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71Glosario sobre Migración T Tarjeta de ingreso y Tarjeta completada por una persona antes o al ingresar de salida en el país de destino y presentada (junto con el pasaporte y el visado, si es requerido), a los funcionarios competentes en los puestos fronterizos de control. Ver también pasaporte, puestos fronterizos de control, visado Tercer país País distinto al de origen de una persona. Ver también país de destino, país de origen, país receptor, Estado de origen, Estado de tránsito Tercer país seguro El país receptor considera “seguro” un tercer país cuando se trata de cualquier otro país, distinto al de origen, en el cual un solicitante de asilo ha encontrado o pudiera haber encontrado protección. La noción de tercer país seguro (protección en cualquier otra parte/ principio del primer asilo) es utilizada, por lo general, como criterio de admisibilidad en el procedimiento de la calificación de refugiado. Ver también país de origen, país receptor Territorio nacional Espacio geográfico marítimo, aéreo y terrestre bajo la jurisdicción de un Estado. Terrorismo Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. (Art. 2 (1) (b) de la Convención para la represión de la financiación del terrorismo, 1999). Testigo Persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de una cosa. En el marco legal, una persona que conoce algo y que está legalmente calificada para presentar ese conocimiento en un proceso ante un tribunal.
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También en el marco legal, una persona que presencia la firma de un documento como un contrato o que da fe de alguna situación.
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72Derecho Internacional sobre Migración Tortura Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas. (Art. 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 198). Ver también jus cogens, prohibición de la tortura Trabajador con empleo Todo trabajador migrante: (i) que haya sido enviado por su concreto empleador por un plazo limitado y definido a un Estado de empleo para realizar una tarea o función concreta; (ii) que realice, por un plazo limitado y 0definido, un trabajo que requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole; o, (iii) que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve y que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo autorizado de su estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia. (Art.
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2 (2) (g) de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990). Ver también trabajador migrante Trabajador de temporada Todo trabajador migrante cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante parte del año. (Art. 2 (2) (b) de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990). Ver también trabajador migrante
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73Glosario sobre Migración Trabajador en estructura Todo trabajador migrante empleado en una marina marina estructura que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del que no sea nacional. (Art. 2 (2) (d) de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990). Ver también trabajador migrante Trabajador fronterizo Todo trabajador migrante que conserve su residencia habitual en un Estado vecino al que normalmente regrese cada día o al menos una vez por semana. (Art. 2 (2) (a) de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990). Ver trabajador migrante Trabajador itinerante Todo trabajador migrante que, aún teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por períodos breves, debido a su ocupación. (Art. 2 (2) (e) de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990). Ver también trabajador migrante Trabajador migrante Toda persona que vaya a realizar, realice o haya (realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. (Art. 2 (1) de la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y los miembros de su familia, 1990).
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Ver también gente de mar, trabajador de temporada, trabajador con empleo concreto, trabajador en estructura marina, trabajador fronterizo, trabajador itinerante, trabajador migrante documentado, trabajador por cuenta propia, trabajador vinculado a un proyecto Trabajador migrante Trabajador migrante y sus familiares autorizados a documentado ingresar, permanecer y trabajar en una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con su legislación interna y los acuerdos de los que ese Estado es Parte. (Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990). Ver también extranjero indocumentado, migrante documentado, trabajador migrante, trabajador migrante indocumentado
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74Derecho Internacional sobre Migración Trab ajador migrante en Ver trabajador migrante indocumentado situación irregular Trabajador migrante Trabajador migrante o miembros de su familia que no indocumentado estén autorizados a entrar, permanecer, trabajar en un país. Ver también trabajador migrante, trabajador migrante documentado Trabajador migrante Trabajador calificado, semicalificado y no calificado que temporal permanece en el país receptor por períodos definidos, establecidos en el contrato de trabajo con un empleador individual o en un contrato de servicio concluido con una empresa. Llamados también trabajadores migrantes contratados. Ver también migrante de corto plazo Trabajador migratorio Ver trabajador migrante Trabajador por cuenta Todo trabajador que realice una actividad remunerada propia sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus familiares, así como todo otro trabajador migrante reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales. (Art. (2) (2) (h) de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990). Ver también trabajador migrante Trabajador vinculado Trabajador migrante admitido a un Estado de empleo a un proyecto por un plazo definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador. (Art. 2 (2) (f) de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990). Ver también trabajador migrante Trabajo forzoso Servicio prestado por un trabajador bajo condición de servidumbre por razones económicas, especialmente endeudamiento por un préstamo o un adelanto del salario.
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Cuando la deuda es la razón de la servidumbre se deduce que el trabajador (dependiente o heredero) está atado a un acreedor por un período de tiempo especificado o no, hasta que el préstamo sea cancelado.
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75Glosario sobre Migración Todo trabajo o servicio obtenido por la fuerza de una persona bajo amenaza de castigo y para el cual esa persona no se ha ofrecido voluntariamente. (Art. 2 (1), de la Convención de la OIT, Nº. 29 sobre trabajo forzado, 190). Ver también servidumbre, servidumbre por deuda, trabajador migrante Trabajo infantil Cualquier trabajo que realice un niño en detrimento de su salud, educación, su estado físico, mental, espiritual, moral o de su desarrollo social. Ver también esclavitud, explotación de niños, peores formas de trabajo infantil Tráfico ilícito Facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte (de la Convención) del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material (Art.  (a) del Protocolo Adicional contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin­ cuencia Organizada Transnacional, 2002). El tráfico ilícito, distintamente a la trata, no implica explotación, coerción o violación de los derechos humanos. Ver también entrada ilegal, introducidor ilegal de migrantes trata de personas Transeúnte Profesional o trabajador calificado que viaja de un país a otro, por lo general como empleado de una compañía internacional o transnacional. Ver también trabajador migrante Tránsito Escala, de duración variada, en el viaje de una persona entre dos o más países o cuando se trata de una cuestión inesperada o a causa de cambio de aviones u otro medio de transporte por motivos de conexión.
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Ver también Estado de tránsito, refugiados en tránsito Transporte El movimiento de personas o bienes de un lugar a otro, por un medio de transporte. Ver también medio de transporte
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76Derecho Internacional sobre Migración Transportista Es el propietario u operador del transporte. El término “transportista” se refiere, por lo general, a una línea aérea, un transporte terrestre, ferroviario o marítimo. De acuerdo con las ley es y reglamentos de algunos Estados, este término abarca cualquier propietario de un medio que transporta personas en su territorio. Ver también transporte, medio de transporte Trata de personas La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. (Art.  (a) del Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000) Ver también coacción, explotación, fraude, secuestro tráfico ilícito, traficante Tratado internacional Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. (Art. (2) (1) (a) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de 199) Ver también acuerdo convención, instrumento, pacto Tratamiento inhumano Tratamiento físico o mental, cruel o severo que pone en peligro la vida y la integridad física y mental de una persona.
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Tratamiento nacional De acuerdo con esta norma, el extranjero no puede esperar ser objeto de una mayor protección legal a la otorgada a los nacionales del país huésped. Sin embargo, la legislación nacional no puede argumentarse para evadir el cumplimiento de normas internacionales mínimas.
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77Glosario sobre Migración Traficante Intermediario que moviliza personas con el fin de obtener un beneficio económico u otro por medio del engaño, la coerción y/u otras formas de explotación. La intención ab initio del traficante es la de explotar a la persona objeto de la acción y obtener un beneficio o una ganancia de esa explotación. Ver también explotación, introducidor ilegal de migrantes, trata de personas Tutor Persona que tiene la autoridad legal y el deber de cuidar a otra persona o propiedad, generalmente porque esa persona es incapaz, minusválida o menor.
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78Derecho Internacional sobre Migración U Ultra vires (latín) Más allá de sus competencias. Un acto realizado porun funcionario no autorizado es un acto ultra vires.
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79Glosario sobre Migración V Viajero Persona que se desplaza de un lugar a otro, por cualquier razón. Ver también migrante Víctima de la trata Persona que es víctima del crimen de trata de personas. de personas Ver también traficante, trata de personas Violencia basada en el Violencia contra el hombre o la mujer por razones de género género Violencia contra la mujer Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, lo coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (Art. 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 199). Visa/Visado Sello colocado por una oficina consular en el pasaporte o certificado de identidad que indica que el oficial en el momento de la expedición considera que el titular está en la categoría de no nacionales del Estado emisor y que puede ser admitido en su territorio, de acuerdo con las normas legales. El visado establece los criterios de admisión en un Estado. La práctica internacional evoluciona hacia sistemas automatizados de lectura de visados impresas en etiquetas o rótulos con dispositivos de seguridad, de conformidad con las normas de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional). Ver también biometría, certificado de identidad, documentos de viaje, pasaporte Visado de salida Visado otorgado a personas que tienen sus visados vencidos y que deben extenderlas antes de salir del país. Visado de tránsito Visado, usualmente válido por  días o menos, para permitir que una persona pase por el país que la emite, en un viaje hacia un tercer destino.
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Ver también Estado de tránsito, tránsito, pasajeros en tránsito, visado
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80Derecho Internacional sobre Migración Visitante En el contexto migratorio, persona que solicita el ingreso temporal en otro país. Ver también colonos permanentes, residencia permanente
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81Glosario sobre Migración X Xenofobia Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. En el ámbito internacional no hay una definición aceptada de xenofobia aunque puede ser descrita como actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y, muchas veces, desprecian a otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. Hay una relación muy estrecha entre racismo y xenofobia, términos difíciles de separar. Ver también racismo
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82Derecho Internacional sobre Migración Z Zona de inmigración Zona del territorio terrestre o marítimo en la cual es aplicable la legislación de ese Estado en materia de inmigración (también llamadas zonas de migración). Zonas seguras (Safe haven) Zonas neutrales establecidas para proteger contra los peligros de los combates a los “heridos y los enfermos, combatientes o no combatientes y a las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no realicen trabajo alguno de índole militar durante su estancia en esas zonas.” (Art. 15 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 199). Ver también asilo
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8Glosario sobre Migración BIBLIOGRAFÍA Aleinikoff, T.A., and V . Chetail (Ed.) 200 Migration and International Legal Norms, T.M.C. Asser Press, The Hague. Bernhardt, R. (Ed.) 198 Encyclopedia of Public International Law, Instalment 8, Elsevier Science, Publisher, B.V ., Amsterdam Council of Europe 2002 Creation of a Charter of Intent on Clandestine Migration, Report of the Rapporteur of the Committee on Migration, Refugees and Demograph y at http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc02/EDOC9522.htm. Council of European Union 2002 Proposal for a Return Action Programme, Annex 1: Indicative Definitions, Brussels at http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/st14/14673en2.pdf. European Commission, Justice and Home Affairs Glossary http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/glossary/glossary_ welcome_en.htm. Garner, B.A. (Ed.) 1999 Black’s Law Dictionary (Seventh Edition), West Group, St. Paul, Minnesota. Ghosh, B. 1998 Huddled Masses and Uncertain Shores: Insights into Irregular Migration, International Organization for Migration, Martinus Nijhoff. Grant, J.P., and J.C. Barker (Ed.) 200 Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law (Second Edition), Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York. International Labour Organization 1997 International Migration Statistics, Annex: Labour Migration Statistics Questionnaire’s Terms and Concepts at http://www.ilo.org/public/english/ protection/migrant/download/ilmdbqs.pdf. 2001 Report on Stopping Forced Labour, Global Report Under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles an Rights at Work, International Labour Conference, 89th Session, Report I (B). International Organization for Migration 1970s Glossary: Definitions and Explanations of Terms and Abbreviations Used in Migration Work, Intergovernmental Committee for European Migration, Geneva.
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1997 “Terminology and Typologies of Migration”, IOM Overview of International Migration, Migration Management Training Programme, IOM Geneva.
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8Derecho Internacional sobre Migración 2001 “The Role of Regional Consultative Processes in Managing International Migration”, IOM Migration Research Series, No. , Geneva. 200 World Migration 2003: Managing Migration, Challenges and Responses for People on the Move, V olume 2, IOM World Migration Report Series, Geneva. Perruchoud, R. 1992 “Persons falling under the Mandate of the International Organization for Migration (IOM) and to Whom the Organization may Provide Migration Services”, International Journal of Refugee Law, V ol. , No. 2, Oxford University Press, Oxford. 1998 “Migration Terminology”, International Migration Policy and Law Courses, Budapest, Hungary. United Nations 1998 Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Glossary, UN; also at http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/ SeriesM_58rev1E.pdf. United Nations Commission on Population and Development 1998 Concise report on world population monitoring, 1997: International Migration & Development, UN, New York. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Glossary of Migration Related Terms, http://portal.unesco.org/shs/en/ ev.phpURL_ID=1256&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. United Nations High Commissioner for Refugees 1979 Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, UNHCR Geneva. Van Krieken, P. J. (Ed.) 200 The Consolidated Asylum and Migration Acquis: The EU Directives in an Expanded Europe, T.M.C. Asser Press, The Hague.
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8Glosario sobre Migración FUENTES DOCUMENTALES Convenio sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre con anexo: Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre – La Haya, 18 de octubre de 1907 (entrada en vigor el 26 de enero de 1910) [187 Consol. T.S. 227] Convención sobre la Esclavitud, de 1926 (entrada en vigor 9 de marzo de 1927) enmendada por el Protocolo de 1953 (entrada en vigor el 7 de diciembre de 1953) [182 U.N.T.S. 1] Convenio sobre Algunas Cuestiones Relativas al Conflicto de las Leyes de Nacionalidad, 1930 (entrada en vigor el 1 de julio de 1937) Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio 190 (entrada en vigor el 1 de mayo de 192) Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, 19 (entrada en vigor el 2 de diciembre de 19)Carta de las Naciones Unidas, 19 (entrada en vigor el 2 de octubre de 19)Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, 19 (entrada en vigor el 17 de septiembre de 1976) [1 U.N.T.S 15] Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 [A.G. res. 217A (III)] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948 [O.E.A. Res.
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XXX]Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 198 (entrada en vigor el 12 de enero de 1951) [78 U.N.T.S 277] Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949 (entrada en vigor el 21 de octubre de 1950) [75 U.N.T .S. 287] Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 190 (entrada en vigor el  de septiembre de 19) [21 U.N.T.S. 222] Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951 (entrada en vigor el 22 de abril de 1954) [189 U.N.T.S. 137] Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 19 (entrada en vigor el  de junio de 1960) [360 U.N.T.S. 117]
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8Derecho Internacional sobre Migración Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 19 (entrada en vigor el 0 de abril de 1957) [226 U.N.T.S. 3] Carta Social Europea, 191 (entrada en vigor el 2 de febrero de 19) [29 U.N.T.S. 89] Protocolo Adicional Nº.4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 19 (entrada en vigor el 2 de mayo de 198) [E.T.S. No. ] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 1963 (entrada en vigor el 19 de marzo de 1967) [596 U.N.T.S. 261] Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965 (entrada en vigor el 4 de enero de 1969) [660 U.N.T .S. 195] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 19 (entrada en vigor el 2 de marzo de 1976) [999 U.N.T.S. 171]Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 19 (entrada en vigor el 3 de enero de 1976) [993 U.N.T.S. 3] Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 1967 (entrada en vigor el 4 de octubre de 1967) [606 U.N.T.S. 267] Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969 (entrada en vigor el 18 julio de 1978) [1144 U.N.T.S. 123] Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969 (entrada en vigor el 27 de enero de 1980) [11 U.N.T.S.
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1] Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 1979, (entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981) [1249 U.N.T.S. 13] Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981 (entrada en vigor el 21 de octubre de 198) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984 (entrada en vigor el 26 de junio de 1987) [A/RES/39/46] Acuerdo de Schengen, 198 y Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, 1990 (entrada en vigor el 1 de septiembre de 199) Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 (entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990) [A/RES/44/25]
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87Glosario sobre Migración Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990 (entrada en vigor el 1 de julio de 200) [A/RES/45/158] Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 199 [A/RES/48/104] Principios Rectores de los desplazamientos internos, 1998 [Doc. O.N.U. E/CN./1998//Add.2] Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, 1999 (entrada en vigor el 19 de noviembre de 2000) Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999 (entrada en vigor el 10 de abril de 2002) [A/RES/54/109] Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000 (entrada en vigor el 29 de septiembre de 2003) [A.G. res. A/RES/55/25] Protocolo Adicional para prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Anexo II, 2000 (entrada en vigor el 25 de diciembre de 2003) [A.G. res. A/RES/55/25] Protocolo Adicional contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Anexo III, 2000 (entrada en vigor el 28 de enero de 200) [A.G. res. A/RES/55/25]
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Other titles in the series: N°1 Glossary on Migration (English, 2004) N°2 Glossary on Migration (Russian, 2005)N°3 Migrations et protection des droits de l’homme (2005)N°4 Migraciones y protección de los derechos humanos (2005)N°5 Biometrics and International Migration (2005)N°6 Glossary on Migration (Arabic, 2006)N°7 Glosario sobre Migración (2006)
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Migrant Worker Best Practices Nationality Asylum Seekers Immigration Refoulement Accord Visa Traveller Reintegration Checkpoint Labour Migration Slavery Foreigner Jus Cogens Protection Migrant Bonded Labour Illegal Entry Adjudicator Laissez-Passer Nomad Stateless Person Neutrality Racial Discrimination Influx Abduction Racism Guardian Expulsion De Facto Refugees Forced Migration Amnesty Temporary Protection Internally Displaced Persons Best Practices Civil And Political Rights Spontaneous Migration Oath Instrument Child Adoption Kidnapping Alien Diplomatic Protection Forced Migration Lookout System Permanent Settlers Organized Crime Human Trafficking Fundamental Human Rights Assimilation Bondage Carrier Fraudulent Document Immigration Zone Labour Migration Receiving Country Safe Haven Undocumented Migrant Worker Xenophobia Abduction Consular Protection Emigration Terrorism Brain-Drain Genocide International Protection Vulnerable Groups Exclusion Worst Forms Of Child Labour Armed Conflict Deception Internal Migration Ancestry Based Settlers Influx Ombudsman Rescue At Sea Admission Irregular Migration Diplomatic Asylum Forced Return CitizenTravel Documents Overstay Clandestine Migration Repatriation Assisted Voluntary Return Integration Conveyance Resettlement Biometrics Domicile Extradition Orderly Migration Loss Of Nationality Migration Management Adoption Population Displacement Remittances Country Of Destination Green Card Temporary Protection Holding Centre Minority Short-Term Migrant Border Return Exclusion Border Control Deception Extradition Frontier Worker Migrant Flow Passport TortureUrban-Urban Migrants Working Permit Derogation Right To Return Best Practices Civil And Political Rights Spontaneous Migration Oath Instrument Child Adoption Kidnapping Alien Diplomatic Labour Migration Slavery Foreigner Jus Cogens Protection Migrant Bonded Labour Illegal Entry Adjudicator Laissez-Passer Worst Forms Of Child Labour Armed Conflict Deception Internal MigrationN° 7 Derecho Internacional sobre Migración GLOSARIO SOBRE MIGRACIÓN Accord Visa Traveller Reintegration Checkpoint Labour Migration Slavery Foreigner Jus Cogens Protection Migrant Bonded Labour Illegal Entry Adjudicator Laissez-Passer Nomad Stateless Person Neutrality Influx Abduction Racism Expulsion Forced Migration Amnesty Temporary Protection Internally DisplacedInternally Displaced Pe Best Practices Civil And Political R Adoption Kidnapping Alien Dip Protection Forced Migr Lookout System Permanent
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Human Trafficking Bondage Carrier Fraudulentcover_darkgreen2.qxp 2/22/2006 9:16 AM Page 1
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TEXTO ORIGINAL JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA Por cuanto el día 15 de junio de 1990, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó «ad referendum» en Dublín el Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, hecho en el mismo lugar y fecha, Vistos y examinados el preámbulo y los veintidós artículos de dicho Convenio, así como el Protocolo de corrección de errores, hecho en Dublín el 24 de noviembre de 1993, Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución, Vengo en aprobar y ratificar cuanto se dispone en los referidos Convenio y Protocolo, como en virtud del presente los apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlos, observarlos y hacer que se cumplan y observen puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este instrumento de ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con la siguiente declaración: «El Reino de España declara que si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Convenio, el Reino Unido decide extender su aplicación a Gibraltar, dicha aplicación se entenderá sin perjuicio de la postura de España con respecto al litigio que la opone al Reino Unido a propósito de la soberanía sobre el istmo.» Dado en Madrid a 27 de marzo de 1995. JUAN CARLOS R. El Ministro de Asuntos Exteriores, JAVIER SOLANA MADARIAGA CONVENIO RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO RESPONSABLE DEL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ASILO PRESENTADAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Su Majestad el Rey de los belgas,
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Su Majestad la Reina de Dinamarca, el Presidente de la República Federal de Alemania, el Presidente de la República helénica, Su Majestad el Rey de España, el Presidente de la República francesa, el Presidente de Irlanda, el Presidente de la República italiana, Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Su Majestad la Reina de los Países Bajos, el Presidente de la República portuguesa, Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Considerando el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Estrasburgo de los días 8 y 9 de diciembre de 1989 de armonizar sus políticas de asilo; Decididos, por fidelidad a su tradición humanitaria común, a garantizar a los refugiados una protección adecuada, de conformidad con las disposiciones de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, relativos al Estatuto de los refugiados, en lo sucesivo denominados Convención de Ginebra y Protocolo de Nueva York, respectivamente; Considerando el objetivo común de un espacio sin fronteras interiores en el que se garantice, en particular, la libre circulación de las personas, de conformidad con las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, modificada por el Acta Única Europea; Conscientes de la necesidad de adoptar medidas para evitar que la realización de este objetivo genere situaciones conducentes a dejar durante demasiado tiempo a un solicitante de asilo en la incertidumbre de no conocer el curso que pueda darse a su solicitud y deseoso de garantizar a todos los solicitantes de asilo que su solicitud será examinada por alguno de los Estados miembros y de evitar que los solicitantes de asilo sean objeto de reenvíos sucesivos de un Estado miembro a otro sin que ninguno de dichos Estados asuma la competencia del examen de la solicitud de asilo;
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Deseosos de proseguir el diálogo entablado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a fin de alcanzar los objetivos expuestos anteriormente; Resueltos a poner en práctica, para la aplicación del presente Convenio, una estrecha colaboración por diversos medios, entre ellos, los intercambios de información, Han convenido en las disposiciones siguientes: Artículo 1. 1. A los efectos del presente Convenio, se entenderá por: a) Extranjero: Cualquier persona que no sea nacional de un Estado miembro.
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b) Solicitud de asilo: Una solicitud mediante la cual un extranjero pide a un Estado miembro la protección de la Convención de Ginebra, invocando la condición de refugiado con arreglo al artículo 1 de la Convención de Ginebra, modificada por el Protocolo de Nueva York; c) Solicitante de asilo: El extranjero que haya presentado una solicitud de asilo sobre la cual todavía no existe una resolución definitiva; d) Examen de una solicitud de asilo: El conjunto de medidas de examen, de resoluciones o de sentencias dictadas por las autoridades competentes sobre una solicitud, con excepción de los procedimientos relativos a la determinación del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo en virtud de las disposiciones del presente Convenio; e) Permiso de residencia: Cualquier autorización expedida por las autoridades de un Estado miembro por la que se autoriza a un extranjero a residir en su territorio, con excepción de los visados y de las autorizaciones de residencia expedidas durante la instrucción de una solicitud de permiso de residencia o de una solicitud de asilo; f) Visado de entrada: La autorización o decisión de un Estado miembro por la que se permite la entrada de un extranjero en su territorio, siempre que se cumplan las demás condiciones de entrada; g) Visado de tránsito: La autorización o decisión de un Estado miembro por la que se permite el tránsito de un extranjero por su territorio o en la zona de tránsito de un puerto o de un aeropuerto, siempre que se cumplan las demás condiciones de tránsito. 2. El carácter del visado se determinará en relación con las definiciones enunciadas en las letras f) y g) del apartado 1. Artículo 2.
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Los Estados miembros reafirman sus obligaciones con arreglo a la Convención de Ginebra, modificada por el Protocolo de Nueva York, sin ninguna restricción geográfica del ámbito de aplicación de estos instrumentos, y su compromiso de cooperar con los servicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la aplicación de dichos instrumentos. Artículo 3. 1. Los Estados miembros se comprometen a que sea examinada toda solicitud de asilo presentada por un extranjero a cualquiera de ellos, ya sea en la frontera o en su territorio. 2. La solicitud será examinada por un solo Estado miembro con arreglo a los criterios enunciados por el presente Convenio. Los criterios definidos en los artícu los 4 a 8 se aplicarán en el orden en que se enuncian. 3. La solicitud será examinada por ese Estado, de conformidad con su legislación nacional y con sus obligaciones internacionales. 4. Cada Estado miembro tendrá derecho a examinar una solicitud de asilo que le sea presentada por un extranjero, aun cuando dicho examen no le incumba en virtud de los criterios definidos por el presente Convenio, siempre que el solicitante de asilo dé su consentimiento para ello. En este caso, el Estado miembro responsable en virtud de los criterios mencionados quedará liberado de sus obligaciones, las cuales quedarán transferidas al Estado miembro que desee examinar la solicitud de asilo. Este último Estado informará de ello al Estado miembro responsable con arreglo a dichos criterios si a dicho Estado le fuese presentada dicha solicitud. 5. Todo Estado miembro conservará la posibilidad, en aplicación de su derecho nacional, de enviar a un Estado tercero a un solicitante de asilo, respetando las disposiciones de la Convención de Ginebra, modificada por el Protocolo de Nueva York. 6. El procedimiento de determinación del Estado miembro que, en virtud del presente Convenio, sea responsable del examen de la solicitud de asilo se pondrán en marcha en el momento en que se presente una solicitud de asilo por primera vez ante un Estado miembro. 7.
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El Estado miembro ante el cual haya sido presentada la solicitud de asilo estará obligado, en las condiciones a que hace mención el artículo 13 y con vistas a finalizar el procedimiento de determinación del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo, a readmitir al solicitante de asilo que, encontrándose en otro Estado miembro, haya formulado en dicho Estado miembro una solicitud de asilo después de haber retirado su solicitud en el transcurso del procedimiento de determinación del Estado responsable. Dicha obligación cesará si el solicitante de asilo, entre tanto, ha abandonado el territorio de los Estados miembros durante un período de, al menos, tres meses o un Estado miembro le ha concedido un documento de residencia de una duración superior a tres meses. Artículo 4. Si a algún miembro de la familia del solicitante de asilo se le hubiese reconocido la condición de refugiado en un Estado miembro según la Convención de Ginebra, modificada por el Protocolo de Nueva York, y reside en él legalmente, este Estado será responsable del examen de la solicitud, siempre que los interesados consientan en ello. El miembro de la familia en cuestión sólo podrá ser el cónyuge del solicitante de asilo, o su hijo soltero o hija soltera menor de dieciocho años, o, si el propio solicitante de asilo es soltero y menor de dieciocho años, su padre o su madre. Artículo 5. 1. Si el solicitante de asilo es titular de un permiso de residencia vigente, el Estado miembro que haya expedido dicho permiso será el responsable del examen de la solicitud de asilo. 2. Si el solicitante de asilo es titular de un visado vigente, el Estado miembro que haya expedido dicho visado será responsable del examen de la solicitud de asilo, excepto en los siguientes supuestos: a) Si dicho visado hubiera sido expedido con autorización por escrito de otro Estado miembro, este último será responsable del examen de la solicitud de asilo.
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Cuando un Estado miembro, en particular por razones de seguridad, consulte previamente a la autoridad central de otro Estado miembro, el acuerdo de este último no constituirá una autorización por escrito con arreglo a la presente disposición; b) Si el solicitante de asilo que es titular de un visado de tránsito presentare su solicitud en otro Estado miembro en el que no está sujeto a la obligación de visado, este último Estado será responsable del examen de la solicitud de asilo; c) Si el solicitante de asilo que es titular de un visado de tránsito presenta su solicitud en el Estado que le ha expedido dicho visado y que ha recibido confirmación por escrito de las autoridades diplomáticas o consulares del Estado miembro de destino de que el extranjero exento de obligación de visado cumplía los requisitos de entrada en dicho Estado, este último será responsable del examen de la solicitud de asilo. 3. Si el solicitante de asilo es titular de varios permisos de residencia o visados vigentes, expedidos por diferentes Estados miembros, el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo será: a) El Estado que haya expedido el permiso de residencia que conceda el derecho de residencia más prolongado o, en caso de duración de validez idéntica de estos documentos, el Estado que haya expedido el permiso de residencia que caduque en fecha posterior; b) Si los diferentes visados son de la misma naturaleza, el Estado que haya expedido el visado que caduque en fecha posterior; c) En caso de visados de naturaleza diferente, el Estado que haya expedido el visado con mayor plazo de validez o, en caso de plazo de validez idéntico, el Estado que haya expedido el visado que caduque en fecha posterior. No se aplicará esta disposición cuando el solicitante sea titular de uno o de varios visados de tránsito, expedidos previa presentación de un visado de entrada en otro Estado miembro. En tal caso, será responsable este último Estado miembro. 4.
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Si el solicitante de asilo sólo es titular de uno o varios permisos de residencia caducados desde hace menos de dos años o de uno o de varios visados caducados desde hace menos de seis meses, que efectivamente le hayan permitido la entrada en el territorio de un Estado miembro, los apartados 1, 2 y 3 serán aplicables mientras el extranjero no haya abandonado el territorio de los Estados miembros. Cuando el solicitante de asilo sea titular de uno o más documentos de residencia caducados desde hace más de dos años o de uno o varios visados caducados desde hace más de seis meses, que efectivamente le hayan permitido la entrada al territorio de un Estado miembro, mientras el extranjero no haya abandonado el territorio común, será responsable el Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud. Artículo 6. Cuando el solicitante de asilo haya cruzado de forma irregular, por vía terrestre, marítima o aérea, la frontera de un Estado miembro por el que se pueda probar que ha entrado, procedente de un país que no sea miembro de las Comunidades Europeas, dicho Estado miembro será responsable del examen de su solicitud de asilo. No obstante, dicho Estado dejará de ser responsable si se demuestra que el interesado ha permanecido en el Estado miembro en que presente su solicitud de asilo al menos durante seis meses antes de presentar dicha solicitud. En tal caso, este último Estado será responsable del examen de la solicitud de asilo. Artículo 7. 1. La responsabilidad del examen de una solicitud de asilo incumbirá al Estado miembro responsable del control de entrada del extranjero en territorio de los Estados miembros, excepto si el extranjero, después de haber entrado legalmente en un Estado miembro en que se le dispensa de la obligación de visado, presenta su solicitud de asilo en otro Estado miembro en que también se le dispensa de la obligación de visado para la entrada en su territorio. En tal caso, la responsabilidad del examen de la solicitud de asilo recaerá en este último Estado. 2.
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Hasta la entrada en vigor de un acuerdo entre los Estados miembros sobre las posibles formas de atravesar las fronteras exteriores, el Estado miembro que autorice un tránsito sin visado por la zona de tránsito de sus aeropuertos no será considerado responsable del control de la entrada, respecto de los viajeros que no salgan de la zona de tránsito. 3. Cuando la solicitud de asilo se presente en la zona de tránsito de un aeropuerto de un Estado miembro, la responsabilidad del examen recaerá en dicho Estado. Artículo 8. Cuando, con arreglo a los otros criterios enumerados en el presente Convenio, no pueda determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo, será responsable del examen el primer Estado miembro al que haya sido presentada la solicitud de asilo. Artículo 9. Aun cuando no sea el responsable en virtud de los criterios definidos en el presente Convenio, cualquier Estado miembro podrá examinar una solicitud de asilo por razones humanitarias basadas, en particular, en motivos familiares o culturales, a instancia de otro Estado miembro y siempre que el solicitante de asilo consienta en ello. Si el Estado miembro solicitado aceptare examinar la solicitud de asilo, le será transferida la responsabilidad del examen de la solicitud. Artículo 10. 1.
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El Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo, de acuerdo con los criterios definidos en el presente Convenio, deberá: a) Hacerse cargo, en las condiciones establecidas en el artículo 11, del solicitante de asilo que haya presentado una solicitud en otro Estado miembro; b) Llevar a cabo el examen de la solicitud de asilo; c) Readmitir o acoger de nuevo, en las condiciones establecidas en el artículo 13, al solicitante de asilo cuya solicitud esté en curso de examen y que se encuentre de forma irregular en otro Estado miembro; d) Acoger de nuevo, en las condiciones establecidas en el artículo 13, al solicitante de asilo que haya retirado su solicitud en curso de examen y que haya formulado una solicitud de asilo en otro Estado miembro; e) Acoger de nuevo, en las condiciones establecidas en el artículo 13, al extranjero cuya solicitud haya rechazado y que se encuentre de forma irregular en otro Estado miembro. 2. Si un Estado miembro expide a un solicitante de asilo un permiso de residencia de duración superior a tres meses, se le transferirán las obligaciones mencionadas en las letras a) a e) del apartado 1. 3. Las obligaciones mencionadas en las letras a) a d) del apartado 1 cesarán si el extranjero de que se trate abandona el territorio de los Estados miembros durante un período de, al menos, tres meses. 4. Las obligaciones previstas en las letras d) y e) del apartado 1 cesarán si el Estado responsable del examen de la solicitud de asilo hubiere tomado y hubiere puesto efectivamente en práctica, a raíz de la retirada o del rechazo de la solicitud, las disposiciones necesarias para que el extranjero regrese a su país de origen o se dirija a otro país al que legalmente pueda ir. Artículo 11. 1.
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El Estado miembro ante el que se haya presentado una solicitud de asilo, y que estime que otro Estado miembro es el responsable del examen de dicha solicitud, podrá requerir que este último tome a su cargo la solicitud lo antes posible y en cualquier caso dentro de un plazo de seis meses tras la presentación de la solicitud de asilo. Si la solicitud de tomar a cargo no se llevara a cabo en el plazo de seis meses, la responsabilidad del examen de la solicitud de asilo corresponderá al Estado ante el que se haya presentado por primera vez la solicitud de asilo. 2. La solicitud de tomar a cargo deberá incluir indicaciones que permitan comprobar a las autoridades del Estado al que se haya hecho el requerimiento, la responsabilidad de dicho Estado en virtud de los criterios definidos en el presente Convenio. 3. La designación del Estado responsable, en aplicación de tales criterios, se hará sobre la base de la situación existente en el momento en que el solicitante de asilo presentó su solicitud por primera vez a un Estado miembro. 4. El Estado miembro deberá decidir sobre la solicitud de tomar a cargo dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que le haya sido presentada la solicitud. Si no hubiere respuesta al expirar dicho plazo, se entenderá aceptada la solicitud. 5. El traslado del solicitante de asilo del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de asilo al Estado miembro responsable deberá producirse, a más tardar, un mes después de la aceptación de la solicitud de toma a cargo o bien un mes después del término del procedimiento contencioso que pudiera haber emprendido el extranjero contra la decisión de traslado, si tal procedimiento tuviera efecto suspensivo. 6. Más adelante podrán precisarse, por medio de disposiciones adoptadas conforme al artículo 18, las modalidades particulares de la toma a cargo. Artículo 12.
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Cuando se presente una solicitud de asilo ante las autoridades competentes de un Estado miembro por un solicitante que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, el Estado miembro en cuyo territorio se halle el solicitante deberá determinar el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo. El Estado miembro que haya recibido la solicitud informará sin demora al Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el solicitante y éste será considerado, a efectos de la aplicación del presente Convenio, como el Estado miembro ante el cual se presentó la solicitud de asilo. Artículo 13. 1. En los casos previstos en el apartado 7 del artículo 3 y en el artículo 10, la readmisión de un solicitante de asilo se efectuará según las siguientes modalidades: a) La solicitud para la readmisión deberá indicar todos los datos que permitan al Estado requerido comprobar que es responsable de conformidad con las disposiciones del apartado 7 del artículo 3 y del artículo 10; b) El Estado requerido para la readmisión estará obligado a contestar el requerimiento dentro de un plazo de ocho días a partir de dicho requerimiento. Estará obligado a volver a hacerse efectivamente cargo del solicitante de asilo lo antes posible y, a más tardar, dentro de un plazo de un mes después de haber aceptado la readmisión. 2. Por medio de disposiciones establecidas en el marco del artículo 18 podrán precisarse ulteriormente las modalidades particulares de la readmisión. Artículo 14. 1. Los Estados miembros procederán a intercambios mutuos sobre: Las disposiciones legislativas o reglamentarias o las prácticas nacionales aplicables en materia de asilo; Los datos estadísticos relativos a las llegadas mensuales de solicitantes de asilo y su reparto por nacionalidad.
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El intercambio de estos datos se llevará a cabo trimestralmente, a través de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas, la cual garantizará su distribución entre los Estados miembros, la Comisión de las Comunidades Europeas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 2. Los Estados miembros podrán efectuar intercambios mutuos sobre: Las informaciones de carácter general relativas a nuevas tendencias en materia de solicitudes de asilo; Las informaciones de carácter general relativas a la situación de los países de origen o de procedencia de los solicitantes de asilo. 3. Si el Estado miembro que comunica la información mencionada en el apartado 2 desea darle un carácter confidencial, esta confidencialidad deberá ser respetada por los demás Estados miembros. Artículo 15. 1. Cada Estado miembro comunicará a todo Estado miembro que lo solicite las informaciones individuales necesarias para: Determinar el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo. El examen de la solicitud de asilo. El cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente Convenio. 2. Estas informaciones sólo podrán referirse a: Los datos personales relativos al solicitante de asilo y, en su caso, a los miembros de su familia (apellidos y nombre -eventualmente apellido anterior-, apodos o seudónimos, nacionalidad -actual y anterior-, fecha y lugar de nacimiento). Los documentos de identidad y de viaje (referencia, período de validez, fechas de expedición, autoridad que efectuó la expedición, lugar de expedición, etc.). Los demás elementos necesarios para identificar al solicitante. Los lugares de residencia y los itinerarios de viaje. Los permisos de residencia o los visados expedidos por un Estado miembro. El lugar en que se presentó la solicitud. La fecha de presentación de una eventual solicitud de asilo anterior, la fecha de presentación de la solicitud actual, el estado actual del procedimiento y, en su caso, la decisión que se haya adoptado. 3.
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Además, un Estado miembro podrá solicitar a otro Estado miembro que le comunique los motivos invocados por el solicitante de asilo en apoyo de su solicitud y eventualmente los motivos de la decisión tomada en lo que le concierne. El Estado miembro evaluará si puede acceder a la petición que se le presente. En todo caso, la comunicación de estos datos estará supeditada al consentimiento del solicitante de asilo. 4. Este intercambio de información se hará a petición de un Estado miembro y únicamente tendrá lugar entre las autoridades cuya designación por cada Estado miembro se comunique al Comité previsto por el artícu lo 18. 5. Las informaciones intercambiadas únicamente podrán utilizarse con los fines previstos en el apartado 1. Dichas informaciones sólo podrán comunicarse, en cada Estado miembro, a las autoridades y jurisdicciones encargadas de: Determinar el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo. El examen de la solicitud de asilo. El cumplimiento de cualquier obligación derivada del presente Convenio. 6. El Estado miembro que transmita los datos velará por su exactitud y su actualidad. En el supuesto de que dicho Estado miembro facilite datos inexactos o que no hubieran debido transmitirse, se informará inmediatamente de ello a los Estados miembros destinatarios, que deberán rectificar dichas informaciones o eliminarlas. 7. El solicitante de asilo tendrá derecho a que se le comuniquen, a petición suya, las informaciones que se hayan intercambiado a su respecto, mientras las mismas estén disponibles. En el supuesto de que observara que dichas informaciones son inexactas o no hubieran debido transmitirse, tendrá derecho a su rectificación o eliminación. Ese derecho se ejercerá en las condiciones previstas en el apartado 6. 8. En cada Estado miembro concernido se mencionará la transmisión y la recepción de las informaciones intercambiadas. 9.
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Estos datos se conservarán durante un período no superior al período necesario para los fines para los que se han intercambiado. El Estado miembro en cuestión estudiará a su debido tiempo la necesidad de conservarlos. 10. En cualquier caso, las informaciones comunicadas gozarán, al menos, de la misma protección que la que el Estado miembro otorga a las informaciones de naturaleza similar. 11. Si los datos no son tratados de forma automática sino de otra forma, cada Estado miembro deberá tomar medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo a través de medios de control efectivo. Si un Estado miembro dispone de un servicio del tipo mencionado en el apartado 12, podrá encomendar a dicho servicio las funciones de control. 12. Cuando uno o varios Estados miembros deseen informatizar el tratamiento de la totalidad o parte de los datos mencionados en los apartados 2 y 3, la informatización únicamente será posible si los interesados han adoptado una legislación aplicable a dicho tratamiento que cumpla los principios del Convenio de Estrasburgo de 28 de febrero de 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y si han confiado a una instancia nacional adecuada el control independiente del tratamiento y de la explotación de los datos transmitidos de conformidad con el presente Convenio. Artículo 16. 1. Cualquier Estado miembro podrá presentar al Comité contemplado en el artículo 18 proyectos de revisión del presente Convenio que tengan por objeto suprimir las dificultades surgidas en el marco de su aplicación. 2. Si se comprobara que es necesario revisar o modificar el presente Convenio debido a la realización de los objetivos enunciados en el artículo 8,A, del Tratado constitutivo de la CEE, al estar dicha realización especialmente vinculada al establecimiento de una política armonizada en materia de asilo y una política común de visados, el Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo de las Comunidades Europeas organizará una reunión del Comité contemplado en el artículo 18.
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3. Las revisiones o modificaciones del presente Convenio serán efectuadas por el Comité contemplado en el artículo 18. Entrarán en vigor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22. Artículo 17. 1. Si un Estado miembro encontrara dificultades importantes debido a un cambio fundamental de las circunstancias que hayan regido a la celebración del presente Convenio, dicho Estado podrá recurrir al Comité mencionado en el artículo 18 a fin de que éste proponga a los Estados miembros medidas para hacer frente a dicha situación o efectúe las revisiones o modificaciones que resulten necesarias al presente Convenio, las cuales entrarán en vigor en las condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 16. 2. Si transcurrido un plazo de seis meses la situación expuesta en el apartado 1 persistiere, el Comité podrá adoptar, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, la decisión de autorizar al Estado miembro afectado por dicho cambio a que suspenda provisionalmente la aplicación de las disposiciones del presente Convenio sin que dicha suspensión obste a la realización de los objetivos mencionados en el ar tículo 8, A, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea o infrinja otras obligaciones internacionales de los Estados miembros. 3. Durante la suspensión contemplada en el apartado 2, el Comité, de no haber obtenido anteriormente un acuerdo, proseguirá sus trabajos con vistas a revisar las disposiciones del presente Convenio. Artículo 18. 1. Se crea un Comité compuesto por un representante del Gobierno de cada Estado miembro. El Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo de las Comunidades Europeas asumirá la Presidencia de dicho Comité. La Comisión de las Comunidades Europeas podrá asistir a los trabajos del Comité y de los grupos de trabajo contemplados en el apartado 4. 2.
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El Comité examinará, previa solicitud de uno o de más Estados miembros, cualquier cuestión de carácter general relativa a la aplicación y a la interpretación del presente Convenio. El Comité establecerá las medidas previstas en el apartado 6 del artículo 11 y en el apartado 2 del artícu lo 13, y concederá la autorización contemplada en el apartado 2 del artículo 17. El Comité adoptará, en virtud de los artículos 16 y 17, las revisiones o las modificaciones del presente Convenio. 3. El Comité adoptara las decisiones por unanimidad, salvo las decisiones adoptadas en aplicación del apartado 2 del artículo 17, que lo serán por mayoría de dos tercios de los votos de sus miembros. 4. El Comité establecerá sus normas de procedimiento y podrá crear grupos de trabajo. La Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas se encargará de la Secretaría del Comité y de los grupos de trabajo. Artículo 19. Respecto del Reino de Dinamarca, las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán a las islas Feroe ni a Groenlandia, a menos que el Reino de Dinamarca formule una declaración contraria. Dicha declaración podrá hacerse en cualquier momento por medio de una comunicación al Gobierno de Irlanda, que informará a los Gobiernos de los demás Estados miembros. Respecto de la República francesa, las disposiciones del presente Convenio sólo serán aplicables al territorio europeo de la República francesa. Respecto del Reino de los Países Bajos, las disposiciones del presente Convenio sólo serán aplicables al territorio del Reino de los Países Bajos en Europa. Por lo que respecta al Reino Unido, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán únicamente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No se aplicará a los territorios europeos de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido, salvo si el Reino Unido efectúa una declaración en sentido contrario.
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Dicha declaración podrá hacerse en cualquier momento mediante comunicación al Gobierno de Irlanda, el cual informará de ello a los Gobiernos de los demás Estados miembros. Artículo 20. No podrá formularse ninguna reserva al presente Convenio. Artículo 21. 1. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado que se convierta en miembro de las Comunidades Europeas. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Gobierno de Irlanda. 2. El presente Convenio entrará en vigor para cualquier Estado que se adhiriese al mismo el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de adhesión. Artículo 22. 1. El presente Convenio quedará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Gobierno de Irlanda. 2. El Gobierno de Irlanda notificará a los Gobiernos de los restantes Estados miembros el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación. 3. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del último Estado signatario que cumpla dicha formalidad. El Estado depositario de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación informará a los Estados miembros de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. Hecho en Dublín el quince de junio de mil novecientos noventa, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, dando fe, asimismo, los textos redactados en cada una de dichas lenguas depositados en los archivos del Gobierno de Irlanda, que transmitirá una copia certificada conforme a cada uno de los Estados miembros.
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ESTADOS PARTE Fecha depósito instrumento ratificación / Fecha firma Alemania / 15-6-1990 / 21-12-1994 Bélgica / 15-6-1990 / 10- 8-1995 Dinamarca / 15-6-1990 / 13- 6-1991 España / 15-6-1990 / 10- 4-1995 Francia / 15-6-1990 / 10- 5-1994 Grecia / 15-6-1990 / 3- 2-1992 Irlanda / 15-6-1990 / 13- 6-1997 Italia / 15-6-1990 / 26- 2-1993 Luxemburgo / 15-6-1990 / 22- 7-1993 Países Bajos / 15-6-1990 / 13- 6-1997 Portugal / 15-6-1990 / 19- 2-1993 Reino Unido / 15-6-1990 / 1- 7-1992 ACTA DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS RESPONSABLES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Dublín, 15 de junio de 1990. Asunto: Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Los Ministros reciben el texto del proyecto de Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Los Ministros toman nota de: Que 11 Estados miembros están en condiciones de firmar dicho Convenio. Una declaración del Ministro danés en la que se indica que su país no está por el momento en condiciones de firmar el citado Convenio y que tiene la intención de proseguir sus esfuerzos para que también Dinamarca pueda firmarlo.
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En consecuencia, los Ministros de los 11 Estados miembros restantes deciden proceder a la firma del Convenio, quedando entendido que si de aquí al 7 de diciembre de 1990 Dinamarca no procediese, por su parte, a dicha firma, la mayoría de ellos firmarían entonces un Convenio cuyas partes contratantes serían dichos Estados. Los Ministros acuerdan hacer constar en el acta de la Conferencia las siguientes declaraciones: 1. Las Partes declaran que, a fin de garantizar que se conceda a los solicitantes de asilo garantías suficientes, mantendrán abierta la posibilidad de extender la cooperación prevista en el presente Convenio a otros Estados permitiéndoles suscribir, por medio de los instrumentos adecuados, compromisos idénticos a los que se establecen en el presente Convenio. 2. Los Estados miembros consideran que no es necesario completar el apartado 6 del artículo 15 del Convenio para precisar que sólo pueden comunicarse las informaciones solicitadas de forma lícita y de buena fe, ya que en su opinión se trata de algo evidente y en consecuencia no hace falta ninguna disposición al respecto. 3. Los Estados miembros acuerdan presentar anualmente al Comité un informe sobre el control de la utilización apropiada de la información contemplada en el artículo 15 tal como lo organizan. 4. Los Estados miembros toman nota de que no queda excluido utilizar otras posibilidades previstas en el Derecho internacional en caso de que sea imposible llegar a un acuerdo sobre la revisión del Convenio en aplicación de las disposiciones del apartado 2 del artícu lo 17. 5. Los Estados miembros consideran que, en caso de suspensión del presente Convenio, a iniciativa de cualquiera de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, el mismo podrá continuar aplicándose entre los restantes Estados miembros. 6.
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Los Estados miembros consideran que el proyecto de Convenio relativo al paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros de las Comunidades Europeas está íntimamente vinculado a otros instrumentos necesarios para la realización de lo dispuesto en el artícu lo 8,A, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y en particular al Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Los Estados miembros recalcan la necesidad de intensificar los trabajos sobre el citado proyecto, de forma que terminen antes de finales de 1990. La entrada en vigor del Convenio relativo al paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros debería poder tener lugar lo antes posible después de la entrada en vigor del presente Convenio. 7. La República Federal de Alemania declara que la República Democrática alemana no es respecto de la República Federal de Alemania un país extranjero. Respecto de la Declaración de Gobierno de la República Federal de Alemania sobre a definición de «nacional alemán» aneja al Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 25 de marzo de 1957, la República Federal de Alemania señala que el presente Convenio no es aplicable a los alemanes en el sentido de la mencionada declaración. 8. Los Países Bajos parten del principio de que, al tratarse de una cuestión que atañe a los 12 países, el procedimiento de aprobación no comenzará en las capitales antes de que Dinamarca haya firmado también el Convenio. En cualquier caso, los Países Bajos no iniciarán dicho procedimiento antes de que Dinamarca lo haya firmado. 9.
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Los Países Bajos declaran respecto de la definición de la noción de «solicitud de asilo», que interpreta los términos «pide a un Estado miembro la protección» en el sentido de que el extranjero en cuestión, al presentar un a solicitud de asilo, invocando su condición de refugiado, pide ser admitido en condición de tal en dicho Estado miembro. 10. El Reino de España declara que si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Convenio, el Reino Unido decide extender su aplicación a Gibraltar, dicha aplicación se entenderá sin perjuicio de la postura de España con respecto al litigio que la opone al Reino Unido a propósito de la soberanía sobre el istmo. El original de la presente acta, tal como queda firmada por el Presidente y el Secretario de la Conferencia, se depositará juntamente con el Convenio ante el Gobierno de Irlanda. Una copia del presente acta se remitirá a los Estados signatarios. Hecho en Dublín el dieciséis de junio de mil novecientos noventa. El presente Convenio entrará en vigor de forma general y para España el 1 de septiembre de 1997, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 del mismo. Lo que se hace público para conocimiento general. Madrid, 21 de julio de 1997.-El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Núñez Montesinos.
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TEXTO ORIGINAL EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, las letras a) y b) del punto 2 de su artículo 63, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), Visto el dictamen del Comité de las Regiones (4), Considerando lo siguiente: (1) La elaboración de una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Unión Europea. (2) Los casos de afluencia masiva de personas desplazadas que no pueden volver a su país de origen han aumentado considerablemente estos últimos años en Europa. En tales casos puede ser necesario implantar dispositivos excepcionales para garantizar una protección inmediata y de carácter temporal a dichas personas. (3) En sus reuniones de Londres de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1992 y de Copenhague de los días 1 y 2 de junio de 1993 los Estados miembros y las instituciones de la Comunidad Europea han manifestado su preocupación por la situación de los personas desplazadas en las conclusiones relativas a las personas desplazadas por causa del conflicto en la antigua Yugoslavia adoptadas por los Ministros responsables de la inmigración.
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(4) El Consejo aprobó, el 25 de septiembre de 1995, una Resolución sobre el reparto de cargas en relación con la acogida y la estancia, con carácter temporal de las personas desplazadas (5), y, el 4 de marzo de 1996, una Decisión 96/198/JAI sobre un procedimiento de alerta y urgencia para el reparto de cargas en relación con la acogida y la estancia, con carácter temporal de las personas desplazadas (6). (5) El Plan de Acción del Consejo y de la Comisión de 3 de diciembre de 1998 (7) contempla la adopción, lo más rápidamente posible y de conformidad con las disposiciones del Tratado de Amsterdam, de normas mínimas para conceder protección temporal a las personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen y de medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de dicha acogida. (6) El Consejo adoptó el 27 de mayo de 1999 unas conclusiones relativas a las personas desplazadas procedentes de Kosovo, en las que se invita a la Comisión y a los Estados miembros a extraer las consecuencias de su respuesta a la crisis de Kosovo para establecer medidas de conformidad con el Tratado. (7) El Consejo Europeo de Tampere reconoció, en su reunión especial de 15 y 16 de octubre de 1999, la necesidad de lograr un acuerdo sobre la cuestión de la protección temporal de las personas desplazadas basado en la solidaridad entre los Estados miembros. (8) Resulta, pues, necesario instaurar normas mínimas para conceder protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de dicha acogida.
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(9) Las normas y medidas están vinculadas y son dependientes entre sí por razones de eficacia, coherencia, solidaridad y con el fin especial de evitar movimientos secundarios. Es, pues, conveniente adoptarlas en un solo instrumento jurídico. (10) Es importante que esta protección temporal sea compatible con las obligaciones internacionales de los Estados miembros en materia de derecho de los refugiados y, en particular, no debe prejuzgar el reconocimiento del estatuto de refugiado de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, que ha sido ratificada por todos los Estados miembros. (11) Conviene respetar el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados relativo a los refugiados y otras personas necesitadas de protección internacional y poner en práctica la Declaración n°17, aneja al Acta Final del Tratado de Amsterdam, sobre el artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que dispone la celebración de consultas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con otras organizaciones internacionales pertinentes sobre cuestiones relativas a la política de asilo. (12) De la naturaleza misma de las normas mínimas se desprende que los Estados miembros tienen competencia para establecer o mantener condiciones más favorables para las personas beneficiarias de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. (13) Dado el carácter excepcional de lo dispuesto en la presente Directiva para afrontar una afluencia masiva de personas desplazadas procedente de terceros países imposibilitadas para el regreso, o la inminencia de tal afluencia, la protección ofrecida deberá ser de duración limitada. (14) Una decisión del Consejo, de aplicación obligatoria en todos los Estados miembros respecto de las personas desplazadas a las que se aplique la decisión, determinará la condición de afluencia masiva de personas desplazadas.
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Conviene asimismo establecer las condiciones de expiración de dicha decisión. (15) Deberán establecerse las obligaciones de los Estados miembros en lo referente a las condiciones de acogida y residencia de las personas que disfruten de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Tales obligaciones habrán de ser equitativas y proporcionar un nivel adecuado de protección a los interesados. (16) En relación con el tratamiento de las personas que disfruten de protección temporal en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros se hallan vinculados por obligaciones establecidas en razón de instrumentos de Derecho internacional de los que son Partes y que prohíben la discriminación. (17) Los Estados miembros, de acuerdo con la Comisión, deberán aplicar medidas adecuadas con el fin de que el tratamiento de los datos personales sea conforme a la norma de protección de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (8). (18) Conviene establecer las normas de acceso al procedimiento de asilo en el contexto de la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, de conformidad con las obligaciones internacionales de los Estados miembros y las disposiciones del Tratado. (19) Es oportuno establecer los principios y medidas por los que se regulan el regreso al país de origen y las medidas que deban tomar los Estados miembros en relación con aquellas personas cuya protección temporal haya finalizado. (20) Es necesario establecer un mecanismo de solidaridad para fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de esta acogida. Este mecanismo deberá presentar dos aspectos.
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El primer aspecto es financiero y el segundo aspecto se basa en la acogida de las personas en los Estados miembros. (21) Una cooperación administrativa entre los Estados miembros en coordinación con la Comisión debe acompañar la aplicación de tal protección temporal. (22) Es importante definir los criterios de exclusión de ciertas personas del beneficio de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. (23) Dado que los objetivos de la acción propuesta, es decir, la instauración de normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y el fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a estas personas y asumir las consecuencias de dicha acogida, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al principio de proporcionalidad consagrado en el mencionado artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. (24) A tenor del artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido notificó, por carta de 27 de septiembre de 2000, su deseo de participar en la aprobación y aplicación de la presente Directiva. (25) A tenor del artículo 1 del mencionado Protocolo, Irlanda no participará en la adopción de la presente Directiva. En consecuencia, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo citado, las disposiciones de la presente Directiva no serán aplicables a Irlanda.
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(26) A tenor de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participará en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no estará vinculada por la misma ni se someterá a su aplicación. HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1 La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Artículo 2 A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) Protección temporal: un procedimiento de carácter excepcional por el que, en caso de afluencia masiva o inminencia de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no puedan volver a entrar en su país de origen, se garantiza a las mismas protección inmediata y de carácter temporal, en especial si el sistema de asilo también corre el riesgo de no poder gestionar este flujo de personas sin efectos contrarios a su buen funcionamiento, al interés de las personas afectadas y al de las otras personas que soliciten protección.
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b) Convención de Ginebra: la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967. c) Personas desplazadas: los nacionales de un tercer país o apátridas que hayan debido abandonar su país o región de origen, o que hayan sido evacuados, en particular respondiendo al llamamiento de organizaciones internacionales, y cuyo regreso en condiciones seguras y duraderas sea imposible debido a la situación existente en ese país, que puedan eventualmente caer dentro del ámbito de aplicación del artículo 1A de la Convención de Ginebra u otros instrumentos internacionales o nacionales de protección internacional, y en particular: i) las personas que hayan huido de zonas de conflicto armado o de violencia permanente; ii) las personas que hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a una violación sistemática o generalizada de los derechos humanos. d) Afluencia masiva: la llegada a la Comunidad de un número importante de personas desplazadas, procedentes de un país o de una zona geográfica determinada, independientemente de que su llegada a la Comunidad se haya producido de forma espontánea o con ayuda, por ejemplo, de un programa de evacuación. e) Refugiados: los nacionales de terceros países o apátridas a tenor del artículo 1A de la Convención de Ginebra. f) Menores no acompañados: los nacionales de terceros países o apátridas menores de dieciocho años que lleguen al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto responsable de los mismos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en la medida en que no estén efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable de ellos, o los menores que queden sin compañía después de su llegada al territorio de los Estados miembros.
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g) Permiso de residencia: cualquier permiso o autorización expedido por las autoridades de un Estado miembro y materializado según su legislación, por el que se permite a un nacional de un tercer país o a un apátrida residir en su territorio. h) Reagrupante: el nacional de un tercer país que, disfrutando de la protección temporal en un Estado miembro a tenor de la decisión tomada con arreglo al artículo 5, desea que miembros de su familia se reúnan con él o ella. Artículo 3 1. La protección temporal se entenderá sin perjuicio del reconocimiento del estatuto de refugiado de conformidad con la Convención de Ginebra. 2. Los Estados miembros aplicarán la protección temporal respetando debidamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumpliendo con sus obligaciones en materia de no devolución. 3. El establecimiento, la aplicación y el cese de la protección temporal se someterán a consultas regulares con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones internacionales pertinentes. 4. La presente Directiva no será aplicable a las personas que hayan sido acogidas en virtud de regímenes de protección temporal con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Directiva. 5. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la prerrogativa de los Estados miembros de establecer o mantener condiciones más favorables para las personas beneficiarias de protección temporal. CAPÍTULO II Duración y aplicación de la protección temporal Artículo 4 1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 6, la duración de la protección será de un año. De no cesar de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6, será prorrogable automáticamente por períodos de 6 meses durante un plazo máximo de un año. 2.
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En caso de que persistan los motivos para la protección temporal, el Consejo podrá decidir por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, que estudiará a su vez cualquier solicitud de un Estado miembro de que presente una propuesta al Consejo, prorrogar dicha protección temporal durante un año como máximo. Artículo 5 1. La existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas se constatará por una decisión del Consejo adoptada por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, que examinará igualmente cualquier solicitud de un Estado miembro de que presente una propuesta al Consejo. 2. La propuesta de la Comisión contendrá, como mínimo: a) una descripción de los grupos concretos de personas a los que se aplicará la protección temporal; b) la fecha en que surtirá efecto la protección temporal; c) una estimación de la magnitud de los movimientos de personas desplazadas. 3. La decisión del Consejo determinará la aplicación en todos los Estados miembros de la protección temporal, respecto de las personas desplazadas a las que se refiera, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva. La decisión contendrá, como mínimo: a) una descripción de los grupos concretos de personas a los que se aplicará la protección temporal; b) la fecha en que surtirá efecto la protección temporal; c) información de los Estados miembros sobre su capacidad de recepción; d) información de la Comisión, del ACNUR y de otras organizaciones internacionales pertinentes. 4. La decisión del Consejo se basará en: a) el examen de la situación y la magnitud de los movimientos de personas desplazadas; b) la valoración de la conveniencia de establecer la protección temporal, teniendo en cuenta las posibilidades de ayuda de urgencia y de acciones in situ o su insuficiencia; c) la información comunicada por los Estados miembros, la Comisión, el ACNUR y otras organizaciones internacionales pertinentes. 5. Se informará al Parlamento Europeo de la decisión del Consejo. Artículo 6 1.
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Se pondrá fin a la protección temporal: a) cuando se haya llegado al término del plazo máximo de duración; o bien b) en cualquier momento, mediante la aprobación de una decisión del Consejo por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, que examinará igualmente cualquier solicitud de un Estado miembro de que presente una propuesta al Consejo. 2. La decisión del Consejo se basará en la comprobación de que la situación en el país de origen permite, de forma duradera, el regreso seguro de las personas a las que se otorgó la protección temporal, respetando debidamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumpliendo con sus obligaciones en materia de no devolución. Se informará al Parlamento Europeo de esta Decisión. Artículo 7 1. Los Estados miembros podrán otorgar la protección temporal prevista en la presente Directiva a otras categorías de personas desplazadas, además de las cubiertas por la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5, que se hayan desplazado por las mismas razones y procedan del mismo país o región de origen. Informarán de ello inmediatamente al Consejo y a la Comisión. 2. No se aplicará lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 al recurso a la posibilidad contemplada en el apartado 1, con excepción del apoyo estructural incluido en el Fondo Europeo para los Refugiados creado en virtud de la Decisión 2000/596/CE (9), en las condiciones que en la misma se establecen. CAPÍTULO III Obligaciones de los Estados miembros para con los beneficiarios de la protección temporal Artículo 8 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los beneficiarios dispongan de permisos de residencia durante todo el período de protección temporal. A tal efecto se les expedirá documentación u otros comprobantes análogos. 2.
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Cualquiera que sea la duración de los permisos de residencia contemplados en el apartado 1, el trato concedido por los Estados miembros a los beneficiarios de protección temporal no podrá ser menos favorable que el definido en los artículos 9 a 16. 3. Los Estados miembros ofrecerán, en caso necesario, a las personas que vayan a ser admitidas en su territorio para beneficiarse de la protección temporal todas las facilidades para la obtención de los visados necesarios, incluidos los visados de tránsito. En vista de la situación de emergencia, los trámites se reducirán al mínimo. Los visados deberían ser gratuitos o sus costes reducidos al mínimo. Artículo 9 Los Estados miembros facilitarán a los beneficiarios de la protección temporal un escrito, en una lengua que puedan éstos comprender, en el que se expongan claramente las disposiciones relativas a la protección temporal que sean importantes para ellos. Artículo 10 Para permitir la aplicación efectiva de la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5, los Estados miembros llevarán un registro de los datos personales mencionados en la letra a) del anexo II de las personas que se beneficien de la protección temporal en su territorio. Artículo 11 Los Estados miembros volverán a acoger a un beneficiario de la protección temporal en su territorio cuando dicho beneficiario permanezca o pretenda entrar sin autorización en el territorio de otro Estado miembro durante el período cubierto por la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5. Los Estados miembros, a tenor de un acuerdo bilateral, podrán decidir que no se aplique el presente artículo. Artículo 12 Los Estados miembros autorizarán a los beneficiarios de la protección temporal, durante un período que no excederá al de dicha protección, a ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena, con arreglo a las normas aplicables a cada profesión, y a participar en actividades tales como la educación para adultos, la formación profesional y la formación práctica en el lugar de trabajo.
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Por razones de políticas de mercado laboral, los Estados miembros podrán dar prioridad a los ciudadanos de la UE y a los ciudadanos de los Estados Partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como a los residentes legales con nacionalidad de terceros países que reciban subsidios de desempleo. Se aplicará el derecho general de los Estados miembros en materia de remuneración, acceso a los sistemas de seguridad social correspondientes a las actividades por cuenta propia o ajena y otras condiciones de trabajo. Artículo 13 1. Los Estados miembros garantizarán que los beneficiarios de la protección temporal tengan acceso a un alojamiento adecuado o reciban, en su caso, los medios de obtenerlo. 2. Los Estados miembros dispondrán que los beneficiarios reciban la asistencia necesaria, en materia de ayuda social y alimentación cuando no dispongan de recursos suficientes, así como atención médica. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, la asistencia necesaria en cuanto a atención médica incluirá, como mínimo, los cuidados de urgencia y el tratamiento esencial de enfermedades. 3. En caso de que los beneficiarios ejerzan una actividad retribuida por cuenta propia o ajena, se tendrá en cuenta la posibilidad de tales personas de asegurar su propia subsistencia a la hora de determinar el nivel de las medidas de ayuda. 4. Los Estados miembros preverán la asistencia necesaria, médica o de otro tipo, en favor de los beneficiarios de protección temporal con necesidades particulares como los menores no acompañados o las personas que hayan sufrido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia moral, física o sexual. Artículo 14 1. Los Estados miembros autorizarán a los menores de 18 años beneficiarios de la protección temporal a acceder al sistema de educación en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro de acogida. Los Estados miembros podrán disponer que dicho acceso deba limitarse al sistema de enseñanza pública. 2. Los Estados miembros podrán autorizar el acceso de los adultos beneficiarios de protección temporal al sistema general de educación. Artículo 15 1.
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A efectos del presente artículo, en los casos de familias ya constituidas en el país de origen y que hayan sufrido una separación debido a las circunstancias que rodean a la afluencia masiva de que se trate, se considerará que forman parte de la familia las personas siguientes: a) el cónyuge del reagrupante o su pareja de hecho que tenga una relación duradera, cuando la legislación del Estado miembro en cuestión considere la situación de las parejas no casadas como similar a la de las casadas con arreglo a su propia normativa de extranjería; los hijos menores solteros del reagrupante o de la pareja de hecho, sin discriminación entre los matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos. b) otros parientes cercanos que estuviesen viviendo juntos como parte de la unidad familiar en el momento de producirse los acontecimientos que dieron lugar a la afluencia masiva, y que fueran total o parcialmente dependientes del reagrupante en dicho momento. 2. En los casos en que los miembros de una familia que haya sufrido una separación disfruten de una protección temporal en diferentes Estados miembros, los Estados miembros en cuestión procederán a reagrupar a los miembros de dicha familia de quienes tengan constancia de que se ajustan a la descripción de la letra a) del apartado 1, teniendo en cuenta los deseos de los miembros de esa misma familia. Los Estados miembros podrán reagrupar a los miembros de la familia de quienes tengan constancia de que se ajustan a la descripción de la letra b) del apartado 1, teniendo en cuenta las dificultades extremas que dichos miembros afrontarían en caso de no efectuarse la reagrupación. 3.
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Cuando la persona reagrupante disfrute de protección temporal en un Estado miembro y uno o más miembros de la familia no se encuentren aún en un Estado miembro, el Estado miembro en que el reagrupante disfrute de protección temporal procederá a reagrupar con dicha persona a los miembros de la familia que necesiten protección, siempre que tenga constancia de que los miembros de la familia se ajustan a la descripción que hace en la letra a) del apartado 1. Los Estados miembros podrán reagrupar con la persona reagrupante a los miembros de la familia que necesiten protección y de quienes tengan constancia de que se ajustan a la descripción que se hace en la letra b) del apartado 1, teniendo en cuenta en cada caso las dificultades extremas que dichos miembros afrontarían en caso de no efectuarse la reagrupación. 4. En la aplicación del presente artículo, los Estados miembros tomarán en consideración los intereses de los menores. 5. Los Estados miembros de que se trate decidirán, teniendo en cuenta los artículos 25 y 26, en qué Estado miembro deberá producirse la reagrupación. 6. Se concederán permisos de residencia con arreglo al régimen de protección temporal a las personas reagrupadas. A tal efecto se les expedirá documentación u otros comprobantes análogos. El traslado a un Estado miembro de miembros de una familia a efectos de su reagrupación con arreglo al apartado 2 implicará la retirada del permiso de residencia concedido en el Estado miembro abandonado, así como la expiración de las obligaciones para con los beneficiarios relacionadas con la protección temporal en el Estado miembro abandonado. 7. La aplicación práctica del presente artículo podrá dar lugar a la cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes. 8. Todo Estado miembro facilitará, a petición de otro Estado miembro, la información indicada en el anexo II sobre los beneficiarios de protección temporal que resulte necesaria para realizar alguna de las diligencias previstas en el presente artículo. Artículo 16 1.
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Los Estados miembros adoptarán lo antes posible medidas para garantizar que los menores no acompañados beneficiarios de la protección temporal dispongan de la necesaria representación a través de un tutor legal, o, en caso necesario, de una organización encargada del cuidado y del bienestar de los menores de edad, o de otro tipo adecuado de representación. 2. Durante el período de protección temporal, los Estados miembros dispondrán que los menores no acompañados se alojen: a) con miembros adultos de su familia; b) en una familia de acogida; c) en centros de acogida con instalaciones especiales para menores o en otro alojamiento con instalaciones adecuadas para menores; d) con la persona que se ocupaba del menor en el momento de la huida. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para posibilitar dicho alojamiento. Comprobarán que la persona adulta o las personas en cuestión están de acuerdo. Se tendrá en cuenta la opinión del menor con arreglo a su edad y a su grado de madurez. CAPÍTULO IV Acceso al procedimiento de asilo en el contexto de la protección temporal Artículo 17 1. Las personas acogidas a la protección temporal deberán poder presentar una solicitud de asilo en cualquier momento. 2. El examen de una solicitud de asilo que no se haya tramitado antes de finalizar el período de protección temporal deberá completarse tras la finalización de dicho período. Artículo 18 Se aplicarán los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo. En particular, el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de asilo presentada por el beneficiario del régimen de protección temporal adoptado en virtud de la presente Directiva será el Estado miembro que haya aceptado su traslado a su territorio. Artículo 19 1. Los Estados miembros podrán disponer que no pueda acumularse el beneficio de la protección temporal con el estatuto de solicitante de asilo cuando se esté estudiando la solicitud. 2.
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Cuando, tras haberse procedido al examen de una solicitud de asilo o, en su caso, de otra forma de protección de una persona que pueda beneficiarse o que ya disfruta de la protección temporal, sea denegada dicha solicitud, los Estados miembros dispondrán, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 28, que dicha persona disfrute o pueda seguir disfrutando de la protección temporal durante el período de dicha protección que quede por transcurrir. CAPÍTULO V Regreso y medidas subsiguientes a la protección temporal Artículo 20 Una vez haya finalizado la protección temporal, se aplicará el Derecho general en materia de protección y de extranjería en los Estados miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23. Artículo 21 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para posibilitar el regreso voluntario de las personas beneficiarias de protección temporal o de aquéllas cuya protección temporal haya llegado a su fin. Los Estados miembros velarán por que las disposiciones que rijan el regreso voluntario de las personas acogidas a la protección temporal faciliten el regreso dentro del respeto de la dignidad humana. Los Estados miembros velarán por que estas personas adopten la decisión del regreso con conocimiento de causa. Los Estados miembros podrán contemplar visitas exploratorias. 2. En tanto en cuanto la protección temporal no haya llegado a su término, los Estados miembros examinarán con benevolencia, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, las solicitudes de regreso al Estado miembro de acogida de personas beneficiarias de protección temporal que hubieran ejercido su derecho al regreso voluntario. 3. Al final de la protección temporal, los Estados miembros podrán establecer la ampliación, a título personal, de las obligaciones contempladas en el capítulo III, a personas que, habiéndose acogido a la protección temporal, participen en un programa de regreso voluntario. Esta ampliación surtirá efecto hasta la fecha del regreso. Artículo 22 1.
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Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el regreso forzoso de las personas cuya protección temporal haya llegado a su fin y que no puedan optar por la admisión se lleve a cabo dentro del respeto de la dignidad humana. 2. En los casos de regreso forzoso, los Estados miembros examinarán las razones humanitarias imperiosas que en algunos casos concretos puedan hacer el regreso imposible o poco realista. Artículo 23 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias relativas a las condiciones de residencia de las personas que hayan recibido protección temporal y que, debido a su estado de salud, no estén en condiciones razonables de viajar, por ejemplo, cuando una interrupción del tratamiento médico a que estuvieran sometidas pudiera acarrear un agravamiento importante de su estado. Estas personas no serán expulsadas mientras dure dicha situación. 2. Los Estados miembros podrán autorizar a las familias cuyos hijos menores estén escolarizados en un Estado miembro a que se beneficien de condiciones de residencia que permitan a dichos hijos terminar el período escolar en curso. CAPÍTULO VI Solidaridad Artículo 24 Las medidas contempladas en la presente Directiva se beneficiarán del Fondo Europeo para los Refugiados creado en virtud de la Decisión 2000/596/CE con arreglo a las condiciones establecidas en dicha Decisión. Artículo 25 1. Los Estados miembros acogerán con espíritu de solidaridad comunitaria a las personas que pueden optar al régimen de protección temporal. Indicarán sus disponibilidades de acogida de manera numérica o general. Estas indicaciones figurarán en la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5. Los Estados miembros podrán señalar la existencia de disponibilidades suplementarias de acogida con posterioridad a la adopción de la decisión, notificándolo al Consejo y a la Comisión. Se informará rápidamente al ACNUR de dichas indicaciones. 2.
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Los Estados miembros afectados, en cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes, velarán por que los beneficiarios definidos en la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5 que no hayan llegado aún a la Comunidad, manifiesten de modo expreso su voluntad de ser recibidos en sus territorios. 3. En caso de que el número de personas que puedan acogerse a la protección temporal a raíz de una afluencia masiva repentina supere la capacidad de acogida a que se refiere el apartado 1, el Consejo estudiará la situación con carácter urgente y adoptará las medidas oportunas, incluyendo recomendar ayuda adicional para los Estados miembros afectados. Artículo 26 1. Mientras dure la protección temporal, los Estados miembros cooperarán entre sí en lo relativo al traslado, de un Estado miembro a otro, de la residencia de las personas acogidas a la protección temporal, siempre que éstas hayan expresado su consentimiento sobre dicho traslado. 2. Cada Estado miembro dará a conocer las solicitudes de traslado a los restantes Estados miembros e informará de ello a la Comisión y al ACNUR. Los Estados miembros comunicarán su disponibilidad de acogida al Estado miembro solicitante. 3. Todo Estado miembro facilitará, a petición de otro Estado miembro, la información indicada en el anexo II sobre los beneficiarios de protección temporal que resulte necesaria para realizar alguna de las diligencias previstas en el presente artículo. 4. Cuando se efectúe el traslado de un Estado miembro a otro, se pondrá fin al permiso de residencia en el Estado miembro del que salgan y a las obligaciones de dicho Estado miembro para con los beneficiarios derivadas de la protección temporal. El nuevo Estado miembro de acogida concederá protección temporal a las personas de que se trate. 5.
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Para el traslado entre los Estados miembros de beneficiarios de protección temporal, éstos utilizarán el modelo de salvoconducto que figura en el anexo I. CAPÍTULO VII Cooperación administrativa Artículo 27 1. Con vistas a la cooperación administrativa necesaria para la aplicación de la protección temporal, los Estados miembros designarán un punto de contacto nacional, cuyos datos se comunicarán entre sí y a la Comisión. Los Estados miembros adoptarán, en colaboración con la Comisión, todas las disposiciones oportunas para establecer una cooperación directa y un intercambio de información entre las autoridades competentes. 2. Los Estados miembros transmitirán, periódicamente y cuanto antes, los datos relativos al número de personas acogidas a la protección temporal, así como cualquier información sobre disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con la aplicación de la protección temporal. CAPÍTULO VIII Disposiciones particulares Artículo 28 1. Los Estados miembros podrán excluir a una persona de la protección temporal siempre que: a) existan motivos justificados para considerar que la persona en cuestión i) ha cometido un delito contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad, según se definen en los instrumentos internacionales elaborados para responder a tales crímenes; ii) ha cometido un grave delito común fuera del Estado miembro de acogida antes de su admisión en dicho Estado miembro como beneficiaria de protección temporal. La gravedad de la persecución que cabe esperar debe considerarse en relación con la naturaleza del delito presuntamente cometido por el interesado. Las acciones especialmente crueles, incluso si se han cometido con un objetivo pretendidamente político, podrán ser calificadas de delitos comunes graves.
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Esto es válido tanto para los participantes en el delito como para los instigadores de éste; iii) se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas; b) existan razones fundadas para considerar que la persona en cuestión representa un peligro para la seguridad del Estado miembro de acogida o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de dicho Estado miembro. 2. Los motivos de exclusión contemplados en el apartado 1 deberán basarse únicamente en el comportamiento de la persona en cuestión. Las decisiones o medidas de exclusión deberán respetar el principio de proporcionalidad. CAPÍTULO IX Disposiciones finales Artículo 29 Las personas que hayan sido excluidas de los beneficios de la protección temporal o de la reunificación familiar por un Estado miembro podrán interponer un recurso jurisdiccional en el Estado miembro de que se trate. Artículo 30 Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las violaciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución de éstas. Las sanciones así previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Artículo 31 1. Como muy tarde dos años después del plazo fijado en el artículo 32, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros, proponiendo, en su caso, las modificaciones necesarias. Los Estados miembros remitirán a la Comisión toda la información pertinente para la preparación de dicho informe. 2. Con posterioridad al informe mencionado en el apartado 1, la Comisión informará, como mínimo cada 5 años, al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros. Artículo 32 1.
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Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 2002. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. Artículo 33 La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 34 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2001. Por el Consejo El Presidente J. Vande Lanotte ____________________ (1) DO C 311 E de 31.10.2000, p. 251. (2) Dictamen emitido el 13 de marzo de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial). (3) DO C 155 de 29.5.2001, p. 21. (4) Dictamen emitido el 13 de junio de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial). (5) DO C 262 de 7.10.1995, p. 1. (6) DO L 63 de 13.3.1996, p. 10. (7) DO C 19 de 20.1.1999, p. 1. (8) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. (9) DO L 252 de 6.10.2000, p. 12.
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ANEXO I Modelo de salvoconducto para el traslado de personas bajo protección temporal TABLA OMITIDA EN PÁGINA 21 ANEXO II La información a que se refieren los artículos 10, 15 y 26 de la Directiva incluirá, en la medida de lo necesario, uno o varios de los siguientes documentos o datos: a) datos personales de la persona en cuestión (nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, vínculo familiar); b) documentos de identidad y de viaje de la persona en cuestión; c) documentos probatorios de los vínculos familiares (acta de matrimonio, partida de nacimiento, certificado de adopción); d) otra información esencial para determinar la identidad o el vínculo familiar de la persona; e) permisos de residencia, visados o decisiones de denegación de permiso de residencia expedidos a la persona en cuestión por el Estado miembro, así como los documentos en que se basen dichas decisiones; f) solicitudes de permiso de residencia o de visado presentadas por la persona en cuestión que estén tramitándose en el Estado miembro, y estado de su tramitación. El Estado miembro que facilite esta información notificará toda posible rectificación de la misma al Estado miembro requirente.
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DIRECTIVAS DIRECTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de diciembre de 2011 por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 78, apartado 2, letras a) y b), Vista la propuesta de la Comisión Europea, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ), De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 2 ), Considerando lo siguiente: (1) Es necesario introducir una serie de cambios sustantivos en la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas rela ­ tivas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refu ­ giados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección conce ­ dida ( 3 ). En aras de una mayor claridad, conviene proce ­ der a la refundición de dicha Directiva. (2) Una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de esta ­ blecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circuns ­ tancias, busquen legítimamente protección en la Unión.
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(3) El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Conven ­ ción de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 («Convención de Ginebra»), com ­ pletada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («el Protocolo»), afirmando de esta manera el principio de no devolución y garantizando que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra perse ­ cución. (4) La Convención de Ginebra y el Protocolo constituyen la piedra angular del régimen jurídico internacional de pro ­ tección de refugiados. (5) Las conclusiones de Tampere establecen que el sistema europeo común de asilo debe incluir a corto plazo la aproximación de normas sobre el reconocimiento de los refugiados y el contenido del estatuto de refugiado. (6) Las conclusiones de Tampere establecen, asimismo, que las normas relativas al estatuto de refugiado deben com ­ pletarse con medidas sobre formas subsidiarias de pro ­ tección, que ofrezcan un estatuto apropiado a cualquier persona necesitada de tal protección. (7) Actualmente, ha concluido la primera fase de la creación del sistema europeo común de asilo. El Consejo Europeo de 4 de noviembre de 2004 adoptó el Programa de La Haya, que establece los objetivos que han de alcanzarse en materia de libertad, seguridad y justicia en el período 2005-2010.
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A este respecto, el Programa de La Haya invitó a la Comisión Europea a concluir la evaluación de los instrumentos jurídicos de la primera fase y a pro ­ poner al Parlamento Europeo y al Consejo instrumentos y medidas para la segunda fase, con vistas a su adopción antes de finales de 2010. (8) En el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado los días 15 y 16 de octubre de 2008, el Consejo Europeo señaló que persistían considerables disparidades entre dis ­ tintos Estados miembros en cuanto a la concesión de la protección y las formas de esta, e instó a la adopción de nuevas iniciativas para completar el establecimiento del sistema europeo común de asilo previsto en el Programa de La Haya, a fin de ofrecer un grado de protección superior.ES 20.12.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 337/9 ( 1 ) DO C 18 de 19.1.2011, p. 80. ( 2 ) Posición del Parlamento Europeo de 27 de octubre de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 24 de noviembre de 2011. ( 3 ) DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.
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(9) En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo reiteró su compromiso con el objetivo de establecer, como muy tarde en 2012, un espacio común de protección y soli ­ daridad, basado en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme, de conformidad con el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), para las personas a las que se les conceda pro ­ tección internacional. (10) A la vista de los resultados de las evaluaciones realizadas, es conveniente en la fase actual confirmar los principios que subyacen a la Directiva 2004/83/CE, así como alcan ­ zar un mayor grado de aproximación de las normas sobre el reconocimiento y el contenido de la protección internacional a partir de unos requisitos más exigentes. (11) Se deben movilizar los recursos del Fondo Europeo para los Refugiados y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo con el fin de apoyar adecuadamente los esfuerzos de los Estados miembros por aplicar las normas fijadas en la segunda fase del sistema europeo común de asilo y, en particular, a los Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas sobre sus sis ­ temas de asilo, debido especialmente a su situación geo ­ gráfica o demográfica. (12) El principal objetivo de la presente Directiva es, por una parte, asegurar que los Estados miembros apliquen crite ­ rios comunes para la identificación de personas auténti ­ camente necesitadas de protección internacional y, por otra parte, asegurar que un nivel mínimo de prestaciones esté disponible para dichas personas en todos los Estados miembros.
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(13) La aproximación de normas sobre el reconocimiento y contenido del estatuto de refugiado y la protección sub ­ sidiaria debe ayudar a limitar los movimientos secunda ­ rios de los solicitantes de protección internacional entre los Estados miembros, cuando tales movimientos obedez ­ can meramente a las diferencias de normativas. (14) Los Estados miembros deben tener competencia para introducir o mantener disposiciones más favorables que las normas establecidas por la presente Directiva para los nacionales de terceros países o personas apátridas que pidan protección internacional a un Estado miembro, siempre que se entienda que tal petición se efectúa por el motivo de ser refugiados a efectos del artículo 1, sec ­ ción A, de la Convención de Ginebra, o personas con derecho a protección subsidiaria. (15) Los nacionales de terceros países o los apátridas a los que se autorice a permanecer en el territorio de un Estado miembro por motivos que no sean la necesidad de pro ­ tección internacional, sino por compasión o por motivos humanitarios y sobre una base discrecional, no están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Di ­ rectiva. (16) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro ­ pea. En especial, la presente Directiva tiene por fin ga ­ rantizar el pleno respeto de la dignidad humana y el derecho al asilo de los solicitantes de asilo y los miem ­ bros de su familia acompañantes, así como promover la aplicación de los artículos 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 y 35 de la citada Carta, y debe, por lo tanto, aplicarse en consecuencia.
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(17) En lo que se refiere al trato de las personas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Es ­ tados miembros están vinculados por las obligaciones derivadas de los instrumentos del Derecho internacional en los que son parte, incluidos en particular los que prohíben la discriminación. (18) El «interés superior del niño» debe ser una consideración prioritaria de los Estados miembros en la aplicación de la presente Directiva, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989. A la hora de evaluar el interés superior del niño, los Estados miembros deben prestar particular atención al principio de la unidad familiar, al bienestar y al desarrollo social del menor, a los aspectos de seguridad y al punto de vista del menor con arreglo a su edad y madurez. (19) Es necesario ampliar el concepto de miembros de la familia teniendo en cuenta las diversas circunstancias particulares de la dependencia y prestando especial aten ­ ción al interés superior del niño. (20) La presente Directiva se entiende sin perjuicio del Proto ­ colo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al TFUE. (21) El reconocimiento del estatuto de refugiado es un acto declaratorio. (22) Las consultas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pueden proporcionar a los Estados miembros una valiosa orientación para determi ­ nar el estatuto de refugiado con arreglo al artículo 1 de la Convención de Ginebra. (23) Deben fijarse normas sobre la definición y el contenido del estatuto de refugiado para guiar a los organismos nacionales competentes de los Estados miembros en la aplicación de la Convención de Ginebra.
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(24) Es necesario introducir criterios comunes para reconocer a los solicitantes de asilo la calidad de refugiados en el sentido del artículo 1 de la Convención de Ginebra.ES L 337/10 Diario Oficial de la Unión Europea 20.12.2011
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(25) En particular, es necesario introducir conceptos comunes de «necesidad de protección surgida in situ »; «fuentes de daño y protección»; «protección interna» y «persecución», incluidos los «motivos de persecución». (26) Pueden proporcionar protección, cuando quieran o pue ­ dan ofrecerla, ya sea el Estado o partidos u organizacio ­ nes, incluidas las organizaciones internacionales, que reú ­ nan las condiciones de la presente Directiva, que contro ­ len una región o una zona de cierta magnitud dentro del territorio del Estado. Dicha protección debe ser efectiva y de carácter no temporal. (27) El solicitante debe disponer efectivamente de protección interna contra la persecución o los daños graves en una parte del país de origen donde pueda viajar y ser admi ­ tido con seguridad y de forma legal y donde sea razona ­ ble esperar que pueda establecerse. En el caso de que los agentes de persecución o de daños graves sean el Estado o sus agentes, debe presuponerse que el solicitante no dispone de una protección efectiva. Cuando el solicitante sea un menor no acompañado, la disponibilidad de dis ­ posiciones adecuadas en materia de cuidados y tutela que respondan al interés superior del menor no acompañado debe formar parte de la evaluación para determinar si la protección es efectiva o no. (28) Es necesario que, al valorar las solicitudes de protección internacional de menores, los Estados miembros tengan en cuenta las formas específicas de persecución infantil.
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(29) Una de las condiciones para el reconocimiento del esta ­ tuto de refugiado en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, es la existencia de un nexo causal entre los motivos de persecución, a saber, raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social y los actos de persecución o la ausencia de protección contra tales actos. (30) Es necesario igualmente introducir un concepto común del motivo de persecución «pertenencia a un determinado grupo social». A efectos de definir un determinado grupo social, se tendrán debidamente en cuenta, en la medida en que estén relacionadas con los temores fundados del solicitante a ser perseguido, las cuestiones relacionadas con el sexo del solicitante, incluida la identidad de género y la orientación sexual, que pueden estar vinculadas a ciertas tradiciones jurídicas y costumbres de las que puede derivarse, por ejemplo, la mutilación genital, la esterilización forzada o el aborto forzado. (31) Los actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas se mencionan en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas y se incorporan, entre otros actos, en las Resoluciones de las Naciones Unidas relativas a las medidas adoptadas para combatir el terrorismo, en las que se declara que «los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas» y que «financiar intencionalmente actos de terrorismo, pla ­ nificarlos e incitar a su comisión también es contrario a los propósitos y principios de las Naciones Unidas». (32) Conforme a lo contemplado en el artículo 14, «estatuto» también puede incluir el estatuto de refugiado.
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(33) Deben fijarse igualmente normas sobre la definición y el contenido del estatuto de protección subsidiaria. La pro ­ tección subsidiaria debe ser complementaria y adicional a la protección de refugiados consagrada en la Convención de Ginebra. (34) Es necesario introducir criterios comunes para que los solicitantes de protección internacional puedan optar a la protección subsidiaria. Los criterios deben extraerse de las obligaciones internacionales impuestas por los instru ­ mentos sobre derechos humanos y las prácticas existentes en los Estados miembros. (35) Los riesgos a los que en general se ven expuestos la población de un país o un sector de la población no suelen suponer en sí mismos una amenaza individual que pueda calificarse como daño grave. (36) Los miembros de la familia del refugiado, por su mera relación con este, serán generalmente vulnerables a actos de persecución, lo que justifica la concesión del estatuto de refugiado. (37) El concepto de seguridad nacional y de orden público incluye también los casos en que un nacional de un tercer país pertenece a una asociación que apoya el te ­ rrorismo internacional o la respalda. (38) Cuando se decidan los derechos a las prestaciones inclui ­ das en la presente Directiva, los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta el interés superior del niño, así como las circunstancias particulares de dependencia con respecto del beneficiario de protección internacional de parientes próximos que se encuentren ya en el Estado miembro y que no sean miembros de la familia de dicho beneficiario. En circunstancias excepcionales, cuando el pariente próximo del beneficiario de protección interna ­ cional sea un menor casado pero no acompañado por su cónyuge, puede interpretarse que el interés superior del niño reside con su familia original.
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(39) Al mismo tiempo que se responde al llamamiento del Programa de Estocolmo para el establecimiento de un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria, y salvo las excep ­ ciones que sean necesarias y estén objetivamente justifi ­ cadas, a los beneficiarios del estatuto de protección sub ­ sidiaria se les deben conceder los mismos derechos y prestaciones a que tienen derecho los refugiados en vir ­ tud de la presente Directiva, y deben estar sujetos a las mismas condiciones.ES 20.12.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 337/11
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(40) Los Estados miembros podrán disponer, dentro de los límites establecidos por sus obligaciones internacionales, que la concesión de beneficios en materia de empleo, protección social, asistencia sanitaria e instrumentos de integración requiera la expedición previa de un permiso de residencia. (41) Para garantizar a los beneficiarios de protección interna ­ cional el ejercicio efectivo de los derechos y las presta ­ ciones establecidos en la presente Directiva, es necesario tener en cuenta sus necesidades específicas y los retos particulares de integración a que se enfrentan. De ello no debe derivarse normalmente un trato más favorable que el dispensado a sus propios nacionales, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros introduz ­ can o mantengan normas más favorables. (42) En este contexto, debe realizarse un esfuerzo para abor ­ dar los problemas que impiden a los beneficiarios de protección internacional tener un acceso efectivo a las oportunidades educativas relacionadas con el empleo y la formación profesional, entre otros los relacionados con las limitaciones económicas. (43) La presente Directiva no se aplicará a las prestaciones económicas de los Estados miembros concedidas para promover la educación. (44) Es necesario adoptar medidas especiales para abordar eficazmente las dificultades prácticas que encuentran los beneficiarios de protección internacional para la autenti ­ cación de sus diplomas, certificados y otras pruebas de cualificaciones oficiales extranjeros, en especial debido a la falta de pruebas documentales y a su incapacidad para sufragar los costes relacionados con los procedimientos de reconocimiento. (45) En particular a efectos de prevenir las penalidades socia ­ les, procede disponer en el ámbito de la asistencia social, para los beneficiarios de protección internacional, la con ­ cesión no discriminatoria de las prestaciones sociales y los medios de subsistencia adecuados.
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Respecto a la asis ­ tencia social, se deben determinar en virtud del Derecho interno las modalidades y los detalles en lo tocante a la concesión de las prestaciones básicas a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria. La posibilidad de limitar dicha asistencia a las prestaciones básicas debe entenderse en el sentido de que este concepto comprende al menos el apoyo para unos ingresos mínimos, la asis ­ tencia en caso de enfermedad y embarazo y la asistencia parental, en la medida en que dichas prestaciones se concedan a los nacionales en virtud del Derecho interno. (46) Procede garantizar el acceso a la asistencia sanitaria, aten ­ ción de la salud tanto física como psíquica, a los bene ­ ficiarios de protección internacional. (47) Las necesidades específicas y las particularidades de la situación de los beneficiarios del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria se tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, en los programas de integración que les estén destinados, incluyendo, cuando proceda, una formación lingüística y el suminis ­ tro de información relativa a los derechos y las obliga ­ ciones individuales vinculados a su estatuto de protección en el Estado miembro de que se trate. (48) Procede evaluar periódicamente la aplicación de la pre ­ sente Directiva, teniendo en cuenta, en particular, la evo ­ lución de las obligaciones internacionales de los Estados miembros en materia de no devolución, la evolución de los mercados de trabajo de los Estados miembros, así como el desarrollo de principios básicos comunes para la integración.
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(49) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas relativas a la concesión por los Estados miembros de protección internacional a na ­ cionales de terceros países o personas apátridas, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, no pueden ser alcanzados de ma ­ nera suficiente por los Estados miembros y, por consi ­ guiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión y efectos de la presente Directiva, a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enun ­ ciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (50) De conformidad con los artículos 1, 2 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo (n o 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, se ­ guridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción de la presente Di ­ rectiva, y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación. (51) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n o 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no estará vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
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(52) La obligación de transponer la presente Directiva al De ­ recho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de la Directiva 2004/83/CE. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de la Directiva ante ­ rior. (53) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposi ­ ción al Derecho nacional de la Directiva 2004/83/CE que figura en la parte B del anexo I.ES L 337/12 Diario Oficial de la Unión Europea 20.12.2011
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Objeto El objeto de la presente Directiva es el establecimiento de nor ­ mas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacio ­ nales de terceros países o apátridas como beneficiarios de pro ­ tección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. Artículo 2 Definiciones A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) «protección internacional»: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g); b) «beneficiario de protección internacional»: una persona a la que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g); c) «Convención de Ginebra»: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967; d) «refugiado»: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su resi ­ dencia habitual por los mismos motivos que los mencio ­ nados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;
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e) «estatuto de refugiado»: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado; f) «persona con derecho a protección subsidiaria»: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país; g) «estatuto de protección subsidiaria»: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección sub ­ sidiaria; h) «solicitud de protección internacional»: petición de protec ­ ción presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de pro ­ tección que esté fuera del ámbito de aplicación de la pre ­ sente Directiva y pueda solicitarse por separado; i) «solicitante»: un nacional de un tercer país o un apátrida que haya presentado una solicitud de protección interna ­ cional sobre la cual todavía no se haya tomado una deci ­ sión definitiva; j) «miembros de la familia»: los siguientes miembros de la familia del beneficiario de protección internacional que se encuentren en el mismo Estado miembro en relación con su solicitud de protección internacional,
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siempre que la familia existiera ya en el país de origen: — el cónyuge del beneficiario de protección internacional o la pareja de hecho con la que mantenga una relación estable, si la legislación o la práctica del Estado miem ­ bro en cuestión otorgan a las parejas no casadas un trato comparable al de las casadas con arreglo a su normativa referente a nacionales de terceros países, — los hijos menores de las parejas mencionadas en el primer guion o del beneficiario de protección interna ­ cional, siempre que no estén casados, sin discriminación entre los matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con la legislación nacional, — el padre, la madre u otro adulto que sea responsable del beneficiario de protección internacional, ya sea legal ­ mente o con arreglo a la práctica del Estado miembro en cuestión, cuando dicho beneficiario sea un menor no casado; k) «menor»: un nacional de un tercer país o un apátrida menor de 18 años; l) «menor no acompañado»: el menor que llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la práctica del Estado miembro en cuestión, mientras tal adulto no se haga efectivamente cargo de él; se incluye al menor que deje de estar acompañado después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros;ES 20.12.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 337/13
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m) «permiso de residencia»: todo permiso o autorización expe ­ dido por las autoridades de un Estado miembro en la forma prevista en la legislación de dicho Estado, que permita a un nacional de un tercer país o a un apátrida residir en su territorio; n) «país de origen»: el país o los países de la nacionalidad o, en el caso de los apátridas, de la anterior residencia habitual. Artículo 3 Normas más favorables Los Estados miembros podrán introducir o mantener normas más favorables para determinar quién reúne los requisitos para ser reconocido como refugiado o persona con derecho a pro ­ tección subsidiaria, y para determinar el contenido de la pro ­ tección internacional, siempre que tales normas sean compati ­ bles con la presente Directiva. CAPÍTULO II EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Artículo 4 Valoración de hechos y circunstancias 1. Los Estados miembros podrán considerar que es obliga ­ ción del solicitante presentar lo antes posible todos los elemen ­ tos necesarios para fundamentar su solicitud de protección in ­ ternacional. Los Estados miembros tendrán el deber de valorar, con la cooperación del solicitante, los elementos pertinentes de la solicitud. 2. Los elementos mencionados en el apartado 1 consistirán en las declaraciones del solicitante y en toda la documentación de la que disponga sobre su edad, pasado, incluido el de pa ­ rientes relacionados, identidad, nacionalidad(es) y lugares de anterior residencia, solicitudes de asilo previas, itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita pro ­ tección internacional. 3.
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La evaluación de una solicitud de protección internacional se efectuará de manera individual e implicará que se tengan en cuenta: a) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud, incluidas las dispo ­ siciones legales y reglamentarias pertinentes del país de ori ­ gen y el modo en que se aplican; b) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, incluida la información sobre si el solici ­ tante ha sufrido o puede sufrir persecución o daños graves; c) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos factores tales como su pasado, sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias per ­ sonales del solicitante, los actos a los cuales se haya visto o podría verse expuesto puedan constituir persecución o daños graves; d) si las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó su país de origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias para presentar una solicitud de protección internacional, con el fin de eva ­ luar si tales actividades expondrán al solicitante a persecu ­ ción o daños graves en caso de que volviera a dicho país; e) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país del que pudiese reclamar la ciudada ­ nía. 4. El hecho de que un solicitante ya haya sufrido persecución o daños graves o recibido amenazas directas de sufrir tal per ­ secución o tales daños constituirá un indicio serio de los fun ­ dados temores del solicitante a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves, salvo que existan razones fundadas para considerar que tal persecución o tales daños graves no se repe ­ tirán. 5.
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Cuando los Estados miembros apliquen el principio según el cual el solicitante ha de fundamentar la solicitud de protec ­ ción internacional y si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cum ­ plen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para funda ­ mentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfac ­ toria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así, y e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante. Artículo 5 Necesidades de protección internacional surgidas in situ 1. Los fundados temores a ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves podrán basarse en acontecimientos que ha ­ yan tenido lugar desde que el solicitante dejó el país de origen.ES L 337/14 Diario Oficial de la Unión Europea 20.12.2011
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2. Los fundados temores a ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves podrán basarse en las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó el país de origen, en particular si se demuestra que las actividades en que se basen constituyen la expresión y continuación de convicciones u orientaciones mantenidas en el país de origen. 3. Sin perjuicio de la Convención de Ginebra, los Estados miembros podrán determinar que, normalmente, al solicitante que presente una solicitud posterior no se le concederá el esta ­ tuto de refugiado si el riesgo de persecución está basado en circunstancias creadas por el solicitante por decisión propia tras abandonar el país de origen. Artículo 6 Agentes de persecución o causantes de daños graves Agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros: a) el Estado; b) partidos u organizaciones que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio; c) agentes no estatales, si puede demostrarse que los agentes mencionados en las letras a) y b), incluidas las organizacio ­ nes internacionales, no pueden o no quieren proporcionar la protección contra la persecución o los daños graves definida en el artículo 7. Artículo 7 Agentes de protección 1. La protección contra la persecución o los daños graves solo la podrán proporcionar: a) el Estado, o b) partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones inter ­ nacionales, que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio, siempre que quieran y puedan ofrecer protección con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2. 2. La protección contra la persecución o los daños graves deberá ser efectiva y de carácter no temporal.
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En general se entenderá que existe esta protección cuando los agentes men ­ cionados en el apartado 1, letras a) y b), tomen medidas razo ­ nables para impedir la persecución o el sufrimiento de daños graves, entre otras la disposición de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y el solicitante tenga acceso a dicha protección. 3. Al valorar si una organización internacional controla un Estado o una parte considerable de su territorio y proporciona la protección descrita en el apartado 2, los Estados miembros tendrán en cuenta la orientación que pueda desprenderse de los actos pertinentes de la Unión. Artículo 8 Protección interna 1. Al evaluar la solicitud de protección internacional, los Estados miembros podrán establecer que un solicitante no ne ­ cesita protección internacional si en una parte del país de origen este: a) no tiene fundados temores a ser perseguido o no existe un riesgo real de sufrir daños graves, o b) tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves tal como se define en el artículo 7, y puede viajar con seguridad y legalmente a esa parte del país, ser admitido en ella y es razonable esperar que se establezca allí. 2. Al examinar si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido o corre un riesgo real de sufrir daños graves, o tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves en una parte del país de origen según lo establecido en el apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta las circuns ­ tancias generales reinantes en esa parte del país y las circuns ­ tancias personales del solicitante en el momento de resolver la solicitud, de conformidad con el artículo 4.
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A este fin, los Estados miembros garantizarán que se obtenga información exacta y actualizada de fuentes pertinentes como el Alto Comi ­ sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. CAPÍTULO III REQUISITOS PARA SER REFUGIADO Artículo 9 Actos de persecución 1. Para ser considerados actos de persecución en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, los actos deberán: a) ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter rei ­ terado como para constituir una violación grave de los dere ­ chos humanos fundamentales, en particular los derechos que no puedan ser objeto de excepciones al amparo del artículo 15, apartado 2, del Convenio Europeo para la Pro ­ tección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fun ­ damentales, o bien b) ser una acumulación de varias medidas, incluidas las viola ­ ciones de los derechos humanos, que sea lo suficientemente grave como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en la letra a).ES 20.12.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 337/15
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2. Los actos de persecución definidos en el apartado 1 po ­ drán revestir, entre otras, las siguientes formas: a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual; b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o se apliquen de manera discriminatoria; c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o dis ­ criminatorios; d) denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias; e) procesamientos o penas por la negativa a cumplir el servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento del servicio militar conllevaría delitos o actos comprendidos en los mo ­ tivos de exclusión establecidos en el artículo 12, apartado 2; f) actos dirigidos contra las personas por razón de su sexo o por ser niños. 3. De conformidad con lo previsto en el artículo 2, letra d), los motivos mencionados en el artículo 10 y los actos de per ­ secución definidos en el apartado 1 del presente artículo, o la ausencia de protección contra los mismos, deberán estar rela ­ cionados. Artículo 10 Motivos de persecución 1.