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A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le suce ­ diere, presentar informes a los órganos competentes de las Na­ ciones Unidas, los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a suministrarle en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de: a) La condición de los refugiados; b) La ejecución del presente Protocolo; c) Las leyes, reglamentos y decretos que estén o entraren en vigor, concernientes a los refugiados. ARTICULO III Información sobre legislación nacional Los Estados Partes en el presente Protocolo comunicarán al Secretario general de las Naciones, Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que promulgaren para garantizar la aplica ­ ción del presente Protocolo. (1) El Protocolo fue firmado por el Presidente de la Asamblea Ge­neral y por el Secretario general el 31 de enero de 19871ARTICULO IV Solución de controversias Toda controversia entre Estados Partes en el presente Proto ­ colo relativa a su interpretación o aplicación que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes en la controversia. ARTICULO V Adhesión El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados Partes en la Convención y de cualquier otro Estado miembro de las Naciones Unidas, miembro de algún Organismo especializado o que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a adherirse al mismo.

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La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. ARTICULO VI Cláusula federal Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se apli­ carán las disposiciones siguientes: a) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo I del pre­ sente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción legis ­ lativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobier ­ no federal serán en esta medida las mismas que las de los Es­ tados Partes que no son Estados federales; b) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo I del pre­ sente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción legis ­ lativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones cons ­ tituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la fe­ deración, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su reco­ mendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o can­ tones; c) Todo Estado federal que sea Parte en el presente Proto ­ colo proporcionará, a petición de cualquier otro Estado Parte en el mismo que le haya sido transmitida por conducto del Secretario general de las Naciones Unidas,

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una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades constituyentes en lo concerniente a determinada disposición de la Convención que haya de aplicarse conforme al párrafo l del artículo I del presente Protocolo, indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado afectividad a tal disposición. ARTICULO VII Reservas y declaraciones 1. Al tiempo de su adhesión, todo Estado podrá formular reservas con respecto al artículo IV del presente Protocolo, y en lo que respecta a la aplicación conforme al artículo I del pre­ sente Protocolo, de cualesquiera disposiciones de la Convención que no sean las contenidas en los artículos 1, 3, 4, 16, párra ­ fo 1), y 33; no obstante, en el caso de un Estado Parte en la Convención, las reservas formuladas al amparo de este artículo no se harán extensivas a los refugiados respecto a los cuales se aplica la Convención. 2. Las reservas formuladas por los Estados Partes en la Con­ vención conforme al artículo 42 deja misma serán aplicables, a menos que sean retiradas, en relación con las obligaciones contraídas en virtud del presente Protocolo. 3. Todo Estado que haya formulado una reserva con arre­ glo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirarla en cual ­ quier momento mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas. 4.

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La declaración hecha conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 40 de la Convención por un Estado Parte en la misma que se adhiera al presente Protocolo se considerará aplicable con respecto al presente Protocolo, a menos que, al efectuarse la adhesión, se dirija una notificación en contrario por el Es­ tado Parte interesado al Secretario general de las Naciones Uni­ das. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 40 y del párrafo 3 del artículo 44 de la Convención se considerarán apli­ cables «mutatis mutandis» al presente Protocolo.

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ARTICULO VIII Entrada en vigor 1. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que se deposite el sexto instrumento de adhesión. 2. Respecta a cada Estado que se adhiera al Protocolo des­ pués del sexto instrumento de adhesión, el Protocolo entrará en vigor en la fecha del depósito por ese Estado de su instru ­ mento de adhesión. ARTICULO IX Denuncia 1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá denun ­ ciarlo en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas. 2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Paite intere ­ sado un año después de la fecha en que el Secretario general de las Naciones Unidas la haya recibido. ARTICULO X Notificaciones del Secretario general de las Naciones Unidas El Secretario general de las Naciones Unidas informará a los Estados mencionados en el artículo V «supra» acerca de la fecha de entrada en vigor, adhesiones; reservas formuladas y retiradas y denuncias del presente Protocolo, asi como acerca de las declaraciones y notificaciones relativas a éste. ARTICULO XI Depósito en los archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas Un ejemplar del presente Protocolo, cuyos textos . chino, es­ pañol,'francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, firma ­ do por el Presidente de la Asamblea General y por el Secretario general de las Naciones Unidas, quedará depositado en los archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas.

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El Secretario general transmitirá copias certificadas, del mismo" a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y a los demás Esta ­ dos mencionados en el artículo V «supra». El Instrumentó ’ de Adhesión de España fue depositado ante el Secretario general de las Naciones Unidas el 14 de agosto de 1977. La Convención de 1951 entra en vigor el 12 de noviembre de 1978 y el Protocolo de 1967 el 14 de agosto de 1978, de con­ formidad con sus artículos 43 y VIII, respectivamente, Lo que se hace público para conocimiento general. Madrid, 26 de septiembre de 1978. —El Secretario general Téc­ nico, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura. ANEXO TEXTO DE LAS DECLARACIONES Y RESERVAS AL CONVE ­ NIO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS DE 28 DE JULIO DE 1951 FORMULADAS POR LOS ESTADOS PARTE EN EL MISMO Declaraciones y reservas al Convenio de 28 de julio de 1951 AUSTRALIA (1) AUSTRIA (2) El Convenio se ratifica; a) Con la reserva de que la República de Austria considera las disposiciones del artículo 17, párrafos 1 y 2 (con excepción, sin embargo, de la frase «que ya estaban exentos de ellos en el momento de la entrada en vigor de este Convenio para los Estados contratantes interesados O;..», en el último párrafo), no como una obligación, sino sencillamente como una recomen ­ dación.

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b) Con la reserva de que las disposiciones del artículo 22, párrafo 1 no se apliquen a la creación y mantenimiento de Escuelas de Enseñanza General Básica privadas, que la «ayuda (1) En una comunicación recibida el 1 de diciembre de 1967, el Go­ bierno de Australia notificó al Secretario, general la retirada de las reservas a los artículos 17, 19, 19, 20 y 32 y en una comunicación rcci- bida por el Secretario general el 11 de marzo de 1971, la retirada de la reserva al párrafo 1 del artículo 28 del Convenio. Para el texto de estas reservas, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, página 202 . (2) Estas reservas sustituyen a las que se sometieron en el momento de la firma. Para el texto de las reservas sometidas en el momento de la firma, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, página 188.y asistencia pública» referidas en el artículo 23 se interpreten únicamente como contribuciones de fondos de asistencia pú­ blica (Armenversorgung) y que los «documentos o certificados referidos en el artículo 23, párrafos 2, y 3, se interpreten como certificados de identidad previstos en el Convenio de 3o de ju-; nib de 1928 relativo a los refugiados. BELGICA 1.

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En todos los casos en que el Convenio conceda a los re- fugiados el tratamiento más favorable reservado a los súbditos de un país extranjero, esta disposición no se interpreta por el Gobierno belga como refiriéndose forzosamente al régimen acordado a los súbditos de los países con los cuales Bélgica ha concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o poli-; ticos. 2. El artículo 15 del Convenio no se aplica a Bélgica; los refugiados residiendo legalmente en territorio belga disfruta ­ rán, por lo que se refiere al derecho de asociación, del mismo tratamiento concedido a los extranjeros en general. BOTSWANA «Con la reserva a los artículos 7, 17, 26, 31, 32 y 34 y al pá- rrafo 1 del articulo 12 del Convenio.» BRASIL (2a) CANADA Reservas a los artículos 23 y 24: «Canadá interpreta la frase "residiendo legalmente ” como re­ firiéndose únicamente a los refugiados admitidos en residencia permanente: los refugiados admitidos en. residencia temporal disfrutarán del mismo tratamiento, por lo que se refiere a los puntos mencionados en los artículos 23 y 24, que el otorgado a los visitantes en general.» CHILE 1.

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Con la reserva de que, en relación con las disposiciones del artículo 34, el Gobierno de Chile no podrá otorgar a los refugiados ventajas mayores que las que otorga a los extran ­ jeros en general, dado el carácter liberal de las leyes de natu ­ ralización chilena. 2. Con la reserva de que el período especificado en el ar­ tículo 17, párrafo 2, a), se prolongue, en el caso de Chile, de tres a diez años. 3. Con la reserva, de que el artículo 17, párrafo 2, c), se aplique únicamente si el refugiado es viuda o viudo de un cón­ yuge chileno. 4. Con la reserva de que el Gobierno de Chile no puede otorgar un período más largo para llevar a cabo una orden de expulsión que el que se concede a los demás extranjeros en virtud de la ley chilena. CHIPRE (3) DINAMARCA (4) «La obligación contenida en el artículo 17, párrafo 1, y que consiste en otorgar a los refugiados residiendo legalmente en Dinamarca el tratamiento más favorable reservado a los súb­ ditos de un país extranjero, por lo que se refiere al derecho (2a) El 7 de abril de 1972, el Gobierno de Brasil depositó ante el Secretario general, de acuerdo con el artículo V, el Instrumento de acceso al Protocolo relativo al Estatuto de Refugiados hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967.

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En este Instrumento, el Gobierno de Brasil retira sus reservas que excluían en la aplicación del Convenio los artículos 15 y 17, párrafos 1 y 3, y declara que «ios refugiados disfrutarán del mismo tratamiento concedido a los subditos de países extranjeros en general, con excepción del tratamiento preferencial reservado a los súbditos de Portugal, en aplicación del tratado de amistad y consulta de 1953 y del. articulo 199 de la enmienda constitucional del Brasil número 1 de 1969». (3) Al notificar su sucesión en el Convenio- el Gobierno de 'Chipre confirmó las reservas hechas en el momento de la extensión del Con ­ venio a su. territorio por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Para él texto de estas reservas, véase página 125. (4) En una-comunicación recibida el 23' de agosto de 1962, el Gobier ­ no de -Dinamarca informó al Secretario general de su decisión de retirar, a partir del 1 de octubre de 1991, la reserva al artículo 14 del Convenio.

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En una comunicación recibida el 25 de marzo de 1968. el Gobierno de Dinamarca informó al Secretario general de su decisión de retirar, a partir de esta fecha, las reservas hechas en el momento de la rati­ ficación a los párrafos 1, 2 y 3 del articulo 24 y, parcialmente, las re­ servas hechas en el momento de la ratificación al artículo 17, toniendo efecto esta última el 25 de marzo de 1968; su texto se indica más arriba. Para el texto de las reservas formuladas originalmente por el Gobierno de Dinamarca en el momento de la ratificación, véa3e Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 189,. página 198.

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24320 21 octu bre 1978 B. O. del E.—Núm. 252 a ocupar un empleo remunerativo, no debe significar que los refugiados tengan derecho a todos los privilegios que, en este sentido, se conceden a los súbditos de Finlandia, Islandia, No­ ruega y Suecia». ECUADOR Por lo que se réfiere al artículo 1, relativo'a la definición de la palabra -refugiado», el Gobierno del Ecuador declara que su adhesión al Convenio sobre el Estatuto dé los Refugiados no significa que acepte los Convenios que no hayan sido expre ­ samente firmados y ratificados por el Ecuador. Por lo que se refiere al artículo 15, el Ecuador declara, ade­ más, que su adhesión a las disposiciones en él contenidas debe ser limitada en la medida en que estas disposiciones contradi ­ cen las disposiciones constitucionales y legales en vigor que prohíben a los extranjeros y, por consiguiente, a los refugia ­ dos ser miembros de órganos políticos. ETIOPIA -Las disposiciones de los artículos 8, 9, 17 (2) y 22 (1) del Convenio se consideran únicamente como recomendaciones y no como obligaciones legales». FIJI El Gobierno de Fiji confirma la primera y la cuarta reservas formuladas por el Reino Unido; estas reservas, para adaptarlas mejor en vista de su aplicación por Fiji han sido redactadas nuevamente como sigue: «1.

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El Gobierno de Fiji considera que los artículos 8 y 9 no le impiden, en tiempos de güera u otras circunstancias gra­ ves o excepcionales, tomar medidas en el interés de la segu ­ ridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno de Fiji hacer valer sus derechos sobre bienes o in­ tereses que podrían adquirir o haber adquirido como potencia aliada o asociada en virtud de un tratado de paz u otro acuer ­ do o arreglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del articulo 8 no deberán afectar al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio en nombre de Fiji, se encontraban bajo el control del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o del Gobierno de Fiji, respectivamente, por causa de la existencia de un es­ tado de guerra entre ellos y cualquier otro Estado. 2. El Gobierno de Fiji no puede comprometerse a dar efecto a las obligaciones contenidas en los párrafos 1 y 2 del articu ­ lo 25 y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones el párrafo 3 en la medida permitida por la Ley. Comentario: En Fiji no existen arreglos para la asistencia administrativa en el artículo 25 y tales arreglos no se han considerado necesarios en el caso de los refugiados.

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Cuando se necesiten los documentos o certificados mencionados en el párrafo 2 de este artículo se recurrirá a declaraciones juradas. Se retiran todas las demás reservas hechas por el Reino Unido al Convenio arriba mencionado». FINLANDIA «1. Una reserva general en el sentido de que la aplicación de las disposiciones del Convenio, según las cuales se concede a los refugiados el tratamiento más favorable reservado a los súbditos de un país extranjero, no deberá verse afectada por el hecho de que Finlandia pueda ahora o en el futuro otorgar derechos y privilegios especiales a los súbditos de Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia o a los súbditos de alguno de estos países. 2. Una reserva al artículo 7, párrafo 2, en el sentido de que Finlandia no está dispuesta, como medida general, a conceder a los refugiados que reúnan las condiciones de tres años de residencia en Finlandia una exención de cualquier reciprocidad legislativa que la ley finlandesa hubiera podido estipular como condición sobre la eligibilidad de un extranjero para beneficiar ­ se del mismo derecho o privilegio. 3. Una reserva al artículo 8 en el sentido de que este ar­ tículo rio es obligatorio para Finlandia. 4. Una reserva al artículo 12, párrafo 1, en el sentido de que él Convenio no deberé modificar el derecho internacional pri­ vado finlandés en vigor actualmente, en virtud del cual el esta ­ tuto personal de un refugiado está regido por la ley del país del cual es súbdito.5.

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Una reserva al artículo 24, párrafo 1, b), y párrafo 3, en el sentido de que no es obligatorio para Finlandia. 6. Una reserva al artículo 25 en el sentido, de que Finlandia no se considera obligada a que un certificado sea otorgado por las. autoridades finlandesas, en lugar de las autoridades de un país extranjero, en el caso de que los expedientes necesarios para el otorgamiento de estos certificados no existan en Fin­ landia. 7. Una reserva en relación con las disposiciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 28. Finlandia no acepta las obliga ­ ciones estipuladas en este párrafo, -pero está dispuesta a reco ­ nocer los documentos de viaje extendidos por otros Estados Contratantes, en aplicación de este artículo.» FRANCIA Al depositar su Instrumento de Ratificación, el Gobierno de la República francesa, de acuerdo con el artículo 42 del Con ­ venio, declara lo siguiente: a) Considera que el artículo 29, párrafo 2, no impide la apli­ cación, en territorio francés, de las disposiciones de la Ley de 7 de mayo de 1934, autorizando la imposición del impuesto Nan- sen, para la ayuda a los refugiados, su reinstalación y asis­ tencia.

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b) El artículo 17 no impide, en absoluto, la aplicación de las leyes y regulaciones que determinan la proporción de traba ­ jadores extranjeros que los empleadores están autorizados a emplear en Francia, ni afecta a las obligaciones de estos emplea ­ dores en relación con la contratación de trabajadores extran ­ jeros. GAMBIA (5) GRECIA «1. En casos o circunstancias que, en su opinión, justificarían un procedimiento excepcional, por razones de seguridad nacional u orden público, el Gobierno Real Helénico se reserva el derecho a derogar las obligaciones que imponen las disposiciones de los artículos 8, 26, 28, 31 y 32. 2. Según el Gobierno Real Helénico, las disposiciones de los artículos 11, 24 (párrafo 3) y 34 constituyen recomendaciones y no obligaciones jurídicas. 3. Se entiende que las disposiciones del artículo 13 no se interpretarán como refiriéndose a derechos o reclamaciones de bienes muebles o inmuebles que posean estas personas antes de entrar en Grecia como refugiados. 4. Por lo que se refiere a empleos remunerados en virtud del artículo 17, el Gobierno Real Helénico no otorgará a los refugia ­ dos menos derechos que los que concede generalmente a los súb­ ditos de países extranjeros. 5. La asistencia pública, otorgada en virtud del artículo 23, se interpretará como siendo la asistencia concedida sobre la base de las leyes y regulaciones generales del país.

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Las medidas ex­ cepcionales que haya tomado o que tome en el futuro el Go­ bierno Real Helénico, como consecuencia de circunstancias es­ peciales en favor de un grupo particular de súbditos griegos, no se extenderán automáticamente a las personas a las que se apli­ can las disposiciones de este Convenio. 6. El Gobierno Real Helénico no acepta y no considera válido, por lo que se refiere a Grecia, el segundo párrafo de la reserva hecha por el Gobierno de Turquía en el momento de la firma de este Convenio. Las reservas anteriores han sido publicadas junto con el texto del Convenio en el "Boletín Oficial del Reino de Grecia ’’ el 26 de septiembre de 1959 (A, número 201).» IRAN 1. En todos los casos en que, en virtud de las disposiciones de este Convenio, los refugiados disfruten del tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un Estado extranjero, el Gobierno de Irán se reserva el derecho de no otorgar a los refu ­ giados el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de los Estados con los que Irán haya concluido acuerdos de estable ­ cimiento regional, aduaneros, económicos o políticos. 2. El Gobierno de Irán considera que las disposiciones con­ tenidas en los artículos 17, 23 , 24 y 26 son únicamente recomen ­ daciones.

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(5) Al notificar su sucesión en el Convenio, el Gobierno de Cambia confirmó las reservas hechas, en el momento de la extensión del Con ­ venio a su territorio, por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Para el texto de estas reservas, véase página 125.

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B. O. del E.—Núm. 252 21 octu bre 1978 24321 IRLANDA (0) «2. El Gobierno de Irlanda considera que los términos "or­ den público ” en el artículo 32 (párrafo 1) y los términos "de acuerdo con el debido procedimiento legal ” en el artículo 32 (pá­ rrafo 2) significan, respectivamente, "política pública ” y ”de acuerdo con un procedimiento previsto por la ley”. 3. Por lo que se refiere al artículo 17, el Gobierno de Irlan ­ da no concederá a los refugiados derechos a empleo remunerado más favorable que a los que concede en general a los extran ­ jeros. 4. El Gobierno de Irlanda dará efecto al artículo 25 sola­ mente en la medida en que esto sea posible y licito en virtud de la legislación irlandesa. 5. Por lo que se refiere al artículo 29 (párrafo 1), el Go­ bierno de Irlanda no concederá a los refugiados un tratamiento más favorable que el que concederá, en general, a los extranje ­ ros en relación con ... c) Impuestos sobre la renta (incluida sobretasa).» ISRAEL «2. Los artículos 8 y 12 no se aplican a Israel. 3. El artículo 28 se aplicará a Israel con las limitaciones que se derivan de la sección 6 de la Ley de Pasaportes 5712-1952, se­ gún la cual el Ministro tiene autoridad para:.

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a) Rechazar la concesión o prolongación de validez de un pasaporte o salvoconducto; b) Imponer condiciones a la concesión o prolongación de validez de un pasaporte o salvoconducto; c) Anular o reducir el período de validez de un pasaporte o salvoconducto expedido y ordenar su entrega; d) Limitar, en la entrega o después de la entrega de un pa­ saporte, el salvoconducto al número de países para los cuales es válido. ; 4. Los permisos previstos en el artículo 30 serán expedidos por el Ministro de’ Hacienda Según lo juzgue oportuno.» ITALIA (7) Al firmar este Convenio, el Gobierno de la República de Italia declara que considera las disposiciones de los artículos 17 y 18 como siendo únicamente recomendaciones. JAMAICA «El Gobierno de Jamaica confirma y mantiene las siguientes reservas que se formularon cuando el Convenio fue extendido a Jamaica por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: i) El Gobierno del Reino Unido considera que los artícu ­ los 8 y 9 no impiden que el territorio mencionado anteriormente tome, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad.

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Las dis­ posiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer valer derechos sobre bienes o intereses que pueda adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las dis­ posiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para el territorio mencionado, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otro Estado. (6) En una comunicación recibida el 23 de octubre de 1968, el Go­ bierno de Irlanda comunicó al Secretario general que retiraba dos de sus reservas en relación con el articulo 29 (11, a saber, las que figuran en los apartados a) y b) del párrafo 5 de las declaraciones y reservas contenidas en el instrumento de adhesión al -Convenio por el Gobierno de Irlanda; para el texto de las reservas retiradas, véase Naciones Uni­ das, Treaty Series, vol. 254, página 412.

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(7) En una comunicación recibida el 20 de octubre de 1964, el Go­ bierno de Italia notificó al Secretario general que «retiraba las reservas hechas, en el momento de la firma y confirmadas en el momento de la ratificación, a los artículos 6, 7, 8, 19, 22, 23, 25 y 34 del Convenio (véase Naciones Unidas, Treaty Serles, vol. 109, p. 192). Estas reservas son incompatibles con las disposiciones internas adoptadas por el Go­ bierno italiano después de la ratificación del Convenio. El Gobierno italiano adoptó asimismo, en diciembre de 1963, disposiciones para la aplicación del contenido del párrafo 2 del artículo 17». Además, el Gobierno italiano confirma que «mantiene su declaración hecha de acuerdo con la sección B (1) del artículo 1 y que considera las disposiciones de los artículos 17 y 18 como siendo únicamente reco ­ mendaciones.ii) El Gobierno del Reino Unido acepta que el párrafo 2 del artículo 17 se apliq ue al territorio mencionado, sustituyendo "tres años ” por "cuatro años ” en el apartado a) y omitiendo el apartado c). iii) El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse a que las disposiciones del apartado b) del párrafo 1 del artícu ­ lo 24 y del párrafo 2 de este artículo se apliquen en el territorio mencionado, en la medida en que la ley lo permita.

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iv) El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a aplicar, en el territorio mencionado, los párrafos 1 y 2 del ar­ tículo 25 y sólo puede comprometerse a que las disposiciones del párrafo 3 se apliquen on el territorio mencionado en la medida en que la ley lo permita.» LIECHTENSTE IN Ref. artículo 17: Por lo que se refiere al derecho a desempe ­ ñar un empleo remunerado, el tratamiento que la ley reserva a los refugiados es el mismo que para los extranjeros en gene ­ ral, en el entendimiento, sin embargo, de que las autoridades competentes hagan todo lo posible para aplicarles las disposi ­ ciones de este artículo. Ref. artículo 24, párrafos 1, a) y b), y párrafo 3: Las dispo ­ siciones relativas a extranjeros en general sobre formación, aprendizaje, seguro de desempleo, seguro de vejez y supérstites se aplicarán a los refugiados. Sin embargo, en el caso del se­ guro de vejez y supérstites, los refugiados que residen en Licch ­ tenstein (incluidos los que les sobrevivan si se les considera como refugiados) se benefician del seguro normal de vejez y supérstites, previo pago de sus cuotas por lo menos durante un año completo, siempre y cuando que hayan residido en Licch ­ tenstein durante diez años, cinco de los cuales sin interrupción inmediata antes de ocurrir el acontecimiento objeto del seguro.

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Además, no se aplica a los refugiados la reducción de un tercio de los beneficios previstos en el caso de los extranjeros y apa­ tridas, conforme al artículo 74 de lá Ley sobre Seguro de Vejez y Supérstites. Los refugiados residiendo en Licchtenstein que, en el momento del acontecimiento objeto del seguro, no tengan derecho al seguro de vejez y supérstites, no perciben solamente sus propias contribuciones, sino todas las que hayan sido efec­ tuadas por los empleadores. LUXEMBURGO Con la siguiente reserva: En todos los casos en que este Con­ venio concede a los refugiados el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero, no se interpretará esta disposición como comprendiendo forzosamente el régimen acordado a los súbditos de países con los cuales el Gran Ducado de Luxemburgo haya concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos. / MADAGASCAR Las disposiciones del artículo 7 (párrafo 1) no deben interpre ­ tarse como exigiendo el mismo tratamiento concedido a los -súbditos de países con los cuales la República Malgache haya concluido convenios de establecimiento o acuerdos de coope ­ ración. ' Las disposiciones de los artículos 8 y 9 no deben interpre ­ tarse como impidiendo que el Gobierno malgache tomer en tiempos de guerra u otras circunstancias graves y excepcionales, medidas relativas a un refugiado por causa de su nacionalidad en el interés de la seguridad nacional.

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Las disposiciones del artículo 17 no pueden interpretarse como impidiendo la aplicación de las leyes y regulaciones estable ­ ciendo la proporción de trabajadores extranjeros que los em­ pleadores están autorizados a emplear en Madagascar o como afectando a las obligaciones de estos empleadores en relación con la contratación de trabajadores extranjeros. MALTA «El artículo 7, párrafo 2; los artículos 14, 23 27 y 28 no se aplican a Malta; el artículo 7, párrafos 3. 4 y 5, y los artícu ­ los 8, 9, 11, 17, 18, 31, 32 y 34 se aplicarán a Malta en conformi ­ dad con sus propios problemas especiales, su situación peculiar y sus características.» MONACO Con las reservas de que las disposiciones contenidas en los artículos 7 (párrafo 2), 15, 22 (párrafo 1), 23 y 24 se consideren, provisionalmente, como siendo recomendaciones y no obligacio ­ nes legales.

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NUEVA ZELANDA «... El Gobierno de Nueva Zelanda sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones contenidas en el párrafo 2 del ar­ tículo 24 del Convenio en la medida en que la legislación de Nueva Zelanda lo permita ...» NORUEGA (8) «La obligación estipulada en el artículo 17 [párrafo 1) de conceder a los refugiados residiendo legalmente en el país el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero que se encuentren en las mismas circunstancias por lo que se refiere al derecho a desempeñar un empleo remune ­ rativo no se interpretará como extendiendo a los refugiados los beneficios de acuerdos que pueden ser concluidos en el futuro entre Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia o entre Noruega y cualquiera de estos países, con miras a crear con­ diciones especiales para el traslado de mano de obra entre estos países.» PAISES BAJOS Se extiende esta firma con la reserva de que en todos los casos en que este Convenio concede a los refugiados el trata ­ miento más favorable otorgado a los súbditos de un país ex­ tranjero, no se interpretará esta disposición como comprendien ­ do el régimen otorgado a los súbditos de los países con los cuales los Países Bajos hayan concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos. 1.

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Por lo que se refiere al artículo 26 de este Convenio, el Gobierno de los Países Bajos se reserva el derecho de designar el lugar de residencia principal para algunos refugiados o gru­ pos de refugiados en el interés público. 2. En las notificaciones sobre territorios dé ultramar men ­ cionados en el. artículo 40, párrafo 2, de este Convenio, el Go­ bierno de los Países Bajos se reserva el derecho a hacer una declaración de conformidad con la sección B del artículo 1 so­ bre estos territorios y a formular reservas de conformidad con el artículo 42 del Convenio. Declaración interpretativa. Al dopositar el Instrumento de Ratificación por los Países Bajos ..., declaro, en nombre del Go­ bierno neerlandés, que éste no considera que los habitantes de Amboina trasladados a los Países Bajos a partir del 27 de di­ ciembre de 1949, fecha de la transferencia de soberanía por el Reino de los Países Bajos a la República de los Estados Unidos de Indonesia, tengan derecho al Estatuto de Refugiados, tal como está definido en el artículo 1 del Convenio. PORTUGAL (8a) «1. El Convenio se aplicará sin ninguna limitación geográ ­ fica. 2.

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En todos los casos en que el Convenio otorga a los re­ fugiados el estatuto personal más favorable otorgado a los súb­ ditos de un país extranjero, esta cláusula no se interpretará como significando el Estatuto otorgado por Portugal á los súb­ ditos de Brasil.» SANTA SEDE 1.a Santa Sede,, en conformidad con las disposiciones del ar­ tículo 42, párrafo 1 del Convenio, formula la reserva según la cual la aplicación del Convenio tiene que ser compatible, en la práctica, con el carácter especial del Estado de la Ciudad del Vaticano y sin perjuicio de las normas que rigen el acceso y la estancia en el mismo. SUDAN La adhesión al Convenio la efectuó acompañada de una re­ serva al artículo 26. (8) En una comunicación recibida por el Secretarlo general de 21 de enero de 1954, el Gobierno de Noruega notificó la retirada, con efecto inmediato, de la reserva al artículo 24 del Convenio, «dado que las Leyes mencionadas en esta reserva han sido enmendadas para otorgar a los refugiados residiendo legalmente en el país el mismo tratamiento que a los súbditos noruegos». Para el texto de esta reserva, véase Na­ ciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, p. 198.

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(8a) En una comunicación recibida el 13 de julio de 1976, el Gobierno de Portugal informó al Secretario general que deseaba volver a for­ mular de una manera más amplia las condiciones de su adhesión al Convenio (véase párrafo 1 anterior), y que las reservas presentadas en el momento de la adhesión de Portugal al Convenio se retiraban, sus­ tituyéndolas, por consiguiente, por el texto del párrafo 2 citado más arriba. Para el texto de las reservas retiradas, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 383, página 314.SUECIA (9) Reservas: En primer lugar, una reserva general en el sentido de que la aplicación de las disposiciones del Convenio que otor­ gan a los refugiados el tratamiento más favorable concedido a los súbditos de un país extranjero, no será afectada por los derechos y privilegios especiales que Suecia otorga actualmente o pueda otorgar en el futuro a los súbditos de Dinamarca, Fin­ landia, Islandia y Noruega o a los súbditos de cualquiera de estos países, y en segundo lugar, las siguientes reservas: una reserva al artículo 8 en el sentido de que este artículo no es', obligatorio para Suecia; una reserva al artículo 12, párrafo 1, en el sentido de que el Convenio no debe modificar la norma del derecho internacional privado actualmente en vigor en .

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Suecia, - según la cual el estatuto personal de un refugiado está regido por el derecho del país del que es súbdito; una reserva al ar­ tículo 17, párrafo 2, en el sentido de que Suecia no se con­ sidera obligada a otorgar a un refugiado que reúne cualquiera de las condiciones enumeradas en los apartados a) y c) la exen ­ ción automática de la obligación de obtener un permiso de trabajo; una reserva al artículo 24, párrafo 1, b), en el sentido de que a pesar del principio de tratamiento nacional para los refugiados, Suecia no estará obligada a otorgar a los refugia ­ dos el mismo tratamiento que a sus súbditos, por lo que se refiere a las posibilidades de reivindicar una pensión nacional, en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de Seguros; asimismo, en el sentido de que, por lo que se refiere al dere ­ cho a una pensión adicional en virtud de. esta ley y al cómputo de esta pensión en algunos aspectos, las normas que se apli­ quen a los súbditos suecos serán más favorables que para otros asegurados; una reserva al artículo 24, párrafo 3, en el sentido de que las disposiciones de este párrafo no serán obligatorias para Suecia; y una reserva al artículo 25, en el sentido de que Suecia no se considera obligada a que un certificado sea ex­ pedido por una autoridad sueca, en lugar de las autoridades de un país extranjero, si los documentos necesarios para la concesión de este certificado no se encuentran en Suecia.

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SUIZA do) Ref. artículo 24, párrafos 1, a) y b), y párrafo 3: Las disposi ­ ciones relativas a extranjeros en general sobre formación, apren ­ dizaje, seguro de desempleo, seguro de vejez y supérstites se aplicarán a los refugiados. Sin embargo, m el caso del seguro de vejez y supérstites, los refugiados que residen en Suiza (incluidos los que les sobrevivan si se les considera como refu ­ giados) se benefician del seguro normal de vejez y supérstites, previo pago de sus cuotas por lo menos durante un año com­ pleto, siempre y cuando hayan residido en Suiza durante diez años —cinco de los cuales sin interrupción —, inmediatamente antes de ocurrir el acontecimiento objeto del seguro. Además no se aplica a los refugiados la reducción de un tercio de los beneficios previstos en el caso de los extranjeros y apátridas, conforme al artículo 40 de la Ley Federal sobre seguro de vejez y supérstites. Los refugiados residiendo en Suiza que, en el momento del acontecimiento objeto del seguro, no tengan dere ­ cho al seguro de vejez o supérstites no perciben solamente sus propias contribuciones en virtud de la Orden del Consejo Federal del 14 de marzo de 1952, sino todas las que hayan sido efectuadas por los empleadores.

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TURQUIA El Gobierno de la República Turca declara al firmar este Convenio que, por lo que se refiere á los compromisos suscritos por él en el Convenio, los términos «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951», en el artículo 1, sección A, (9) En una comunicación recibida el 20 de abril de 1961, el Gobierno de Suecia notificó la retirada, a partir del primero de julio de 1961, de la reserva al artículo 14 del Convenio.En una comunicación recibida el 25 de noviembre de 1968, el Go­ bierno de Suecia notificó al Secretario general que había decidido, conforme al párrafo 2 del artículo 42 del Convenio, retirar algunas de sus reservas al artículo 24, párrafo 1, b), y la reserva al artículo 24, pá­ rrafo 2.En una comunicación recibida el 5 de marzo de 1970, el Gobierno de Suecia notificó al Secretario general que retiraba .su reserva al ar­ tículo 7, párrafo 2, del Convenio.Para el texto de las reservas retiradas, tal como se formularon ori­ ginalmente por el Gobierno sueco en su Instrumento de Ratificación, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 200, página 336.

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(10) En una comunicación recibida por el Secretario general el 18 de febrero de 1963, el Gobierno suizo notificó que retiraba la reserva for­ mulada en el momento de la ratificación del articulo 24, párrafo 1, a), y b), y párrafo 3 del Convenio, en la medida en que esta reserva se refiere al seguro de vejez y supérstites. En una comunicación recibida por el Secretario general el 3 de julio de 1072, el Gobierno suizo notificó su decisión de retirar la reserva al artículo 17, formulada en su instrumento de ratificación del Convenio. Para el texto de esta reserva, véase Naciones . Unidas, Treaty Series, vol. 202, página 368.

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B. O. del E.—Núm. 252 21 octubre 1978 24323 deben interpretarse como, refiriéndose a acontecimientos ocurri ­ dos en Europa antes del 1 de enero. Por consiguiente, no piensa aceptar ningún compromiso en relación con acontecimientos que hayan tenido lugar fuera de Europa.'El Gobierno turco considera además que los términos «acon ­ tecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951» se refieren al inicio de los acontecimientos. Por consiguiente, dado que la presión que se ejerce sobre la minoría turca en Bulgaria, iniciada antes del 1 de enero de 1951, prosigue, la disposición' de este Convenio debe también aplicarse a los refugiados búl­ garos de origen, obligados a abandonar este país a consecuencia de esta presión, y que, no pudiendo entrar en Turquía, pu­ dieran buscar refugio en el territorio de otra Parte Contratante después del 1 de enero de 1951. El Gobierno turco, en el momento de la ratificación, formu ­ lará reservas en virtud del artículo 42 del Convenio. Reserva y declaración hechas en el momento de la ratifica ­ ción: No se interpretará ninguna disposición de este Convenio como otorgando a los refugiados mayores derechos que los que se otorgan a los súbditos turcos en Turquía: A) El Gobierno de la República de Turquía no es parte en los Acuerdos del 12 de mayo de 1926 y 30 de junio de 1928, mencionados en el artículo 1, párrafo A, de este Convenio.

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Además, habiendo sido amnistiadas en virtud de la ley núme ­ ro 3527 las 150 personas afectadas por el Acuerdo del 30 de junio de 1928, las disposiciones contenidas en este Acuerdo ya no son válidas para Turquía. Por consiguiente, el Gobierno de la República de Turquía considera el Convenio del 28 de julio de 1951 independientemente de los Acuerdos mencionados anteriormente. B) Por lo que se refiere a las obligaciones que se derivan de este Convenio, el Gobierno de la República considera que los términos «acontecimientos ocurridos antes del primero de enero de 1951» mencionados en el párrafo B del artículo 1 sig­ nifican «acontecimientos ocurridos en Europa antes del pri­ mero de enero de 1951». C) Asimismo, el Gobierno de la República considera que las medidas que tienden a «volverse a valer» o «a readquirir» según el artículo 1, párrafo C, del Convenio —es decir: «si (1) ha vuelto a valerse voluntariamente de la protección del país del cual es súbdito; o (2) habiendo perdido su nacionalidad, la ha vuelto a adquirir voluntariamente» — no dependen sola­ mente de la petición de la persona interesada, sino también del consentimiento del Estado en cuestión. UGANDA 1) Por lo que se refiere al artículo 7: «El Gobierno de la República de Uganda considera que esta disposición no con­ cede ningún derecho legal, político u otro derecho aplicable a los refugiados que, en cualquier momento, puedan encon ­ trarse en Uganda.

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Por ello, el Gobierno de la República de Uganda otorgará a los refugiados las ventajas y el tratamien ­ to que el Gobierno de la República de Uganda estime, a su libre juicio, apropiados, teniendo en cuenta su propia seguri ­ dad y sus necesidades económicas y sociales.» 2) Por lo que se refiere a los artículos 8 y 9: «El Gobierno de la República de Uganda declara que las disposiciones de los artículos 8 y 9 se consideran como siendo únicamente re­ comendaciones.» 3) Por lo que se refiere ai artículo 13: «El Gobierno . de la República de Uganda se reserva el derecho a anular esta disposición sin recurso a los tribunales de justicia y arbitra ­ les, nacionales o internacionales si el Gobierno de la Repú ­ blica de Uganda considera esta anulación de interés público.» 4) Por lo que se refiere al artículo 15: «El Gobierno de la- República de Uganda tendrá plena libertad, en el interés pú­ blico, de retirar algunos o todos los derechos concedidos en virtud de este artículo, a los refugiados que residan en su territorio.» 5) Por lo que se refiere al artículo 18: «El Gobierno de la República de Uganda considera que el artículo 16, párrafos 2 y 3, no requiere que el Gobierno de la República de Uganda otorgue a un refugiado que precise asistencia legal un tra­ tamiento más favorable que el que reserva a los extranjeros en general en circunstancias análogas.» 8) Por lo que se refiere al artículo 17: «La obligación, mencionada en el artículo 177;

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de conceder a los refugiados residentes legalmente en el país en las mismas circunstancias, no debe interpretarse como la de otorgar a los refugiados el tratamiento preferencial reservado a los súbditos de los Esta ­ dos que disfrutan de privilegios especiales, a causa de trata ­ dos que existen o puedan existir en el futuro entre Uganda y estos países, en particular los Estados de la Comunidad deAfrica del Este y de la Organización de la Unidad Africana, en conformidad con las disposiciones que rigen las Cartas de dichos Organismos a este respecto.» 7) Por lo que se refiere al articulo 25: «El Gobierno de la República de Uganda considera que este artículo no requiere que el Gobierno de la República de Uganda incurra en gastos, a favor de los refugiados, al concederles la asistencia mencio ­ nada, excepto en la medida en que esta asistencia es solicitada por el Alto Comisario para los refugiados de las Naciones Unidas o cualquier otro Organismo de las Naciones Unidas que pudiera sustituirle, el' cual reembolsa los gastos incurridos al Gobierno de la República de Uganda.» 8) Por lo que se refiere al articulo 32: «Sin recurrir a ningún procedimiento jurídico, el Gobierno de la República de Uganda tendrá en el interés público el derecho inalienable de expulsar a cualquier refugiado de su territorio y a aplicar en cualquier momento las medidas internas que el Gobierno es­ time necesarias en las circunstancias,

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y ello sin que cualquier medida tomada por el Gobierno de la República de Uganda a este respecto vaya en contra de las disposiciones del ar­ tículo 33 de este Convenio.» REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE i) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no le impiden to­ mar, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, medidas en el interés de la seguridad nacio ­ nal, para con un refugiado, sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que puedan adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un Tratado de Paz u otro Acuerdo o arreglo para el esta­ blecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las dis­ posiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para el Reino Unido de Gran Bretaña e Ir­ landa del Norte, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre él y cualquier otro Estado.

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ii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir­ landa del Norte acepta el párrafo 2 del artículo 17 sustitu ­ yendo «tres' años» por «cuatro años» en el apartado a), y omitiendo el apartado c). iii) El Gobierno del Réino Unido de Gran Bretaña e Ir­ landa del Norte, por lo que se refiere a las cuestiones men ­ cionadas en el apartado b), párrafo 1 del artículo 24, que son de la competencia del Servicio Nacional de Sanidad, sólo puedo comprometerse a aplicar las disposiciones de este párrafo en la medida en que la ley lo permita; sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 2 de este artículo en la medida en que la ley lo permita. iv) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir­ landa del Norte no puede comprometerse a dar efecto a las obligaciones contenidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 25 y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del pá­ rrafo 3 en la medida en que la ley lo permita. Comentario. «En relación con el apartado b), párrafo 1, del artículo 24, sobre cuestiones que competen al Servicio Nacional de Sanidad, la ley (enmendada) del Servicio Nacional- de Sanidad de 1949 permite cobrar a personas que no residen normalmente en Gran Bretaña (esta categoría incluye a los refugiados) y que reciben tratamiento en virtud de este Servicio. Aunque todavía no se haya hecho uso de esta disposición, es posible que tenga que hacerse en el futuro.

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En Irlanda del Norte, los Servicios de Sanidad se dispensan únicamente a personas residiendo nor­ malmente en el país, excepto cuando existen normas que re­ servan a otros estas prestaciones. Por ello, el Gobierno del Reino Unido, dispuesto en el porvenir como en el pasado a considerar con la mayor simpatía la situación de los refugiados, estima necesario formular una reserva al apartado b), párra ­ fo 1. del artículo 24 del Convenio. Las normas del Seguro de Accidentes del Trabajo en Gran Bretaña no responden a los requisitos del párrafo 2 del artículo 24 del Convenio. Cuando una persona asegurada muere a resul ­ tas de un accidente de trabajo o de una enfermedad debida a la naturaleza de su empleo, no se puede, normalmente, indemnizar a las personas que dependían de ella y que viven en el extran ­ jero, a no ser que residan en algún país de la Mancomunidad

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24324 21 octu bre 1978 B. O. del E.—Núm. 252 Británica, en la República de Irlanda o en un país con el cual el Reino Unido haya concluido un acuerdo recíproco, relativo al pago de indemnizaciones -por accidente de trabajo. Existe una excepción a esta regla a favor de las personas que dependen de ciertas categorías de marinos que mueren a resultas de un ac­ cidente del trabajo ocurrido durante sus servicios en buques británicos. A este respecto, los refugiados reciben el mismo tra­ tamiento que los ciudadanos del Reino Unido y sus colonias y. conforme a los párrafos 3 y 4 del articulo 24 del Convenio, las personas que dependen de los refugiados podrán beneficiarse de los acuerdos recíprocos que prevén el pago en otros países de las indemnizaciones del seguro del Reino Unido de accidentes de trabajo. Conforme a los párrafos 3 y 4 del artículo 24, los refu ­ giados disfrutarán, en virtud de las normas del Seguro Nacional y del Seguro de Accidentes de Trabajo, de algunos derechos que no disfrutan los súbditos británicos que no son ciudadanos del Reino Unido y sus colonias. No existen en el Reino Unido normas para la asistencia ad­ ministrativa tal y como está previsto en el artículo 25, ni se han considerado necesarios estos acuerdos en el caso de los refugia ­ dos.

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Si se precisan los documentos y certificados mencionados en el párrafo 2 de este artículo, se recurrirá a declaraciones juradas.» ZAMBIA •Con la siguiente reserva, formulada en virtud del artículo 24 (párrafo 1) del Convenio: Artículo 17 (párrafo 2). «El Gobierno de la República de Zambia desea declarar, en relación con el artículo 17, párrafo 2, que Zambia no se consi ­ dera obligada a conoeder a un refugiado que reúna cualquiera de las condiciones estipuladas en los apartados a) a c) la exención automática de la obligación de obtener un permiso de trabajo. Además, por lo que se refiere al artículo 17 en su conjunto, Zambia no desea comprometerse a conceder a los refugiados el derecho a un empleo remunerado más favorable que el que otorga a los extranjeros en general.» Articulo 22 (párrafo 1). «El Gobiemo.de la República de Zambia desea declarar que considera el artículo 22 (párrafo 1) como siendo únicamente una recomendación y no una obligación de conceder a los refugiados el mismo tratamiento reservado a sus súbditos por lo que se refiere a la educación general básica.» Articulo 26. «El Gobierno de la República de Zambia desea declarar, en relación con el artículo 26, que se reserva el derecho de desig ­ nar el lugar o los lugares de residencia de los refugiados.» Articulo 28.

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«El Gobierno de la República, de Zambia desea declarar, en relación con el artículo 28, que Zambia no se considera obligada a expedir documentos de viaje con una cláusula de retomo en los casos en que un país de segundo asilo haya aceptado, o indicado su voluntad de aceptar un refugiado de Zambia.» Declaraciones y reservas hechas sobre las notificaciones de aplicación territorial GROENLANDIA Con las reservas hechas en el momento de la ratificación por el Gobierno de Dinamarca (véase Dinamarca, suprá). ISLAS ANGLONORMANDAS E ISLA DE MAN «11 El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no le impiden tomar en la isla de Man y en las islas Anglonormandas, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, me­ didas en el interés de la seguridad nacional para con un refugia ­ dos sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del ar­ tículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido de Gran Bre­ taña e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que pueda adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada en virtud de un Tratado de Paz u otro acuer ­ do o arreglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mun ­ dial.

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Además, las disposicionea del artículo 8 no afectan al tratamiento concedido a bienes o Intereses que, en la fecha dela entrada en vigor de este Convenio para la isla de Man y las islas Anglonormandas, se encuentren bajo el control del Go­ bierno del Reino Unido de Gran Bretaña e.Irlanda del Norte por causa de un .estado de guerra que exista o haya .existido entre ellos y cualquier otro Estado. ii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del. Norte acepta el párrafo 2 del artículo 17 en su aplicación a la isla de Man y a las islas Anglonormandas, sustituyendo «tres años» por «cuatro años» en el apartado a) y omitiendo el apar ­ tado c).

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iii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan ­ da del Norte sólo puede comprometerse a aplicar a las islas An­ glonormandas, en la medida en que lo permita la ley, las dispo ­ siciones del apartado b), párrafo 1, del artículo 24, y del párra ­ fo 2 de dicho artículo, a la isla de Man, en la medida en que lo permita la ley, las disposiciones de dicho apartado, respecto a las cuestiones mencionadas en el mismo, que son de la competen ­ cia del Servicio de Sanidad d¡e la isla de Man, y las del párra ­ fo 2 del artículo 24. iv) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no puede comprometerse a dar efecto en la isla de Man y en las islas Anglonormandas a los párrafos 1 y 2 del artículo 25, y sólo puede comprometerse a aplicar las disposi ­ ciones del párrafo 3 a la isla de Man y a las islas Anglonor ­ mandas en la medida en que lo permita la ley. Las consideraciones sobre las que se basan algunas de estas reservas son análogas a las que figuran en el- memorándum, relativo a las correspondientes reservas formuladas con respecto al Reinó Unido, que se incluyó en mi nota de referencia».

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EL PROTECTORADO DE LAS ISLAS SALOMON BRITANICAS,' CHI­ PRE (16), DOMINICANA, ISLAS MALVINAS, FIJI (10a), GAMBIA (17), ISLAS DE GILBERT Y ELLICE, GRANADINAS, JAMAICA (IB), RE­ ÑIA (19), MAURICIO, SAN VICENTE, SEYCHELLES Y PROTECTORADO DE SOMALIA i) El Gobierno del Reino Unido considera que los artículos 8 y 9 no impiden que los territorios indicados puedan, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que puedan adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restable ­ cimiento de la paz que haya sido o pueda ser concluido a con­ secuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposi ­ ciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor del Convenio para los territorios arriba indicados, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cual ­ quier otro Estado.

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ii) El Gobierno del Reino Unido acepta el párrafo 2 del ar­ ticulo 17 en su aplicación a los territorios arriba indicados, sus­ tituyendo «tres años» por «cuatro años» en el apartado a), y omitiendo el apartado c). iii) El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del apartado b), párrafo 1, del ar­ tículo 24 y del párrafo 2 de dicho artículo, a los territorios arriba indicados, en la medida en que lo permita la Ley. iv) Él Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a dar efecto, en los territorios arriba indicados,- a los párrafos 1 y 2 del articulo 25 y sólo puede comprometerse a aplicar las dis­ posiciones del párrafo 3 a los territorios arriba indicados, en la medida en que lo permita la Ley. ZANZIBAR Y SANTA ELENA Con las reservas indicadas en i), iii), iv) más arriba. HONDURAS BRITANICA «El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no impiden que el terri ­ torio arriba indicado pueda, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el in­ terés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer valer sus derechos (18) Véase Chipre, supra.

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(16a) Para el texto de las reservas hechas con motivo de la notifi ­ cación de sucesión por el Gobierno de Fiji, véase Fiji, supra. (17) Véase Chipre, supra. (16) Para el texto de las reservas hechas con motivo de la adhesión por el Gobierno de Jamaica, véase Jamaica, supra. (19) Kenia accedió al Convenio sin reservas.

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sobre bienes o intereses que pueda adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o pueda ser concluido a consecuencia de la Se­ gunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del articulo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para el territorio arriba indicado, se encuentren bajo el control del Go­ bierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.» FEDERACION DE RODE SIA Y NYASALANDIA (20) y (21) «El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no impiden que el terri ­ torio arriba indicado pueda, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el in­ terés de la. seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirá al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir­ landa del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o inte­ reses que puedan adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada, en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

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Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tra­ tamiento concedido a bienes o intereses que. en la fecha de la entrada en vigor del Convenio para el territorio arriba indica ­ do, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o que haya exis­ tido entre ellos y cualquier otro Estado. El Gobierno del Reino Unido acepta el párrafo 2 del artícu ­ lo 17, en su aplicación al territorio arriba indicado, sustituyen ­ do "tres años ” por "cuatro años", en el apartado a), y omi­ tiendo el apartado (c). ^ El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del apartado b), párrafo 1, del ar- (20) La Federación de Rodesia y Nyasalandia se disolvió inmediata ­ mente antes del 1 de enero de 1964.

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En respuesta a la pregunta de la Secretaría sobre los efectos legales de esta disolución por lo que se re­ fiere a la aplicación a los territorios que constituían anteriormente la Federación, es decir, Rodesia del Norte, Nyasalandia y Rodesia del Sur, de algunos tratados multilaterales depositados ante el Secretario gene ­ ral que habían sido extendidos por el Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a-la Federación o cualquiera de los territorios inte ­ resados antes de la formación de la Federación y del Convenio inter ­ nacional para facilitar la importación de muestras comerciales y material de publicidad, hecho en Ginebra el 7 de noviembre de 1952, al cual la Federación accedió en su calidad de Parte Contratante al Acuerdo Ge­ neral sobre Aranceles y Comercio, el Gobierno del Reino Unido, en una comunicación recibida el 16 de abril de 1964, formuló la siguiente aclaración: «El Gobierno de Su Majestad considera que, en general, los tratados multilaterales que se aplicaban a la Federación de Rodesia y Nyasalan ­ dia, siguen aplicándose a los territorios que constituían la antigua Fe­ deración en el momento de su disolución. Los tratados multilaterales, en^virtud de los cuales la Federación era miembro de organizaciones internacionales, entran dentro de una categoría especial; su aplicación continua a los territorios que constituían la antigua Federación depen ­ de, en cada uno de los casos, de las disposiciones del tratado.

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El Go­ bierno de Su Majestad considera que todos los convenios figurando en la carta de la Secretaría de 26 de febrero se aplican a los territorios que constituían la antigua Federación desde su disolución, pero que la accesión do la Federación al Convenio Internacional para facilitar la importación de muestras comerciales y publicidad no ha tenido tal resultado, dado que el artículo XIII del Convenio autoriza al Gobierno de Su Majestad a extender las disposiciones del Convenio a los tres territorios que constituían la antigua Federación si se considera de­ seable. Por lo que se refiere a la última pregunta de la Secretaría indicaré que las extensiones anteriores a la constitución de la Federación si­ guen, naturalmente, aplicándose a los territorios que constituían esta Federación.» Rodesia del Norte y Nyasalandia se han convertido, desde entonces, en Estados independientes con los nombres de Zambia y Malawi, respec ­ tivamente.

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(21) En una carta dirigida al Secretario general de 22 de marzo de 1968, el Presidente de la República de Malawi, refiriéndose al Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951, declaró lo siguiente: «En la carta que le dirigí el 24 de noviembre de 1964, sobre el curso que cabe dar a las obligaciones que se desprenden de los tratados here ­ dados por Malawi, mi Gobierno declaró que, por lo que se refiere a los tratados multilaterales que se habían aplicado o extendido al anti ­ guo protectorado de Nyasalandia, toda Parte a cualquiera de estos tra­ tados podía, sobre la base de la reciprocidad, confiar en que aplicara las disposiciones de este tratado hasta que notificara a su depositario si deseaba confirmar su expiración, sucesión o accesión. Debo informarle ahora, como depositario de este Convenio, que el Gobierno de Malawi desea poner fin a todas las obligaciones que en virtud de este Convenio haya podido heredar. El Gobierno do Malawi considera que toda obligación jurídica en virtud del Convenio men ­ cionado, referente al Estatuto de los Refugiados, Ginebra 1951, que podría recaer sobre él por sucesión a la ratificación del Reino Unido, expira a partir de esta fecha.»tículo 24, y del párrafo 2 de dicho artículo, al territorio arriba indicado, en la medida en que lo permita la Ley.

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El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a dar efecto, en el territorio arriba indicado, a los párrafos 1 y 2 del artículo 25, y sólo puede comprometerse a aplicar las dis­ posiciones del párrafo 3 al territorio arriba indicado, en la medida en que lo permita la Ley.» PROTECTORADO DE BASUTOLANDIA, BECHUANALANDIA Y SWAZILANDIA (22) «El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no impiden que los territorios arriba indicados puedan, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artícu ­ lo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses qué pueda adquirir o haya adquirido como Potencia Aliada o Aso­ ciada, en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del articulo 8 no afectarán al tra­ tamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor del Convenio para los territorios arriba indicados, se encuentren bajo el control del Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por causa de un estado de guerra que exista o que haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.

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El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte acepta el párrafo 2 del artículo 17, en su aplicación a los territorios arriba indicados, sustituyendo "tres años" por "cuatro años ”, en el apartado a), y omitiendo el apar ­ tado c). El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no puede comprometerse a dar efecto, en los territo ­ rios arriba indicados, a los párrafos 1 y 2 del artículo 25, y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del pá­ rrafo 3 a los territorios arriba indicados, en la medida en que lo permita la Ley.» LAS ISLAS BAHAMAS Con la siguiente reserva, con respecto a los párrafos 2 y 3 del artículo 17 del Convenio: «Los refugiados y personas a su cargo estarán, normalmen ­ te, sometidos a las mismas leyes y normas relativas, en gene ­ ral, al empleo de las personas que no son súbditos de las islas Bahamas dentro de la mancomunidad de estas islas, siempre y cuando no hayan adquirido el estatuto de las Ba­ hamas.» SURINAM La extensión está sometida a las siguientes reservas, que habían sido formuladas en cuanto al fondo por el Gobierno de los Países Bajos, en el momento de la ratificación: «1.

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Que en todos los casos en que el Convenio, junto con el Protocolo- otorga a los refugiados el tratamiento más fa­ vorable concedido a los súbditos de un país extranjero, esta disposición no se interpretará como incluyendo el régimen re­ servado a los súbditos de aquellos países con los cuales el Reino de los Países Bajos haya concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos ni políticos que se aplican a Surinam. 2. Que el Gobierno de Surinam, respecto al artículo 26 del Convenio, juntó con el artículo 1, párrafo 1, del Protocolo, se reserva el derecho, por razones de orden públi co, a designar un lugar principal de residencia para ciertos refugiados o grupo de refugiados.» (22) El Gobierno de Botswana (antiguamente Protectorado de Be- chuanalandia) accedió al Convenio el 6 de enero de 1969. Para el texto de esta reserva, formulada en el momento de su accesión, véase Botswa ­ na, supra.

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Declaraciones y reseryas al Protocolo de 31 de enero de 1967 (4) BOTSWANA «Con la reserva al artículo IV de dicho Protocolo, y a la aplicación, de acuerdo con el artículo I del mismo, de las disposiciones de los artículos 7, 17, 26, 31 y 34 y del párrafo 1 del artículo 12 del Convenio relativo al Estatuto de los Refu ­ giados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951.» (4) Véase artículo VII del Protocolo, relativo a las reservas y de­ claraciones, en Final Clauses (ST/LEG/SER.D/1. Anejo pág. V-15).

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BURUNDI Al acceder a este Prot ocolo, el Gobierno de la República de Burundi formula las siguientes reservas: 1. Se aceptan las disposiciones del artículo 22, en relación con la Enseñanza General Básica únicamente: a) En la medida en que se aplican a la educación pública, y no a la educación privada; b) Con el entendimiento de que el tratamiento otorgado a los refugiados sea el más favorable reservado a los súbditos de otros Estados. 2. Las disposiciones del artículo 17 (párrafos 1 y 2) se acep ­ tan como recomendaciones, y en ningún caso deberán interpre ­ tarse como incluyendo forzosamente el régimen concedido a los súbditos de los países con los cuales la República de Bu­ rundi haya concluido acuerdos regionales, aduaneros, econó ­ micos o políticos. 3. Las disposiciones del articulo 26 se aceptan con la re­ serva de que los refugiados: a) No elijan su lugar de residencia en una región limítrofe de su país de origen; b) No desempeñen, en ningún caso, al hacer uso de su derecho a la libertad de movimiento, actividades o inclusiones de carácter subersivo, en relación con el país del cual son súbditos. CHILE 1. Con la reserva de que, por lo que se refiere a las dis­ posiciones del artículo 34, el Gobierno de Chile no podrá otorgar a los refugiados ventajas mayores que las que concede a los extranjeros en general, dado el carácter liberal de las Leyes de naturalización chilenas. 2.

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Con la reserva de que el periodo indicado en el artícu ­ lo 17, párrafo 2, a), se extienda, en el caso de Chile, de tres a diez años. , 3. Con la reserva de que el artículo 17, párrafo 2, el, se aplique únicamente si el refugiado es viuda o viudo de un cónyuge chileno. 4. Con la reserva de que el Gobierno de Chile no puede otorgar un período más largo para ejecutar una orden de expulsión que el que se concede a los demás extranjeros en virtud de la Ley chilena. CONGO Se acepta el Protocolo con excepción del artículo Al. ETIOPIA Con la siguiente reserva a la aplicación, en virtud del ar­ tículo I del Protocolo, del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951: «Las disposiciones de los artículos 8, 9, 17 (párrafo 2) y 22 (párrafo 11 del Convenio se consideran únicamente como recomendaciones y no como obligaciones legales.» FINLANDIA Con las siguientes reservas a la aplicación del Convenio rela­ tivo al Estatuto de los Refugiados, de acuerdo con el articu ­ lo I del protocoló: (Para el texto de estas..reservas véase Finlandia, supra.

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FRANCIA El Gobierno de la República Francesa declara que ha decidido extender las obligaciones que se derivan del Convenio de 28 de julio de 1951, conforme al párrafo 2, sección B, del artículo 1 del Convenio, y que aplicará, por consiguiente, el Protocolo del 31 de enero de 1967 sin ninguna liimtación geográfica. ' GHANA «El Gobierno de Ghana no se considera obligado por el ar­ ticulo IV del Protocolo sobre resolución de conflictos.» ISRAEL El Gobierno de Israel accede al Protocolo, formulando las mismas declaraciones y reservas que en el momento de la rati­ ficación del Convenio (relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951), conforme a las dispo ­ siciones del artículo VII (párrafo 2) del Protocolo.»MALTA De acuerdo con el artículo VII (párrafo 2), el Gobierno de Malta aplica las reservas al Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951, formuladas al depositar 6U instrumento de adhesión el 17 de junio de 1971, conforme al ar­ tículo 42 del Convenio, en relación con sus obligaciones en virtud de este Protocolo.

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PAISES BAJOS (4a) «De acuerdo con el artículo VI del Protocolo, todas las reser ­ vas formuladas por el Reino de los Países Bajos, en el momento de la firma y ratificación del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados firmado en Ginebra el 28 de julio de 1051, se aplican a las obligaciones que se derivan del Protocolo.» PORTUGAL En el momento de la accesión: 1. El Protocolo se aplicará sin ninguna limitación geográfica. 2. En todos los casos en que el Protocolo concede- a los re­ fugiados el Estatuto personal más favorable otorgado a los súb­ ditos de un país extranjero, esta cláusula no se interpretará como significando el Estatuto otorgado por Portugal a los súbdi ­ tos del Brasil o a los súbditos de otros países con los cuales Por­ tugal pueda establecer relaciones de mancomunidad. SWAZILANDIA Con las siguientes reservas a la aplicación del Copvenio re­ lativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951, en virtud del artículo I del Protocolo: 1. El Gpbiemo del Reino de Swazilandia no puede asumir las obligaciones contenidas en el artículo XXII del Convenio y no se considera, por consiguiente, obligado por estas disposi ­ ciones. 2. Asimismo, el Gobierno del Reino de Swazilandia no pue­ de asumir las obligaciones previstas en el artículo 34 del Con­ venio y debe expresamente reservarse el derecho a no aplicar las disposiciones contenidas en este último.

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Y con la siguiente declaración: «El Gobierno del Reino de Swazilandia considera esencial llamar la atención sobre su accesión en calidad de Miembro de las Naciones Unidas y no como una Parte del,Convenio, por razones de sucesión u otras.» TURQUIA El Instrumento de Adhesión estipula que el Gobierno de Turquía mantiene, las disposiciones de la declaración formu ­ lada al amparo de la sección B del artículo 1 del Convenio rela­ tivo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 «de julio de 1951, según la cual aplica el Convenio únicamente a las personas refugiadas a consecuencia de acontecimientos que ocurran en Europa, y también la cláusula de reservas, formu ­ lada en el momento de la ratificación del Convenio, en el sen­ tido de que ninguna disposición de este Convenio puede inter ­ pretarse como otorgando a los refugiados mayores derechos que los que se conceden a los ciudadanos turcos en Turquía. UGANDA (Las mismas reservas que para el Convenio relativo al Esta ­ tuto de los Refugiados: véase Uganda, supra. REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (5) a) Conforme a las disposiciones de la primera fase del ar­ tículo VII, punto 4 del Protocolo, el Reino Unido excluye de la aplicación del Protocolo los siguientes territorios, de cuyas rela­ ciones internacionales es responsable: Jersey, Rhodesia del Sur, Swazilandia.

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(4a) En una .notificación del 29 de julio de 1671, el Gobierno de los Países Bajos declaró que el Protocolo se extenderá a Surlnam. La ex­tensión depende de las reservas similares a las que' se habían hecho en cuanto al fondo en el momento de la accesión. (S) En una notificación recibida el 2p de abril de 1970, el Gobierno del Reino Unido declaró que el Protocolo se extendía a las islas Ba- hamas. La extensión está condicionada a la reserva cuyo texto figura en Reino Unido e Irlanda del Norte, supra.

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b) Conforme a las disposiciones de la segunda frase del artículo VII, punto 4 del Protocolo, el Reino Unido extiende la, aplicación del Protocolo a los siguientes territorios, de cuyas relaciones internacionales es responsable: Santa Lucía, Montserrat. REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA «... con la reserva de que las disposiciones del artículo IV del Protocolo no deberán aplicarse a la República Unida de Tanzania, a no ser que el Gobierno de la República Unida de Tanzania dé su consentimiento explícito.» ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Con las reservas siguientes a la aplicación del Convenio re­ lativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951; conforme al artículo L del Protocolo: «Los Estados Unidos de América interpretan el artículo 29 del Convenio como aplicándose únicamente a los refugiados que residen en Estados Unidos y se reservan el derecho a someter a impuestos a los refugiados que no sean residentes en los Es­ tados Unidos, de acuerdo con las normas generales sobre ex­ tranjeros no residentes. Los Estados Unidos de América aceptan la obligación del párrafo 1, b), del artículo 24 del Convenio, salvo en la medida en que este párrafo es incompatible, en ciertos aspectos, con las disposiciones del título II (seguro de vejez, supérstites e incapacidad) o del título XVIII (seguro hospitalario y médico para personas mayores) de la Ley sobre Seguridad Social.

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Por lo que se refiere a cualquiera de estas disposiciones, los Estados Unidos concederán a los refugiados, residiendo legalmente en su territorio, un tratamiento no menos favorable que el reservado a los extranjeros en general en las mismas circunstancias.» Estados Parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados FirmaAdhesión o ratificación Argelia ...................................................... . _21- 2-1963 Argentina .................................................. — 15-11-1961 Australia ................................................ :. — 22- 1-1954 Austria . . 28- 7-1951 1-11-1954 Bélgica . . 28- 7-1951 22- 7-1953 Benin . '_ 4- 4-1962 Botswana . . . 6- 1-1969 Brasil . . . . 15- 7-1952 16-11-1960 Burundi . — 19- 7-1963 Canadá . . ' _ 4- 6-1969' Imperio Centro Africano . — 4- 9-1962 .Chile . . _ 28- 1-1972 Colombia . . 28- 7-1951 10-10-1981 Congo i. . . — 15-10-1962 Chipre . — 10- 5-1963 Dinamarca . . 28- 7-1951 4-12-1952 Ecuador . — 17- 8-1955 Etiopía . — 10-11-1969 Fiji . . -- 12- 6-1972 Finlandia . — 10-10-1968 Francia . . 11- 9-1952 23- 8-1954 Gabón . . — 27- 4-1964 Gambia . .

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'__ 7- 9-1966 República Federal de Alemania . . 19-11-1951 1-12-1953 Ghana . . — 18- 3-1963 Grecia . . 10- 4-1952 5- 4-1960 Guinea . — 28-12-1965 Guinea Bissau . — 11- 2-1976 Santa Sede . . . 21- 5-1952 15- 3-1950 Islandia . :. . . 30-11-1955 Irán . :. , — 28- 7-1976 Irlanda . — 29-11-1956 Israel . . . 1- 8-1951 1-10-1954 Italia . . . 23- 7-1952 15-11-1954 Costa del Marfil . — 8-12-1961 Jamaica . .

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— 30- 7-1964 Kenva ......................................................... — 16- 5-1966 Liberia ........................................................ 15-10-1964 Liechtenstein ............................................ .... 28- 7-1951 8- 3-1957 Luxemburgo ............................................. .... 28- 7-1951 23- 7-1953 Madagascar .............................................. — 18-12-1967 Malí .................................... ....................... ..... — 2- 2-1973Adhesión oFirma ratificación Malta ............................................... 17- 6-1971 Monaco ............................................ ........... 18- 5-1954 Marruecos ...................................... ............ — 7-11-1956 Holanda .......................................... .............. 28- 7-1951 3- 5-1956 Nueva Zelanda .......................... ................ ... 30- 6-1960 Níger ............................................... ............... — 25- 8-1961 Nigeria ...'........................ ............... .............. ... 23-10-1967 Noruega .......................................... ............... 28- 7-1951 23- 3-1953 Paraguay ........................................ ............... — 1- 4-1970 Perú ................... .............................. ............... ... 21-12-1964 Portugal ...................... .................... ......... . — 22-12-1960 Senegal ............................................. ............... — 2- 5-1963 Sudán ............................................... ......... .

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... 22- 2-1974 Suecia ......................... ................... ............... 28- 7-1951 26-10-1954 Suiza ........ ...................................... .....'.......... 28- 7-1951 21- 1-1955 Togo ................................................. ............... ... 27- 2-1962 Túnez ............................................... ............... ... 24-10-1957 Turquía ....................................... .............. 24- 8-1951 30- 3-1962 Ugánda ......... ................................... ............... — 27- 9-1976 Reino Unido ................................... .............. 28- 7-1951 21- 3-1954 República del Camerún .......... ............... ... 23-10-1961 República de Tanzania ............... ............... — 12- 5-1964 Uruguay .............................. .......... ............... — 22- 9-1970 Yugoslavia .................................... ............... 28- 7-1951 15-12-1959 Zaire ................................................ ............... — 19- 7-1965 Zambia ............ ................................ ............... — 24- 9-1969 Estados Parte del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados Adhesión Argelia ................................... Argentina ............................. Australia ........ ......................................... 8-11-1967 .................. 6-12-1967 .................... 13-12-1973 Austria ................................. .................. 5- 9-1973 Bélgica ................................... Benin ..................................... Botswana .............................. Brasil ..................................... Burundi .................................. Canadá ....................................................... 8- 4-1969 ..................... 6- 7-1970 .................... 6- 1-1969 ..................... 7- 4-1972 .................. 15- 3-1971 ..................... 4- 6-1969 Imperio Centro Africano . Chile .;............................. .

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Congo .................................... Chipre ................................... Dinamarca ................. ;......... Ecuador ............... ................. Etiopía ................................... Fiji .......................................... Finlandia .............................. Francia ......... ......................... Gabón .................................... Gambia........ 30- 8-1967 .................. 27- 4-1972 ................. 10- 7-1970 ................... 9- 7-1968 .................. 29- 1-1968 ................... 6- 3-1969 .................. 10-11-1969 ............ 12- 8-1972 .................. 10-10-1960 .................. 3- 2-1971 .................. 28- 8-1973 ................... 29- 9-1967 República Federal de Alemania ................... Ghana ................................................................... Grecia .................. ................................................ Cíuinea .................................... ............................................... 5-11-1969 .................. 30-10-1968 .................. 7- 8-1968 ................... 10- 5-1968 Guinea Bissau ...................... Santa Sede .............................................. 11- 2-1976 ........... ....... 8- 6-1967 Islandia ................................. Irán ........................................................... 26- 4-1968 ................... 28- 7-1970 Irlanda ................................... Israel ........................ ................................. 0-11-1968 ................... 14- 6-1968 Ttalia ......................................... .................... 26- 1-1972 Costa del Marfil .................. ............ ..... 10- 2-1970 Liechtenstein ....................... ................... 20- 5-1968 Luxemburgo ........................ Malí .......................................................... .

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22- 4-1971 ................... 2- 2-1973 Malta ......................... :.......... ................... 15- 9-1971 Marruecos ............................. ................... 20- 4-1971 Holanda ................................. Nueva Zelanda .................... Níger ....................................... Nigeria .................................. Noruega ................................ Paraguay ................................ Portugal ............................ .................... 29-11-1908 ...................... 0- 8-1973 ..................... 2- 2-1970 ...................... 2- 5-1968 ................... 28-11 1967 ...................... 1- 4-1970 ..................... 13- 7-1976

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24328 21 octu bre 1978 B. O. del E.—Núm. 252 Adhesió n Senegal ....................... ................... ............. .............. 3-10-1967 Sudán .......................................................................................................... 23- 5-1974 Swazilandia ....................................................... ................ ........................ 28- 1-1969 Suecia ............................................................................................................ 4-10-1907 Suiza .................................................................................................... ............ 20- 5-1968 Togo ........................................................................................... ...................... 1-12-1969 Túnez ............................................................................................................. 16-10-1968 Turquía .......................................................................................................... 31- 7-1968 Uganda ............... ........................................... .............................................. 27- 9-1976Adhesión Reino Unido ........ ......... ....................... ................ 4- 9-1968 República del Camerún ...................................................................... 19- 9-1907 República de Tanzania ...................... ................... ............... .......... 4- 9-1968 Estados Unidos de América .................................................... . 1-11-1968 Uruguay ............................................................................ .......... ........... 22- 9-1970 Yugoslavia ............................................. ................................................... 15- 1-1968 Zaire ......... ....................................................................................................... 13- 1-1975 Zambia ............................................................................................................ 24- 9-1969 II. Autoridades y personal NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS MINISTERIO DE DEFENSA 26332ORDEN de 18 de octubre de 1978 por la que se designan los componentes de la Junta Permanente de Personal Civil de la Administración Militar.

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De conformidad con lo previsto en el artículo 2.º de la Or­ den ministerial de 6 de abril de 1978, en su actual redacción establecida por la Orden ministerial de 30 de septiembre de 1978, se designa a los componentes de la Junta Permanente de Personal Civil de la Administración Militar, que queda consti ­ tuida de la forma siguiente: Presidente: El Coronel del Arma de Aviación (E. T. S.) don Abelardo Yáñez González. Vocales: — El Jefe de la Sección Laboral de la Secretaría General para Asuntos de Personal y Acción Social, Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire don León Herrera Esteban. — El representante del Cuartel General del Ejército, Tenien ­ te Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército don José Pereiro Sordo, y suplente el Comandante Auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército don Francisco García Sesma. — El representante del Cuartel General de la Armada, Ca­ pitán de Fragata CA.) don Darío López Regó, y suplente el Capitán de Fragata (A. S.) don Jaime Barnuevo Marín-Bar- nuevo. — El representante del Cuartel General del Ejército del Ai­ re, Teniente Coronel del Arma de Aviación (E. T.) don Miguel, Alvaro Núñez, y suplente el Comandante del Arma de Avia ­ ción (E. T. S.) don José Antonio James Mayoral.

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Asesor jurídico: El Comandante Auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército don Ignacio Rodríguez Docavo. Secretario: El Capitán de Fragata (H.) (Av. P.) don José Cano-Manuel Mercader. Madrid, 18 de octubre de 1978. GUTIERREZ MELLADO 26333RESOLUCION de la Jefatura Superior de Personal del Ejército por la que se hace público el nombra ­ miento como funcionarios civiles del Cuerpo Espe ­ cial de Mecánicos-Conductores y la relación de va­ cantes que deberán solicitar. La Resolución de esta ,Jefatura Superior de Personal del Ejér ­ cito de 26 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» núme ­ ro 158, de 4 de julio) hace pública la relación de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial de Mecá ­ nicos-Conductores del Ejército, convocadas por Orden del supri ­ mido Ministerio del Ejército de 28 de junio de 1977 («Diario Ofi ­ cial del Ejército» número 212), En su virtud, esta Jefatura ha resuelto: 1.

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En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 9 de la citada Orden de convocatoria, publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el nombramiento como funcionarios del citado Cuer ­ po Especial e inscribirles en el Registro de Personal, con los nú­ meros que en cada caso se Indica, a favor de los aspirantes aprobados y que se relacionan en el anexo I. Quedan anuladas todas las actuaciones del 'personal que fi­ gura en el anexo II, por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 de la mencionada Resolución del pasado 26 de mayo. 2, Publicar las vacantes del mencionado Cuerpo, con ex­ presión de la localidad y número de dichas vacantes en cada una de ellas (anexo III) que han de ser cubiertas por dichos funcionarios. - - 3. Conceder a los mismos un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de publicación de esta Re­ solución en el «Boletín Oficial del Estado», para que curse sus peticiones de destino, conforme al modelo que se publica como anexo IV, a la Dirección de Personal (Sección de Funcio ­ narios Civiles), en el Cuartel General del Ejército (calle de Prim, número 8. Madrid-4), que los adjudicará por riguroso orden del puesto obtenido en las pruebas selectivas. Madrid, 27 de septiembre de 1978. —El Teniente General Jefe Superior de Personal. ANEXO I .

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Número de Registro de Personal 02ME0837 Saliner 02ME0838 Mansill 02ME0839 Busto F 02ME0840 Rodrigi 02ME0841 Blasco 02ME0842 Caballé 02ME0843 . Giméne 02ME0844 García .02ME0845 Gálvez 02ME0846 Sánche 02ME0847 Gonzáli 02ME0S48 Pemia 02ME0849 Femám 02ME0850 Morant 02ME0851 Dorado 02ME0852 Mora E 02ME0853 León y 02ME0854 García 02ME0855 Matías 02ME0856 Alvarez 02ME0857 Cobach 02ME0858 Fernán! 02ME0859 Pueyo 3 02ME0860 Fernán! 02ME0861 Motilla 02ME0862 Ciernen 02ME0863 tyluñoz 02ME0864 San De 02ME0865 Herrera 02ME0866 Bisquer 02ME0867 Moralej 02ME0868 Mesa R 02ME0869 De Dief 02ME0870 Balleste (1) Pendiente compApellidos y nombre 0 García, Angel, a y Ainse, Tomás, lubio, Julio César del. íez Alvarez, Francisco, y Gorjón, Florencio. ¡ro e Hidalgo, Juan Antonio. :z Gracia, Santos. Madero, Juan. Parra, Gabriel, z Robles, Cristóbal, ez Martínez, Antonio, y Getafe, Antonio (1). fez Fernández, Manuel, e y Fernández, Daniel. Morón, Pedro, haz. Francisco. Barrero, Antonio, de Andrés, José Antonio, y González, Luis. : García, José. 0 Escobar, Manuel. Jez Osuna, Francisco.

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i Cornau, José Luis. 3ez Parra, Pedro. Martínez, José María, te Pompa, Esteban, y García, Rafael, agracias María, Luis. , García, José Manuel, ra Truyol, Nadal. 0 Fuentes, Martín, omero, Ignacio, lo Sanz, Fermín, iros Lobato, José Manuel. iletar documentación.

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CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (2010/C 83/02)ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/389

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El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente en tanto que Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el texto que figura a continuación: CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA Preámbulo Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes. Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación. La Unión contribuye a defender y fomentar estos valores comunes dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos a escala nacional, regional y local; trata de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible y garantiza la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, así como la libertad de establecimiento. Para ello es necesario, dándoles mayor proyección mediante una Carta, reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos.

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La presente Carta reafirma, dentro del respeto de las competencias y misiones de la Unión, así como del principio de subsidiariedad, los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones cons ­ titucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio Eu ­ ropeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este contexto, los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros interpretarán la Carta atendiendo debidamente a las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la Con ­ vención que redactó la Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención Europea. El disfrute de tales derechos conlleva responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad humana y de las generaciones futuras. En consecuencia, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados a continuación.ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/391

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TÍTULO I DIGNIDAD Artículo 1 Dignidad humana La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida. Artículo 2 Derecho a la vida 1. Toda persona tiene derecho a la vida. 2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. Artículo 3 Derecho a la integridad de la persona 1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: a) el consentimiento libre e informado de la person a de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley; b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas; c) la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro; d) la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos. Artículo 4 Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Artículo 5 Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado 1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. 3. Se prohíbe la trata de seres humanos.ES C 83/392 Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010

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TÍTULO II LIBERTADES Artículo 6 Derecho a la libertad y a la seguridad Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Artículo 7 Respeto de la vida privada y familiar Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. Artículo 8 Protección de datos de carácter personal 1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. 2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación. 3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. Artículo 9 Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Artículo 10 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/393

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Artículo 11 Libertad de expresión y de información 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. Artículo 12 Libertad de reunión y de asociación 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 2. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. Artículo 13 Libertad de las artes y de las ciencias Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la libertad de cátedra. Artículo 14 Derecho a la educación 1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. 2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. 3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales qu e regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Artículo 15 Libertad profesional y derecho a trabajar 1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. 2.

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Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro. 3. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión.ES C 83/394 Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010

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Artículo 16 Libertad de empresa Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legisla ­ ciones y prácticas nacionales. Artículo 17 Derecho a la propiedad 1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. 2. Se protege la propiedad intelectual. Artículo 18 Derecho de asilo Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominados «los Tratados»). Artículo 19 Protección en caso de devolución, expulsión y extradición 1. Se prohíben las expulsiones colectivas. 2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. TÍTULO III IGUALDAD Artículo 20 Igualdad ante la ley Todas las personas son iguales ante la ley.ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/395

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Artículo 21 No discriminación 1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones polí ­ ticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapa ­ cidad, edad u orientación sexual. 2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares. Artículo 22 Diversidad cultural, religiosa y lingüística La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística. Artículo 23 Igualdad entre mujeres y hombres La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. Artículo 24 Derechos del niño 1. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez. 2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial. 3. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses. Artículo 25 Derechos de las personas mayores La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e indepen ­ diente y a participar en la vida social y cultural.ES C 83/396 Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010

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Artículo 26 Integración de las personas discapacitadas La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. TÍTULO IV SOLIDARIDAD Artículo 27 Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa Deberá garantizarse a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la informa ­ ción y consulta con suficiente antelación, en los casos y condiciones previstos en el Derecho de la Unión y en las legislaciones y prácticas nacionales. Artículo 28 Derecho de negociación y de acción colectiva Los trabajadores y los empresarios, o sus orga nizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. Artículo 29 Derecho de acceso a los servicios de colocación Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación. Artículo 30 Protección en caso de despido injustificado Todo trabajador tiene derecho a protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. Artículo 31 Condiciones de trabajo justas y equitativas 1. Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad. 2. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas.ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/397

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Artículo 32 Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas. Los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación. Artículo 33 Vida familiar y vida profesional 1. Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social. 2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño. Artículo 34 Seguridad social y ayuda social 1. La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. 2. Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. 3.

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Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales. Artículo 35 Protección de la salud Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana.ES C 83/398 Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010

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Artículo 36 Acceso a los servicios de interés económico general La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general, tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con los Tratados, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión. Artículo 37 Protección del medio ambiente En las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. Artículo 38 Protección de los consumidores En las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores. TÍTULO V CIUDADANÍA Artículo 39 Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo 1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. 2. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto. Artículo 40 Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Artículo 41 Derecho a una buena administración 1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/399

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2. Este derecho incluye en particular: a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente; b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial; c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua. Artículo 42 Derecho de acceso a los documentos Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte. Artículo 43 El defensor del pueblo europeo Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Artículo 44 Derecho de petición Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene el derecho de petición ante el Parlamento Europeo. Artículo 45 Libertad de circulación y de residencia 1.

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Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 2. Podrá concederse libertad de circulación y de residencia, de conformidad con lo dispuesto en los Tratados, a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro.ES C 83/400 Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010

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Artículo 46 Protección diplomática y consular Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de este Estado. TÍTULO VI JUSTICIA Artículo 47 Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. Artículo 48 Presunción de inocencia y derechos de la defensa 1. Todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. 2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa. Artículo 49 Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas 1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho interno o el Derecho internacional. Del mismo modo, no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si con posterioridad a esta infracción la ley dispone una pena más leve, deberá aplicarse ésta. 2.

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El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, fuera constitutiva de delito según los principios generales reconocidos por el conjunto de las naciones. 3. La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción.ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/401

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Artículo 50 Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley. TÍTULO VII DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGEN LA INTERPRETACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA CARTA Artículo 51 Ámbito de aplicación 1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión. 2. La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados. Artículo 52 Alcance e interpretación de los derechos y principios 1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. 2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que constituyen disposiciones de los Tratados se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos. 3.

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En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa. 4. En la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones.ES C 83/402 Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010

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5. Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos. 6. Se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales según lo especificado en la presente Carta. 7. Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la presente Carta serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros. Artículo 53 Nivel de protección Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros. Artículo 54 Prohibición del abuso de derecho Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta.

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° ° ° El texto supra recoge, adaptándola, la Carta proclamada el 7 de diciembre de 2000, a la que sustituirá a partir del día de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/403

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DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,. SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:. PREÁMBULO. La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:. Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.. Establecer una sociedad democrática avanzada, y. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente. CONSTITUCIÓN. TÍTULO PRELIMINAR. Artículo 1. La soberanía reside en el pueblo. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

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Artículo 2. Unidad de la Nación y derecho a la autonomía. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.. Artículo 3. El castellano y las demás lenguas españolas. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado.. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.. Artículo 4. La bandera de España y las de las Comunidades Autónomas. 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas.. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.. Artículo 5. Madrid, capital. La capital del Estado es la villa de Madrid.. Artículo 6. Partidos políticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.. Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.