acción Exterior en materia de infraestructuras y transporte se orientará a mejorar los actuales niveles de seguridad, al reforzamiento de la conectividad de España con el exterior, a incrementar la eficiencia y sostenibilidad en los distintos modos de transporte, y a la internacionalización de las empresas del sector de infraestructuras, transporte y construcción. La Acción Exterior se ajustará a los compromisos que se deriven de la política común de transportes de la Unión Europea, de los instrumentos bilaterales, así como de los acuerdos de las organizaciones internacionales de los que España forme parte. TÍTULO II Planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior Artículo 34. Planificación y seguimiento de la Acción Exterior. 1. La planificación y el seguimiento de la Acción Exterior del Estado se llevará a cabo a través de la Estrategia de Acción Exterior y el Informe de Acción Exterior. 2. En el proceso de elaboración de ambos instrumentos participarán, en los términos previstos en el artículo siguiente, los órganos constitucionales, las Administraciones públicas y los organismos y entidades e instituciones de ellas dependientes, que actúen en el exterior. Artículo 35. La Estrategia de Acción Exterior. 1. La Estrategia de Acción Exterior contendrá la expresión ordenada, sectorial y geográfica, de las prioridades y objetivos a medio plazo de la Acción Exterior, y recoge el conjunto de actuaciones de los órganos, organismos y entidades públicas en el exterior a las que dota de coherencia interna. 2. La Estrategia de Acción Exterior se elabora, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, conjuntamente con todos los departamentos ministeriales. La Estrategia de Acción Exterior integrará las propuestas de todos ellos, partiendo de las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijada por el Gobierno. 3. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará e integrará, en su caso, las propuestas de actuación exterior de los órganos constitucionales, de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las Entidades Locales. La no integración de las propuestas de los órganos y entes mencionados en el párrafo anterior deberá ser motivada y fundarse en la adecuación a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno. 4. La Estrategia de Acción Exterior se aprueba por acuerdo del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo de Política Exterior, y tendrá una vigencia de cuatro años. El Gobierno podrá aprobarla por un periodo de vigencia inferior, cuando concurran circunstancias que así lo hagan necesario o lo aconsejen. 5. Previamente a su aprobación, el Gobierno remitirá la Estrategia de Acción Exterior a las Cortes Generales para su conocimiento y debate. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación comparecerá, como mínimo una vez al año, en cada una de las dos Cámaras, para hacer balance del cumplimiento de la Estrategia de Acción Exterior. Artículo 36. De la promoción de la imagen de España y de la acción informativa en el exterior. 1. En el proceso de elaboración de la Estrategia de Acción Exterior, la Presidencia del Gobierno y los Ministerios de la Presidencia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación velarán por la integración en la misma de las medidas necesarias, en todos los ámbitos sectoriales, para la promoción de la imagen de España en el exterior. 2. A estos efectos, se recabará de todos los órganos, administraciones, organismos y entidades que participen en la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior una propuesta en la que se definan los medios, acciones, instrumentos y herramientas, especialmente de diplomacia pública, que consideren oportunos para la promoción de España en el exterior. Los órganos, organismos y entidades, dependientes orgánica y funcionalmente y adscritos a los departamentos ministeriales, presentarán sus propuestas a través de estos. 3. En los planes de Acción Exterior para la promoción de la Marca España que apruebe el Gobierno se desarrollarán las previsiones contenidas en la Estrategia, a través de acciones concretas, objetivos, indicadores y medidas de seguimiento y evaluación. 4. Las misiones diplomáticas aportarán los elementos necesarios para la elaboración de los Planes Anuales. A tal fin tomarán en consideración la opinión y aportaciones de los Consejos de Residentes en el exterior, con especial referencia a la percepción sobre España y a las singularidades culturales, sociológicas y políticas que deban tener en cuenta las actuaciones para la promoción de España en su respectivo ámbito geográfico de actuación. En este sentido, fomentarán la colaboración público-privada y la participación de las empresas. 5. El Ministerio de la Presidencia, en el ejercicio de sus competencias, coordinará la acción informativa exterior del Gobierno, los servicios informativos del Servicio Exterior del Estado y la cobertura informativa internacional de la actividad gubernamental, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en materia de promoción de la imagen exterior de España. Artículo 37. El Informe Anual de Acción Exterior. 1. En el Informe Anual de Acción Exterior se dará cuenta de la ejecución de la Estrategia de Acción Exterior, de las actuaciones realizadas, de los objetivos logrados y de los recursos aplicados a su consecución. Se elaborará a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, conjuntamente por todos los departamentos ministeriales, y con participación de los organismos y entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado que actúan en el exterior, así como de las Comunidades y Ciudades Autónomas y Entidades Locales. 2. Asimismo, en los Informes Anuales se dará cuenta de las modificaciones y adecuaciones necesarias de las prioridades y objetivos contenidos en la Estrategia de Acción Exterior, que hayan debido realizarse por circunstancias sobrevenidas y cambios en el contexto internacional. 3. El Informe Anual de Acción Exterior será aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo de Política Exterior. Asimismo, se remitirá a las Cortes Generales, para su conocimiento. Artículo 38. El Consejo de Política Exterior. 1. El Consejo de Política Exterior es el órgano colegiado de apoyo y asesoramiento al Presidente del Gobierno en el desempeño de su función de dirección y coordinación de la Política Exterior. 2. El Consejo de Política Exterior ejerce las competencias que le atribuye la presente ley y especialmente la de asesorar al Presidente del Gobierno en el ejercicio de su competencia de velar para que la Acción Exterior del Estado se desarrolle de conformidad con los principios establecidos en esta ley, y con sujeción a las directrices, fines y objetivos de Política Exterior fijados por el Gobierno y a lo establecido en los instrumentos de planificación aprobados de conformidad con esta ley. 3. Asimismo, y en la forma en que se establece en el artículo siguiente, el Consejo de Política Exterior asesorará al Presidente del Gobierno sobre la ordenación de los medios del Servicio Exterior del Estado. Artículo 39. El Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 1. El Consejo Ejecutivo de Política Exterior es el órgano colegiado constituido en el seno del Consejo de Política Exterior para el adecuado ejercicio de sus competencias al que corresponde ejecutar cuantas actuaciones se le encomienden. En particular, podrá promover la elaboración de planes de ordenación de los medios humanos, presupuestarios y materiales que conforman el Servicio Exterior del Estado, que garanticen una mejor asignación de los recursos públicos, conforme al principio de eficacia y eficiencia, e instará a los órganos competentes en cada caso para su aprobación. 2. Cada dos años, o en cualquier momento, cuando causas sobrevenidas o cambios en el contexto exterior lo justifiquen, a iniciativa de los departamentos ministeriales, el Consejo Ejecutivo de Política Exterior elaborará un informe, que elevará al Pleno del Consejo de Política Exterior, para asesorar al Presidente del Gobierno sobre la adecuación del despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes y Oficinas Consulares, con el fin de dotar de la máxima eficacia al Servicio Exterior, en el cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de Política Exterior y de la máxima eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, en el marco de la Estrategia de Acción Exterior del Estado. Artículo 40. Grupo de emergencia consular. 1. Para garantizar la asistencia y protección debida a los ciudadanos españoles en el exterior, el Consejo de Política Exterior constituirá en su seno un grupo de emergencia consular, presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuando se produzca una situación de crisis bélica, de seguridad, desastre natural, de emergencia sanitaria o alimentaria o de cualquier otra índole, que requiera la coordinación de distintos órganos y organismos de la Administración General del Estado. Dicho grupo se constituirá cuando la situación que afecte a los españoles en el exterior no esté siendo objeto de estudio o gestión por cualquier otro grupo o comisión con competencias específicas en la materia. Se integrará en dicho grupo un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación. 2. El grupo elevará las recomendaciones oportunas al Presidente del Gobierno sobre las medidas y actuaciones que considere necesarias o convenientes para prestar la asistencia y protección a los españoles afectados. 3. Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia en el extranjero, que comporten la utilización de recursos presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje, publicadas y actualizadas puntualmente, en relación con las condiciones de seguridad en los distintos Estados y regiones del mundo. TÍTULO III De la Administración General del Estado en el exterior: El Servicio Exterior del Estado Artículo 41. Del Servicio Exterior del Estado. 1. El Servicio Exterior del Estado se integra por los órganos, unidades administrativas, instituciones y medios humanos y materiales de la Administración General del Estado que actúan en el exterior, bajo la dependencia jerárquica del Embajador y orgánica y funcional de los respectivos Departamentos ministeriales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45.4. 2. Corresponde al Servicio Exterior del Estado aportar elementos de análisis y valoración necesarios para que el Gobierno formule y ejecute su Política Exterior, desarrolle su Acción Exterior, y coordine la de todos los sujetos de la Acción Exterior del Estado mencionados en el artículo 5 de esta ley; así como promover y defender los intereses de España en el exterior. 3. Asimismo, le corresponde prestar asistencia y protección y facilitar el ejercicio de sus derechos a los españoles en el exterior, prestar asistencia a las empresas españolas en el exterior, así como ejercer todas aquellas competencias que le atribuya esta ley y la normativa vigente. 4. En el ejercicio de sus funciones, el Servicio Exterior del Estado actuará conforme a las normas del derecho interno español, del derecho de la Unión Europea, del derecho internacional y con respeto a las leyes de los Estados extranjeros en los que actúa. 5. En atención a las peculiaridades del ámbito internacional en que desarrolla principalmente sus actividades, podrán establecerse normas específicas para el Servicio Exterior del Estado en materia de gestión de personal, administración y gestión económica, contratación pública, seguridad de la información, defensa en juicio del Estado en el exterior y cualesquiera otras que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. CAPÍTULO I Organización del Servicio Exterior del Estado Artículo 42. De las Misiones Diplomáticas Permanentes y la Representación Permanente ante la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. 1. Las Misiones Diplomáticas Permanentes representan con este carácter a España ante uno o varios Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas. Cuando una Misión represente a España ante varios Estados lo hará en régimen de acreditación múltiple y con residencia en uno de ellos. 2. Las Representaciones Permanentes representan con este carácter a España ante la Unión Europea o una Organización Internacional. Tendrán el carácter de Representaciones de Observación cuando España no fuera parte de la organización ante la que se acreditan. 3. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes ejercerán todas las funciones que les atribuye la normativa vigente, el Derecho Internacional general y los tratados internacionales de los que España es parte y la normativa aplicable a la Unión Europea o la organización internacional ante la que la Representación se encuentre acreditada. 4. En especial, corresponde a las Misiones Diplomáticas Permanentes: a) Representar a España ante el Estado receptor. b) Proteger en el Estado receptor los intereses de España y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. En aquellos Estados donde no existan Oficinas Consulares, o existan en ciudades diferentes de donde radica la Misión Diplomática, las funciones consulares serán ejercidas por ésta, a través de su sección consular. c) Negociar con el Gobierno del Estado receptor. d) Informarse de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor y trasladar dicha información al Gobierno español. e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones con el Estado receptor en todos los ámbitos de la Acción Exterior. f) Cooperar con las instancias de representación exterior de la Unión Europea en la identificación, defensa y promoción de los intereses y objetivos de su Acción Exterior. 5. La creación y supresión de las Misiones Diplomáticas Permanentes y Representaciones Permanentes se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 6. La creación y supresión de los órganos técnicos especializados a que se refiere el artículo 45.3, en cuanto suponen modificación de la estructura de la Misión o Representación, se realizará por real decreto, a iniciativa del Ministerio competente, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 7. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará las relaciones de puestos de trabajo de las Misiones Diplomáticas Permanentes y Representaciones Permanentes, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Artículo 43. De las funciones de las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes en la Acción Exterior del Estado. 1. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes ejecutan y desarrollan la Política Exterior y la Acción Exterior del Estado. A estos efectos, las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior y la Estrategia de Acción Exterior vertebran la actuación de todos los órganos y unidades administrativas en el exterior. 2. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes son el instrumento principal para el desarrollo de la Acción Exterior de todos los órganos, organismos y entidades públicas con proyección exterior. Las instrucciones que los distintos órganos, organismos y entidades trasladen al Jefe de Misión o Representación para el desarrollo de la Acción Exterior en sus respectivos ámbitos, deberán ajustarse a lo previsto en la Estrategia de Acción Exterior y se cursarán a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45.5 respecto de los órganos técnicos especializados. Artículo 44. Jefatura de la Misión. 1. La Jefatura de la Misión Diplomática Permanente será ejercida por un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, que ostentará la representación y máxima autoridad de España ante el Estado receptor. En el caso de las Representaciones Permanentes, será ejercida por un Embajador Representante Permanente. La Jefatura de Misión podrá ser también ejercida por un Encargado de Negocios con cartas de gabinete. El Rey acreditará, mediante las correspondientes cartas credenciales, a los Jefes de Misión Diplomática y Representación Permanente. A los Encargados de Negocios se les acreditará mediante cartas de gabinete firmadas por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 2. El Jefe de Misión o Representación Permanente, orgánica y funcionalmente dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, representa al conjunto de la Administración del Estado y ejerce la jefatura superior de todo el personal de la Misión o Representación. Corresponde al Jefe de la Misión diplomática o de la Representación Permanente el ejercicio de las funciones que el artículo 42.4 atribuye a las Misiones Diplomáticas y todas las que le atribuyen las leyes, el derecho internacional y los tratados internacionales de los que España es parte. 3. Corresponde al Jefe de Misión o Representación Permanente la dirección de la Misión Diplomática o Representación Permanente, así como la coordinación de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado en el Estado u organización de acreditación, en cumplimiento de las directrices, fines y objetivos fijados por el Gobierno para la Política Exterior, y de acuerdo con el principio de unidad de acción en el exterior y los demás principios que se recogen en el artículo 3 de la ley. En el ejercicio de estas funciones, propondrá al Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los ámbitos de Acción Exterior que considere más pertinentes o adecuados para el cumplimiento de los objetivos de Política Exterior en el país u organización de acreditación. El Jefe de la Misión Diplomática o Representación Permanente informará a los miembros de la Misión o Representación de los asuntos que afecten al desempeño de sus funciones y recibirá puntual información de éstos sobre sus actividades. De igual forma, supervisará, coordinará e impulsará la actividad de todas las unidades y órganos que integran la Misión. 4. Los Embajadores serán designados y cesarán por real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los Encargados de Negocios con cartas de gabinete serán designados por Orden del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, Embajadores Representantes Permanentes y Encargados de Negocios con cartas de gabinete serán designados entre funcionarios de la Carrera Diplomática en la forma que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de que el Gobierno, en ejercicio de su potestad discrecional, pueda designar Embajadores a personas no pertenecientes a la Carrera Diplomática. La propuesta de designación se hará, en todo caso, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, de acuerdo con lo establecido en el apartado 10 del artículo 6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 5. En el caso de Embajadores Representantes Permanentes ante organizaciones internacionales cuyo ámbito de actuación sea coincidente en todo o en parte con las competencias de algún departamento ministerial, la propuesta de su designación y cese por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación se hará previo informe de dicho departamento. 6. Una vez designado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación facilitará a cada Embajador una carta de instrucciones, en la que se recojan las directrices del Gobierno, fines y objetivos de la Política Exterior hacia el Estado u organización internacional de acreditación, así como los fines, objetivos y directrices de la Acción Exterior del Estado, de conformidad con la Estrategia de Acción Exterior y la información que al respecto se recabe de los Departamentos, Comunidades Autónomas y organismos de ellos dependientes. 7. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados toda designación de Embajadores, a los efectos de la posible solicitud de comparecencia para informar a sus miembros sobre los objetivos de su Misión, en función de las directrices recibidas en su carta de instrucciones. La Comisión Mixta para la Unión Europea podrá solicitar la comparecencia del Embajador Representante Permanente ante la Unión Europea. 8. En los casos de vacante, ausencia o imposibilidad de ejercicio del Jefe de Misión o Representación, la Jefatura de Misión o Representación será desempeñada por la Segunda Jefatura y, en su defecto, por el funcionario diplomático que preste sus servicios en la Cancillería Diplomática y tenga mayor categoría administrativa o, a igual categoría, por el de mayor antigüedad. Artículo 45. Organización de la Misión Diplomática o Representación Permanente. 1. La Misión Diplomática o Representación Permanente se integra por: a) La Jefatura de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente. b) La Cancillería Diplomática. c) Las Consejerías, Agregadurías, Oficinas sectoriales, Oficinas Económicas y Comerciales, Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales, Centros de Formación de la Cooperación Española, así como el Instituto Cervantes. d) En su caso, la Sección de Servicios Comunes. 2. La Cancillería Diplomática desarrolla las funciones diplomáticas, consulares, de cooperación, así como las de naturaleza política y las de representación. Contribuye al desarrollo de los restantes ámbitos de la Acción Exterior, especialmente donde no actúen órganos técnicos especializados de los previstos en el apartado siguiente. La Jefatura de la Cancillería Diplomática será ejercida, bajo la dirección del Embajador o Representante Permanente, por el funcionario de la Carrera Diplomática que desempeñe la Segunda Jefatura de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente ante organizaciones internacionales. El Consejo de Ministros podrá designar a este último como Embajador Representante Permanente Adjunto en la forma que reglamentariamente se determine. 3. Las Consejerías, Agregadurías, Oficinas Económicas y Comerciales, Oficinas Técnicas de Cooperación, Oficinas sectoriales, Centros Culturales y Centros de Formación de la Cooperación Española, e Instituto Cervantes son órganos técnicos especializados de la Misión Diplomática o Representación Permanente que, bajo la dependencia jerárquica del Embajador, le prestan asesoramiento y apoyo técnico y asisten a éste y a la Misión en el desempeño de sus funciones, en el desarrollo de los ámbitos de la Acción Exterior, sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional de sus respectivos Departamentos a los que corresponde su organización interna y dotación presupuestaria. 4. La Sección de Servicios Comunes, allí donde se establezca o amplíe, de acuerdo con la propuesta del Consejo Ejecutivo de Política Exterior al amparo de la disposición adicional sexta, y previo informe favorable del departamento del que dependan los correspondientes recursos, es la unidad administrativa que gestiona los servicios y recursos compartidos por las distintas unidades referidas en el apartado 1, letras a), b) y c), de este artículo. La Sección de Servicios Comunes estará a cargo de un Canciller, funcionario de carrera, acreditado como agregado administrativo ante el Estado receptor, o en función de la importancia y tamaño de la Misión, por un funcionario del Subgrupo A1 acreditado como Consejero. 5. Las Consejerías y Agregadurías sectoriales y resto de órganos especializados se comunicarán directamente con los departamentos ministeriales de los que dependan o con los competentes en la materia de que se trate, y estos con aquellas, debiendo mantener simultáneamente informado al Jefe de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente. Las instrucciones que los departamentos ministeriales cursen a sus órganos técnicos en el exterior deberán ajustarse a lo previsto en la Estrategia de Acción Exterior. Artículo 46. Misiones Diplomáticas Especiales y Delegaciones. 1. Las Misiones Diplomáticas Especiales representan temporalmente al Reino de España ante uno o varios Estados, con su consentimiento, para un cometido concreto, o ante uno o varios Estados donde no existe Misión Diplomática permanente o ante el conjunto de Estados, para un cometido de carácter especial. La Misión Diplomática Especial se creará a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, mediante real decreto en el que se fijará su cometido y los criterios para determinar el inicio y el final de la Misión. El Jefe de la Misión será designado por real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el título de Embajador en Misión Especial, según el procedimiento previsto en el artículo 44 para la designación de Embajadores. 2. Las delegaciones representan al Reino de España en un órgano de una organización internacional, en una Conferencia de Estados convocada por una organización internacional o bajo sus auspicios, o en un acto concreto organizado por un tercer Estado para el que se requiera conformar una delegación con carácter oficial. Las delegaciones estarán presididas por los órganos que ostentan la representación del Estado en el exterior: el Jefe de Estado, Presidente del Gobierno o Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Cuando la delegación deba ser presidida por el titular de otro órgano, se autorizará por el Consejo de Ministros, mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuando se trate de ostentar la representación del Estado ante otro Estado, o por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, mediante la correspondiente plenipotencia, para la representación del Estado ante órganos de organizaciones internacionales o en conferencias internacionales. Artículo 47. De las Oficinas Consulares. 1. Las Oficinas Consulares son los órganos de la Administración General del Estado encargados del ejercicio de las funciones consulares y especialmente de prestar asistencia y protección a los españoles en el exterior. Las Oficinas Consulares ejercerán las funciones que les atribuyen la normativa vigente, el Derecho Internacional y los tratados internacionales de los que España es parte. 2. La creación y supresión de las Oficinas Consulares de Carrera y agencias consulares se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del que dependen orgánica y funcionalmente, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 3. En el supuesto de integración en las Oficinas Consulares de órganos técnicos especializados análogos a los mencionados en el artículo 45.3 de esta ley, su creación y supresión, en cuanto suponen modificación de la estructura de la Oficina, se realizará por real decreto, a iniciativa conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del departamento competente, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 4. El real decreto de creación fijará el ámbito territorial de la demarcación consular y la sede de la Oficina. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobar las relaciones de puestos de trabajo para las Oficinas Consulares, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Este mismo procedimiento será de aplicación para la creación y aprobación de la estructura de las agencias consulares dependientes de una Oficina Consular de carrera. Artículo 48. Clases de Oficinas Consulares y organización. 1. Las Oficinas Consulares podrán ser de carrera y honorarias. Las primeras podrán tener categoría de Consulado General o de Consulado y estarán dirigidas por funcionarios de la Carrera Diplomática. Las segundas estarán a cargo de cónsules honorarios y podrán ser Consulados Honorarios o Viceconsulados Honorarios. La ley, el derecho internacional y los tratados de los que España es parte, determinan las funciones y competencias de cada tipo de oficina consular. Las Oficinas Consulares honorarias se crearán por Orden del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 2. El Jefe de la Oficina Consular de carrera será designado por Orden del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre funcionarios de la Carrera Diplomática y será provisto de una carta patente u otro instrumento admitido por el Derecho Internacional, otorgada por Su Majestad el Rey con el refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la que constará, además de su nombre y categoría personal, la circunscripción consular y la sede de la Oficina a su cargo. 3. El Jefe de la Oficina Consular ejercerá la jefatura y dirección de todos los servicios y personal de la Oficina Consular. Coordinará y, por delegación del Jefe de la Misión Diplomática Permanente correspondiente, impartirá instrucciones a las agencias consulares y Oficinas Consulares Honorarias establecidas en su circunscripción. Los Cónsules Generales ejercerán las mismas funciones respecto de los consulados de carrera establecidos en su circunscripción. 4. Las Oficinas Consulares de carrera contarán con una sección administrativa, a cargo de un canciller y, en su caso, con las secciones cuya composición y funciones se establezcan en su real decreto de creación. En aquellas Oficinas Consulares o agencias consulares en las que se integren oficinas sectoriales podrá establecerse también una Sección de Servicios Comunes, que permita la gestión administrativa integrada de los servicios que se determinen, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 5. Las agencias consulares son oficinas dependientes de una Oficina Consular de carrera, creadas en localidades distintas de aquella en que se ubica la Oficina de la que dependen, con la finalidad de descentralizar su gestión, y estarán a cargo de un funcionario de la Carrera Diplomática. Dichas agencias dependerán del Consulado general o del Consulado en cuya demarcación estén ubicadas y sus funciones se fijarán de común acuerdo entre España y las autoridades competentes del Estado receptor, dentro de los límites y previsiones legales de la normativa internacional aplicable. 6. Los Jefes de la Oficina Consular de Carrera ajustarán su actuación a las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Jefe de la Misión Diplomática Permanente de la que dependan, excepto en materia de fe pública, registro civil o jurisdicción voluntaria, en las que estarán sujetos a lo establecido por la legislación notarial, registral y procesal para el ejercicio de estas funciones y a las resoluciones, instrucciones y circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Los Jefes de las Oficinas Consulares podrán igualmente recibir instrucciones de los departamentos ministeriales correspondientes para el desarrollo de otros ámbitos de la Acción Exterior, a través del Jefe de la respectiva Misión Diplomática. CAPÍTULO II Del Servicio Exterior del Estado en el marco de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones Artículo 49. Incorporación a delegaciones de la Unión Europea, Misiones Diplomáticas Conjuntas y órganos técnicos especializados conjuntos. 1. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, podrá acordar con los órganos competentes de la Unión Europea o de sus Estados miembros: a) La creación de Misiones Diplomáticas Conjuntas con otros miembros de la Unión Europea en terceros Estados, especialmente en los que no existan Delegaciones de la Unión Europea. b) La creación de Oficinas Culturales conjuntas en terceros Estados, para difundir los principios y valores en que se fundamenta la Unión. c) La creación de oficinas sectoriales conjuntas en terceros Estados, a iniciativa conjunta con el Departamento competente por razón de la materia. d) La incorporación de funcionarios españoles a delegaciones de la Unión Europea en los Estados en que España no tenga Misión Diplomática Permanente, a fin de que desempeñen determinadas funciones del Servicio Exterior español. e) Que funcionarios del Servicio Exterior español compartan servicios comunes con las delegaciones de la Unión Europea o con las Misiones Diplomáticas Permanentes de otros Estados de la Unión. 2. Las oficinas que se citan en las letras b) y c) del apartado anterior se integrarán en las delegaciones de la Unión Europea, o en la Misión Diplomática española o en la del Estado miembro con el que se acuerde su apertura. En los acuerdos que se formalicen con las instituciones de la Unión Europea o de los Estados miembros competentes, se concretarán las condiciones que regirán estas misiones y órganos técnicos especializados conjuntos. Artículo 50. Oficinas Consulares conjuntas con Estados miembros de la Unión Europea. 1. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, podrá acordar con otros miembros de la Unión Europea la creación de Oficinas Consulares conjuntas en terceros Estados, así como compartir servicios comunes con las Oficinas Consulares de otros Estados de la Unión, en particular en materia de visados Schengen. 2. En los acuerdos que se formalicen con las autoridades competentes se concretarán las condiciones que regirán estas oficinas. Artículo 51. Promoción profesional en la Unión Europea y en organizaciones internacionales. El Gobierno promoverá la candidatura de funcionarios españoles a los órganos correspondientes de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales de las que España es parte, con el ánimo de impulsar la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, y el multilateralismo. Artículo 52. Creación de órganos técnicos especializados conjuntos en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. En el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, sustentado en el diálogo, la solidaridad y la adopción de acciones concertadas, el Gobierno, a iniciativa conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del competente por razón de la materia, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, podrá acordar con los órganos competentes de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la creación de oficinas sectoriales conjuntas en terceros Estados, para el desarrollo de ámbitos específicos de la Acción Exterior. Asimismo, el Gobierno promoverá acuerdos con los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones con objeto de facilitar la incorporación recíproca de funcionarios de sus respectivos servicios exteriores en las Misiones Diplomáticas en terceros Estados. En los acuerdos que se formalicen con las autoridades competentes, se concretarán las condiciones que regirán estas misiones y oficinas sectoriales conjuntas. Artículo 53. Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. En el marco de la Conferencia Iberoamericana y las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Gobierno, el Gobierno promoverá la cohesión y cooperación interna en el seno de la misma, para su proyección internacional, especialmente en sus vínculos y relaciones con la Unión Europea. CAPÍTULO III Del personal del Servicio Exterior Artículo 54. De las clases de personal. 1. El personal al servicio de la Administración General del Estado en el exterior se integrará por funcionarios públicos y personal laboral. 2. El personal de la Administración del Estado tendrá la consideración de personal del Servicio Exterior durante el periodo de tiempo en que estén destinados y ocupen un puesto de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo de las Misiones Diplomáticas, Consulados, Representaciones permanentes o Representaciones. Al finalizar su destino deberán reintegrarse a un puesto de trabajo en el Ministerio de adscripción o en el departamento en el que prestaban servicios antes de ocupar una plaza en el Servicio Exterior del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de Función Pública, sin que opere la garantía de asignación de un nuevo puesto de trabajo en la localidad de destino en el exterior. 3. En el caso de delegaciones de la Unión Europea o misiones conjuntas con Estados miembros de la misma, u organizaciones internacionales o intergubernamentales, solo tendrá la consideración de personal del Servicio Exterior español el personal que ocupe un puesto de trabajo de la relación de puestos de trabajo de la Administración General del Estado y no aquel que ocupe puestos de trabajo del Servicio Exterior Europeo o de una organización internacional o intergubernamental. 4. El Registro Central de Personal, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas actuará, de acuerdo a su ámbito registral, como instrumento de información para la ordenación de los recursos humanos de la Administración General del Estado destinados a la Acción Exterior del Estado, poniendo a disposición del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, la información necesaria obrante en el mismo. Artículo 55. De los cuerpos que integran el servicio exterior con funciones atribuidas en exclusiva. 1. Los funcionarios de la Carrera Diplomática, que se someten a un régimen de obligada movilidad fuera de España, constituyen el cuerpo de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al que por su preparación específica les están encomendadas las funciones de naturaleza política, diplomáticas y consulares, de acuerdo con lo establecido por los tratados internacionales en vigor, por lo que los puestos que tengan atribuidas dichas funciones se adscriben con carácter exclusivo a dichos funcionarios. Los puestos de trabajo de Consejero Económico y Comercial de las Oficinas Económicas y Comerciales serán adscritos en exclusiva a funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, por razón de su preparación específica y de las funciones desempeñadas en dichos puestos. 2. Las funciones propias del resto de puestos, correspondientes a los órganos especializados mencionados en el artículo 45.3, distintos de los recogidos en el apartado anterior se desarrollarán por los funcionarios nombrados en ellos por el departamento ministerial de que dependan orgánica y funcionalmente, pudiendo estar reservada su cobertura o establecida una determinada preferencia para determinados cuerpos de funcionarios cuando así esté previsto reglamentariamente. Artículo 56. Inspección de los Servicios y potestad disciplinaria. 1. La Inspección de los Servicios del Servicio Exterior será la dependiente de cada departamento ministerial. En determinados supuestos, esta podrá ser encomendada a la Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de la aplicación de su normativa específica. Reglamentariamente se determinarán la forma y supuestos en que podrán realizarse tales encomiendas. 2. Sin perjuicio de la dependencia jerárquica del Jefe de Misión, la potestad disciplinaria será ejercida por el departamento de dependencia del empleado público. Artículo 57. Nombramiento, cese y acreditación del personal del Servicio Exterior. 1. Los puestos de trabajo cuyos titulares deban ser acreditados como personal diplomático o consular serán cubiertos por el procedimiento de libre designación, por funcionarios, o por los procedimientos propios para la provisión de los mismos por razón de su pertenencia a un cuerpo con funciones atribuidas en exclusiva. 2. El nombramiento se hará por el departamento de dependencia, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia de acuerdo con su normativa específica y con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Su cese será también competencia del departamento correspondiente. 3. La acreditación del personal del Servicio Exterior ante el Estado receptor o ante la organización internacional, según los casos, corresponde al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Artículo 58. De la formación del personal del Servicio Exterior del Estado. 1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en colaboración con los otros Departamentos, promoverá una formación continuada del personal del Servicio Exterior del Estado, que sirva al mejor desempeño de sus funciones, a la prestación a los ciudadanos de un servicio público eficiente y de calidad y a la promoción de la carrera profesional. 2. La Escuela Diplomática, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, es centro de formación del personal del Servicio Exterior del Estado y promoverá la capacitación de dicho personal en materias propias del mismo. 3. La Escuela Diplomática es, además, el centro de formación principal de los funcionarios de la Carrera Diplomática, y en la forma en que se determine reglamentariamente, impartirá los cursos y materias necesarias para facilitar la formación continua necesaria para la promoción profesional de dichos funcionarios, en particular, en las áreas de relaciones exteriores, diplomáticas, consulares y de cooperación que impartirá en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 4. La Escuela Diplomática establecerá, a través de los oportunos convenios de colaboración o instrumentos previstos en la legislación, los mecanismos para colaborar con otros centros formativos, públicos y privados, españoles y extranjeros, que permita articular una oferta formativa amplia, garantizar una formación de calidad y proveer titulaciones de referencia en materia de relaciones internacionales. 5. La Escuela Diplomática mantendrá vínculos con las escuelas y centros similares de otros Estados, especialmente del ámbito iberoamericano, a efectos de favorecer intercambios de profesores y alumnos, y podrá impartir cursos específicos para el perfeccionamiento o especialización de funcionarios de otros servicios exteriores. 6. El ICEX España Exportación e Inversiones, a través del Centro de Estudios Económicos y Comerciales, es centro de formación de la Administración General de Estado en materia de economía y comercio internacional y de inversiones exteriores y promoverá la capacitación del personal del Servicio Exterior en las materias propias de su ámbito. CAPÍTULO IV De los familiares de los funcionarios del Servicio Exterior Artículo 59. Del apoyo a las familias. 1. En ejecución de la política del Gobierno de conciliación de la vida familiar y laboral y en beneficio de un mejor desempeño de las funciones del servicio exterior, el Gobierno establecerá las condiciones para que los familiares puedan acompañar a los funcionarios destinados al exterior. 2. Los órganos centrales del Servicio Exterior del Estado proporcionarán a las familias asistencia en la preparación de su salida al exterior, en particular en materia de información sobre condiciones de vida en el país de destino. Asimismo facilitarán el acceso a conocimiento de idiomas y posibilidades de trabajo para los cónyuges y parejas de hecho. 3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará reglamentariamente las condiciones en las que los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el extranjero podrán percibir ayudas destinadas a proporcionar a sus hijos en edad escolar una educación de calidad comparable a la del sistema público español. 4. Los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el extranjero y sus beneficiarios tendrán derecho a que se les facilite el acceso a una cobertura sanitaria similar a la que tendrían de estar prestando sus servicios en el territorio español. En caso de pertenencia al régimen del mutualismo administrativo, la asistencia sanitaria en el extranjero se hará conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora específica. Artículo 60. Trabajo de los familiares en el exterior. 1. El Gobierno, mediante la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, fomentará la celebración de tratados internacionales que permitan el ejercicio de actividades remuneradas a los cónyuges o sus parejas de hecho que acompañen a los funcionarios en su destino en el exterior. 2. El cónyuge o pareja de hecho del personal funcionario o laboral al servicio de la Administración General del Estado o de sus organismos dependientes que con motivo del destino de estos últimos en el exterior traslade su residencia al extranjero y tenga la condición de funcionario o personal laboral de la Administración General del Estado o sus organismos y entidades públicas dependientes, tendrá preferencia, en el caso de concurrencia con otros aspirantes y siempre que exista igualdad de méritos entre ellos, para la cobertura de puestos de trabajo ya existentes en la Administración General del Estado y sus organismos dependientes en el exterior. En el caso de puestos de trabajo cubiertos mediante contrato laboral, la duración de este contrato quedará supeditada a la permanencia del cónyuge o pareja de hecho en su destino en el exterior. Disposición adicional primera. Estrategia de Acción Exterior del Estado. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación elevará al Consejo de Ministros la propuesta de la Estrategia de Acción Exterior del Estado para el período 2013-2017, elaborada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley. Disposición adicional segunda. Informe Anual de Acción Exterior. En el primer trimestre del año siguiente a la aprobación de la Estrategia de Acción Exterior del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación elevará el primer Informe de Acción Exterior para su aprobación por el Consejo de Ministros. Disposición adicional tercera. Informe sobre el despliegue del Servicio Exterior del Estado. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo Ejecutivo de Política Exterior elaborará el informe sobre la situación de los inmuebles y de los medios materiales y personales de las unidades administrativas e instituciones en el exterior dependientes de la Administración General del Estado, así como sobre la adecuación del despliegue del Servicio Exterior del Estado, previsto en el artículo 39 de esta ley. Disposición adicional cuarta. Informe sobre el personal laboral en el exterior. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa consulta con los departamentos ministeriales con personal laboral en el exterior, elaborará un informe sobre la situación, condiciones y régimen aplicable del personal laboral en el exterior, a fin de optimizar y ordenar la gestión de los recursos humanos en el exterior de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos. Para la elaboración del informe, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá solicitar la colaboración de los departamentos ministeriales afectados. Disposición adicional quinta. Informe sobre situación de los cónyuges o parejas de hecho del personal funcionario o laboral desplazado. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaborará un informe sobre la situación de los cónyuges o parejas de hecho del personal funcionario o laboral desplazado, que no tenga la condición de empleado público, respecto de su posible acceso a cobertura de puestos de trabajo existentes en la Administración General del Estado y sus Organismos dependientes en el exterior. Asimismo, elaborará un informe acerca de la posibilidad de que los cónyuges o parejas de hecho de dicho personal funcionario o laboral desplazado puedan mantener los derechos adquiridos o en curso de adquisición en materia de antigüedad, pensiones y derechos pasivos del sistema español de seguridad social y, en consecuencia, abonar voluntariamente las cotizaciones correspondientes a periodos anteriores a la entrada en vigor de esta ley. Disposición adicional sexta. Eficiencia y ahorro en el Servicio Exterior del Estado. 1. De acuerdo con el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos al que se refiere el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la gestión de las unidades administrativas e instituciones de las Administraciones públicas en el exterior estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. En particular, en el Estado, tanto los planes de ordenación de medios cuya elaboración se promueva por el Consejo Ejecutivo como el informe sobre el despliegue del servicio exterior a los que se refiere el artículo 39 de esta ley deberán orientarse y responder a los mencionados principios. 2. La gestión de los edificios administrativos del Estado en el exterior se efectuará conforme a los principios de: a) Planificación global e integrada de las necesidades de inmuebles de uso administrativo. b) Optimización del número de edificios ocupados, primando la utilización de sedes comunes que agrupen a las unidades pertenecientes a los diferentes departamentos y organismos con presencia en el exterior y procurando la reducción del número de arrendamientos cuando ello sea posible de acuerdo con las necesidades del servicio. c) Rentabilidad de las inversiones en inmuebles, procurando la máxima productividad de los servicios administrativos que se ubiquen en los mismos. A estos efectos, el Consejo Ejecutivo de Política Exterior, previo estudio de la situación de los edificios en el exterior, podrá presentar propuestas, tanto generales como concretas, de utilización de estos recursos inmobiliarios del Estado a los efectos de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, pueda fijar los correspondientes criterios de actuación. 3. Los departamentos ministeriales integrados en una misma sede contribuirán a su financiación en los términos que se establezcan en los correspondientes protocolos o convenios de colaboración y de conformidad con los mecanismos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 4. En cumplimiento del principio señalado en el apartado 1 de esta disposición se promoverá la integración en los inmuebles del Estado de las unidades o servicios en el exterior de Comunidades Autónomas, Entidades Locales u organismos y entes dependientes de las mismas, así como su adhesión a los esquemas de centralización de contratación y gasto en el exterior a través de cualesquiera de los mecanismos y procedimientos previstos en la legislación vigente. Disposición adicional séptima. Régimen de las Fuerzas Armadas. Dadas las especiales características de las Fuerzas Armadas, de disciplina, jerarquía y unidad, las previsiones del título III de esta ley se aplicarán sin menoscabo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, así como en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero. Disposición adicional octava. Exclusión de los centros educativos de titularidad pública y centros asistenciales en el exterior. Las disposiciones contenidas en el título III relativo al Servicio Exterior del Estado no serán de aplicación a los centros educativos de titularidad pública en el extranjero, ni a los centros asistenciales del Instituto Social de la Marina en el exterior, que se regirán por su propia normativa. Disposición adicional novena. El Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes contribuirá a la difusión de la cultura y de la lengua en el exterior, en coordinación con los demás órganos competentes de la Administración General del Estado y en colaboración con las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la promoción de las demás lenguas españolas cooficiales. Disposición adicional décima. Nombramiento y cese del personal de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. El nombramiento y el cese del personal de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, por el que se crea la Representación Permanente de España ante las Comunidades Europeas. Disposición adicional décima primera. Prestación de servicios de funcionarios de la Administración General del Estado. El Gobierno, a través de los Ministerios competentes por razón de la materia y previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá celebrar, con las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que así lo soliciten convenios de colaboración para establecer las condiciones en las que podrá producirse la prestación de servicio en aquellas por parte de funcionarios de la Administración General del Estado que, por su preparación específica, tengan asignadas las funciones relacionadas con las materias afectadas. Dicha prestación de servicios será para la asistencia y apoyo a aquellas en materia de actuaciones en el marco de sus competencias con proyección exterior y de conformidad con los procedimientos de movilidad o de provisión de puestos de trabajo previstos en la normativa de función pública. Disposición adicional décima segunda. Prestación de servicios por funcionarios en el Servicio Europeo de Acción Exterior. El Gobierno adoptará las medidas apropiadas para garantizar las oportunidades que el Servicio Europeo de Acción Exterior ofrece al personal que preste o haya prestado servicio en el Servicio Exterior del Estado, y para facilitar su acceso e incorporación en el mismo. Disposición adicional décima tercera. Modificación del Estatuto de la Escuela Diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas analizarán la viabilidad de la transformación del Estatuto de la Escuela Diplomática para su configuración como un centro de formación que pueda obtener recursos derivados de la actividad formativa que constituye su objeto. Disposición adicional décima cuarta. No incremento de gasto público. Las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer incremento ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos del conjunto del personal del Servicio Exterior y serán informadas previamente a su aplicación por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Disposición adicional décima quinta. Asistencia a nuevos emigrantes. Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares asumirán como uno de sus objetivos prioritarios la atención a los nuevos emigrantes españoles, especialmente en aquellos Estados donde exista un mayor flujo de llegadas, con el fin de facilitar tanto su integración laboral y personal en el país de acogida, como de, en la medida de lo posible, facilitar el regreso a España a aquellos inmigrantes que deseen volver. Para ello, en sus relaciones con el Gobierno y las distintas administraciones del Estado donde radiquen, realizarán una planificación sistemática de contactos y relaciones que aborden la situación laboral y social de este colectivo, favoreciendo, entre otras medidas, su inclusión en programas de apoyo ya existentes o instando aquellas actuaciones que puedan favorecerles, relacionadas con vivienda, cursos de lenguas y oportunidades de trabajo. En su relación directa con los nuevos emigrantes, procurarán adecuar sus horarios de atención y potenciar canales de comunicación electrónicos, que mejoren la tarea de asistencia y protección a estos ciudadanos. Disposición adicional décima sexta. Requisitos para la realización de traducciones e interpretaciones de carácter oficial. Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa únicamente tendrán carácter oficial si han sido realizadas por quien se encuentre en posesión del título de Traductor-Intérprete Jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los requisitos para el otorgamiento de este título, así como el resto de elementos que conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentariamente. En todo caso, para el otorgamiento de este título será necesario poseer un título de Grado o equivalente. El carácter oficial de una traducción o interpretación comporta que ésta pueda ser aportada ante órganos judiciales y administrativos en los términos que se determine reglamentariamente. El Traductor-Intérprete Jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la traducción e interpretación. La traducción e interpretación que realice un Traductor-Intérprete Jurado podrá ser revisada por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a solicitud del titular del órgano administrativo, judicial, registro o autoridad competente ante quien se presente. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley y, en particular, el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior. Disposición final primera. Modificación de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Uno. Se suprime la referencia que los apartados 1 y 3 del artículo 8; 2 y 3 del artículo 15; artículo 16; apartado 3 del artículo 19; apartado 3 del artículo 22; apartado 2.c) del artículo 23; y apartado 2 del artículo 24 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo hacen al Plan Anual o Planes Anuales. Dos. Dichos preceptos quedan redactados en los siguientes términos: [ignorar]«Artículo 8. Planificación. 1. La política española de cooperación internacional para el desarrollo de la Administración General del Estado se establecerá a través de Planes Directores. 2. El Plan Director, elemento básico de la planificación de la política española de cooperación internacional para el desarrollo de la Administración General del Estado, se formulará cuatrienalmente y contendrá las líneas generales y directrices básicas de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, señalando los objetivos y prioridades, así como los recursos presupuestarios indicativos que orientarán la actuación de la cooperación española durante ese período, incorporando los documentos de estrategia relativos a cada sector de la cooperación, zona geográfica y países que sean objeto preferente de la cooperación. [ignorar]Artículo 15. El Congreso de los Diputados. 2. Las Cortes Generales debatirán anualmente, en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política española de cooperación internacional para el desarrollo e informarán la Comunicación Anual referente a la ejecución del Plan Director y el Informe Anual de evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos de las Cámaras. 3. Se constituirá una Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de conformidad con lo que dispongan los Reglamentos de las Cámaras. Esta Comisión será informada por el Gobierno del nivel de ejecución y grado de cumplimiento de los programas, proyectos y acciones comprendidos en el Plan Director y recibirá cuenta de la evaluación de la cooperación, así como de los resultados del ejercicio precedente. [ignorar]Artículo 16. El Gobierno. El Gobierno define y dirige la política española de cooperación internacional para el desarrollo. A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno aprueba el Plan Director. [ignorar]Artículo 19. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). 3. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, previo dictamen del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de la Comisión Interterritorial de Cooperación, formula la propuesta del Plan Director, así como la definición de las prioridades territoriales y sectoriales a que se refiere el artículo 5. [ignorar]Artículo 22. El Consejo de Cooperación al Desarrollo. 3. El Consejo de Cooperación al Desarrollo informará la propuesta del Plan Director y la Comunicación Anual referente a la ejecución del Plan Director y conocerá los resultados y la evaluación de la cooperación. [ignorar]Artículo 23. La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo. 2. Las funciones de la Comisión se dirigirán a promover los siguientes objetivos: c) La participación de las Administraciones públicas en la formación del Plan Director así como en la definición de sus prioridades. [ignorar]Artículo 24. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional. 2. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, previo dictamen del Congreso de los Diputados y del Senado, someterá a la aprobación del Gobierno, a través del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las propuestas del Plan Director y conocerá los resultados y la evaluación de la cooperación.» Tres. El artículo 25 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, queda redactado en los siguientes términos: [ignorar]«Artículo 25. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 1. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia estatal adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tiene por objeto el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros departamentos ministeriales. 2. El personal al servicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo estará integrado por funcionarios públicos y personal sometido a derecho laboral. 3. Los funcionarios de las distintas Administraciones públicas que pasen a prestar sus servicios en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo quedarán en la situación administrativa que corresponda de acuerdo con las normas aplicables a su situación de procedencia. El sistema de cobertura de destinos por parte del personal funcionario incluirá medidas que tiendan a favorecer su especialización en tareas de cooperación. 4. Los fines, funciones, organización y funcionamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se establecerán en su Estatuto, en el marco de lo dispuesto por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales, para la mejora de los servicios públicos.» Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de Creación del Consejo de Política Exterior. Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 1, y se añade un nuevo apartado 4, al artículo 2 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Son miembros permanentes el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de la Presidencia, y los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Justicia, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y de Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Asimismo, será miembro del Consejo de Política Exterior el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, que participará en sus reuniones únicamente cuando los asuntos a tratar afecten a su ámbito competencial. 2. Podrán ser convocados, en función de los asuntos a tratar, otros miembros del Gobierno. 3. Podrán igualmente ser convocados, en función de los asuntos a tratar, autoridades o altos cargos de la Administración General del Estado y autoridades o altos cargos de las Comunidades Autónomas y entidades locales. 4. Ejercerá las funciones de secretario el Director de Departamento de Política Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno.» Dos. Se modifica el artículo 5 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 5. Consejo Ejecutivo de Acción Exterior. 1. Para un adecuado ejercicio de sus competencias se crea un Consejo Ejecutivo de Acción Exterior en el Consejo de Política Exterior, presidido por la Vicepresidenta Primera del Gobierno que será sustituida, en su caso, por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 2. Por los Departamentos presentes en el Consejo, se determinará su representación en este Consejo Ejecutivo de Acción Exterior. Los representantes designados por cada Ministerio tendrán, como mínimo, la categoría de Subsecretario o asimilado. 3. Asimismo, serán miembros del Consejo Ejecutivo de Acción Exterior el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Comunicación y el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, que participarán en sus reuniones únicamente cuando los asuntos a tratar afecten a su respectivo ámbito competencial. 4. Podrán igualmente ser convocados, en función de los asuntos a tratar, autoridades o altos cargos de la Administración General del Estado y autoridades o altos cargos de las Comunidades Autónomas y entidades locales. 5. Ejercerá las funciones de secretario el Director de Departamento de Política Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno.» Disposición final tercera. Modificación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. La Ley 22/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, se modifica en los siguientes términos: El artículo 40 queda redactado del siguiente modo: «1. El restablecimiento de la unidad familiar de las personas refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria podrá garantizarse mediante la concesión, respectivamente, del derecho de asilo o de la protección subsidiaria por extensión familiar, en los siguientes supuestos: a) Los ascendientes en primer grado que acreditasen la dependencia y sus descendientes en primer grado que fueran menores de edad, quedando exceptuado el derecho a la extensión familiar en los supuestos de distinta nacionalidad. Las relaciones familiares de los ascendientes y descendientes deberán establecerse mediante las pruebas científicas que sean necesarias, en los casos donde no pueda determinarse sin dudas esa relación de parentesco. b) El cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, salvo los supuestos de divorcio, separación legal, separación de hecho, distinta nacionalidad o concesión del estatuto de refugiado por razón de género, cuando en el expediente de la solicitud quede acreditado que la persona ha sufrido o tenido fundados temores de sufrir persecución singularizada por violencia de género por parte de su cónyuge o conviviente. c) Otro adulto que sea responsable del beneficiario de protección internacional, de acuerdo con la legislación española vigente, cuando dicho beneficiario sea un menor no casado. d) Podrá también concederse asilo o protección subsidiaria por extensión familiar a otros miembros de la familia de la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria siempre que resulte suficientemente establecida la dependencia respecto de aquellas y la existencia de convivencia previa en el país de origen. 2. La Oficina de Asilo y Refugio tramitará las solicitudes de extensión familiar presentadas. Una vez instruidas se procederá, previo estudio en la Comisión interministerial de Asilo y Refugio, a elevar la propuesta de resolución al Ministro del Interior, quien resolverá. 3. La resolución por la que se acuerde la concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria por extensión familiar conllevará para los beneficiarios los efectos previstos en el artículo 36. 4. En ningún caso se concederá protección internacional por extensión familiar a las personas incursas en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 8 y en los artículos 9, 11 y 12 de la presente ley.» Disposición final cuarta. Título competencial. La presente ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.3.ª, 97 y 149.1.18.ª de la Constitución que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, dirección de la política exterior y bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. Disposición final quinta. Desarrollo normativo. El Gobierno y los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo de la presente ley. Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, puedan realizarse a lo previsto en la disposición final segunda, podrán efectuarse reglamentariamente, con arreglo a la normativa específica de aplicación. Disposición final sexta. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. [ignorar]Madrid, 25 de marzo de 2014. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo el art. 40 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre Arts. 2 y 5 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio Arts. 8, 15, 16, 19 y 22 a 25 de la Ley 23/1998, de 7 de julio la disposición adicional 16, por Ley 29/2015, de 30 de julio la disposición adicional 16, por Ley 24/2015, de 24 de julio las disposiciones adicionales 17 a 19, por Ley 3/2018, de 11 de junio en BOE núm. 155, de 26 de junio de 2014 en BOE núm. 117, de 14 de mayo de 2014 con el art. 42.6 y se crea la Consejería de Finanzas en la Misión diplomática de España en la República Popular China, con sede en Pekín: Real Decreto 60/2022, de 25 de enero , y dicta instrucciones para la presencia equilibrada de hombres y mujeres en intervenciones públicas del Ministerio: Orden AUC/119/2019, de 31 de enero , y se regulan las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en exterior: Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre con los arts. 29 y 30, y se establece una nueva estructura de las consejerías del Ministerio de Agricultura en el exterior: Real Decreto 830/2014, de 3 de octubre con el art. 42.6, reestructurando las consejerías de finanzas en el exterior: Real Decreto 747/2014, de 5 de septiembre aprobando el Reglamento de la Carrera Diplomática: Real Decreto 638/2014, de 25 de julio en el Recurso 7774/2014, la desestimación en relación con los arts. 1.2, 3, 5.2, 11, 12, 13, 14, 17 a 33, 34, 35, y 37 por Sentencia 85/2016, de 28 de abril JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: PREÁMBULO I La dimensión internacional de la actuación del Estado ha cobrado en los últimos tiempos un protagonismo sin precedentes. La razón de ello es que en un mundo globalizado e interdependiente como el actual, la forma de conducir la política exterior de un Estado incide de manera directa e inmediata en la vida e intereses de sus ciudadanos. Además, en el ámbito europeo, se ha desarrollado un ambicioso proceso de integración supranacional en el que los Estados miembros han atribuido a la Unión Europea el ejercicio de un elenco tan amplio de competencias que la actuación nacional e internacional quedan estrechamente entrelazadas. Para España, la aprobación de la Constitución de 1978 supuso un cambio trascendental que ha tenido una gran incidencia en la Acción Exterior de nuestro país. Ha permitido la incorporación de España a foros de los que durante mucho tiempo estuvimos excluidos, especialmente la ya citada Unión Europea, el Consejo de Europa y la Alianza Atlántica, a la par que ha impulsado la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. También ha propiciado el establecimiento de nuevas dimensiones de la Acción Exterior, como lo es la cooperación internacional al desarrollo. Y todo ello con fundamento en el firme compromiso con los valores fundamentales que inspiran las relaciones dentro de la comunidad internacional, muy en especial, los valores de la dignidad humana, la libertad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la solidaridad, el fomento de la paz, el respeto del Derecho Internacional y el compromiso con el multilateralismo. Asimismo, la Constitución de 1978 creó el marco jurídico necesario para el reconocimiento a diversos sujetos, entre ellos las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de competencias en materia de Acción Exterior, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el de la Acción Exterior en sentido propio. Ello ha comportado un gran enriquecimiento interior y exterior para España, pero conlleva, a su vez, la correlativa necesidad de coordinación para garantizar una armoniosa convivencia entre la Acción Exterior y la dirección de la Política Exterior por parte del Gobierno. II En este contexto, la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado se concibe como un instrumento flexible que presta atención preferente a cinco exigencias fundamentales. En primer lugar, resulta preciso afirmar y promover los valores e intereses de España con el objetivo de fortalecer su presencia internacional y reforzar su imagen en el mundo. En segundo lugar, cobra una importancia capital consolidar y reforzar la credibilidad de España en el exterior ya que, como consecuencia de la globalización y del crecimiento exponencial de las relaciones económicas internacionales, dicha credibilidad es de indudable importancia para aumentar la exportación de bienes y servicios, atraer capitales con los que financiar nuestra economía y facilitar la implantación y expansión de nuestras empresas. En tercer lugar, conviene fortalecer nuestra participación en el proceso de integración europea y articular una Acción Exterior que resulte armónica con la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, así como con los fines del Servicio Europeo de Acción Exterior. En cuarto lugar, es primordial lograr una adecuada coordinación de la Acción Exterior de España con la de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Esta dimensión genuina de España, derivada de la historia y de la afinidad cultural y lingüística, de la que forma parte sustantiva el español como lengua común, constituye un empeño irrenunciable para España. Y, finalmente, resulta obligado garantizar una adecuada asistencia y protección a los españoles y apoyar a la ciudadanía española y a las empresas españolas en el exterior. A partir de esta concepción, la ley establece siete principios rectores de la Acción Exterior del Estado: unidad de acción en el exterior; lealtad institucional y coordinación; planificación; eficiencia; eficacia y especialización; transparencia; y servicio al interés general. Sobre estos principios, la ley reafirma la competencia del Gobierno en su papel de dirección de la política exterior, y sus facultades de coordinación de la Acción Exterior ### RESUMEN: La Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado entra mañana en vigor

Pozuelo de Alarcón licita por importe total de 152.398,00 euros el mantenimiento, alojamiento y seguridad de la web municipal

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223. 4) Teléfono: 91 452 27 09 – 91 452 27 60. 5) Telefax: 91 351 55 92. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pozuelodealarcon.org. d) Número de expediente: 2013/PA/000012. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de mantenimiento, alojamiento y seguridad del portal web del Ayuntamiento. d) Lugar de ejecución/entrega: 2) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Precio. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 125.948,76 euros. Importe total: 152.398,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): (%) 5% importe adjudicación, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría a. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. b) Modalidad de presentación: Dos sobres. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: El indicado en el punto 1. c) Localidad y código postal: El indicado en el punto 1. d) Fecha y hora: Se anunciará con la debida antelación en el perfil de contratante. 10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario, siendo el importe máximo de 800,00 euros. Pozuelo de Alarcón (Madrid), 14 de marzo de 2013.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio, doña Isabel Pita Cañas.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223. 4) Teléfono: 91 452 27 09 – 91 452 27 60. 5) Telefax: 91 351 55 92. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pozuelodealarcon.org. d) Número de expediente: 2013/PA/000012. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de mantenimiento, alojamiento y seguridad del portal web del Ayuntamiento. d) Lugar de ejecución/entrega: 2) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Precio. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 125.948,76 euros. Importe total: 152.398,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): (%) 5% importe adjudicación, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría a. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. b) Modalidad de presentación: Dos sobres. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: El indicado en el punto 1. c) Localidad y código postal: El indicado en el punto 1. d) Fecha y hora: Se anunciará con la debida antelación en el perfil de contratante. 10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario, siendo el importe máximo de 800,00 euros. Pozuelo de Alarcón (Madrid), 14 de marzo de 2013.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio, doña Isabel Pita Cañas. ### RESUMEN: Pozuelo de Alarcón licita por importe total de 152.398,00 euros el mantenimiento, alojamiento y seguridad de la web municipal